CSJ - SL2637-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2637-2023 Radicación n.° 97211 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario que le instauró

contra LUZ YAZMÍN ARIZA.

I. ANTECEDENTES Luz Yazmín Ariza llamó a juicio a la Administradora De Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., con el fin de que se declarara que cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común a partir del 26 de enero de 2019 por haber cotizado 192.43 semanas,

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Radicación n.° 97211 de las cuales 63 está aportadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez; 77 semanas entre la data de estructuración de su estado y la calificación del mismo; 71 entre el 26 de enero de 2019 y la solicitud de reconocimiento pensional y 125 entre 2019 y la última cotización registrada al sistema. En consecuencia, se condenara al otorgamiento de su pensión de invalidez a partir del 26 de enero de 2019 en

cuantía de $828.116; el retroactivo pensional; intereses moratorios; indexación; lo ultra y extra petita y costas. Fundamentó sus peticiones, en que mediante dictamen 228141 del julio 27 de 2020 el grupo calificador de Servicios de Salud IPS Suramericana S. A., le realizó calificación de pérdida de capacidad laboral fijándose en el 57.30 % con fecha de estructuración el 26 de enero de 2019 y origen común; que en la Historia Laboral expedida el 17 de julio de 2021, se observan 192.43 semanas de aportes, de las que 63 corresponden a los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; que radicó su solicitud pensional el 15 de junio de 2020, negada con Oficio del 30 de septiembre del mismo año, argumentándose el incumplimiento del requisito de semanas por contar con tan solo 21 en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez. Afirmó que, oficiosamente le fue reconocida la devolución de saldos, cifra no cobrada; por Escrito del 11 de agosto de 2021 le fue negada una vez más la prestación

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Radicación n.° 97211 pensional; que los periodos aportados en los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como, enero a mayo de 2018, deben ser tenidos en cuenta; que no obstante pagarse extemporáneamente tales cotizaciones por el empleador de la actora, más exactamente el 15 de julio de 2021, los ciclos

fueron pagados con sus intereses lo que lleva a tener por subsanada la mora; que conforme a las planillas de pago generadas por Asopagos S. A., el empleador CLAINS SAS realizó aportes para salud, pensión y riesgos laborales por los meses de abril a julio de 2016 sobre ingreso base de cotización equivalente al mínimo legal y por 30 días reportados; que analizado el Reporte de semanas del 17 de julio de 2021 solamente fue tenido para el cómputo un solo día de cada periodo, quedando pendiente adicionar 29 días por cada uno; que a través de la página web de la accionada el 30 de septiembre de 2021 requirió la corrección de su historia laboral, recibiendo como respuesta que al realizar las validaciones no se encontraron pagos efectuados por el empleador CLAINS SAS por los períodos abril y julio de 2016. Adujo que, por tercera vez, el 1º de octubre de 2021 elevó petición de la pensión discutida, negada el 14 de igual mes; que padece una enfermedad progresiva y degenerativa (artritis reumatoidea seronegativa), luego su salud diariamente se va deteriorando y que las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración (enero 26 de 2019) deben ser tenidas en cuenta por la entidad demandada al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pudiéndose tomar como hitos temporales la fecha de

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Radicación n.° 97211 calificación de la invalidez, la última cotización efectuada o

de la solicitud del reconocimiento (f.° 3 a 11 del cuaderno digital del cuaderno del juzgado). La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. se opuso a las pretensiones por contar la actora con solo 24.71 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración. En su defensa propuso las excepciones de mérito de incumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación económica reclamada; buena fe de la accionada; prescripción y la genérica (f.° 136 a 143, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, por sentencia del 4 de agosto de 2022 (f.° 250 acta del cuaderno digita del Juzgado), decidió: Primero: Declarar no probadas las excepciones de incumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación económica reclamada y prescripción.

Segundo: Declarar que la señora Luz Yazmín Ariza, tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de invalidez de origen común consagrada en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de enero de 2019.

