CSJ - SL2641-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2641-2023 Radicación n.° 95037 Acta 32 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. - BBVA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el treinta (30) de septiembre de veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a SANDRA LILIANA RODRÍGUEZ ZÁRATE y a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Se reconoce personería a la doctora Linda Tatiana Vargas Ojeda con T.P. n.° 287.982 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de Colpensiones, en los términos del poder otorgado mediante Escritura Pública n.° 471 del 16 de marzo de 2023 que obra en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 95037

I. ANTECEDENTES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. - BBVA Colombia S. A. llamó a juicio Sandra Liliana Rodríguez Zárate y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para que se declarara que: i) Existió un contrato laboral a término indefinido del 15 de noviembre de 1980 al 15 de enero de 2001 con la señora

Rodríguez Zarate, en el que no tuvo la obligación de afiliarla al sistema general de pensiones desde la fecha inicial al 30 de marzo de 1994, por falta de cobertura del ISS en el municipio de Pailitas, Cesar. ii) La demandada no era beneficiaria del régimen de transición, así que su derecho pensional debía regirse por la Ley 100 de 1993, por lo que le correspondía únicamente cancelar el cálculo actuarial por el tiempo no cotizado, conforme al canon 33 de dicha normativa. iii) La decisión que emitió el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas (rad. 2014-294) el 21 de noviembre de 2014, en el trámite de acción de tutela, era transitoria, como lo disponían los artículos 6° y 8° del Decreto 2391 de 1991 y, por tanto, debían cesar todos sus efectos. iv) No tenía del deber de seguir pagando la prestación de jubilación otorgada en sede constitucional. En consecuencia, se condenara a:

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Radicación n.° 95037 i) La señora Sandra Liliana Rodríguez Zarate a reintegrar los valores que se le cancelaron por concepto de derecho de jubilación, así: a) $74.139.534 por retroactivo del 15 de marzo de 2011 al 30 de noviembre del 2014; b) $1.394.938 por mesada de diciembre de 2014; c) mensualidades del 1° de enero de 2015 a la fecha en que se suspendiera el pago del derecho y, d) los intereses moratorios

junto con la indexación. ii) Colpensiones a elaborar el cálculo actuarial de lo que compete a los ciclos del 15 de noviembre de 1990 al 14 de septiembre de 1987 y del 2 de diciembre de 1987 al 31 de diciembre de 1994. iii) Las demandadas a cancelar las costas. Fundamentó sus peticiones, en que tuvo contrato de trabajo a término de indefinido con la convocada, desde el 15 de noviembre de 1980 hasta el 15 de enero de 2001, por 20 años, 2 meses y 15 días, cuando finalizó por mutuo acuerdo con Acta de Conciliación n.° K104 del 17 de enero del mismo año; que en dicha diligencia que se celebró ante el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, seccional Bucaramanga, se le canceló la liquidación final de salarios y prestaciones sociales, junto con una suma conciliatoria de las diferencias existentes entre las partes; que el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de atención al cliente en la sucursal Aguachica, del departamento del Cesar.

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Radicación n.° 95037 Indicó que desde el inicio del vínculo hasta el 1° de febrero de 1995, no efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones, por falta de cobertura del ISS en el municipio de Pailitas, Cesar; que luego de dicha data fue afiliada a AFP Horizonte y el 8 de mayo de 1998, se trasladó al ISS. En cuanto al derecho pensional, dijo que la señora Rodríguez Zarate nació el 15 de marzo de 1961, por lo que al

1° de abril de 1994, tenía 33 años y que para dicho momento contaba con 13 años y 4 meses de servicios a su favor. Recordó que aquella le solicitó la pensión de jubilación el 27 de noviembre de 2000 y el 28 de diciembre del mismo año, lo que se atendió mediante Comunicación del «12 de enero del 2012», informándole que no era beneficiaria del régimen de transición y tenía derecho al pago del cálculo actuarial. Señaló que su dependiente radicó demanda ordinaria laboral en su contra, en la que deprecó la prestación con apoyo en el canon 260 del CST y correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Aguachica, Cesar (rad. 2001-0054), que en primera instancia la absolvió. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, al resolver el recurso de apelación que presentó la trabajadora, confirmó la determinación inicial. Recordó que el 17 de febrero de 2011 y el 1° de julio de 2014, la señora Rodríguez Zarate elevó otras solicitudes de su derecho, con soporte en el artículo 260 del CST, que se respondieron, respectivamente, por Oficios del 1° de junio de 2011 y 4 de septiembre del 2014 en iguales términos que la

