CSJ - SL2573-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrados ponentes SL2573-2023 Radicación n.° 93331 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

NORBERTO ABADÍA REINA, JOSÉ DAVID ZAPATA

ÁNGEL, DARÍO FERNANDO ORTÍZ FLÓREZ, JHON FAIVER VANEGAS TANGARIFE y HÉCTOR JULIO ROJAS RUÍZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró al INGENIO PICHICHI S. A.

I. ANTECEDENTES

Norberto Abadía Reina, José David Zapata Ángel, Darío Fernando Ortíz Flórez, Jhon Faiver Vanegas Tangarife, Héctor Julio Rojas Ruíz, llamaron a juicio al Ingenio Pichichi

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S. A., para que se declarara que entre ellos y la demandada existió un contrato laboral realidad, a pesar de que formalmente, fueron enviados a esa sociedad por la

Cooperativa de Trabajo Asociado Fe y Esperanza. Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la accionada a reconocerles las cesantías y sus intereses, junto con las primas, vacaciones y auxilio de transporte, causados

entre 2005 y 2012; así como también, que se efectuaran las cotizaciones al sistema de seguridad social integral durante ese tiempo; se les concediera la indemnización por despido injusto; más las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; los perjuicios morales causados; la indexación; lo que resultare probado y las costas. Narraron que prestaron sus servicios personales y subordinados al Ingenio Pichichi S. A., como presuntos afiliados a una cooperativa; que, sin embargo, ésta no era dueña de las herramientas, medios de producción o de transporte y que no funcionaban autogestionariamente, a tal punto, que la accionada era la que fijaba el precio del corte de caña y quien desplegaba la potestad reglamentaria y disciplinaria. Precisaron que cumplieron su actividad como corteros de caña en «los predios o suertes» de la demandada ubicados en Guacarí y Buga, de lunes a domingo y festivos, sin descanso, de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; que siempre recibieron órdenes de los «supervisores, cabos o monitores de cargo» de

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Radicación n.° 93331 esa sociedad; que estos se encargaban de «apuntar la chorra o arrume [...] con su respectiva ficha, revisar que no quedaran tocones altos». Puntualizaron que sus vinculaciones tuvieron los siguientes extremos y salarios promedio en los últimos 12 meses: Trabajador Inicio Final Remuneración Abadía Reina 21/11/2005 29/02/2012 $697.083.33

Zapata Ángel 21/11/2005 29/02/2012 $853.416,66 Ortíz Flórez 01/11/2005 29/02/2012 $874.166,66 Vanegas Tangarife 01/11/2005 29/02/2012 $1.140.666,66 Rojas Ruíz 21/11/2005 29/02/2012 $1.033.166,66 Indicaron que el salario que se les reconoció era inferior al de los trabajadores de planta o a los cobijados por la convención colectiva; que de su remuneración se les descontaba unas compensaciones anuales, semestrales y de descanso; que la accionada les debe la cotización a pensiones del mes de agosto de 2006 y los créditos laborales pretendidos. Aclararon que para acceder a una vinculación laboral fue condición de la empleadora, que se hallaren afiliados a alguna de las cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas, que ella misma creó y liquidó; que, no obstante, era la demandada la que apuntaba la información de cada trabajador, sobre los días laborados y la cantidad de caña cortada; que, con base en esos datos, aquella remitía la

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Radicación n.° 93331 información a la CTA y, ésta última manufacturaba «las respectivas planillas de pago semanal». Afirmaron que siempre expusieron su descontento con la situación y los perjuicios que les causaba la falta de pago de sus prestaciones laborales; que prueba de ello es que en el 2008 participaron en una huelga por la tercerización laboral; que, por ello, muchos compañeros fueron procesados

penalmente, pero absueltos. Señalaron que la accionada fue la que ordenó la liquidación de las cooperativas; que a ellos no les devolvieron sus aportes o entregado ganancias; que, aunque firmaron una carta de renuncia, no fue voluntaria; que la misma obedeció a un despido indirecto, porque de no haber procedido así, no habrían sido vinculados al ingenio (f.° 6 a 56, archivo «[...]Cuaderno Principal Tomo I. Expediente Primera Instancia_2022104942684»). La demandada se opuso a las pretensiones, negando los hechos o aduciendo que no le constaban, porque entre ella y los actores, no existió relación laboral de ninguna índole; que, en efecto, estos confesaron que fueron vinculados como trabajadores asociados de una persona jurídica distinta, con quien no tiene responsabilidad solidaria alguna. Formuló como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción,

