CSJ - SL2557-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2557-2023 Radicación n.° 96506 Acta 32 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AMANDA GUTIÉRREZ CÓRDOBA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZJNCI, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA – JRCI VALLE DEL

CAUCA -, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

S. A. y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., trámite al que se vincularon como llamados en garantía a MAPFRE

COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. y BBVA SEGUROS DE

VIDA COLOMBIA S. A.

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Radicación n.° 96506

I. ANTECEDENTES Amanda Gutiérrez Córdoba demandó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez - JNCI, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca – JRCI Valle del Cauca -, Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A. y Porvenir S. A., para que se dejara sin efecto los dictámenes de pérdida de capacidad laboral proferidos

por las primeras tres. Reclamó que, en consecuencia, se ordenara una calificación integral de todas sus patologías y preexistencias, en la que se determinara que cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 67.50 %, con fecha de estructuración el 6 de enero de 2005. Así mismo pidió, que se ordenara a la AFP demandada a reconocerle la pensión de invalidez, en cuantía de $381.500, desde el 6 de enero de 2005, junto con los reajustes legales, los intereses moratorios, lo que resultare probado y las costas. Narró que nació el 1° de octubre de 1969; que desde el 2003 presenta quebrantos de salud por fuertes dolores de cabeza y problemas visuales; que el 6 de enero de 2005, fue diagnosticada por el Instituto de Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, con «atrofia óptica izquierda por neuropatía óptica secundaria – Adenoma Hipofisario (tumor de la hipófisis)», que

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Radicación n.° 96506 fue corroborada por el Hospital Universitario del Valle el 10 de septiembre de 2010, según informe de patología, derivado de la realización de una resección parcial de tumor. Contó que laboró hasta el 2008, como operaria de máquina en la empresa Megaplast S. A., oficio que no continuó desempeñando debido a su limitación visual; que fue evaluada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, quien determinó que contaba con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 67,50

% con fecha de estructuración 21 de abril de 2010; que para el efecto tuvo en cuenta la consulta de control realizada en el Hospital Universitario del Valle, tomando como precedente que en el 2005 le fue descubierto el tumor hipofisiario. Expuso que el 23 de febrero de 2012, fue nuevamente valorada por el citado organismo, quien determinó que su capacidad laboral se perdió en un 57,90 %, configurándose el 6 de septiembre de 2011, según el concepto de rehabilitación que emitió neurocirugía, atinente con las secuelas definitivas de su enfermedad; que recurrió dicha decisión y, mediante Oficio n.° 2 REC-12-149 del 20 de abril de 2012, fue confirmado; que se surtió la apelación que interpuso ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, resuelto el 25 de octubre de 2012, en igual sentido; que ambos dictámenes aseguran que requiere de la ayuda de terceros.

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Radicación n.° 96506 Indicó que Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., mediante Comunicación del 30 de noviembre de 2011, emitió concepto de calificación de invalidez, con diagnóstico final de: «Tumor cerebral (…) 2. Secuelas funcionales definitivas; pérdida de la agudeza visual (…) El pronóstico de recuperación funcional es malo es una secuela definitiva»; que el médico Mario Orjuela, quien es magister en salud ocupacional de la Univalle, el 9 de octubre de 2014, conceptuó que, en su caso,

[…] ninguna de las calificaciones tiene en cuenta y, por ende, no califican, el tumor hipofisiario. (…) Los diagnósticos calificados en el 2011 y 2012, como deficiencia, son los mismos que están soportados en historia clínica y acorde a conceptos de especialistas tratantes, desde el año 2005. Manifiesta que se encontraba afiliada a Porvenir S. A., realizando cotizaciones de forma discontinua entre el 1° de abril de 1999 y marzo de 2008, cuando cesó en sus aportes debido a la enfermedad crónica y degenerativa que padece, denominada: «tumor hipofisiario, descubierto el 06/01/2005»; que ese padecimiento le limitó para valerse por sí sola; que requiere la prestación reclamada para contar con una congrua subsistencia (f.° 88 a 102, Cuaderno Primera Instancia Demanda, archivo «2022035311842»). La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca – JRCI Valle del Cauca – se opuso a las pretensiones. Aceptó la calificación que efectuó y el trámite que surtió, precisando que los demás hechos no le constaban.

