CSJ - SL2661-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2661-2023 Radicación n.° 95755 Acta 038 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA (PROTECCIÓN), contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 24 de agosto de 2021, en el proceso que instauró CÉSAR AUGUSTO ARANGO CADAVID en su contra, al cual se vinculó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) como litisconsorte por pasiva. Se reconoce personería para actuar como apoderada judicial de Colpensiones, a Casación Laboral Estudio SAS, quien podrá intervenir por intermedio de cualquier abogado inscrito en el certificado de existencia y representación legal,

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Radicación n.° 95755 como, en este caso, la doctora Linda Tatiana Vargas Ojeda identificada con TP. 287.982 del CSJ, en los términos y para efectos del memorial obrante en el cuaderno digital de la Corte, dispuesto en la plataforma Gestor Documental.

I. ANTECEDENTES César Augusto Arango Cadavid demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA (en adelante Protección), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con ocasión a la disminución en su capacidad laboral superior al

50%; junto a los respectivos reajustes anuales, año por año, y hasta el pago de la prestación; las mesadas adicionales; los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas. Como fundamento de sus pretensiones expuso, básicamente, que se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a través de Protección, y pese a su precario estado de salud, logró cotizar 718.71 semanas durante toda su vida laboral, con la finalidad de cubrir el riesgo pensional. Señaló que, con ocasión a las secuelas presentadas por la patología congénita denominada poliomielitis —que padece desde que tenía un año de edad—, mediante dictamen adiado a 26 de enero de 2010, le fue determinado el 50.59% de pérdida de la capacidad laboral (PCL), de origen común, con fecha de estructuración del 5 de febrero de 1970.

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Radicación n.° 95755 Finalmente, manifestó que, contaba con un historial de más de 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la data de la aludida calificación. Al dar respuesta a la demanda, Protección se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. En cuanto a los planteamientos fácticos, aceptó los atinentes a la afiliación del actor ante el Sistema General de Pensiones del régimen privado, administrado por dicha sociedad; la densidad total de cotizaciones efectuadas por aquel para cubrir el riesgo pensional; y el tipo de origen de la enfermedad que le fue

diagnosticada. Frente a los demás, expresó que no eran ciertos o que no le constaban. Por su parte, alegó que no estaba obligada al pago de algún concepto a título de pensión en favor del promotor del juicio. Al respecto, arguyó que el señor Arango Cadavid no cumplió con los estrictos criterios legales necesarios para obtener la prerrogativa por invalidez, toda vez que, a la fecha de estructuración de la disminución de su capacidad laboral —5 de febrero de 1970—, se hallaba afiliado a un fondo distinto. Indicó, además, que las aportaciones efectuadas al RAIS, fueron transferidas con posterioridad a Colpensiones. Como excepciones de mérito, propuso las que denominó, en su tenor literal, inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido y prescripción.

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Radicación n.° 95755 El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín a través de auto adiado a 20 de febrero de 20171, ordenó vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), como litisconsorte por pasiva. Por su parte, la entidad, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto al relato fáctico, aceptó lo atinente al número total de semanas cotizadas por el libelista al sistema pensional; junto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral de aquel; la determinación de origen y fecha de estructuración de la patología que padece. Frente a los demás supuestos, indicó que no le constaban. Señaló que no le asistía derecho al demandante a la

pensión reclamada, al no haber acreditado la densidad de cotizaciones exigidas en la norma aplicable a la data de configuración de la invalidez, es decir, las contempladas en el artículo 5.° del Decreto 3041 de 1966. En su defensa formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez; improcedencia en el pago de retroactivo pensional; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación de condenas; prescripción; falta de agotamiento de la vía gubernativa; innominada; imposibilidad de condena en costas y buena fe. 1 Ver folio n.° 92 del cuaderno de primera instancia, dispuesto en la plataforma digital denominada gestor documental (Bestdoc).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 18 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: Se declara que la afiliación válida del señor Cesar

(sic) Augusto Arango Cadavid, CC. 71.491.722, al Sistema General de Pensiones es en la Administradora de Fondos Pensiones y Cesantías, AFP. Protección SA.

