CSJ - SL2675-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2675-2023 Radicación n.° 93192 Acta 35 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por COMERCIAL NUTRESA SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, el tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró CARLOS

ALBERTO MEJÍA HERRERA.

I. ANTECEDENTES Carlos Alberto Mejía Herrera demandó a Comercial Nutresa SAS, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 6 de noviembre de 2001 hasta el 1° de julio de 2015, fecha en que fue despedido unilateralmente y sin justa causa, mientras gozaba de estabilidad laboral reforzada.

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Radicación n.° 93192 Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba antes de la cesación del vínculo o uno acorde a sus condiciones de salud, así como el pago de los perjuicios por daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, más lo que se probare y las costas. Reclamó en subsidio la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Contó que el 6 de noviembre de 2001 se vinculó a Nutresa SAS, mediante contrato de trabajo a término indefinido en la ciudad de Pereira; que desempeñó el cargo de ayudante de ventas; que desde el 2011 padece una

enfermedad denominada «Lupus Eritematoso Discoide», que en la actualidad corresponde a «Lupus Eritematoso Sistémico»; que su empleadora conoció de su patología y le autorizaba los permisos para su tratamiento. Narró que no fue objeto de llamados de atención, ni tuvo investigación o sanción disciplinaria; que no fue calificado por la ARL o la EPS en su pérdida de capacidad laboral; que el 1° de julio de 2015 fue despedido sin justa causa, sin que mediara autorización del Ministerio de Trabajo; que, sin embargo, en la misiva la demandada le adjudicó bajo rendimiento; que en el examen médico de egreso se indicó que requería continuar con atención médica; que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales y sufrió graves perjuicios (f.° 4 a 18, en relación con los f.° 312 a 324, cuaderno Primera Instancia, archivo « 2022070658379», expediente digital).

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Radicación n.° 93192 La demandada se opuso a las pretensiones. Admitió la existencia del contrato de trabajo, sus extremos, el cargo desempeñado por el trabajador, el despido sin justa causa, el pago de la indemnización legal y la ausencia de calificación de pérdida de capacidad laboral. Negó que el actor se encontrara en condición de estabilidad laboral reforzada, puesto que no tenía ninguna condición de limitación, ni contaba con algún dictamen de pérdida de capacidad laboral. Afirmó que el contrato finalizó en forma legal y el motivo de esa decisión, que no fue la causa señalada, correspondió

a una inadecuada gestión del cargo por parte del subordinado, pese al continuo acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de la compañía. Formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de las obligaciones demandadas, enriquecimiento sin justa causa, pago, compensación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 190 a 212, en relación con los f.° 352 a 370, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, en fallo del 31 de julio de 2018, decidió: PRIMERO: Declarar que entre Carlos Alberto Mejía Herrera, como trabajador, y Comercial Nutresa SAS, como empleador, se ejecutó

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Radicación n.° 93192 un contrato de trabajo a término indefinido desde el 6 de noviembre de 2001, el cual fue terminado unilateralmente y sin justa causa por la empleadora el 1° de julio de 2015.

SEGUNDO: Declarar que para la fecha en que la empleadora terminó el contrato de trabajo en referencia, el trabajador se encontraba en estado de estabilidad reforzada, como consecuencia del padecimiento de Lupus Eritematoso Sistémico, por lo tanto, dicha ruptura no produce efecto alguno, lo que conlleva a declarar que no ha habido solución de continuidad en su ejecución.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condena a Nutresa SAS, a reintegrar al demandante al cargo que ocupaba al momento de la desvinculación, o al que la EPS

disponga su reubicación, con el consecuente pago de la totalidad de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de cancelar desde el 1° de julio de 2015, incluidos los aportes para seguridad social, en su totalidad, con la advertencia que las cesantías deberán ser depositadas en el fondo correspondiente.

