CSJ - SL2627-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2627-2023 Radicación n.° 96031 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el YENNY PAOLA RAMÍREZ ROJAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauro al BANCO

POPULAR S. A. y a la EMPRESA DE SERVICIOS

TEMPORALES TYS TEMPORALES SISTEMPORA hoy EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES T&S TEMSERVICE SAS, juicio al que se vinculó a SEGUROS DEL ESTADO S. A., en su condición de llamada en garantía. Reconócese personería al doctor Ricardo Escudero Torres con T.P. n.º 69.945 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial del Banco Popular

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Radicación n.° 96031

S. A., en los términos y para los efectos del mandato conferido, que obra en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Yenny Paola Ramírez Rojas llamó a juicio al Banco Popular S. A. y a la Empresa de Servicios Temporales TYS Temporales Sistempora hoy T&S Temservice SAS, para que se declarare que con la primera existió un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 11 de junio de 2014 al 28 de septiembre de 2016 y que la segunda actuó como

una simple intermediaria, razón por la que debía responder de forma solidaria. Suplicó, porque se estableciera que su empleador le canceló sus prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral «y demás derechos consolidados», con un salario inferior al realmente devengado, al no incluírsele las bonificaciones habituales y permanentes y, que, en virtud del principio de igualdad, tiene derecho al reconocimiento de la misma retribución y prerrogativas legales y convencionales que se entregaron a los abogados de la institución financiera. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la diferencia salarial; todos los beneficios extralegales contenido en la convención colectiva de trabajo, incluyendo la reliquidación de sus prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por despido y las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley

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Radicación n.° 96031 50 de 1990 y 65 del CST o, en su defecto, la indexación (expediente digital). Fundamentó sus aspiraciones, afirmando que fue contratada para ocupar el cargo de abogada interna – unidad de cobro jurídico de Ibagué zona central; que esa vinculación se realizó a través de la empresa de servicios temporales, aun cuando en la entidad, se contaba con personal que realizaba la misma función, pero contratada de forma directa, quienes, tenían beneficios convencionales. Sostuvo que, desde el inicio de su vinculación, recibió salario y también un emolumento permanente denominado bonificación no prestacional, que era variable y dependía de la gestión mensual realizada para recuperar cartera en mora, junto con el avance de etapas procesales; que, pese a esa

situación, no se sumaron para calcular sus derechos prestacionales. Manifestó, que la labor encargada la realizó en los horarios fijados por el banco y bajo sus órdenes continuas; que el 28 de setiembre de 2016, una representante de la institución, le informó, que se decidió dar por terminado el contrato de trabajo, de manera unilateral. El demandado principal, se opuso a las pretensiones formuladas en su contra porque con la accionante no lo ató ninguna relación e indicó, que no le constaba o no eran ciertos los supuestos en los que se soportaban.

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Radicación n.° 96031 En su defensa, formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de título y causa, enriquecimiento sin justa causa, pago, compensación, buena fe e inexistencia de solidaridad. Llamó en garantía a Seguros del Estado S. A. (ib.). La empresa de servicios temporales solicitó negar los reclamos de la petente, pues con esta suscribió tres contratos por obra o labor contratada, autónomos e independientes y pagó, de forma oportuna y completa, los salarios y prestaciones. Presentó las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción y buena fe (ibidem). La accionante reformó su demanda y solicitó el pago de los siguientes conceptos previstos en la convención colectiva; incrementos salariales; auxilio de alimentación, de transporte y de hijos; primas de servicios, semestral y de vacaciones (ejusdem).

En subsidio, pretendió declarar la existencia de los contratos, pero frente a quien en un principio convocó, en su condición de simple intermediario, para que este reajustará sus prestaciones incluyendo la bonificación no prestacional y le reconociera, para cada una de esas vinculaciones, las indemnizaciones de despido y por mora. Ante esa situación, las enjuiciadas reiteraron los argumentos expuesto con anterioridad (ídem).

