CSJ - SL2590-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2590-2023 Radicación n.° 96997 Acta 38 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida el 19 de enero de 2022 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso que le sigue LILIA LONDOÑO DE ESCOBAR a la recurrente y a MARÍA CONSUELO CARDONA GARCÍA.

I. ANTECEDENTES Accionó la demandante contra Colpensiones para que le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, en un porcentaje del 64% en proporción al tiempo convivido, a partir del 23 de mayo de 2016, con su retroactivo debidamente indexado.

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Radicación n.° 96997 En sustento de sus pretensiones, manifestó que contrajo matrimonio con Edilberto Escobar Vallejo el 26 de diciembre de 1958; que compartieron techo, lecho y habitación durante 36 años, comportándose ante la sociedad como marido y mujer; que dependía económicamente de su cónyuge, y que tuvieron dos hijos, mayores de edad al momento de la presentación de la demanda. Dijo que el causante falleció el 23 de mayo de 2016, cuando tenía la calidad de pensionado por vejez; que

Colpensiones le otorgó la sustitución pensional a María Consuelo García mediante Resolución n.° GNR 229548 del 4 de agosto de 2016; que el 4 de agosto de 2017 solicitó a la pasiva la pensión de sobrevivientes en condición de cónyuge supérstite, pero le fue negada con el argumento de que ya había sido otorgado el derecho, y que su reclamo fue tardío. Arguyó que la pasiva omitió realizar una rigurosa investigación administrativa antes de otorgar el derecho pensional, con lo cual desconoció su calidad de cónyuge, la dejó en estado de indefensión y violó su derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social. Ambos demandados se resistieron a las pretensiones. Respecto a los hechos, el accionado dijo que no le constaba lo relativo a la dependencia económica y a los hijos; negó que hubiere sido omisiva en la investigación administrativa y, aceptó todo lo demás. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

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Radicación n.° 96997 María Consuelo Cardona García, a su vez, aceptó la fecha de defunción del causante, su calidad de pensionado y la existencia de los dos hijos con la demandante. Negó lo relativo a la convivencia, pues si bien aquella contrajo matrimonio con el pensionado, a partir de 1985 este inició una convivencia simultánea con ambas, y luego de 1994

convivió solamente con ella como compañera, hasta el momento de su muerte, compartiendo mesa, lecho y techo con el ánimo de conformar una familia. Arguyó que mediante escritura pública 5663 del 29 de noviembre de 1996, expedida por la Notaría Primera del Círculo de Pereira, la accionante y el causante liquidaron la sociedad conyugal. Aseguró que no le constaban lo demás. Propuso como medios exceptivos los de inexistencia del derecho y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo pronunciado el 3 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la señora LILIA LONDOÑO DE ESCOBAR tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en un 63.5 % causada por el fallecimiento de su cónyuge el señor EDILBERTO ESCOBAR VALLEJO a partir de la fecha de su defunción ocurrida el 23 de mayo de 2016 aclarando que dicho porcentaje se tomara (sic) del 100% reconocido a la señora MARÍA CONSUELO CARDONA GARCÍA, compañera permanente del señor EDILBERTO ESCOBAR VALLEJO, reduciéndose, por ende, el porcentaje pensional de esta que se le había asignado por medio de la Resolución GNR 229548 del 04 de agosto de 2016, obligándose Colpensiones a modificar dicho acto administrativo en ese sentido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación n.° 96997

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora LILIA LONDOÑO

DE ESCOBAR la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($76.756.749) por concepto de retroactivo pensional causado entre el 04 de junio de 2017 al 30 de julio de la presente anualidad, la cual será indexada al momento de su pago.

TERCERO: CONDENAR a Colpensiones a pagar la indexación de la anterior condena hasta su pago efectivo.

CUARTO: AUTORIZAR a Colpensiones a descontar el correspondiente al sistema de salud.

QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.

SEXTO: Costas a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante en un 100% de las causadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de los demandados, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo del 19 de enero de 2022, confirmó el del a quo, actualizando el retroactivo a esa calenda.

Invocó el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y las sentencias CSJ SL 3251 de 2021, SL1869-2020, SL2232-2019, SL5141-2019, SL1399-2018, SL6519-2017, SL16419-2017 y SL7299-2015, en las que

esta Corporación sostuvo que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente tiene derecho a la prestación de sobrevivientes siempre que haya convivido con el causante al menos cinco años en cualquier tiempo, independientemente de si se separaron de hecho o de si hubo disolución o liquidación de la sociedad conyugal.

