CSJ - SL2611-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2611-2023 Radicación n.° 92268 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (09) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NYDNMY YISSED RODRÍGUEZ SILVA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, el diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró al BANCO

DE BOGOTÁ.

I. ANTECEDENTES Nidnmy Yissed Rodríguez Silva demandó al Banco de Bogotá, para que se declarara que su contrato de trabajo a término indefinido fue finalizado por motivo discriminatorio el 17 de enero de 2017, por lo que esa decisión es ineficaz.

Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al

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Radicación n.° 92268 cargo que desempeñaba antes de la cesación del vínculo o uno acorde a sus condiciones de salud, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social dejados de percibir, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que se probare y las costas. Contó que el 7 de abril de 2010 se vinculó al Banco de Bogotá, mediante contrato de trabajo a término indefinido; que desempeñó los cargos de cajera auxiliar y auxiliar operativa; que no se le realizó examen ocupacional de ingreso; que su último salario mensual fue $1.338.702.

Indicó que desde aquella anualidad empezó a padecer algunas patologías como migraña vertiginosa y dolor lumbar; que en consultas del 11 de junio y 6 de julio de 2015, se le diagnosticó «SACROILITIS ESPONDILOARTRITIS ANQUILOSANTE», las cuales producen «degeneración de los huesos, inflamación […] rigidez matinal (dificultad para la marcha)»; que el 21 de noviembre siguiente se le diagnosticó tuberculosis latente. Narró que tales dolencias y sus tratamientos médicos, le ocasionaron problemas hepáticos, que la incapacitaron; que ello incomodó a sus compañeros de trabajo y jefes, pues el banco no proveía un reemplazo, por lo que sus labores se complicaron y aumentaron. Adujo que el 30 de mayo de 2016 sufrió una caída que lesionó sus rodillas y le concedieron dos días de incapacidad; que como consecuencia el 16 de junio siguiente se le informó

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Radicación n.° 92268 que padecía sinovitis (acumulación de líquido en la rodilla), extendiéndose aquella por quince días más, a la que se le sumaron: n.° Fecha n.° de días de incapacidad 1 18 de junio de 2013 1 2 24 de junio de 2013 30 3 24 de julio de 2013 27 4 10 de agosto de 2013 30 5 25 de agosto de 2013 98 6 16 de junio de 2014 2 7 29 de septiembre de 2014 3 8 9 de diciembre de 2014 7

9 21 de enero de 2015 2 10 23 de enero de 2015 1 Aseveró que el 27 de mayo de 2014 y 5 de noviembre de 2015, Famisanar EPS le expidió restricciones o recomendaciones laborales, que no fueron atendidas por el empleador; que el 4 de enero de 2017 el jefe de servicios le indicó que su situación de salud estaba generando graves problemas para la oficina; que el 17 siguiente fue despedida sin justa causa y en el examen de egreso se anotó:  […] Túnel de carpo a descartar.  Electromiografía + neuroconducciones a miembros superiores.  Si confirman patología por favor remitir a medicina laboral en la EPS.  Continuar manejo de patología base por EPS.  Se remite a estudios de patología osteomuscular miembro superior derecho. Si se confirma diagnostico […] remitir a medicina laboral para calificación de origen de la misma. Aseguró que desde el inicio de sus diagnósticos ha estado en tratamiento médico, por lo que el «17 de marzo de

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Radicación n.° 92268 2017 (dos días después de su retiro)», fue remitida a medicina laboral y calificación por pérdida de capacidad laboral; que, por tanto, para la fecha en que se terminó su contrato de trabajo era titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues «se encontraba en tratamiento médico y en proceso de calificación»; que ese acto patronal fue discriminatorio, pues derivó de su estado de salud. Manifestó que el 12 de marzo de 2018, su EPS le calificó

