CSJ - SL2660-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2660-2023 Radicación n.° 95452 Acta 038 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA (AV VILLAS), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró LUZ STELLA RAMÍREZ ÁLVAREZ en su contra y en la del INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES (ISS), hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Se acepta el impedimento manifestado por la magistrada Ana María Muñoz Segura para conocer del presente caso, con fundamento en la causal primera del artículo 141 del CGP.

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Radicación n.° 95452

I. ANTECEDENTES Luz Stella Ramírez Álvarez llamó a juicio a AV Villas y al ISS, hoy Colpensiones, con el fin de que se declarara que, pese a su calidad de jubilada, la empleadora debía aportar en pensión por el tiempo que duró el vínculo laboral; que el ISS indujo en error —tanto a ella como a AV Villas— al emitir el concepto, según el cual, no era dable cotizar a su favor, hecho que le afectó el derecho a la seguridad social.

Como consecuencia, pretendió que la primera demandada fuera condenada al pago de tales rubros, por los siguientes periodos: 4 de febrero de 1992 al 30 de septiembre

de 1994; 1 de octubre de 1994 al 30 de junio de 2000; 1 de julio de 2000 al 30 de noviembre de 2003; y del 1 de diciembre de 2003 al 30 de julio de 2007; para que, posteriormente, la administradora de pensiones reconociera la prestación de vejez, en virtud del régimen de transición; o que, subsidiariamente, la exempleadora fuera la responsable de asumirla, en los mismos términos que se la hubiera reconocido la AFP. Pidió, a continuación, que se declarara el carácter de compartible de la pensión de jubilación extralegal devengada con la de vejez pretendida; y que se condenara a las demandadas al pago de los intereses de mora o, en subsidio, la indexación de las sumas. Fundamentó sus peticiones en que, el 6 de marzo de 2010 cumplió 55 años, pues nació en 1955; que la sociedad

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Radicación n.° 95452 Puertos de Colombia le reconoció una pensión de jubilación vitalicia extralegal, a partir del 6 de abril de 1991; que entre el 1 de febrero de 1992 y el 30 de julio de 2007, estuvo vinculada laboralmente con la Corporación de Ahorro y Vivienda las Villas, hoy AV Villas, quien la afilió al ISS y cotizó de manera interrumpida desde el 4 de febrero de 1992 hasta el 30 de septiembre de 1994, y del 1 de julio del 2000 al 30

de noviembre de 2003. Indicó que, en atención a lo anterior, solicitó a su empleadora información respecto de la falta de aportes y como respuesta le fue indicado que: […] conforme lo dispuesto por el Artículo 56 del D. 3063 de 1.989, la Señora RAMIREZ (sic) ALVAREZ (sic) se encontraba exonerada de cotizar a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como a accidente de trabajo y enfermedad profesional, debido a que la extrabajadora había sido pensionada por una Entidad Oficial, lo cual había sido respaldado por el ISS mediante comunicación 941275 del 15 de Febrero de 1.994, en la cual indicó que las semanas cotizadas por los pensionados de Entidades Oficiales carecían de toda validez y que lo único procedente era solicitar la devolución de los aportes sufragados, razón por la cual procedieron a solicitar ante el ISS la devolución de tales aportes. Agregó que, ante tal circunstancia, informó a AV Villas del error cometido; solicitó la consignación de los referidos rubros a la AFP o, en subsidio, que le fuera pagada la pensión de vejez, y sostuvo que, si bien, la empresa en su comunicación manifestó haber devuelto el valor de $35.593.026 por aportes del ISS en 1994, ella solo recibió un reintegro de $823.802. A continuación, narra que, el 25 de mayo de 2010, reclamó la prestación ante el ISS, y le fue negada mediante

