CSJ - SL2572-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2572-2023 Radicación n.°94575 Acta 34 Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CELIA DÍAZ RUIZ, contra la sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2021, en el proceso que instauró la recurrente

contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

I. ANTECEDENTES Celia Díaz Ruiz llamó a juicio a COLFONDOS, con el fin de que se declare que su contrato de trabajo inició desde septiembre de 1995; que la terminación del vínculo es nula y carece de eficacia, porque los motivos del despido fueron obtenidos de forma ilegal y le fueron violados los derechos al debido proceso y la doble instancia; y que ella nunca ha desempeñado un cargo de representación, ni delegación ni

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Radicación n.° 94575 fue empleada de dirección, manejo y confianza. Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó se condene a la pasiva a su reintegro al puesto de trabajo que tenía al momento del despido o a otro de mejores condiciones, más el pago de los salarios dejados de percibir, con el fin de garantizar la estabilidad laboral reforzada por violación al debido proceso y la doble instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, las citadas pretensiones fueron fundamentadas en que existió un contrato de trabajo entre las partes desde el 1 de septiembre

de 1995 hasta el 29 de enero de 2016, cuando ocurrió el despido sin justa causa. El salario de la trabajadora era un fijo de $7.289.000, más $3.242.348 como suma variable. El cargo desempeñado fue el de directora comercial de un grupo conformado por 16 asesores comerciales y se afilió al sindicato SINTRACOLFONDOS desde el 17 de diciembre de 2015 y adquirió el «fuero circunstancial». La demandante sostuvo que fue despedida el 29 de enero de 2016, supuestamente, por justa causa sustentada en unas grabaciones que fueron presentadas por el Sr. Omar Sánchez Espitia y Arnulfo Barbosa, además de una queja presentada por la Sra. María Isabel Torres relacionada con los mismos hechos, por lo que le fueron violados los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, según la sentencia CC C-593-2014, con una prueba obtenida de forma ilegal, además que no eran claras y no determinan el modo tiempo y lugar.

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Radicación n.° 94575 La actora agregó que, el 12 de enero de 2016, fue citada a descargos para el 15 de enero siguiente; esta diligencia se realizó el 19 de enero y que, según el art. 18 de la Ley 1010 de 2006, las acciones laborales caducan seis meses después de la fecha en que ocurrieron las conductas. Además, según la demanda, mediante oficio de julio de 2015, la presidente del Comité de convivencia laboral había informado a la secretaria de SINTRACOLFONDOS que fue precluida la

investigación al no ser procedente en los términos del art. 6 de la citada Ley 1010. También sostuvo que, por el despido, SINTRACOLFONDOS presentó tutela, pero fue negada, y que la empresa fue sancionada por el Ministerio del Trabajo, lo que probaba que, desde la creación de SINTRACOLFONDOS en el 2013, la pasiva ha desconocido de manera sistemática y repetitiva el ordenamiento jurídico interno y los derechos internacionales, fs. 70 al 83. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aclaró que la actora tuvo dos contratos de trabajo para con ella. El primero, desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 24 de febrero de 2003; y el segundo, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 29 de enero de 2016. Informó que, a partir del 1 de octubre de 2009, las partes pactaron que el cargo a desempeñar era el de directora, con las funciones allí especificadas, referentes a la orientación, dirección y motivación del equipo a su cargo. Sobre la afiliación al

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Radicación n.° 94575 sindicato y el fuero circunstancial, la pasiva dijo que no le constaba, pues era un hecho entre un tercero y la actora. La pasiva expresó que la citación a descargos a la trabajadora, de 12 de enero de 2016, fue por los posibles incumplimientos en sus obligaciones contractuales, relacionados con la queja que fue presentada por el secretario general de SINTRACOLFONDOS el 2 de junio de