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Radicación n.° 93331 pago y compensación, «ilegitimidad de personería sustantiva de la parte demandada», innominada y buena fe (f.° 199 a 216, ibidem). Mediante auto del 7 de abril de 2017, se admitió el desistimiento de la pretensión de que se indemnizaran los perjuicios morales (f.° 320 a 324, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, el 6

de marzo de 2018, declaró probada la excepción denominada «inexistencia de la obligación», absolvió a la demandada y condenó en costas a los accionantes (f.° 94 a 101, «Archivo CuadernoPrincipalTomo4 Expediente Primera_instancia_2022111025479»).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por apelación de los demandantes, el 18 de noviembre de 2020, confirmó la primera.

Dijo que, con sujeción al principio de consonancia, debía determinar si entre los actores y la sociedad accionada existió un verdadero contrato de trabajo, teniendo en cuenta que aquellos alegaron la existencia de una tercerización laboral ilegal.

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Radicación n.° 93331 Refirió que según el artículo 35 del CST son simples intermediarias, [...] las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. Expuso que, si bien es cierto, al tenor de la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, las cooperativas de trabajo asociado, dentro de su desarrollo normal pueden contratar la ejecución de una labor a favor de terceras personas, también lo es, que conforme lo adoctrinado por la jurisprudencia, no pueden ser utilizadas para disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada. Señaló que en el expediente obraban:

1. Los reportes de semanas cotizados a favor de cada uno de los demandantes por la Cooperativa de Trabajo Asociado Fe y Esperanza (f.° 34 a 56 del expediente, ii) El documento dirigido al representante de Asocaña, que no menciona a los actores, solicitándole el cumplimiento de unos acuerdos a los que se había arribado con los ingenios Pichichi, Manuelita, Provincia Central Tumaco, entre otros

(f.° 57 y 58, ibidem). iii) El Acta del 21 de junio de 2005 suscrita por un grupo de directivos de Ingenio Pichichi S. A. y unas personas que dijeron tener representación de los asociados de las CTA, que prestaban servicio de apoyo en la labor de corte de caña y los

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Radicación n.° 93331 asesores designados por los corteros, a través de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la que se plasmó:

1. La Empresa no contratará en forma directa las labores de corte manual de caña y se reserva la facultad de contratar el corte de caña y cualquier actividad propia con las compañías, sociedades, instituciones o estamentos que estime procedentes y bajo cualquiera de las formas que tienen establecidas las leyes de la república. El sistema de contratación que de manera libre seleccione el Ingenio, quedara bajo la vigilancia y control del ingenio de tal forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan.

2. Ingenio Pichichi S. A. en cooperación con el SENA u otra entidad similar, se compromete a dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en

administración de empresas a un grupo de Cuarenta asociados de las actuales CTAs y de Sintrapichichí, por un término de tres meses, iniciando tan pronto se reúnan las condiciones académicas v logísticas del caso […].

6. Las Cooperativas de Trabajo Asociado y/o cualquier otra empresa que preste el servicio de corte de caña estará en la obligación de efectuar las afiliaciones a la seguridad social e igualmente el pago de las compensaciones y prestaciones de acuerdo a la ley […].

10. Ingenio Pichichi S A. Garantiza a las cooperativas de trabajo asociado que se formen y organicen de acuerdo a la ley con las personas que actualmente prestan el servicio de apoyo en el corte de caña y cumplan con los requisitos que exige la empresa, una oferta mercantil en la cual se asignara un cupo o tonelaje de caña a cortar, siempre y cuando cumplan con las normas y calidad exigidas para la labor convenida, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de Ingenio Pichichi S.A. en corte de caña manual […]. iv) Las Actas del 28 de agosto de 2010 y el 23 de febrero de 2011, respecto de la verificación del anterior acuerdo, en las que se señaló que: «[...] para el 30 de julio de dicho año, se presentaron un total de 728 asociados en estas CTA y S.A.S, mientras para el 31 de enero de 2011 el total era de 720 laborantes 4 cooperativas y 4 sociedades por acciones simplificadas» (f.° 63 a 69, ib)

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1. Las liquidaciones de toneladas y tajos de caña; así como contratos de trabajo asociado y documentos de la CTA Fe y Esperanza, que no hacían referencia a los demandantes