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Radicación n.° 96031 El llamado en garantía, sostuvo que nada sabía sobre los hechos y omisiones relatados por la convocante e indicó, que la póliza que suscribió con quien lo citó no lo obligaba. Presentó, frente al líbelo genitor, las excepciones de imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las sanciones laborales, falta de prueba de los requisitos que el demandante debe cumplir para ingresar a la convención colectiva de trabajo e inexistencia de perjuicio indemnizable. Respecto al llamamiento, descubrió las de inexistencia de la obligación, falta de cobertura, ausencia de responsabilidad, cobertura exclusiva de los riesgos pactados, exclusión pactada expresa en las condiciones generales de la póliza, imposibilidad de afectar las pólizas de cumplimiento, límite de responsabilidad y prescripción (expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, con fallo del 23 de enero de 2020, resolvió:

PRIMERO. -DECLARAR que entre YENNY PAOLA RAMÍREZ ROJAS, como trabajadora y EL BANCO POPULAR, como empleador existió un contrato de trabajo comprendido entre el 11 de junio de 2014 y el 28 de septiembre de 2016, terminado sin justa causa por el empleador. SEGUNDO. -CONDENAR al BANCO POPULAR, como empleador y la firma EST TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA S.A.S., como intermediaria, en forma solidaria con la anterior, a pagar a la señora YENNY PAOLA RAMÍREZ ROJAS, como trabajadora, una vez ejecutoriado este fallo, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: Cesantías $1.669.823, por Intereses a las

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Radicación n.° 96031 Cesantías $260.994, por Prima de Servicios $1.691.999, por Vacaciones $781.792; por aumento de salario convencional $926.429, por Auxilio de Transporte convencional $1.419.366; sumas debidamente indexada hasta que efectivamente se cancele, así como la indemnización por despido sin justa causa $2.961.681; por las razones que se consignaron en el cuerpo de esta decisión judicial. TERCERO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda ante lo motivado. CUARTO. -DECLARAR probada la excepción de Buena Fe del Banco Popular, parcialmente la de prescripción y compensación, y no probadas las demás. Declarar probada la excepción de “Inexistencia de la Obligación a cargo de Seguros del Estado S. A., si se declara relación laboral directa entre el Banco Popular y

la Demandante. […]. En su decisión, manifestó que el salario de la demandante estaba conformado por lo que recibía mensualmente y también por los incrementos convencionales, el auxilio extralegal de transporte y la bonificación. Siendo eso así, fijó, para el año 2015, la suma de $1.456.011 y para el 2016 de $1.586.615. La indemnización por despido sin justa causa que concedió fue la legal. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, al hallar que la demanda se presentó el 15 de julio de 2018, lo cual, significaba que los derechos causados con anterioridad al mismo día y mes, pero de 2015, estaban afectados por ese fenómeno extintivo de las obligaciones, salvo las cesantías.

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Radicación n.° 96031 El 13 de febrero de 2020 adicionó su decisión, así: SEGUNDO .- CONDENAR al BANCO POPULAR, como empleador y la firma EST TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA S.A.S, como intermediaria, en forma solidaria con la anterior, (sic) pagar el saldo de los aportes a pensión a nombre de la señora Yenni Paola Ramírez Rojas, teniendo en cuenta el salario base de liquidación establecido precedentemente y correspondiente al periodo del 11 de junio de 2014 y el 28 de septiembre de 2016, como lo disponen los artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con sentencia del 7

de julio de 2022, confirmó la del juzgado. En lo que interesa al recurso de casación, definió que entre los contendientes se verificó una relación laboral en los espacios temporales señalados en primera instancia y donde la empresa de servicios temporales se desempeñó como una simple intermediaria, siendo, por lo tanto, responsable solidaria de las condenas impuestas. En cuanto a la aplicación de los beneficios convencionales, señaló: Precisó la apoderada judicial de la demandante que las convenciones colectivas firmadas el 1º de diciembre de 2011 que regía por el periodo comprendido entre el 1º de enero 2012 a 31 de diciembre de 2014, y la firmada el 11 de diciembre de 2014 que regía a partir del 1º de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017; por lo que le son aplicables a la demandante al encontrarse los beneficios vigentes, ello en el entendido que el artículo 3 de la convención vigente para la época de los hechos señaló que quedan vigentes todas las normas pactadas con

