CSJ - SL2629-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2629-2023 Radicación n.° 96390 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ MIGUEL GÓMEZ OLAYA, contra la sentencia proferida por la Sala Labora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario que le instauró a la

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA,

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA Y

COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA

NACIONAL.

I. ANTECEDENTES José Miguel Gómez Olaya llamó a juicio a la Universidad Cooperativa de Colombia y a la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, con el fin deque se declarara que con

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Radicación n.° 96390 la primera existió contrato de trabajo a término fijo que inició el 25 de julio de 2011 y culminó el 17 de diciembre de 2011 y que se le adeuda lo correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones correspondientes al contrato de trabajo, junto con laindemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, además de lo que resulte probado ultra y extra petita y las costas.

Subsidiariamente solicitó que, de ser procedente, se condene también a la CTA La Comuna por actuar de mala fe (f. ° 61 a 62, subsanación f.° 91 a 111 cuaderno del juzgado). Fundamentó sus peticiones en que estuvo vinculado como docente de tiempo completo con la Universidad Cooperativa de Colombia, por varios lustros. Manifestó que, el 25 de julio de 2011, suscribió un documento titulado «convenio de trabajo asociado a término fijo» con la CTA La Comuna, durante el cual se desempeñó como profesor de tiempo completo en el pregrado de la facultad de contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia, percibiendo un salario mensual de $2.325.960, y el cual terminó el 17 de diciembre de 2011. Afirmó, que en dicho semestre dictó las cátedras de contabilidad II, contabilidad III en pregrado; que su

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Radicación n.° 96390 desempeño fue directamente con la facultad y universidad mencionada y sus funcionarios, nunca con la CTA La Comuna, la cual solo consignó en una cuenta bancaria del establecimiento financiero BBVA lo correspondiente al salario, por lo que él y sus compañeros se consideraron trabajadores de la Universidad Cooperativa de Colombia. Anotó, que la coordinación de los horarios, planes de estudio, asignación de salones y de estudiantes fue realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, no por la CTA La Comuna. Señaló, que con frecuencia se realizaban reuniones de profesores en las que todo giraba alrededor de la vida académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y no

de la CTA. Arguyó que, en el segundo semestre de 2011, como actividades obligatorias al servicio de la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables, programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, fue convocado para hacer las entrevistas de ingreso de los aspirantes a pregrado, dirigir trabajos de grado, hacer exámenes como jurado de los mismos, hacer tutorías para los estudiantes de pregrado en forma permanente, con base en horarios fijados por la misma Facultad y la elaboración de sílabos, actualización de «microcurriculums», planes de trabajo semestral «PTS», calificación de estudiantes, realización de habilitaciones, supletorios y entrega oportuna de notas y calificaciones.

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Radicación n.° 96390 Adujo que, en ninguna de las actividades antes mencionadas, la CTA La Comuna tuvo injerencia alguna, pues todo se desarrolló bajo la dirección y coordinación de la universidad propiamente dicha y la facultad antes referida. Expuso que, a la terminación del semestre lectivo, no le fue pagado lo correspondiente a primas, vacaciones, cesantías e intereses a las mismas. Aludió que,durante el segundo semestre lectivo del año 2011, la mencionada CTA jamás fungió como empleadora, además no era la propietaria ni tenedora de los medios o materiales de labor y por el contrario se ejerció completa subordinación por parte de los funcionarios directivos de la universidad, dando cumplimiento a los horarios y funciones asignados por esta. Exteriorizó, que la CTA La Comuna, no estaba

autorizada por el Ministerio de la Protección Social de entonces, ni por ninguna autoridad nacional para desempeñarse como empresa de servicios temporales. Recordó que, mediante Comunicado de noviembre 8 de 2011, la Cooperativa en asocio con el rector de la universidad, informaron la decisión de migrar, a partir del año siguiente, a la vinculación de los docentes como empleados directos de la Universidad (f. 62 a 66 del cuaderno I tomo I del Juzgado).