Tercero: Condenar a la Administradora de Fondos de Pensiones Protección S. A., a reconocer y pagar a Luz Yazmín Ariza, la pensión de invalidez a partir del 1° de julio de 2021 y hasta el mes de julio de 2022, en cuantía equivalente al salario mínimo

legal mensual, inicial de $908.526, y por 13 mesadas pensionales

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Radicación n.° 97211 al año, debidamente indexada, con la orden de inclusión en nómina de pensionados y se debe aumentar de acuerdo al incremento del salario mínimo legal mensual. El valor del retroactivo pensional causado entre el 1 de julio de 2021 y el mes de julio de 2022, es de $13.359.682,00, por lo esbozado en la parte motiva de esta decisión.

Cuarto: Declarar probada la excepción de buena fe, por lo dicho en precedencia.

Quinto: Las costas […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo del 11 de octubre de 2022 (Cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REFORMAR la sentencia proferida el 4 de agosto 2022, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué - Tolima, en el proceso ordinario promovido por LUZ YAZMIN ARIZA contra PROTECCIÓN S. A., en el sentido de disponer que la pensión de invalidez reconocida en primera instancia se pague a partir del 26 de enero de 2019, en suma mensual de $828.116.00, que se reajusta para los años subsiguientes, sin que pueda ser inferior al monto del salario mínimo legal; además disponer el pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional, desde el 1º de octubre de 2021 hasta cuando se produzca el pago del mismo.

Se revoca la condena por indexación.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, […].

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Tiene derecho la demandante a la pensión de invalidez que reclama en su demanda?

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Radicación n.° 97211 ¿De ser así, la fecha a partir de la que se debe disponer su pago corresponde al 26 de enero de 2019 como lo propone la actora, o el 1º de julio de 2021 como lo dispuso el A quo? ¿De existir retroactivo pensional, hay lugar a disponer sobre el mismo el pago de intereses de mora y a partir de qué fecha? Analizó que el estado de invalidez de la demandante no era objeto de discusión, puesto que la misma fue calificada en su pérdida de capacidad laboral por Suramericana Servicios de Salud en un 57.3 % (f.°77 a 80, archivo 03 del expediente digital del Juzgado) con fecha de estructuración el 26 de enero de 2019, aspecto que fue ratificado con la comunicación de notificación del 28 de julio de 2020 emitida por la demandada a la accionante (f.° 11 a 12, archivo 7, expediente digital del Juzgado). Precisó, en lo referente al requisito de semanas, que al examinar la historia laboral aportada por la entidad, obrante a folios 86 a 88 del archivo 03 del expediente digital de primera instancia, en el lapso de 3 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, esto es, del 26 de

enero de 2016 al mismo día y mes del año 2019, la afiliada reporta 381 días cotizados, que convertidos en semanas equivalen a 54.4 semanas (381/7), superior a las 50 semanas exigidas como mínimo por la norma antes citada. Adujo frente a la presunta ausencia del ingreso de novedad de la actora como trabajadora de la Fundación Marqueta en noviembre de 2017, que ello nunca fue objeto de defensa por el fondo accionado, resaltando que de las pruebas arrimadas al proceso, tanto con la demanda como con la contestación y los términos de la misma, lo que dio

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Radicación n.° 97211 lugar a traer la controversia iniciada por vía administrativa, ante los estrados judiciales, fue desde un principio y hasta el final, la negativa del fondo demandado a computar para efectos de la pensión de invalidez reclamada, unos ciclos pagados de manera extemporánea y que se ubican dentro del período trienal a que hace alusión el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por lo que no resultaba plausible que con la alzada se pretendiera variar el sentido de los argumentos defensivos. Reseña que el fondo, el 30 de septiembre de 2020, ante la formulación de la primera solicitud de pensión de invalidez respondió que procedía la devolución de saldos que nunca se cobró, porque, pese a estructurarse el estado el 26 de enero de 2019, la accionante no cumplía con el requisito de semanas al tener solo 21 (f.° 89 y 90); que con anterioridad a esa respuesta, Luz Yazmín Ariza recibió asesoría por parte

del mismo ente, donde se le informó que tenía 119.57 semanas (f.° 13 a 15 del archivo 7); que el 11 de agosto de 2021 ante la petición de reconsideración del reconocimiento prestacional, el accionado contestó dando razón del porcentaje de calificación, fecha de estructuración y de la exclusión de las 30 semanas pagas en forma extemporánea el 15 de julio de 2021, correspondientes a los periodos «Nov. y Dic. De 2017 y Ene a May de 2018»; y, que, lo anterior fue ratificado el 1º de octubre de 2021 ante la insistencia de la solicitante. Lo previo con el fin de reflejar, a partir de la revisión del escrito de contestación de la demanda que Protección S. A. nunca realizó glosa alguna acerca de la irregularidad en la