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Radicación n.° 96031 anterioridad en las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, acuerdos pre existentes y la costumbre a falta de norma escrita que no sea expresamente modificadas o derogadas en todo o en parte por la convención colectiva que da fin al conflicto colectivo resultante de la aplicación del pliego de peticiones. Frente a lo anterior, es menester indicar que las convenciones colectivas de trabajo son el resultado el acuerdo de voluntad de

las partes, a través del cual se pactan normas de las que se derivan derechos y obligaciones para regular relaciones sociales durante la vigencia de los contratos de trabajo y, en algunos casos, después de su culminación. De cara a la validez probatoria de la convención colectiva para que sea una verdadera fuente de derechos, el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa que sus efectos se derivan de la celebración que de ella se haga por escrito y del depósito que se realice ante la autoridad del Trabajo, lo cual constituye una prueba solemne, constancias de depósito que fueron aportadas al expediente. Regresando al caso su examine, se tiene que el artículo 2 y 3 de la convención colectiva de fecha 11 de diciembre de 2014, vigente para la época del despido de la demandante, señala lo siguiente: […] A su turno, los artículos 2º y 3º de la convención colectiva de trabajo de 1 º de diciembre de 2011, señalan lo siguiente: […] Así las cosas, como bien lo adujó el A quo, la convención colectiva que estaba vigente para la época del despido de la demandante y por ende era aplicable, era la convención colectiva de 11 de diciembre de 2014, la cual era la única que tenía fuerza de vinculación dada la vigencia y campo de aplicación de la misma, y al no estar contemplados los beneficios colectivos de indemnización por despido sin justa causa; prima de servicios, prima semestral y prima de vacaciones; no era viable su reconocimiento, al no existir norma expresa que consignará que dichos beneficios habían sido prorrogados al estar reconocidos

en una anterior convención colectiva, o que por el contrario, estuvieran taxativamente reconocidos en la convención colectiva vigente para su aplicación. Luego, no es acertado el análisis realizado por la parte actora, debido a que cada convención tiene un campo de aplicación y vigencia que fue derogando inmediatamente la aplicación de las anteriores convenciones colectivas dejándolas sin fuerza de aplicación; pues si se tomará la tesis de la recurrente, llevaría a esta Sala a que se concedieran beneficios a perpetuidad

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Radicación n.° 96031 desconociendo la literalidad aplicable de la convención colectiva vigente para la época de los hechos. […] En consecuencia, al no avizorarse de manera expresa y clara dentro de la convención colectiva de trabajo vigente del 11 de diciembre de 2014, que los beneficios extralegales a los que la demandante pretende que se concedan, le son aplicables al presentarse una extensión más allá de su vigencia; habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en ese sentido. Para decidir sobre las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, citó la sentencia de casación con radicación CSJ SL1413-2022 e indicó: Así, se indica por parte del Banco Popular SA que no puede responder por las condenas impuestas en la medida que jamás existió un contrato de trabajo con la demandante, pues no se dieron los elementos para que hubiera existido una relación jurídica de esa naturaleza por parte de esta entidad, en tanto y en cuanto dicha entidad suscribió contratos con la empresa de

servicios temporales para la contratación de trabajadores en misión, verificando que estas empresas cumplieran con los requisitos exigidos por la Ley para su funcionamiento. Por lo que a efecto de establecer sí a la demandante se le pagaron sus salarios y prestaciones sociales para las que fue contratada, es una situación que fue aceptada por el demandante al momento de absolver su propio interrogatorio, al indicar que la empresa de servicios temporales canceló oportunamente sus salarios y prestaciones sociales. Para el efecto, basta señalar que el juez A quo tuvo en cuenta las documentales aportadas al proceso, tales como los desprendibles de nómina de la actora que dan cuenta se le cancelaron sus salarios y primas durante la relación laboral por lo que, en un prudente juicio de ponderación, no se puede aplicar, sin formula de juicio, la sanción establecida en el artículo 65 de la norma sustantiva laboral ni la sanción por no consignación de cesantías. Argumentos estos por los que no resulta procedente imponer condena por la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ni la sanción por no consignación de cesantías; como bien lo adujó el A quo.