CUARTO: Condenar a la sociedad demandada pagar a favor del demandante, la indemnización a que se refiere el art. 26 de la ley 361, por haber dado ruptura al vínculo, la cual asciende a

$10.824.162.00

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Autorizar a la demandada, descontar del retroactivo ordenado pagar, el valor recibido por el trabajador por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

SÉPTIMO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, excepto la de enriquecimiento sin causa que se declaró probada, respecto de la indemnización recibida por el trabajador.

OCTAVO: Condenar en costas a la parte demandada. […] (acta de f.° 631 a 632, en relación con el link de f.° 628, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, el 3 de agosto de 2020, al desatar la apelación de la demandada, confirmó la primera providencia e impuso costas a la recurrente.

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Radicación n.° 93192 Afirmó que, con sujeción al principio de consonancia del artículo 66A del CPTSS, determinaría si fue eficaz la

terminación del contrato de trabajo del accionante el 1° de julio de 2015. Dijo que el artículo 61 del CST establecía las causas que justificaban la extinción del vínculo contractual laboral y que el 64 la autorizaba sin justa causa, siempre que se pagara la correlativa indemnización de perjuicios por parte del empleador; que, sin embargo, tales preceptos debían interpretarse en armonía con el 26 de la Ley 361 de 1997, que previó la estabilidad laboral reforzada para «aquellas personas con restricciones laborales significativas». Señaló que la citada garantía se traducía en que la condición de discapacidad no podía ser un obstáculo para la «vinculación de trabajo, a menos que la misma [fuera] claramente demostrada como incompatible e insuperable [en] el cargo [a] desempeñar» y que quien la presentara, no podía ser despedido «en tal condición o finaliza[do] su contrato […], salvo que medie autorización de la oficina de trabajo». Precisó que tal precepto incluyó una indemnización de 180 días de salario para quienes fueran despedidos o su contrato terminado «por dicha circunstancia»; que, sin embargo, en la sentencia CC C531-2000, condicionó la exequibilidad de la norma a la ineficacia de ese acto, cuando no existiera autorización previa de la oficina de trabajo, quien debía constatar la configuración de la justa causa.

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Radicación n.° 93192 Aseveró que la jurisprudencia laboral tenía adoctrinado

que para ser titular de dicha prerrogativa, no era suficiente un quebrantamiento en la salud del trabajador o que este se encontrara en incapacidad médica, pues debía demostrar una limitación física, psíquica o sensorial con carácter moderado, esto es, igual o superior al 15 % de PCL; que, sin embargo, ello no significaba que tuviese que estar calificado, en razón a que esa condición podría «ser puesta en conocimiento del empleador a través de diferentes medios probatorios», por la ausencia de una solemnidad legal. Manifestó que en la providencia CC T116-2013, se razonó que «la situación de discapacidad de las personas se entiende causada, si la enfermedad que se le diagnostica le produce restricciones significativas para que pueda desplegar actividades en la calidad y cantidad habituales, sin que sea necesaria una calificación previa»; que, por tanto, si el vínculo se extinguía en tales circunstancias, se presumía que tuvo un origen discriminatorio. Agregó que en las sentencias «de 4 de septiembre y 9 de octubre de 2013, radicaciones 2012-0031701 y 2012-0041801, respectivamente», así como en las «de 3 de julio de 2014, radicación 2013-00069-01, 24 de junio de 2015, radicación 2013-00312-01, 2 de diciembre de 2016, radicación 201500254-01, 7 de septiembre de 2018, radicación 2017-0004301 y 14 de febrero de 2019, radicación 2016-00345-01», la Corte había concluido que […] la terminación del contrato laboral de un trabajador en

