CSJ - SL2606-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2606-2023 Radicación n.° 95952 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CÉSAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a la

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S. A. ESP – EMAB

S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES César Augusto Fontecha Rincón demandó a la Empresa de Aseo de Bucaramanga S. A. ESP -EMAB S. A. ESP, para que declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 5 de marzo de 2008 al 19 de febrero de 2018, fecha en la que fue despido sin justa causa, sin garantías del debido proceso.

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Radicación n.° 95952 Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba al momento de su retiro u otro de igual jerarquía, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y beneficios convencionales dejados de percibir, más los intereses moratorios, el resarcimiento de perjuicios materiales y morales, la indexación, lo que se probare y las costas. Reclamó que, en subsidio, se le pagara la indemnización

por despido injustificado, los perjuicios materiales y morales, la sanción moratoria, la indexación y las costas. Narró que el 5 de marzo de 2008, ingresó a laborar a EMAB S. A. ESP mediante contrato de trabajo a término indefinido; que el 19 de febrero de 2018 el presidente de la junta directiva dio por terminado su vínculo contractual, aduciendo justa causa; que los motivos en los que soportó esa decisión consistieron en la denuncia interpuesta por el señor Francisco Jurado Carvajal, en la que manifestó que él le estaba solicitando sumas de dinero para permitir la contratación de unos vehículos recolectores; que no se adelantó «investigación disciplinaria» en su contra, que permitiera determinar la veracidad de esa queja. Contó que el 23 de febrero de 2018 el alcalde de Bucaramanga firmó la carta de retiro, manifestando: que

«ANTE ESTA SITUACIÓN HAY QUE ACTUAR

INMEDIATAMENTE, SI ME QUEDO ESPERANDO EL DEBIDO

PROCESO O LA LEY DE GARANTÍAS, SE ACABA MI PERIODO

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Radicación n.° 95952

Y ELLOS CONTINÚAN HACIENDO DE LAS SUYAS EN LA EMAB Y ESO NO LO VOY A PERMITIR» (mayúsculas del texto original).

Adujo que «el 13 de febrero [anterior], el señor [Francisco Jurado Carvajal] interp[uso] bajo la gravedad de juramento una denuncia ante el gerente de la empresa […]»; que dicho documento le fue puesto en conocimiento «al momento de

entregarle la carta de despido»; que el 7 de junio de 2018 presentó reclamación administrativa, la cual se respondió en forma negativa el 15 de junio siguiente. Indicó que, para la fecha de cesación de su vínculo contractual, más de la tercera parte de los trabajadores de la EMAB S. A. ESP estaban afiliados al Sindicato Nacional de Empleados Oficiales, Trabajadores Privados y Contratistas de los Servicios Públicos – Sintraservipúblicos; que su retiro se informó a través de medios de comunicación, lo que ocasionó daños en su imagen personal y profesional (f.° 118 a 135, cuaderno n.° 1). La accionada se opuso a las pretensiones. Aceptó la relación laboral que sostuvo con el accionante, la presentación de la reclamación administrativa y su respuesta. Negó que el despido haya estado precedido de un acto irregular, pues la finalización del contrato fue con justa causa, sustentada en el informe presentado por el señor Francisco Jurado Carvajal, quien dio a conocer conductas

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Radicación n.° 95952 irregulares, ilegales y desleales del trabajador en la contratación de los servicios de transporte de residuos sólidos, que se traducían en una «clara y evidente violación a las obligaciones del trabajador contenidas en los artículos 56 y 58 del CST» y, en un motivo legal de extinción del contrato de trabajo, conforme al numeral 5° del artículo 62, ibídem. Afirmó que no era cierto que el personal sindicalizado correspondiera a una tercera parte del que integraba la

empresa; que los demás hechos no le constaban. Formuló como excepciones de fondo las de: cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la demandada, prescripción, buena fe y compensación (f.° 146 a 160, cuaderno Primera Instancia Tomo1, archivo «2022014015394», expediente digital de la Corte).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 4 de octubre de 2019, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre CÉSAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, en calidad de trabajador, y la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S. A. ESP - EMAB S. A. ESP, en calidad de empleador, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 5 de marzo de 2008 hasta el 19 de febrero de 2018.