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Radicación n.° 96997 Seguidamente, estableció como hechos pacíficos los siguientes: (i) la calidad de pensionado por vejez y la fecha de muerte del de cujus, (ii) la calidad de beneficiaria de la prestación de sobrevivientes de la compañera permanente María Consuelo Cardona García y, (iii) el estatus de beneficiaria sustituta de esta última. Enseguida, revisó el registro civil de matrimonio de la demandante y causante, a partir del cual dedujo que el vínculo se mantuvo vigente hasta la fecha del deceso del pensionado, en consideración a que no había notas marginales que informaran que entre la pareja se presentara la cesación de sus efectos civiles. Examinó la escritura pública 5663 del 29 de noviembre de 1996, y verificó que los mentados contrayentes disolvieron de mutuo acuerdo la sociedad conyugal, en los términos allí establecidos. Conforme a lo anterior, y al precedente de la Corte, consideró que, a pesar de que el causante y la demandante liquidaron la sociedad conyugal, estos conservaron la calidad cónyuges hasta la muerte de aquel, pues jamás disolvieron el vínculo matrimonial mediante el trámite de cesación de

efectos civiles del matrimonio católico, por lo que a la actora le bastaba acreditar una convivencia efectiva con el causante durante al menos cinco años en cualquier tiempo, para ser beneficiaria de la prestación económica que reclama. Así, para corroborar esta convivencia efectiva, acudió al interrogatorio de parte de la demandante y a los testimonios rendidos por Mary Sandra Cortés Mejía, Ana Inés Toro Cardona, Marcelino Márquez González, Héctor Javier

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Radicación n.° 96997 Céspedes Cardona, María Cristina Rojas y Alba Cecilia Ospina Murillo, de donde dedujo, luego de su análisis, que la demandante se separó de hecho del causante el 17 de noviembre de 1993, y que por ende, la convivencia se habría extendido durante un periodo cercano a 35 años, desde el 26 de diciembre de 1958 hasta el 17 de noviembre de 1993. Explicó que de dichos testimonios se pudo establecer que el causante inició una nueva relación de convivencia con la señora María Consuelo Cardona, con quien permaneció aproximadamente 20 años antes del deceso. Concluyó entonces que, tanto la cónyuge como la compañera permanente, lograron acreditar el tiempo efectivo de convivencia, la primera con 34 años, 10 meses y 22 días, y la segunda con 20 años y 18 días, por lo que compartía los porcentajes de 63,5% y 36,5%, respectivamente, otorgados por el a quo. Mantuvo también el monto de la prestación por el cual fue reconocida por parte de Colpensiones en la Resolución GNR 229548 del 4 de agosto de 2016, debido a

que ello no fue objeto de debate.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case el fallo del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el del a quo, y en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 96997 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados oportunamente por María Consuelo Cardona García, que se resuelven conjuntamente.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, denuncia la aplicación indebida del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los preceptos 21, 74 ibidem, y 4 de la Constitución Política.

Para sustentar el cargo, aduce que lo que dispone la ley malinterpretada, es que serán beneficiarios de la prestación de sobrevivientes por la muerte de un pensionado, los cónyuges y compañeros permanentes que acreditaren cinco años de convivencia anteriores al deceso, conforme lo expuso esta Corte en sentencia CSJ SL5270-2021. Expresa que el inciso final del literal b) de la norma en cita reguló la situación del cónyuge separado de hecho, con sociedad conyugal vigente, resultando ello constitucionalmente válido, por cuanto aún subsiste un vínculo económico que amerite su condición de beneficiario dependiente del causante, citando la sentencia CC C-3362014, no existiendo en consecuencia el supuesto relativo a la cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal liquidada, como lo interpretó el ad quem. Arguye que, siendo un hecho pacífico que la demandante se separó del causante «desde 1996» y que no mantuvo ningún vínculo con él hasta su muerte, no resultaba aplicable el literal b) del artículo 13 de la Ley 797

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Radicación n.° 96997 de 2003 ni cualquier otro de los acápites de dicha disposición. Sostuvo que, si bien no desconoce el criterio de esta Corte «en contravía a lo advertido en sentencia de Constitucionalidad», la aplicación de aquel solo es posible siempre que se acredite la permanencia de lazos afectivos y ayuda mutua en los años previos al deceso o con posterioridad a la separación de hecho, para lo cual citan los proveídos CSJ SL14498-2017, SL15992-2017 y SL560-2018. Así, advierte que, aun pasando por alto el alcance de la norma de conformidad con su análisis de constitucionalidad y escogiendo la postura de esta Sala, no era dable acceder a la aplicación de dicha disposición, puesto que quedó por fuera de toda discusión que la demandante no mantuvo lazos afectivos, de unión y apoyo con el de cujus en los años previos al deceso o con posterioridad a la separación de hecho.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa por el sendero jurídico la interpretación errónea del inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo que condujo a la aplicación indebida del precepto

21 de la Ley 100 de 1993. Para sustentarlo, esgrime iguales argumentos a los vertidos en el cargo anterior, y agrega que, aunque no pretende cuestionar la relevancia e importancia de la jurisprudencia de esta Corte, recuerda que cuando se trata de una sentencia de constitucionalidad, los efectos de esta son de obligatorio cumplimiento, y es fuente de derecho para

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Radicación n.° 96997 las autoridades y particulares, cuando establece interpretaciones vinculantes de los preceptos.

