CSJ - SL2656-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL2656-2023 Radicación n.° 94097 Acta 34 Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte los recursos de anulación interpuestos por la INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA – SINTRALIMENTICIA-, contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 07 de abril de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S.

y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA

INDUSTRIA ALIMENTICIA – SINTRALIMENTICIA.

AUTO Se reconoce personería a Juan Pablo López Moreno, identificado con CC n.° 80.418.542 y TP n.° 81917 del C S de la J y/o a Myriam Rocío Lagos Prieto, identificada con CC 52.817.664 de Bogotá y TP n.° 153376 del C S de la J, como

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Radicación n.° 94097 apoderados de la Industria de Alimentos Zenú SAS, en los términos y para los efectos del poder conferido.

I. ANTECEDENTES De la documentación remitida por el Tribunal de Arbitramento se infiere que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia – Sintralimenticia-, de primer grado y de industria, formuló un pliego de 61 puntos (f.° PDF 65 - 76) a la Industria de Alimentos Zenú

SAS, sin que se hubiese alcanzado entre éstos solución total en la etapa de arreglo directo y razón por la cual el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, ante petición de la agremiación sindical aprobada previamente en asamblea general de sus afiliados, mediante resolución número 4053 de 20 de diciembre de 2021 (f.° PDF 1 - 4), ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo de trabajo así generado e irresoluto.

II. LAUDO ARBITRAL El respectivo Laudo Arbitral fue proferido el 07 de abril del año 2022 (f.° 1209 - 1264).

El tribunal de arbitramento, una vez señaló un capítulo de antecedentes, estableció ser competente, en principio, para pronunciarse sobre la mayoría de los puntos del pliego no resueltos, excepto de las peticiones 5, 11 y «60», relativas

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Radicación n.° 94097 a la «Protección para miembros del Copasst», a la primera parte sobre «cambios de turno» y a la solicitud sobre «No represalias hacia los trabajadores que hacen parte de este conflicto». Indicó que su decisión estaba fundamentada en los documentos probatorios que se aportaron, la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales y los principios de equidad e igualdad. Así mismo, tuvo en cuenta la existencia de otras organizaciones sindicales además de

Sintralimenticia: Sinaltralac, Sintraunideal, Synd/Corp,

Sinaltrainal y Utresa e, igualmente, refirió las convenciones colectivas y pactos vigentes con las diferentes organizaciones sindicales y con los trabajadores no sindicalizados. Destacó que en la empresa hay 1010 trabajadores y que Sintralimenticia cuenta con veintitrés (23) afiliados, de los cuales dieciocho (18) se encuentran multiafiliados y a siete (7) de ellos ya se les realizó incremento salarial, y procedió a estudiar punto por punto, después de lo cual resolvió el pliego de la agremiación sindical en treinta y cuatro (34) artículos numerados, negando las peticiones 3, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57 y «60», declarando expresa incompetencia en cuanto a las solicitudes 5 y 11 del pliego de peticiones. Los árbitros designados por la empresa y el sindicato presentaron salvamento de voto en relación con algunas decisiones adoptadas en el laudo sobre los pedimentos del pliego (f.° 1265 - 1280).

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III. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EMPRESA Sostiene que fundamenta su recurso en «el artículo 107 de la Ley 1563 de 2012», por cuanto los árbitros excedieron su competencia al pronunciarse sobre aspectos netamente legales, administrativos y operativos de la empresa; incluyeron decisiones con ambigüedad, oscuridad e

indeterminación que afectan la paz laboral; y excedieron su competencia al pronunciarse extra y ultra petita y con inequidad manifiesta en los beneficios generados en el laudo arbitral. Para cada una de las cláusulas demandadas procede la empresa a ofrecer su sustentación, la cual se analizará en el acápite correspondiente: «ARTÍCULO SEGUNDO. COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO»; «ARTÍCULO TERCERO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO QUINTO.

ESPACIO Y PERMISO REMUNERADO PARA REUNIÓN DE

QUEJAS Y RECLAMOS»; «ARTÍCULO NOVENO. (Sin

denominación)»; «ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. BENEFICIO

PÓLIZA DE SALUD PREPAGADA»; «ARTÍCULO DÉCIMO

SEGUNDO. AUXILIO POR SOSTENIMIENTO DE UNIFORMES»;

«ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. AUXILIO PARA

MANTENIMIENTO REPARACION E IMPLEMENTOS PARA EL USO DE LA BICICLETA»; «ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO VIGÉSIMO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. (Sin denominación)»;

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«ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. GARANTÍA DE DERECHOS

ADQUIRIDOS»; «ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.

