CSJ - SL2620-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2620-2023 Radicación n.° 96561 Acta 40 Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HELIO HERNÁN SUÁREZ SALAZAR contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Helio Hernán Suárez Salazar llamó a juicio a Colpensiones, para que se declare la compatibilidad entre la prestación de vejez reconocida por esa entidad mediante Resolución 101511 del 14 de marzo de 2011 y la pensión de jubilación oficial otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Resolución

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Radicación n.° 96561 709 del 11 de marzo de 2005, la cual fue reajustada con el acto administrativo 9849 del 6 de noviembre de 2014. Igualmente, pidió que fuera condenada a que le «reliquide la pensión de vejez» concedida en el año 2011, aplicándole una tasa de reemplazo del 90% bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, la indexación del retroactivo, más las costas del

proceso. Como fundamento de tales pretensiones, en síntesis, relató que nació el 25 de octubre de 1949, por tanto, para la data en que entró a regir la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994, contaba con más de 44 años de edad; además, laboró para diferentes colegios del sector privado desde el 15 de julio de 1974 hasta el 30 de junio de 2007 de forma interrumpida, periodo en el que realizó aportes por un total de 1420 semanas. Arguyó que el 25 de octubre de 2009 cumplió 60 años de edad, con lo cual completó los requisitos para que Colpensiones le concediera la pensión de vejez; que con la Resolución 101511 del 14 de marzo de 2011 se le reconoció dicha prestación en los términos de la Ley 797 de 2003, en cuantía de $1.509.710, para lo cual se tuvo en cuenta un IBL de $2.130.553 y una tasa de reemplazo del 70,86%; no obstante, adujo que en realidad tiene derecho al 90% del citado IBL, conforme lo prevé el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, en

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Radicación n.° 96561 razón a que era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aseveró que el valor de esa prestación debía ser equivalente a $1.917.497 para el año 2009; que el 8 de mayo

de 2019 solicitó su reliquidación, pero que Colpensiones negó esa aspiración porque disfrutaba de una pensión reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pidiéndole la respectiva autorización para revocar el otorgamiento que se había efectuado. Destacó que prestó sus servicios como docente nacionalizado durante 20 años vinculado al Magisterio desde el 6 de noviembre de 1975, de ahí que se le concediera una pensión de jubilación a su favor, pero únicamente con los tiempos públicos laborados en el sector educativo de orden oficial y por ser beneficiario del régimen de excepción previsto por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, manifestó que le fue otorgada la pensión por el Fomag como docente mediante Resolución 709 del 11 de marzo de 2005, la que fue reliquidada con el acto administrativo 9849 del 6 de noviembre de 2014. Colpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Respecto de los hechos, en síntesis, aceptó la fecha de nacimiento del accionante, el número de semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, el otorgamiento de la pensión de vejez en el año 2011, aclarando que ello obedeció a un error, toda vez

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Radicación n.° 96561 que el afiliado no tiene derecho a ella, pues las dos pensiones, esto es, la prestación del Magisterio y la del Régimen de Prima Media, pues son incompatibles; además que el demandante se trasladó al RAIS y si bien regresó al RPM, perdió su

derecho al beneficio de la transición. Sobre los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que debían probarse. En su defensa, argumentó que la pensión pretendida por el promotor del proceso es incompatible con la pensión oficial de jubilación reconocida por el Magisterio, por lo que no podía devengar dos prestaciones a cargo del tesoro público. Explicó que, si bien en el año 2011 le fue concedida una prestación de vejez, se otorgó por error, lo que condujo a la entidad a su remisión a la dirección de procesos judiciales de la entidad para adelantar la acción de lesividad generada con la Resolución 101511 del 14 de marzo de 2011, a través de la cual se le había concedido, sin embargo, la seguía sufragando. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad de otorgar derechos por fuera del ordenamiento jurídico, prescripción y la genérica. El juez de conocimiento, que lo fue el Quinto Laboral del Circuito de Pereira, en la audiencia contemplada por el artículo 77 del CPTSS celebrada el 28 de junio de 2021, requirió a la parte demandante para que allegara el acto administrativo con el que Cajanal le había otorgado la denominada «pensión gracia». En acatamiento de ello, el