SEGUNDO: CONDENAR al demandado EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S. A. ESP - EMAB S. A. ESP, a pagar a favor de

CÉSAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, la suma de TREINTA Y

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ($32.164.265), por concepto de indemnización por despido sin justa causa,

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Radicación n.° 95952 suma esta que deberá ser indexada conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

TERCERO: ABSOLVER al demandado EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA S. A. ESP - EMAB S. A. ESP, de las demás pretensiones de la demanda que fuese incoada en su contra por CÉSAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

CUARTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia (f.º 108 a 109, cuaderno Primera Instancia Tomo2, archivo «2022013922053», ibidem)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de junio de 2022, al decidir la apelación de ambas partes, resolvió: PRIMERO: REVOCAR los ordinales SEGUNDO Y CUARTO de la sentencia de fecha 4 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario adelantado por el señor CÉSAR AUGUSTO FONTECHA

RINCÓN, contra la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.

ESP. En su lugar DECLARAR probadas las excepciones de mérito rotuladas «COBRO DE LO NO DEBIDO» e «INEXISTENCIA DE

LAS OBLIGACIONES QUE SE PRETENDEN DEDUCIR EN

JUICIO A CARGO DE LA DEMANDADA».

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante […] Dijo que determinaría si el alcalde de Bucaramanga se encontraba facultado para dar por terminado el contrato de trabajo del reclamante; desconoció su derecho al debido proceso, al no «agotar […] un procedimiento para ejercer el derecho de contradicción» y, en consecuencia, si procedía el

reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y perjuicios morales, reclamados.

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Radicación n.° 95952 Así mismo, establecería si existió error en la primera decisión, al calificar de injusto el despido, tras haberse omitido informar al empleado los motivos que originaron esa decisión, con anterioridad a su ocurrencia. Advirtió que, por las razones que expondría más adelante, su tesis sería: i) que el alcalde municipal estaba facultado para dar a conocer la decisión de finalizar el nexo laboral, el cual no requería de un procedimiento previo; ii) que, contrario a lo concluido en primera instancia, en el asunto no le era exigible al empleador comunicar al trabajador previamente al despido, las causas que sustentan su decisión, pues resultaba suficiente hacerlo en ese acto; que «como quiera que se encontra[ba] suficientemente demostrada la configuración de la justa causa […]» invocada, no había lugar a ningún resarcimiento económico. Explicó que estaban probados los siguientes hechos: i) que entre el demandante y la Empresa de Aseo de Bucaramanga S. A. ESP, se celebró un contrato de trabajo a término indefinido del 5 de marzo de 2008 al 19 de febrero de 2018; ii) que ese vínculo laboral terminó por decisión unilateral de la empleadora, aduciendo justa causa, que fue comunicada a través del presidente de la junta directiva de esa persona jurídica; iii) que para esa fecha el trabajador desempeñaba el cargo de director jurídico, devengando como salario mensual $4.614.427.

Adujo que la EMAB S. A. ESP era una sociedad de economía mixta del nivel municipal, constituida como

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Radicación n.° 95952 anónima, dedicada a la prestación de servicios públicos domiciliarios y regulada por la Ley 142 de 1994, por lo que su régimen laboral estaba integrado por el CST, conforme al artículo 41 ibídem y las sentencias CSJ SL9303-2015, CSJ

SL5700-2018, CSJ SL3474-2019.