con diagnóstico de «espondilopatía» de origen común estructurada el «11 de junio de 2015»; que no fue objeto de llamados de atención, ni tuvo investigación o sanción disciplinaria (f.° 127 a 135, cuaderno Primera Instancia, archivo «2022122649454», expediente digital). La demandada se opuso a las pretensiones. Admitió la existencia del contrato de trabajo, sus extremos, el cargo desempeñado y el despido sin justa causa. Afirmó que no era cierta la omisión de realizar el examen ocupacional de ingreso a la trabajadora, pues si lo efectuó el 7 de abril de 2010, según certificación médica; que esta haya sido incapacitada de manera permanente, pues no existe tal reporte; que no haya cumplido las recomendaciones médico – laborales, pues siempre se sujetó a las mismas; que la empleada no haya recibido llamados de atención, pues fue reconvenida verbalmente en varias oportunidades por incumplimiento de sus funciones y que la proteja la estabilidad laboral reforzada, toda vez que no cumple con las exigencias para ello, máxime si su calificación se efectuó por

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Radicación n.° 92268 la EPS el 12 de marzo de 2018. Dijo que los demás hechos no le constaban, precisando que la historia clínica de aquella es reservada. Formuló las excepciones de mérito que denominó: «De la terminación del contrato de trabajo de la demandante»; cosa juzgada; no se cumple los presupuestos para que haya lugar a la protección de estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; falta de título y causa;

inexistencia de las obligaciones reclamadas; enriquecimiento sin justa causa; mala fe de la demandante; cobro de lo no debido; improcedencia del reintegro; prescripción; buena fe; compensación y genérica (f.° 166 a 196, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, en fallo del 18 de marzo de 2021, decidió: PRIMERO. DECLARAR ineficaz el despido realizado a la trabajadora NYDNMY YISSED RODRÍGUEZ SILVA por parte del BANCO DE BOGOTÁ producido el diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO: CONDENAR al BANCO DE BOGOTÁ a restablecer el contrato de trabajo a término indefinido celebrado con la demandante NYDNMY YISSED RODRÍGUEZ SILVA, en las mismas condiciones laborales que tenía al diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017) en que fue despedida, sin solución de continuidad, y en caso que el cargo que desempeñaba ya no exista, deberá reintegrarla en uno con las mismas funciones –o equivalentes-, devengando un salario no menor al antes devengado, y cumpliendo estrictamente con las recomendaciones medico laborales que se expidan teniendo en cuenta su particular estado de salud.

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TERCERO: CONDENAR al BANCO DE BOGOTÁ a reconocer y pagar a la demandante NYDNMY YISSED RODRÍGUEZ SILVA los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones a seguridad social

integral generados a partir de su despido el diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017) y en adelante mientras se encuentre restablecido el contrato de trabajo, en los precisos términos y formas determinadas en la legislación laboral.

CUARTO: CONDENAR al BANCO DE BOGOTÁ a pagar a la demandante NYDNMY YISSED RODRÍGUEZ SILVA la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($8.032.212) por concepto de indemnización en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de mérito formulada por el BANCO DE BOGOTÁ denominada “COMPENSACIÓN”, por lo que se autoriza al demandado compensar la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($7.350.527) de la condena impuesta en el numeral cuarto 4º de esta providencia.

SEXTO: DECLARAR NO PROBADAS las demás excepciones de mérito formuladas por el demandado BANCO DE BOGOTÁ.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas en un ochenta por ciento (80 %) a la parte demandada BANCO DE BOGOTÁ en favor de la demandante. […] (cuaderno Primera Instancia, archivo «2022122656736», ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, el 17 de junio de 2021, al desatar la apelación de la demandada, revocó la primera providencia y absolvió.

Afirmó que con sujeción al principio de consonancia del artículo 66A del CPTSS, determinaría si fue ineficaz la terminación del contrato de trabajo de la señora Rodríguez Silva, por gozar de estabilidad laboral reforzada y, de ser así, si sería «inviable su reintegro por haber sido suprimido su cargo».