VIII. RÉPLICA La opositora reprocha que, siendo los cargos de puro derecho, se controvierta que la demandante no mantuvo lazos afectivos en los años previos al deceso del causante o posterior a su separación, dado que la senda escogida supone plena conformidad con los aspectos fácticos. Esgrime que el Tribunal no pudo incurrir en el error alegado, por cuanto no hizo cosa distinta que replicar la jurisprudencia de esta Corte frente al tema debatido y conforme al problema jurídico planteado.

IX. CONSIDERACIONES Dado que el cargo se formuló por la senda del puro derecho, se observa que en las instancias quedaron definidos los siguientes aspectos fácticos: (i) que Edilberto Escobar Vallejo y Lilia Londoño de Escobar contrajeron matrimonio el 26 de diciembre de 1958 y se separaron de hecho el 17 de noviembre de 1993; (ii) que mediante escritura pública n.° 5663 del 29 de noviembre de 1996 se autorizó la liquidación y disolución de la sociedad conyugal; (iii) que el causante

falleció el 23 de mayo de 2016, fecha para la cual no convivía con su cónyuge y; (iv) que la demandante convivió con el cónyuge un total de 34 años, 10 meses y 22 días al momento de la separación de hecho. Así, le corresponde a la Corte en el presente asunto determinar si el Tribunal incurrió en la denunciada violación

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Radicación n.° 96997 de la ley, al considerar que la cónyuge supérstite del causante, no divorciada, no tenía derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, debido a que la sociedad conyugal fue disuelta y liquidada. Desde ya advierte la Sala que la razón está del lado del colegiado, puesto que su decisión se acompasa plenamente con la jurisprudencia de esta Corporación en torno a la interpretación del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según la cual, la vigencia de la sociedad conyugal no resulta necesaria para que el cónyuge separado de hecho tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la unión matrimonial acompañada de la real y efectiva convivencia en los último 5 años. La norma citada reza: ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] b) […] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años,

antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; […]. Al respecto, en la sentencia CSJ SL1180-2022, la Sala explicó: Pues bien, la Corte en diferentes oportunidades ha señalado que

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Radicación n.° 96997 si bien la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial, como equivocadamente lo entiende la recurrente, pues aquel continúa vigente hasta tanto se declare su nulidad o se presente una de las causas de disolución previstas en el artículo 152 del Código Civil, norma que establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado, mientras que el religioso por el decreto de la cesación de sus efectos civiles y, además, por los cánones y normas correspondientes al ordenamiento religioso (CSJ SL3251-2021). Bajo este contexto, es evidente que la disposición con la que se

resuelve el presente caso es la contenida en el inciso 3º del literal b) de la Ley 797 de 2003, como acertadamente lo hizo el Tribunal, y de cuya interpretación no se advierte ningún yerro, en tanto se acompasa con el criterio fijado por esta Corporación en el sentido de que la cónyuge separada de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, aun hallándose disuelta la sociedad conyugal, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante en cualquier tiempo, en vigencia del vínculo matrimonial. Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1399-2018, última en la que señaló: En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. En específico, en esa oportunidad señaló: (…) El anterior criterio se reivindicó en las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL6519-2017, entre otras. Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo

matrimonial vigente, puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge

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Radicación n.° 96997 separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente. Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición

del derecho. Fluye de lo plasmado en precedencia que el Tribunal no incurrió en la transgresión normativa que se le endilga, pues a pesar de que la sociedad conyugal que existió entre la actora y el causante fue disuelta y liquidada, lo cierto es que la unión conyugal persistió hasta la muerte de esta, en la medida en que no medió divorcio que así lo dispusiera. No escapa a la Sala que, mediante sentencia CC C-5152019, citada por la censura, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y simple de la expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente», contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante, es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simultánea. Con todo, ha insistido esta Sala y ahora se reitera en esta providencia, que tal criterio ubica a la pensión de sobrevivientes, sin más, dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. En cambio, la actual tesis de esta Corporación entiende que el fundamento de la prestación por muerte, en estos casos, es la vigencia de la unión conyugal,