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Radicación n.° 96031 Por último, agregó: Respecto a la indemnización por despido sin justa causa extralegal por convención colectiva del 28 de mayo de 1992, es de resaltar por parte de esta Sala, que la misma no es procedente, debido a que este beneficio en aquella convención tenía una vigencia desde el 1 º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de

1993; beneficio que no fue prorrogado o extendido a la convención colectiva de trabajo de 11 de diciembre de 2014, la cual estaba vigente para la fecha del despido de la demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo presenta así: Mediante los cargos que más adelante formularé, con toda consideración y respeto, persigo que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia revoque parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto negó las demás pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de buena fe del Banco Popular, y en su lugar acceda a las todas las condenas relacionadas con el reconocimiento de los beneficios convencionales, incluido el ajuste de la indemnización por despido sin justa causa extralegal, y las indemnizaciones moratoria (Art. 65 del C.S.T.) y la sanción por no consignación de cesantías, tal como fue solicitado en el escrito de la demanda y su reforma, confirmándola en lo demás. En cuanto a las costas ha de ser esa Honorable Corporación la que decida lo pertinente.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por el Banco

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Radicación n.° 96031 Popular. Primeramente se analizarán en conjunto el 3° y 4°; luego el 2° y, si es del caso, se continuará con el 1°.

VI. CARGO TERCERO Lo formula así: Acuso la sentencia impugnada de violar la Ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1°, 10, 13, 14, 21, 64, 467, 468, 471, 478 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 13, 53 y 55 de la Constitución Nacional, artículos 1602 y 1603 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 51, 54A, 60, 61 del CPTS, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y evidentes, por falta de apreciación de algunas pruebas y defectuosa aplicación de otras.

Los errores de hecho, son los siguientes: - No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante le eran aplicables las cláusulas convencionales vigentes para los trabajadores del Banco Popular, en igualdad de condiciones. - Dar por demostrado, sin estarlo, que, para la época de despido de la demandante, no eran aplicables los derechos y prerrogativas contemplados en Convenciones Colectivas anteriores, pese a que no fueron modificadas expresamente, ni derogadas por la Convención Colectiva de Trabajo de fecha 11 de diciembre de 2014. - No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante le eran aplicables las cláusulas convencionales vigentes para los trabajadores del Banco Popular, que contemplaron como beneficios extralegales el derecho a las primas extralegales de servicios, prima semestral y prima de vacaciones, en igualdad de condiciones.

• No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante le eran aplicables las cláusulas convencionales vigentes para los trabajadores del Banco Popular, que contemplaron como beneficios extralegales la indemnización por despido sin justa causa extralegal.

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Radicación n.° 96031 Yerros que supedita a la errada apreciación de estos medios de convicción:

1. Derecho de petición remitido a la División de Archivo Sindical, solicitando copia auténtica de las Convenciones Colectivas suscritas entre las comisiones negociadoras del Banco Popular

S. A. y la UNEB, con sus respectivas constancias de depósito.

(folio 156 de la carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2, archivo Cuaderno 2, del expediente digital del Tribunal Superior de Ibagué)

2. Memorial emitido por la División de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo en donde relacionan los laudos arbitrales y las convenciones colectivas suscritas entre el Banco Popular desde 1961 hasta el 2018. (folios 157 al 158 de la carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2, archivo Cuaderno 2, del expediente digital del Tribunal Superior de Ibagué)

3. Copia de las convenciones colectivas del 31 de agosto de 1961, 16 de diciembre de 1999 y del 18 de octubre de 2005, con sus constancias de depósito, que consagran el beneficio de la Prima de Servicios. (folios 159 al 213 de la carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2, archivo Cuaderno 2, del expediente

digital del Tribunal Superior de Ibagué)

4. Copia del Laudo Arbitral del 26 de julio de 1974 y de las convenciones colectivas del 1º de febrero de 1980, del 12 de diciembre de 1985 y del 16 de diciembre de 1999, con sus constancias de depósito, que consagran el beneficio de la Prima Semestral. (folios 214 al 275 y del 164 al 186 de la carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2, archivo Cuaderno 2, del expediente digital del Tribunal Superior de Ibagué)

5. Copia de la Convención Colectiva del 06 de marzo de 1990 y del 18 de octubre de 2005, que consagran la Prima de Vacaciones. (folios 276 al 297 y del 188 al 203 de la carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2, archivo Cuaderno 2, del expediente digital del Tribunal Superior de Ibagué).

También relaciona, por su inobservancia, la

1. Convención Colectiva de Trabajo 20152017Recopilación de las Normas Convencionales y Arbitrales vigentes 19582015 de la Unión Nacional de Empleados Bancarios. (folios 216 a279 del

Documento Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente Primera Instancia_2022060607583 código 520227960401470).