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Radicación n.° 97211 vinculación de la demandante como trabajadora para noviembre de 2017 y, por el contrario, recibió y aplicó los aportes extemporáneos a los ciclos correspondientes como lo refleja la historia laboral aportada con la demanda, expedida por el mismo fondo, donde se observa en su última columna bajo el rótulo «APROBAR». Señaló, que no resultaba de recibo lo argüido por el fondo recurrente, cuando en sustento del recurso indicó que nada podía hacer ante el hecho de que el pago de los aportes objeto de controversia se efectuaron a través de la plataforma Aportes en Línea, y que estaba obligado a recibirlos, pues si bien es cierto al realizarse su cancelación a través de dicha

plataforma, estos ingresan al haber del fondo y en especial a la cuenta individual de la actora, el mismo en su condición de administrador de tales dineros debía actuar con la diligencia y cuidado propios a la labor encomendada, luego, al recibir los dineros, y no ahora como lo propuso en la alzada, debió verificar si los mismos eran válidos y correspondían a una relación laboral, y ello era así se habría producido en debida forma la vinculación de la actora como trabajadora en noviembre de 2017. Citó la sentencia de esta Corporación CSJ SL3691-2021 en la que se estudiaron los deberes de custodia, conservación y verificación de la información de las historias laborales a cargo de las entidades administradoras de pensiones, para concluir que no existió evidencia de duda alguna al respecto en el actuar del fondo, por el contrario, dio por válidos dichos aportes, los aplicó y contabilizó en la cuenta individual de la

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Radicación n.° 97211 accionante, lo que permitía inferir que frente a ellos no encontró ninguna irregularidad diferente a la extemporaneidad en su pago. Complementó lo antes dicho, mencionando que el motivo señalado por el a quo para acceder a la prestación económica y computar para efectos del requisito mínimo de semanas exigidas para la misma, obedeció al tema de la mora consentida de parte de la administradora no solo al recibir, aceptar y aplicar los aportes extemporáneos con sus respectivos intereses, sino también al hecho de que conforme la jurisprudencia laboral, al trabajador no se le pueden trasladar las omisiones de pago en que incurra su empleador

y la falta de actuación en el fondo de pensiones para el recaudo de los mismos, a lo que sumó como colegiado, que si llegó a existir alguna irregularidad en la vinculación de la actora como trabajadora, debió adelantar los trámites pertinentes tendientes a verificar y solucionar esa supuesta situación y no esperar a las resultas de este juicio para alegar las mismas. Anotó que en lo restante el demandado guardó conformidad y, en lo concerniente a que la accionante no contaría con el respaldo del seguro previsional con el que se cubre el saldo del dinero necesario para sufragar el pago de su pensión, tampoco era acertado porque para el 26 de enero de 2019 cuando se estructuró la invalidez, Luz Yazmín Ariza contaba con las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores, se encontraba activa en el sistema, por lo que, del pago de los aportes mencionados el fondo debió

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Radicación n.° 97211 descontar el 3 % por gastos de administración de cuyo monto debió destinar el porcentaje definido por la ley para el pago de la prima del seguro previsional que cubriera el riesgo de invalidez. Determinó frente a la alzada de la actora, que el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 tiene previsto que el reconocimiento de la pensión debe hacerse a partir de la fecha de estructuración de la invalidez -26 de enero de 2019y no como lo concluyó la primera instancia desde el retiro del sistema, es decir, el 1º de julio de 2021, dado que el último

aporte se registró el 30 de junio del mismo mes, revocándola en ese sentido. Y, en lo tocante a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dijo que a pesar de que la negativa del fondo estuvo amparada en la ley, específicamente en el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, dados los avances jurisprudenciales, encontrando que inclusive la CSJ SL3691-2021 hace referencia a 13 años de reiteración, no resultaba justificable la excusa dada por el demandado para no acceder al derecho pensional, dando paso a la causación de los mismos desde el 1º de octubre de 2021, fecha en que se reclamó por la actora su pensión contándose en su haber laboral pensional con los aportes pagados con mora por el empleador y, hasta cuando se hiciera efectivo el pago del retroactivo respectivo, revocando en esa línea, la indexación.