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Radicación n.° 95452 Resolución 106767 de 2010, bajo el argumento de que,

aunque, era beneficiaria del régimen de transición, solo había cotizado 543 semanas entre el 8 de junio de 1974 y el 30 de noviembre de 2003, de las cuales, 314 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Refiere que interpuso recurso de apelación contra lo decidido y solicitó a la administradora cobrar los aportes adeudados por AV Villas, pero obtuvo una respuesta negativa. Así, explica que, dado que trabajó para la codemandada por el lapso de 15 años y 6 meses, contaba con semanas cotizadas a cargo de otros empleadores, cumplió la edad el 6 de marzo de 2010 y era beneficiaria del régimen transicional, por lo que acreditaba la totalidad de requisitos para obtener el derecho pretendido. Por último, se ocupó de discriminar el IBC anual con el que debía haberse realizado cada aporte al sistema de pensiones y sostuvo que, se encontraba agotada la reclamación administrativa. Al dar respuesta a la demanda, el ISS se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos manifestó que era cierto el contenido de los documentos reseñados; precisó los tiempos efectivamente aportados por el empleador AV Villas; describió los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación y negó que la demandante tuviera el derecho, explicando que esta cotizó ante tal entidad 543 semanas en

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Radicación n.° 95452 toda su vida laboral, de las cuales 313 son de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida, siendo su última contribución la del mes de noviembre de

2003. Frente a los demás sostuvo que no le constaban o que no eran ciertos.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción, buena fe e inexistencia de las obligaciones demandadas. AV Villas, se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó lo relativo a la vinculación laboral y las reclamaciones, pero precisó que, pese a haber cumplido con la obligación de afiliar a la trabajadora al ISS, por expresa petición suya y previa aprobación de la administradora de pensiones, suspendió las cotizaciones y tramitó la devolución de los aportes, dinero que entregó a la demandante, en la porción que le correspondía; situación que fundamentó en el hecho de que, para el inicio del contrato de trabajo, aquella se encontraba pensionada. De los demás, sostuvo que no le constaban, no eran ciertos o se trataba de manifestaciones de índole personal que no tenían fundamento fáctico. Como excepciones previas interpuso las de falta de competencia, cosa juzgada y prescripción; de mérito, las que denominó prescripción, inexistencia de la obligación y compensación.

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Radicación n.° 95452 A continuación, llamó en garantía al ISS. Como fundamento fáctico expuso que había cumplido con la obligación de afiliar a la demandante a los riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM); que efectuó los aportes según lo ordenado por la ley; que el ISS, el 11 de Febrero de 1994, mediante comunicación n.º 941275, le informó que no debía

realizar cotizaciones cuando el trabajador se encontraba pensionado por jubilación a cargo de una entidad oficial; y que, por tal circunstancia, no era responsable de las que dejó de hacer a nombre de Luz Stella Ramírez Álvarez, pues, reitera, atendió lo ordenado en la referida respuesta. Así, consideró que era aquel el responsable de los eventuales aportes y el encargado del reconocimiento prestacional. El llamado en garantía se opuso a las pretensiones; aceptó la afiliación de la señora Ramírez Álvarez por parte del empleador AV Villas; precisó los ciclos aportados e indicó que no se reportaba mora en las cotizaciones. Alegó, además, que para el reconocimiento prestacional se requería el lleno de requisitos contenidos en la ley, los cuales no fueron alcanzados por la afiliada, pues, aunque reconoció la comunicación que se emitió para señalar que la trabajadora no era afiliada obligatoria, esto se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que derogada la anterior, le correspondía al empleador asumir las cotizaciones a lugar. No propuso excepciones.