INCREMENTOS ECONÓMICOS»; «ARTÍCULO TRIGÉSIMO. (Sin denominación)»; «ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.

INDEXACIÓN».

IV. RÉPLICA DEL SINDICATO Según informe de la Secretaría de la Sala calendado el 07 de julio de 2022, en el término del traslado se recibió escrito de oposición por parte de la empresa, pero no de actuación alguna por parte de la organización sindical.

V. RECURSO DE ANULACIÓN DEL SINDICATO La organización sindical presentó dos escritos, el primero de ellos, signado por Helio Fabio Marín Zea, identificado con CC n.° 98.489.370 y Dubán Antonio Vélez Jiménez, identificado con CC n.° 71.676.543, en calidad de presidente nacional y presidente subdirectiva Medellín de Sintralimenticia, respectivamente (f.° 1736 – 1738), según fue acreditado con sendos certificados expedidos por el Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo (f.° 1740 – 1741), el cual no puede ser tenido en cuenta en tanto consultada la página del Registro Nacional de Abogados – SIRNA, se advierte que los mencionados no ostentan la calidad de abogados.

En segundo lugar, fue presentado un memorial suscritos por las mismas personas mencionadas en el párrafo anterior y por Juan Carlos Zuluaga Zuluaga,

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Radicación n.° 94097 identificado con CC n.° 70.694.212 y TP n.° 72951 del CS de

la J, en el cual le otorgan poder al último de los señalados y manifiestan pretender la no afectación de las concesiones hechas por el tribunal de arbitramento, así como que la Corte se pronuncie favorablemente sobre los puntos del pliego en los cuales el Colegiado Arbitral expresó tener competencia, pero «no se pronunció favorablemente para los trabajadores»: 3, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57 y 60. Añadió que su anhelo incluye que en aquellos puntos del petitorio donde el Tribunal dijo ser incompetente, 5 y 11, «como ustedes sí son competentes se pronuncien en favor de los trabajadores». Deprecó no afectar los puntos en los cuales el Tribunal se pronunció reconociendo algunos derechos para los trabajadores y explicó que los reajustes salariales efectuados por la empresa «no son los que aumenta el gobierno nacional o en algunos casos quedan por debajo del aumento de este (sic)»; y que el pliego de peticiones presentado no pone en riesgo la sostenibilidad del negocio, por lo que solicita «a ustedes honorables magistrados que el incremento para el año 2021, sea del diez por ciento (10%) solicitado en el pliego de peticiones, que incluso es inferior al aumento del gobierno que fue del diez punto cero siete por ciento (10,07%) y el aumento que impuso la empresa fue del tres punto cinco por ciento

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Radicación n.° 94097 (3,5%)».

VI. RÉPLICA DE LA EMPRESA Asegura la empresa que el sindicato omite sustentar, específicamente, «sobre cada uno de los puntos que pretende sean anulados», por lo que ésta debe ser desestimada, en apoyo de lo cual transcribe algunos fragmentos de pronunciamientos de esta Corporación sin plena identificación.

En relación con aquellos artículos sobre los cuales el Tribunal manifestó incompetencia y el sindicato depreca un pronunciamiento favorable de la Corte, asevera que ésta no está facultada para efectuar lo pretendido por el recurrente y si se «decidiera proceder con la devolución de los artículos señalados para manifestación del Tribunal de Arbitramento, esto aun cuando no es lo peticionado por el recurrente y su otorgamiento configuraría un fallo en defecto de “Extra-Petita”, por cuanto se fallaría por fuera de lo solicitado por el recurrente […]». Sobre las peticiones negadas por el Tribunal, arguye que la Corte no puede dictar un pronunciamiento de reemplazo ni devolver a los árbitros, porque ya hubo un pronunciamiento de fondo. Finalmente, se opone también a la apreciación final que hace la organización sindical respecto de los incrementos salariales, porque no se hace una petición concreta al

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Radicación n.° 94097 respecto, pero advierte que, si se diera trámite a alguna solicitud en relación con esas consideraciones, «es de señalar que la misma se haría en el defecto de “extra-petita”».

