CSJ - SL2589-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2589-2023 Radicación n.° 96271 Acta 38 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

EUSTORGIO FONCA CHAVES y la FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

(administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ), contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que el primero le sigue a la segunda, y a la empresa ASESORES EN DERECHO S.A.S., en calidad de «mandataria con representación (con cargo a) PANFLOTA»; a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.; la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. (FIDUPREVISORA), en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO

AUTÓNOMO PANFLOTA y; LA NACIÓN – MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

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Radicación n.° 96271

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra las pasivas, para que la Fiduciaria La Previsora le pagara a Porvenir, el título pensional o cálculo actuarial por el tiempo en que laboró en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, el cual debe ser expedido por Asesores en Derecho y, que la mencionada

AFP, tuviera en cuenta dicho periodo para acceder a la pensión de vejez a partir del 17 de octubre de 2017, de acuerdo con la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, reclamó los perjuicios materiales y morales, los intereses moratorios y la indexación. Solicitó que se declarara la responsabilidad subsidiaria respecto del pago del título pensional o cálculo actuarial, de la Federación Nacional de Cafeteros y de La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la primera, como administradora del Fondo Nacional del Café, matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, y la segunda, como titular jurídico de la cuenta Fondo Nacional del Café. En sustento de sus peticiones, manifestó que el Decreto 2078 de 1940 creó el Fondo Nacional del Café y autorizó suscribir un contrato entre el gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros para manejar esa cuenta; que en 1944 la federación organizó una marina mercante, en la que se autorizaron USD9.000.000 en acciones, con dineros del referido fondo, los cuales tenían carácter parafiscal; que en el mismo año se fundó la Flota Mercante Grancolombiana S.A., con participación accionaria de un 45% de la

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Radicación n.° 96271 Federación Nacional de Cafeteros, pero que en 1954 pasó a un 80,07%; que aquella fue fundada con capital público que pertenecía al Fondo Nacional del Café, cuyo titular era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sus recursos eran

administrados por la federación con base en el contrato que suscribió con el Gobierno Nacional el 12 de julio de 2016. Sostuvo que al momento de presentar la demanda contaba con 61 años de edad; que laboró para el Ejército Nacional del 7 de febrero de 1977 al 30 de enero de 1979; que también trabajó para la Flota Mercante Grancolombiana S.A., del 5 de mayo de 1979 al 27 de octubre de 1981, y del 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, en ese tiempo no se efectuaron aportes a pensión. Relató que era miembro de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (Unimar), por lo tanto, beneficiario de las cláusulas convencionales y laudos arbitrales; que su último cargo fue de «PRIMER LIMPIADOR» a bordo de los buques, con un salario promedio de USD 831,25; que está afiliado a Porvenir S.A., entidad que no ha reclamado el bono pensional o cálculo actuarial por los periodos señalados, donde cuenta con 779 semanas cotizadas, sin sumar los tiempos referidos en la demanda. Agregó que los trabajadores de mar de la empresa fueron inscritos al ISS el 2 de agosto de 1990; que el 17 de diciembre de 1992 se aprobó cubrir el déficit del Fondo Nacional del Café con las utilidades retenidas a la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y, con posterioridad, mediante concepto del Consejo de Estado, se estableció que

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Radicación n.° 96271 La Nación respondería por las prestaciones insolutas de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. una vez se terminara el proceso liquidatorio; que en la sentencia CC SU-1023-2001, la Corte Constitucional ordenó que la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., suministrara los recursos para el pago de las pensiones y; que la Flota no efectuó la conmutación por los tiempos laborados al sistema de seguridad social. Narró que mediante auto del 31 de julio de 2000, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación obligatoria de la empresa, y el embargo y secuestro de todos los bienes de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; que el 28 de agosto de 2012 declaró la terminación de dicho proceso, y ordenó el cierre y extinción de la persona jurídica, decisión que quedó en firme el 22 de noviembre de esa anualidad; que dicha entidad pública dispuso que la Federación Nacional de Cafeteros era la que debía continuar a cargo del pasivo pensional, y posteriormente le ordenó a Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora de Panflota, que designara un nuevo mandatario, y fue así como continuó la persona jurídica Asesores en Derecho S.A.S. Adujo que los extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y el sindicato Unimar han instaurado acciones de tutela para que los primeros fueran incluidos en el cálculo actuarial, derecho que fue amparado.