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Radicación n.° 95452 Además, presentó demanda de reconvención en contra de Luz Stella Ramírez Álvarez. Adujo que esta le prestó los servicios al Banco entre el 1 de febrero de 1992 y el 30 de julio de 2007, fecha en que, de mutuo acuerdo, se terminó la relación laboral. Agregó que, el día siguiente, de manera voluntaria, la trabajadora suscribió un acta de conciliación

en la cual declaró a paz y salvo a la empleadora por toda acreencia laboral y, en contraprestación, recibió la suma de $208.800.000. Agregó que la exempleada la demandó para obtener el reintegro de los aportes a pensión, pero que, aquella, por mandato legal, debía responder por tales pagos. Para finalizar, sostuvo que la señora Ramírez Álvarez recibió la suma de $5.672.452, por concepto de devolución de cotizaciones. Por lo anterior, solicitó que se le condenara a reintegrar el valor pagado por concepto de la conciliación ($208.800.000) y lo correspondiente a la devolución de aportes ($5.672.452) y que, además, fuera obligada a responder por el porcentaje a cargo del trabajador, con destino a los riesgos de IVM. Luz Stella Ramírez Álvarez se opuso a las pretensiones elevadas en su contra. Frente a los hechos, si bien aceptó el pago recibido por concepto de conciliación, negó que tal suma abarcara sus derechos ciertos, mínimos e irrenunciables; que le hubiera sido reembolsada la suma aludida por aportes devueltos; y, frente al porcentaje

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Radicación n.° 95452 correspondiente al trabajador destinado al sistema de pensiones, sostuvo que la obligación de descontarlo estaba en cabeza del empleador, quien, de no hacerlo, debía responder por tal omisión. En su defensa interpuso las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del

Circuito de Cali, mediante sentencia proferida el 11 de octubre de 2013, absolvió a las demandadas iniciales de todas las pretensiones elevada en su contra y a Luz Stella Ramírez Álvarez de lo pedido en la reconvención.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante decisión del 30 de noviembre de 2021, al conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandante, revocó la de primera instancia y en su lugar dispuso, PRIMERO. REVOCAR la apelada Sentencia No. 252 del 11 de octubre de 2013, proferida por el JUZGADO NOVENO DE

DESCONGESTIÓN LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.

SEGUNDO. DECLARAR que la señora LUZ STELLA RAMIREZ

(sic) ALVAREZ (sic), es cotizante obligatoria del Sistema General de Seguridad Social integral y por consiguiente el empleador Corporación de Ahorro y Vivienda LAS VILLAS hoy Banco Comercial AV Villas SA, se encontraba obligado de realizar aportes al régimen pensional de prima media con prestación definida administrado por el ISS hoy COLPENSIONES. TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, qué en un plazo máximo de 30 días

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Radicación n.° 95452 hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, efectúe el CÁLCULO ACTUARIAL por concepto de los aportes en (sic) omitidos, correspondientes a 480.72 semanas del 01 de febrero de 1992 al 03 de febrero de 1992, del 01 de octubre de 1994 al 31

de enero de 1995, del 01 de marzo de 1995 al 30 de junio de 2000, y del 01 de diciembre de 2003 al 30 de julio de 2007, con los intereses moratorios a cargo del empleador Banco Comercial AV Villas SA. CUARTO. ORDENAR al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. trasladar a satisfacción de COLPENSIONES, el cálculo actuarial de los aportes que se omitieron en favor de la demandante con los intereses correspondientes a los periodos señalados, efectuando tal pago en un plazo máximo de 45 días hábiles, contados desde el recibo de la notificación de cobro del cálculo actuarial. Igualmente reembolsará la totalidad de las sumas que la administradora de pensiones haya devuelto por concepto de aportes. QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a reconocer y pagar en favor de la señora LUZ STELLA RAMIREZ (sic) ALVAREZ (sic), la Pensión de Vejez de acuerdo con lo preceptuado en la parte considerativa de la presente providencia, con un retroactivo pensional causado entre el 06 de marzo de 2010 y el 31 de octubre de 2021 asciende a la suma de 1.427.557.698. A partir del 01 de noviembre de 2021, se continuará pagando una mesada en cuantía de $11.627.091, sin perjuicio de los reajustes anuales legales.

SEXTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES al pago de los intereses

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, causados desde el día 19 de septiembre de 2010, hasta la fecha del pago efectivo de la prestación. SÉPTIMO. AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES que de las sumas retroactivas efectúe los descuentos por concepto de salud que deberán girarse a la EPS de la demandante y las sumas que fueron devueltas por concepto de fondo de solidaridad pensional. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal tuvo como hechos probados los siguientes: 1) Que la demandante LUZ STELLA RAMIREZ (sic) ALVAREZ (sic) nació el 06 de marzo de 1955 (fl. 100 y 102 pdf). 2) Que mediante acta de conciliación #868 del 4 de diciembre de 1991, la demandante acordó con la empresa Puertos de Colombia las

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Radicación n.° 95452 condiciones de retiro laboral con una pensión de jubilación proporcional al tiempo de servicio de carácter extralegal (fl. 103 pdf). 3) Que la demandante suscribió contrato de trabajo con la Corporación de ahorro y vivienda Las villas a partir del 01 de febrero de 1992 en calidad de directora del departamento de control administrativo (fl. 110-112 pdf). 4) Que mediante Acta 01 del 19 de junio de 2007 se concilió ante el Ministerio de la protección social (sic) la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo vigente entre la demandante y el Banco Comercial AV Villas desde el 01 de febrero de 1992 hasta el 31

de julio de 2007, indicando que el último salario integral devengado por la actora ascendió a $20.300.000 y acordando una suma conciliatoria por concepto de acreencias, derechos renunciables derivados del contrato, en cuantía de $208.800.000. (fl. 331333 pdf). 5) Que el 13 de enero de 2010 la demandante eleva petición de pago de aportes en pensión al ex empleador AV Villas (fl. 119-122 pdf), entidad que respondió que en el caso de la demandante no se efectuaron aportes por contar con concepto favorable de exoneración emanado del ISS. 6) Que el 18 de mayo de 2010 solicita el reconocimiento de la pensión de vejez al ISS (fl. 131 pdf), la cual fue negada con Resolución No. 106767 del 20100827, por no contar con la densidad de semanas necesarias para su reconocimiento, con 543 semanas aportadas en toda la vida y 314 semanas cotizadas en los últimos 20 años (fl.133-134 pdf), decisión que fue apelada (fl. 135-137 pdf), siendo confirmada con Resolución 900470 del 2011 por no cumplir con los requisitos legales de ley 100 de 1993 para su otorgamiento, con 543 semanas cotizadas en toda la vida laboral, (fl. 138-139 pdf). 7) Se presenta la demanda el 15 de septiembre de 2011 (fl. 159 pdf) Fijado lo anterior, estableció como problemas jurídicos determinar si a la demandante le asistía el «derecho a la inclusión de semanas para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez»; y frente a la demanda de reconvención,

dilucidar si era procedente la devolución de los dineros correspondientes a la bonificación recibida en la conciliación y los aportes reintegrados. De entrada, expuso como tesis de la sentencia las siguientes: i) la señora LUZ STELLA RAMIREZ (sic) ALVAREZ (sic), en su

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Radicación n.° 95452 calidad de trabajadora dependiente del sector privado en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, tiene la calidad de cotizante obligatoria y la pensión de vejez es compartible con la jubilación extralegal; ii) La mora por los ciclos de cotización omitidos durante el vínculo laboral, reconocidos por el empleador deben incluirse, por cuanto a la actora le asiste el derecho a percibir la pensión de vejez del Sistema General de Seguridad Social, no obstante la administradora emitió concepto de exoneración de aporte y tampoco inició proceso de cobro para su recuperación y saneamiento de la historia laboral de la demandante, a quien le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, en razón a que logra acreditar más de 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005 y 1000 en toda la vida laboral, iii) No procede la devolución de la bonificación conciliada para la terminación el contrato laboral. Así, abordó el estudio de la obligatoriedad de cotizar de la demandante; tuvo en cuenta los artículos 1 y 2 del Decreto 758 de 1990, vigentes para la fecha de inicio de la relación

