CSJ - SL2626-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2626-2023 Radicación n.° 94437 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN MANUEL DUARTE RIVERA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró al

BANCO DE LA REPÚBLICA.

Reconócese personería al doctor Mauricio López Barrientos con T.P. n.º 38.176 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial del Banco de la República, en los términos y para los efectos del mandato conferido, que obra en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 94437

I. ANTECEDENTES Juan Manuel Duarte Rivera llamó a juicio al Banco de la República, con el fin de que fuese condenado al reconocimiento y pago de i) la indemnización por despido, por causas imputables al empleador; ii) la sanción moratoria y iii) pensión de jubilación, equivalente al 100 % de su último salario, con efectividad al 9 de febrero de 2018.

En subsidio, iv) la pensión de jubilación, equivalente al 85 % de su último salario, con efectividad al 21 de abril de 2018; v) los beneficios legales y accesorios como servicios médicos y auxilios educacionales que para pensionados y sus

familiares consagra las normas convencionales y reglamentarias internas del demandado; vi) la pensión sanción e vii) indexación. Fundó sus peticiones básicamente, en que se vinculó al Banco mediante contrato de trabajo a término indefinido, el 14 de mayo de 1984; que laboró hasta el 9 de febrero de 2018, data en que dio por finiquitado el vínculo invocando justas causas; que prestó sus servicios por espacio de 33 años, 8 meses y 26 días, siendo su último cargo el de asesor de la dirección del departamento de red bibliotecas, en la Oficina principal de esta urbe y con un salario integral de $15.531.417. Dijo, que hasta el 15 de abril de 1999, fue beneficiario de la CCT y a partir de ese entonces en razón a las funciones le fue aplicado el régimen extralegal para trabajadores

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Radicación n.° 94437 excluidos de las mismas, expedido por el consejo de administración del accionado; que desde el mes de abril de 2017, fue objeto de una serie de acosos y maltratos por parte del empleador; que quien ejerció tales actos fue su superior inmediato, el director del departamento red de bibliotecas, Alberto Abello Vives, quién se vinculó al accionado desde el 17 de abril de 2017; que por la naturaleza del cargo exigía una relación cercana con el jefe y representante del dador del empleo, pero se negó a cualquier tipo de encuentro con él y nunca le concedió una entrevista pese que insistió en ella, en el interregno de abril de 2017 a febrero de 2018. Indicó, que desde abril de 2017 fue desprovisto de sus

funciones, siendo el último empleo que se le encomendó el de una reseña biográfica de los anteriores directores de la biblioteca; que después de entregado no se le asignó ninguna otra tarea, se le excluyó de los comités y grupos de trabajo en el que participaba; se le obstaculizaron todas las iniciativas propias y se le retiraron las tareas que venía cumpliendo aun las ordenadas por la subgerencia, siendo encomendadas a otros funcionarios o eran suprimidas. Agregó, que además de haber sido sometido a un escarnio, se le obligó a ir a su sitio de trabajo a no hacer nada, en conjunto de una serie de burlas y comentarios denigrantes provenientes del mencionado señor Abello Vives instigados por él; que fue sancionado por una falla inexistente, con una amonestación escrita, a través del correo electrónico difundida por el mencionado director dentro del personal sin darle la oportunidad de defenderse o

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Radicación n.° 94437 rendir descargos, incumpliendo con las formalidades del proceso disciplinario; que estando en vacaciones y en un término perentorio de 24 horas se le ordenó rendir un informe sobre las actividades laborales cumplidas cuando no se le había ordenado tarea alguna. Adujo, que además se le prohibió relacionarse con el subgerente cultural superior jerárquico del acosador; que a pesar de lo anterior puso en conocimiento no solo a esa dependencia su situación sino también a recursos humanos, pero no produjo efecto alguno; que el 9 de febrero de 2018, dio por terminado el contrato de trabajo, aduciendo el acoso

