CSJ - SL2560-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2560-2023 Radicación n.° 89142 Acta 37 Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que NELLY ESTHER LADINO AGUILAR interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta profirió el 16 de octubre de 2019, en el proceso que adelanta contra la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA S.A., trámite al cual fueron vinculadas como litisconsortes necesarias DORA GARCÍA DE RAMÍREZ y

DORA ESTELLA RAMÍREZ GARCÍA.

I. ANTECEDENTES La actora presentó demanda ordinaria laboral con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente de Fernando Ramírez García, el retroactivo pensional, los

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Radicación n.° 89142 intereses moratorios, la indexación de la primera mesada, las costas y agencias en derecho. Como fundamento de sus peticiones, expuso que el causante murió el 11 de abril de 2014, que fue pensionado por la Compañía Frutera de Sevilla S.A., que sostuvo con éste una unión marital de hecho durante «45 años», que era económicamente dependiente de aquel y que de su relación nacieron dos hijas. Igualmente, anotó que impulsó ante la accionada dos solicitudes de sustitución de la prestación, el 22 de mayo de 2014 y el 3 de octubre de 2016, las cuales fueron resueltas

por la empresa en comunicación del 24 de noviembre de 2016, en la que se le informó que se dejaba en suspenso la reclamación para que la justicia decidiera, pues también se postularon como potenciales beneficiarias Dora García de Ramírez y Dora Stella Ramírez García. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, al momento de admitir la demanda, integró oficiosamente al proceso a Dora García de Ramírez y Dora Stella Ramírez García, cónyuge e hija «inválida» del fallecido, respectivamente como litisconsortes necesarias. En los escritos de las intervinientes, se opusieron a las pretensiones. De los hechos, aceptaron que Fernando Ramírez García era pensionado, la fecha de su muerte, que procreó dos descendientes con la demandante; pero, aclararon que ya eran mayores de edad; por último, también

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Radicación n.° 89142 aceptaron que la sustitución pensional quedó a la espera de que se definieran las beneficiarias. Los demás los negaron o manifestaron que no les constaban (f.os 71 a 73 y 103 a 105 del c. del Juzgado). En defensa de la hija del causante, el mandatario argumentó que dependió económicamente de éste; también, que es una persona con «discapacidad mental absoluta» y que en virtud de ello se determinó su interdicción judicial (f.º 76 del c. del Juzgado). Finalmente, propusieron la excepción de «inexistencia de los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia de la

parte actora para pensión de sobreviviente» (f.os 73 y 105 c. del Juzgado). Por su parte, al contestar la demanda, la Compañía Frutera de Sevilla S.A. manifestó estar dispuesta a reconocer el derecho a quien acredite los requisitos para tal efecto. Frente a los supuestos fácticos, aceptó que Fernando Ramírez García tenía otorgada la prestación; que pereció el 11 de abril de 2014; que tuvo dos hijas con la actora; y la respuesta dada en sede administrativa a la convocante a juicio. Los otros hechos los negó o afirmó no constarle (f. os 147 a 148 del c. del Juzgado). Propuso como excepción previa integrar el litisconsorcio necesario con la cónyuge e hija inválida del fallecido y de fondo planteó las denominadas «falta de presupuestos de hecho y derecho [sic] para que se cause una sustitución

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Radicación n.° 89142 pensional», «la eventual inexistencia de la obligación. La[s] demandante[s] no convivía[n] con el pensionado al momento de su muerte. O falta de dependencia económica», inexistencia de intereses moratorios, buena fe, compensación, prescripción y pago (f.os 151 a 153 del c. del Juzgado). La primera no prosperó, puesto que el despacho judicial anteriormente integró el contradictorio con las personas solicitadas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Con sentencia del 29 de mayo de 2018, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta decidió (f.º 196

del c. del Juzgado): PRIMERO: CONDENAR a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC, [sic] a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a NELLY ESTHER LADINO AGUILAR Y [sic] DORA GARCIA [sic] DE RAMIREZ [sic] en su calidad de compañera permanente Y [sic] cónyuge supérstite del señor, respectivamente, del [sic] señor [sic] ALBERTO [sic] CASTRO [sic] RIASCOS [sic] (Q.E.P.D.) [sic]. Desde e inclusive del 09 [sic] de Noviembre [sic] de 2014 en un 50% para cada una de ellas sobre el monto de la mesada total que para el año 2014 corresponde a la suma de $3.757.175.oo, en forma vitalicia […].