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Radicación n.° 96997 precisamente porque la pensión se sitúa dentro de los efectos personales del vínculo matrimonial. Ello viene corroborado con el hecho que lo que da lugar a la prestación es la comunidad de vida, forjada en el crisol

del amor responsable, «la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (…)», tal como se dijo en las sentencias CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, SL7299-2015 y SL1399-2018. Se ha advertido que el matrimonio genera unos derechos y obligaciones que no se extinguen con la separación de hecho ni con la disolución de la sociedad conyugal, sino solo con su nulidad, el divorcio, o la muerte de uno de los consortes. Por ejemplo, el deber de socorro y ayuda mutua «en todas las circunstancias de la vida» no desaparece cuando los cónyuges se separan de hecho, como tampoco cuando liquidan la sociedad conyugal, por manera que el matrimonio sigue produciendo efectos personales, independientemente de las decisiones de los cónyuges acerca de la sociedad patrimonial que se genera con su unión. Tampoco le asiste razón en su reclamo referido a la interpretación que del requisito de convivencia hizo el ad quem, pues esta Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, explicando que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con

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vínculo matrimonial vigente, que demuestre el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en cualquier tiempo, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma. Así se dijo en sentencia CSJ SL51692019: Claro lo anterior, la Sala debe determinar, según lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, si para acceder a una pensión de sobrevivientes, quien alega la calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separación de hecho, debe demostrar, además de la convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, que los lazos afectivos permanecieron inalterables hasta el momento de deceso del causante. Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 establece: […] Pues bien, de la normativa trascrita se colige que, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Nótese que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

Por lo demás, ese es el alcance que al precepto en comento le ha dado esta Corporación, pues su jurisprudencia de manera reiterada ha adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado o afiliado en un periodo de 5 años», puede ser acreditado en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL65192017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL50462018, , CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL40472019). Justamente, esa es la teleología y alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se reitera, no dejar desamparado(a) al(la) cónyuge supérstite separado(a) de hecho que mantiene el vínculo marital vigente, quien en su momento aportó a la construcción del

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Radicación n.° 96997 derecho pensional del causante; pero, además, su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos. En efecto, no es ajeno al conocimiento colectivo que la decisión

de separarse de hecho del cónyuge comúnmente proviene de problemas estructurales que aquejan la relación de pareja, que, debido al impacto emocional que aquellos generan en los consortes, terminan por convertirse en causas de distanciamiento. Cada una de esas situaciones, por supuesto, no pueden ser previstas por el legislador; y es precisamente, en ese contexto, en el que el juez entra a jugar su rol de intérprete de la norma a efectos de zanjar la necesidad de que el ordenamiento jurídico cubra esos escenarios. Así lo reconoció, por ejemplo, esta Corporación en un reciente pronunciamiento en el que explicó que la convivencia no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de la pareja y, en dicho caso, otorgó la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite del causante pese a no convivir con él, ni mantener lazos de afecto, pues determinó que la renuncia a la cohabitación estaba justificada por los malos tratos a que era sometida y obedecía al ejercicio legítimo de protección de sus derechos a la vida e integridad personal (CSJ SL2010-2019). Por ello, es totalmente desafortunado entender que el derecho no ampare a la cónyuge separada de hecho que concluyó su relación de convivencia de tal forma, que no tiene en su perspectiva continuar manteniendo lazos de afecto con su esposo. De hecho, aun cuando el artículo 176 del Código Civil establece obligaciones a los cónyuges, entre aquellas no están las de mantener los «lazos afectivos», la «comunicación solidaria» y los

«lazos familiares» hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos. Precisamente, la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma. Así las cosas, a juicio de la Sala, el Tribunal restringió la norma analizada al concluir que la demandante no acreditó que para el momento de la muerte del causante existía algún tipo de «vínculo

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Radicación n.° 96997 afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes», luego de la separación de hecho, en razón a que tal requisito no lo contempla la disposición en referencia. Por tanto, el ad quem incurrió en el error que se le endilga, pues el correcto alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 corresponde a que el consorte con vínculo conyugal vigente, aun separado de

hecho, puede reclamar válidamente una pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido por lo menos 5 años en cualquier época con el causante afiliado o pensionado, tal como lo ha reiterado esta Sala en múltiples fallos, entre otras, en las sentencias CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015,

CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ

SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ

SL4047-2019. En consecuencia, al no haber incurrido el juez colegiado en los errores jurídicos endilgados, no hay lugar a casar la decisión impugnada. Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente y a favor de la opositora. Fíjese como agencias en derecho la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022) por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso que LILIA LONDOÑO DE ESCOBAR le sigue a

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

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Radicación n.° 96997

(COLPENSIONES) y a MARÍA CONSUELO CARDONA

GARCÍA.

Costas como se dijo en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Salva voto

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

SL2590-2023 Radicación n.° 96997 Acta 38 Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala al resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 19 de enero de 2022, en el proceso que promovió LILIA LONDOÑO DE ESCOBAR contra MARIA CONSUELO CARDONA GARCÍA y la recurrente. Lo anterior, partiendo previament