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Radicación n.° 92268 Dijo que no se discutía la existencia del vínculo contractual a término indefinido, sus extremos temporales y la finalización sin justa causa por parte de la empleadora. Señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, previó una protección al empleo para las personas que tuviesen limitaciones relacionadas con «el grado de discapacidad», por lo que es una garantía que no opera únicamente por incapacidades temporales o padecimiento de una patología o la existencia de recomendaciones médicas, sino que es necesario demostrar una lesión o enfermedad que disminuya en forma palmaria y evidente la capacidad de trabajo a la fecha de terminación del contrato laboral. Precisó que, conforme a la sentencia CC C531-2000, aquel precepto constituye una restricción a la facultad del empleador para terminar unilateralmente el vínculo con los empleados que se encuentran inmersos en las condiciones mencionadas, pues en tal caso debe contar con autorización del inspector del trabajo, so pena de que ese acto jurídico no produzca efectos y, por tanto, proceda el reintegro. Apuntó que la jurisprudencia constitucional y laboral han considerado que el referido fuero se consolida con: i) la

existencia de limitaciones físicas, sensoriales o sicológicas en relación con su capacidad laboral; ii) las condiciones físicas que ubiquen al trabajador en circunstancia de debilidad manifiesta; iii) la acreditación de una situación de salud que impida o dificulte sustancialmente el desempeño de las

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Radicación n.° 92268 labores en condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa; que, sin embargo, no podía pasarse inadvertido que «el artículo 1° de la Ley 361 se refier[ía] a diversos niveles de limitación, como severo y profundo y […] los dos anteriores [se refiere a los preceptos], […] al moderado». Manifestó que en ese marco tenía establecido que, […] la simple existencia de una o varias enfermedades o el hecho de que el trabajador se encuentre incapacitado o en licencia por enfermedad al momento de la terminación del contrato o, un simple detrimento en las condiciones de salud, o que haya sufrido un accidente en el pasado o padecido una enfermedad, no son razones suficientes para concluir que es titular de la protección reforzada. Por tanto, era necesario analizar cada caso particular, con sujeción a la prueba y a «criterios objetivos y constatables, definidos por personal especializado en la materia, sin que deba descartarse el quantum de la pérdida de capacidad laboral, cuando se haya realizado», a fin de determinar si procede o no la citada protección. Lo anterior, con la precisión de que ante la ausencia de una calificación, era necesario decidir el asunto «tomando en cuenta los elementos relevantes de la enfermedad o los padecimientos y su incidencia en la labor desempeñada y en

el propio discurrir existencial del enfermo»; que, además, se debía acreditar el conocimiento del empleador de aquella condición del subordinado antes de la terminación del nexo. Indicó que, para establecer la titularidad de la garantía

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Radicación n.° 92268 foral reclamada, se aportaron los siguientes medios de prueba: i) Las «[…] consultas médicas de reumatología de junio 11 y julio 6 de 2015 (folios 9 y 10)», con la precisión de que en la primera le fue diagnosticado «sacroilitis bilateral y espondiloartritis», otorgándosele incapacitad por dos días y ordenándose cita a control en un mes. En la segunda, se reiteró el diagnóstico, agregándose «entesopatía aquiles derecho»; además, se reseñaron algunos efectos adversos por medicamentos ingeridos y se incapacitó a la trabajadora por 72 horas, con reposo absoluto. ii) La «consulta con neumólogo de 21 de noviembre de 2015, con diagnóstico de tuberculosis latente, o secuelas de tuberculosis respiratoria, y no especificadas; se menciona quistes en los ovarios, más las enfermedades antes señaladas (espondilopatía inflamatoria no especificada)». De lo que adujo que la enfermedad inicial fue mencionada en documento de 19 de mayo de 2016 (hoja de vida). iii) La «licencia de maternidad otorgada desde el 23 de agosto hasta el 28 de noviembre de 2013, en una de sus partes se anota “desproporción debida a disminución del estrecho inferior de la pelvis”».