VII. CONSIDERACIONES Atendidos los múltiples motivos de las impugnaciones

propuestas tanto por el sindicato como por la empresa, tal cual ya se verá cuando se aborde el capítulo correspondiente, importa a la Corte recordar que de conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia en este recurso extraordinario está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos para establecer si el Tribunal al dictarlo: (i) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; (ii) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución a las partes del conflicto; (iii) afectó derechos o facultades reconocidos a las mismas por las leyes; (iv) o por normas convencionales. Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (v) si con ello se produjo la violación de tan trascendental principio rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (artículo 1.º del CST). Excepcionalmente, compete a la Corte, cuando hallare que no se decidieron todas las cuestiones indicadas en el decreto para el cual se le convocó, (vi) devolver el expediente a los árbitros, a fin de que se pronuncien sobre ellas,

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Radicación n.° 94097 señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la resolución de lo ya decidido (artículo 143 del CPTYSS). Lo anterior traduce que la Corte al resolver los recursos de anulación interpuestos contra el laudo arbitral, en

atención a esa misma naturaleza y a su particular propósito que es el de generar enunciados de carácter obligacional o normativo para regular las futuras condiciones del trabajo, y no el de dirimir controversias jurídicas sobre los alcances, interpretación o posible integración de dichos enunciados normativos, tarea que sabido es corresponde de ordinario a los jueces del trabajo como jueces que son en derecho, está limitada a anular o no anular las disposiciones adoptadas en el laudo, sin que, por ende, pueda dictar preceptivas de reemplazo o pueda reenviar al tribunal de arbitramento el asunto para que adopte las que la Corte crea son las que proceden, pues la anulación de la disposición del laudo agota el procedimiento arbitral, salvo que, en lo que ha dado en llamar por la jurisprudencia «modulación» de una disposición del laudo, que permite su subsistencia, pero atada a un entendimiento particular o específico para impedir la total pérdida de sus efectos, cuestión ésta que solamente es predicable de cláusulas positivas, es decir, de las que crean derechos, no de aquellas en que se niega una de las peticiones del pliego que dio origen al conflicto, pues ello traduciría que la Corte asumiera el rol de árbitro del laudo. Con dicha introducción, viene al caso advertir que los árbitros al resolver el asunto del epígrafe, dispusieron crear

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Radicación n.° 94097 un cuerpo normativo con las disposiciones que consideraron necesario incluir para regular las relaciones laborales entre empresa, trabajadores y sindicato, desestimando las que concluyeron no deberían hacer parte de dicho estatuto y no

sin antes consignar las razones para tal proceder, de manera que, al final, de los 61 puntos del pliego de peticiones, éste quedó reducido a 32 artículos. Por razones metodológicas, dado que la empresa solicita la anulación total de algunas cláusulas del laudo arbitral, se estudiará primero esta reclamación para, posteriormente, atender las elevadas por la organización sindical que se concentra en otro tipo de solicitudes.

1. Cláusulas acusadas por incompetencia del Tribunal sobre aspectos netamente legales, administrativos y operativos de la empresa

Pliego:

PETICIÓN 2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Empresa realizará auditorías en seguridad y salud en el trabajo, con participación de Sintralimenticia y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se evaluará el cumplimiento de todos los programas del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y verificarán si las acciones fueron implementadas, cumplidas y eficaces. Con el fin de que se garanticen las normas y disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el COPASST de Zenú será el garante de que se cumplan la creación y el funcionamiento de estos Comités para todos los trabajadores directos, proveedores, contratistas, temporales y otros en cumplimiento de las actividades para las cuales fueron contratados, verificarán y participarán para que se le dé aplicación de dichas normas y disposiciones en Seguridad y Salud.