(f.° 70 a 89 y 91 a 99, ibidem). vi) La respuesta dada por la liquidadora de las cooperativas a sendos derechos de petición en el que se le reclamaban documentación relacionada con esas organizaciones (f.° 102 a 105, ib). vii) Los contratos de prestación de servicios entre la demandada y CTA Fe y Esperanza, junto con los demás elementos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre esas empresas por 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, por medio de la cual, aquella se obligó a prestar el servicio de corte manual y siembra de caña en el ingenio o en los sitios que éste dispusiera (f.° 139 a 196, ibidem). viii) El vínculo de prestación de servicios suscrito por la demandada y Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, en los que éstas se comprometen a disolver y liquidar varias cooperativas (f.° 197 a 201, ib). ix) Los convenios asociativos firmados por los actores, junto con las «aceptacion[es] a [los] cargo[s] y ser miembro[s] de la cooperativa», los formularios de afiliación a EPS y pensiones, los formatos de pagos a seguridad social y parafiscales, los recibos de compensación anual, semestral, descanso y compensaciones semanales (f.° 247 y siguientes, ibidem).

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Radicación n.° 93331 Aclaró que, aunque los documentos de f.° 70 a 74, también hacían alusión a los demandantes y a la cooperativa Fe y Esperanza, sólo se remitían a «[...] a dos periodos puntuales 17 a 23 de septiembre de 2007 y 27 a 29 de febrero de 2012 relativos a toneladas de caña pesadas y a compensaciones pagadas por la CTA». Precisó que, i) José David Zapata, Norberto Abadía Reina, Héctor Julio Rojas, Darío Fernando Ortiz afirmaron haber pertenecido a la Cooperativa Fe y Esperanza por imposición de la demandada; que era ésta para quien realizaban la actividad de corte de caña; que, por ello, era la que pagaba sus compensaciones y daba órdenes e instrucciones a través de sus cabos. ii) Verónica Durán Mejía representante de la cooperativa, indicó que el ingenio no contrató a sus liquidadoras u ordenó su disolución, sino que pagó los honorarios de las mismas; que la demandada no entregó dotación o transporte a sus asociados, porque lo que ofrecía era «un pago en especie»; que tampoco le hizo donación de dinero alguna y que los demandantes no eran trabajadores de Pichichi. iii) Licenia Galindo Jiménez señaló que participó en la liquidación de la cooperativa; que Pichichi canceló sus honorarios, pero no fue quien ordenó la liquidación, la cual

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Radicación n.° 93331 fue decidida por los socios; que esa organización tenía una oficina y contaban con equipos de cómputo, archivadores y

todo lo necesario para su funcionamiento; que, además, dentro de su personal, tenían a gerente, contadora y, entre otros, auxiliar contable. iv) William de Jesús Calvo informó que los demandantes «actualmente» trabajan bajo su dependencia en Pichichi Corte

S. A.; que él ha laborado con la demandada durante 20 años; que, en principio era ejecutivo de proyectos en gerencia general; que en 2008 fue asistente de cosecha; que en esa época y hasta febrero de 2012 realizaba interventoría de los procesos de corte de caña; que ello se proporcionaba a través de diferentes cooperativas; que con estas organizaciones se llegaron a unos acuerdos que se convinieron en las ofertas mercantiles y en las ataduras comerciales que suscribieron.

Contó que, en igual forma, ese declarante manifestó que la empleadora se comprometió entre otras a ofrecer ayudas en cuanto a vivienda y educación a los asociados; que las cooperativas se encargaron de entregar a éstos las dotaciones; que, sin embargo, después se pactó que «las dotaciones hacían parte del pago global, y que lo mismo pasó con el pesaje, pues los corteros pidieron que el alce no fuera global sino por unidades más pequeñas». Denotó que, también informó que cada CTA tenía contrato para el corte de un determinado número de toneladas en un plazo establecido, «pero que semanalmente se hacían las programaciones por el requerimiento del ingenio