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Radicación n.° 95037 anterior y se adjuntó formato de solicitud de cálculo actuarial para que tramitara ante Colpensiones. Puntualizó que, en julio del 2013, la trabajadora presentó acción de tutela por la que pidió el derecho pensional con el precepto 260 del CST y esta se declaró

improcedente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, Cesar (rad. 2013-147) en fallo del 12 de agosto del 2013. Informó que el 1° de septiembre del 2014, solicitó a Colpensiones elaboración del cálculo actuarial para la convalidación del tiempo a favor de su dependiente, de lo cual no obtuvo contestación y que el 5 de noviembre del mismo año, la señora Rodríguez Zarate radicó una segunda acción de tutela (rad. 2014-294) con la misma finalidad que la previa, la que fue atendida por sentencia del 21 de noviembre siguiente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, Cesar, en la que ordenó el reconocimiento y pago del derecho pensional del mandato 260 del CST. Dijo que cumplió lo anterior con Escrito del 23 de diciembre de 2014, en el que manifestó que otorgaba pensión de jubilación desde el 15 de marzo del 2011, con una mesada del 75 % del salario promedio mensual que percibió en el último año de servicios y que para el año 2014 aquella era de $1.394.938. Arguyó que canceló las siguientes sumas: a) $74.139.534 de retroactivo del 15 de marzo de 2011 al 30 de

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Radicación n.° 95037 noviembre del 2014; b) $1.394.938 por mesada de diciembre del 2014 y, c) $2.092.407 por aquella adicional de esa misma mensualidad. Esgrimió que, pese a que dicha determinación

constitucional tenía efectos transitorios, la señora Rodríguez Zarate no inició proceso ordinario laboral (f.° 1 a 49 del cuaderno digital del juzgado). Sandra Liliana Rodríguez Zarate se opuso a las pretensiones, salvo la referente a la declaración del contrato laboral. De los hechos, dijo que eran ciertos, menos los que incumbían a que se reconoció una suma de dinero conciliatoria en la diligencia ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social sin incluir derechos pensionales, porque en realidad el banco concilió a título pensional el valor de $35.141.239 «por el tiempo no cotizado al seguro social, el cual se hará efectivo por el valor correspondiente, al momento que la trabajadora cumpla los requisitos exigidos para la respectiva pensión» y que el fallo de tutela del 21 de noviembre de 2014 tenía efectos transitorios, pues este no dispuso nada al respecto, razón por la que tampoco era real que debía empezar un proceso ordinario laboral. A su vez, aseguró que no le constaba si el demandante presentó solicitud de cálculo actuarial ante Colpensiones. En su defensa, presentó como excepciones de fondo las de existencia de la obligación, prescripción, falta de causa

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Radicación n.° 95037 para pedir, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica (f.° 231 a 259, ibidem). Colpensiones rechazó los pedimentos que atañían a sus intereses, pero no se opuso a la declaratoria del vínculo de trabajo, de que la afiliada no era beneficiara del régimen de

transición o que su derecho se regía por la Ley 100 de 1993. Respecto de los hechos, afirmó que eran verídicos la mayoría, pero puntualizó que: i) Debía probarse aquellos relacionados con que no se pagaron los aportes al sistema general de pensiones o que BBVA Colombia S. A. no tenía la obligación de lo anterior por falta de cobertura del ISS. ii) Eran interpretaciones subjetivas del demandante los que correspondían a los Escritos de fechas del 12 de enero de 2012, 1° de junio de 2011, 1° de septiembre de 2014, elaborados por el banco accionado. iii) No era verídico que no le había notificado al BBVA Colombia S. A. la suma correspondiente al cálculo actuarial, ya que dio respuesta por Comunicado notificado el 15 de abril de 2015. iv) Era ajeno a sus conocimientos si el banco aludido cumplió la orden de tutela dada por fallo del 21 de noviembre de 2014.