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Radicación n.° 97211 Revisó igualmente la liquidación pensional en punto a su causación desde el 19 de enero de 2019, recalculando el retroactivo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

(Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación, […] case el fallo acusado. Luego, se pide que revoque la providencia del juez a quo y, finalmente, se absuelva a Protección

S. A. de todo lo pedido en su contra.

En subsidio, se busca que la H. Sala case en forma parcial la sentencia recurrida en lo que atañe a haber condenado a Protección S. A. a cancelar la pensión demandada desde el 26 de enero de 2019. Después, se persigue que revoque parcialmente la decisión del juez de primer grado en cuanto ordenó erogar las mesadas pensionales desde esa misma fecha, 26 de enero de 2019 y, en sede de instancia, condene a satisfacerlas iniciando en el primer día del mes siguiente a aquel en el que se hizo la última cotización, o sea, del 1° de julio de 2021 en adelante y mientras mantenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. También en subsidio, se persigue que la H. Sala case parcialmente la sentencia del fallador ad quem en cuanto ordenó sufragar intereses moratorios sobre las sumas adeudadas a partir del 1° de octubre de 2021. Luego, se pide que confirme absolución dada por el juez a quo en lo relativo al reconocimiento de intereses de mora, librando a la Administradora de manera definitiva de todo lo impetrado en su contra en materia de réditos moratorios.

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Radicación n.° 97211 Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal, […] por la vía directa, por la interpretación errónea de los

artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 48 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y 1°, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005. Transcribiendo ampliamente la sentencia de esta Corporación CSJ SL2295-2018 que reiteró a CSJ SL163742015, sostiene que el ad quem incurrió en error al no tener en cuenta que Luz Yazmín Ariza no estaba llamada a favorecerse con el derecho pensional porque al sufragarse en forma ulterior a la data de estructuración de la invalidez semanas en mora, debía entenderse que no podían integrarse como aportadas dentro de los 3 años anteriores como lo exige la ley (Cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Luz Yazmín Ariza oponiéndose en forma conjunta a los cargos, asegura que la decisión objeto del recurso se encuentra ajustada a derecho y a tono con la orientación jurisprudencial de esa Corporación puesto que padece una

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Radicación n.° 97211 enfermedad progresiva y degenerativa como es artritis reumatoide. Refiere que la AFP obligatoriamente debe tener en cuenta las cotizaciones realizadas con anterioridad y posterioridad a la de fecha de estructuración de su estado, detallando que de su historia laboral generada el 17 de julio de 2021 se constata un total de 192.43 semanas de las

cuales 63 se aportaron dentro de los tres años anteriores a la invalidez, 77 entre la consolidación y la data del dictamen de calificación, 71 contadas hasta la solicitud de reconocimiento pensional y 125 hasta la última cotización registrada al sistema y, cita la sentencia de tutela CC T-7112015 (Cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Expresa, Acuso el fallo por la vía directa, por la interpretación errónea de los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 48 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y 1°, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para la demostración del cargo arguye, citando a CSJ SL1021-2019, que acoge sin controversia las inferencias de carácter probatorio, por lo cual, acepta que al expediente se anexó un dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado por Suramericana Servicios de Salud, en el que se

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Radicación n.° 97211 fijó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 57.3 % con fecha de estructuración 26 de enero de 2021 (sic). Manifiesta que, así las cosas, la determinación del día de principio de la invalidez es potestad de las entidades a las que la ley les asignó esa facultad expresa (artículo 142 del

Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y, por ello, debe ser con base en el concepto de uno de tales entes en el que el juez soporte su decisión, por lo que el Tribunal incurrió en error al desconocer la fecha de estructuración de la condición valetudinaria establecida en el dictamen de la Compañía Suramericana para fundar su fallo en sus propios conceptos y elucubraciones, desconociendo con ello lo previsto en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005). Enfatiza en que el colegiado, cuando dictó su providencia soslayando la experticia aportada al juicio y proveniente de una de las entidades contempladas en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005) y que, en tal virtud, era la legítimamente llamada a pronunciarse sobre la fecha de inicio de la pérdida de capacidad laboral de la demandante Ariza. Cita con el igual fin a CC T094-2022 y CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42.625, indicando que entre otras la decisión del Tribunal desconoció el principio de sostenibilidad financiera del sistema conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 (Cuaderno digital de la Corte).