Manifestó que, según lo expuesto en el fallo CSJ SL8825-2017, correspondía al trabajador probar el despido y al empleador la justa causa; que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 62 del CST, al primero se le debía comunicar al momento de finalizarse su contrato de trabajo, los motivos que dieron lugar a esa decisión, sin que pudiese atribuírsele posteriormente una conducta diferente; que, sin embargo, no era necesario especificar la causal en la que se subsumía tal supuesto, pues ello correspondía al juez. Aseveró que, conforme al documento de folio 26 del expediente, el presidente de la junta directiva de la sociedad empleadora fue quien comunicó al subordinado el finiquito contractual; que, conforme al artículo 32 del CST, en relación con las sentencias CSJ SL1826-2019 y CSJ SL1042-2022, tenía habilitación para ello, en razón a que integraba el cuerpo de dirección y administración de la sociedad y podía ejercer la representación de esta ante su personal, pese a no tener la calidad de «representante legal». Señaló que, según la sentencia CSJ SL496-2021, que

reitera la CSJ SL2351-2020, la terminación unilateral del contrato de trabajo no tiene naturaleza disciplinaria ni sancionadora, «sino que dev[enía] del principio non adimpleti

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Radicación n.° 95952 contractus», por lo que no era necesario realizar el trámite de descargos, excepto si estuviere estipulado contractualmente o en alguna otra fuente del derecho, lo cual no se probó en el asunto, toda vez que no se aportó convenio, pacto colectivo, laudo arbitral o reglamento interno de trabajo o contrato que así lo dispusiera. Precisó que, aunque se allegó el acuerdo colectivo suscrito entre la demandada y Sintraservipúblicos, no contaba con nota de depósito ni se acreditó la vinculación del accionante a esa organización sindical, como tampoco la extensión de ese convenio colectivo; que, con todo, el artículo 4°, ibídem, solo previó un procedimiento previo para ciertos trabajadores, entre los cuales no se encontraba el reclamante. Manifestó que no era aplicable la regla de la providencia CC C-593-2014, que decidió respecto del artículo 115 del CST, ya que la cesación del vínculo no devino del adelantamiento de un trámite disciplinario ni fue consecuencia de una sanción de esta estirpe, naturaleza que, en todo caso, no tenía el despido. Apuntó que, por tanto, no era exigible un procedimiento previo para que el despido fuera legal, sin que ello significara el desconocimiento del derecho de contradicción del trabajador, pues este se garantizaba a través del «trámite

judicial que […] se ritua[ba]»; que no se pronunciaría en punto a la ineficacia de esa medida patronal por no respetarse la ley de garantías, toda vez que no fue objeto de apelación.

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Radicación n.° 95952 Razonó, respecto a la decisión del primer juez de «restar justeza al despido» por la ausencia de comunicación previa al empleado sobre los motivos que daría lugar al mismo, que el artículo 62 del CST establecía el momento en que debía exigirse ese acto; que la Corte en las decisiones CSJ SL15112020, CSJ SL2351-2020, precisó que la licitud de ese modo de finalización del contrato de trabajo, estaba circunscrita a las siguientes garantías: i) la comunicación de los motivos y razones concretas del despido; ii) la inmediatez; iii) la existencia de causal expresa y taxativa en la ley; iv) el respeto del procedimiento que haya sido contractualmente pactado, si ello ocurriera. Puntualizó que en la última decisión también se indicó que cuando las causales invocadas fueran las de los numerales 3°, 9 a 15 del literal a) del artículo 62 del CST, era menester oír al trabajador, previo a adoptar esa decisión; que, sin embargo, «[…] frente a las demás […] la línea jurisprudencial refiere que esa garantía deb[ía] exigirse atendiendo las circunstancias fácticas en que se origina el motivo que da lugar a la finalización del vínculo», por lo que esa exigencia depende «de la causal invocada y del contexto