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Radicación n.° 94097 La Empresa capacitará en Seguridad y Salud en el Trabajo a los

trabajadores en una reunión mensual de dos horas, que podrá ser distribuida en el mes con registro de asistencia entre Empresa y Sindicato, de igual forma garantizará y dará las facilidades para realizar funciones de inspección como mínimo de cuatro horas semanales a cada miembro del COPASST y así darle cumplimiento al artículo 63 del decreto 1295/94. Si Sintralimenticia no tuviere representación en el COPASST, la Empresa le dará participación al Sindicato en las Auditorías que se realicen y le entregará por escrito a éstos, la actualización del programa de Salud Ocupacional y/o del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cada seis (6) meses. La empresa dará cumplimiento a las recomendaciones de descanso de acuerdo al tiempo de exposición de labores en altas y bajas temperaturas, lo anterior se debe cumplir para los trabajadores de la compañía o cualquier tipo de contratación para realizar o ejecutar dichas labores

Laudo: ARTICULO SEGUNDO (PETICION 2). COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; (sic) crease (sic) un Comité de seguridad en salud en el trabajo, el cual estará integrado por dos (2) representantes de la organización sindical y dos (2) representantes de la empresa; cuyas funciones principales

estarán orientadas a: a. Evaluar el cumplimiento de todos los programas del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y verificarán si las acciones fueron implementadas, cumplidas y eficaces. b. Verificar las capacitaciones a los miembros del COPASST. c. Verificar que todos los actores involucrados en la cadena productiva de la empresa cumplan con los programas de salud

ocupacional, riesgos profesionales y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. d. Hacer seguimiento con el fin de que el COPASTT se verifique el cumplimiento de los parámetros establecidos en cuanto a tiempos y ritmos de trabajo a fin de evitar sobrecarga y estrés laboral.

Pliego:

PETICIÓN 12. ESPACIO Y PERMISO REMUNERADO PARA

REUNIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

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Radicación n.° 94097 La Empresa garantizará para Sintralimenticia un espacio de reunión mensual para temas de Quejas y Reclamos, dará permiso remunerado para asistir a estas reuniones a los representantes de Sintralimenticia que se designen para atender dichas reuniones, se levantará acta de la reunión y se evaluará en la reunión siguiente los avances.

Laudo: ARTICULO QUINTO (PETICION 12). Espacio y permiso remunerado para reunión de quejas y reclamos. INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS designará dos representantes para una reunión mensual con dos representantes de la organización sindical SINTRALIMENTICIA, en la cual el sindicato llevará temas relacionados con quejas y reclamos de sus afiliados, en dicha reunión se levantarán actas.

Pliego:

PETICIÓN 17. VENTA PRODUCTOS ZENÚ Y ALIMENTOS

CARNICOS.

Con el fin de ayudar en la economía del trabajador, la empresa garantizará que el trabajador compre cinco (5) libras de los productos Zenú y cinco (5) libras de Alimentos Cárnicos, con un descuento del cincuenta por ciento (50%), descontado el valor de

compra, por nómina.

Laudo: ARTICULO NOVENO (PETICION 17). Con el fin de ayudar en la economía del trabajador, la empresa garantizará que el trabajador compre cinco (5) libras de los productos Zenú y cinco (5) libras de Alimentos Cárnicos, con un descuento del treinta por ciento (30%), descontado el valor de compra, por nómina.

Pliego:

PETICIÓN 37. PERMISO REMUNERADO 31 DE DICIEMBRE Y

SÁBADO SANTO.

La Empresa otorgará como permiso remunerado, el sábado Santo y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, con el fin de que los trabajadores y su grupo familiar puedan descansar y disfrutar conjuntamente de estos días.

Laudo: ARTICULO DECIMO NOVENO (PETICION 37). INDUSTRIA de ALIMENTOS ZENÚ SAS, concederá como permiso remunerado a sus trabajadores el sábado Santo ò (sic) el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, para establecer el día empleador y

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Radicación n.° 94097 trabajador deberán acordarlo de manera concertada. 1.1. Argumentos de la empresa recurrente En general, sostiene la recurrente que el Tribunal extralimitó la facultades y competencias que le confiere el artículo 458 del CST, toda vez que se pronunció sobre derechos y deberes establecidos en la ley colombiana, que sólo son inherentes al empleador o a las partes. Para cada una de las cláusulas, arguye, en síntesis: ARTÍCULO SEGUNDO. COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: que la creación del Comité con funciones