SEGUNDO: Se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, que una vez en firme esta sentencia y, previa solicitud de la AFP. Protección SA, proceda a trasladar con destino a la cuenta de ahorro individual del señor Arango Cadavid, el saldo que de dicha cuenta le fue devuelto por la AFP.

Protección SA, y en los términos del inciso 4.° del artículo 6.° del

decreto (sic) 3995 de 2008, sin perjuicio que los demás montos que le corresponda trasladar por cotizaciones hechas por el señor Arango Cadavid al régimen de prima media; y a trasladar la correspondiente historia laboral.

TERCERO: Se declara que le asiste derecho al señor Arango Cadavid al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común a cargo de la AFP. Protección SA, desde el día 21 de agosto de 2009, fecha de la primera calificación de su estado de invalidez y el monto equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.

CUARTO: Se declara (sic) prescritas las mesadas pensionales causadas al 08 de abril de 2012.

QUINTO: Se condena a la AFP. Protección SA, a pagar al señor Arango Cadavid la pensión de invalidez desde abril de 2012, inclusive, con sus mesadas adicionales a junio y noviembre de cada año, previa deducción del 12% con destino al sistema de salud. Lo que deberá cumplir en el término de un mes a partir de que quede en firme la sentencia, independientemente de que se le haya hecho el traslado de aportes ordenado a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y cuya gestión de cobro debe hacer la AFP. Protección SA.

SEXTO: Se condena a la AFP. Protección SA. a pagar al señor Arango Cadavid los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley (sic) 100 de 1993 sobre cada una de las mesadas pensionales desde su causación y hasta que cumpla el pago de las mismas.

SÉPTIMO: Se absuelve a la AFP. Protección SA. de la pretensión

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Radicación n.° 95755 de indexación de las condenas impuestas.

OCTAVO: Las demás excepciones propuestas contra la demanda quedan resueltas implícitamente con las consideraciones para este proveído.

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación impetrado por el demandante César Augusto Arango Cadavid y por la demandada Protección SA, junto al grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante proveído del 24 de agosto de 2021, modificó el fallo

de primer grado en los siguientes aspectos: a. Fecha a partir de la cual PROTECCION (sic) SA. debe reconocer y pagar la pensión de invalidez al señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO CADAVID, esto es, desde el 24 de septiembre del año 2013 (no 21 de agosto de 2009). b. El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de 13 mesadas al año (no 14). c. El retroactivo pensional adeudado por PROTECCION (sic) SA. corresponde a la suma de $76.126.098, liquidado desde el 24 de septiembre de 2013 actualizado hasta el 31 de julio de 2021. A partir del 1.º de agosto de 2021, PROTECCION (sic) SA. continuará reconociendo y pagando la pensión de invalidez, en cuantía equivalente al SMLMV, con derecho a 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales.

d. Los intereses moratorios a cargo de PROTECCION (sic) SA. se deberán liquidar a partir del 1.º de octubre de 2013, sobre cada mesada pensional causada, a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, conforme a lo señalado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. e. Se declara que no operó prescripción sobre mesadas pensionales […]

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SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia de primera instancia en todo lo demás, incluyendo la condena en costas; de acuerdo a los considerandos. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez pluripersonal estableció que el problema neural se orientaba a determinar si era viable modificar el fallo impugnado en lo que respecta a: (i) la data de estructuración de la pérdida de capacidad laboral reconocida al demandante, y (ii) la entidad responsable de sufragar la prestación pensional deprecada.

Como presupuestos fácticos sin discusión dejó sentados los siguientes: […] que mediante comunicación de fecha 26 de enero de 2010, PROTECCION (sic) SA. le notificó al demandante, el resultado de la calificación realizada por la Compañía Suramericana de Seguros de Vida SA, donde le fue asignado el 50.59% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, estructurada el 5 de febrero de 1970; dictamen que fue emitido el 21 de agosto de 2009, teniendo en cuenta los diagnósticos: monoparesia miembro inferior izquierdo secuela de