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Radicación n.° 96390 La Universidad Cooperativa de Colombia se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la suscripción del convenio de trabajo asociado a término fijo entre el actor y la CTA La Comuna, los extremos temporales del mismo, el cargo desempeñado y las cátedras dictadas y la comunicación para vincular a los docentes como empleados directos de la universidad, respecto a los restantes indicó no ser ciertos. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó pago, cobro de lo no debido, inexistencia de obligaciones pretendidas, mala fe del demandante, buena fe de la demandada, compensación y la genérica (f. ° 134 a 140 cuaderno I tomo I del Juzgado). Por su parte la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna se opuso a las pretensiones incoadas en su contra y, en cuanto a los hechos, admitió la suscripción del convenio de trabajo asociado a término fijo entre el actor y la CTA La Comuna, los extremos temporales del mismo, el cargo desempeñado, las cátedras dictadas y la comunicación para

vincular a los docentes como empleados directos de la universidad, respecto a los restantes indicó no ser ciertos. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó, pago total de las pretensiones formuladas en la demanda; compensación; cobro de lo no debido; la CTA La Comuna no ejerce intermediación laboral, ejerce una labor de tercerización protegida por la Constitución y permitida por la ley; inexistencia del contrato laboral bajo continuada

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Radicación n.° 96390 subordinación y dependencia entre la CTA La Comuna y el trabajador asociado; existencia de la prestación del servicio regida por medio de un acuerdo de trabajo asociado a través de un tercero, esto es la CTA La Comuna regulados por la Ley 79 de 1988 y no por el CST; inexistencia de las obligaciones pretendidas; falta de causa; mala fe del demandante; buena fe de las entidades demandadas; terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado y prescripción (f.° 183 a 204 cuaderno del Juzgado). El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 19 de septiembre de 2016, en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS resolvió la procedencia de la acumulación del proceso 2015-879 al proceso 2015-092 (f. ° 289 cuaderno del Juzgado). En el proceso que se acumuló (2015-879) al inicial (2015-092), José Miguel Gómez Olaya, llamó a juicio a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Cooperativa de

Trabajo Asociado La Comuna y a la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, con el fin deque se declarara que con la primera existió contrato de trabajo que inició el 6 de febrero de 1995 y terminó el 31 de mayo de 2013, en el que desempeñó el cargo de docente de tiempo completo y que se le adeudan cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, correspondientes a lo laborado durante los años 1995 a 2010. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al pago de las cesantías, intereses a las cesantías,

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Radicación n.° 96390 prima de servicios y vacacionesgeneradas por lo laborado en el lapso de 1995 al 2010, junto con la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, además del pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por el periodo de febrero de 1995 a junio de «2003», además de lo que resulte probado ultra y extra petita y las costas. Subsidiariamente solicitó que se condene solidariamente a las Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional y a la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, a pagar la indemnización moratoria y los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Seguidamente peticiona que se condene tanto a la Universidad Cooperativa de Colombia, o a esta y las Cooperativas demandadas, al pago de la pensión sanción o asumir directamente la pensión vitalicia (f. ° 239 a 242, subsanación f.° 296 a 299 cuaderno I tomo II del Juzgado).

Fundamentó sus peticiones en que estuvo vinculado como docente de hora catedra a la Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de enero de 1994 y como profesor de tiempo completo a partir del 6 de febrero de 1995. Manifestó que, el 31 de mayo de 2013, terminó definitivamente la relación laboral con la Universidad Cooperativa de Colombia.

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Radicación n.° 96390 Afirmó que, durante el lapso comprendido entre el 6 de febrero de 1995 y el 30 de enero de 2004, se desempeñó como profesor de tiempo completo en el pregrado de la facultad de contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia, siendo pagadora de salarios la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional. Expresó, que entre el 30 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2011, se desempeñó como profesor en el pregrado de la facultad de contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia, siendo pagadora de salarios la CTA La Comuna. Anotó que, a partir del año 2012 y hasta el 31 de mayo de 2013, fue profesor en el pregrado de la misma, asumiendo directamente la universidad el pago de salarios y prestaciones sociales. Señaló que, en lo corrido entre el 6 de febrero de 1995 al 29 de enero de 2012, a pesar de que el trabajo lo ejecutaba para la Universidad Cooperativa de Colombia, esta no le pagó lo correspondiente a cesantía y sus intereses, primas, vacaciones, ni realizó aportes a la seguridad social en

pensiones. Arguyó que, en el transcurrido entre el 6 de febrero de 1995 y el 30 de enero de 2004, tuvo que suscribir contratos de asociado a la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional -Comuna—, pero se desempeñó como profesor de tiempo completo en los pregrados de Contaduría,