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Radicación n.° 96031 Y el

2. Interrogatorio de parte rendido por el representante legal del BANCO POPULAR en la audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2019. (Carpeta Primera Instancia, subcarpeta CUADERNO 2,

archivo CD 3 FOLIO 750, del expediente digital del Tribunal Superior de Ibagué) Al soportarlo, cita la decisión cuestionada y manifiesta: Frente a este tema, debemos tener en cuenta que al declararse que mi mandante tuvo un verdadero vínculo laboral con el Banco Popular S. A., se declaró también su condición de beneficiaria de las prerrogativas establecidas en Convención Colectiva de Trabajo, ordenándose el reconocimiento del aumento salarial convencional y el auxilio de transporte extralegal, pero negando el derecho a las Primas extralegales de Servicios, Navidad y Vacaciones, así como la indemnización extralegal por despido injusto. Ahora bien, efectuadas las anteriores precisiones, se pasa a la explicación de los dislates que se denuncian, para concluir como el Ad quem se alejó de la realidad probatoria en lo que respecta a los beneficios convencionales reclamadas desde el escrito inaugural, incurriendo en los denominados errores facti in indicando, por cuanto de haberse analizado el caudal probatorio en su integridad, de conformidad con los lineamientos de la sana crítica, habría encontrado probado que a la demandante si le eran aplicables las cláusulas convencionales vigentes para los trabajadores del Banco Popular, en igualdad de condiciones; precisamente en el entendido que el artículo 3º de la convención vigente para la época de los hechos señaló que quedaban vigentes todas y cada una de las normas pactadas con anterioridad en las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, acuerdos pre existentes y la costumbre a falta de norma escrita, que no

fuera expresamente modificadas o derogadas en todo o en parte por la convención colectiva que dio fin al conflicto colectivo resultante de la aplicación del pliego de peticiones, es decir consagró expresamente la vigencia convencional de tales acuerdos que, en aplicación, a lo pactado, venían siendo reconocidos por la Entidad Bancaria, tal como lo confesó el representante legal del BANCO POPULAR en el Interrogatorio de parte, recaudado en la audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2019.

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Radicación n.° 96031 Ahora bien, al expediente fue incorporado el documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo 20152017Recopilación de las Normas Convencionales y Arbitrales vigentes 19582015 de la Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB”, prueba denunciada como no apreciada por parte del Tribunal, en donde precisamente aparece la relación de todos los derechos y prerrogativas de los trabajadores del Banco Popular a lo largo de 58 años de lucha sindical, acotando que cada descripción del derecho extralegal allí enunciado, también describe la convención colectiva en la que se pactó cada derecho, así: […] De igual modo, fueron mal valorados las pruebas relacionadas en el capítulo de pruebas defectuosamente apreciadas, en las que encontramos el Oficio emitido por la División de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo, con el que se anexan la completitud de laudos arbitrales y convenciones colectivas suscritas entre el Banco Popular y la Organización Sindical UNEB desde 1961 y

hasta el 2018, en lo que se puede corroborar las prerrogativas antes señaladas, pues tales documentos tienen la respectiva constancia de depósito que se exige en estos casos, así: Convenciones colectivas del 31 de agosto de 1961, 16 de diciembre de 1999 y del 18 de octubre de 2005, que consagran el beneficio de la Prima de Servicios; Laudo Arbitral del 26 de julio de 1974 y de las convenciones colectivas del 1º de febrero de 1980, del 12 de diciembre de 1985 y del 16 de diciembre de 1999, que consagran el beneficio de la Prima Semestral. Convención Colectiva del 06 de marzo de 1990 y del 18 de octubre de 2005, que consagran la Prima de Vacaciones, convención colectiva del 2 de mayo de 1992, que contempla la indemnización convencional por la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo. Por ello, el Tribunal al no aplicar el conjunto de Convenciones Colectivas antes señalado, vulneró los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, al igual que, los artículos 53 y 55 de la Constitución Nacional que precisamente consagran la Igualdad de los trabajadores, así como el derecho a la negociación colectiva, lo mismo que lo preceptuado por el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se establece precisamente la prórroga automática de la Convención Colectiva; acotando que en este asunto no se pretendió la perpetuidad de los beneficios extralegales “extensión más allá de su vigencia” como lo entendió

el Tribunal, sino simplemente la aplicación de las cláusulas convencionales vigentes para la ápoca de los hechos para los trabajadores del Banco accionado, a favor de la demandante, en virtud del principio de igualdad. En igual sentido, tenemos que el Tribunal dejó de lado la declaración rendida por el representante legal del BANCO