de evaluar, verificar y hacer limita la facultad empresarial de dirigir sus asuntos. Y que la jurisprudencia de la Corte ha indicado que los tribunales de arbitramento «no se encuentran facultados para crear dichos Comités, puesto que vulnera su derecho de dirección y gestión de la Empresa». En auxilio de sus dichos cita las sentencias CSJ SL, 04 sep. 2007, Rad. 32093 y CSJ SL, 04 nov. 2009, rad. 42666. ARTÍCULO QUINTO. ESPACIO Y PERMISO REMUNERADO PARA REUNIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: que la Corte ha señalado la imposibilidad de los árbitros de reglar la comisión de reclamos, por cuanto su regulación se encuentra plasmada en la Ley (art. 406 del CST); corresponde a un aspecto facultativo de las partes; y la incursión de los árbitros en dicho tema está por fuera de su competencia. Cita

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Radicación n.° 94097 las sentencias CSJ SL1049-2017 y CSJ SL12506 de 2016.

ARTÍCULO NOVENO: que esta cláusula carece de título, pero se refiere a la garantía que da la empresa al trabajador para que compre productos Zenú y productos cárnicos con un 30% de descuento. Aduce que la extralimitación se concreta en que se trata de un beneficio que dispone puntualmente de los productos y bienes de la empresa y sin que se midiera el impacto de la decisión en las finanzas de la compañía. Trae a colación la sentencia CSJ SL11218-2017.

ARTICULO DECIMO NOVENO: que se refiere al otorgamiento como permiso remunerado el sábado santo o el 31 de diciembre de cada año, según convengan las partes, de donde resalta que la concesión del permiso se trata de una potestad privativa del empleador. En apoyo de su tesis transcribe apartes de las sentencias CSJ SL1691-2017 y CSJ SL4259-2020. 1.2 Se considera Para resolver la anulación deprecada en relación con las cláusulas transcritas en precedencia y atendiendo los argumentos esbozados por la empleadora recurrente, conviene recordar que la Sala ha sostenido que las facultades de dirección y manejo de la empresa por parte del empleador suponen la libertad y la autonomía empresarial para organizarse con el propósito de cumplir su cometido, esto es ejercer su objeto social, y que al tribunal de arbitramento le está vedado inmiscuirse en esos particulares campos que, en

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Radicación n.° 94097 todo caso, sí podrían ser acordados entre el empleador y sus trabajadores a través del ejercicio de autocomposición contractual colectiva en las relaciones que establezca con sus servidores o trabajadores (CSJ SL2615-2020). En ese orden, la conformación de comités bipartitos adoptados por un tribunal de arbitramento ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte en numerosas sentencias, entre ellas la CSJ SL4089-2022, en la cual se dijo: La Corte, en sentencia CSJ SL2615-2020, memoró la incompetencia arbitral para prohijar la existencia de comités que

de alguna manera cercenen la libertad empresarial, bajo el entendido de que se trataría de una suerte de coadministración que es factible convenir a través de la negociación colectiva, pero no imponer en la esfera de la heterocomposición. No obstante, si bien la Sala no ha modificado su doctrina al respecto, sí ha efectuado precisiones o, a lo menos, en algunos temas, ha morigerado algunas de sus inveteradas afirmaciones, introduciendo elementos nuevos, que reflejan el correr de los tiempos y la evolución propia de instituciones del derecho del trabajo, en este caso en el campo colectivo. También se recordó que la Corporación al reflexionar en torno al tema de los llamados comités paritarios o bipartitos, arribó a la conclusión de que los mismos surgen como una interesante forma del devenir democrático en las empresas, pues permiten la fluidez del diálogo entre empleadores y trabajadores y acercan al país al cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales especializados del mundo del derecho del trabajo. Lo anterior, sería posible en un escenario de arbitramento siempre y cuando tales comités versen sobre i) beneficios extralegales que por derecho sean de los trabajadores y ii) no se tomen en ellos decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues de ese modo sí se vulneraría el poder de dirección empresarial. Al punto, la Corte, en providencia CSJ SL3491-2019, razonó: Esta Sala ha sostenido que los árbitros no tienen competencia para crear comités de cogestión, codirección o coadministración de la compañía, pues ello transgrede el principio constitucional de libertad de empresa que, a su vez, implica la facultad del