a que fue sometido constituyendo justa causa imputable al empleador. Señaló que, a pesar de que el convocado el 14 de febrero de 2018 dio repuesta a dicha misiva hasta el 28 del mismo mes y año, ordenó el pago de salarios y de las prestaciones sociales; que, conforme al régimen prestacional para los trabajadores excluidos del campo de aplicación de la convención colectiva de trabajo, aprobado por el consejo de administración del Banco el 13 de enero de 1988, en su artículo 7, literal A, dispuso el reconocimiento de la pensión de jubilación para quienes cumpla 20 años de servicios a la entidad, sometiendo ese derecho al llegar a la edad de 55 años en el caso de los varones y en el evento de que se arribe a los 30 años de servicio el monto de la prestación correspondería al 100 % del último salario.

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Radicación n.° 94437 Precisó que, conforme al reglamento interno de trabajo – RIT - vigente para la época, cumplió los 20 años de servicios1 y actualmente constituye un requisito para adquirir el derecho a la pensión de jubilación extralegal, al «haber cumplido 20 años en la entidad», estableciendo como edad mínima para el disfrute el exigido por la ley, en el caso de que el trabajador alcance los 30 años de servicios equivalente al 85 % del último salario; que para el 13 de mayo de 2014 contaba con 30 años de servicios y los 55 de edad los cumplió en el 2011 y en el 2018 arribó a los 62; que el 26 de febrero de esa anualidad solicitó el reconocimiento de la

indemnización por despido indirecto y la pensión, que aclaró el 16 de mayo de 2018, siendo decidida en forma negativa a través de las Comunicaciones DSGH-5256 del 16 de marzo y DSGH-10153 del 29 de mayo, ambas del 2018, respectivamente (f.º 2 a 7, y f.º 117 a 130, demanda y su reforma, del cuaderno principal). El demandado, se opuso a las pretensiones tanto principales como subsidiarias. Admitió, la vinculación del demandante, en la modalidad mencionada, las fechas de iniciación y terminación del nexo laboral, el último cargo que desempeñó, el salario que devengó, haber sido inicialmente beneficiario de las CCT y luego se le aplicó el régimen extralegal de trabajadores excluidos de los acuerdos colectivos por el consejo de administración del Banco de la República; el fenecimiento del contrato de trabajo a instancia del trabajador; las reclamaciones elevadas y sus respuestas. 1 Resolución n.º 8228 del 24 de noviembre de 2003, emanada del Ministerio de la Protección Social.

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Radicación n.° 94437 Sobre las restantes afirmaciones adujo que no eran ciertas. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido y falta de título y causa en el demandante; legalidad de la actuación del Banco, inexistencia de la obligación pretendida, carencia de derechos e inexistencia del despido indirecto, buena fe, compensación, prescripción y la genérica (f.º 59 a 82 y f.º 155 a 178, contestación de la

demanda y su reforma, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 9 de marzo de 2020, (f.º 187 a 188, en relación al acta y CD, cuaderno principal), dispuso: PRIMERO: ABSOLVER al demandado BANCO DE LA REPÚBLICA de las pretensiones incoadas en su contra por JUAN MANUEL DUARTE RIVERA, conforme a lo considerado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación formulado por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 30 de septiembre de 2021, confirmó la sentencia del a quo y no impuso costas

(f.º 201 a 219, del cuaderno principal).

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Radicación n.° 94437 El Tribunal, determinó que en este asunto no existió discusión en punto a que: i) el actor prestó sus servicios para el Banco demandado, entre el 14 de mayo de 1984 y el 9 de febrero de 2018, a través de un contrato de trabajo a término indefinido, siendo su último cargo el de asesor en el departamento red de bibliotecas, con un salario integral de $15.531.417, nexo que finalizó a instancia del demandante por causas imputables al empleador2; ii) nació el 21 de abril de 1956, y fue beneficiario de las prerrogativas convencionales entre el 14 de mayo de 1984 al 15 de abril de 1999 y a partir del día siguiente, se le aplicó el