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Radicación n.° 96561 mandatario judicial del actor aportó tanto la Resolución 20497 de 2001, con la cual se reconoció esa prestación con retroactividad a partir del 25 de octubre de 1999, así como el acto administrativo 31338 de 2004 dictado en acatamiento

de un fallo de tutela que ordenó la reliquidación de dicha pensión gracia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 10 de febrero de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que HELIO HERNÁN SUÁREZ SALAZAR tiene derecho a la pensión de vejez que le fue reconocida por el extinto Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución No. 101511 del 14 de marzo de 2011, dado que ésta es compatible con las pensiones de jubilación oficial que recibe, conforme se explicó en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR que HELIO HERNÁN SUÁREZ SALAZAR es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en tal virtud tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, estableciendo el monto de la mesada en $1917.480 para el año 2009, que, incrementada conforme a la variación anual del IPC, asciende a $3060.753 para el año 2022, según se explicó en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, respecto de las diferencias pensionales causadas con antelación al 8 de mayo de 2016.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de HELIO HERNÁN SUÁREZ SALAZAR por concepto de

retroactivo de diferencias pensionales causado desde el 8 de mayo de 2016 y hasta el 31 de enero de 2022, la suma de $43206.982, sin perjuicio de la diferencia que se siga generando hasta su solución total.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar la

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Radicación n.° 96561 indexación sobre las sumas adeudadas desde la fecha de exigibilidad de cada mesada y hasta el pago efectivo de la obligación.

SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a descontar del retroactivo reconocido el valor de los aportes correspondientes con destino

al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a Colpensiones y en favor del demandante en un 80%. Liquídense por Secretaría.

OCTAVO: CONSULTAR la presente sentencia, ante la Sala Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en favor de la Administradora Colombiana de Pensiones, en caso de que no sea apelada.

Para arribar a la anterior conclusión, argumentó que no existía incompatibilidad para que el actor disfrutara de ambas prestaciones, pues ninguna de las dos se fundamentó en igual número de semanas, ni de empleadores. De otro lado, señaló que el demandante sí era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues si bien es cierto se trasladó al RAIS, lo conservó al regresar al RPM en razón a que 1 de abril de

1994, contaba 761,43, esto es, un número de semanas, superior a las 750 exigidas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para recuperar la transición. Finalmente precisó que tenía derecho a una tasa de reemplazo del 90%, la que aplicó sobre el IBL que ya había reconocido el ISS en la Resolución 101511-2011.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud del grado jurisdiccional de consulta previsto por el artículo 69 del CPTSS en favor de Colpensiones,

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Radicación n.° 96561 conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, mediante sentencia calendada 29 de junio de 2022, confirmó en su integridad el fallo condenatorio de primer grado, absteniéndose de imponer costas en la alzada. Para tomar su decisión, comenzó por precisar que el problema jurídico a resolver estaba centrado en determinar si el demandante tenía derecho a percibir la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que era titular de una pensión vitalicia de jubilación oficial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Recordó lo dicho por esta corporación, entre otras en las sentencias CSJ SL451-2011 y CSJ SL17421-2017, donde en decir del ad quem allí se expresó que no existía incompatibilidad entre la pensión de vejez que reconoce el RPM con la pensión de jubilación obtenida por los servicios prestados en calidad de docente de establecimientos educativos de orden oficial, dado que se trataba de

cotizaciones o tiempos laborados que no sirvieron para el reconocimiento de esta prestación oficial. Puso de presente que la citada jurisprudencia también sostuvo que los dineros con que el ISS, hoy Colpensiones, reconoce las prestaciones del Sistema de Seguridad Social Integral no pueden ser considerados como provenientes del tesoro público, toda vez que corresponden a las cotizaciones efectuadas por los empleadores y trabajadores, fruto de su trabajo.

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Radicación n.° 96561 Refirió, además, que de conformidad con lo previsto por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 los docentes quedaron exceptuados, de ahí que sus prestaciones son compatibles con las pensiones del nuevo régimen de seguridad social. Explicó que con la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 del 2003, el régimen pensional del Magisterio dejó de ser exceptuado en aras de ingresar al Sistema General de Pensiones, ello para todos los docentes que se vincularan al servicio público con posterioridad al cambio legislativo, que lo fue el 27 de junio de 2003, tal como lo estableció el parágrafo transitorio primero, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y puntualizó: […] ha sido una postura invariable para esta Corporación, que aquellos casos en que un docente prestaba servicios coetáneamente al Estado y a particulares, con vinculación anterior al 27 de junio de 2003, es factible que se hagan aportes a cualquiera de los regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 de 1993, y se logre con base en los mismos, la financiación

para la obtención de una pensión de vejez o en su defecto la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación que ya disfrute o esté en vías de obtener, en el sector público, como docente, gracias a que, se insiste, cada una cuenta con recursos propios para su financiación. Luego de analizar el acervo probatorio allegado al proceso, concluyó que el demandante tenía derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS, hoy Colpensiones, toda vez que: i) las cotizaciones que originan tal prestación fueron realizadas al Instituto de Seguros Sociales, como resultado de la labor cumplida por el afiliado en instituciones de origen privado; y ii) que la pensión de jubilación oficial reconocida