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Radicación n.° 96271 Al contestar, las demandadas se opusieron a las pretensiones del actor. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dijo que no le constaban los hechos de la demanda, y propuso las excepciones de su indebida vinculación, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y buena fe. La Federación Nacional de Cafeteros aceptó lo concerniente a la constitución de la Flota y a cargo de quién estaban las obligaciones. A lo demás, dijo que no era cierto o no le constaba, por tratarse de hechos ajenos a ella. Formuló las excepciones perentorias de ausencia de responsabilidad subsidiaria; inexistencia de la obligación; buena fe; falta de legitimación en la causa; y prescripción. Porvenir S.A. aclaró que la afiliación del actor a esa AFP lo fue el 28 de octubre de 2003, y en cuanto a las semanas cotizadas señaló que se remitía a la relación histórica de movimientos. Sobre los demás hechos dijo que no le constaban, o que no eran ciertos. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, compensación y prescripción. Asesores en Derecho S.A.S. reconoció que la Flota no efectuó una conmutación pensional, que por más es un proceso obligatorio para empresas que no hubieran constituido patrimonios autónomos; que la Federación Nacional de Cafeteros administra el Fondo Nacional del Café;

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también admitió lo concerniente a la edad y el tiempo laborado por el actor en la Flota Mercante. Aseguró que Panflota no debe reconocer el cálculo actuarial, porque no representa a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., pues son entes autónomos. Dijo que no le constaban los demás enunciados fácticos. En su defensa entabló las excepciones de mérito que denominó: «inexistencia de la obligación pues durante casi toda la existencia de la CIFM cerrada, el I.S.S. no había asumido los riesgos I.V.M.»; imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante; ausencia del presupuesto fáctico para la procedencia del cálculo actuarial; prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación; y oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante. Se dio por no contestada la demanda por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A. mediante auto del 30 de enero de 2018 (f.° 2.197 a 2.199).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 10 de julio de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR LA EXISTENCIA de los contratos de trabajo entre el demandante EUSTORGIO FONCA CHAVES y la sociedad FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, entre el 5 de mayo de 1979 a 27 de octubre de 1981 con salario promedio de

$19.626,46 y desde el 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, con salario básico promedio de $379.555,59 en el cargo de

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Radicación n.° 96271 primer limpiador de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CESANTÍAS Y PENSIONES PORVENIR S.A. a la elaboración de los cálculos actuariales por los tiempos laborados para la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, comprendido en los periodos del 5 de mayo de 1979 a 27 de octubre de 1981 con salario de referencia de $19.626,46 y desde el 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, con salario básico promedio de $379.555,59, de conformidad al decreto 1887 de 1994, y a la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CESANTÍAS Y PENSIONES PORVENIR S.A. a computar en la historia laboral del demandante EUSTÓRGIO FONCA CHAVES el tiempo laborado para la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, comprendido en los periodos del 5 de mayo de 1979 a 27 de octubre de 1981 y desde el 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, de conformidad a la parte motiva de la providencia.

CUARTO: CONDENAR A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

CESANTÍAS Y PENSIONES PORVENIR S.A. A RECONOCER LA

PENSIÓN DE VEJEZ al señor EUSTÓRGIO FONCA CHAVES de conformidad al art 64 de la Ley 100/1993, a partir del 1 de enero de 2020, dando aplicación a la garantía de pensión mínima, en suma equivalente al salario mínimo legal y deberá una vez ingresen los dineros del cálculo actuarial de los periodos ordenados en esta sentencia numeral 3, deberá realizar la reliquidación de la pensión conforme al capital acumulado en la cuenta individual, a la modalidad de pensión que escoja el demandante y los demás factores establecidos que tienen incidencia en la ley como la edad, expectativa de vida y beneficiarios, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

QUINTO: DECLARAR que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, tiene responsabilidad subsidiaria como matriz y controlante de la sociedad COMPAÑÍA DE

INVERSIONES FLOTA MERCANTE POSTERIORMENTE COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA FLOTA MERCANTE S.A. respecto de las obligaciones pensionales de la extinta CIFM y en consecuencia se le condena a realizar el pago de los recursos necesarios para cubrir el pago del cálculo actuarial con destino a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE CESANTÍAS Y PENSIONES PORVENIR S.A. por los periodos laborados por el demandante señor FONCA a la EXTINTA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, dichos pagos deberán hacerse con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ administrada por

la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA,

dineros que deberán ser enviados al PATRIMONIO AUTÓNOMO FUENTE DE PAGOS administrado por la FIDUCIARIA LA

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Radicación n.° 96271 PREVISORA S.A., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: SE CONDENA a ASESORES EN DERECHO S.A.S. a que

EN SU CALIDAD DE MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN con cargo a PANFLOTA DE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.; debe elaborar el acto administrativo de reconocimiento de los cálculos actuariales emitido por LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a favor del DEMANDANTE ESTÓRGIO FONCA CHAVES por los tiempos laborados para la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, comprendido en los periodos del 5 de mayo de 1979 a 27 de octubre de 1981 con salario de referencia de $19.626,46 y desde el 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, con salario de referencia de $379.555,59, de conformidad con el decreto 1887 de 1994.