1. Las Recomendaciones de salud ocupacional por seis meses, del 27 de mayo de 2014, en las que se menciona el

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Radicación n.° 92268 diagnóstico de sacroilitis y agrega que dicha «patología se descartó por gammagrafía ósea». Así mismo, «se anota en otro de sus apartes “leve irregularidad de la esclerosis subcondrial de las articulaciones sacroilíacas”» y en otro: «nota “aumentó con el embarazo”, documento firmado por Amparo Rojas Rincón (folio 24)» v) «otras recomendaciones, por el mismo término, de fecha 5 de noviembre de 2015 por el diagnóstico “espondiloartropatía”». vi) La «hoja de consulta de fecha 5 de noviembre de 2015 firmada por el doctor Rafael Ramírez Castro, que no aporta elementos novedosos y que es ilegible en muchas de sus partes». vii) La «calificación de Famisanar (folio 30) en la que se menciona la enfermedad espondilopatía no especificada, de origen común». viii) El «informe de accidente de trabajo de marzo de 2015 en el que se describe desmayo de la trabajadora, calificado como síncope y colapso, se da incapacidad de un día por migraña vertiginosa». viii) Dos folios «(26/27) […] [en los que] se observan unos documentos sobrepuestos y se alcanza a leer que corresponde al año 17 (2017), se menciona el nombre de la actora y se envía para medicina laboral para calificación».

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Radicación n.° 92268 Señalando que también se aportaron las siguientes incapacidades adicionales: […] 2013: 29 de enero (4 días) infección vías urinarias en el embarazo; 29 de abril (2 días) por lumbago no especificado; 2 de mayo (2 días) sacroilitis; 20 de mayo (3 días) infección vías urinarias; 28 de mayo (1 día) diarrea y gastroenteritis; 18 de junio (1 día) por infección urinaria aunque también se menciona sacroilitis en las hojas clínicas, 20 de junio (3 días); 24 de junio por 30 días con diagnóstico de sacroileitis moderada y embarazo; de 27 días de julio 24 a 19 de agosto de 2013 por sacroilitis no especificada en otra parte (folio 11) y de 20 de agosto a 18 de septiembre de 2013 (30 días) por sacroilitis; 2) 2014: 25 de marzo (1 día), trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía; 1 de abril (1 día) por contusión región lumbrosacra y pelvis; 28 mayo (2 días) por sacroilitis, 16 de junio (2 días) por espondiloartropatía en estudio con dolor lumbar; 27 de junio (1 día) por infección vías urinarias y discopatía lumbar; del 2 al 7 de septiembre (6 días) por inflamación pélvica, 8 de septiembre (1 día) por diarrea y gastroenteritis; 29 de septiembre a 1 de

octubre (3 días) por dolor parte inferior del abdomen; 9 de diciembre (7 días) por lumbalgia crónica y sacroilitis; 2015 21 de enero (2 días) por dolores abdominales no especificados; 23 enero (1 día) por vulvitis; 2 de marzo (1 día) por migraña; 11 de junio (2 días) por sacroilitis bilateral; 13 de agosto (2 días) infección urinaria; 4 septiembre 1 día cervicalgia; 2016, enero 10 (dos días) por migraña; enero 17 dos días por espondilopatía; 19 enero 1 día por lumbago; junio 16 y 17 dos días por espondolitis anquilosante, 10 de octubre (2 días) por migraña; 15 noviembre (1 día) por contusión cadera; 18 noviembre (1 día) infección urinaria (se advierte que esta incapacidad no coincide con la hoja clínica, donde se reporta por 7 días), y 14 de diciembre (2 días) gastroenteritis. Afirmó que del análisis integral de aquellos elementos colegía que, en vigencia de su contrato de trabajo, la accionante había presentado diferentes dolencias, había estado incapacitada durante un «número importante de veces, […] por diversos motivos» y se le expidieron recomendaciones laborales en dos ocasiones, de lo cual podía inferir que la «espondilopatía no especificada» persistía al momento de extinguirse el contrato laboral, según la calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por Famisanar, la cual