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Radicación n.° 96390 Administración de Empresas, Comercio Internacional y Mercadeo, en la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, por lo que la CTA, solo actuó como pagadora de salarios. Expuso que, en lo que va del 31 de enero de 2004 al 29 de enero de 2012, tuvo que suscribir contratos de asociado a la CTA La Comuna, pero fue profesor de tiempo completo en los pregrados de contaduría, administración de empresas, comercio internacional y mercadeo en la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, por lo que la CTA La Comuna solo actuó como pagadora de salarios. Adujo que, durante el periodo entre el 6 de febrero de 1995 y el 31 de mayo de 2013, los horarios, planes de estudio, asignación de salones y de estudiantes fueron realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, nunca por las cooperativas antes mencionadas. Aludió que con frecuencia, durante los casi 19 años y medio de vinculación laboral como profesor de tiempo completo, se realizaron reuniones de profesores de la facultad de ciencias económicas, administrativas y

contables, en las que todo giraba alrededor de la vida académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y no de las cooperativas señaladas.

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Radicación n.° 96390 Dijo que, como actividad obligatoria al servicio del ente universitario, durante más de 18 años de profesor de tiempo completo, a más de impartir cátedras a diario, tuvo que dirigir trabajos de grado, hacer exámenes como jurado de los mismos, tutorías para los estudiantes de pregrado, elaboración de sílabos, actualización de «microcurriculums», planes de trabajo semestral «PTS», calificación de estudiantes, realización de habilitaciones, supletorios, entrevistas de ingreso a aspirantes al pregrado, entrega oportuna de notas y calificaciones con base todo ello en horarios fijados por la misma facultad y subordinación directa a los directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia, y nunca con presencia de personal de las cooperativas intermediarias aludidas. Recordó que, a la terminación de la vinculación como docente del citado ente de estudio el 31 de mayo de 2013, no le fue pagado lo correspondiente a cesantías e intereses sobre las mismas, primas, vacaciones causadas por los años que van del 6 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2010, que aún se le adeudan; tampoco fue consignado al fondo de pensiones Colpensiones lo correspondiente a aportes generados por lo laborado en los años que van del 6 de febrero de 1995 al 7 de junio de 2003, pendiente todavía de pago. Arguyó que, las cooperativas noestaban autorizadas por

el Ministerio de la Protección Social de entonces, ni por ninguna autoridad nacional para desempeñarse como empresas de servicios temporales.

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Radicación n.° 96390 Acentuó que aquellas no eran propietarias ni tenedoras de los medios o materiales de la labor de docente en la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la Universidad Cooperativa de Colombia. Precisó que percibió los siguientes salarios mensuales así: Año Valor 1995 $430.300 1996 $702.800 1997 $919.733,33 1998 $925.000 1999 $929.366 2000 $825.946,67 2001 $1.336.427,67 2002 $2.003.475,08 2003 $2.091.364 2004 $1.384.370 2005 $1.460.510 2006 $1.411.550 2007 $1.474.788 2008 $1.904.237 2009 $2.050.294 2010 $2.111.805 2011 $2.325.960 2012 $2.418.998 2013 $2.491.568 Reforzó que, durante el lapso comprendido entre el 6 de febrero de 1995 al 31 de mayo de 2013, estuvo bajo la