2015 y con el informe del área de cumplimiento sobre quejas, por el alto tono con el que presuntamente la demandante se comunicaba con su equipo de colaboradores. La diligencia fue citada para el 15 de enero de 2016, pero la actora solicitó pruebas y el aplazamiento de la diligencia, a lo que la entidad accedió y, entonces, tal diligencia fue realizada el 19 de enero siguiente. La pasiva manifestó que, según la diligencia de descargos, la actora aceptó haberse referido en forma desobligante a algunas personas integrantes del grupo de trabajo a su cargo y que había sostenido que ella tenía el aval del presidente de la empresa para maltratar a los trabajadores, pero la entidad negó tal aval. La enjuiciada relató que esto quedó expuesto en la carta de despido, donde fue invocada la justa causa de despido, con fundamento en los numerales 2°, 3°, 4° y 6° del literal a) del art, 7 del DL. 2351 de 1965, norma que subrogó el art. 62 del CST y el nl. 1°, 4° y 5° del art. 58 ibidem. Por otra parte, la pasiva consideró que

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Radicación n.° 94575 SINTRACOLFONDOS incurrió en una contradicción, pues, el 2 de junio de 2015, el secretario general de dicha organización sindical había presentado una queja contra la actora y, el 29 de enero de 2016, con carta de esta misma fecha (aclaró que se puso equivocadamente recibida el 25 de enero), el mismo funcionario del sindicato comunicó a la

empresa la designación de la actora como miembro del comité de reclamos, para darle la calidad de aforada según el art. 389 del CST. Por lo anterior, la empresa estimó evidente el abuso del derecho por parte de SINTRACOLFONDOS, tal y como estaba definido en la sentencia CC C-258-2013, pues también, entre el 24 de septiembre de 2015 al 29 de enero de 2016, este había cambiado y nombrado a tres personas como parte de la comisión de reclamos, siendo la accionante la última nombrada y que, en este caso, no fue acreditado el cumplimiento del procedimiento previsto para tal efecto en los estatutos de la organización sindical. Igualmente, la demandada alegó que era un abuso del derecho por parte de la accionante el reclamar un reintegro sin ningún fundamento contractual, legal o extralegal. Aseveró que el despido fue con justa causa, y el debido proceso y la doble instancia invocada por la trabajadora guardaba relación con el procedimiento disciplinario para la imposición de sanciones y no, para la terminación del contrato de trabajo. Por último, la empresa alegó que era diferente la

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Radicación n.° 94575 constitución de una conducta de acoso laboral y la configuración de una falta grave, pues se podía no presentar el acoso, y sí darse la justa causa. Por tanto, sostuvo que no se dio la violación del debido proceso ni del derecho de defensa que alegó la accionante. Aclaró que la queja del sindicato que fue presentada el 2 de junio de 2015 contenía siete audios como prueba y, para

establecer su contenido, por tratarse de información confidencial, contrató los servicios de un tercero imparcial, esta fue la empresa RM & SS CONSULTORES, la cual prestó los servicios de seguridad y elaboró un análisis del audio con fecha 11 de noviembre de 2015. La empresa expresó que lo anterior le sirvió como material probatorio para citar a descargos a la trabajadora y junto con la versión de la trabajadora rendida el 19 de enero de 2016, concluyó que la actora sí había incurrido en las justas causas atrás mencionadas. En su defensa, la pasiva propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; falta de título o causa de la actora; enriquecimiento sin causa de la actora; pago y compensación; buena fe de la pasiva; mala fe de la actora; inexistencia de fuente legal, contractual y extralegal para el reintegro; el abuso del derecho y la genérica, fs. 150 a 184. En la audiencia del art. 77 del CPTSS, el juzgador de primera instancia, mediante auto de 26 de septiembre de 2018, determinó:

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Radicación n.° 94575 […] el problema jurídico se centra a determinar 1) si la demandante a la fecha de terminación del contrato de trabajo se encontraba amparada bajo la figura del fuero circunstancial de que trata el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y si como consecuencia de ello, procede su reintegro al cargo que venían desempeñando junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta el reintegro efectivo; la indexación y costas procesales. F.