SEGUNDO: CONDENAR a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC, [sic] a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a la señora NELLY ESTHER LADINO AGUILAR porcentaje sobre la pensión mínima legal de 47% y para la señora DORA GARCIA

[sic] DE RAMIREZ [sic] un porcentaje de 53% […].

TERCERO: CONDENAR a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC, [sic] a reconocer y pagar [sic] retroactivo al que se ha hecho mención en la parte motiva de esta sentencia, que a partir de 11 de abril de 2014 y hasta la presente calenda [sic] a favor de la señora NELLY LADINO asciende a la suma de $18.158.937.oo y para la señora DORA GARCIA [sic] DE RAMIREZ [sic] la suma de

$20.477.099 [sic]

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CUARTO: ABSOLVER a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC, [sic] de las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: TENER como mesada pensional para el año 2018, [sic] la suma de $781.242, correspondiente al S.L.L.M.V [sic].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación que Nelly Esther Ladino Aguilar, Dora García de Ramírez y Dora Stella Ramírez García interpusieron, mediante fallo de 16 de octubre de 2019, que fue objeto de corrección el 17 de enero de 2020, la Sala

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dispuso (f.os 25 a 27 del c. del Tribunal): Primero: Revocar los numerales 1, 2, 3, de la sentencia proferida el 29 de mayo del [sic] 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta. Y en su lugar se dispone: CONDENAR a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA, [sic] a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia a la señora DORA RAMÍREZ GARCÍA, en su calidad de cónyuge del causante señor FERNANDO RAMÍREZ GARCÍA, a partir del 1 de julio de 2014. CONDENAR a la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA a reconocer y pagar por concepto de retroactivo pensional del 1 de julio de 2014 hasta el 30 de mayo de 2018, la suma de $35.147.996 a

favor de la señora DORA GARCÍA DE RAMÍREZ.

Segundo: Absolver a la entidad demandada de las pretensiones formuladas por la señora NELLY LADINO AGUILAR en calidad de compañera permanente y por la señora DORA STELLA RAMÍREZ GARCÍA, en calidad de hija inválida, y de las demás pretensiones formuladas por la señora DORA GARCÍA DE RAMÍREZ.

Tercero: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas hasta el 30 de junio de 2014.

Cuarto: Costas en primera instancia a cargo de la COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA, se fijan agencias en derecho en un 4% de las condenas.

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Quinto: Sin costas en esta instancia.

En lo relevante para el recurso extraordinario, el Tribunal delimitó como problema jurídico determinar quién era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes el retroactivo e intereses moratorios, entre la compañera permanente, la cónyuge y la hija en situación de invalidez del causante. Para el efecto, señaló que Fernando Ramírez García murió el 11 de abril de 2014 y que recibía una prestación de jubilación por cuenta de la accionada desde el 29 de octubre de 1979, cuyo valor para el año «2010» ascendía a $515.000, de acuerdo con la boleta de pago de nómina obrante a folios 126 y 127. A continuación, determinó que la norma aplicable

conforme con la fecha de fenecimiento era la Ley 797 de 2003, cuyo artículo 13 identifica como beneficiarios del derecho, entre otros, al cónyuge o compañero permanente y los hijos «inválidos», si estos últimos eran económicamente dependientes y mientras subsistan las condiciones de salud. Resaltó que, con fundamento en tal preceptiva, es viable el derecho compartido, entre otros eventos, (i) si hubo convivencia simultánea en los 5 años anteriores del fallecimiento del pensionado con un cónyuge y una compañera permanente; o (ii) si no fue al mismo tiempo y se mantiene vigente la unión conyugal; pero, hay separación de hecho.