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Radicación n.° 96390 subordinación de los funcionarios y directivos de lafacultad de ciencias económicas, administrativas y contables, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Rememoró que, mediante sentencia del 18 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá, declaró que entre la Universidad Cooperativa de Colombia y él, existió un

contrato de trabajo, desde el 24 de enero de 2011 hasta el 18 de junio del mismo año y, en consecuencia, se condenó a la demandada Universidad Cooperativa de Colombia, y solidariamente a la CTA, a pagarle cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones, indemnización moratoria. Informó que, Colpensiones mediante Resolución n.° GNR 414005 del 30 de noviembre de 2014, le reconoció pensión de vejez con fecha 8 de junio de 2003, pero no se incluyó aporte alguno generado por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, ni de las CTA, lo que influyó en el monto de la mesada pensional (f. 242 a 250, subsanación f.° 299 a 307 cuaderno I tomo II y III del Juzgado). La Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que no estaba autorizada por el Ministerio de la Protección Social de entonces, ni por ninguna autoridad nacional para desempeñarse como EST, las diferentes certificaciones que dan cuenta que el demandante prestó servicios a la Universidad Cooperativa de Colombia desempeñándose como docente; el otorgamiento de la pensión de vejez por

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Radicación n.° 96390 parte de Colpensiones, respecto de la cual no se generó aporte alguno por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia ni de las CTA. Respecto a los restantes indicó no ser ciertos o no constarle. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó prescripción, inexistencia del contrato laboral bajo

continuada subordinación y dependencia entre Comuna y el trabajador asociado, inexistencia de las obligaciones pretendidas, terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado, pago, compensación, prescripción de la eventual responsabilidad solidaria, Comuna no estaba obligada a realizar a portes a pensiones durante la relación contractual con el demandante, consolidación del derecho pensional implica la prescripción de los elementos que lo configuran: los aportes a pensiones (f.° 369 a 389 cuaderno II tomo II del Juzgado). Por su parte, la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna se opuso a las pretensiones incoadas en su contra y, en cuanto a los hechos, admitió que no estaba autorizada por el Ministerio de la Protección Social de entonces, ni por ninguna autoridad nacional para desempeñarse como EST, las diferentes certificaciones que dan cuenta que el demandante prestó servicios a la Universidad Cooperativa de Colombia, desempeñándose como docente; el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, respecto a los restantes indicó no ser ciertos o no constarle.

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Radicación n.° 96390 En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó, prescripción, inexistencia de las obligaciones pretendidas, terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado, pago, compensación, prescripción de la eventual responsabilidad solidaria, la CTA La Comuna no estaba obligada a realizar aportes a pensiones porque el demandante ya era pensionado, consolidación del derecho pensional implica la prescripción de los elementos que lo configuran: los aportes a pensiones, cosa juzgada (f. °

391 a 405 cuaderno II tomo II del Juzgado). A su turno, la Universidad Cooperativa de Colombia se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que ninguna de las CTA estaban autorizadas por el Ministerio de la Protección Social de entonces, ni por ninguna autoridad nacional para desempeñarse como EST, las diferentes certificaciones que dan cuenta que el demandante prestó servicios a la Universidad Cooperativa de Colombia desempeñándose como docente; la declaratoria judicial de existencia de contrato de trabajo entre la universidad y el demandante desde el 24 de enero de 2011, hasta el 18 de junio del mismo año, y en consecuencia y en virtud de la cual se condenó a la institución educativa y solidariamente a las CTA a pagar las cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones, la indemnización moratoria, sentencia que se encuentra en firme y fue cumplida y el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, respecto a los restantes indicó no ser ciertos.

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Radicación n.° 96390 En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó pago, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación por cuanto no existió contrato laboral entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el trabajador asociado entre 1995 y 2011 en sus diferentes periodos, compensación o equivalencia, inexistencia de la prestación del servicio regida por medio de convenios de trabajo asociado regulados por la Ley 79 de 1988 y no por el CST, falta de legitimidad en la causa por pasiva de la parte

demandada, buena fe de la demandada, terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado, mala fe del demandante, prescripción de los aportes a la seguridad social por obtener pensión de vejez, cosa juzgada y la genérica (f. ° 535 a 557 cuaderno II tomo III del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 11 de abril de 2018 (f.° 731 a 733), dispuso: PRIMERO: DECLARAR que entre José Miguel Gómez Olaya y la Universidad Cooperativa de Colombia, existieron varios contratos a término fijo entre el 6 de febrero de l995 y l5 de diciembre de

2012, así:

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SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de compensación, parcialmente probadas las excepciones de prescripción y cosa juzgada propuestas por la demandada y no probadas las demás.

TERCERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA a pagar los aportes a seguridad social en pensiones

de JOSÉ MIGUEL GÓMEZ OLAYA, en la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, previa realización del cálculo actuarial, por los siguientes periodos y valores.

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CUARTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

QUINTO: CONDENAR a las demandadas a las costas del proceso.

Inclúyase en la liquidación de costas la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor en que se estiman las agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de octubre de 2020, por apelación de las partes demandante y demandada, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que al no ser objeto de controversia la existencia de los contratos de trabajo, los extremos temporales de los mismos, ni los salarios devengados, el problema jurídico se centraba en determinar si era procedente o no la declaratoria de compensación respecto de las prestaciones causadas por el período comprendido entre el 25 de julio y el 17 de diciembre de 2011 y de no ser viable, efectuar la liquidación de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones, así como, de la indemnización contenida en el artículo 65 del CST. Estimó respecto del problema jurídico que, no se discutía de forma alguna los pagos realizados por parte de las CTA, bajo el nombre de compensación, tanto las de origen ordinario como extraordinario, por lo que el medio de defensa se encontraba llamado a la prosperidad, ya que no podía pretender la parte actora que por una misma prestación del

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Radicación n.° 96390 servicio, bajo las mismas condiciones de subordinación y dependencia, se admitiera el pago doble de salarios y prestaciones sociales, cuando no se encontraban

demostradas las figuras de concurrencia o coexistencia de contratos, ya que se estaría ante un enriquecimiento sin justa causa por parte del demandante. Refirió que, si bien no se ventiló de forma directa la solidaridad en la demanda, respecto de las CTA demandadas, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, se estableció la responsabilidad de dichas entidades, por lo cual se presumían solidariamente responsables de las obligaciones que surgieran en favor del trabajador, situación que no podía pasarse por alto, ya que el actor recibió de parte de cada una de las cooperativas las compensaciones ordinarias y extraordinarias respectivas, las que abarcaban derechos idénticos a los consagrados en la norma, concernientes al auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, privas de servicio y vacaciones. Aseguró, que no era de recibo el dicho del extremo activo, porque la sanción consagrada en la norma respecto de la posible intermediación laboral, no era otra que la contenida en el artículo 35 del Decreto 4588 de 2006, en tratándose estas de la imposición de multas diarias sucesivas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 96390 Interpuesto por José Miguel Gómez Olaya, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal, en lo que respecta a que confirmó la prosperidad de la excepción de compensación, para que en

sede de instancia se revoque parcialmente la sentencia proferida por el juez de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda en lo que respecta al reconocimiento y pago por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, de las prestaciones sociales y vacaciones reclamadas con relación al contrato de trabajo dado entre el 25 de julio y el 17 de diciembre de 2011 y a la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 17 y 25 del Decreto 4588 de 2006, lo que condujo a la incorrecta aplicación de los artículos 65, 127, 128, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y el 106 de la Ley 30 de 1992,

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Radicación n.° 96390 2.2.8.1.15/16/17/19/24/41/42 del Decreto 1072 de 2015 y 63 de la Ley 1429 de 2010 artículo 63. Señala que Tribunal se equivoca al considerar que acertó el a quo al dar por próspera la excepción de compensación, al tener como debidamente pagada la liquidación definitiva del contrato de trabajo que el mismo Tribunal reconoce existió entre el 25 de julio y el 17 de diciembre de 2011, en la que fungió como empleadora la Universidad Cooperativa de Colombia.