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Radicación n.° 96506 Propuso las excepciones que denominó: legitimidad de la calificación dada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle; imposibilidad de establecer como fecha de estructuración el 24 de septiembre de 2009; carácter técnicocientífico del dictamen rendido por las juntas: las juntas regionales de calificación de invalidez; buena fe en la

actuación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca (f.° 175 a 183, ibídem). Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., se resistió a los pedimentos. Negóhaber emitido la Comunicación del 30 de noviembre de 2011, en la cual informa sobre algún concepto respecto de la accionante, quien no cumple con las condiciones para acceder al derecho pensional por invalidez, puesto que la estructuración de ese estado se determinó por los organismos competentes, con estricto cumplimento a las exigencias técnicas. Formuló como excepciones de mérito las que tituló: prescripción extintiva de las acciones que se derivan del contrato de seguro; obligatoriedad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza; cobro de lo no debido; requisito para la cobertura consagrada en el amparo de sumas adicionales para pensiones de invalidez; carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del asegurado, la innominada (f.° 238 a 248, ibídem, en

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Radicación n.° 96506 relación con el 175 a 183, cuaderno Primera Instancia Principal Tomo2, archivo «2022111649763», ib). Porvenir S. A. enfrentó los reclamos en su contra. Aceptó la reclamación pensional de la accionante y su negativa. Dijo que los demás hechos no le constaban, precisando que la petente no contaba con 50 semanas de aportes en los tres años anteriores a la estructuración de su

invalidez. Planteó en su defensa las excepciones de: prescripción; obligatoriedad del Dictamen n.° 319987760 del 25 de octubre de 2012, proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez; compensación; buena fe de la entidad demandada, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.; incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios reclamados; innominada o genérica (f.° 2 a 28 y 172 a 173, cuaderno Primera Instancia Tomo2, archivo «2022111649763», ibídem). Llamó en garantía a Mapfre Colombia Seguros de Vida

S. A., en razón a la suscripción de la póliza colectiva de seguro previsional, que fue admitido por el Juzgado

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Radicación n.° 96506 Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, mediante auto del 14 de julio de 2016 (184, 187, ibídem). La Junta Nacional de Calificación de Invalidez – JNCI, enfrentó a las pretensiones. Aseguró que era cierta la edad de la accionante, el trámite de calificación que se surtió ante esa institución y el resultado del dictamen que profirió. Aseguró que era falso que aquella haya estructurado su

invalidez en fecha diferente a la definida por ese organismo, pues en su calificación siguió el procedimiento técnico, advirtiendo que en la historia clínica existe reporte en torno a que la paciente, para el 2005, tenía una visión 20/20 en el ojo derecho, la cual no es invalidante, a diferencia del 2011, en el que se registra 20/200. Presentó como excepciones las de: legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, improcedencia del petitum: inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen – carga de la prueba a cargo del contradictor; legalidad de la calificación: fundamentación médica para la fecha de estructuración; la calificación de la fecha de estructuración de la invalidez debe fundamentarse en criterios médicos – técnicos – científicos; falta de legitimación por pasiva de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez: improcedencia de pretensiones – competencia del juez laboral; buena fe de la parte demandada; excepción genérica (f.° 135 a 153, ib).

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Radicación n.° 96506 La llamada en garantía, admitió la contratación del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes, con vigencia desde el 1° de enero de 2010 hasta el 1° de enero de 2014. Cuestionó las pretensiones de la demanda, porque la accionante no cumplía con el presupuesto de densidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003. Planteó como excepciones perentorias: obligatoriedad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de

Invalidez; siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza; cobro de lo no debido; requisito para la cobertura consagrada en el amparo de sumas adicionales para pensiones de invalidez; carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del asegurado; la innominada (f.° 195 a 204, ibidem). Mediante memorial de folios 22 a 24, del cuaderno Primera Instancia Tomo3, archivo «2022111911034», Porvenir S. A. llamó en garantía BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., afirmando que también fue aseguradora previsional de la accionante. A través de auto 25 de octubre de 2016, se admitió esa vinculación al proceso (f.° 111 a 113, ibídem), por lo que aquella sociedad se opuso a los reclamos, advirtiendo que no fue vinculada al trámite ante las juntas calificadoras y que no se cumplen las condiciones que exige la póliza de seguro