787 vto. Contra la citada decisión del juzgador, las partes interpusieron recurso de reposición y la decisión fue mantenida por el juez de primera instancia. Entonces, la parte demandada propuso incidente de nulidad, el cual fue resuelto de forma negativa, fs. vto. 788 y 789. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal mediante auto de 21 de noviembre de 2018.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 31 de julio de 2019 (fls. 903 y 904), condenó a la pasiva en la siguiente forma: PRIMERO: DECLARAR que entre CELIA DIAZ RUIZ y la sociedad

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, existieron 2

contratos de trabajo a término indefinido así:

1. Del 10 de septiembre de 1995 al 24 de febrero de 2003.

2. Del 10 de agosto de 2006 al 29 de enero de 2016.

SEGUNDO: DECLARAR que el contrato de 10 de agosto de 2006 al 29 de enero de 2016, terminaron (sic) sin justa causa por parte del empleador TERCERO: CONDENAR a la sociedad COLFONDOS S.A,

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Radicación n.° 94575 PENSIONES Y CESANTÍAS al pago de $ 35.817.174, por concepto de indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexado desde su causación hasta que se verifique el pago total de la obligación.

CUARTA: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 31 de agosto de 2021, resolvió sendos recursos de apelación y revocó en su integridad la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, declarar probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, y, consecuencialmente, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que le correspondía dilucidar los siguientes problemas jurídicos: 1.) Si la señora Celia Díaz Cruz se encontraba cobijada por la garantía de «fuero circunstancial», dado que entre la llamada a juicio y la organización sindical SINTRACOLFONDOS existía un conflicto colectivo de trabajo para el momento del despido. 2.) Si la decisión de primer grado quebrantó el principio de congruencia al condenar el pago de la indemnización por despido sin justa causa, sin que aquella pretensión hubiera sido solicitada por la

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Radicación n.° 94575 actora en el proceso. 3.) De no ser así, si la juez de primer grado erró al liquidar la indemnización por despido sin justa causa, en tanto que no tuvo en cuenta el salario real que devengaba en vigencia de la relación laboral que la ató con la demandada. El juez colegiado comenzó por señalar que las partes no cuestionaron las reflexiones en torno a la existencia de la

relación laboral y sus extremos temporales; tampoco la labor de directora comercial que desempeñó la demandante, ni su modalidad o duración, pues estos hechos no fueron recurridos por las partes, se aceptaron en la contestación de la demanda y, además, se había logrado corroborar con el contrato de trabajo, la comunicación de terminación del contrato de trabajo, la liquidación final de prestaciones sociales y la certificación laboral. Seguidamente, el Tribunal procedió a examinar si la actora, al momento del despido, […] se encontraba cobijada por el fuero circunstancial que alega en su demanda, amparo que encuentra fundamento normativo en el artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, que establece una garantía especial generada por la coyuntura de la negociación colectiva, que comporta la prohibición al empleador de despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores involucrados en la negociación colectiva, desde la presentación del pliego de peticiones y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. […] Así las cosas, la Sala ha de remitirse a los medios de prueba documentales obrantes en el plenario encontrando que el 16 de diciembre del 2015 solicitó la actora la afiliación a

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Radicación n.° 94575 SintraColfondos (sic), razón por la que la agremiación sindical en comunicación adiada 17 de diciembre del 2015, le indicó a su empleador la vinculación y autorización de descontar el valor de la cuota sindical (Cuad. 1, fol. 3 y 4). En igual sentido, obra

comunicación del sindicato al empleador la designación de miembro de comité de reclamos de la actora del 29 de enero de 2016, frente a lo cual, en misiva calendada del “1 de febrero de 2015”; el mismo sindicato solicitó el reintegro inmediato de la trabajadora a su lugar de trabajo, pues consideró la presencia de un fuero sindical (Cuad. 1, fol. 340 a 346). En ese sentido, se puede colegir que, contrario a lo señalado por la trabajadora apelante, al momento de la terminación del contrato de trabajo, esto es, el 29 de enero de 2015 (sic), la empresa no se encontraba en un conflicto colectivo con el sindicato SintraColfondos (sic) o por lo menos no se demostró tal aspecto, en tanto que no se adosó ningún medio de prueba tendiente a demostrar que el sindicato al que se encuentra afiliada hizo la presentación del pliego de peticiones al empleador, para que así hubiere nacido la garantía que reclama. En este punto, vale precisar que, las documentales allegadas por las partes sólo reflejan la discusión en torno a si la actora estaba cobijada bajo un fuero sindical distinto al que se reclama en esta demandada, razón por demás que tampoco se podía tener en cuenta, no solo porque sobre aquél el ordenamiento jurídico laboral consagra un procedimiento especial para controvertir la ilegalidad del despido por desconocimiento por parte del empleador de dicha figura de protección laboral, sino, además, porque de asumir su estudio implicaría la vulneración de prerrogativas constitucionales de la demandada, entre otras, del debido proceso y derecho de defensa, lo cual no se puede permitir