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Radicación n.° 96031 POPULAR en el Interrogatorio de parte, recaudado en la audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2019, en donde en torno a los beneficios convencionales, expuso: […] Ahora bien, es menester precisar que el hecho de que tales prerrogativas no aparecieran discriminadas de forma textual en las Convenciones Colectivas del 1º de diciembre de 2011 y del 11 de diciembre de 2014, no le resta eficacia a la aplicación de aquellos derechos y prerrogativas vigentes para el personal de planta del Banco, discriminados en convenciones anteriores que no fueron objeto de denuncia (art. 479 C.S.T.) pues además de reconocerse al Banco Popular como verdadero empleador de la demandante, ello acarrea la lógica consecuencia de revestirla de todos los derechos salariales y prestacionales que le fueron coartados precisamente por haberse acudido a la desvirtuada calidad de trabajadora en misión, cuando en realidad debía ser acreedora de las prebendas y beneficios establecidos en las distintas normas Convencionales vigentes para el momento de la ejecución del contrato, conforme lo discriminado a lo largo del cargo, en aplicación de los principios mínimos fundamentales de los trabajadores, a la favorabilidad y la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación

de las fuentes formales de derecho.

VII. CARGO CUARTO Expone: Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustancial, en forma directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 55, 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 478, 479 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 1602 y 1603 del Código Civil y los artículos 13, 53 y 55 de la Constitución Nacional, artículos 51 y 145 del C.P.T.S.S., junto con el 167 del

C.G.P. Al sustentarlo, reproduce la decisión cuestionada y señala que el Tribunal negó la aplicación de la cláusula 3ª de la Convención Colectiva suscrita el 11 de diciembre de 2014, entre la Unión Sindical de Empleados Bancarios – UNEB – y el Banco Popular y sostiene:

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Radicación n.° 96031 Lo anterior en clara contravención de lo contemplado en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la prórroga automática de las normas convencionales que no sean objeto de denuncia, como precisamente ocurrió en este caso, en donde prerrogativas tales como la prima extralegal de servicios, la prima extra legal de navidad y la prima extralegal de vacaciones y la indemnización extralegal por despido sin justa causa, se constituyen en prebendas conquistadas por los trabajadores, que se aplican sin distinción alguna al personal

vinculado al Banco y por ende, debían aplicarse a la demandante

YENNY PAOLA RAMÍREZ ROJAS.

Ello dado que como quedó antes referenciado, como supuesto fáctico quedó demostrada la calidad de verdadero empleador del Banco Popular, lo que se acompasa con el artículo 1º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época de los hechos, por medio de la cual se establece que tal disposición rige las relaciones entre el Banco y sus trabajadores sin discriminación alguna, modificando en consecuencia el Reglamento Interno de Trabajo y los contratos de trabajo individuales y que se celebren a futuro, sin ninguna distinción. De este modo, el Tribunal incurrió en desacierto jurídico al indicar que las normas convencionales, referidas a los citados acuerdos colectivos: Prima de Servicios: Artículo 12 de la Convención Colectiva del 18 de octubre de 2005, que modifica el punto 2 de la C.C del 31 de agosto de 1961 y el art. 9 de la C.C. del 16 de noviembre de 1999; Prima Semestral: artículo 11 de la C.C. del 16 de diciembre de 1999, que modifica el artículo 5 del Laudo Arbitral del 26 de julio de 1974, artículo 12 de la C.C. del 1º de febrero de 1980 y el numeral 1 del artículo 32 de la C.C. del 12 de diciembre de 1985; Prima de Vacaciones: Artículo 13 de la Convención Colectiva del 18 de octubre de 2005, que modifica el art. 26 de la C.C. del 06 de marzo de 1990; la indemnización convencional por la terminación unilateral e

injusta del contrato de trabajo: art. 4 de la convención colectiva del 2 de mayo de 1992; quedaron derogados […], pese a que como se dijo tales prebendas convencionales no fueron objeto de denuncia por parte de la organización sindical y por ende quedaron cobijadas bajo el principio de prórroga automát