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Radicación n.° 96506 previsional para ser responsable del pago del mayor valor dentro de la prestación reclamada, dado que la fecha de estructuración de la invalidez se encuentra por fuera de su vigencia, teniendo en cuenta que el amparo tuvo como última renovación el 31 de diciembre de 2009. Indicó que, en todo caso, la convocante no satisfacía las exigencias del derecho social que pide, por lo que formuló como elementos defensivos los que nombró como: «las excepciones planteadas por la entidad que efectúa el

llamamiento en garantía a mi procurada»; la demandante no cumple con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez por origen común; inexistencia de la obligación a cargo de la AFP por no haberse acreditado los requisitos para acceder al beneficio pensional deprecado; imposibilidad de modificación infundada de fecha de estructuración de la invalidez de la señora Amanda Gutiérrez Córdoba; enriquecimiento sin causa; genérica o innominada. Frente al llamamiento en garantía, propuso las que tituló: inexistencia de cobertura temporal de la póliza previsional; inexistencia de la obligación principal de otorgar el derecho pensional y por tal de la eventual obligación accesoria de asumir la suma adicional para financiar el mencionado derecho prestacional; falta de cobertura frente a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; inexistencia de la obligación a cargo de mí prohijada, marco de los amparos y alcance contractual del

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Radicación n.° 96506 asegurador, coberturas, ámbitos y amparos del seguro previsional de invalidez y sobrevivencia; límites y condiciones del seguro; genérica o innominada (117 a 139, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, el 23 de febrero de 2018, decidió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de fondo propuestas por las demandas y la llamada en garantía BBVA

SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., salvo la de prescripción, que se declarará parcialmente probada.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de fondo

denominada «SINIESTRO OCURRIDO POR FUERA DE LA

VIGENCIA DE LA PÓLIZA», propuesta por MAPFRE COLOMBIA

VIDA SEGUROS S. A.

TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción propuesta por PORVENIR S. A., con respecto a los derechos causados con antelación al 26 de enero de 2013; esto es concretamente las mesadas pensionales con antelación a esa calenda.

CUARTO: MODIFICAR los dictámenes rendidos por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ el 25 de octubre de 2012, MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A., dictado el 30 de noviembre de 2011, con respecto a la fecha de estructuración, la cual quedará establecida al 05 de marzo de

2008.

QUINTO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., a reconocer y a pagar a favor de la demandante de condiciones civiles concordias en este sumario la pensión de invalidez, mientras ésta tenga el estatus de inválida, el derecho se causa a partir del 06 de marzo de 2008, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente en razón de 14 mesadas anuales; no obstante su pago efectivo se difiere al 26 de enero de 2013 en razón a la excepción de prescripción. La obligación con corte al

31 de enero de 2018 asciende $46.170.195.

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SEXTO: CONDENAR a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.

A., a cubrir la suma adicional que, agregada a los recursos de la cuenta de ahorro individual y los bonos pensionales que llegaren a existir, resulte necesaria para completar el capital necesario para financiar la pensión de invalidez de la demandante.

SÉPTIMO: ABSOLVER a PORVENIR S.A., la JUNTA NACIONAL

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A. de las demás pretensiones formuladas en su contra por parte de AMANDA

GUTIÉRREZ CÓRDOBA.

OCTAVO: AUTORIZAR a PORVENIR S. A. que del retroactivo pensional generado por mesadas ordinarias en favor de AMANDA GUTIÉRREZ CÓRDOBA, descuente los aportes que en salud le corresponden efectuar a la accionante y sean transferidos de manera directa a la E.P.S. que se encuentre afiliada o en SIJ defecto al FONDO DE SOLIDARIDAD DE GARANTÍAS según corresponda.

NOVENO: LAS COSTAS quedan cargo de la parte venida en juicio

(f.° 305 a 308, archivo: «Primera Instancia Cuaderno Principal Tomo3 Expediente Primera Instancia 2022111911034»).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por mayoría, la Sala Laboral del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Cali, el 16 de diciembre de 2021, al desatar la apelación de Porvenir S. A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., revocó la primera decisión y absolvió de las pretensiones de la demanda. Dijo que determinaría si había lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez de la demandante. Advirtió que daría al traste con la sentencia de primera instancia, pues en el proceso se decretó nueva calificación de la pérdida de capacidad laboral de la accionante, que fue