esta Sala; de ahí que no sean acogidos los argumentos de la activa que pretenden que este Colegiado emprenda su análisis. Ahora, la censura se duele en las alegaciones de que no pudo allegar el medio probatorio que ahora se echa de menos por la Sala en la etapa procesal correspondiente, para la cual solicita se decrete como prueba sobreviniente. Sobre tal aspecto, tal como se refirió en auto de fecha 24 de agosto de 2021, para que pueda salir avante la solicitud elevada en términos del artículo 83 del CPT y de la SS, debe aparecer demostrado por lo menos la petición de la prueba en el libelo primigenio y que, a pesar de haberse decretado en la etapa procesal correspondiente, se hubiere dejado de practicar por el a quo sin justificación y culpa atribuible a la parte que la solicitó, situación que en el presente asunto no ocurrió. Lo anterior, en tanto que al revisar el escrito genitor se evidencia que se solicitó únicamente copia simple de la liquidación, carta de afiliación a Sintracolfondos, solicitud de afiliación, copia simple de notificación de designación miembro de comité de

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Radicación n.° 94575 reclamos y las relacionadas con la terminación del vínculo laboral, como acta de descargos y finalización del laborío; mismas que fueron decretadas por la Juez primigenia y, que se mantuvo incólume. Por la misma razón, tampoco se consideró dable acceder al decreto y práctica de los demás medios probatorios solicitados en la apelación, ya que ciertamente si bien “el Juez laboral debe ser

garante de los derechos fundamentales, adoptando para ello las medidas que considere pertinentes (art. 48 CPTSS), en procura de la prevalencia del derecho sustancial”1, ello no implica a la Sala la facultad para suplir la carga probatoria que competía a la parte actora y que por negligencia o impericia dejó de utilizar en momento oportuno, además que de aceptarse la petición implicaría asumir el rol de la demandante, lo cual quebranta los principios constitucionales y legales que rigen la administración de justicia. A lo anterior se suma, que dadas las razones en las cuales basa la petición la actora, no se infiere un surgimiento de hechos nuevos o sobrevinientes posteriores a las etapas probatorias del proceso, toda vez que resulta evidente que el pliego de peticiones ya estaba en conocimiento de la actora, incluso desde antes de la finalización de la relación laboral y posterior presentación de la demanda, pues así lo indicó la misma demandante en su interrogatorio de parte. Entonces, no se trataba de elementos de convicción que hayan estado ocultos a su conocimiento o que los haya venido a saber después del fallo de primera instancia, como lo pretende hacer ver la apelante con insistencia, por lo que era preciso que desde la demanda lo manifestara, para que pudiesen ser decretados y practicados en la etapa procesal oportuna. En el hilo de lo expuesto si lo que pretende la demandante es una sentencia acorde con lo deprecado en la demanda, obviamente tenía la carga de allegar al proceso los medios de convicción que acrediten la ocurrencia de los hechos estructurales de las disposiciones jurídicas que contienen los derechos reclamados,

en tanto que al no hacerlo la decisión judicial necesariamente le será desfavorable. Ello es así, dado que en los términos del artículo 164 de CGP, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y a su vez el artículo 167 del ordenamiento en cita, dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, con excepción de los hechos notorios (dentro de los que se encuentran los índices económicos) y, las afirmaciones o negaciones indefinidas. Por manera que, no existiendo medio de persuasión, sin que para ello sea apto el propio dicho de la parte demandante, pues lejos está de tenerse en cuenta, ya que por sabido se tiene que nadie

