CSJ - SL26785(16-03-06)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Gerardo Efraín Mejía Reales Vs.

CORELCA S.A. E.S.P

SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ISAAC NADER

ACTA Nº 19

RADICACIÓN Nº 26785

Bogotá, D.C., Dieciséis (16) de Marzo del dos mil seis (2006) Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor GERARDO EFRAÍN MEJÍA REALES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de noviembre de 2004, en el proceso promovido por el recurrente

contra la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE LA COSTA

ATLÁNTICA S.A. E.S.P. “CORELCA”.

ANTECEDENTES La demanda inicial se presentó con el propósito de obtener el demandante la declaratoria de nulidad absoluta de su despido, República de Colombia 2 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 decidido por la Junta Directiva de la entidad accionada mediante el Acuerdo Nº 001 del 31 de agosto de 1999 y, como consecuencia de ello, se condene a reintegrarlo al cargo de Electricista 8003-04, o a otro de igual o superior categoría y remuneración, con el pago de salarios, auxilios, primas de navidad, de vacaciones, extralegal de servicios y de antigüedad dejados de percibir entre la fecha del despido y el restablecimiento del contrato, al igual que las cotizaciones de invalidez, vejez o muerte y por enfermedades que se causen

durante el tiempo cesante, decretándose la no solución de continuidad. Así mismo, se pretende, entre otras cosas, la emisión del bono pensional que garantice el pago oportuno de la pensión de vejez, la cancelación del reajuste de la prima de vacaciones, el suministro de la prestación del plan obligatorio de salud y el reembolso de gastos médicos. Subsidiariamente, solicitó el pago de la prima de navidad proporcional del tiempo servido en el año 1999, el reajuste del auxilio de cesantías e intereses tanto de la liquidación final como de aquellas practicadas anualmente, de la indemnización República de Colombia 3 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 por despido sin justa causa, la pensión sanción de jubilación a partir del cumplimiento de los 50 años de edad, la indemnización moratoria, indexación, lo que resulte ultra y extra petita, y las costas. En sustento de las pretensiones relacionadas se aduce que el demandante laboró al servicio de CORELCA como trabajador oficial, mediante un contrato de trabajo de duración indefinida, que transcurrió entre el 19 de agosto de 1986 y el 2 de septiembre de 1999; como también que el último cargo que desempeñó fue el de Electricista 8003-04 de la División Planta de Termoguajira, con un salario promedio diario en el último

año de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y

TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($79.773.65) Igualmente relatan los hechos expuestos como soporte de las reclamaciones inicialmente reseñadas, que el Presidente de

CORELCA le comunicó al accionante la decisión de poner fin a su vínculo laboral, invocando como causal la supresión del República de Colombia 4 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 cargo que desempeñaba, con fundamento en las facultades extraordinarias previstas en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998; agrega que el despido referido se comunicó y ejecutó durante la existencia de un conflicto colectivo de trabajo que aún no había sido resuelto. Que el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y todo el Decreto1161 de 1999, en que se fundó la supresión del cargo que desempeñaba el actor, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional con las sentencias C-702 y C-969 de 1999, respectivamente, con efectos desde la fecha de promulgación del citado decreto, y que por lo tanto, el despido fue injusto, por no estar prevista en la Convención Colectiva la causal alegada ni en el Decreto 2127 de 1945. Resalta que las funciones y responsabilidades del cargo no desaparecieron y continúan siendo realizadas por otra persona; que el demandante formaba parte del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “Sintraelecol”, de manera que tiene derecho a que se le apliquen las cláusulas República de Colombia 5 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 normativas de la Convención y los Acuerdos que se le incorporaron. RESPUESTA A LA DEMANDA La entidad demandada, aceptó la existencia de la relación laboral invocada, pero negó que adeudara crédito laboral