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Radicación n.° 95037 En su amparo, formuló como medios de defensa perentorios, la falta de legitimación en la causa por pasiva, «inexistencia del derecho y de la obligación» prescripción, «carencia del derecho para pedir el pago de los intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993» y la innominada o genérica (f.° 307 a 313, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Aguachica, Cesar, el

1° de marzo del 2016 (f.° 398 a 399 acta y audiencia virtual, ibidem), dispuso: PRIMERO: DECLARAR que entre las partes existió un contrato de trabajo cuyos extremos temporales fueron desde el 15 de noviembre de 1980 hasta el 15 de enero de 2001.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada COSA JUZGADA, de acuerdo con los fundamentos expuestos.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por apelación de la parte actora, el 30 de septiembre de 2021 (f.° 70 a 86 del cuaderno digital del Tribunal), confirmó la decisión inicial y condenó en costas al demandante.

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Radicación n.° 95037 En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico, determinar si en realidad procedía la excepción de mérito de cosa juzgada. Indicó que no existía discusión sobre que: i) Entre BBVA Colombia S. A. y Sandra Liliana Rodríguez Zarate existió un contrato de trabajo del 15 de noviembre de 1980 al 15 de enero de 2001, que culminó con la suscripción de un Acta de Conciliación el 17 siguiente. ii) La señora Rodríguez Zarate: a) Solicitó a BBVA Colombia S. A. la pensión de jubilación en varias ocasiones, de las que obtuvo respuesta negativa, porque no cumplía los requisitos para ello.

b) Interpuso demanda laboral (rad. 2001-0054) que le correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Aguachica, que por sentencia del 23 de agosto de 2002, absolvió al banco BBVA Colombia S . A., decisión confirmada por aquella del 23 de mayo de 2003 emitida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. c) Presentó acción de tutela que conoció el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, Cesar, que por decisión del 21 de noviembre de 2014 ordenó a BBVA Colombia S. A. el reconocimiento y pago del derecho, la cual esta ejecutoriada,

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Radicación n.° 95037 porque se presentó impugnación extemporánea (f.° 323 del cuaderno digital del juzgado). En cuanto al fondo del asunto, recordó que la cosa juzgada se funda en equivalencia de causa, objeto y partes entre un proceso primigenio y otro posterior (CSJ SL16862017, CSJ SL198-2019, CSJ SL 354-2019 reiteradas en CSJ SL2892-2021), lo cual «aunque presupone fundamentos fácticos iguales, no lleva implícito como elemento indispensable que así lo sean». Acudió a la providencia CSJ SL2829-2021 en la que aclaró que «la identidad que se busca no es precisamente la de los hechos, sino de las pretensiones, que es lo que constituye el objeto de la litis, y además que se funde en la misma causa y que se trate de las mismas partes», lo que fortaleció con una cita extensa de la sentencia CSJ SL174062014. Esgrimió que la jurisprudencia de la Corte Constitucional era reiterativa al señalar que «un fallo de tutela hac[ía] tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronunci[ara] sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma», como se dijo en proveído CC T089-2019 y CC T219-2018, de las que transcribió lo pertinente.

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Radicación n.° 95037 Por tanto, aseveró que, si una controversia fue desatada de manera definitiva por sentencia de tutela y se encontraba ejecutoriada, no era posible revivir la litis en un proceso ordinario, ya que sería quebrantar el principio de seguridad jurídica. En el sub lite, halló que obraba sentencia de tutela del 21 de noviembre del 2014, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, Cesar (rad. 2014-294) en la que se reconoció el pago de la pensión de jubilación del artículo 260 del CST a la señora Rodríguez Zarate, decisión que se encontraba ejecutoriada, conforme documento de folio 323 del cuaderno digital del juzgado. Así las cosas, afirmó que el accionante pretendía «revivir una controversia fenecida […] desconociendo que el juez de tutela emitió un pronunciamiento al respecto y que tal determinación goza de firmeza». Detalló que, si bien era cierto el otorgamiento pensional

se dio por una decisión constitucional, ello no implicaba que la parte activa estuviera facultado para acudir a la jurisdicción ordinaria para re abrir el debate y obtener el éxito de sus pretensiones; máxime que de la lectura de la providencia que puso fin a la acción de tutela no se extraía que el derecho se hubiera concedido de forma transitoria, como pretendía alegarlo el demandante. Recordó que no podía desconocerse que el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, disponía que «el juez señalará

