CSJ - SL2670-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2670-2023 Radicación n.°85903 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró CÉSAR AUGUSTO HERRERA NARANJO a la recurrente y a LUIS ALFONSO ECHEVERRY LOPERA.

I. ANTECEDENTES César Augusto Herrera Naranjo llamó a juicio a Porvenir

S. A. con el fin de que se le reconociera la pensión de invalidez, a partir del 12 de abril de 2007, en virtud del principio de la condición más beneficiosa y bajo los derroteros de la Ley 100 en su versión original, el retroactivo

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Radicación n.° 85903 causado, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, la indexación más las costas procesales y, frente a Luis Alfonso Echeverry Lopera requirió que se le ordenara el pago de las cotizaciones, desde el año 1999, pues el primer aporte lo realizó en junio de 2007, siendo la administradora de pensiones quien se debía encargar de recaudarlos según el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Fundamentó sus peticiones, en que se trasladó a la llamada a juicio desde el 1º de marzo de 1996; que en diciembre del 2013, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 70.8 % con fecha de estructuración del 12 abril de 2007, por una enfermedad de origen común, que ameritaba el reconocimiento de la prestación pero que, le fue negada por no contar con 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la configuración del estado incapacitante, motivo por el cual pidió la devolución de saldos el 4 de abril de 2014, la cual le fue otorgada por valor de $58.299.392 (f.°32 Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente Primera Instancia_2022104924449). Afirmó que, aportó un total de 817 semanas; que prestó servicios entre 1999 y diciembre de 2013 a favor de Luis Alfonso Echeverry Lopera propietario de Cables Comerciales Eléctricos, quien no cumplió con su obligación de realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social desde el inicio de la relación laboral, pues únicamente lo vinculó a partir de junio de 2007; que también adelantó labores para otras empresas y que no se realizó ningún cobro por mora.

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Radicación n.° 85903 Aseguró que, cumplió con los presupuestos para acceder al derecho deprecado bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en su versión original pues para el 12 de abril de 2007 tenía más de 26 semanas cotizadas y que también acreditaba los requisitos de la 860 de 2003 que modificó el

artículo 39 de aquella (f.°3-17 Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente Primera Instancia_2022104924449). Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la mayoría, pero los relativos a la vida laboral del accionante dijo que no le constaban y resaltó que su conducta siempre se ajustó al ordenamiento jurídico. En su defensa propuso las excepciones de fondo de falta de causa en las reclamaciones, ausencia de derecho sustantivo, inexistencia de la obligación, buena fe, compensación, prescripción y la innominada (f.° 136-147 ibidem). Por auto del 3 de octubre de 2017 el juez unipersonal tuvo por no contestada la demanda por parte de Luis Alfonso Echeverry Lopera (f.°170 ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, por decisión del 5 de abril de 2019 (f.°111-112 acta, f.°113 audiencia, Primera

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Radicación n.° 85903 Instancia_CuadernoPrincipalTomo2_Expediente Primera Instancia_2022105141303), resolvió:

PRIMERO: CONDENAR A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. a reconocer y pagar al demandante señor CÉSAR AUGUSTO NARANJO HERRERA la pensión de invalidez de origen común, a partir del 26 de mayo de 2014, en la cuantía prevista en el artículo 40 de

la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 69 ibidem, junto con las mesadas adicionales y los reajustes de Ley, la que se financiará en la forma dispuesta en los artículos 70 y 71 de la Ley 100 de 1993 y no será inferior a la pensión mínima de invalidez, hasta que persistan las causas que le dieron origen, por las razones anotadas en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. a reconocer y pagar al demandante señor CÉSAR AUGUSTO HERRERA NARANJO la indexación de la condena, por lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE

MÉRITO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA

DEMANDA, AUSENCIA DEL DERECHO SUSTANTIVO E

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, Y BUENA FE PROPUESTAS

POR LA DEMANDADA PORVENIR S. A., EN ATENCIÓN A LO

MANIFESTADO EN LA PARTE MOTIVA DE LA DECISIÓN.

CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PROPUESTA POR LA

DEMANDADA PORVENIR S. A. POR LO INDICADO EN LA

CONSIDERATIVA DE ESTA DECISIÓN.

QUINTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE

COMPENSACIÓN PROPUESTA POR LA DEMANDADA PORVENIR

S. A., en consecuencia, se ordena descontar de la condena por concepto de retroactivo pensional el valor cancelado por

devolución de saldos de la pensión de invalidez correspondiente al valor de $58.299.392, por lo señalado en la parte motiva de esta sentencia SEXTO: ABSOLVER a PORVENIR S. A., por las restantes pretensiones y al señor LUIS ECHEVERRY LOPERA, de todos los reclamos contenidos en el escrito demandatorio, en armonía con lo manifestado en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO: sin condena en costas en esta instancia.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al resolver los recursos de alzada propuestos por la parte demandante y Porvenir S. A., mediante fallo del 30 de abril de 2019, confirmó el de primer grado y no impuso costas en esa instancia (f.° 14 audiencia, segunda instancia, apelación, expediente digital).

En atención a los medios de impugnación propuestos y en lo que interesa al recuso extraordinario señaló que, el problema jurídico a resolver era: […] dilucidar si [había] lugar a contabilizar como cotizado el periodo que va del 1° de enero de 2006 al 31 de enero de 2007 para efectos de la pensión de invalidez siendo que fue pagada por el empleador con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez […]. Recordó que para realizar el pago de los aportes el empleador Luis Alfonso Echeverry Lopera durante el interregno que no había afiliado al demandante, elevó petición ante la AFP (f.°134 cuaderno de primera instancia);

que obtuvo respuesta positiva en la que se le indicó que el monto a cancelar era de $4.186.042 (f.°135-136 ibidem) y que dicho valor fue sufragado acorde a los comprobantes de pago que reposaban en el expediente (f.°138 y 152 ib). Subrayó que, todas esas circunstancias ocurrieron con posterioridad a la presentación de la demanda de manera que la accionada tenía conocimiento de la situación del promotor del juicio lo que encajaba en la figura del allanamiento de la

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Radicación n.° 85903 mora lo que soportó en las sentencias CSJ SL188-2018 y CSJ SL7300-2016. Expresó que, incluso en el recurso de impugnación que propuso la demandada aceptó que lo decidido por el a quo se ajustaba al precedente de esta Sala, pero que se apartaba de ellos por ir en contravía de la estabilidad financiera del sistema pensional, frente a lo que adujo que dicho efecto debió ser por ella previsto en el momento que resolvió la solicitud del empleador de forma afirmativa y que además, en la providencia atrás citadas ya también se había dado respuesta a tal cuestionamiento de manera negativa.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende de forma principal que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y en su lugar, se absuelva de lo prendido.

De manera subsidiaria solicita que se quiebre parcialmente el fallo fustigado en cuanto al pago del retroactivo indexado causado desde el 26 de mayo de 2014, para que, revoque lo decidido por el del juzgado en ese aspecto y la absuelva de dicha condena.

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Radicación n.° 85903 Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y por razones metodológicas, la Sala estudiará inicialmente, el primigenio y de ser necesario el restante. (f.°3°. Recursos Extraordinarios_Casacion_Demanda de Casacin_2022111224591).

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa al ad quem de violar la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida del: […]artículo 24 Ley 100 de 1993 que lo condujo a infringir los artículos 3° y 4° Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 15 y 17 Ley 100 de 1993 y 22, 23 y 133 de esta misma ley, artículo 1° Ley 860 de 2003, en relación con los artículos 38, 40, 41 y 70 de la Ley 100 de 1993, 13, 48, 53 y 230 de la Constitución Política, y 27 del Código Civil.

Para desarrollar el ataque advierte que, no se discuten las conclusiones fácticas a las que arribó el fallador que, lo que genera el distanciamiento con la providencia por él dictada es que hubiese concluido que hizo una aceptación tácita de la afiliación del demandante al sistema de pensiones

por el hecho de haber elaborado el cálculo actuarial a solicitud del empleador incumplido, pasando por alto las directrices de esta Sala en cuanto a que, se deben acreditar las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la calenda de la estructuración de la invalidez y en las que el proceso se demostró que no existió ningún aporte por parte del demandante.