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IX. CARGO TERCERO Señala, Acuso el fallo por la vía indirecta, por la aplicación indebida de

los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 48 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 8° de la Ley 153 de 1887, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005. Alude que, el error de hecho consistió en no dar por demostrado, estándolo, que no obstante que a la señora Ariza le fue declarada una invalidez estructurada el 26 de enero de 2019 ella, en uso de una capacidad laboral residual, continuó laborando por lo menos hasta el mes de junio de 2021. Y, por tanto, tal yerro fáctico provino de la errada valoración del historial de aportes de Luz Yazmín Ariza en Protección S. A. (fs.85 a 88, c.1). Refiere la sentencia de la Corte Constitucional CC SU588-2016 para decir que la misma tiene aplicación al presente caso, citando adicionalmente a CC T-777-2009, bastando con revisar el historial de aportes de la actora en folios 85 a 88 para comprobar que la última cotización de ella como trabajadora dependiente correspondió al mes de junio de 2021, de manera que si esa fue la última época en la cual la mencionada señora pudo conseguir los emolumentos requeridos para costear su manutención, la pensión de invalidez debía serle concedida a partir de julio de 2021 y no del 26 de enero de 2019, pues si la capacidad laboral residual

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le sirvió para conseguir los ingresos requeridos para costear su manutención no hay razón que justifique el reconocimiento de la aludida prestación antes del citado mes de julio de 2021 ya que es verdad que si estaba en condición de trabajar y de garantizar con ello su mínimo vital no tenía por qué ser beneficiaria de la pensión de invalidez sino a partir del día en que ya no pudo seguir haciéndolo, esto es, se repite hasta el cansancio, el 1° de julio de 2021. Asevera que, cualquier otra solución, como la adoptada por el juzgador ad quem, transgrede lo pregonado por el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 y choca contra el sentido que le han dado a éste las Salas de Casación Civil y Laboral de esta Corporación con relación al enriquecimiento sin causa, y más cuando resulta carente de lógica que, como lo ha enseñado la Corte Constitucional, si la pensión de invalidez entra a reemplazar los recursos que el afiliado venía obteniendo como producto de su trabajo para atender su subsistencia es obvio que debe concederse a partir del momento en que dicha persona ya no puede seguir consiguiendo los medios suficientes para sobrellevar una vida digna porque su condición valetudinaria se lo impide en forma definitiva. Memora a CSJ SL063-2021 advirtiendo que, en todo caso, con ese argumento no está abordando un tema nuevo en casación porque considera ser más que evidente que la posición de Protección S. A. desde que se le presentó la primera solicitud y a lo largo de este proceso se concentró en considerar que la señora Ariza no tenía derecho alguno al

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Radicación n.° 97211 reconocimiento pensional y aquí se está aceptando que ese beneficio sea otorgado, pero sólo a partir de la fecha en la que de conformidad con la jurisprudencia antes transcrita le debe ser concedido, refiriendo la sentencia CSJ SL, 1º dic. 2004, rad. 22606 para salir al paso a la circunstancia de que al sustentar el recurso de apelación no se hizo mención expresa a lo referente al pago de las mesadas después del último aporte realizado por la demandante (Cuaderno digital de la Corte).

X. CARGO CUARTO Plantea, Acuso el fallo por la vía directa, por la aplicación indebida de los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003, 53 de la Constitución Política y 141 de la Ley 100 de 1993 y por la infracción directa de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 1.608 del Código Civil, 8° de la Ley 153 de 1887, 29 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de

2005. Menciona que, respetando los principios técnicos propios de los ataques por la vía directa, se aceptan las conclusiones de naturaleza fáctica obtenidas por el sentenciador ad quem tras su análisis del acervo probatorio y muy en especial, para efectos del cargo, de que la enfermedad padecida por la señora Ariza era de carácter congénito, crónico o degenerativo y, por consiguiente, su caso debía examinarse bajo la óptica de la jurisprudencia

relacionada con el uso por parte del afiliado de su capacidad laboral residual.