SÉPTIMO: SE CONDENA a LA FIDUCIARIA LA PREVISORA como administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FUENTE DE PAGOS a que una vez como administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FUENTE DE PAGOS debe entrar a realizar el pago de los cálculos actuariales establecidos por LA

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

S.A. y de conformidad al acto administrativo que debe ser proferido por ASESORES EN DERECHO S.A.S. EN SU CALIDAD DE MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN con cargo a PANFLOTA DE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.; y al no contar con los recursos suficientes deberá realizar el pago una vez le sean entregados los recursos de los cálculos actuariales ordenados en esta sentencia una vez sean recibidos por parte de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y deberá realizar el pago correspondiente a LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., de conformidad a la parte motiva de la presente providencia.

OCTAVO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN propuesta por LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, denominada de inexistencia de obligación alguna del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO por las pretensiones de la demanda y por lo tanto se absuelve de las pretensiones incoadas en su contra, por lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: DECLARA PROBADA PARCIALMENTE LA

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

PROPUESTA POR LAS DEMANDADAS FEDERACIÓN NACIONAL

DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMO ADMINISTRADORA DEL

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, de SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE CESANTÍAS Y PENSIONES PORVENIR S.A. Y de ASESORES

EN DERECHO S.A.S. EN SU CALIDAD DE MANDATARIA CON

REPRESENTACIÓN con cargo a PANFLOTA DE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.; respecto de los perjuicios morales y materiales, intereses moratorios del art 141

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Radicación n.° 96271 de la Ley 100 de 1993, indexación. Y por lo tanto se absuelve a las demandadas de estas pretensiones en su contra, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

DÉCIMO: SE CONDENA en costas a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, inclúyase como agencias en derecho la suma de $5.000.000.

Por solicitud de Asesores en Derecho S.A.S., se aclaró el numeral noveno del proveído respecto a que dicha compañía «actúa en SU CALIDAD DE MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN con cargo a PANFLOTA».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Tras las apelaciones interpuestas por el Ministerio

Público, Porvenir S.A., la Federación Nacional de Cafeteros y Fiduprevisora, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 25 de marzo de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar ABSOLVER a la AFP PORVENIR SA respecto del reconocimiento de la pensión de vejez, y en consecuencia del pago de los intereses moratorios de que trata el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, así como el de la

indexación.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales quinto, sexto y séptimo de la sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de CONDENAR en forma principal a FIDUCIARIA LA PREVISORA como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota para que previo cálculo actuarial que efectúe la AFP PORVENIR SA, pague el cálculo actuarial con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota y a ASESORES EN DERECHO SAS como mandataria de La Previsora como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA a expedir el acto administrativo correspondiente al reconocimiento de la suma liquidada por dicho concepto. De forma subsidiaria, en caso de que en el Patrimonio Autónomo no obren los dineros suficientes para el cumplimiento de la condena, a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora y con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café a efectuar el pago de la suma liquidada por concepto de cálculo actuarial que determine la AFP

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Radicación n.° 96271 PORVENIR SA con arreglo al Decreto 1887 de 1994, por los periodos comprendidos 5 de mayo de 1979 al 27 de octubre de 1981 y desde el 22 de enero de 1982 al 20 de febrero de 1990, precisando que éste cálculo actuarial habrá de descontarle 63 días de licencia no remunerada otorgada al actor, conforme la certificación obrante a folio 2266 del plenario y en este sentido se modificará el numeral segundo de la sentencia proferida en primera instancia.

TERCERO: MODIFICAR parcialmente el numeral primero del fallo de primer grado, en el sentido de CONDENAR a la AFP PORVENIR SA a realizar el cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado por el demandante, y CONDENAR a las demandadas FIDUPREVISORA y a ASESORES EN DERECHO, en calidad de mandataria con representación del patrimonio autónomo PANFLOTA o quien haga sus veces, a remitir a PORVENIR SA la información necesaria para la elaboración del cálculo actuarial, señalando mes a mes los salarios devengados por el demandante y los factores salariales que lo constituían.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás de la sentencia proferida por el 10 de julio de 2020 por el Juzgado 10° Laboral del Circuito de