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Radicación n.° 95037 expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado». Por consiguiente, arguyó que, al no existir señalamiento expreso de la transitoriedad en la providencia, ni orden sobre su vigencia, no le era posible interpretar sus alcances, como tampoco dejarla sin efectos o modificarla. Incluso, advirtió que el BBVA Colombia S. A. pudo impugnar la decisión de tutela, pero no lo hizo en la oportunidad respectiva, siendo inadmisible que ahora acudiera al escenario ordinario laboral para que a ella fuera modificada

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por BBVA Colombia S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones incoadas en el libelo

inicial y sobre costas provea como corresponda (f.° 16 de la demanda de casación del cuaderno de la Corte). Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica

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Radicación n.° 95037 únicamente por Colpensiones y se estudian a continuación de forma conjunta los dos primeros y luego, de igual manera, los restantes, debido a que denuncian similar elenco normativo, presentan argumentos fines y buscan igual propósito.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia del colegiado de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el «artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS», como violación medio en relación con «los artículos 260 del CST y el 8° del Decreto 2591 de 1991».

Menciona que la referencia que hace el juez de alzada a la institución de cosa juzgada es genérica, sin entrar a detallar los tres aspectos que la conforman, ni «tampoco entró a compararlos frente al haz probatorio», lo que lo lleva a «inferir que el colegiado hizo una errada interpretación de la norma que la tipifica, dado que era menester analizar cada uno de los elementos que la componen». Sostiene que se interpretó mal la norma al hacer una referencia general y «no dio el alcance adecuado a cada uno de los requisitos», porque la acción de tutela tenía unas pretensiones diferentes a las de la presente litis. Luego, sintetiza lo expuesto en la decisión CSJ SL5159-2020, con

apoyo en lo que afirma que el juzgador debe buscar los hechos y pretensiones en que se soportan las decisiones

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Radicación n.° 95037 enfrentadas. Por tanto, como en el sub examine ello no se efectuó «no se dio el verdadero alcance a la norma y se terminó por interpretarla erróneamente al no individualizar cada elemento de la cosa juzgada para constatar su correspondencia». En relación con el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, refiere que «también se presenta una errada interpretación, dado que la sentencia censurada no le da el alcance que corresponde», pues el entendimiento de la disposición era que la tutelante contaba con un término máximo de cuatro meses para ejercer la acción ante la jurisdicción ordinaria (f.° 16 a 20, ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Reprocha la providencia de segundo grado de vulnerar por la vía indirecta, en el submotivo de aplicación indebida, el «artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS», como violación medio en relación con «los artículos 260 del CST y el 8° del Decreto 2591 de 1991».

Presenta como errores evidentes y manifiestos de hecho, los siguientes: Dar por demostrado no estándolo, que se cumplieron los presupuestos de la cosa juzgada. Dar por demostrado sin estarlo, que en el asunto de la referencia existía identidad de partes, causa y objeto que permiten la

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Radicación n.° 95037 configuración de la figura de la cosa juzgada. No dar por demostrado, estándolo, que en el asunto de Sandra Liliana Rodríguez Zarate no existe identidad de causa y objeto por lo que no existe cosa juzgada Lo previo, por la errónea apreciación del fallo de tutela del 21 de noviembre del 2014, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas. En el desarrollo, transcribe la resolutiva de la decisión constitucional y afirma que el Tribunal erró al declarar la excepción de cosa juzgada, ya que, si bien existe identidad de partes, no sucede lo mismo con la causa y objeto, pues la acción constitucional «no solo buscaba el pago de la pensión de jubilación, sino que se examinara la condición desigual con la que era tratada la señora Sandra Liliana Rodríguez Zarate frente a otras compañera de trabajo», además de que era una persona en situación de vulnerabilidad por padecer una enfermedad terminal; aspectos que son los que llevan «a demostrar que se perfila un error de hecho», porque no se cumplieron los elementos de cosa juzgada. Reproduce apartes de la determinación de tutela, para aseverar que comparados los elementos relacionados de objeto y causa de aquella eran diferentes con el sub lite (f.° 20 a 28, ibidem).