de trabajo, así como los 15 y 17 de la Ley 100 de 1993 y la reglamentación desarrollada en el Decreto 692 de 1994; para concluir que, si bien, esta gozaba de una jubilación vitalicia reconocida por Puertos de Colombia, «indudablemente la misma tiene el carácter de extralegal por cuanto no acreditaba las condiciones de la Ley 33 de 1985 que regían para esa data (20 años de servidos y 55 años de edad); esto es, no se trataba de una prestación contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo ni derivada de la Ley». Por lo tanto, al estar probada la relación laboral, sostuvo que el empleador estaba en el deber de cotizar, en cumplimiento, además de la Constitución de 1991, específicamente en su artículo 48. Precisó también que de abrirse paso la discusión alegada por la defensa, referente a la exención en el pago de

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Radicación n.° 95452 tales aportes, se tendría que razonar que, en virtud del principio de progresividad en materia laboral, las cotizaciones eran obligatorias, máxime cuando «al momento de reportar la novedad de retiro de pensión de la trabajadora, lo que ocurrió el 30 de septiembre de 1994, ya estaba vigente la Ley 100 de 1993 que, se insiste, derogó las disposiciones anteriores y dispuso la obligatoriedad de a afiliación y aportes para todos las personas con contrato laboral vigente». Sustentó lo anterior en las sentencias CSJ SL19352020 y CSJ SL6718-2016, y determinó que: Entonces, verificándose en esta instancia que la entidad realizó el proceso de afiliación ante la administradora de pensiones con el inicio del vínculo laboral en 1992 (fl. 353 pdf), y la administradora de pensiones recibió los aportes efectuados hasta el 30 de septiembre de 1994, fecha en que el Banco demandado reporta la novedad de retiro de la trabajadora que se encontraba laborando; no es menos cierto que la omisión de pago, a partir de tal calenda constituyó una evasión al deber de realizar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de la demandante, dado que al encontrarse vigente el vínculo laboral y el pago de salarios se abstuvo de cumplir con la obligación de realizar los aportes parafiscales de pensiones y fondo de solidaridad pensional, que rige para todas las personas con un contrato laboral vigente, independientemente de que cuenten con una jubilación extralegal o convencional, y por consiguiente se impondrá la obligación de asumir el pago mediante el cálculo actuarial para, la financiación del derecho pensional que le asista a la actora. A continuación, analizó las exigencias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el acuerdo 049 de 1990 y las limitaciones contenidas en el parágrafo transitorio 4, del Acto Legislativo 01 de 2005, y estableció que: En el CASO CONCRETO encuentra la Sala que la señora LUZ

STELLA RAMIREZ (sic) ALVÁREZ (sic), nació el 06 de marzo de

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Radicación n.° 95452 1955, lo que significa que tenía 39 años de edad al 1° de abril de 1994 y, por lo tanto, en principio estaría cobijada por el régimen de transición. Como estuvo afiliada al ISS hoy COLPENSIONES, antes del 01 de abril de 1994, el régimen que resulta aplicable a efectos de analizar la pensión de vejez es el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. Sin embargo, como se dijo en precedencia para la conservación del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, para poder aplicar el Acuerdo 049 de 1990, es necesario definir el cumplimiento de las semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que, la actora cumplió los 55 años el 06 de marzo de 2010. Descendió al conteo de los periodos cotizados y los pendientes de pago, y, tras tener en cuenta las providencias CSJ SL3112-2019, CSJ SL9808-2015, CSJ SL13276-2015, y CC SU226-2019, entre otras, así como el contenido de los artículos 13, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, sostuvo que era obligación de la administradora realizar el cálculo actuarial correspondiente a 480.72 semanas, a saber, «del 01 de febrero de 1992 al 03 de febrero de 1992, del 01 de octubre de 1994 al 31 de enero de 1995, del 01 de marzo de 1995 al