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Radicación n.° 85903 Afirma que, el administrador de justicia también infringió el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 para darle cabida a la teoría del allanamiento en mora a pesar de que estaba acreditado que Luis Alfonso Echeverry Lopera « nunca afilió al sistema de pensiones administrado por PORVENIR al ex trabajador demandante». Recuerda que, la norma aplicable a estos asuntos es la que se encontraba vigente para el momento en que se configuró la PCL, es decir que, en el sub examine la preceptiva llamada a producir efectos es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993 y que conforme a lo sostenido por esta Corporación para que, el caso se resuelva a la luz de la última de las disposiciones señaladas es necesario que la invalidez se produzca antes del 26 de diciembre de 2006, pues si fue en una data posterior la disposición procedente es la primera de las mencionadas, motivos por los cuales: […] le está vedado al juez hacer un ejercicio distinto sobre las diferentes normas que regularon la materia en el pasado y de otra parte, al observarse probatoriamente que al 12 de abril de 2007

fecha FEI el demandante NO estaba afiliado al RAIS administrado por PORVENIR por cuenta de su ex empleador LUIS ALFONSO ECHEVERRY LOPERA ni el demandante tenía cotizado el mínimo de 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a FEI, mal podía el ad quem asumir que es PORVENIR quien debe pagar la pensión de invalidez en aplicación del allanamiento a la mora al haberle indicado al ex empleador, diez años después de FEI, que podía calcularse el pago de unas cotizaciones que corresponde a la aplicación del artículo 133 Ley 100 de 1993, pero nunca aplicar el tal allanamiento a la mora como si mi representada fuera la responsable de no haber iniciado las acciones de cobro.

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Radicación n.° 85903 Resalta que lo que se cuestiona es que, el operador judicial haya: […] confundido las disposiciones a aplicar por una que no tenía nada que ver en el presente caso, al estar debidamente comprobado y hasta confesado por el mismo ex empleador, y que no discutimos en este cargo por la vía directa, la omisión del empleador en la no afiliación al sistema general de pensiones de su ex trabajador hoy demandante. Dice que, también se violó: i) el canon 48 de la Constitución Política por cuanto se concedió una prestación por fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico y que no contaba con los recursos necesarios para ser respaldada; ii) el 1º ibidem ya que hizo prevalecer el interés particular sobre el general, iii) el 13 ib al permitir que «un grupo de

personas pueda obtener un derecho a una prestación sin cumplir los requisitos legales para ello, cuando al común de los ciudadanos se les exige el estricto cumplimiento de la ley»; iv) el literal c) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, pues el reconocimiento del derecho no se ajustó a los presupuestos del ordenamiento jurídico, v) el 70 ibidem ya que con su decisión rompió la fórmula de financiación de las pensiones del RAIS y vi) el 27 del CC porque siendo claro el texto de la preceptiva no era necesario consultar su espíritu. Afirma, que: […] el Tribunal optó por el equivocado camino de suplantar al legislador y considerar, sin ninguna razón técnica o financiera y basado en sus propias apreciaciones, que la pensión de invalidez que irregularmente otorgó estaba financiada, olvidando que sí, para acceder a una prestación el legislador exige determinado número de aportes, pagados en momentos específicos, es porque

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Radicación n.° 85903 esos aportes son los necesarios para que la prestación pueda reconocerse por estar debidamente soportada financieramente. Y, para concluir expone que: […] no puede el juez individual o colegiado otorgar prestaciones pensionales dentro del sistema general de pensiones con base en disposiciones modificadas o derogadas que rompen los principios de unidad e integralidad del Sistema, puesto que los dispensadores de justicia, no pueden desconocer ni modificar la voluntad legislativa con argumentos que se sustentan en criterios subjetivos de equidad, que conlleva la inaplicación de la norma vigente que regula la prestación pensional, so pretexto de acudir

a la condición más beneficiosa, pretendiendo darle un cariz de lo justo en detrimento de lo legal sobre el cual está montado un sistema pensional como el vigente en Colombia (f.°3-9 ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Le endilga al colegiado la violación de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del «[…]artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que lo condujo a la infracción directa de los artículos 40 y literales d), e), g) y f); 100 y 101 de la Ley 100 de 1993, y los decretos 2555 de 2010 y 2949 de 2010, artículo 1°».

Expresa que, el sentenciador solo hizo referencia a la improcedencia de los intereses moratorios, pero en su lugar «ordenó la indexación» de la sumas adeudadas pasando por alto que: i) existieron motivos que justificaron en su momento el no reconocimiento de la pensión y ii) el dinero depositado en la cuenta de ahorro individual se actualiza de forma automática por mandato de los literales d), e), f) y g) del artículo 60, el canon 100 y el precepto 101 de la Ley 100 de 1993 que imponen a los fondos privados la obligación de garantizar la rentabilidad mínima de esas sumas con la