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Radicación n.° 96506 realizada por Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, a través de Dictamen n.° 31998760-246 del 9 de marzo de 2017, en el que se determinó que la afiliada contaba con una PCL del 60,38 %, estructurada al 24 de enero de 2011, por lo que la norma que regulaba su derecho pensional era el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, cuyas exigencias no satisfizo, en tanto no cotizó 50 semanas con anterioridad a la última calenda, debido a que cesó en sus aportes en marzo de 2008. Explicó que al interrogarse al médico calificador, precisó que la patología de la señora Gutiérrez Córdoba denominada «Adenoma Hipofisiario», era crónica y progresiva; que en la determinación de la estructuración de la invalidez no se tuvo en cuenta el antecedente de atrofia óptica secundaria, que data del 6 de enero de 2005, en razón a que la valoración de

oftalmología de esa fecha señalaba «claramente que por el ojo izquierdo ya había una atrofia óptica, pero el ojo derecho estaba totalmente sano», sin que la puntuación de la pérdida de un ojo permitiera alcanzar el porcentaje necesario para una declaratoria de aquel estado. Así mismo, aseguró que para esos fines tampoco se tuvo en cuenta el procedimiento quirúrgico denominado «macroadenoma gigante 09/09/2010 con edema bifrontal que limita resección – UCI. POP resección macroadenoma – salida x neurocirugía buena evolución 2309/2010», sino la «valoración posterior por oftalmología, […] del 24 de enero de

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Radicación n.° 96506 2011», puesto que debía esperar los resultados de aquel, en tanto que la calificación de la pérdida de capacidad laboral evaluaba las secuelas. Apuntó que era necesario dar tiempo que la persona desinflame y «determinar qué pasa con nervio óptico», ya que algunos pacientes les «queda todavía alguna posibilidad de volver a restablecer […] su función» y «recuperar algo de visión», siendo el oftalmólogo el idóneo para decir que esa visión no es reversible, es decir, «[…] antes [de esto] son conceptos meramente subjetivos». Manifestó que, ante los cuestionamientos de la actora, el galeno en comento también precisó, que para la calificación se requería soporte en la historia clínica, pues era lo que permitía establecer objetivamente la pérdida de agudeza visual e, incluso, enfatizó que «si […] llega un paciente que no tiene esa pérdida de agudeza visual, lo que

técnicamente se debe hacer, es mandarle el examen y cuando llega el resultado, con ese examen se califica». Así mismo explicó al juez de primer grado, quien le indagó sobre la operación del cerebro, que en el asunto el daño se enfocó en la visión, por lo que la paciente debía remitirse a «[…] un examen de agudeza visual», aclarando que, […] de todas maneras, uno puede deducir por lo que hay en la historia clínica, que la señora de pronto no era muy juiciosa con

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Radicación n.° 96506 sus controles, porque los médicos escriben ahí que se le pidió tal examen y no lo volvió a traer y, hay unos vacíos entre, por ejemplo, […] 2005 y el 2010, donde uno con un tumor de hipófisis y con un problema tan serio de la visión, porque ya había perdido un ojo y tiene que cuidar mucho el otro y la señora se perdió, pues […] no volvió a consultar hasta que no se vio muy mal otra vez, eso es pura cultura, pero ahí no es tanto la falta de que le hayan mandado las cosas, sino que la señora no volvió a controles, y pues, que pesar porque digamos esos controles hubieran sido fundamentales para poder […] correr la fecha de estructuración hacia atrás. Aseveró, en punto de la fecha del conteo de las semanas requeridas para causar del derecho, tratándose de la enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, que la jurisprudencia, en la decisión CSJ SL2108-2021, que reitera

CSJ SL1040-2020, CSJ SL1717-2021 y CSJ SL 781-2021, así como en la sentencia CSJ SL CSJ SL 3275-2019, había admitido la variación de la fecha a partir de la cual se contaban las 50 semanas de aportes, a fin de que quienes padecen este tipo de patologías, puedan acceder a la pensión de invalidez, «disponiendo, como lo acotó el a quo, que esta podía ser la fecha de la última cotización». Planteó que, sin embargo, la Corte lo hizo para «reconocer todos los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez» de quienes han sufrido un deterioro paulatino en su estado de salud, situación que difería del caso, pues el ultimo aporte de la actora fue de marzo de 2008 y «la fecha de estructuración establecida en el dictamen 31998760-246 del 9 de marzo de 2017 (f.° 598-603), es el 24 de enero de 2011».