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Radicación n.° 89142 Para este segundo supuesto, anotó que la compañera permanente tendrá derecho a una cuota parte proporcional al tiempo en común con el causante, siempre y cuando haya sido igual o superior a los cinco años previos al fenecimiento. La otra parte le corresponderá al cónyuge con el cual exista sociedad vigente. El juez plural, una vez analizó los testimonios rendidos en el proceso, encontró coincidencias en que, a partir de finales de 2011, cuando Fernando Ramírez tuvo una crisis de salud, y hasta el día de su defunción, estuvo asistido por su consorte Dora Esther García de Ramírez y su descendiente Lesvia Ramírez García. Igualmente, que a Nelly Ladino Aguilar no se le permitió verlo. Agregó que conforme esta Sala expuso, la cohabitación por el lapso de un lustro es un requisito para obtener la prestación reclamada, por cuanto «la cesación de la

comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales y por ende, el compañero deja de pertenecer al grupo familiar». Se amparó en la CSJ SL1399-2018 para afirmar que, en el caso de la cónyuge, si el matrimonio está vigente, los 5 años de convivencia pueden ser demostrados en cualquier tiempo y en el caso de la compañera permanente, es indispensable que tal periodo se acredite antes del deceso. Concluyó que entre el 2011 y el 2014, Nelly Ladino cesó su comunidad de vida con Fernando Ramírez García, por lo

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Radicación n.° 89142 que dejó de pertenecer a su grupo familiar y, por ello, revocó la sentencia de primera instancia, en lo que respecta al derecho que se había reconocido a la demandante. En cuanto a Dora Stella Ramírez García, hija del fallecido, concluyó el Juez de alzada que no se probó el requisito de la dependencia económica, motivo por el cual no accedió a su pretensión. Finalmente, en lo que corresponde a los errores cometidos en la resolutiva de la providencia, atinentes a algunos nombres de las partes intervinientes en el proceso, el colegiado los corrigió oficiosamente mediante auto de 17 de enero de 2020.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso Nelly Esther Ladino Aguilar, lo concedió el Tribunal y lo admitió la

Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corporación «case

parcialmente» la sentencia impugnada para que, en sede instancia, confirme el fallo de primer grado. Con tal propósito, formula tres acusaciones que no fueron objeto de réplica. La Sala los resolverá de manera conjunta toda vez que se contraen a cuestionar el requisito

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Radicación n.° 89142 de convivencia, acusan similar elenco normativo y se valen de argumentación semejante.

VI. CARGO PRIMERO Atribuye a la providencia impugnada la violación por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 4, 13, 29, 42 y 48 adicionado por acto legislativo 01 de 2005 y 53 de la Constitución Política, artículos 2º, 7º, 10, 13, literal c de la Ley 100 de 1993. Y como violación de medio los artículos 188, 222 y 262 del C.G.P.».

Refiere que la alzada incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho: PRIMERO.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la señora NELLY ESTHER LADINO AGUILAR convivió con el señor FERNANDO RAMIREZ [sic] GARCIA [SIC] Q.E.P.D. [sic] por más de cuarenta y cinco [45] años, cinco [5] de los cuales fueron anteriores al fallecimiento del mentado señor.

SEGUNDO.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la señora NELLY ESTHER LADINO AGUILAR dependía económicamente de su finado compañero permanente FERNANDO RAMIREZ [sic] GARCIA [sic] Q.E.P.D. [sic] hasta la fecha de su fallecimiento. TERCERO.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que entre la señora NELLY LADINO AGUILAR y el finado FERNANDO RAMIREZ [sic] GARCIA [sic] Q.E.P.D. [sic] hubo cesación de la comunidad de vida y, consecuentemente, el compañero había dejado de pertenecer al grupo familiar de la señora NELLY LADINO AGUILAR desde julio del año 2011. Afirma que tales errores se debieron a que se dejaron de apreciar, las siguientes pruebas:

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Radicación n.° 89142 DOCUMENTALES 1.- CERTIFICADO [sic] elaborado, suscrito y reconocido ante la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, por el señor FERNANDO RAMIREZ [SIC] GARCIA [SIC] Q.E.P.D. en agosto 28 de 2012, donde declara que hace entrega mensual de $1.500.000 a NELLY LADINO AGUILAR para su subsistencia y manutención, además, indica que esta ha sido su compañera permanente desde el año 1969 (42 años). Folio 9 del cuaderno digitalizado del Juzgado [sic]. 2.- HISTORIA [sic] clínica del actor donde se diagnostica que padece: a) TUMOR MALIGNO DE PROSTATA [sic], b) EMBOLIA Y TROMBOSIS [sic], c) SINCOPE [sic] y d) NEURALGIA Y NEURITIS

[sic]. Obrante a folio 147 del cuaderno digitalizado del juzgado. CONFESION [sic] 1.- Al contestar la demanda, específicamente, el hecho tercero del libelo, la demandada DORA ESTHER GARCIA [sic] DE RAMIREZ [sic] confiesa que [sic] imposible de [sic] que en los últimos 6 años de existencia del pensionado FERNANDO RAMIREZ GARCIA q.e.p.d. [sic] hubiera podido convivir con la actora, pues éste desde el año 2009 se encontraba con una enfermedad terminal cáncer en la próstata sin poder salir a ninguna parte diferente a la Clínica General del Norte y La Milagrosa para sus tratamientos médicos, bajo la atención y mismo techo de su lugar de residencia al lado de su cónyuge DORA ESTHER GARCIA [sic] DE RAMIREZ [sic], en la calle 18 No.16E-46 barrio 13 de junio de esta ciudad donde convivió junto a ella durante más de 50 años… [sic] Igualmente, asevera que existen pruebas no calificadas que se analizaron erróneamente como consecuencia de la falta de apreciación de los medios de convicción no hábiles y enuncia las siguientes: DECLARACIONES DE TERCEROS La falta de apreciación de las pruebas documentales y de la confesión contenida en la contestación de demanda, conllevó a [sic] la apreciación indebida de las declaraciones de terceros, rendidas por BETTY VICIOSO, MATILDE DIAZGRANADOS, ANGELICA [sic] y LILIANA RAMIREZ [sic] LADINO.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO DECLARATIVO EMANADOS DE

TERCEROS NO APRECIADOS: Declaraciones rendidas ante

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Radicación n.° 89142 notario por las señoras MATILDE DIAZGRANADOS Y BETTY VICIOSO. Folios 10 y 13 del cuaderno digitalizado. En el desarrollo del cargo se indica que, aunque el Tribunal consideró que la comunidad de vida entre el causante y Nelly Esther Ladino Aguilar cesó en el mes de julio de 2011, en razón a que su convalecencia fue atendida por su cónyuge e hija, Fernando Ramírez García afirmó que se encargaba de la manutención de quien era su compañera permanente desde hacía 42 años, según declaración notariada de 28 de agosto de 2012. En dicho documento, dice la recurrente, se evidencia que el fallecido mantuvo la unión marital de hecho y que aún en agosto de 2012, «tenía sentido de pertenencia respecto de la familia conformada». Asimismo, afirma que de la historia clínica del causante se revela su delicado estado de salud, el cual le impedía llevar una vida en condiciones normales, a tal punto que recibía atención médica domiciliaria en la «calle 18 #16E46 Barrio 13 de junio en Santa Marta», supuesto que se acompasa con la confesión hecha por Dora Esther García en su contestación, quien refirió: […] imposible que en los últimos 6 años de existencia el pensionado […] hubiera podido convivir con la actora, pues éste desde el año 2009 se encontraba con una enfermedad terminal cáncer en la próstata sin poder salir a ninguna parte diferente a la Clínica General del Norte y La Milagrosa para sus tratamientos

médicos, bajo la atención y mismo techo de su lugar de residencia al lado de su cónyuge […].