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Radicación n.° 85903 finalidad de que no sufran la pérdida del poder adquisitivo por el pasar del tiempo. Esgrime que al confirmar la condena cuestionada: […] revivió la vieja normatividad que "congelaba" las sumas

dinerarias adeudadas al pensionado vigente en la legislación anterior al nuevo sistema por cuanto no existía ninguna fórmula de actualización del ingreso base de liquidación último devengado por el causante en razón que se consideraba el monto de la pensión liquidada como una obligación meramente nominal por lo que condujo a establecerse por vía jurisprudencial la indexación de la primera mesada pensional. Lo que conduce a «una doble actualización de la moneda» rompiendo el principio de equidad del sistema de pensiones, más aún cuando en el presente caso la cuantía del derecho es de un salario mínimo el que es « ajustado anualmente, incluso, por encima del índice de inflación» por lo que destaca que « se equivoca el ad quem cuando condena en este acápite de la sentencia, sin tener en cuenta las reglas que gobiernan el régimen de ahorro individual» (f.°9-11 ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda escogida para el ataque inicial no se discute discusión que i) el petente en diciembre del 2013, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 70.8 % con fecha de estructuración del 12 abril de 2007; ii) para realizar el pago de los aportes correspondientes al interregno que no había afiliado al demandante, el empleador Luis Alfonso Echeverry Lopera, elevó solicitud ante la enjuiciada el 6 de diciembre de 2017, iii) la demanda se presentó el 23

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Radicación n.° 85903 de julio de dicho año (f.°135 ibidem) y iv) se canceló la suma indicada por la AFP en el 2018 (f.°198 y ss ib).

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el juez plural incurrió en la trasgresión de la ley sustancial denunciada cuando coligió que, para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez deprecada, era posible tener en cuenta los aportes que el empleador realizó con posterioridad a la configuración del estado incapacitante, o si, por el contrario, no deben ser observados dado que no es objeto de controversia la ausencia de afiliación y pago extemporáneo para ese momento. Para dar respuesta a dicha problemática, resulta suficiente traer a colación en sentencia CSJ SL1618-2023, en la que si bien el asunto bajo examen se analizó desde la prestación de sobreviviente lo sostenido en dicha providencia resulta plenamente aplicable al sub lite y que por la relevante para la resolución del presente caso se trascribe in extenso: […]se ha reiterado, que ante la omisión de la afiliación del trabajador al sistema general de pensiones, no es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido como efectivamente cotizado; así mismo, se ha explicado que es obligación del empleador pagar el cálculo actuarial, por los tiempos que omitió sufragar a satisfacción de la entidad de seguridad social, en aras de relevarlo del pago de las prestaciones derivadas del sistema general de pensiones, como lo concluyó el juez de alzada (CSJ SL4103-2017, CSJ SL4698-2020, CSJ

SL5058-2020, CSJ SL1740-2021, CSJ SL3609-2021).

También se ha admitido, que la solución planteada está dirigida a las pensiones de jubilación y vejez, en aplicación de la Ley 100

de 1993, por tratarse de derechos en formación; sin embargo, esta situación no procede con las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, en tanto su origen está atado al momento en que se hace efectivo el riesgo que cubren, y fundamentadas sobre

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Radicación n.° 85903 otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital y aportes durante largos años, propias del riesgo de vejez (subrayado fuera del texto original). En proveídos como los citadas en líneas anteriores, esta Corporación explicó que es trascendental que antes de que las administradoras asuman las prestaciones con ocasión a la ocurrencia de un riesgo, llámese sobrevivientes o invalidez, es necesario que hubieran contado con la posibilidad de gestionarlo, situación que se logra con la afiliación del trabajador, o con el trámite de convalidación de los tiempos servidos, pero en todo caso, siempre antes de que se concrete el riesgo. Se dice esto, por cuanto implantar una obligación de tal índole sobre una administradora de pensiones, en virtud de un nexo laboral del que no tuvo conocimiento para iniciar las acciones de cobro de los aportes, no pudo prever y gestionar el riesgo de la pensión a través de reservas o seguros, y a pesar de ello, debe financiar de manera completa la pensión, aun si los aportes que tuviera que convalidar a través del cálculo actuarial no alcanzaran para ello, resulta a todas luces desigual y

desproporcionado. En ese norte se recuerda que i) el petente en diciembre del 2013, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 70.8 % con fecha de estructuración del 12 abril de 2007 y solo hasta el 2018 se canceló la suma señalada por la AFP tras la solicitud que este último presentó en el 2017. Luego entonces, tal como se advirtió en la sentencia aquí citada: […] surge evidente que la posibilidad de que tales pagos convalidaran los periodos descritos está llamada al fracaso, como quiera que el cumplimiento de la obligación patronal no fue satisfecho en vigencia del vínculo de trabajo, menos antes de que ocurriera [la configuración de la invalidez]. Y en ese orden, imponer el reconocimiento de la prestación a cargo de Porvenir S. A., sería obligarla a financiar una prestación completa, con base en unos escasos recursos por tiempos pagados extemporáneamente.