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Radicación n.° 96506 Sostuvo que lo anterior, por cuanto en la historia clínica oftalmológica del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, del 6 de enero de 2005, de manera coincidente con lo reportado por el médico calificador, se indicó que la asegurada tenía deficiencias visuales en el ojo izquierdo y ojo derecho 20/20, sin que permitiera establecer el estado de sus patologías entre 2005 y 2010, cuando se le realizó cirugía macroadenoma gigante, circunstancia que

imposibilitaba determinar si la PCL de aquella alcanzó un mínimo de 50 % en fecha diferente a la estipulada en el Dictamen n.° 31998760-246 del 9 de marzo de 2017; que se requería certeza de la perdida de agudeza visual, lo que fue posible el 24 de enero de 2011. Añadió que, con todo, mediante auto del 7 de octubre de 2021, ordenó a la reclamante aportar su historia clínica, para verificar si existía prueba que permitiera establecer una data diferente, lo que tampoco ocurrió, pues […] La documentación médica entre el 9 de septiembre de 2010 y el 28 de septiembre de 2010 (30 Aporta Historia Cl01720160017001 – f.° 29 a 52), […] hace referencia a la evolución después de la intervención quirúrgica, así: «Operada por macroadenoma gigante 09/09/2010 con edema bifrontal que limita resección – UCI. POP resección macroadenoma – salida x neurocirugía buena evolución 2309/2010», y únicamente para enero de 2011, se encuentra la valoración […] por oftalmología, lo cual igualmente coincidente con lo referido por el perito. Expresó que la Corte en el fallo CSJ SL5607-2018, que reiteró el CSJ SL, 10 jul. 2007. rad. 30961, señaló que la oportunidad de conocer y discutir un dictamen pericial era

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Radicación n.° 96506 un elemento determinante en las garantías de contradicción y debido proceso; que, no obstante, estas fueron

efectivamente respetadas, pues mediante auto n.° 447 del 15 de marzo de 2015, el primer fallador puso en conocimiento el n.° 31998760 – 246 del 08 de marzo de 2017, proferido de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en virtud del cual la accionante pidió la citación del perito, a lo que se accedió. Precisó que, además, el artículo 228 del CGP en relación con el 145 del CPTSS, daba la posibilidad de presentar una nueva experticia, que no ocurrió, quedando el firme el practicado. De ahí que, a partir del citado medio de prueba, concluyó que la peticionante no cumplió las exigencias para causar la pensión de invalidez, puesto que estructuró aquel estado el 24 de enero de 2011, sin que, conforme a la documental de f.° 287 a 307, ibídem, acreditara la densidad requerida (f.° 468 a 485, cuaderno Segunda Instancia Apelación Sentencia, archivo «2022111401249», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se […] case totalmente la sentencia de segunda instancia […] que estableció que la demandante no cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, al considerar que de acuerdo al dictamen 31998760-246 del

09/03/2017 que calificó a la demandante con una PCL del 60, 38 %, con fecha de estructuración 24 de enero de 2011, no cumple con el requisito de semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de calificación de invalidez, toda vez que el ultimo aporte fue realizado para el periodo marzo de 2008 y en su lugar se accedan a las pretensiones de la demanda, relacionadas con el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez […], con el respectivo retroactivo pensional, la indexación, intereses moratorios y costas procesales (f.° 5, cuaderno Recursos Extraordinarios Cuaderno Corte Demanda archivo: «2023102851128, expediente digital). Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado por Porvenir S. A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S. A.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia que el Tribunal vulneró la ley «por la infracción directa, en la modalidad de interpretación y aplicación errónea de los artículos 1° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política».

Asegura que la segunda instancia «erró al interpretar y aplicar […] el artículo 1° de la Ley 860 de 2003», puesto que «no tuvo en consideración […] que la enfermedad que padeceSCLAJPT-10 V.00 17 Radicación n.° 96506 [tumor hipofisiario] […] está catalogada como […] crónica y degenerativa»; que había sido «documentad[a] en la historia

clínica […] desde el 06/01/2005, cuando fue diagnosticad[a] por el Doctor Carlos O. Contreras, […] [como] Atrofia Óptica Izquierda por neuropatía óptica secundaria», lo que permitía colegir «que la fecha de estructuración [era la] establecida por el ultimo aporte a la seguridad social realizado, esto es, el mes de marzo de 2008 y no por la fecha […] [fijada] en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral», toda vez que estos se fundamentaron en el análisis de las secuelas, pero no en el concepto de «pérdida de capacidad laboral residual».