condición de discapacidad, carece de eficacia cuando no media

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Radicación n.° 93192 autorización de la autoridad administrativa competente, en la que se verifique que la enfermedad incidió en el trabajador durante el desarrollo habitual de sus funciones y, en este sentido, se pueda comprobar una causal objetiva diferente a su limitación física, a pesar de que la calificación de disminución de la aptitud laboral se determine y estructure con posterioridad a la época en que finalizó el vínculo. Expuso que, en ese sentido, el dictamen de pérdida de capacidad laboral no era una prueba solemne y, por tanto, era suficiente «que el empleador a través de cualquier medio haya tenido conocimiento de la condición de salud, para que se presuma que el despido del trabajador se dio por dicha situación»; que en tales casos procede el reintegro y la devolución de la indemnización por despido que haya sido cancelada. Indicó que en el asunto estaba probado: i) que entre las partes existió una relación contractual laboral del 6 de noviembre de 2001 al 1° de julio de 2015; ii) que el trabajador se desempeñó en el cargo de ayudante de ventas y fue despedido sin justa causa, con el pago de la liquidación e indemnización legal, pues así lo confesó la accionada al replicar la demanda y lo informan las documentales de folios 34 a 35, cuaderno n.° 1; iii) que el 3 de octubre de 2012, la coordinadora de salud ocupacional de la empleadora, solicitó al área de medicina laboral de la EPS Servicio Occidental de Salud, que le

suministrara recomendaciones laborales para el manejo de la patología de «Lupus eritematoso discoide» de su empleado,

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Radicación n.° 93192 con la precisión de que su cargo era el de «ayudante de distribución de mercaderías, que implicaba la conducción de un furgón, entrega de pedidos y facturas» (f.° 42, ibidem); iv) que el 24 de octubre de 2012, la dependencia técnica de medicina del trabajo de la EPS, respondió a la empresa señalándole que el señor Mejía Herrera, […] debía implementar una serie de recomendaciones en su ambiente laboral y para ello debía proporcionársele el uso de elementos de protección personal mucocutánea adecuados con la tarea a realizar, evitando destrucción del manto sebáceo, por ej. (contacto con detergentes, limpia cristales, limpia metales, barnices, pinturas, disolventes, lociones capilares, productos similares). […] que para realizar labores que implicaran exposición a radiación solar, debía entregársele elementos de protección personal, como gorra y manga larga, así como productos bloqueadores y que estas recomendaciones debían implementarse por el término de seis meses, aunque podían ser cambiadas según la evolución del paciente (fl. 41, tomo 1 cdno ppal). v) que, mediante Concepto Médico de Comfama del 16 de abril de 2015, se expidieron recomendaciones ocupacionales, relacionadas con la continuidad del tratamiento farmacológico de la EPS (f.° 263, tomo 2, cuaderno n.° 1).

1. que en la historia clínica del subordinado se dejó reporte de que para el 2 de junio y 7 de julio de 2015, sufría «LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN» y «GASTRITIS AGUDA» (f.° 34, 135, 137, 144 a 147, tomo 1, ibidem). vii) que el 3 de julio de 2015, a través de Previsión Integral en Salud Ocupacional, la dadora del empleo realizó

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Radicación n.° 93192 al trabajador el examen médico de egreso, en el que se consignó que no tenía hallazgos de enfermedad laboral, pero

sí «RESTRICCIONES MÉDICAS ACTUALES LAS CUALES

DEBEN SER ESTUDIADAS Y ANALIZADAS, POR LO TANTO,

SE RECOMIENDA SOLICITAR VALORACIÓN MÉDICO

OCUPACIONAL COMPLETA PARA DEFINIR CONDUCTA».

Además, señaló como recomendaciones […] el seguimiento por salud ocupacional, uso de bloqueador y protección solar, ingresar a sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional y osteomuscular; […] que tenía pendiente control por medicina interna y oftalmología y debía hacer uso adecuado y completo de elementos de protección (f.° 33, tomo 1, ib). viii) que en la historia clínica del servidor se dejaron anotaciones, posteriores a la extinción del contrato de trabajo, en torno a su patología y la continuidad de un riguroso tratamiento (f.° 394 a 457, ibidem). ix) que el 16 de mayo de 2018, la Junta Regional de