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Radicación n.° 85903 Así las cosas, el administrador de justicia incurrió en la trasgresión de la ley sustancial de la que se acusa en la medida que, de acuerdo con el precedente establecido por esta Corporación reiterado en el proveído CSJ SL1612-2023: [..] para convalidar los aportes sufragados a través del cálculo actuarial, era necesario que la trabajadora hubiera sido afiliada por su empleadora, preferiblemente y como lo impone el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, en vigencia del contrato de trabajo, o antes de que ocurriera [la estructuración de la invalidez], a fin de

que la AFP hubiese tenido la posibilidad de adelantar las gestiones de cobro y/o prever y gestionar la pensión a través de reservas o seguros. De manera que, en palabras del referido fallo es claro que, Porvenir S. A. «no podía adelantar tales gestiones, en razón al desobligante comportamiento que tuvo el empleador, no solo en vigencia del contrato de trabajo que tuvo con el demandante sino después de que este concluyó», pues resulta evidente que si bien la data de estructuración de una pérdida de capacidad laboral superior al 50 % es un hecho incierto, transcurrieron más de tres años desde la finalización de la atadura, el momento en que se profirió el dictamen de PCL (diciembre de 2013), y la calenda en que el dador del empleo presentó la solicitud para cancelar los aportes no efectuados por la falta de afiliación, «a pesar de lo cual tampoco consideró que hubiese sido un tiempo prudente para cubrir los aportes que sabía que adeudaba», y que solo los gestionó incluso con posterioridad al inicio del presente juicio. Ahora , el alcance atrás fijado se soporta en lo dispuesto en el inciso 2º , numeral 4º del artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, que regula lo relativo a la imputación de pagos en

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Radicación n.° 85903 los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, que establece: Artículo 53. Imputación de pagos en los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones. La imputación de pagos por cotizaciones realizadas a los Sistemas de Seguridad Social en

Salud y Pensiones se efectuará tomando como base el total de lo recaudado para cada uno de dichos riesgos, y conforme las siguientes prioridades. […]

4. Cubrir las cotizaciones obligatorias del periodo declarado. En el caso de pensiones, se entienden incluidos los aportes para la pensión de invalidez y sobrevivientes, al igual que los gastos de administración y reaseguro con el Fondo de Garantías.

Cuando el periodo declarado corresponda a obligaciones en mora para el riesgo de pensiones, podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones, siempre y cuando no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de prestaciones de invalidez y sobrevivencia. De lo que surge que los pagos realizados con posterioridad a la configuración del riesgo no pueden tenerse como válidos para efectos reconocer la pensión de invalidez deprecada. Por lo dicho el cargo sale avante lo que releva a la Sala del estudio del segundo. Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad de este.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA Para resolver la apelación propuesta por las partes resultan suficientes las razones expuestas al estudiar el

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Radicación n.° 85903 medio extraordinario para iterar que no le corresponde a la administradora de pensiones reconocer la pensión de invalidez al actor. Ahora, debe recordarse que esta Sala de forma pacífica ha señalado que son diferentes los efectos de la ausencia de afiliación al sistema de seguridad social en pensiones y la mora en los aportes así en la decisión ya tantas veces citada,

CSJ SL1618-2023, se memoró: […] resulta necesario precisar las consecuencias que acarrea la mora en el pago de aportes y la falta de afiliación cuando ha ocurrido el siniestro. La primera, surge cuando el patrono afilió al trabajador a la administradora, pero deja de cancelar las cotizaciones, y ante la omisión del fondo de adelantar las gestiones, se ha impuesto a este último la obligación de asumir el pago de las acreencias derivadas de los riesgos. Es claro que, conforme lo expuesto en precedencia, esta figura no es la que aconteció en el caso objeto de estudio. En cambio, la segunda, ocurre cuando el patrono no afilió o no reportó la novedad de ingreso a la administradora de pensiones, y en vigencia del nexo, o incluso, luego de que este hubiere finalizado, ocurre el siniestro generador de la pensión, […], es sobre el empleador que recae el deber de asumir la prestación, pues no se puede perder el derecho por la incuria de quien estaba obligado a aportar al sistema (CSJ SL, 30 abr. 2013, 38587, CSJ

SL4103-2017, CSJ SL19556-2017, CSJ SL2032-2018).