1 CSJ SL392-2019

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Radicación n.° 94575 puede crear su propia prueba, para valerse, sacar provecho o beneficiarse de ella, no es dable acceder al fuero circunstancial que pregona, como bien lo señaló la A qua, pues lo determinante era haber demostrado por aquella los presupuestos para ser beneficiaria del amparo previsto en el artículo 25 del Decreto 2351/65, esto es que el empleador y la agremiación sindical hayan iniciado la negociación colectiva a través de la presentación del pliego de peticiones, situación que no aconteció. Ahora, las anteriores conclusiones conllevarían además a la absolución de la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, porque de cara al escrito incoatorio, lo que se pretende únicamente es el reintegro, previa

declaración de ineficacia del despido como consecuencia del fuero circunstancial, de allí que se constate un dislate en la decisión del juez primigenio que será corregido por la Sala, como pasa a explicarse: Principio de congruencia Es del caso recordar, que conforme se desprende de lo planteado por la censura, la sociedad recurrente considera que la A quo infringió el principio de congruencia, al ocuparse de definir un asunto no sometido a su escrutinio, como quiera que no se encuentra comprendido en el escrito primigenio y, por ende, tampoco fue discutido en las etapas procesales, por lo que tampoco tuvo la oportunidad de pronunciarse y oponerse al respecto. De ahí que solicite se revoque el pago de la indemnización por despido sin justa causa condenada, en virtud de su derecho fundamental al debido proceso. Para efectos de resolver la apelación, la Sala debe precisar que conforme al principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del CGP, toda sentencia judicial debe estar “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.” Sobre tal principio la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha delineado que es una expresión del debido proceso y del derecho de defensa, y en ese orden, precisa que “se manifiesta en la obligación del Juez de adecuar la definición del juicio a las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial a las excepciones y

circunstancias fácticas presentadas por la contraparte, así como a lo alegado por las partes en las oportunidades procesales pertinentes.” (SL440-2021) Así, ha contextualizado que en las decisiones judiciales se presenta una congruencia interna y externa, la primera “exige armonía y concordancia entre las conclusiones Judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y Jurídicas

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Radicación n.° 94575 implícitas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva. Por tanto, el fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre la parte motiva y la resolutiva”; mientras que la segunda hace referencia a que “toda sentencia debe tener plena coincidencia entre lo resuelto, en un Juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en la contestación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia” (CSJ SL28082018). Sin embargo, ha previsto desde la óptica jurisprudencial excepciones a tal principio, a saber, cuando: “(i) el Juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL466-2013); (ii) existen hechos sobrevinientes (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018J y (iii) la posibilidad del juez en

materia laboral de decidir por fuera de lo pedido (extra petita) o más allá de lo suplicado (ultra petita), conforme lo prevé el artículo 50 ibídem”. Ahora, como se dijo con antelación, el propósito fundamental de la apelación se centra en demostrar que la sentencia de primer grado se ocupó de verificar si había lugar a la indemnización por despido sin justa causa, aspecto no incluido en las pretensiones del libelo introductor. Al respecto, la Sala al revisar detenidamente el citado escrito, observa que lo pretendido por la actora, básicamente fue el reintegro a su lugar de trabajo, súplica que tenía como fuente originaria la figura jurídica del fuero circunstancial del cual adujo fue beneficiaria. Situaciones estas que quedaron plenamente consolidadas, no solo en la etapa de fijación del litigio, sino, en la medida que se resolvió la nulidad planteada por la pasiva, precisamente cuando se concluyó por esta misma Sala que la discusión y planteamiento jurídico se centraría únicamente a determinar la procedencia del citado fuero circunstancial. Nótese entonces que la discusión que surgió al interior del proceso se centraba de manera exclusiva, en si debía reintegrarse la actora a su lugar de trabajo como consecuencia de la estabilidad laboral reforzada surgida del fuero circunstancial, luego ante tales aspectos, los requisitos para el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa nunca fueron debatidos por las partes. Además, debe advertirse que las pretensiones de condena no involucran ningún reclamo sobre tal emolumento, aparte de que se ordene su reintegro,

tanto así que en ninguno de los hechos de la demanda se señala que la demandada deba ser objeto de dicha condena, todo lo cual impedía a la sentenciadora de primer grado hacer un pronunciamiento sobre una pretensión que no se incoó, por manera que al hacerlo quebrantó el principio de congruencia que