régimen extralegal de los trabajadores excluidos de la convención colectiva, según Acta n.º 087 de 13 de enero de 1998, expedida por el consejo de administración, modificada por Actas 142 del 17 de diciembre de 2001 y 165 y 151 del 11 y 26 de agosto de 2002, respectivamente, en atención al nivel de su cargo3; iii) el 26 de febrero de 2018, reclamó administrativamente al accionado, la indemnización por despido indirecto, la pensión sanción, la prestación vitalicia jubilatoria y la sanción por mora4, siendo desfavorables a 2 Conforme a las certificaciones laborales, renuncia presentada, orden de examen de egreso, liquidación final de prestaciones, y solicitud de vacaciones y su liquidación (f.º 45, 83, 85, 105 y 106; f.º 38 y 90 a 91; f.º 95; f.º 99 a 100; f.º 101 y f.º 102. 3 De acuerdo a la cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento y actas f.º 37, 9, y 45 a 83. 4 f.º 40

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Radicación n.° 94437 través del Oficio DSGH – 05256 de marzo siguiente, con el argumento de no aceptación de los motivos aducidos por el accionante para finalizar el contrato de trabajo, por tanto, la improcedencia de la indemnización por despido y que tampoco cumplía los requisitos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, para optar a una pensión sanción ni tampoco había

superado las exigencias de los artículos 18 y 19 de las CCT antes del 31 de julio de 2010, ni era procedente la sanción moratoria , puesto que desde el 26 de febrero de 2018 estuvo a su disposición la liquidación y cheque5 y, iv) el 16 de mayo de 2018, pidió al demandado el pago de la pensión de jubilación y la sanción moratoria por el retardo en su reconocimiento6, la cual fue negada por medio de la comunicación DSGH-10153 del 29 siguiente, por cuanto el requisito de la edad debía concurrir con el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 20107. Respecto del alcance de la alzada, se pronunció así: 1) De la terminación del contrato de trabajo Rememoró lo dicho por la Corte sobre el tema del despido indirecto, en punto a que obedece a una conducta consciente del trabajador con el objetivo de terminar el contrato de trabajo por una justa causa imputable al empleador. Dijo, que el empleado que da por finalizado el 5 f.º 6 f.º 43 7 f.º 44.

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Radicación n.° 94437 nexo laboral, debe informar en la comunicación, los hechos o causales en que incurrió el empleador y que configuren como justas causas previstas en la ley. Indicó, que para que dicho despido produjera efectos legales era necesario notificar al empleador de manera clara y precisa los motivos de terminación del vínculo, correspondiéndole al trabajador demostrar que i) informó las causas de terminación; ii) la existencia de los motivos alegados y, iii) éstos constituyeron la justa razón de su

desvinculación. Reprodujo el texto de la misiva del finiquito laboral, en la que se plasmó: "...he decidido dar por terminado el contrato de trabajo que me vincula al BANCO DE LA REPÚBLICA, a partir de la finalización de la jornada laboral del día de hoy. Invocando justas causas Imputables al empleador, de acuerdo con los hechos y fundamentos legales que expongo a continuación. Tras casi 34 años de buenos y leales servicios a la Institución, a partir del mes de abril de 2017, con la llegada del señor Alberto Abello Vives al cargo de director de la red de bibliotecas Luís Ángel Arango, he sido objeto de una serie de acosos y malos tratos. Incompatibles con mi dignidad de ser humano y de trabajador. En la práctica, desde el evento mencionado en el párrafo anterior, he sido desprovisto de mis funciones como asesor de la dirección de la biblioteca, se me ha excluido de los grupos de trabajo de los que hasta entonces participaba, en ejercicio de mi cargo, se me ha aislado e ignorado, al punto de prohibírseme, bajo amenazas, establecer cualquier contacto con otras áreas del Banco e Instituciones externas o acudir a la Subgerencla Cultural y se me ha hecho objeto de burlas y comentarios denigrantes provenientes del citado Abello Vives o instigados por él, debiendo, por más de diez meses, acudir a mi puesto de trabajo a permanecer cruzado de brazos, expuesto al escarnio, a la vista de mis compañeros. No siendo esto suficiente, en forma reiterada, a lo largo de este tiempo, Avello Vives ha venido