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Radicación n.° 93331 [...]», las cuales se socializaban con los representantes de las cooperativas; que «nunca impartió órdenes o instrucciones a los demandantes»; que, no obstante, «los seguimientos a los

acuerdos era una parte de ese propio pacto junto con las ayudas de orden social [...]», que no eran exclusivas, sino para varias personas de la región y trabajadores de otros ingenios. v) Nancy Beatriz Franco Ocampo aseguró que no conoció a los reclamantes; que esto no fueron trabajadores directos de Pichichi; que Jairo Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez y William Calvo, si estaban vinculados a la demandada, pero no daban órdenes al personal que no fuera del ingenio; que, en su condición de la encargada de nómina, nunca adelantó trámite disciplinario a los actores; que entre 2005 al 2012 «el ingenio no tuvo corteros contratados directamente». Afirmó que Jhon Faiver Vanegas Tangarife no compareció a la diligencia de interrogatorio de parte, por lo que se impusieron consecuencias procesales en su contra y que, Revisada la totalidad de las pruebas, [...] el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el ingenio demandado, sino para la CTA Fe y Esperanza a la que los mismos actores en el libelo introductorio comentaron haberse asociado y que posteriormente ratificaron en sus interrogatorios de parte. Así mismo, la amplia prueba documental revela que la cooperativa referida fue legalmente constituida con apego a la ley que le es propia y que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento; así mismo quedó plenamente demostrado que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de ese acto la tercerización que

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Radicación n.° 93331 alega la parte petente. Recordó lo que había razonado respecto de la subordinación, en un asunto idéntico al presente, en el que coligió: 1) que no se había presentado la sujeción jurídica propia del contrato de trabajo entre las partes, porque los actores insistieron que ésta era ejercida por personas que ni siquiera estaban dedicadas al campo, 2) que el señor Calvo reiteró que no daba órdenes a los reclamantes, sino que ejercía una labor de seguimiento respecto de los representantes de la CTA y, 3) que, en todo caso, el artículo 6° del Decreto 4588 de 2006, permite la contratación de cooperativas para la realización de distintos procesos de la cadena productiva (archivo «Expediente Segunda Instancia_2022113154634»).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la Sala revoque la del juzgado y acceda a las pretensiones (archivo «Recursos

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Radicación n.° 93331 Extraordinarios_Casacion_Memorial_De_Partes_E_intervinien tes_2022051445244») Con tal propósito formulan cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandada, los cuales serán estudiados conjuntamente, en razón a que, no obstante, se dirigen por sendas de ataque

diferentes, comparten argumentos de estimación y persiguen igual finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar la ley por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida, los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990.

Señalan que la trasgresión normativa ocurrió como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO PICHICHI S. A. sino para

la CTA FE Y ESPERANZA.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que revisado con detenimiento el punto nodal del asunto, esto es la subordinación, que dicho elemento no se presentó entre las partes en contienda.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal de los servicios no se encuentra propiamente determinada en el

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tiempo indicado por los actores en su demanda en relación con la actividad agroindustrial de la empresa demandada.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que dicha cooperativa ofreció los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se acredita algún vicio del consentimiento en la contratación de los demandantes a través de convenios cooperativos.

6. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el

INGENIO.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no fue autogestionaria.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el INGENIO fue quien ordenó la disolución y liquidación de la CTA.

Aseguran que tales yerros fueron consecuencia de la apreciación errónea de: Las de folios 34 a 56 que dijo el Tribunal: “Lo primero que salta a la vista son los reportes de semanas cotizadas a favor de cada uno de los demandantes, documentos de los que se logra extraer que entre los meses de noviembre de 2005 a febrero de 2012 (interregnos que se reclaman en esta demanda) las cotizaciones fueron pagadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado FE Y

ESPERANZA.

Las de (folios 60 a 62, 63 a 69) que dijo el Tribunal: “reposan documentos denominados “verificación cumplimiento de acuerdo” uno de fecha 28 de agosto de 2010, otro del 26 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011, en estas que se efectúa

seguimiento a unos convenios y se advierte la presencia de todas las CTAs y S.A.S. que prestaban servicio de corte a la demandada, se hace control respecto al cumplimiento de lo pactado, elogiando la responsabilidad en la ejecución de todos los puntos pactados. Dichas actas de verificación son firmadas por los representantes de cada CTA y SAS, representantes del ingenio, representantes de la iglesia católica, inspección del trabajo, entre otros”. Las de folios 70 a 89 reposan documentos emanados del ingenio, relativos a liquidación por toneladas y tajos de caña; así mismo se evidencian documentos de las cooperativas y personas naturales que no han sido mencionadas en este asunto, que nada