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Radicación n.° 89142 Asegura que el fallador no tuvo en cuenta tales circunstancias, pues, de lo contrario, se habría percatado que era imposible acceder al domicilio de quien fuera su compañero, sin contar con el aval, permiso o aprobación de su cónyuge e hija -Dora García de Ramírez y Lesvia Ramírez García-, «dado que el occiso ya no tenía la fuerza para dar órdenes en su residencia sobre el acceso de persona alguna, ni mucho menos se podía desplazar por sus propios medios hasta el domicilio de la señora NELLY LADINO AGUILAR […]». Resalta que esta Sala, en sentencias CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, CSJ SL14237-2015 y CSJ SL6519-2017, aceptó que la convivencia exigida por la ley no se lleve bajo el mismo techo cuando las circunstancias obligan a que la residencia de la pareja sea separada. Luego, señala que de las pruebas adosadas era posible concluir que «la comunidad de vida, el apoyo económico y espiritual» no cesó entre el fallecido y la recurrente. Con todo, expresa que de aceptar que sí dejó de existir, ello fue muy posterior a la fecha que el Tribunal indicó, es decir, el 28 de agosto de 2012, y obedeció a eventos ajenos a la pareja. Refiere que los testimonios de Betty Vicioso, Matilde Diazgranados, Angélica y Liliana Ramírez Ladino coinciden

en que la cónyuge e hija del pensionado le impidieron a la recurrente verlo y que, pese a ello y a su situación médica, aquel siguió brindando la ayuda económica a Nelly Ladino.

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Radicación n.° 89142 Agrega que Liliana Ramírez Ladino, hija de Fernando Ramírez, presenció la última visita de su madre al fallecido el 28 de diciembre de 2013, en las instalaciones de la clínica. Insiste en que de la prueba testimonial se observa que fue compelida a permanecer lejos del causante durante su enfermedad; que este pernoctaba entre el domicilio conyugal y los hospitales donde se le impidió el ingreso; que no fue voluntad de la pareja separarse y que, aun así, el pensionado no la desamparó monetariamente. Acusa al Tribunal de pretermitir las declaraciones extraprocesales de terceros, las cuales son plenamente válidas sin necesidad de ratificación, por cuanto la contraparte no lo solicitó, de manera que debían valorarse conjuntamente con el restante material probatorio.

VII. CARGO SEGUNDO Lo plantea por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea del artículo 13, literal a) de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12, numeral 1. º de la misma ley, 26, 32 y 64 del Código Civil y 230 de la Constitución

Política. Arguye que el colegiado erró en la interpretación del requisito de convivencia para acceder a la prestación y

considera que éste no debe ser absoluto o abstracto, pues existen casos en los que por circunstancias ajenas no es posible coexistir en la misma vivienda.

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Radicación n.° 89142 Señala que el juzgador hizo una comprensión errónea de las normas de esta materia que exigen la cohabitación de los miembros de la pareja en un mismo espacio físico, sin detenerse a analizar si en el caso concreto existieron factores de orden familiar, fuerza mayor, razones económicas, sociales o de salud que generaron la disociación de la vida en común. Por ende, en vista de la premisa fáctica del Tribunal que no fue discutida, esto es, que a Nelly Ladino Aguilar se le impidió ver al pensionado desde finales de 2011 y hasta su muerte, afirma que no era viable que se le exigiera el requisito citado, sobre el cual pudo dar un sentido más armónico y adecuado si hubiera valorado la figura de la «fuerza mayor» descrita en el artículo 64 del Código Civil.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia, por la senda directa, de incurrir en la infracción directa del artículo 13, literal a) de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 12, numeral 1. ° de la misma ley, 10 de la Ley 153 de 1887 y 230 de la Constitución

Política. Para demostrar el ataque, refiere que el Tribunal hizo una inapropiada aplicación del precedente de esta Sala de Casación, plasmado en sentencia CSJ SL, 25 abr. 2018, rad. «457779[sic]», a partir del cual concluyó que «cuando de

compañero o compañera permanente se trata, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y