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Radicación n.° 96561 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se obtuvo con tiempos de servicio diferentes prestados a una institución pública. De otro lado, se refirió a si el demandante era beneficiario del régimen de transición, sobre lo que dijo: El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional únicamente para aquellas personas que a la vigencia de la aludida norma - 1º abril de 1994 -, tuvieran 40 años de edad si eran hombres o, 15 o más años de servicios cotizados; periodo transicional que únicamente subsistiría hasta el 31 de julio de 2010. Además, para aquellos que una vez entrada en vigencia la citada ley de seguridad social, se trasladaron al RAIS y luego retornaron al RPM, es preciso que ostenten 15 años de servicios o cotizados

al 01/04/1994, tal como lo ha enseñado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisiones SL60150 del 03/02/2016 y rad. 37174 del 10/08/2010 al indicar que […] Analizada la documental allegada al expediente, Helio Hernán Suárez Salazar adquirió el derecho a beneficiarse del régimen de transición descrito, toda vez que para el 01/04/94 contaba con 44 años de edad, como quiera que de la copia de la cédula de ciudadanía se extrae que nació el 25/10/1949 (fl. 18, c. 1); sin que resulte necesario extender el régimen de transición más allá del 31/07/2010 puesto que alcanzó los 60 años el 25/10/2009 (ibidem). Del mismo modo, puntualizó que el demandante conservó el régimen de transición, pese a su traslado al RAIS y posterior retornó al RPM, por cuanto: […] para la vigencia de la Ley 100/1993 tenía más de 15 años de servicios cotizados al ISS, contabilizados entre las semanas cotizadas al ISS y los tiempos de servicios prestados como docente, si en cuenta se tiene que al ISS cotizó un total de 761,57 semanas iguales a 14,60 años (fl. 24, c 1) y los restantes los acumuló como docente desde el 06/11/1975 (f.°. 34, c. 1). (Subraya la Sala).

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Radicación n.° 96561 Infirió que el promotor del proceso era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley

100 de 1993, con lo que era procedente aplicarle el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, para obtener la reliquidación reclamada de la prestación de vejez que viene disfrutando. Esgrimió que de la historia laboral se evidenciaba que tenía cotizadas más de 1250 semanas, por lo que le correspondía una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL de $2.130.553 que otorgó el ISS al demandante mediante Resolución 101511 del 14 de marzo de 2011, lo cual arroja una mesada pensional de $1.917.497 para el año 2009, que es superior a la que le fue otorgada, como acertadamente lo halló el a quo. Ahora bien, en cuanto al retroactivo pensional y el fenómeno de la prescripción, advirtió que el demandante viene disfrutando del derecho pensional de vejez con fundamento en la Ley 100 de 1993, según se reconoció en la resolución ya citada, con fecha de efectividad desde el 25 de octubre de 2009 (f.° 22, c. 1); que posteriormente el 8 de mayo de 2019 solicitó la reliquidación de la prestación con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 (f.° 48, c. 1) y presentó la acción judicial el 28 de enero de 2020 (f.° 64, c. 1); en consecuencia, prescribieron las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 8 de mayo de 2016, ello, al tenor de lo previsto por los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

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Radicación n.° 96561 Destacó que realizadas las operaciones de rigor la diferencia entre lo pagado y lo que se debía cancelar arrojó un total de $46.503.571, liquidado desde el 8 de mayo de 2016 hasta el 31 de enero de 2022, que es un monto mayor al concedido en primer grado que fue de $43.206.982, sin embargo, mantuvo la condena en tanto la cuantía impuesta no fue materia de apelación por el accionante. En los anteriores términos desató el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de Colpensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN De forma principal, busca que esta corporación: «[…] CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, para que en sede de instancia REVOQUE en su integridad el fallo del a quo, y en su lugar se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra».

Subsidiariamente, pretende que la Corte: […] CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto CONFIRMÓ la condena referida a la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al actor, en virtud a que consideró que aquel era beneficiario del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, para que en sede de instancia

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Radicación n.° 96561 REVOQUE ese mismo aspecto el fallo del a quo, y en su lugar se

absuelva a mi representada de la reliquidación de la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, y por sustracción de materia, la releve del pago del retroactivo por concepto de diferencias e indexación al no existir suma insoluta que se adeude al demandante. Con tal propósito, formula tres cargos que no son replicados, de los cuales se iniciará con el estudio del primero respecto del alcance principal; luego, de no prosperar la anterior acusación, se estudiarán de manera conjunta el segundo y tercer ataque, pues si bien están dirigidos por vías diferentes, acusan la misma normativa, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido, en relación con el alcance subsidiario de la impugnación.