30 de junio de 2000, y del 01 de diciembre de 2003 al 30 de julio de 2007», y del empleador, el pago de las sumas, a satisfacción de Colpensiones. Resaltó que, si bien, «existe la nota crédito por la devolución de los aportes efectuados por el empleador correspondiente a los ciclos julio de 2000 a noviembre de 2003 (fl.l34 pdf), no es menos cierto que en la historia laboral de la demandante continúan reportados tales periodos sin nota de devolución», por lo que entendió que el reembolso aludido no

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Radicación n.° 95452 ocurrió, y las cotizaciones se encontraban a órdenes de la entidad de seguridad social. Superados tales tópicos, contabilizó la totalidad de tiempos y tuvo por acreditado que la demandante logró acumular: […] durante toda la vida laboral un total de 1.028,86 semanas en forma interrumpida desde el 08 de junio de 1974 hasta Inclusive el 31 de julio de 2007; de las cuales 785,71 semanas se aportaron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 55 años, esto es, entre el 06 de marzo de 1990 y el 06 de marzo de 2010 y 925,29 semanas corresponden a los aportes hasta el 25 de julio de 2005. Para la Sala la densidad de semanas cotizadas por la actora al 30 de julio de 2007, resulta suficiente para consolidar su pensión bajo las previsiones del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de la misma anualidad, por contar con la edad

requerida para el año 2010 y más de 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral, cumpliendo con los requisitos de edad y densidad de semanas cotizadas. Aunado a ello, luego de citar los Acuerdos 224 de 1966 y el 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del último año referido, encontró demostrado que la actora percibe una prestación extralegal reconocida por la empresa Puertos de Colombia, hoy asumida por la UGPP, y que aquella no efectuó aportes para subrogar la obligación en el sistema pensional, no obstante, consideró que «al haberse otorgado la jubilación después de la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, la prestación era COMPARTIBLE, por lo que era obligación del empleador público de generar el aporte en favor de la jubilada que se omite demostrar»

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Radicación n.° 95452 Agregó que, lo hasta aquí razonado, era suficiente para revocar la decisión primigenia y entender que la pensión de vejez se había causado a partir del 6 de marzo de 2010, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, por remisión del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Procedió, entonces, a fijar el monto de la prestación en cuantía de $7.847.293; para tal fin, encontró un IBL de $10.463.058 y aplicó una tasa del 75%, tras considerar que se acreditaban 1.028 semanas, y que, a la fecha de entrada

en vigencia de la Ley 100 ibidem, le faltaban más de 10 años para consolidar el derecho, por lo que la norma aplicable era su artículo 21. Para resolver la excepción de prescripción citó los preceptos 151 del CPTSS y 488 del CST, y adujo que, dado que el derecho se hizo exigible el 6 de marzo de 2010, la reclamación prestacional se elevó el 18 de mayo de 2010, fue negada mediante Resoluciones n.º 106767 del 27 de agosto de 2010 y 900470 del 29 de abril del 2011, y la demanda fue presentada el 15 de septiembre del 2011, no había operado el termino trienal respectivo. Precisó que la pensión se reconocía a razón de 13 mesadas anuales, por no encontrarse dentro de las excepciones del parágrafo 6 del Acto Legislativo 01 de 2005; y, frente a los intereses moratorios razonó que: En el caso que nos ocupa quedó demostrada la mora en el reconocimiento de la pensión de vejez y en el pago de las