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Radicación n.° 95952 en que se gesta la misma», circunstancia que no lo hacía imperativo para el presente caso, puesto que […] la evidencia de los reprochables hechos a él atribuidos facultaban a la demandada para, de inmediato, darle a conocer la decisión de terminar el contrato, máxime que antes de tomar esa decisión buscó verificar lo acontecido, escuchando a Francisco Jurado Carvajal quien en reunión celebrada el 19 de febrero de 2018, en las instalaciones de la alcaldía municipal corroboró haber sido coaccionado por el demandante para, en su condición de contratista, entregarle dinero a efectos de permitirle contratar con la EMAB S. A. ESP la recolección de las basuras de la ciudad. Adujo que el señor Jurado Carvajal, a través de Memorial calendado el 13 de febrero de 2018, dio a conocer los hechos al gerente de la sociedad accionada, en la que informó: Las causales por las cuales denuncio y que presumiblemente fueron causa para la no renovación del contrato son las siguientes: a) Desde el inicio de mi relación contractual con la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA, los señores ABELARDO DURÁN LEIVA quien ocupa el cargo de subgerente técnico operativo y CÉSAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, quien desempeña el cargo de director jurídico EMAB S.A. E.S.P., me constriñeron a pagar la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000), por cada vehículo, o sea mensualmente esto es la

suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000),

dinero que debía ser entregado en efectivo en el lugar que ellos designaran, en la oficina o en su lugar de residencia. b) A finales de 2017 debido a problemas de carácter familiar que afectaron mi economía no pude seguir realizando los pagos sobré las exigencias económicas de los referidos señores DURÁN LEIVA y FONTECHA RINCÓN, a los cuales según ellos les adeudaba la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000), esta mora fue el detonante para que se me manipulara la contratación en el mes febrero a marzo de 2018, como efectivamente sucedió. c) Debido a esta situación he quedado sin el ingreso que recibía de la empresa y que me servía para mi subsistencia, lo cual me

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Radicación n.° 95952 ha llevado a una depresión y angustia, generando un descalabro en mi economía, ya que tengo obligaciones que cumplir. Por tanto, el citado funcionario de EMAB S. A. ESP le informó lo ocurrido al alcalde, quien era el presidente de la junta directiva, procediendo a convocar al denunciante a una reunión para que explicara lo sucedido; que dicho acto se realizó el 19 de febrero de 2018 en presencia del citado servidor público, el representante legal y abogados de la empresa y los de la alcaldía; que aquel reafirmó los hechos de la denuncia, por lo que se decidió el retiro del trabajador, que le fue informado a través de Carta del 19 de febrero de 2018, en la que se invocó como justa causa la de «exigir

dinero al transportador contratista, señor Francisco Jurado Carvajal, por permitirle prestar sus servicios […]». Argumentó que, por lo dicho, la empleadora contaba con elementos suficientes para terminar el contrato laboral, que «por su gravedad y trascendencia, la facultaban para adoptar esa decisión, sin que le fuera exigible comunicarlo al trabajador antes de resolver apartarlo del ejercicio de su cargo de director jurídico […]»; que, además, «no actuó de manera intempestiva, pues estimó necesario corroborar la cuestionable conducta [del trabajador], de quien, por su cargo, no se esperaba que actuara con tal grado de deslealtad». Enfatizó en que no se pronunciaría frente a la suficiente acreditación de los hechos delictivos atribuidos al trabajador, toda vez que el primer juez los tuvo por ciertos, sin que se presentara apelación al respecto, dado que se limitó a la

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Radicación n.° 95952 exigencia de que se le dieran a conocer antes del despido, lo cual no era imperativo en el asunto. Especificó que, según la sentencia CSJ SL511-2020, que reiteró las CSJ SL 17 may. 2001, rad. 15744 y SLCSJ SL107-2017, los supuestos fácticos que condujeron al despido se subsumen en el numeral 5° del literal a) del artículo 62 del CST, calificación que compete realizar al juez laboral, por ser quien debe establecer los hechos que sirvieron de base y justificación para la extinción del contrato de trabajo o, lo que es lo mismo, «determinar si el trabajador ha trasgredido el contrato por uno de esos actos [calificados