Calificación de Invalidez del Quindío, expidió Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, determinando un porcentaje de deficiencia del 17.87 %, con fecha de estructuración 21 de marzo de 2018; que, no obstante, advirtió que los antecedentes de la enfermedad autoinmune eran de tres años y que el paciente presentaba «síndrome depresivo recurrente, síndrome del túnel del carpo leve, artrosis facetaria por esclerosis subcondral de L5-S1 y un posible glaucoma» (f.° 369 a 576, tomo 3, ibidem). x) que la testigo Diana María Arenas, jefe inmediata del petente, aseveró que la EPS o ARL no habían emitido

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Radicación n.° 93192 recomendaciones laborales en su beneficio; que, no obstante, los señores Jhon Fredy Naranjo Aristizábal, Diana María Pérez Álzate, Marco Tulio López Tapias, compañeros de trabajo de aquél, adujeron que conocieron la enfermedad que padecía, así como la empleadora, la cual le proporcionó de manera especial dotación como gorra y mangas largas para proteger su cabeza, rostro y brazos, así como una camioneta polarizada para evitar el contacto con el sol. Adujo que, conforme a ello, el demandante fue diagnosticado con «Lupus Eritematoso Sistémico (LES)», cuando se encontraba laborando al servicio de la demandada; que, aunque el dictamen de PCL estableció un porcentaje del 17.87 %, teniendo como fecha de

estructuración el 21 de marzo de 2018, en su contenido dejó constancia de que la patología llevaba tres años y su tratamiento estaba vigente en la época del despido. Sostuvo que los testimonios examinados daban cuenta del conocimiento de esas circunstancias por parte de la empleadora y que, aunque el trabajador no estuvo incapacitado, esa sola circunstancia no podía calificarse como «[…] determinante para desestimar las pretensiones del libelo, pues, tal como se expuso en antecedencia, en casos como el de ahora cobra gran relevancia la demostración de la enfermedad que imposibilite la ejecución de funciones, bajo los estándares de calidad y cantidad preestablecidos». Lo expuesto, teniendo en cuenta que el accionante probó que como distribuidor de mercaderías, debía realizar

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Radicación n.° 93192 «labores con permanente exposición solar», por lo que, «en su quehacer debía tener una mayor precaución respecto de las que eran exigidas a los demás trabajadores de la empresa, pues así lo había determinado su médico tratante»; que esa condición le fue notificada a la empresa por parte de la EPS, el 24 de octubre de 2012, quien expidió recomendaciones médicas; que, además, en el examen de egreso se sugirió valoración por médico ocupacional completa para definir la conducta a seguir respecto de ese empleado. Razonó que los antecedentes de salud del demandante debieron alertar a la empleadora para que, antes de despedirlo sin justa causa, ordenara la valoración médico ocupacional, completa recomendada por la entidad de

Previsión Integral en Salud Ocupacional, a fin de que pudiera demostrar que su decisión no tuvo un origen o propósito discriminatorio, pues aunque lo justificó en la disminución de su producción, no demostró haber acudido ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización legal, omisión que genera la ineficacia del acto jurídico. Concluyó que dicha pretermisión «no podía superarse con la afirmación de que el trabajador siguió laborando al servicio de terceros», pues no probó ese supuesto en forma continua y los efectos legales del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, están condicionados únicamente al despido en razón de la discapacidad. (f.° 1 a 13, cuaderno de segunda instancia Apelación Sentencia, archivo «2022071056931», expediente digital).

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide que la Sala case la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, revoque la primera, absolviéndola (f.° 3, cuaderno de la Corte Demanda, archivo «2022032032119», ibidem).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por el demandante y se examinarán conjuntamente en vista de su afinidad.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley, por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Refiere que dicha vulneración normativa fue consecuencia de haber cometido los siguientes errores fácticos: […] 1. Dar por probado sin estarlo, que al momento de terminación del contrato de trabajo del actor, este sufría una limitación de salud que le impedía o dificultaba sustancialmente el desarrollo de sus funciones en condiciones regulares.