Bogotá.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso de casación, inició refiriéndose a la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, explicando que la terminación del proceso liquidatorio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante marcó el momento a partir del cual se podía reclamar tal subsidiaridad, dada la calidad de sociedad matriz y subordinante de la primera, por ser administradora del Fondo Nacional del Café. En hilo con lo anterior, explicó que el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 establecía dos postulados importantes para el caso bajo estudio: de un lado, la responsabilidad solidaria de la principal sobre las obligaciones adquiridas por la empresa subordinada, y del otro, la presunción legal de que la situación concursal se ha originado en actuaciones propias del control de dicha entidad sobre su filial,

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Radicación n.° 96271 constituyéndose allí la fuente normativa de la predicha responsabilidad subsidiaria, salvo que se demuestre que se generó por causas distintas. Por tanto, -continúaera claro que la presunción contenida en la norma admitía prueba en contrario de parte de la Federación, por lo que se requería verificar si esa entidad acompañó prueba que permitiera desvirtuarla. Recordó que lo alegado por la recurrente fue que el infortunio empresarial obedeció a las decisiones asumidas por el Estado mediante la Ley 7 de 1991 y los decretos 501 de 1990 y 2327 de 1991, que dispusieron la supresión de la «reserva de carga» que la benefició hasta ese momento, consistente en tener la exclusividad para transportar el 50% de la cantidad entrante y saliente del territorio nacional. Explicó que esa situación solo fue uno de los tantos factores que afectaron a la Flota Mercante, pues incluso 13 años antes de la abolición de dicha reserva, la participación de la compañía en el comercio exterior fue disminuyendo progresivamente debido a otros factores como «la revaluación del peso frente al dólar, la reducción de las tarifas de los fletes internacionales y el auge del transporte multimodal frente a la precariedad de su flota, lo cual conllevó inclusive, a que el comercio exterior del país creciera en la misma medida que el volumen movilizado por la FLOTA MERCANTE disminuía». Por lo anterior, concluyó que no se logró desvirtuar la responsabilidad subsidiaria de la Federación en su calidad

de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.

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Radicación n.° 96271 Respecto al pago del cálculo actuarial, adujo que aunque la demandada solamente se vio obligada a realizar la afiliación de sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales a partir del 15 de agosto de 1990 (Resolución n.° 3296 de 1990), y que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la relación laboral no estaba vigente, «lo cierto es, que ello no la exoneró de la obligación de responder por los periodos en que el demandante efectivamente trabajó a su servicio, pues ello iría en detrimento del derecho a la seguridad social en pensiones del trabajador». En este punto citó la sentencia CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745. Adicionalmente, aseguró que de acuerdo con la sentencia CSJ SL646-2013, «ante realidades como la expedición del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la respuesta más acoplada al sistema de seguridad social, en casos de omisión en la afiliación, es el cubrimiento de las prestaciones por el sistema de pensiones, con el recobro de los recursos a los empleadores, a través de un cálculo actuarial». En relación al argumento expuesto, tendiente a que se condene a La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, explicó que no obra dentro del proceso prueba que acredite siquiera sumariamente que la Fiduprevisora -quien responde de manera principalo la Federación Nacional de Cafeteros -responsable subsidiaria-, no dispongan de

recursos para cumplir con la obligación a su cargo, por lo que despachó desfavorablemente esa súplica. En lo atinente a la parafiscalidad de los recursos que constituyen el capital del Fondo Nacional del Café, cuya administración ejerce la Federación Nacional de Cafeteros, acotó que bastaba con

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Radicación n.° 96271 señalar que ese tema ya fue analizado en la sentencia CC SU1023-2001. En cuanto al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, afirmó que la misma solo sería objeto de estudio por parte de la AFP Porvenir S.A. al momento en que se refleje el dinero objeto del cálculo actuarial en la cuenta de ahorro individual del actor, «toda vez que esta providencia tan solo reconoce la obligación del pago de dichos aportes». Agregó, «En gracia de discusión», que tampoco habría lugar a reconocer la garantía de la pensión mínima, como quiera que la demandante no contaba con las 1.150 semanas exigidas por el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Consecuencia de lo anterior, se relevó del estudio de los intereses moratorios y la indexación.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el demandante, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.