En consecuencia, el llamado a asumir la prestación reclamada por el accionante no es otro que el empleador Luis Alfonso Echeverry Lopera. Ahora bien, no sobra precisar que el demandante no tendría derecho a la pensión deprecada en virtud del principio de la condición más beneficiosa y bajo los derroteros de la Ley 100 de 1993 en su versión original, como

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Radicación n.° 85903 lo peticionó en el escrito inicial, porque tiene establecido esta Corporación que para ello es necesario que la PCL superior al 50 % se haya estructurado con antelación al 26 de diciembre de 2006 (CSJ SL1234-2023), lo que no se cumple en el presente asunto. Empero lo cierto es que, si es titular de la prestación por él solicitada bajo las directrices establecidas por la Ley 860 de 2003, toda vez que, está probado en el plenario que la relación laboral con el empleador comenzó desde por lo menos el año de 1999, ya que así lo aceptó en la diligencia administrativa adelantada ante el Ministerio de Trabajo (f.°64 y ss), con lo cual de haber cumplido con la obligación que le impone el ordenamiento jurídico, el petente habría tenido acreditado con suficiencia las semanas requeridas por tal preceptiva. Así las cosas, se revocará la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, el 5 de abril de 2019 y, en su lugar, se condenará a Luis Alfonso Echeverry Lopera a reconocer y pagar al demandante César Augusto Herrera Naranjo la pensión de invalidez, pues si bien en el escrito inicial respecto a dicho accionado solo se requirió el pago de las cotizaciones, lo cierto es que, en aplicación del principio iura novit curia « al juez le corresponde fallar con la norma que gobierna el caso controvertido, sin que para ello deba someterse a la calificación jurídica de los hechos que hagan las partes o a las disposiciones que éstas

invoquen» ( CSJ SL5684-2021).

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Radicación n.° 85903 En efecto, en proveido CSJ SL5684-2021, se dijo […] la Corte ha adoctrinado que definidos los hechos del proceso, los jueces laborales tienen el deber de estudiar el derecho pensional conforme a las normas pertinentes aplicables al caso, al margen de los fundamentos jurídicos presentados en el juicio

(CSJ SL17912-2016 y CSJ SL5514-2018).

De modo que si bien la referida regla procesal [principio de consonancia] restringe la competencia en alzada a las materias objeto del recurso, esto no quiere decir que el ad quem se vea forzado a seguir los argumentos presentados por las partes, pues es autónomo en la calificación jurídica de los hechos y solo está sometido al imperio de la ley (CSJ SL, 24 abr. 2013, rad. 42192). En igual sentido en providencia CSJ SL3563-2021, se expuso: […] lo primero que hay que decir, es que en tratándose del reconocimiento de una pensión, esta Sala ha sostenido que por tratarse de un derecho pensional, mínimo y fundamental, el juez está obligado a adecuar los hechos a la norma que más se ajuste y sea la aplicable al caso en concreto; ello por cuanto, en aras de impartir verdadera justicia material, es de su cargo, la determinación de las normas que gobiernan el caso, aun prescindiendo de las invocadas por las partes, en virtud del postulado iura novit curia, sin que ello en manera alguna signifique la transgresión del principio de congruencia (CSJ

SL290-2020, CSJ SL632-2020, CSJ SL3209-2020, CSJ SL36492019, CSJ SL17741-2015).

En la sentencia CSJ SL1910-2019, reiterada en la CSJ SL25942021, sobre este puntal aspecto, se sostuvo: […] el principio de congruencia no se limita a un simple ejercicio comparativo entre la demanda y la parte resolutiva de una sentencia, pues esta es resultado de un ejercicio complejo en el que, se reitera, al juez le compete aplicar la norma jurídica que rige el caso, conforme a los hechos demostrados en juicio, sin que las razones de derecho invocadas por las partes aten su decisión o limiten su competencia. Por tanto, el ejercicio de subsunción o de hermenéutica jurídica es exclusivo del órgano dotado de jurisdicción, no de las partes. Así lo explicó esta Corporación en la sentenc