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2. Dar por probado sin estarlo que las recomendaciones médicas del actor le impedían desarrollar normalmente la labor contratada.

3. No dar por probado estándolo que parte de las enfermedades sufridas por el demandante solo se diagnosticaron después de finalizada la relación laboral con la demandada.

4. No dar por probado estándolo que la pérdida de capacidad laboral del actor solo se estructuró después de la finalización de su contrato de trabajo.

Asegura que esos yerros derivaron de la falta de valoración de: 1. [La] confesión [contenida en el] interrogatorio de parte del actor (min 12:39 y siguientes, 13:34 y siguientes, 15:44 y siguientes, audiencia artículo 80). 2. [La] autorización consulta oftalmología (folio 134). 3. [El] concepto médico ocupacional 24/05/2013 (folio 262). Así como la indebida apreciación de: 1. [Las] recomendaciones médicas EPS (Fol. 41). 2. [La] solicitud de recomendaciones emitida por la empresa (Fol. 42). 3. [El] certificado médico ocupacional de fecha 3 de julio de 2015 (folio 33). 4. [El] concepto medico ocupacional 16/04/2015 (folio 263).

5. Liquidación final de acreencias laborales del demandante (fol. 34). 6. [La] remisión a valoración por oftalmología (folio 135). 7. [La] historia Consulta Externa (folio 137). 8. [La] historia Consulta Externa (folio 144 a 147).

Y, como pruebas no calificadas mal apreciadas, los testimonios de John Freddy Naranjo (min 4230 y sig. de audiencia artículo 80), Diana María Pérez Álzate (min 5300 y siguientes, ibidem), Marco Tulio López (1.0600 y siguientes, ib), Diana María Arenas (1:22:52 y siguientes, ibidem) y el dictamen de pérdida de capacidad laboral «(f.° 570 a 576)».

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Radicación n.° 93192 Señala que el Tribunal se equivocó al considerar que la enfermedad del accionante le imposibilitaba la ejecución de sus funciones, bajo los estándares de calidad y cantidad establecidos, en razón a que, por su cargo, debía realizar labores con permanente exposición solar; que por el contrario, la prueba atrás referida demostraba que a la fecha de extinción del contrato laboral, la patología de «Lupus Eritematoso Sistémico», diagnosticada desde 2012, no suponía dificultad o limitación sustancial o relevante para el desarrollo de las actividades contractuales, pues las recomendaciones médicas se expidieron en forma temporal y sin restricción en el ejercicio de sus funciones. Asevera que así se desprende de la comunicación de folio 42 del expediente, mediante la cual solicitó a la EPS del

trabajador «las recomendaciones que consider[ara] necesarias para la ejecución de las labores contratadas y el tiempo durante el cual deberán observarse», especificándole el cargo desempeñado, las funciones y actividades ejecutadas; así como su respuesta, fechada el 24 de octubre de 2012, en la que se le informó que el cuidado del ambiente laboral sería «por seis meses» y que debía garantizar al empleado, lo siguiente: […] 1. Dotar y garantizar el uso de elementos de protección personal mucocutánea adecuados con la tarea a realizar, evitando destrucción del manto sebáceo, por ej. (Contacto con detergentes, limpia cristales, limpia metales, barnices, pinturas, disolventes, lociones capilares, productos similares.

2. Para labores que impliquen exposición a radiación solar, dotar y garantizar el uso de elementos de protección personal y uso de productos bloqueadores. Uso de gorra y manga larga.