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Radicación n.° 97211 Reproduce los artículos 1º numeral 1º de la Ley 860 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993 para expresar que en un entendimiento conjunto de aquellos, la decisión del Tribunal fue impertinente porque al condenar al reconocimiento de los intereses moratorios desde el 1º de octubre de 2021, no se tuvo en cuenta que el fondo privado negó la pensión partiendo de la base del precepto que exigía que la demandante reuniera 50 semanas aportadas dentro de los 3 años que antecedieron al día determinado como el de inicio de su condición y que para la entidad no se reunían porque algunos de los aportes incluidos en ese período se hicieron en mora y después de la fecha declarada como la de estructuración de la invalidez, sin que existiera obligación alguna de parte de la administradora de adelantar una tarea de cobranza dado que nunca se le comunicó en forma oportuna el ingreso de la trabajadora a la nómina de su empleador. Reprocha que es indiscutible que únicamente se puede hablar de retardo o mora en el cumplimiento de una obligación a cargo de la entidad a partir del instante en el que surja para ella, en forma definitiva, el deber de erogar la aludida pensión de invalidez, pues antes de esa oportunidad nunca habría existido obligación alguna que Protección S. A. tuviera que cumplir. De manera que, cualquier solución diferente quebranta lo contemplado en el artículo 8° de la Ley

153 de 1887 y contraría la inteligencia que le han dado a éste las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte con relación al enriquecimiento sin causa y más cuando la administradora de pensiones, siempre obró bajo un recto

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Radicación n.° 97211 entendimiento de las normas rectoras de la situación pensional de Luz Yazmín Ariza. Agrega que la negación de la prestación pensional se apoyó en la comprensión plausible de las disposiciones que la rigen y, la condena impartida en segunda instancia se cimentó en jurisprudencia de las altas Cortes (Cuaderno digital de la Corte).

XI. CONSIDERACIONES Para analizar el cargo primero, empieza la Sala por describir que el Tribunal fundamentó su decisión en que Luz Yazmín Ariza tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez por encontrarse calificada con una pérdida de capacidad laboral del 57.3 % estructurada el 26 de enero de 20191 y contar con 54.4 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a dicha data2.

Descartó el análisis del planteamiento en alzada del accionado respecto a la presunta ausencia del ingreso de la novedad de la actora como trabajadora de la Fundación para la Prosperidad, Educación y el Desarrollo Humano Marqueta en noviembre de 2017, con fines de restarle validez a la sumatoria de las 30 semanas de aportes que, como empleador, aquella persona jurídica canceló extemporáneamente en favor de la demandante el 15 de julio 1 f.° 77 a 80, archivo 03 y 11 a 12, archivo 7 del expediente digital del Juzgado.

2 f.° 86 a 88 del archivo 03 del expediente digital del Juzgado.

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Radicación n.° 97211 de 2021, esto es, posteriormente a la fecha de estructuración de la invalidez. Lo previo, bajo la reflexión de que tal argumentación no fue propuesta en el momento procesal debido, revisando para ello el escrito de contestación de la demanda3 «y, razonando que, en todo caso, si bien los aportes fueron sufragados a través de un operador virtual de pagos, lo que obligaba al fondo pensional a recibirlos como administrador de tales dineros, este debió actuar con diligencia para verificar si los mismos eran válidos y correspondían a una relación laboral», cuya inscripción para contribuciones se hubiere producido en debida forma. Se afianzó en la sentencia de esta Sala CSJ SL36912021 en relación a los deberes de custodia, conservación y verificación de la información de las historias laborales a cargo de las AFP, concluyendo que, ante tal inacción, no existía duda de que las semanas de cotización extemporáneas fueron aceptadas y, por ende, validadas cuando se aplicaron y contabilizaron en la cuenta de ahorro individual de Luz Yazmín Ariza. Aludió que la primera instancia accedió al cómputo de los aportes argumentando la existencia de una mora consentida por parte del fondo pensional al recibirlos, aceptarlos y aplicarlos, además del lineamiento jurisprudencial que i