alguno al demandante y, además, precisó que el contrato de trabajo terminó por ministerio de la ley. Propuso como excepciones las de falta de jurisdicción y competencia, inexistencia de la obligación, pago, cobro de lo no debido, prescripción, compensación, falta de causa y carencia de la acción, presunción de legalidad y seguridad jurídica. Sostuvo en torno del aspecto de fondo debatido que por tener la accionada una planta muy superior a sus necesidades, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1161 del 29 de junio de 1999, con base en el artículo 120 de la Ley 448 de 1998, que modificó la naturaleza jurídica de la entidad y ordenó suprimir 400 cargos; que en desarrollo de esos mandatos legales la República de Colombia 6 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 junta directiva de la empresa expidió el Acuerdo 001 de agosto 31 de 1999, procediendo a dicha supresión; que posterior a ello, se declaró la inexequibilidad del Decreto mencionado, sin señalar efectos retroactivos a la parte resolutiva del fallo C960 de 1999, quedando válidas las decisiones tomadas mientras estuvieron esas normas vigentes; que las determinaciones relativas al personal, fuera de estar amparadas por marcos legales, se efectuaron bajo los parámetros de la buena fe. DECISIONES DE INSTANCIA En audiencia de juzgamiento celebrada el 28 de mayo de 2003, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla declaró ineficaz el despido y condenó a la empresa accionada a reintegrar al señor GERARDO EFRAÍN MEJÍA REALES, así

como a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación, más los emolumentos legales y convencionales que se causen hasta cuando se verifique el reintegro y las prestaciones sociales legales o convencionales. República de Colombia 7 Corte Suprema de Justicia

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En la decisión de primer grado también se condenó a la empresa convocada al proceso a reconocer y pagar las cotizaciones de invalidez, vejez y muerte, que se causen entre la fecha del despido y el reintegro que se anuncia en el punto anterior. Igualmente autorizó el juez del conocimiento para que la empleadora dedujera aquellas sumas que pagó al demandante por concepto de cesantías e indemnización, de los salarios condenados a cancelar; declaró no probadas las excepciones propuestas, con excepción de la de compensación. Al resolver el recurso de apelación propuesto por la empresa demandada, el Tribunal de Barranquilla, mediante el fallo ahora acusado, revocó en su integridad la sentencia recurrida y, en su lugar, absolvió a CORELCA de todas las pretensiones del accionante. El juzgador de segundo grado comenzó por determinar que en este asunto lo básico era definir si el despido del actor resulta ineficaz o nulo según lo consagra el artículo 25 del Decreto República de Colombia 8 Corte Suprema de Justicia

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Ley 2351 de 1965, que consagra el fuero circunstancial. Luego de lo cual estimó que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y del Decreto 1161 de

1991, declarada por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-702 del 20 de septiembre de 1999 y C-969 del 1º de diciembre de 1999, la dan el significado a la supresión del cargo de un despido injusto, el que por sí mismo no trae como consecuencia el reintegro por la circunstancia que lo originó. Apreciación que apoyó la decisión recurrida en una sentencia del 22 de noviembre de 2002, radicación 8553. En lo concerniente a la garantía del denominado fuero circunstancial a que alude la parte actora, sustentada en la presentación de un pliego único de peticiones presentado al Ministerio de Minas y Energía, el Tribunal se remitió a la sentencia de esta Corporación de 5 de agosto de 2004, radicada con el número 22474, para concluir que la modalidad del pliego mencionado a fin de lograr un acuerdo marco sectorial no generó un conflicto colectivo y, desde luego, al momento en que acaeció el fenecimiento del vínculo laboral la República de Colombia 9 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 parte demandante no se encontraba protegida con el amparo del fuero circunstancial y, como consecuencia, se caen por su propio peso las condenas impuestas. En lo atinente al reintegro convencional se precisó en la sentencia impugnada que la correcta hermenéutica de la norma convencional es que el trabajador goza del arbitrio de optar por el reintegro o en su defecto por la indemnización de perjuicios como consecuencia del despido, pero que en modo alguno

puede escoger ambos derechos convencionales, como ocurre en este caso en que la sociedad accionada le pagó la indemnización al actor, la que fue recibida a entera satisfacción, sin que fuera objeto de censura el hecho de haber optado por la indemnización. Razones estas por las que consideró no es atendible la petición referida. En lo concerniente a la prima de navidad que es otro de los aspectos sobre los cuales recae la inconformidad de la censura, el Tribunal citó un precedente de esa misma instancia en la que se anotó que la prima de navidad no esta prevista República de Colombia 10 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 para las empresas industriales y comerciales del Estado. Además estableció que en las convenciones colectivas de la empresa no se consagra la prima de navidad proporcional. EL RECURSO DE CASACIÓN Persigue que se case la sentencia recurrida con el fin de que la Corte en sede de instancia modifique la decisión de primer grado, en los términos que anota, para lo cual presenta cuatro cargos orientados por la vía directa, que tuvieron réplica oportuna; de los cuales se estudiaran conjuntamente el segundo y tercero como ya se había anotado, no obstante que están orientados por vía diferente, en razón a ambos pretende demostrar que el demandante tiene derecho al pago de la prima proporcional de navidad. PRIMER CARGO Acusa la violación, por interpretación errónea de los artículos 376 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 1494 del Código Civil, que se anota fue la causa de la infracción directa de los