de inmorales o delictivos]», sin que esté obligado a esperar la resolución del proceso penal ni supeditar su decisión a la existencia o no de un juicio de esa naturaleza. Explicó que, como lo reconoció el primer juez, sin discusión en el recurso de alzada, los hechos motivos del despido del accionante se demostraron con la documental de folios 176 y 177, ibidem, cuyo contenido fue ratificado por el señor Francisco Carvajal en la reunión referida y en declaración dentro del proceso, en la que explicó las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los relativos a la exigencia de dinero para la contratación de sus servicios; que esto, a su vez, fue dado a conocer por la testigo Susy Katerin Vargas Rodríguez. Concluyó que, al haberse configurado la causal justa del despido, revocaría en ese punto la primera decisión, declarando probadas las excepciones de cobro de lo no

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Radicación n.° 95952 debido, inexistencia de las obligaciones demandadas que se pretende deducir en el juicio a cargo de la demandada. (f.° 68 a 91, cuaderno Segunda Instancia Apelación Sentencia, archivo «S2022122955731»).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, se deje sin efecto la terminación del contrato de trabajo

y se ordene su reintegro junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de la desvinculación. En subsidio, pide que se case el fallo recurrido y, en sede de instancia, se confirme el primero. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados conjuntamente por la accionada y se decidirán en igual forma, pues, a pesar de que se dirigen por sendas diferentes, comparten algunas normas en la proposición jurídica y se soportan sobre similares argumentos.

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VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal vulneró por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 del CST, «en relación con» el 55, 104, 107, 108, 115 del CST; 13, 29, 93 y 94 de la CP; 30 del CC; 7° del Convenio 158 y «la Recomendación 166 de la OIT»; 32 del CST y 198, 199, 434, 435, 436, 437 y 438 del Cco.

Sostiene que el colegiado incurrió en la afrenta normativa que increpa, «al establecer que el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo, no es aplicable a la justa causa […] [d]el artículo 62 [ibidem]», por cuanto el despido no es una sanción; que desconoció que el suyo fue ilegal, en razón a que no se le permitió conocer los cargos imputados ni fue

oído en descargos, conforme se dispuso en la sentencia CC C593-2014. Aduce que, […] evidencia en el acervo probatorio, [que] la empresa demandada recibió una queja de un supuesto contratista y adelantó una investigación, en la que se citó al quejoso a ampliar su queja, pero en ningún momento se recopiló la información del trabajador, […] [lo que] era necesario para determinar si verdaderamente el contratista quejoso tenía pruebas de la supuesta comisión del hecho delictivo, o […] incluso tenía […] [esa calidad], es decir, si tenía vehículos con la empresa o si había tenido vehículos con la empresa y las razones del retiro de estos; [que] en el presente caso, aunque no existe en el reglamento interno de trabajo un procedimiento a seguir en el evento de una queja de un externo hacia un funcionario, sí se realizó un procedimiento disciplinario, pero omitieron vincular al trabajador demandante; por lo tanto, se le violentó el derecho constitucional a la defensa (negrilla de la Corte).

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Radicación n.° 95952 Indica que la facultad del empleador de terminar el contrato de trabajo, sin un trámite disciplinario, «está desechada en el presente caso, porque la […] empresa [lo] adelantó […], esto es, inició un “proceso disciplinario” en el cual le negó la participación […] para que ejerciera su derecho a la defensa» (subrayado de la Corte). Expresa que el juez de apelación dio por cierto los hechos que se le endilgaron «[sin] tener la más mínima prueba», calificándolos de reprochables; que no aplicó la

providencia CC C-593-2014 ni el Concepto n.° 168688 del 8 de septiembre de 2015 del Ministerio de Trabajo, según los cuales, antes del despido debe oírse al empleado inculpado respecto de la falta que pueda constituir causal de extinción de su contrato de trabajo, como una garantía del derecho de defensa, incorporado en los artículos 29 de la CP, 7º del Convenio 158 de la OIT y a la Recomendación 166, en relación con los artículos 13, 29, 93 y 94 de la CP, porque […] la sentencia de la Corte Constitucional C-593 del 2014, es aplicable cuando el empleador tramite un proceso disciplinario y en autos está demostrado que la empresa EMAB S.A. ESP, adelantó una investigación o proceso disciplinario, el cual desencadenó en el despido injustificado del trabajador (subrayado de la Corte). Asegura que la providencia impugnada no podía soportarse en la jurisprudencia laboral, pues «el presente caso es una situación particular», en la que:

I. Existen pruebas que la empresa EMAB S. A. ESP, adelantó una investigación disciplinaria.

II. No existen pruebas de que se haya escuchado al demandante.

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III. No existen pruebas diferentes a la versión del contratista de la supuesta ocurrencia de los hechos.

IV. La versión del contratista se adelantó en un lugar diferente a las instalaciones de la demandada.

V. No existen pruebas de que haya adelantado la más mínima investigación por parte de la demandada, en aras de determinar

la realidad de los hechos.

VI. No existen pruebas de que la empresa demandada haya adelantado acciones penales o disciplinarias contra el demandante por los supuestos hechos.

VII. El que despide a mi poderdante no tenía las facultades legales para hacerlo.

VIII. Existen pruebas fehacientes de que el despido se ocasionó por represalias por parte del ex - alcalde, que hoy son materia de investigación ante la justicia penal y la procuraduría y que son hechos de conocimiento público en la ciudad de Bucaramanga y del país, denominado caso «Vitalogic».

Afirma que la garantía de defensa es imperativa por ser un derecho fundamental ligado a la estabilidad en el empleo y la igualdad; que se dio «por válida la declaración del contratista, sin la más mínima prueba»; que no se establecieron los vehículos, placas y el contrato que este tenía con la empleadora, lo que evidenciaría la necesidad de habérsele escuchado. Refiere que la dadora del empleo […] adelantó una investigación para determinar la comisión de los supuestos hechos, pero […] solo […] oyó al quejoso (contratista), […] nunca se solicitaron pruebas al respecto y menos aún se escuchó [su] versión […], por lo cual no se puede pretender que exista una investigación parcializada con el fin de encaminar la sanción o despido del trabajador sin haber sido escuchado […], violentando no solamente el derecho a la defensa, sino […] la presunción de inocencia […]. Arguye que

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Radicación n.° 95952 […] de conformidad con lo establecido en la sentencia SL-15245 de 2014, en el presente caso, […] el trabajador no tuvo pleno

conocimiento, toda vez que la queja fue interpuesta ante el gerente de la empresa y la citación del quejoso para su ampliación fue fuera de las dependencias de la demandada, sin ninguna prueba diferente a la manifestación del contratista. Enfatiza en que se leyó con equivocación el artículo 62 del CST, modificado por el 7º del D.2351 de 1965 y se incurrió en «aplicación indebida de los demás preceptos indicados en la proposición jurídica», errores que son trascedentes, pues de no haberse cometido, se hubiese confirmado o modificado el primer fallo, ordenando su reintegro. Añade que el Tribunal validó la actuación del ex alcalde, interpretando con error el artículo 32 del CST, toda vez que la junta directiva es un cuerpo colegiado, lo cual, conforme al artículo 434 del Cco, «deba considerarse de manera objetiva, es decir, independientemente de las personas que lo conforman», por lo que «sus actuaciones obedecen a decisiones del órgano de administración y no a [actos] independientes de sus integrantes». Señala que, además, el artículo 438 del ibidem, establece que las funciones de la junta directiva «serán respecto a la ejecución, celebración de cualquier acto o contratación»; que «los artículos 198 y 199 del [ib], le dan calidad de administradores [...] al órgano colegiado y no puede entenderse como una facultad individual o independiente de sus integrantes»; que no se probó que los estatutos facultaran a los integrantes de ese organismo para despedir a sus