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Radicación n.° 93192 Explica que dicho documento acredita que el accionante «no experimentaba como consecuencia de su enfermedad, obstáculos de salud sustancial para el desarrollo de la actividad contratada», la cual podía continuar realizando «sin cambios de horario, limitaciones de tiempos o repeticiones, prohibición […] alguna […] o utilizar alguna herramienta», puesto que solo se le instó a «suministrar unos elementos específicos de protección […] con una duración de seis meses». Expone que, aunque acertó el Tribunal al señalar que «de acuerdo con las recomendaciones médicas, el demandante debía ser más precavido que sus otros compañeros con la

exposición solar en el desarrollo de su actividad», erró en suponer que «esas precauciones [traigan consigo] dificultades sustanciales en el ejercicio de su actividad», pues «bastaba con el uso de bloqueador solar, gorra y manga larga» para contrarrestar el riesgo a la salud (lo que además, es aconsejable en cualquier labor al aire libre), sin que su implementación dificultara, retrasara u obstaculizara la forma en que los ayudantes de venta cumplían con las tareas encomendadas, pues insiste, «no se restringieron o modificaron, horarios, tipos de actividad, recorridos o cargas». Manifiesta que lo expuesto se refuerza con el Concepto Médico Ocupacional del 24 de mayo de 2013 (realizado siete meses después de las recomendaciones atrás aludidas «obrante a folio 262»), el cual no fue apreciado por el Tribunal, en el que se resaltó que el trabajador cumplía con el perfil para manipulador de alimentos, actividad que no implicaba el manejo de «detergentes, limpia cristales, limpia metales,

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Radicación n.° 93192 barnices, pinturas, disolventes, lociones capilares»; que también destacó que era «apto para conducir», por lo que contaba con las aptitudes necesarias para desempeñar su labor. Afirma que las demás recomendaciones médicas, referentes al «[aumento del] consumo de frutas, verduras y pescado, disminuya el consumo de harinas y grasas, evaluación por optometría periódicamente, revisión testicular mensual y realizar ejercicio 3 veces a la semana», no suponen

ninguna limitación en su función en el empleo y solo sugiere un estilo de vida saludable, independiente del diagnóstico, el cual no discute. Añade que en el Concepto Médico Ocupacional emitido por Comfama del 26 de abril de 2015 (f.° 263, ibidem), es decir, casi dos años después del inicial y dos meses antes del despido, se dejó constancia de que el subordinado debía continuar con el tratamiento farmacológico de la EPS, enfatizando que no tenía «restricciones para laborar […]» y «cumple perfil para manipulador de alimentos […] cumple con el perfil (sin hallazgos al examen osteomuscular de acuerdo a las pruebas gatiso y otras pruebas osteomusculares)», por lo que el juez de apelación erró en su apreciación por pretermitir parte de su contenido. Razona que ese yerro de valoración es trascendente, pues le hizo colegir, que la existencia de tratamiento farmacológico, se traducía en una limitación a la actividad contratada, pese a que la evaluación médica puso de

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Radicación n.° 93192 presente lo contrario, esto es, la ausencia de restricción ocupacional. Arguye que el demandante confesó en su interrogatorio de parte, que podía desempeñar con normalidad su trabajo, pues no existían órdenes de reubicación por parte de la EPS o la ARL; que permaneció desde el 2012 en el mismo cargo y su última incapacidad fue por una herida de cabeza, dos años y medio antes de su despido, lo que claramente permite inferir que no existía ninguna dificultad en las tareas

encomendadas, confirmando su aptitud laboral; además, que no se sintió discriminado, pues pese a su enfermedad, trabajó con normalidad; que las recomendaciones a las que tuvo acceso el empleador fueron las de 2012, sin que hayan existido nuevas de cara a sus funciones. Precisa, luego de reproducir en forma parcial la providencia impugnada, que el Tribunal valoró con error los documentos a que se remite, puesto que: i) el de folio 34, ibidem, corresponde a la liquidación de acreencias laborales del reclamante, sin que refleje su situación clínica, como lo adujo el fallador de segundo grado; ii) el de folio 135, ib, se refiere a una remisión para valoración por oftalmología, en la que se dejó constancia del diagnóstico de lupus como antecedentes del paciente, pero sin aludir a limitaciones para empleo, con la precisión de que no existía constancia de que haya sido conocida por la empresa;