Manifiesta, que se dio una desafortunada confusión por parte del Tribunal al considerar que los pagos realizados por un tercero, CTA La Comuna, relevaban al verdadero empleador de pagar a su empleado lo correspondiente a la liquidación definitiva del contrato de trabajo. Afirma que, no puede el juez arrogarse la facultad de tener como pagadas las prestaciones sociales adeudadas por el verdadero o real empleador, por unos pagos realizados por un tercero, que buscaban defraudar la ley y de este modo el juez terminó relevando al verdadero empleador de los pagos a que estaba obligado y refirió a la sentencia SL 4816 de 2015. Indica que, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, establece que las instituciones o empresas públicas y/o privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y el Decreto 1072 de 2015 en su artículo

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Radicación n.° 96390 2.2.8.1.24 alude al régimen de «Compensaciones» así: compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el asociado pactadas como tales, las cuales no constituyen salario. Asevera que, mal hizo el Tribunal en su sentencia en amparar su decisión de confirmar la prosperidad de la «excepción de compensación» teniendo como respaldo el Decreto 4588 de 2006, para dar por pagas las prestaciones sociales que al accionante le debe la Universidad Cooperativa de Colombia. Alega que,el dislate es mayúsculo cuando se apoya en

una supuesta «presunción», que no existe en ley alguna, por la cual tiene por pagadas las prestaciones sociales reclamadas, cuando afirma que «debe indicarse que de conformidad con el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, se estableció la responsabilidad de las CTA, para lo cual se presumen solidariamente responsables de las obligaciones que surjan en favor del trabajador…», pues tales solidaridades y presunciones, ni están previstas en la ley, ni las puede inventar el juzgador cuando acaba de declarar o de confirmar, la existencia de un contrato de trabajo (contrato realidad), y de descalificar por ilegal, la supuesta relación de un vínculo aparentemente surgido de una relación entre un cooperado, que nunca existió, frente a una Cooperativa que se prestó para hacer fraude a la Ley. Expresa que, la mala fe de la verdadera empleadora surge de haber abusado de las normas que rigen la economía

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Radicación n.° 96390 solidaria y utilizarlas para provecho propio y evidentemente los aludidos artículos 17 y 35 del Decreto 4588, lo que rigen es la economía solidaria, no la normatividad laboral.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de infracción directa debido a la inaplicación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, lo que condujo a la incorrecta aplicación de los artículos 65, 127, 128, 186, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo y del 106 de la Ley 30 de 1992.

Para la demostración del cargo, señala que es claro que el artículo 63 de la Ley 1429 del año 2010, ya estaba vigente para la época del contrato que se dio entre la Universidad y él entre el 25 de julio y el 17 de diciembre de 2011, por lo que resultaba prohibido contratar personal para labores misionales, tanto en el sector público como en el privado, por lo que no podían surtirse los pagos que se hacían en la modalidad de «compensaciones», no podían ser fuente de convalidación de pagos los que sí están a cargo del verdadero empleador y que están reglados por el Código Sustantivo del Trabajo, debido a que tales «convenios de trabajo asociado a término fijo», ya eran no solo irregulares, sino totalmente ilegales y consecuencia de un evidente fraude a la ley. Afirma que, el Colegiado al haber avalado los pagos realizados por la CTA La Comuna y la exoneración de la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que hizo a la Universidad Cooperativa de Colombia,

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Radicación n.° 96390 real empleadora, se convierten en una rebeldía del juez, pues está desconociendo el mandato del susodicho artículo 63. Indica que, el Tribunal no sólo llegó a confundir la expresión de «compensaciones» contenida en normas como el Decreto Nacional 4588 de 2006, que regula los pagos a favor de los «asociados de cooperativas» con las prestaciones sociales que el Código Sustantivo del Trabajo tiene previstas para quienes se vinculan con un empleador mediante contratos laborales, sino que llegó al extremo de otorgar la

prosperidad de la «excepción de compensación» planteada por la pasiva, como si el pago realizado por un tercero pudiera asimilarse a un pago del verdaderamente obligado, esto es la empleadora real y verdadera que fue reconocida en la misma sentencia que confirmó la del a quo. Asevera, que el Colegiado no sólo desconoció lo previsto en el