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no tenía constancia de haber sido impugnada o recurrida y no fue cuestionada por las partes, «en especial en lo concerniente a la falta de mención de otras». Aseguró que «las recomendaciones médicas de salud ocupacional de […] 27 de mayo de 2014», daban a «entender» que se «descarta[ba] la existencia» de la «sacroilitis por el resultado de una gammagrafía, sin que se objeta[ra] esta apreciación»; que, sin embargo, «algunas incapacidades posteriores se sustentan en ésta […] (ver incapacidades de diciembre de 2014 y de 11 de junio de 2015)», no empece a que «estaba descartada desde el punto de vista médico y científico»; que después de la última calenda dicho diagnostico no fue mencionado, lo que reforzaba la conclusión de que «era inexistente y su inclusión se debió a un error inicial de diagnóstico». Indicó, en torno a la migraña y tuberculosis, que: i) La primera se presentó esporádicamente, en algunas ocasiones, sin que se aportara prueba de que persistiera, pues solo fue referida en «el informe de accidente de trabajo de marzo de 2015, cuando se le dio un día de incapacidad, y en las incapacidades de enero 10 (2 días) y octubre de 2016 (2 días)». Dijo que, por tanto, […] dada la forma intermitente en que se presentaron, no pueden considerarse que encajan en la noción de grave afectación de salud que exige la protección laboral reforzada establecida en el

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artículo 26 de la Ley 361 de 1994, máxime si se tiene en cuenta que en la calificación laboral de Famisanar, de fecha 13 de marzo de 2018, ninguna alusión se hace a la misma, ni está demostrado, con ninguna de las pruebas, que dicha dolencia afectara el desempeño laboral de la trabajadora, o se tratara de una condición de salud permanente. ii) En cuanto a la «tuberculosis latente», refirió que obraba prueba en torno a que dio lugar a consultas médicas con el neumólogo el 21 de noviembre de 2015 y el 19 de mayo de 2016, lo cual fue enviado con la hoja de vida; sin embargo, en el documento de 17 de enero de 2016, se dejó constancia de que «ya fue revalorada por neumología, que autorizó manejo con biológicos», «en la cual también se registra […] «sin alteraciones» la auscultación cardiopulmonar», como fue reiterado en la atención del 18 de noviembre de 2016. Acotó que tales […] manifestaciones, […] indican que la enfermedad para estas fechas había sido superada, o por lo menos no tenía manifestaciones clínicas, aunque interesa destacar que los estudios neumológicos se ordenaron para poder adelantar el tratamiento médico con productos biológicos que se prescribió a la trabajadora para sus otras dolencias, y que resultaban incompatibles o podían desencadenar dicha enfermedad, como ella misma lo relata en su interrogatorio de parte. Manifestó que tampoco era claro que la referida patología existiera para la fecha de terminación del contrato de trabajo, como tampoco las demás lesiones a que alude la

demanda y «las piezas médicas y clínicas». Agregó, que aunque durante el contrato la trabajadora tuvo «un importante número de incapacidades», pues fueron veintinueve entre 2012 y 2017, el juez no estudió en detalle

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Radicación n.° 92268 su origen, pues varias fueron por enfermedades que nada tenían que ver con los problemas osteomusculares, ni se acreditó su conexión científica e, incluso, entre ellas se encuentran las otorgadas por licencia de maternidad y las que se expidieron para las fechas del embarazo, período durante el cual hubo una exacerbación de los problemas de salud, como lo aseguró la servidora en su interrogatorio y se corroboraba en «otras pruebas del proceso que se han mencionadas». Explicó que la última incapacidad era del 14 de diciembre de 2016 por gastroenteritis y la anterior del 18 de noviembre, por infección urinaria; que durante ese año en total fueron cuatro licencias temporales por problemas de columna vertebral o asociados, dos por migraña y el resto por otras molestias; que en el «2017 no hay prueba de incapacidades y si bien la actora dice que envió una con su papá, no hay constancia en el expediente de su existencia»; que, por tanto, para la fecha de su despido no contaba con tales reportes y, aunque ese hecho «[…] no es concluyente, puede ser un elemento con influencia en la decisión que, conectado con otras circunstancias, puede conducir a establecer o denegar el estado de afectación grave de la salud». Señaló que, así las cosas, la patología demostrada al

momento del despido era la «espondilopatía no especificada, dictaminada por Famisanar en el informe de 13 de marzo de 2018», sin que existiera «constancia clara acerca de [su] magnitud […], ni sus efectos sobre el desempeño de la