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Radicación n.° 95952 funcionarios, como tampoco que dicha autorización se

extendieran al ex alcalde (f.° 3 a 8, cuaderno Recursos Extraordinarios Demanda, archivo «2023101549212», ibídem).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa al juez de segundo grado de incurrir en violación directa de la ley, por aplicación indebida del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 del CST, «en relación con» el 55, 104, 107, 108, 115 del CST; 13, 29, 93 y 94 de la CP; 30 del CC; 7° del Convenio 158 y la Recomendación 166 de la OIT; 32 del CST y 198, 199, 434, 435, 436, 437 y 438 del Cco.

Soporta su crítica en los mismos argumentos del cargo anterior (f.° 8 a 13, ib).

VIII. CARGO TERCERO Cuestiona la legalidad de la decisión recurrida, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 55, 104, 107 y 108 del CST; 13, 29, 93 y 94 de la CP; 30 del CC; 7º del Convenio 158 de la OIT y «la Recomendación 166 de la OIT»; 198, 199, 434, 435, 436, 437 y 438 del CCo, así como «por [la] interpretación errónea» del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 del CST, 3º de la Ley 48 de 1968, 32 y 115 del CST, en armonía con los artículos 25 y 53 de la CP.

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Radicación n.° 95952 Dice que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dio por demostrado, sin estarlo, que el empleador no estaba obligado adelantar un proceso disciplinario.

2. Dio por demostrado, sin estarlo, la existencia de la comisión de los hechos delictivos e inmorales.

3. Dio por demostrado, sin estarlo, que el empleador tenía justificación para dar por terminado el contrato de trabajo.

4. Dio por demostrado, sin estarlo, que el ex – alcalde tenía facultades y funciones para adelantar una investigación y dar por terminado el vínculo laboral.

5. Dio por demostrado, sin estarlo, que el empleador demandado le ofreció al demandante todas las garantías laborales.

6. Dio por demostrado, sin estarlo, que el empleador demandado le respeto al demandante todos los derechos laborales.

7. No dio por demostrado, estándolo, que el empleador demandado terminó el contrato intempestivamente, de manera ilegal.

8. No dio por demostrado, estándolo, que el empleador demandado terminó el contrato sin ninguna justificación o razón valedera.

9. Dio por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato del trabajador fue eficaz.

10. Dio por demostrado, sin estarlo, que el despido del demandante produjo efectos jurídicos.

11. Dio por demostrado, sin estarlo, que el ex –alcalde tenía las funciones y la competencia para adelantar una investigación disciplinaria.

12. Dio por demostrado, sin estarlo, que el ex – alcalde tenía las funciones y la competencia para despedir al trabajador.

Expone que esas equivocaciones fueron consecuencia de la errónea apreciación de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del contrato de trabajo.

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Radicación n.° 95952

2. Fotocopia de la terminación del contrato de trabajo del 19 de febrero de 2018.

3. Declaración juramentada del 13 de febrero de 2018.

4. Acta de reunión del 19 de febrero de 2018.

Así como de la falta de valoración de:

1. Fotocopia del derecho de petición del 1 de noviembre de

2018.

2. Fotocopia de la respuesta del 21 de noviembre de 2018.

3. Certificación de no llamados de atención del 19 de noviembre de 2018.

4. Artículos 55 y 56 de los estatutos de la EMAB S.A. ESP.

5. Resolución 064 del 13 de junio de 2003.

6. Resolución 086 del 18 de julio de 2004.

7. Resolución 107 del 18 de marzo de 2005.

8. Reglamento interno de trabajo Afirma que el colegiado aseguró que no tenía derecho a que se adelantara un proceso disciplinario y que el ex alcalde de Bucaramanga, como presidente de la junta directiva de EMAB S. A. ESP tenía competencia para adelantar la «investigación disciplinaria y desvincular[lo]».

Arguye que la segunda instancia «interpret[ó] erróneamente el artículo 115 d