polio, anquilosis tobillo izquierdo, trastorno de la marcha, síndrome doloroso de columna, acortamiento miembro inferior izquierdo (folios 18 a 21). El día 8 de febrero de 2010, la AFP le informó al señor Arango Cadavid que no le correspondía reconocer la pensión de invalidez, por cuanto la fecha del siniestro es anterior a su afiliación al RAIS, efectuada el día 1.º de noviembre de 2001, como traslado del ISS, por lo que procedería a anular su vinculación a la AFP, devolviendo los aportes al ISS, para el reconocimiento de la prestación económica (folios 24 y 25). Según historia laboral generada por COLPENSIONES el 12 de marzo de 2014, el demandante cuenta con 924 semanas cotizadas en toda la vida laboral, desde el 3 de febrero de 1988 hasta el 31 de marzo de 2014, donde aparecen pagos recibidos del RAIS por traslado aprobado, correspondientes a los periodos desde noviembre de 2001 hasta julio de 2008 (folios 32 a 37). (Negrillas del texto original). Precisado lo anterior, previo a resolver el objeto central de la lid, el Tribunal abordó el tema atinente a la

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Radicación n.° 95755 incongruencia endilgada por Protección frente a la sentencia proferida por la a quo, que anuló la determinación adoptada por la prenombrada entidad de reconocer la validez de la afiliación y de las cotizaciones que realizó el demandante únicamente ante Colpensiones y que pretendió dejar sin

efectos la vinculación del aludido actor al RAIS —aún sin consentimiento previo del afiliado—; pues, a juicio de la AFP apelante, lo colegido se escapó de la esfera de las cuestiones debatidas ante la primera instancia, por no haber sido objeto de una pretensión formal. Al respecto, el ad quem aseveró que la operadora judicial poseía la facultad de pronunciarse sobre cuestiones ultra y extra petita, pues atendió al principio de congruencia desarrollado, de un lado, en el canon 50 del CPTSS y, de otro, en los pronunciamientos de la corporación que trajo a colación; y, adicionalmente, explicó con suficiencia las motivaciones que lo encaminaron a haber declarado como válida la afiliación del señor Arango Cadavid ante la administradora pensional del régimen privado, reseñada en líneas precedentes; aunado a que —aclaró el colegiado— fue un tema debatido y probado en el plenario. Al hilo de lo expuesto, acotó que Protección no estaba facultada para anular motu proprio la afiliación del demandante y decidir trasladarlo al régimen público pensional, aduciendo como justificación que la data de estructuración de la invalidez se hubiese fijado en 1970, época en la que el actor no estaba vinculado a dicha administradora privada; pues advirtió que, tal como lo

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Radicación n.° 95755 explicó la primera vara, en la citada anualidad aquel tampoco estaba afiliado al ISS. En consecuencia, el juez plural dejó establecido que:

[…] de conformidad con lo señalado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de uno cualquiera de los regímenes —RAIS o RPMPD— es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado; encontrándose que, conforme a lo probado en el proceso, claramente la AFP vulneró el derecho a la libertad de elección que el ordenamiento jurídico le garantiza al afiliado. En estos casos, la citada norma contempla que, el empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la misma Ley, donde se establece como consecuencia que “La afiliación respectiva quedará sin efecto…”. (Negrillas del texto original). En ese contexto, confirmó la decisión de primer nivel en lo que respecta, itérese, al haber declarado como válida la afiliación del demandante a Protección y no al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, pues consideró que estuvo ajustada a los parámetros legales aplicables al caso en concreto. Superado lo anterior, se adentró en el análisis de los aspectos medulares planteados en el conflicto jurídico. Para tal efecto, trajo a colación la prueba pericial decretada de oficio en el curso de la instancia inicial, por medio de la cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió un nuevo dictamen de valoración de PCL, en el que se determinó que el señor Arango Cadavid está afectado laboralmente en un 51.88%, como consecuencia de