VI. CARGO PRIMERO Afirma que la sentencia es violatoria por la vía directa, bajo la modalidad de: […] infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 17 de la ley 549 de 1999, 19g de la Ley 4 de 1992, 2 del Decreto 2527 de 2000, 128 de la Constitución, en relación con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993, 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y Acto Legislativo 01 de 2005.

En la demostración del ataque, comienza por reproducir algunos apartes de la decisión recurrida, para sostener que el punto de discordia estriba en que se haya considerado la

compatibilidad entre la pensión oficial reconocida por el Magisterio y la prestación de vejez otorgada por el ISS, hoy Colpensiones.

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Radicación n.° 96561 Se refiere a lo previsto por el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia CC C262-2001 y lo contemplado por el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, para argumentar que solo «existe compatibilidad entre las pensiones reconocidas por el Magisterio y las prestaciones reconocidas por el Sistema General de Pensiones, cuando se trate de docentes oficiales que hubieren adquirido el estatus de pensionado con anterioridad al 18 de mayo de 1992». Puntualiza que como no se discute que el demandante adquirió la pensión del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en el año 2005, esto es, con posterioridad al 18 de mayo 1992 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992), era posible concluir que en los términos del literal g) del artículo 19 de dicha prerrogativa se produce la incompatibilidad entre la pensión de vejez aquí solicitada y cuya reliquidación se pretende, con la prestación ya reconocida por el Magisterio, en tanto las necesidades constitucionales del mínimo vital y la seguridad social propias de las contingencias derivadas por el riesgo de vejez se encuentran debidamente cubiertas y amparadas por la administración pública, lo cual, por demás, está en armonía con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 2527 de 2000. Arguye que tal como lo sostuvo el Tribunal «con la

vigencia de la Ley 812 del 2003, artículo 81, el régimen pensional del magisterio dejó de ser exceptuado para ingresar al Sistema General de Pensiones»; lo que significa que los

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Radicación n.° 96561 docentes vinculados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida no gozan de la figura de la compatibilidad, es por esto que resultaba improcedente reconocer la pensión de vejez, al encontrarse inmersa en una incompatibilidad de carácter legal. Explica que, al no existir viabilidad frente al reconocimiento principal, esto es, la compatibilidad pensional, por sustracción de materia resultaba «vedado acceder a la reliquidación de una prestación que nunca debió nacer a la vida jurídica», con lo que es evidente la aplicación indebida de los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. Por lo dicho, considera que el cargo debe prosperar, en tanto surge la incompatibilidad, se itera, entre la pensión oficial reconocida por el Magisterio y la de vejez otorgada por el ISS, hoy Colpensiones.

VII. CONSIDERACIONES Para tomar su decisión, el Tribunal recordó la postura de esta corporación alusiva a que en aquellos casos en que un docente prestaba servicios coetáneamente al Estado y a particulares, con vinculación anterior al 27 de junio de 2003, era factible que se hicieran aportes a cualquiera de los regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 de 1993, y se logre con base en los mismos la financiación para la obtención de una pensión de vejez o, en su defecto, la

indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación oficial que ya

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Radicación n.° 96561 disfrute o esté en vía de obtener en el sector público como docente, gracias a que, se insiste, cada una cuenta con recursos propios para su financiación. Concluyó que, entonces, en este asunto devienen compatibles las mencionadas pensiones, la de jubilación reconocida por el Fomag y la de vejez otorgada por Colpensiones. A su turno, la parte recurrente no comparte tal determinación, en razón a que, en su decir, al recibir el demandante una pensión jubilatoria otorgada por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y por gozar del régimen exceptuado previsto por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, deviene en incompatible con la prestación de vejez concedida por Colpensiones en el año 2011, esto en razón a que las necesidades constitucionales del mínimo vital y la seguridad social propias de las contingencias derivadas por el riesgo de vejez se encuentran debidamente cubiertas y amparadas por la administración pública, lo cual, por demás, está en armonía con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 2527 de 2000 y lo regulado por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Así las cosas, el problema jurídico a resolver está centrado en determinar si el fallador de segundo grado se equivocó al declarar la compatibilidad de la pensión de jubilación otorgada al actor por el Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, en calidad de docente oficial, con la prestación de vejez a cargo de Colpensiones, como docente privado, que igualmente le fue reconocida mediante Resolución 101511 del 14 de marzo de 2011, la