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Radicación n.° 95452 mesadas, teniendo en cuenta que se elevó reclamación el 18 de mayo de 2010, lo que significa que la entidad tenía hasta el 18 de septiembre de 2010, para reconocer la prestación pero como no lo hizo se condena al pago a partir del 19 de septiembre de 2010. sobre el importe de mesadas adeudadas aquí liquidadas y las que se sigan causando hasta la fecha de su pago efectivo. Finalmente, frente a las pretensiones de la demanda de

reconvención, consideró que, si bien existía prueba del pago realizado por la empleadora en virtud de la conciliación extrajudicial, esta suma «opera sobre derechos inciertos y discutibles, pero no sobre los derechos ciertos que contemplan los mínimos irrenunciables amparados en el ordenamiento jurídico, como es el caso de la Seguridad Social (aft. 48 CP)», y, por tanto, no ordenó su devolución; no obstante, al analizar la pretensión de reembolso de los «descuentos por concepto de fondo de solidaridad pensional que le fueron devueltos a la demandante en la nómina de septiembre de 2004, por valor de $5.672.452 (fl. 354 y 361)», autorizó que fueran depreciados del retroactivo, debidamente indexados.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Banco AV Villas SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte, case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo en la que se le absolvió de las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 95452 De igual manera, requiere le sean devueltos por Colpensiones, los dineros cancelados «en virtud al traslado del cálculo actuarial, conforme al hecho sobreviniente expuesto en precedencia» relacionado con el pago del cálculo actuarial para no generar intereses moratorios y de forma

subsidiaria: […] CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto a las condenas proferidas contra el BANCO AV VILLAS S.A. y, en sede de instancia, condenar a COLPENSIONES a asumir, a su cargo, el monto de los aportes omitidos por la empleadora, así como ordenarle devolver a mi representada los dineros cancelados en virtud del traslado del cálculo actuarial, conforme al hecho sobreviniente expuesto en precedencia. - En subsidio de lo anterior, comedidamente solicito a la Sala CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto condenó al BANCO AV VILLAS S.A. a trasladar a la administradora pública de pensiones el cálculo actuarial y, en sede de instancia, condenarla al pago de los aportes en mora, y ordenar a Colpensiones compensar esa deuda con los dineros cancelados en virtud del cálculo actuarial trasladado y a devolver el saldo a favor de mi representada, conforme al hecho sobreviniente expuesto en precedencia. Con tal propósito formula cuatro reproches, por la causal primera de casación que son replicados por la señora Luz Stella Ramírez Álvarez y Colpensiones, los cuales se resuelven en conjunto el tercero y cuarto para finalmente, desarrollar el primero y el segundo. Lo anterior, aunque se presentan por diferentes vías, al compartir objeto, normas acusadas y argumentación.

VI. CARGO TERCERO Embiste la decisión como «tercer alcance subsidiario de la impugnación» por ser violatoria de la ley, «por vía indirecta,

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Radicación n.° 95452 de los artículos 281 del Código General del Proceso y 66 A del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social», violación medio que a su vez condujo a la aplicación indebida del literal d), inciso 7° del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 23 de la misma normativa, así como el 29 de la Constitución Política. Para tal efecto, denuncia que el Tribunal incurre en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por establecido, sin estarlo, que la demandante suplicó a cargo de la demandada Banco AV VILLAS S.A. el pago del cálculo actuarial.

2. No dar por establecido, estándolo, que lo pretendido por la accionante respecto de su ex empleadora BANCO AV VILLAS S.A., fue el pago de los aportes en mora.

3. No dar por establecido, estándolo, que en la apelación contra la sentencia absolutoria de primera instancia, la demandante recurrente insistió en su pretensión de condenar a su empleadora al pago de aportes pensionales en mora, mas no al pago del cálculo actuarial.

4. No dar por establecido, a pesar de estarlo, que la codemandada ISS, hoy Colpensiones, elaboró su defensa sobre la base de aportes no cotizados durante la vigencia del contrato de trabajo, mas no en la falta de afiliación de la demandante al sistema general de pensiones.

Afirma que dichos yerros se originan en la errada apreciación de la demanda inicial, la contestación que presentó frente aquella y el recurso de apelación visto en folios 460 a 469 del pdf de la primera instancia.

En sustento del ataque, transcribe los hechos 4, 5 y 9 junto a la pretensión cuarta del escrito genitor para insistir en que, fue en virtud de lo señalado por Colpensiones que cesó en los aportes a pensión de la trabajadora; cita el