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Radicación n.° 89142 de sus obligaciones y deberes personales y que, por lo tanto, el compañero deja de pertenecer al grupo familiar». Subraya que el simple finiquito de la comunidad de vida no se debe observar de manera restrictiva, por el contrario hay que descartar motivos fehacientes que hayan llevado a dicha culminación, pues la relación entre la pareja conlleva una parte física, pero, también volitiva. Es esta última la que permite mantenerse en el grupo familiar a pesar del distanciamiento físico, cuando la unión marital coincide en su voluntad de permanencia. Menciona que el proveído citado en la alzada hace parte de una línea jurisprudencial restrictiva y «anticuada» que ha evolucionado hacia un criterio más acorde a la realidad social, donde al juzgador le corresponde analizar las particularidades de cada caso para determinar si la ruptura de la convivencia física implicó o no la pérdida de la relación afectiva. Así, era imprescindible tener en cuenta en este asunto que la pareja dejó de frecuentarse porque a la demandante se le impidió tal contacto, hecho que no es posible adosarles. En apoyo de sus argumentos, enlista las decisiones CSJ

SL4925-2015, CSJ SL3202-2015, CSJ SL14237-2015, CSJ

SL6519-2017 y CSJ SL1399-2018.

IX. CONSIDERACIONES El juez plural, en la sentencia impugnada, halló

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Radicación n.° 89142 probado que Fernando Ramírez tuvo una crisis de salud desde finales de 2011, por lo que desde esa época y hasta la fecha de su muerte, fue asistido por su cónyuge Dora Esther García de Ramírez y su hija Lesvia Ramírez García. Igualmente, evidenció que Nelly Ladino Aguilar no mantuvo contacto con aquel durante dicho lapso. Como consecuencia de lo anterior, el juez de segunda instancia consideró que no existió convivencia entre la demandante y el pensionado fallecido, en razón a que no vivieron bajo el mismo techo en el lapso de los cinco (5) años anteriores a la muerte del causante, por haber cesado la comunidad de vida que existía entre ellos. La recurrente expone, en síntesis, que la interpretación que el colegiado le dio al requisito de la convivencia no se encuentra acorde con la jurisprudencia de la Corte, bajo el entendido de que existen eventualidades en las cuales puede romperse la cohabitación por motivos de salud, trabajo, económicos o de otra índole, que no necesariamente suponen una ruptura de la unión, tal y como ocurre, en su sentir, en el presente asunto. De acuerdo con la orientación de los cargos, el problema jurídico que la Corte debe resolver consiste en determinar, si el Tribunal dio un alcance equivocado al concepto de convivencia exigido en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, en definitiva, si la recurrente tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente.

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Radicación n.° 89142 En cuanto al primer aspecto, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993 estableció que en caso de fallecimiento del pensionado tendrá derecho a tal prestación el compañero o compañera permanente siempre que acredite convivencia continua durante los últimos 5 años anteriores al deceso del mismo. Así lo ha señalado esta Sala, en múltiples providencias, entre otras, en la CSJ SL, 25 may. 2010, rad. 33136, en la que dijo: Dentro de ese nuevo esquema constitucional de la familia, la efectiva y real vida de pareja -anclada en lazos de afecto y fraguada en el crisol de la solidaridad, de la colaboración y del apoyo mutuosdurante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado, se constituye en el criterio que ha de apreciarse cuando el juzgador se aplique a la tarea de definir la persona con vocación legítima para disfrutar de la pensión de sobrevivientes, a raíz de la muerte de su consorte o compañero. Igualmente, en sentencia CSJ SL3813-2020, la Corte señaló que la cohabitación: […] real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una

comunidad de vida. Ahora bien, esta Sala estableció unas excepciones a la mencionada regla general de convivencia, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, reiterada en CSJ SL3813-2020 se estimó que aun cuando la pareja no pueda permanecer en un mismo lugar por razones de trabajo, salud, fuerza mayor o por cualquier motivo ajeno a su voluntad, ello no conlleva inexorablemente a que desaparezca la comunidad de vida.