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Radicación n.° 93331 aportan al propósito de esta demanda y los documentos que si corresponden a la CTA FE Y ESPERANZA, no hacen referencia a los demandantes, salvo los obrantes a folio 70 y 74, el cual en puridad de verdad, poco ilustran. Las de folios 139 a 196 [la] llamada a juicio con su contestación aportó las ofertas mercantiles, aceptaciones a las mismas, otros si, y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTA FE Y ESPERANZA al ingenio demandado y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (folios 139 a 196) (sic), en dicha ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S. A.,

o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el ingenio dispusiera Las de folios 197 a 201 se aprecian documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO; en ellos, las mencionadas se comprometen a prestar servicios en la disolución y liquidación,

de las CTA FE Y ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE, CTA PRACTICAÑA, FE YESPERANZA, FUERZA INTERACTIVA Y SERVIASOCIADOS DEL VALLE SAS, entre otras.

Las de folios 247 y ss., 369 y s.s., 492 y ss., 615 y ss., 745 y ss. en donde se encuentra documental referente a la permanencia de los demandantes en la CTA.

Y la falta de valoración de: La de folios 28 al 32 correspondiente al certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHI.

La de folios 6 al 27 está la demanda, que prueba que los demandantes laboraron continuamente realizando las actividades misionales del INGENIO. La de folios 119 al 137 correspondiente a la contestación de la demanda, dijo el INGENIO que durante los extremos temporales denunciados por los demandantes contrató con la CTA FE Y

ESPERANZA.

Afirman que el Tribunal se equivocó al encontrar que la CTA fue una empresa independiente y autogestionaria, pues de los documentos de f.° 139 a 196 ibidem, que aquél valoró con error, lo que se sigue es que ésta no contaba con

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autonomía administrativa o financiera, al punto que fue el ingenio quien la disolvió y liquidó. Denotan que esas documentales enseñaban que la verdadera empleadora era la accionada, entre otras cosas, porque las de «f.° 139, 143, 144, 145, 146 y 148, cuaderno n.° 5, 153, 154, 155 y 156, 164, 165, 170, 171, 180, 182 CC010/11 (sic)», en armonía con el certificado de existencia y representación del ingenio (f.° 28 a 32, ibidem), indican que las labores que realizaron a través de la CTA, de corteros de caña, siembra y riego, correspondían con la actividad principal de la demandada. Aseveran que idéntica conclusión se sigue de las pruebas de «f.° 173, 153, 164, 170, cuaderno n.° 1», consistentes «en las aceptaciones de las ofertas» y que las de «f.° 147 n.° 14, 157 n.° 14, 186 V n.° 9.24 (sic)», corroboran que era Pichichi S. A quien imponía sanciones, al punto que, obligó a las CTA a pasarle el registro de asociados, su identificación, antecedentes judiciales y disciplinarios. Sostienen que los medios de convicción de «f.° 150, 160, 172, 175, 176 y 178», mostraban que la demandada se obligó a i) pagar «a terceros o a los asociados lo que la CTA no cubriera, personal de la CTA»; ii) remunerar al cabo; iii)

gestionar las pensiones de los asociados; iv) reconocerles incapacidades, bonificaciones de productividad y un incentivo en diciembre; que, por tanto, asumió obligaciones propias del empleador.

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Radicación n.° 93331 Refieren que, en ese contexto, el juez de segundo grado, además, dejó de reparar en que Pichichi S. A. hizo donaciones a la cooperativa para que ésta pagara la seguridad social «(f.° 60 a 62, 63 a 69, 179 y 249)» y algunos beneficios en educación y vivienda; que asumió el suministro de dotaciones cada cuatro meses «(f.° 141 CL 5 n.° 3, 147 Cl 5 y 148 n.° 5, 157 Cl 4 y 157 n.° 5, 166 y V (sic))», el de transporte de los trabajadores «(f.° 190 a 191)»; así como también, que se reservó el derecho a retirar o prohibir el ingreso de socios de la CTA «(f.° 151, 162 y 168 V (sic)». Señalan que según el Contrato CC010/11 «(f.° 182 V (sic) y 183)», la CTA suministraba personal al ingenio, esto es, que se comportó como una EST, lo cual permite inferir que era aquél, quien en su condición de usuario, ejercía la subordinación sobre los trabajadores. Plantean que el colegiado apreció con error los documentos de f.° 197 a 201 ib, relativos a los contratos de prestación de servicios suscritos por la accionada y las señoras Galindo Jiménez y López Espejo, porque, aunque de

ellas dedujo con acierto la existencia de una relación civil, no constató que fue la demanda la que les pagó los honorarios por la disolución y liquidación de las CTA, lo cual enseñaba que las últimas eran empresas de papel, simplemente aparentes. Enfatizan que las documentales probaban que el Ingenio Pichichi S. A. creó las CTA para su beneficio, con el fin de eludir el pago de prestaciones sociales; que aquél se