VIII. RÉPLICA Colpensiones se opone porque el fallador no incurrió en los yerros jurídicos y fácticos endilgados, comoquiera que la

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Radicación n.° 95037 censura pretende revivir una controversia ya dirimida en la

acción de tutela, cuya decisión no fue impugnada en el término legal, ni seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión, por lo que quedó ejecutoriada y en firme. Cita las sentencias CSJ SL15882-2017 y CSJ SL0222023 y afirma que, aunque existían otros mecanismos a los que podía acudir la señora Rodríguez Zarate para deprecar la pensión de jubilación, acudió al trámite de tutela (f.° 1 a 4 del documento de réplica del cuaderno digital de la Corte).

IX. CONSIDERACIONES La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable.

Y es verdad que se ha admitido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, pues, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y

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cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Por lo anterior, la Corporación encuentra que las acusaciones contienen deficiencias técnicas, como pasan a analizarse:

1. Los cargos al unísono se soportan en la violación medio que ocurre «cuando el sentenciador aplica, o deja de hacerlo, o interpreta con error un precepto de naturaleza procesal» (CSJ SL9512-2017), que trae como consecuencia la violación de las normas sustanciales, esto último bajo alguna de las modalidades de quebranto como lo impone el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del CPTSS y lo ha exigido esta Corporación, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5498-2018, al sostener que: En efecto, el literal a) del numeral 5º del artículo 90 ibidem, señala como uno de sus requisitos formales que debe contener la demanda de casación dado su carácter dispositivo, el precepto legal sustantivo de orden nacional, que se estime violado, «y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea».

Sin embargo, en el sub examine se relaciona submotivo de violación frente a la norma procesal, pero se soslaya adjudicar el concepto de infracción por el que se quebranta la disposición sustantiva de orden nacional, como lo exige la norma y jurisprudencia en cita.

2. Ahora, cuando se pretende acusar disposiciones procesales, como ocurre en el sub lite al atacar el artículo 303 del CGP referente a la institución de cosa juzgada, compete no solo invocar la violación medio, sino sustentar cómo el

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Radicación n.° 95037 menoscabo de aquella lleva al atropello de la sustancial que consagra el derecho pretendido, como se dijo, por ejemplo, en proveído CSJ SL4516-2020 al instruir que: […] al acusarse normas instrumentales, entre otros el artículo 57 del CPC, que fue en parte el pilar en que se fundamentó del fallo, era necesario que el embate se enderezara como violación medio, puesto que estas disposiciones son el vehículo para llegar a las de orden sustantivo que consagran en derecho pretendido, y que necesariamente deben también incluirse en la proposición jurídica denunciada, además de realizar la debida argumentación tendiente a demostrar dicho desacierto, lo cual fue omitido por el promotor (subrayado añadido). No obstante, en los cargos se omitió tal deber exegético, comoquiera que, por un lado, en el inicial toda la argumentación se enfocó a evidenciar una eventual equivocación frente a la cosa juzgada porque el colegiado no analizó los elementos que la componen, sin encaminar tesis alguna a cómo tal falencia conduce al quebranto de los artículos 260 del CST y el 8° del Decreto 2591 de 1991; preceptos relacionados en la proposición jurídica. Y aunque si se refiere marginalmente al último mandato lo hace de forma independiente y no como lo planteó en la proposición jurídica, a través de la violación medio de la norma procesal que derivó en su quebranto. Sucede similar falencia en la denuncia segunda, ya que la labor de la censura se concretó en reproducir la sentencia de tutela del 21 de noviembre del 2014, emitida por el

Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, con la finalidad de demostrar que el objeto y la causa de dicho trámite era disímil al presente proceso ordinario laboral, omitiendo de

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Radicación n.° 95037 nuevo sostener cómo tal error resultó en la vulneración de los cánones sustanciales arriba señalados. Por consiguiente, dicha labor argumentativa en ambas denuncias resulta equivocada, pues en últimas se está proponiendo el quebrantamiento de una preceptiva adjetiva como un fin en sí mismo, esto es, con absoluta independencia de las disposiciones que consagran el derecho pretendido en el presente proceso (CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 37547, CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 37336 y CSJ SL1115-2018), lo que es inadmisible.

3. Aunque lo preliminar es suficiente para desestimar los ataques, es necesario resaltar que la acusación inicial incurre en una falencia adicional, porque, aunque se encaminó por la vía directa, cuyas alegaciones son de naturaleza estrictamente jurídica, presenta algunas explicaciones fácticas, cuando cuestiona que el operador judicial no «entró a compararlos [los elementos de la cosa juzgada] frente al haz probatorio» o que la acción de tutela dentro de la cual se profirió la sentencia de tutela del 21 de noviembre del 2014, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas tenía unas pretensiones diferentes a las de la presente litis, pues con dichos argumentos está invitando a la Corporación a que estudie el elenco probatorio

o las piezas procesales del plenario. En ese escenario, se observa que la censura acude simultáneamente tanto el sendero directo como al indirecto, los cuales son excluyentes, por lo que su análisis debe ser

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Radicación n.° 95037 diferente y su formulación por separado, como se dijo en sentencia CSJ SL1672-2018.

4. Así mismo, como el cargo segundo se dirige por el sendero de los hechos, compete enlistar las pruebas y errores de hecho, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor atribuido por el juzgador o la importancia de su apreciación y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado, tal como lo se indicado en sentencia CSJ SL1780-2018, al sostener que: […] cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

En pronunciamiento CSJ SL4800-2019, enfocándose en la equivocada apreciación del material probatorio, siendo el concepto aludido, se expuso que: Como es suficientemente sabido, cuando la violación de la ley

sustancial se pretende derivar de la mala valoración de las pruebas, debe el impugnante, si quiere que su acusación quede debidamente fundada, exponer en forma clara lo que la prueba acredita y en qué consiste la errónea apreciación del juzgador; demostración que debe hacer mediante un análisis razonado y crítico de los medios probatorios, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial. Esta tarea de razonamiento que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. No obstante, aunque se presentaron yerros de hecho y

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Radicación n.° 95037 se enlistaron las pruebas, se omitió llevar a cabo el cotejo entre lo que el colegiado extrajo equivocadamente del medio de convicción y lo que en realidad evidenciaba, pues se centró solo en reproducir en extenso el contenido de la sentencia atacada como mal valorado. Con todo, no está de más anotar a modo de doctrina que la figura de cosa juzgada, regulada en el canon 331 del CPC, hoy 303 del CGP, aplicable en materia laboral por remisión expresa del precepto 145 del CPTSS, requiere para su configuración la concurrencia de tres elementos, a saber, que: i) el nuevo juicio verse sobre idéntico objeto; ii) se funde en la misma causa que el anterior y, iii) exista igualdad jurídica de las partes (CSJ SL2235-2021, recordada en CSJ

SL3367-2021), ya que con ello se busca «preservar el principio de seguridad jurídica y evitar que respecto de unos mismos hechos, se produzcan decisiones contradictorias» (CSJ SL5121-2018). En la sentencia CSJ SL11414-2016, esta Sala estableció que: Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, es preciso recordar que, en ambos procesos judiciales debe concurrir los tres requisitos comunes que son: 1) Identidad de persona (eaedem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado; 2) Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, es decir, lo que se reclama; y 3) Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, esto es, el por qué se reclama.

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Radicación n.° 95037 En similar camino, la Corte Constitucional instruyó, en proveído CC C100-2019, que para la configuración de la excepción analizada se requiere: Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una rel