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Radicación n.° 96561 que, por demás, la alzada ordenó su reliquidación a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad. Previo a dilucidar tal cuestionamiento, como el cargo está dirigido por la vía directa, debe ponerse de presente que no se controvierten los siguientes supuestos fácticos que dio por sentados la colegiatura: i) que el actor nació el 25 de octubre de 1949, por consiguiente, para el 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad; ii) que Cajanal, por medio de la Resolución 20497 de 2001, le reconoció la denominada «pensión gracia» a partir del 25 de octubre de 1999, cuando arribó a la edad de 50 años, la cual fue reliquidada a través de la Resolución n.° 31338 de 2004; iii) que con la Resolución 709 de 2005 el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a partir del 25 de octubre de 2004, le otorgó una pensión vitalicia de jubilación, al cumplir 55 años de edad y por haber prestado sus servicios al Estado por más de 20 años como docente nacionalizado,

prestación que fue reliquidada mediante Resolución 9849 de 2014; iv) que Colpensiones, a través del acto administrativo 101511 de 2011 y a partir del 25 de octubre de 2009, al llegar a los 60 años de edad, le concedió pensión de vejez, con fundamento en lo previsto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y por las cotizaciones que el actor efectúo como docente del sector privado. Precisado lo anterior, resulta pertinente recordar lo

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Radicación n.° 96561 previsto por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, acusado por la censura como aplicado indebidamente, que a la letra dice: ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]. Desde ya, se advierte que el argumento planteado en

este cargo por la entidad recurrente no encuentra prosperidad, pues la aplicación de esa normativa al caso bajo estudio por parte del fallador de segundo grado fue acertada, en tanto corresponde a la línea de pensamiento fijada por esta corporación, alusiva a que el demandante podía prestar sus servicios a establecimientos educativos de naturaleza pública a fin de obtener una pensión de jubilación oficial y, simultáneamente, laborar para entes particulares para poder adquirir una pensión de vejez en el ISS, hoy Colpensiones, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM, o en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, si ocurriese el traslado. Sobre el tema, además de las sentencias citadas por el fallador de alzada, conviene recordar lo dicho en las decisiones CSJ SL, 19 jun. 2008, rad. 28164; CSJ SL, 6 dic.

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Radicación n.° 96561 2011, rad. 40848; reiteradas en los pronunciamientos CSJ SL3775-2021, CSJ SL917-2022 y CSJ SL1127-2022, donde se explicó lo siguiente: En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales, con

la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional. Del mismo modo, cabe anotar que desde la vigencia de la Ley 90 de 1946 existía la obligación de afiliación al Instituto de Seguros Sociales, la cual se materializó de forma progresiva a partir del año 1967 con la expedición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de esa misma anualidad, por tanto, no le era dable a los empleadores privados omitir tal exigencia de estirpe legal, so pena de hacerse acreedores a las sanciones contempladas en la ley, por evadir la responsabilidad en cuanto a vincular a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social, para que obtuvieran cobertura en los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En otros términos, siguiendo lo enseñado por la Corte, no era potestativo para un empleador afiliar al trabajador a su servicio a la seguridad social, de manera que las empresas o establecimiento educativos particulares que se beneficiaron de los servicios de docentes, como lo era el promotor del

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Radicación n.° 96561 proceso, simplemente dieron cabal cumplimiento a la normativa que, se itera, era obligatoria, cotizando para el caso al ISS, hoy Colpensiones, con lo que es perfectamente viable que en virtud de estas cotizaciones el actor pudiera acceder a la pensión de vejez o a la indemnización sustitutiva en caso de no completar las semanas mínimas para adquirir del derecho pensional. Además, en la sentencia CSJ SL3775-2021, reiterada

en la CSJ SL917-2022, se precisó que la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del docente vinculado laboralmente a instituciones de carácter público, no resultaba incompatible con su afiliación al ISS, hoy Colpensiones, en virtud de una relación particular y, con ello, se cumplía la consecuente incorporación al Sistema General de Pensiones previsto por la Ley 100 de 1993. Así se puntualizó: Es que no puede confundirse el hecho de la afiliación del demandante en instancias al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su calidad de docente vinculado laboralmente a instituciones de carácter público, con su trabajo para instituciones particulares y la consecuente incorporación al Sistema General de Seguridad Social, pues, en cada caso, rigen reglas específicas, que aplican según la relación que se predique, lo que no significa que no sea posible gozar de la doble atribución, simultáneamente, y obtener las prestaciones que correspondan a cada uno de ellas, cumpliendo los requisitos del caso. Y en sentencia CSJ SL4117-2020, se había indicado: Sea oportuno señalar que el hecho de estar inmerso en