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Radicación n.° 93331 comportó como verdadero empleador; que, inclusive, era quien tenía el poder de reubicarlos en el ejercicio de otras labores cuando los asociados se incapacitaban y que, en últimas, las cooperativas ejercieron como intermediarias. Agregan que no tenía soporte la afirmación del sentenciador, según la cual, no demostraron haber prestado los servicios en los tiempos dichos en el gestor, porque los extremos los corroboraban las historias laborales, las ofertas mercantiles y la réplica a la demandada, en la que se aceptó la existencia de un contrato con la CTA Fe y Esperanza, para el servicio de corte manual de caña, riego, limpieza, abonamiento, fumigación y labores inherentes al cultivo de caña, de acuerdo con la programación del ingenio (archivo, «Casacion_Memorial_De_Partes_E_intervinientes_202205144 5244»).

VII. RÉPLICA Sostiene que el Tribunal no incurrió en los errores fácticos que le fueron adjudicados; que, en efecto, la prueba daba cuenta de la existencia de una relación entre los recurrentes y la CTA Fe y Esperanza; así como también del

pago que ésta hizo a, Norberto Abadía Reina (fls. 250 – 368 cdno ppal Nro. 2), José David Zapata Ángel (fls. 369 – 491 cdno ppal Nro. 2), Darío Fernando Ortiz Flórez (fls. 492 – 614 cdno ppal Nro. 2), Jhon Faiver Vanegas Tascón (fls. 615 – 738 cdno ppal Nro. 3) y Héctor Julio Rojas Ruiz (fls. 739 – 863 cdno ppal Nro. 3), de acuerdo con su régimen de compensaciones (semanal, anual, intereses, semestral y descanso), todo lo que les correspondería como trabajadores subordinados de acuerdo con el CST, por concepto de salarios, cesantía, intereses a la cesantía, primas semestrales

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Radicación n.° 93331 y vacaciones, además de los aportes a seguridad social y caja de compensación familiar. Explica que, debe tenerse en consideración que fue citado al proceso como responsable solidario, por lo que los pagos que la CTA hubiere efectuado le liberan, de modo que, de darle la razón a los impugnantes, en todo caso, debían declararse las excepciones de pago y compensación propuestas en la réplica y la de ausencia de mala fe, porque en ese contexto, habría demostrado el respeto a los derechos mínimos e irrenunciables. Repara que es impróspera la denuncia que se realiza sobre la aplicación indebida del artículo 2° del Decreto 2025 de 2011, porque era una norma que había sido declarada

nula por el Consejo de Estado; que se adjudican defectos fácticos en los que el Tribunal no pudo incurrir, debido a que, por ejemplo, en el tercero de ellos, alude a premisas que no fundaron su sentencia; que increpan la falta de valoración de la demanda, no obstante, esta sí fue leída por el colegiado y que, en todo caso, en esa pieza no hubo confesión alguna que permitiera fincar un error de hecho en la vía indirecta. Asegura que la acusación no hace ver a la Corporación, cómo fue que el Tribunal se equivocó en la valoración conjunta de la prueba; que, además, plantea con equivocación, que su actividad principal era el corte de caña, en razón a que, este es un proceso parcial o sub proceso que corresponde con una de las etapas de la cadena productiva, empero, ni siquiera está enlistada dentro de su objeto social, de la manera en que se afirma por la acusación, en

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Radicación n.° 93331 perspectiva de los «f.° 28 a 32, 139, 143, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 170, 171, 173, 180 y 182», motivo por el cual, podía delegarlo en terceros organizados con ese efecto, como se lee a «f.° 182 y 183». Precisa que de los documentos de «f. 147 n.° 14, 157 n.° 14, 186 V n.° 9.24», que hacen referencia al contrato de prestación de servicios entre Pichichi y la CTA Fe y

Esperanza, no se sigue la facultad de la primera de imponer sanciones, como lo dice el cargo y que las de «f.° 150, 160 a 172» tampoco hacen alusión a la obligación de pagar deudas a terceros en favor de la cooperativa, porque allí lo que se plasmó fue una cláusula facultativa, por virtud de