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Radicación n.° 94437 oponiéndose e impidiendo el desarrollo de proyectos de mi propia iniciativa, pese a haber sido avalados y autorizados por la Subgerencla Cultural. No cabe duda [de] que la intención de Abello Vives ha sido la de obligarme a renunciar, como único medio para conservar mi salud y dignidad. Mis intentos por dialogar con quien es mi jefe y representa ante mí al empleador, han sido infructuosos, porque, a pesar de mis reiteradas solicitudes, se ha negado rotundamente a darme una cita. Me he dirigido a Abello Vives, en forma verbal y escrita, en múltiples ocasiones, sin merecer respuesta. La situación de permanente angustia y congoja resultante del tratamiento impropio que, a través de su representante Alberto Abello Vives, director de la biblioteca Luis Ángel Arango, me ha dado el Banco de la República, ha hecho imposible la continuidad de la relación laboral, pues soy consciente de no poder continuar así, so pena de perder la razón. Sin duda la actitud patronal de que he sido víctima constituye una serie de actos de malos tratamientos y amenazas, que han puesto en peligro mi salud y me han causado perjuicios, implicando un incumplimiento sistemático, sin razones válidas, de las obligaciones patronales de garantizar el trabajo en condiciones dignas y justas, ejecutar de buena fe el contrato de trabajo, protegerme en desarrollo del mismo, absteniéndose de conculcar mis derechos fundamentales a la igualdad de trato, la no discriminación, la atención de las peticiones respetuosas, el debido proceso y la protección a la salud. De contera, se han

incumplido las obligaciones especiales de garantizarme lo necesario para cumplir mis labores y guardar absoluto respeto a mi dignidad y sentimientos; y se han transgredido las prohibiciones especiales de ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja mis derechos como trabajador o que ofenda mi dignidad. Ha incurrido entonces, el Banco de la República, en las justas causas de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, previstas por el Decreto 2351 de 1965, literal b, numerales 2°, 4°, 5°, 6° y 8°, en concordancia, entre muchas disposiciones, con la Constitución Política, artículos 13, 21, 23, 25 y 29, 53; el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74 de 1968), el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 319 de 1996), el Convenio 52 OIT (Ley 54 de 1962), el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 55, 56, 57, numerales 1°, 2°, 5°, 9° y 59, numeral 9°, del Reglamento de Trabajo, el Código de Ética del Banco de la República, el Manual de Convivencia del Banco de la República y mi contrato individual de trabajo....”.

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Radicación n.° 94437 Adujo que el accionado, al dar respuesta a la misma, refirió que no aceptaba los motivos ahí señalados, en razón a que tales situaciones se apartaban de la realidad de la

relación laboral mantenida y, además, porque había cumplido con todas las obligaciones que le atañían. Recordó, que la Corte ha definido el ius variandi, como: […] aquella facultad de dirección del patrono, en cuya virtud puede cambiar las funciones del trabajador por necesidades del servicio o por falta de trabajo en ocupación específica, ordenar ascensos, cambios de horario y lugar de trabajo en sus dependencias empresariales, potestad a la que, se puede presentar oposición, cuando se hace uso de este derecho con el propósito de perjudicar u ofender al trabajador, ejercer represalias o persecución contra él o, con móviles de mala fe, precisando, que por fundarse en la facultad subordinante, el ius variandi se genera en todo contrato sin estipulación expresa, asimismo, en principio, no requiere anuencia o consentimiento del trabajador, siempre que no se afecten sus intereses, que desde un enfoque genérico comprenden tanto el aspecto jurídico, atinente a los derechos mínimos, legales o convencionales, como a las conveniencias de índole personal, social o familiar que han de predicarse en cada caso concreto8. Precisó, como elementos probatorios aportados los siguientes: (i) Comunicación de 1º de noviembre de 2016, en la que la directora de la red de bibliotecas, informó a la Universidad Nacional que se aceptaba la presentación de los estudiantes para sus prácticas, documento elaborado por el demandante9; 8 CSJ SL1967-2020, CSJ SL, 2 may. 2008, rad. 31701; CSJ SL, 8 feb. 1989, rad 2643 y CSJ SL, 20 ag. 1987, rad. 12581.