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Radicación n.° 94575 debe observarse en las sentencias y el derecho a la defensa de la contraparte. Por otra parte, si bien esta Corporación no desconoce que en temas relativos a la procedencia del citado fuero circunstancial habrá de estudiarse la legalidad o no del despido, ello no tiene la virtud para alterar las pretensiones de la demanda o desviarse del problema jurídico que debía resolverse, que se itera es el reintegro por fuero circunstancial, a lo que suma que esa pretensión expuesta en el libelo demandatorio de cara a la indemnización por despido sin justa causa son figuras excluyentes y, por tanto, según los términos del artículo 25ª del estatuto procesal laboral, debían haberse propuesto como de manera principal y subsidiaria, lo que implicaba para la a quo abstenerse de pronunciarse sobre derechos no peticionados, en la medida que nunca fueron propuestos en la forma que exige la norma. Corolario de lo expuesto, se revocará la sentencia confutada, para en su lugar, declarar probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandas y cobro de lo no debido y, en consecuencia, absolver a COLFONDOS SA, PENSIONES Y CESANTÍAS de todas y cada una de las pretensiones elevadas en

su contra.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Con el presente recurso extraordinario, la actora pretende la casación total de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2021, para que, en sede de instancia, modifique la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 31 de julio de 2019, y profiera condena conforme a todas las pretensiones contenidas en la demanda. En consecuencia, solicitó la confirmación de los

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Radicación n.° 94575 numerales primero y segundo de la sentencia de primera instancia, y modificar el tercero para ordenar el restablecimiento del contrato de trabajo y revocar los demás numerales de su parte resolutiva. Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación y fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO La censura acusó la sentencia impugnada por violación indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 281 del Código General del Procesoviolación de medio-, lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 50 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 276 y 457 de la Ley 906 de 2004, en relación con los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 13,

14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 57 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1º, 2º, 6º, 11, 13, 25, 29, 33, 38, 39, 53, 55 y 58 de la Constitución. La censura trascribió el art. 281 del CGP y manifestó que la indebida aplicación de la disposición acusada, ante la falta de valoración de las pruebas allegadas oportunamente en el trámite de la primera instancia, se presentó en el acápite de la sentencia donde el Tribunal se refirió al principio de congruencia, cuyo texto citó textualmente. Seguidamente, la censura denunció los siguientes

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Radicación n.° 94575 yerros fácticos: • No dar por demostrado, estándolo, que, en las pretensiones de la demanda, especialmente la contenida en el numeral segundo de la parte declarativa, se solicitó la nulidad del despido, el cual está motivado en pruebas obtenidas con violación del debido proceso. • No dar por demostrado, estándolo, que, en la primera pretensión condenatoria de la demanda se solicitó el reintegro de la trabajadora demandante, por haber sido despedida sin justa causa, con violación del debido proceso constitucional. • No dar por demostrado, estándolo, que en los hechos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, especialmente, se relataron las circunstancias que evidencian la violación del debido proceso con la investigación disciplinaria

seguida contra la demandante, basadas en unas grabaciones no autorizadas y cuya procedencia se desconoce, la cual, culminó con la decisión de su despido por justa causa. • Dar por demostrado, sin estarlo, que la demanda pretendía el reintegro de la trabajadora con base en el fuero circunstancial que se originó con motivo del conflicto colectivo de trabajo originado con la presentación de un pliego de peticiones por parte de

SINTRACOLFONDOS.

La recurrente manifestó que el Tribunal llegó a su errada conclusión, al abstenerse de valorar las siguientes

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Radicación n.° 94575 pruebas: (1) demanda (folios electrónicos 72 a 85 del Cuaderno Principal – Primera Instancia – Tomo I y 70 a 83 de la numeración física de la demanda); (2) contestación de la demanda (folios electrónicos 177 a 211 del Cuaderno Principal – Primera Instancia – Tomo I y 152 a 184 de la numeración física de la contestación de la demanda); (3) llamado a descargos (folio electrónico 348 del Cuaderno Principal – Primera Instancia – Tomo I y 320 de la numeración física de la contestación de la demanda); (4) diligencia de descargos (folios electrónicos 354 a 35 del Cuaderno Principal – Primera Instancia – Tomo I y 326 a 331 de la numeración física de la contestación de la demanda); y (5) carta de terminación del contrato de trabajo (folios electrónicos 360 a 362 del Cuaderno Principal – Primera Instancia – Tomo I y 332 a 334 de la numeración física de la

contestación de la demanda). Mencionó que los documentos relacion