Asevera que no discute: i) que cuenta con una PCL superior al 50 %, como tampoco con los siguientes dictámenes: […]: el primero de fecha 06/10/2011, realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, con un porcentaje de PCL del 67,50 % y estructuración al 21/04/2010;

[el segundo] del 23/02/2012, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca con un porcentaje de PCL del 57,90 % y estructuración del 06/09/2011, este último confirmado en primera y segunda instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y el dictamen n.° 31998760-246 del 09/03/2017 realizado dentro del proceso ordinario laboral por la Junta Regional de Risaralda con PCL 60,38 % y fecha de estructuración 24/01/2011. Igualmente admite; ii) que padece un tumor hipofisiario, que corresponde a una enfermedad crónica, congénitas o

degenerativa, de tipo progresivo y, iii) que cotizó para pensión 455 ciclos, entre el 27 de julio de 1994 y el 05 de marzo de 2008.

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Radicación n.° 96506 Refiere que disiente del fallo recurrido, pues el juez de alzada impuso una limitación frente a la fecha de la última cotización que sería tenida en cuenta como referencia para el computo de las 50 semanas, tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas, ya que indicó que debía ser posterior a la estructuración de la PCL; que conforme a la jurisprudencia laboral y constitucional, la pensión de invalidez como manifestación del derecho a la seguridad social, tiene por objetivo «cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabiliten al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral, siendo su fin garantizar a la personas que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas», razón por la cual tiene una estrecha relación con «el trabajo», en tanto aquella condición hace imposible que el asegurado puede proveerse un ingreso para su subsistencia. Asegura que en el proceso se controvirtió la fecha de estructuración de su invalidez, siendo definido «conforme con el dictamen llevado a cabo en el trámite de primera instancia», en el que se fijó como tal el 24 de enero de 2011, por ser aquella en que se le practicó «examen de agudeza visual, el cual resulta ser una secuela por el TUMOR HIPOFISIARIO que le fue descubierto en el año 2005»; que, sin embargo, frente a

ello, no se aplicó el principio jurídico de «indubio pro operario»

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Radicación n.° 96506 (duda a favor del trabajador), toda vez que el perito expresamente aseguró que: […] No me lo están preguntando pero de todas maneras, uno puede deducir por lo que hay en la historia clínica, que la señora de pronto no era muy juiciosa con sus controles, porque los médicos escriben ahí, que se le pidió tal examen y no volvió a traer, y hay unos vacíos entre, por ejemplo, entre el 2005 y el 2010, donde uno con un tumor de hipófisis y con un problema tan serio de la visión, porque ya había perdido un ojo y tiene que cuidar mucho el otro y la señora se perdió, pues, o sea, no volvió a consultar hasta que no se vio muy mal otra vez, eso es pura cultura, pero ahí no es tanto la falta que le hayan mandado las cosas, sino que la señora no volvió a controles, y pues, que pesar porque digamos esos controles hubieran sido fundamentales, para poder, digamos correr la fecha de estructuración hacia atrás […] Manifiesta que, según lo dicho, aquel profesional de la salud «reconoce que la situación que definió la pérdida de capacidad de (ella), se basó en un examen de pérdida de agudeza visual, el cual, si se hubiera tomado antes o después hubiera arrojado una fecha de estructuración diferente». Itera que lo determinante para esto, fue «el tumor hipofisiario descubierto en el año 2005 […] que produjo la pérdida de agudeza visual» y la cesación de su capacidad de

empleo en el 2008, como lo concluyó la primera funcionaria, porque como esta lo indicó: «era factible tomar como fecha de estructuración la correspondiente a su última cotización en el año 2008», pues corresponde al momento en que cesó su capacidad laboral, «definida como aquella en que la persona no puede proveerse los ingresos necesarios para su congrua subsistencia y no una prueba fría y simple como […] [es] un

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Radicación n.° 96506 examen de agudeza visual», limitando su derecho a la seguridad social. Argumenta que le es aplicable la regla de