9 f.º 135 a 136.

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Radicación n.° 94437 (ii) Correo electrónico de 19 de abril de 2017, de Nancy Buitrago para el actor, comunicándole que el director le solicitaba formato en que informara sobre cada uno de los directores desde la creación de la biblioteca Luis Ángel Arango10; (iii) Correos electrónicos enviados entre el convocante y el director Alberto Enrique Abello Vives, - del 7 de junio de 2017, en el que el accionante le indicó al director que no habían tenido la oportunidad para conversar sobre un par de temas y le solicitó autorización para salir de vacaciones11; respuesta de igual calenda, en el que el referido director Abello Vives le manifestó al actor que, había tenido dos semanas con agendas muy cargadas y cruzadas con la programación general del Banco, que no tenía objeciones con sus vacaciones y que debía solicitarlas de manera formal12; - del 3 de agosto siguiente, en el que el director Abello Vives peticionó al demandante informe de sus actividades durante los primeros siete meses del año13, respuesta sin fecha, en que el convocante remitió el informe solicitado14. 10 f.º 134 11 f.º 143 12 f.º 144 13 f.º 146 14 f.º 147

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Radicación n.° 94437 - del 18 de agosto de 2017 en que el director señaló a Duarte Rivera que en distintas ocasiones había pasado por su oficina y no lo había encontrado para conversar, por ello, su informe había sido remitido a la sugerencia cultural y a la

unidad de arte, organismos que evaluarían su labor por ser las competentes, además, debía coordinar con esa área la firma de los certificados de las pasantías, pues consideraba que la actividad de los pasantes no estuvo en su administración15; respuesta de igual calenda de Duarte Rivera manifestando al director que agradecía sus observaciones, las cuales hubieran sido enriquecedoras si hubiera permitido tratarlo desde abril16; - del 8 de septiembre de 2017, en que el director Avello Vives le manifestó al actor que no entendía su comentario sobre el "naufragio" del premio barco de vapor, pues, la decisión de no seguir con el premio fue colectiva, por ello, le solicitaba abstenerse de hacer estos comentarios públicos y se limitara a los conductos regulares para el trámite de las inquietudes que expresó ante la SGCL17; respuesta sin fecha, en que Duarte Rivera manifestó que le sorprendía la reacción al comentario desprevenido y jovial dirigido a Ángela, además, le peticionaba si con la solicitud de limitarse a los conductos regulares, le quedaba prohibido comunicarse con la subgerencia cultural18; 15 f.º 137 16 f.º 138 17 f.º 148 18 f.º 149

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Radicación n.° 94437 - del 05 de diciembre de 2017, en que el demandante solicitó al director instrucciones para continuar las gestiones con la Universidad Jadeo Lozano19; (iv) Correos electrónicos entre Ángela María Pérez Mejía y el accionante: - de 25 de agosto de 2017, en que aquella le manifestó a Duarte Rivera que estaba de acuerdo con que en el futuro

y cuando se renovara el convenio con la Universidad Nacional, el director de la biblioteca participara directamente en la certificación de los pasantes20; - de 15 de septiembre de 2017, en que el demandante arguyó que la situación se tornaba casi insostenible, por lo que, creía que tenía que enviar una nota a Cultura Controlada de Valores sobre la imposibilidad de consenso y de entablar dialogo con su jefe inmediato durante 6 meses, que consideraba estaba en contravía de lo que se esperaba de un líder promotor de comunicación y generador de un clima laboral, pero, antes le preguntaba si estaba bien enviarla21; respuesta de igual calenda, en que ella le indicó que era su opinión y estaba en pleno derecho de enviarla22; - de 07 de febrero de 2018, en el que el convocante informó a Pérez Mejía que no había recibido respuesta del director para continuar el proceso de vincularse a las 19 f.º 140 20 f.º 139 21 f.º 152 22 f.º 153