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Radicación n.° 93192 iii) que lo mismo ocurría con el de folio 137, ibidem, el cual hace alusión a un diagnóstico presuntivo de gastritis aguda, sin exponer su relación con la labor contractual y sin dejar constancia de remisión a la compañía para su conocimiento. Indica que los documentos de folios 144 a 147, ib, aluden a atenciones médicas posteriores al despido; que, aunque se refieren al diagnóstico del 2012, no dan cuenta de nuevos hallazgos, dificultades u obstáculos para la realización del trabajo, «por lo que el Tribunal se equivoca de

manera grave y evidente al derivar de dicho documento la existencia de supuestas limitaciones», porque: i) A folio 145, ibidem, que es igual al folio 137, ib, se reportó una presunta «bronquitis crónica simple», que no fue conocida por la dadora del empleo ni tiene connotación de moderada o severa, por lo que no podría conducir a una situación de debilidad manifiesta, máxime si también refiere que el paciente tenía «condiciones de salud buenas en términos generales»; ii) a folio 147, ibidem, milita información clínica que no corresponde al 2 de junio ni 7 de julio de 2015, como con error lo indica el juez de apelación, sino a unas impresiones diagnósticas de marzo de 2011, relacionadas con lesiones del cuero cabelludo, es decir, una sintomatología que se presentó cuatro años anteriores a la extinción del contrato. Dice que el Certificado Médico del 3 de julio de 2015,

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Radicación n.° 93192 también es posterior a la cesación del vínculo y, aunque se reprodujo en la sentencia en forma parcial, fue apreciado con equivocación, pues se dejaron por fuera las siguientes precisiones del galeno: que el trabajador «Puede realizar la labor cumpliendo estrictamente con los siguientes requerimientos médico ocupacionales», señalando como actos patronales «Realizar seguimiento por salud ocupacional de la empresa», «control médico ocupacional periódico anual», «uso de bloqueador y protección solar», «ingresar al sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional» y «osteomuscular».

Además, expresamente consignó que no había lugar a reubicación, pues las recomendaciones se limitaban a «continuar manejo médico por la EPS y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular dorsolumbar»; así como, a que asistiera a control por medicina interna y oftalmología; que debía hacer un «uso adecuado y completo de los elementos de protección, asistir a cursos y capacitaciones programados por la empresa, reportar cualquier incidente, accidentes o riesgo detectado al empleador, implementar la cultura del autocuidado, implementar hábitos de vida saludable». Denota que, por lo expuesto, la valoración integral a la que alude el citado medio de prueba no conduce a la existencia de un diagnóstico que impida el ejercicio de la labor al demandante, pues, insiste, se confirmó la aptitud de este para el cargo. Señala que la historia clínica de folios 394 a 457, ib, si bien evidencia el diagnóstico de lupus del actor y su

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Radicación n.° 93192 tratamiento, es intrascendente «para efectos de acceder a la estabilidad laboral reforzada que se ordena», porque «[…] se trata de documentos de noviembre de 2015, es decir cerca de 5 meses después de la terminación del contrato»; además, porque la enfermedad y el conocimiento del empleador no son presupuestos de «una limitación sustancial o relevante para el ejercicio de las funciones laborales», máxime si eran llevadas a cabo sin obstáculo desde 2012, calenda del diagnóstico. Puntualiza que, demostrados los errores fácticos con la prueba calificada, procedía a acreditar la indebida valoración

de los testimonios, pues: i) John Freddy Naranjo, informó sobre el suministro de manga larga, gorra y bloqueador al demandante, así como que le habían polarizado las ventanas del carro, sin informar de cambios sustanciales en sus tareas, por el contrario, precisó que aquél no bajó su rendimiento, lo que evidencia su capacidad de trabajo. ii) Diana María Pérez Álzate, fue declarante de oídas, dado que manifestó ser «[…] la cónyuge de un excompañero de trabajo del actor con el que prestó servicio hasta 2008 y que las dos familias habían continuado con su amistad hasta la fecha»; que, con todo, expuso que desconocía «si la enfermeda