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Radicación n.° 92268 actividad laboral de la actora»; que, aunque «en algunos documentos se denomina como “anquilosante”», […] se inclina por el diagnóstico de Famisanar, que no le da esa connotación, pues no hay prueba de que se haya producido el proceso degenerativo que anuncia la demandante como inherente a aquel tipo de enfermedad. Es más, anexo a ese dictamen aparece un documento expedido por “Rangel Rehabilitación” de fecha 10 de marzo de 2017 en el que también se diagnostica “espondiloartropatía”, sin que aparezca que sea anquilosante o degenerativa. En ese mismo orden de ideas, en un documento enviado por el banco al juzgado y que corresponde al contenido de la hoja de vida, se encuentra una pieza con sello del banco de 6 de julio de 2016 que dice “RMN de la columna la cual documenta aumento de la lordosis fisiológica con incipientes cambios artrósicos apofisiarios […] leves irregularidades con esclerosis subcondrial en las articulaciones sacroilíacas” […], expresiones que descartan la gravedad o severidad de esta dolencia […], en especial si se tiene en cuenta el diagnóstico entes referido de espondilopatía no especificada y, las referencias que aparecen en algunos documentos sobre el carácter anquilosante o degenerativo de algunos tipos de esta enfermedad

se refieran a la demandante. Expuso que no cualquier enfermedad daba lugar a la estabilidad laboral reforzada, pues debe «tratarse de una que afecte de manera sustancial o relevante el ejercicio de las actividades laborales de [la] trabajador[a]», carga que le corresponde a ella y debe ser «concluyente y rotunda, […] no conjetural, soportada en conceptos médicos o científicos, lo que aquí no advierte». Razonó que lo dicho se sumaba la ausencia de recomendaciones médico-laborales, pues las expedidas habían dejado de tener vigencia unos meses antes y el examen médico de egreso tampoco daba claridad sobre la gravedad o magnitud de la patología que padecía la actora, por lo que no era titular del fuero de salud o de discapacidad

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Radicación n.° 92268 (cuaderno Segunda Instancia Apelación Sentencia, archivo «2022122327363», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide que la Sala case la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, «revo[que] en su totalidad la sentencia de segunda instancia y en su lugar, confirme el fallo de primer grado y que se condene al demandado» (f.° 8, cuaderno de la Corte Memorial, archivo «2022121734519», ibidem).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se examinarán

conjuntamente en vista de su finalidad.

VI. CARGO PRIMERO

Denuncia que el Tribunal incurrió en: (i) violación directa de la ley sustancial, consistente en la falta de aplicación de la ley sustancial y de la jurisprudencia, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 1° - 26 de la Ley 361 de 1997 y falta de aplicación de las sentencias SL1360-2018, SL6850-2016, […] como también […] T-784 de 2009 y T-417 de 2010, T-320 de junio 21 de 2016, SU-049 de 2017, T-899 del 2014, […] T-041/19, […] y en modalidad de aplicación errónea numeral 15 del artículo 62. (ii) violación indirecta de los presupuestos probatorios y fácticos

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Radicación n.° 92268 de la sentencia consistente en la interpretación errónea de las pruebas aportadas por ambas partes como errores factitos o probatorios, en cuanto a la apreciación de las enfermedades que padece la demandante violación indirecta de la ley, por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Refiere que el colegiado concluyó que las enfermedades que sufre no dan lugar a ninguna protección, pues deben ser severas, profundas o moderadas; que, sin embargo, apreció con error los siguientes medios de prueba:

1. Anexos aportados a la demanda y a la contestación de la demanda.

2. Anexos aportados por el demandado.

3. Anexos aportados por el demandado como prueba decretada de oficio.

4. Testimonios Afirma que aquel «se equivoca en algunas de sus

apreciaciones respecto a la aplicación e interpretación de: ¿Quiénes pueden ser considerados como sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta por motivos de salud?», pues la Corte Constitucional en las sentencias CC T784-2009 y CC T417-2010, razonó que son, entre otros, aquellos trabajadores que tengan una afectación grave en su salud, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares y puedan ser discriminados por ese solo hecho, pues estarían en debilidad manifiesta. Expone que en la CC SU-049-2017, el alto tribunal precisó que el fuero por salud se extendía a quienes tuvieran una situación grave o relevante de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores, por

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Radicación n.° 92268 lo que no debía limitarse a los que contaran con calificación de PCL moderada, severa o profunda, o con certificación, sino aquellos que no pudieran tener un buen desarrollo de sus funciones laborales, en razón a su situación médica; que, además, en los fallos CC T-899-2014 y CC T-041-19, recordó que las reglas de la estabilidad laboral reforzada de personas discapacitadas o bajo tratamiento médico o en situación de debilidad manifiesta, eran las siguientes: a) Debía estar demostrado el padecimiento de serios problemas de salud, como lo probó con las «documentales que se aportaron […] tanto de la […] demandante como de la […] demandada y que no son objeto de debate en esta

instancia» (negrilla de la Sala), pues presentaba varias enfermedades crónicas y degenerativas, que repercutían en su actividad de trabajo, ya que le «limitaron sustancialmente su capacidad para ejercer la labor para la cual fue contratada», de las cuales la demandada negó tener conocimiento, como lo manifestaron los diferentes testimonios. Lo anterior, con la precisión de que esas patologías […] abrieron la puerta a demás enfermedades, lo cual nos lleva a que una conducía […] que si se alteraba una parte del cuerpo, las demás también se verían afectadas, es por esta razón que […] presentaba varias incapacidades, de varias enfermedades, pero que son en relación a las mismas […], que son degenerativas y afectan el buen funcionamiento del cuerpo, tal como lo manifiest[ó] […] en [su] interrogatorio, practicado por el señor juez de primera instancia y por la apoderada del Banco de Bogotá. b) El conocimiento de la dadora del empleo de esa

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Radicación n.° 92268 situación, lo que acreditó «ya que, en su hoja de vida, […] aparecen los diagnósticos y las incapacidades dadas», por fuera de que «en la contestación de la demanda […] no mencionó la falta de conocimiento de las afectaciones de salud», lo que conduce a tener por demostrado tal exigencia. Lo dicho, puntualizando que, […] a pesar de que la empleadora en su contestación de demanda y de acuerdo a sus testimonios, pretenda disfrazar que ellos no conocían de las enfermedades que la actora padecía, argumentado que no hay incapacidades por más de un año, y que la historia clínica es privada y ellos no pueden acceder a ella,

lo cual es contrario a las pruebas documentales que de forma oficiosa solicito el señor juez, donde reposa en cada uno de los años la serie de incapacidades y de accidentes laborales que padeció […] como consta dentro de la hoja de vida que aporta la […] demandada, nótese […] que el empleador desde la contestación de la demanda pretendía eludir que sabía, de la debilidad manifiesta que padecía la actora, lo cual es contrario a la verdad, ya que dentro su hoja de vida como se puede evidenciar, si se radicaron las diferentes incapacidades médicas y hasta dentro de la misma reposa, su examen de egreso donde consta todo lo manifestado en los hechos de la demanda. c) La ausencia de una causal objetiva de desvinculación; supuesto en el que también se subsume su caso, pues no tuvo falta disciplinaria, las funciones que realizaba continuaban existiendo, al igual que su cargo, pues lo único que hubo fue una modificación en su nominación y, por tanto, el «único problema era que, por su estado delimitado de salud, no daba el rendimiento que esperaba el banco». d) La persistencia de las causas que dieron origen a la relación laboral, precisando que, en su caso, la «supuesta restructuración», correspondió a un camb