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Radicación n.° 94437 pasantías, pese a que habían pasado dos meses desde que envió las instrucciones23 y; - del 9 de febrero siguiente, en que Pérez Mejía señaló a Duarte Rivera que si le parecía entregará el proyecto de pasantías a Sigrid Castañeda para que les ayudara a continuar el seguimiento24; Expuso, que, se recibieron los testimonios de Nancy Buitrago, quien dijo que: […] es Auxiliar Administrativa del Departamento de Contaduría del Banco desde hace 30 años; que conoce al actor porque él era el asesor del director y ella era la auxiliar administrativa de la

biblioteca, que desconoce el tiempo de vinculación de Duarte Rivera, ni el motivo de su desvinculación; que tuvieron un período corto con varios directores Margarita Garrido, Alexis de Gray, Natalia Ruiz y, Alberto Avello; que la relación laboral del actor y Alberto Avello era que no tenía relación, pues, el demandante fue a pedir varias veces citas con él y el director no las daba, pero, no era cuestión de malos tratos, solo no hablaban, no le consta si el director le asignaba tareas; antes de la llegada de Alberto Avello, el actor hacia parte del comité de dirección, luego, no por disposición del Director; existe el comité de convivencia; Ángela María Pérez es la Subgerente de la parte cultural de la biblioteca, quien era la jefe Inmediata del demandante. Por su parte, la testigo Ángela María Pérez Mejía indicó que: […] es la Subgerente Cultural del Banco de la República desde el 2006; que conoce al actor, porque trabajó muchos años para la biblioteca Luis Ángel Arango, empezó a trabajar cuando ella era la Directora, que Duarte Rivera se desvinculó por voluntad propia, por renuncia; que conocía al señor Avello, quien fue el director de la biblioteca y ya falleció, que era el superior jerárquico de Juan Manuel Duarte Rivera; que ellos tuvieron una 23 f.º 141 24 f.º 142

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Radicación n.° 94437 relación tensa, pero, no le consta si existió un trato denigrante, era tensa porque no tenían una relación fluida y productiva; no

hubo una relación de acoso o de quitarle las funciones; que las funciones del demandante eran encargado de proyectos puntuales; que él tuvo asignado proyectos durante la época del señor Avello, algunos asignados por ella y otros por Avello; que ella le asignaba tareas, porque, hicieron un proyecto y le pidió su apoyo; que no le hicieron amonestación alguna; que él no le dijo que le estuvieran prohibiendo hablar con ella, incluso solo sabía que era una relación difícil y le aconsejó de la posibilidad de ir al comité de convivencia; que tiene conocimiento que el demandante adujo ser acosado, pero, no ha visto la carta; que no era necesaria la presencia de Duarte Rivera en las reuniones del Comité; que en una oportunidad se presentó que hubo un incidente porque el director se negó a firmar unos diplomas de un proceso de trabajo del actor, sin embargo, ella envió un correo dando la instrucción de que debían firmarse, lo cual se hizo; que no le cambiaron las condiciones de trabajo, que el accionante permaneció en la oficina y en el horario establecido; desconoce si tuvo problemas de salud. Que, Juan Agustín Carrioza Umaña, puntualizó que: […] es el director de la Unidad Administrativa Subgerencia Cultural del Banco de la República, que labora para este ente desde hace 37 años; que conoce a Duarte Rivera, porque, trabajaron juntos mucho tiempo; que fue subdirector de la biblioteca Luis Ángel Arango hace unos años; que el actor trabajó en el área de recursos humanos, luego, en protección y seguridad, después estuvo como asistente de la dirección de la biblioteca Luis Ángel Arango; que el señor Alberto Avello era el