las patologías padecidas, de origen común, que reseñó en su

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Radicación n.° 95755 tenor literal: «secuelas de poliomielitis en miembro inferior izquierdo; acortamiento y cojera marcada sin apoyo en ayuda técnica; dolor lumbar crónico por imbalance en cadera; escoliosis severa; alteración para los desplazamientos y locomoción»; y con una nueva fecha de estructuración del 24 de septiembre de 2013 —calenda en la que le fue emitido el concepto de rehabilitación desfavorable—. Con base en los resultados obtenidos a través del aludido medio de prueba, estimó: […] esta Judicatura encuentra procedente tomar como válido el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, teniendo en cuenta que se basó en concepto desfavorable de calificación emitido el día 24 de septiembre de 2013, por especialista en ortopedia doctor Gustavo Adolfo Bacca (folios 188 y 189), quedando claro que hasta ahí llegaba su capacidad residual. Es de anotarse que este dictamen fue realizado por una entidad especializada en el tema de Salud Ocupacional y calificación de merma de capacidad laboral, facultada legalmente para ello, de reconocida trayectoria e idoneidad, cuyas conclusiones se ajustan más a la realidad procesal y a la evolución del estado de salud del demandante, acorde a la historia clínica actualizada, según la cual, el señor Arango Cadavid durante varios años recibió atención médica para el tratamiento de la lesión en el miembro inferior izquierdo, como secuela de poliomielitis, fue sometido a diferentes

exámenes, en julio de 2011 fue llevado a cirugía de alargamiento óseo, le realizaron osteotomías, injertos óseos, artrodesis, transferencias, entre otros procedimientos; para diciembre de 2011 contaba con fijador externo; le fueron prescritas incapacidades médicas en diferentes periodos desde el 1.º de enero de 2011 hasta el 16 de septiembre de 2013; diferenciándose este dictamen al proferido en el año 2009, en que en aquél solo se dice que había una disminución de la capacidad laboral, mientras que en este, se entiende que ya no existía posibilidad de recuperación, lo que permite concluir, que hasta allí llegaba la capacidad residual que tenía el señor Arango Cadavid, para poder desempeñarse laboralmente. (Negrillas del texto original).

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Radicación n.° 95755 De conformidad con los lineamientos que anteceden, encontró procedente modificar la providencia de primer grado en cuanto a la fecha de estructuración de la invalidez, y determinó como aquella el 24 de septiembre de 2013. A continuación, descendió al análisis de las pruebas obrantes en el expediente y resaltó que el promotor de la lid cotizó un total de 924 semanas al Sistema General de Pensiones durante toda su vida laboral, que comprendió el interregno entre el 3 de febrero de 1988 y el 31 de marzo de 2014; hebdómadas de las cuales, 89.14 fueron aportadas en los tres (3) años anteriores a la data en que se configuró la

invalidez. Bajo tal panorama, coligió que el demandante acreditó su derecho a la pluricitada prerrogativa pensional, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993; último que fue modificado por el canon 1.º de la Ley 860 de 2003. En virtud de lo expuesto, una vez decantada la procedencia de la prestación reclamada por el actor en el sub judice, el colegiado concluyó que Protección era la responsable de reconocer y pagar la pensión de invalidez. En su análisis recalcó que el afiliado estaba inmerso en una situación de múltiple vinculación al SGP, por lo que las prestaciones asistenciales y económicas estaban a cargo de la entidad administradora que recibió el aporte final antes de ocurrido el siniestro. De esta manera, recordó que «el último periodo cotizado antes de ser calificado fue julio de 2008, época para la cual consideró que había disminuido su capacidad laboral»; interregno en el que se encontraba

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Radicación n.° 95755 vinculado ante la sociedad opositora aludida en líneas precedentes. Cimentó su determinación con base en lo estipulado a través del artículo 5.º del Decreto 3800 de 2003 y lo esbozado por la Corte mediante las sentencias CSJ

SL2166-2021; CSJ SL3437-2019; CSJ SL4363-2019 y CSJ

SL366-2019. Con base en esa premisa, estudió el fenómeno prescriptivo y los subsidios por incapacidad temporal contemplados en el precepto 3.° del Decreto 917 de 1999;

aspectos sobre los que aseguró, en modo alguno afectaron el monto final de la prestación de invalidez. Por consiguiente, liquidó de nuevo el valor del retroactivo pensional «desde el 24 de septiembre de 2013, actualizado hasta el 31 de julio de 2021» y reconoció la prerrogativa a cargo de Protección, en cuantía equivalente al SMLMV, a partir del 1.° de agosto de 2021. Sumado a ello, modificó la densidad de semanas adicionales reconocidas por la cognoscente primaria —catorce (14)—, e impuso en su condena el pago de trece (13) mesadas anuales, al haberse causado el derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011; teniéndose en cuenta la última data de estructuración reconocida. Finalmente, el fallador de alzada analizó el aspecto relativo al pago de intereses moratorios y confirmó la condena sobre este último punto en particular, pero modificó su data de causación, a partir del 1.° de octubre de 2013, «fecha en la que debió pagarse la primera mesada pensional».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Protección, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la AFP recurrente que la Corte case totalmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por la a quo y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en el escrito genitor.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación; reproches que son objeto de réplica, por parte de Colpensiones. Se abordan de manera conjunta, dado que la solución a aplicar es similar frente a dichos embates.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia fustigada de transgredir la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida: […] del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; violación de la ley que fue el medio para la aplicación indebida de los cánones 38, 39, modificado por el 1.° de la Ley 860 de 2003, 40, 41, 69 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Indica que la violación por parte del Tribunal tuvo lugar por la existencia de los siguientes errores de hecho:

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1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la validez de la anulación de la afiliación del demandante al RAIS fue debatida en el proceso y está probado.

2. No tener por probado, pese a que lo está, que Colpensiones nunca ha puesto en duda que el demandante estuvo válidamente afiliado a esa entidad.

3. No tener por establecido, aunque lo está, que Colpensiones no se opuso en el proceso a la validez de la nulidad de la afiliación del demandante al RAIS.

4. No tener por probado, a pesar de que lo está, que el actor no ha discutido en el proceso la legalidad y validez de la nulidad de su afiliación al RAIS.

Manifiesta como pruebas erróneamente apreciadas las

siguientes:

1. Contestación de la demanda efectuada por Protección.

2. Contestación de la demanda efectuada por Colpensiones.

3. Alegato presentado por el apoderado de Colpensiones en la segunda instancia.

4. Comunicación del 8 de febrero de 2010. Folio 74.

5. Sustentación del recurso de apelación por el apoderado de la parte demandante.

Asimismo, como piezas procesales no valoradas, referencia los alegatos de conclusión presentados por los apoderados judiciales de las partes ante la primera instancia. Sustenta su inconformidad en las conclusiones a las que arribó el ad quem, al determinar, de un lado, que la vinculación del demandante a Protección era válida. Al respecto advierte que, en la contestación del libelo genitor realizada por Colpensiones, se vislumbra que dicha entidad: […] no puso en duda la legalidad de la nulidad de la afiliación del demandante al RAIS dispuesta por Protección y, por lo contrario, partió del supuesto de su validez, así como de la vinculación del demandante a Colpensiones para la fecha en que se dictaminó la pérdida de su capacidad laboral, si se tiene en cuenta que para nada se menciona esa nulidad y no se niega que el actor haya estado legalmente afiliado a esa administradora.

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Radicación n.° 95755 Por otra parte, recrimina que el fallador plural de alzada asegurara que la anulación de la afiliación al RAIS decretada por la administradora en mención había sido objeto de discusión en el proceso. En punto al tema, sostiene que esta

última inferencia resulta incorrecta, ya que durante el curso de las instancias nunca se abordó, debatió ni se sometió a controversia lo atinente a la nulidad mencionada; según aduce, ello se evidencia de la revisión de los medios de prueba obrantes en el expediente. Finalmente, controvierte que el Tribunal le atribuya la responsabilidad de reconocer la prestación de invalidez incoada en el caso de marras pues, en su sentir, el colegiado incurrió en los yerros endilgados al dejar de apreciar las piezas procesales reseñadas en la acusación. Afirma que, de haber practicado un análisis acertado de las pruebas, hubiese colegido que el iniciador de la litis se encontraba afiliado ante el régimen público pensional, administrado actualmente por Colpensiones, para la fecha de estructuración de su invalidez; y, en consecuencia, le habría conferido el compromiso de sufragar la plurimencionada prestación económica a dicha AFP.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa el fallo confutado de transgredir la ley sustancial, por la senda de puro derecho, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 95755 Para la demostración del cargo, tras reproducir las consideraciones esbozadas por el Tribunal en la providencia de segunda instancia, relativas —específicamente— a la sanción moratoria, manifiesta que la hermenéutica aplicada frente a este tópico fue desacertada en comparación con la