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Radicación n.° 94097 empresario de organizar su negocio y dirigir las relaciones laborales. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación que, dando aplicación al principio de participación democrática y dentro de ciertos límites, los árbitros pueden fundar comités paritarios de participación en algunos asuntos de interés de los trabajadores. Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL243-2018 la Corte asentó: “En hilo con lo dicho, no advierte la Sala que los comités bipartitos constituyan una restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, con mayor razón si se tiene en cuenta que su actividad recae sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores, de suerte que no es desatinado que estos participen en su gestión como directamente interesados”. A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-934-04 señaló: “Ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se les otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego

que ha de guiar la relación laboral”. Igualmente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en la «importancia de celebrar consultas con todas las organizaciones sindicales interesadas acerca de las cuestiones que afectan a sus intereses o a los de sus afiliados». [1: La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones del Comité´ de Libertad Sindical / Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 6ª edición, 2018, párrafo 1521] Así las cosas, el eje medular que determina si fue acertada la decisión del tribunal de arbitramento en la concesión otorgada en el artículo segundo, respecto del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estriba en: i) si dicho comité realiza funciones de cogestión, codirección o

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Radicación n.° 94097 coadministración, es decir, si toma decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador; y ii) si versa sobre beneficios extralegales que por derecho sean de los trabajadores. Las funciones que se le señalan al mentado Comité en el Laudo se relacionan con la seguridad en salud en el trabajo y los verbos rectores recurrentes utilizados en los literales a, b, c y d del artículo segundo son: evaluar y verificar, lo cual supone, necesariamente, que no se trata de una simple participación de los trabajadores en el ente creado, sino que implica acciones de cogestión, coadministración o codirección, en tanto la evaluación y verificación en el mundo empresarial hacen parte inescindible del ciclo de toma de decisiones. Nótese que, en todo caso, el Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo es de estirpe legal, no extralegal, y que su génesis se encuentra en el Decreto 586 de 1983, pasando por el Decreto 614 de 1984 que en sus artículos 24, 25 y 26 señaló las responsabilidades de los empleadores en temas de salud ocupacional (hoy SST) y creó los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas, fijándoles sus responsabilidades. En el mismo sentido, la Resolución 2013 de 1986, expedida conjuntamente por los Ministerios de Trabajo y Salud, «Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo», establece en su artículo 5. ° que los trabajadores elegirán sus representantes

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Radicación n.° 94097 mediante votación libre y señala en el artículo 11 las funciones del Comité, entre las cuales destacan las de los literales:

VIII. d) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia»; g) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. h) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional.

También, en ese recuento normativo, hay que tener en cuenta el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015, el cual regula el tema en el Capítulo 6 del Título 4, Parte 2, Libro 2 «SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO», que contempla, entre otras cuestiones, los indicadores de evaluación de la estructura del Sistema del SG-STT (art. 2.2.4.6.20); la evaluación del proceso del SGSST (art. 2.2.4.6.21); la evaluación del resultado del SG-STT (art. 2.2.4.6.22); la gestión de los peligros y riesgos (art. 2.2.4.6.23); las medidas de prevención y control (art. 2.2.4.6.24); la auditoría de cumplimiento del SG-SST (art. 2.2.4.6.29); la revisión por la alta dirección (art. 2.2.4.6.31), cuyos resultados deben ser divulgados al Copasst, que deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del sistema a que hubiere lugar y la

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Radicación n.° 94097 capacitación obligatoria (art. 2.2.4.6.35). Lo visto lleva a concluir que, en este caso particular, la cláusula concedida por el Tribunal no reúne los requisitos exigidos jurisprudencialmente para mantenerse en el mundo jurídico, por cuanto las decisiones del Comité, en últimas,

serían vinculantes y obligatorias para el empleador y sus funciones no versan sobre beneficios extralegales de los trabajadores, además de que desvertebraría las funciones y competencias reguladas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En cuanto al artículo quinto, cierto es, como lo dice la censura, que el literal d) del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa el fuero sindical de los trabajadores, indicando expresamente, «sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos». Al revisar la exequibilidad del artículo 406 del CST, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia CC C-2012002, sobre la citada disposición, en los siguientes términos, incluyendo las funciones que cumple la comisión de reclamos: El literal d) del artículo 406 establece que gozan de fuero sindical dos de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y p