Director; que no le consta como era la relación entre ellos dos, pero, Alberto Avello era el superior jerárquico del demandante; que no le consta si hubo malos tratos o algún percance, ni si hubo cambios en el puesto de trabajo; que el accionante no tenía relación con el Comité Administrativo, simplemente lo podían invitar; que no le constan las funciones, pero, él tenía una relación de relatoría de derechos de autor que hacían los estudiantes, que no sabe si las funciones le habían sido asignados por la anterior directora anterior o por el director Avello; que los mecanismos para solucionar un conflicto es con el jefe inmediato, luego, el comité de convivencia, simplemente se pone la queja y ya; que no recibió instrucciones de dejarle de hablar al convocante. Y, que, Diana Patricia Torres, precisó que:

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Radicación n.° 94437 […] es la Directora de la Biblioteca, que ha trabajado para el Banco desde 1990, que conoce al actor porque habían laborado en las mismas dependencias de la biblioteca Luis Ángel Arango, pero, no recuerda en que fechas exactas; que el señor Alberto Avello fue el Director; que no tenían relación el accionante y el director, que no vio malos tratos; que el director no le asignó funciones al actor, mientras éste se dedicó al archivo; que no le consta que tuviera percance de salud como consecuencia de estas situaciones; que no le cambiaron el sitio de trabajo; que Duarte Rivera era miembro de un comité directivo, que no volvió porque eso era decisión del director; que el asesor era apoyar los

proyectos de la dirección, cargo que no toma decisiones; que no le consta que prohibieran hablar con él; que para solucionar los conflictos existe el consejero laboral y comité de convivencia, que desconoce si el actor acudió a esas Instancias. Determinó, que de dichas probanzas, no permitía colegir malos tratos, amenazas o conductas discriminatorias que adujo el actor fue objeto, pues, ninguno de los declarantes indicó que se le haya impuesto tratos denigrantes ni que lo hubiesen aislado, tampoco que existiera prohibición de hablarle, simplemente había una relación tensa entre el accionante y el director de la biblioteca Luis Ángel Arango, Alberto Avello Vives; que de los correos electrónicos se advirtió que la relación siempre fue cordial y que lo requerían para que no efectuara comentarios sobre las decisiones tomadas por la dirección así como a rendir informe sobre sus labores, situaciones propias del poder de subordinación del empleador. Añadió, que si bien el director Alberto Avella Mejía no le asignó tareas al demandante, cumplía labores de archivo, como lo informó Diana Patricia Torres, circunstancia que no lograba establecer el acoso o persecución laboral, pues, el accionante también tenía tareas asignadas por Ángela María Pérez Mejía, como esta lo narró en su dicho.

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Radicación n.° 94437 Agregó que, aunque Duarte Rivera asistía a comités de dirección con anterioridad a la llegada del director Alberto Avello Vives, el hecho de que no hubiera sido invitado con posterioridad no denotaba exclusión de los grupos de trabajo

o discriminación, pues, los testigos Ángela María Pérez Mejía y Juan Agustín Carrioza Umaña manifestaron que no era obligatorio que aquel acudiera, sino que eran simplemente invitaciones, pues, este no podía tomar decisiones. Acotó, que la subordinación jurídica, elemento esencial de la existencia del contrato de trabajo, permitía al empleador modificar las condiciones de trabajo en el curso de la relación laboral, siempre que no afectara los derechos fundamentales del trabajador. Destacó, que los testigos fueron coincidentes en manifestar que no existió desmejora en las condiciones laborales del convocante, en tanto que, mantenía su horario y puesto de trabajo, ni tampoco se advirtió que se le haya disminuido el salario, como daban cuenta las certificaciones laborales y la liquidación final. Concluyó, en este asunto, la no configuración del despido indirecto alegado por el demandante y por tanto la improcedencia de la indemnización perseguida.

2. De la indemnización moratoria

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Radicación n.° 94437 Trajo lo expuesto por el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, así como la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte, en punto a que dicha sanción no era de aplicación automática ni inexorable, toda vez que, si el empleador acreditaba que su actuar estuvo revestido de buena fe, a través de los medios de convicción y con argumentos válidos que justificara su conducta omisiva, se le debía absolver de la misma. Sostuvo, que se aportó el Oficio DSGH - 05256 de 16 de

marzo de 2018, en el que el Banco de la República informó que el 18 de febrero anterior, canceló la liquidación definitiva al a