verdadera intelección que merece la disposición normativa mencionada en el embate. Sobre este aspecto, precisa la entidad de seguridad social recurrente que: […] Es evidente que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se interpretó en el sentido de que una vez vencido el término legal de cuatro meses contados desde que fue radicada la solicitud por el peticionario debían ser impuestos los intereses allí consagrados, entendimiento del precepto que no se corresponde con los vigentes pronunciamientos jurisprudenciales, por cuanto no hay duda de que hoy día la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha moderado sus iniciales discernimientos sobre la imposición de los intereses moratorios, en cuanto ahora se considera que no es imperativa e inexorable en todos los casos, ya que si bien, como regla general, no debe indagarse sobre la conducta del deudor, en determinados eventos, como cuando existe un serio y real motivo de duda sobre el surgimiento del derecho pensional o cuando no hay certeza de que quien reclama la prestación cumplía con los presupuestos para su reconocimiento se presenta una razón atendible y suficiente para que no se impongan los intereses de mora. En este sentido, sustenta que adoptó la conducta de negar el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el demandante, atendiendo a una justificación legítima, basada en argumentos sólidos y en una estricta observancia de las disposiciones normativas vigentes. Fundamenta que su postura se basó en una interpretación de buena fe sobre la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios que debía acreditar el señor Arango Cadavid para acceder a la

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Radicación n.° 95755 citada prestación, los cuales, resalta, solo pudieron ser definidos en el devenir procesal del presente asunto. Al respecto, precisa: […] si fue solamente en el proceso que se estableció con certeza el derecho al actor a la pensión de invalidez, con base en una prueba decretada en el trámite procesal, no es posible considerar que Protección SA. haya incurrido en mora en el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues, cuando se le hizo la solicitud, no existía claridad sobre la causación del derecho, como tampoco que fuera ella la obligada a reconocerlo. Y si ello es así, no es jurídicamente posible imponerle una medida que busca resarcir los perjuicios ocasionados por la tardanza en reconocer una obligación, como lo son los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Colofón de lo expuesto, alega que la respuesta desfavorable suministrada al actor frente al derecho pensional implorado no obedeció —como reprocha que lo aseguró el colegiado— a su mero capricho o liberalidad basada en decisiones arbitrarias. En consecuencia, asegura que la imposición de la condena atinente a los intereses moratorios no resulta procedente.

VIII. RÉPLICA Colpensiones asevera que el primer ataque resulta defectuoso en la técnica empleada por la casacionista.

Expresa que, pese a ser perfilado por la vía indirecta, no demuestra que los errores de hecho alegados sean evidentes, ostensibles y protuberantes. Para el efecto, cita la sentencia

CSJ SL837-2023.

De otro lado, defiende la legalidad del fallo impugnado,

pues señala que fue producto de la asertiva valoración

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Radicación n.° 95755 probatoria efectuada por el juez pluripersonal, que lo arribó a las conclusiones expuestas, ajustadas a derecho; sobre las que exalta el señalar como arbitrario «que se hubiere anulado la afiliación al RAIS, libre y voluntaria efectuada por el demandante, cuando se conoció el estado de la invalidez calificado por el mismo fondo». Acto seguido, convoca como sustento de su réplica, lo dispuesto en el proveído CSJ SL4295-2022, para indicar que, según lo ha advertido esta corporación, el reconocimiento de la pensión de invalidez debe recaer en la entidad a la que se encuentra vinculado el actor al momento de realizar la calificación formal de la PCL; que para el caso sub examine, aclara, es Protección. Destaca, además, que la fecha de estructuración —1970— no puede ser utilizada como una justificación para negar la afiliación, ya que corresponde a un momento en el cual el señor Arango Cadavid tenía tan solo un (1) año de edad. Por lo tanto, acota que no es factible que le sea transferida la responsabilidad de la prerrogativa pensional que se encuentra en cabeza, exclusivamente, de la reseñada AFP privada; sobre la que agrega, fue a la única que el demandante convocó, en principio, a la presente lid. Sostiene, además, que el promotor del juicio siempre estuvo convencido de que aquella era la entidad llamada a responder, y no Colpensiones. Finalmente, frente al segundo cargo, aduce que carece de competencia y legitimación para intervenir o emitir algún

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Radicación n.° 95755 juicio en relación con la imposición de la condena alusiva a los intereses moratorios; y señala que se adhiere a lo que la Corte determine como probado dentro del sub judice.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que, la sentencia impugnada viene precedida de l