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Radicación n.° 89142 Además, dijo la Corporación que la vivencia común se mantiene «si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio»

(CSJ SL3813-2020).

De manera que la jurisprudencia laboral ha concluido que la cohabitación debe ser evaluada de acuerdo con las particularidades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los cuales, cónyuges o compañeros no residan bajo el mismo techo; pero subsistan aspectos que indiquen en forma inequívoca que la relación afectiva permanece (CSJ SL3202-2015). En tal sentido, el juez plural a pesar de que conoció que el causante padecía una enfermedad terminal, y por ello no podía salir de su lugar de domicilio, más allá de los desplazamientos con fines médicos, ignoró las reglas establecidas en la jurisprudencia en virtud de las cuales la convivencia no se descarta por el mero hecho de que no haya

residencia común, si la pareja se encuentra en alguna de las excepciones expuestas. En otras palabras, el fallador al estudiar el caso estaba en la obligación de analizar si existía una circunstancia que justificara no convivir en idéntico sitio con la recurrente. Haber omitido dicho análisis, evidencia que el Tribunal

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Radicación n.° 89142 realizó una comprensión equivocada del artículo 13, literal a) de la Ley 797 de 2003. A juicio de esta Corporación, el yerro representa una mayor gravedad, por cuanto el análisis de la norma no solo desatendió el concepto adoctrinado sobre cohabitación, sino que soslayó también un estudio diferenciado de la situación, que para el caso ameritaba el entendimiento del contexto de la accionante. Lo anterior, debido a que el discurso jurídico del juez plural reprodujo esquemas de discriminación, en tanto le dio un trato desigual injustificado a la compañera permanente frente a la cónyuge, al no analizar los supuestos por los cuales cesó la subsistencia bajo el mismo techo. Así, el juez de segundo grado omitió tal ejercicio y, le bastó constatar la falta de un hogar conjunto para descartar el requisito de convivencia, con lo cual, se insiste, confirió un alcance equivocado a la disposición, esto es, el artículo 13, literal a) de la Ley 797 de 2003, pues desatendió el criterio jurisprudencial antes reseñado. Tal análisis de la preceptiva fue el fundamento por el cual revocó la sentencia de la jueza de primera instancia y, por ello, le negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a Nelly

Esther Ladino Aguilar, en calidad de compañera permanente del causante, dejando como única beneficiaria a la cónyuge Dora García de Ramírez. Así, al ser errada tal interpretación de la norma, se comprueba el yerro acusado, en la decisión del Tribunal.

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Radicación n.° 89142 Ahora, evidenciado el error jurídico que se puso de presente en el segundo y tercer cargo, comoquiera que la parte recurrente ataca la sentencia impugnada también desde el punto de vista fáctico en la primera acusación, se observa que no hubo una ruptura de la convivencia, de forma pura y simple, sino que Nelly Esther Ladino fue alejada de Fernando Ramírez García a la fuerza, en un contexto complejo marcado por una enfermedad que le impedía al causante moverse libremente. Lo anterior, se demuestra con las siguientes pruebas acusadas como no apreciadas:

1. Certificación médica Si bien en la demanda la recurrente argumenta que la «historia clínica» fue una de las pruebas que el colegiado no estudió, tal medio de convicción no existe y esta Sala identifica que en realidad se refiere a la certificación expedida por el director médico de la Clínica General del Norte Programa Puertos Magdalena (f.° 120 del c. del Juzgado) en la que se indica que el diagnóstico del fallecido era: «1. TUMOR

MALIGNO DE LA PROSTATA [sic] (C61X). 2. EMBOLIA Y

TROMBOSIS DE OTRAS VENAS ESPECIFICAS [sic] (T828). 3.

SINCOPE [sic] (R55X). 4. NEURALGIA Y NEURITIS NO ESPECIFICADAS (M792)». Es decir, tal y como lo señala la impugnante el fallecido padecía una situación de salud compleja.

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Radicación n.° 89142 En el mismo documento, se anotó que Fernando Ramírez estaba registrado en el Programa de Atención Domiciliaria y como dirección y fecha de pres