1. Federación Nacional de Cafeteros

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su

lugar disponga lo siguiente:

[…] absolver a mi mandante de las pretensiones, y hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la Nación - Ministerio

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Radicación n.° 96271 de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en la responsabilidad subsidiaria que se le imputa al tenor del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y con referencia al concepto del Consejo de Estado a que se alude en el hecho “2.25 y 2.26” de la demanda ordinaria con que se inició este proceso. 2.- Como alcance subsidiario, la Corte, deberá casar parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primer grado respecto a uno de los términos en que condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, o sea, el pago del cálculo actuarial a favor del demandante. En sede instancia, habrá de modificar esa condena en el sentido que esta deberá pagar, como valor correspondiente a los periodos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, una suma equivalente a los aportes, a cargo exclusivo del empleador, que debía hacer a la empleadora al demandante por los lapsos antes aludidos, con referencia a las denominadas “tablas y categorías” que regían en esa entidad de seguridad social para los empleadores en dichos periodos, que, para, el caso, era la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Grancolombiana S.A.; o en subsidio de esto, siguiendo las pautas contenidas en las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-435 de 2014, T-543 de 2015, T-194 de 2017 y en auto 15 A de

2018 de su Sala Plena. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, replicados por el demandante y Porvenir S.A. Se resuelven conjuntamente los tres últimos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 148

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Radicación n.° 96271 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con los preceptos 373, 822, 1262 y 1263 del CCo, 2142 y 2186 del CC, 2 y 6 de la CP; 259 -inciso segundoy 260 del CST; 3, 38, y 59 a 61 del Acuerdo 224 de

1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 33 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003) y 64 de la Ley 100 de 1993; 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad; 60 del CPC; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. Aduce que el colegiado pasó por alto que su condición de administradora del Fondo Nacional del Café tiene implicaciones legales que imposibilitaban proferir la sentencia impugnada, porque, de una parte, se debía determinar quién era el mandante de la federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena, mas no fulminarla al mandatario. Expresa que el Fondo Nacional del Café no es una persona jurídica, por lo que resulta necesario determinar quién es el dueño de las acciones, que no es otro que La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por ser a quien le pertenecen los dineros de los que se nutre el fondo. Refiere que lo dicho en el párrafo anterior ya fue tratado por la sentencia CC SU-1023-2001, y transcribe el punto 16 de la misma, para decir que la medida que allí se tomó es transitoria frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fondo Nacional del Café, porque correspondía al juez ordinario establecer a quién se atribuiría la

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Radicación n.° 96271 responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Frente la naturaleza de los rubros de los que se

alimenta el Fondo Nacional del Café, trae apartes de la sentencia CC C-840-2003, para concluir que (i) si no es una persona jurídica, sus recursos provienen de una contribución parafiscal, es decir, son de índole pública; (ii) la federación actúa como administrador de dicho fondo, siendo su mandante el Estado; (iii) en tal calidad adquirió la condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; y, (iv) si en virtud de la liquidación de dicha sociedad filial cabe aplicar la responsabilidad subsidiaria consagrada y regulada por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la misma debe recaer en aquel, o sea, el Estado, y no en el mandatario, pues de no ser así, se le estaría imponiendo una obligación a quien no es persona jurídica.

VII. RÉPLICAS El demandante afirma que no hay lugar a cambiar el criterio pacífico delimitado por esta Corte, habida cuenta de que desde la misma sentencia CC SU-1023-2001, se ha excluido la responsabilidad subsidiaria de la Nación. Aduce que la Federación Nacional de Cafeteros y su condición de administrador del Fondo Nacional del Café, según el contrato de administración suscrito, constan con una sola personería jurídica, y por lo tanto inescindible, por lo cual recae sobre ella la responsabilidad subsidiaria.

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Radicación n.° 96271 Porvenir S.A. manifiesta que el Tribunal, para tomar su decisión, tuvo en cuenta fundamentos jurisprudenciales como la sentencia CC SU-1023-2001 y la CSJ SL3892-2016,

donde se explicó que le corresponde a la Federación, que quedó a cargo del pasivo pensional de los trabajadores de la Flota, asumir el pago del cálculo actuarial.

VIII. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala definir si el Tribunal se equivocó (i) al concluir que la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, estaba llamada a responder subsidiariamente por las condenas impuestas a favor del demandante, o si, en su defecto, tal responsabilidad se debe predicar de La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público; y (ii) al considerar que la responsabilidad de la recurrente procedía incluso a pesar de que los recursos del Fondo Nacional del Café tienen naturaleza parafiscal.

1. Responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros En ningún dislate incurrió el juez plural al atribuirle a la recurrente la responsabilidad dispuesta en el fallo confutado, como quiera que la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-1023-2001 estableció que el amparo concedido en esa oportunidad era de carácter transitorio, pero mientras se «instauren ante las autoridades jurisdiccionales los respectivos procesos en orden a establecer la correspondiente responsabilidad frente a tales

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Radicación n.° 96271 obligaciones», que fue precisamente el debate que se adelantó en el asunto bajo análisis. Al respecto, la sentencia citada, en su parte resolutiva, ordenó: Séptimo.- Advertir a