República de Colombia 11 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 artículos 55 de la Constitución Política de Colombia y 4° del Convenio 98 de la OIT (aprobado por la Ley 27 de 1976), lo que a su vez llevó a la aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. En la demostración del cargo aduce el recurrente que no es cierto que la denuncia de la convención colectiva deba hacerse dentro de los 60 días anteriores a su vencimiento, como en términos generales lo afirma el tribunal, porque si se revisa el contenido del artículo 478 del C. S. del T. y se confronta con dicha tesis aflora el yerro del juzgador pues esta disposición prevé la posibilidad de que las partes acuerden en la convención colectiva normas relativas a su desahucio, y sólo en ausencia de este pacto se hace imperativo aplicar el término contemplado en la disposición legal. Arguye, por otra parte, que no es cierto que el pliego de peticiones deba presentarse dentro de los dos meses anteriores al vencimiento de la convención colectiva, por cuanto el artículo 376 del C. S. del T, modificado por el artículo República de Colombia 12 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 16 de la Ley 11 de 1984, estableció como una de las atribuciones exclusivas de la asamblea general del sindicato la adopción del pliego que deberá presentarse a los patronos a más tardar dos meses después. El recurrente parte del supuesto de que no pactándose un término para la denuncia de la convención, ésta deba hacerse

dentro de los dos meses anteriores a su vencimiento, con lo cual no se inicia el conflicto colectivo, que sólo se da con la presentación del pliego de peticiones, el que no se elabora ni presenta dentro de los dos meses anteriores al vencimiento de la convención, puesto que no pueden confundirse, como lo hace el ad quem, estas dos figuras en tanto una cosa es la denuncia y otra el pliego de peticiones. Destaca que es verdad que el conflicto colectivo económico de trabajo en Colombia está sometido a un trámite legal, que no es otro que el contemplado en los artículos 432 y siguientes, pero que ello no obsta para que las partes puedan convenir en contrario, potestad que tiene su fuente en el artículo 55 de la República de Colombia 13 Corte Suprema de Justicia

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C.P., donde se consagra el deber del Estado de promover la concertación y los medios que sean necesarios para solucionar pacíficamente los conflictos colectivos de trabajo, respondiendo así a las orientaciones de la O.I.T. sobre todo en los Convenios 98 y 107, el primero aprobado por la Ley 27 de 1976, en cuyo artículo 4º propugna por el estímulo para que los empleadores y trabajadores desarrollen y usen procedimientos de negociación voluntaria para reglamentar las condiciones de empleo a través de los contratos colectivos, siendo obligación del Estado procurar que las partes solucionen directamente y a través del procedimiento que ellas convengan el conflicto colectivo de trabajo, de tal suerte que si no acuden a mecanismos directos de composición, se recurra al establecido legalmente.

Subraya que la firma del acuerdo marco sectorial por diferentes empresas del sector eléctrico, debe producir alguna consecuencia jurídica pues el artículo 1494 del Código Civil contempla la declaración de voluntad como una de las fuentes de las obligaciones. República de Colombia 14 Corte Suprema de Justicia

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LA OPOSICIÓN Aduce que en ninguna parte de la decisión recurrida se aprecian las interpretaciones que la censura pretende endilgar al tribunal en la forma como lo exhibe en sus planteamientos, pues que por el contrario, la sentencia se inspira en el criterio reiterado de la jurisprudencia sobre el tema debatido. Encuentra que el fundamento del fallo fue de orden probatorio, sobre el contenido y alcance del mencionado acuerdo marco sectorial, de manera que el ataque sobre este asidero solo podía formularse por la vía de los hechos en el concepto de violación por aplicación indebida. SE CONSIDERA El casacionista afirma que el sentenciador ad quem se equivocó cuando sostuvo que según el artículo 478 del C. S. del T. la denuncia de la convención debe hacerse dentro de los sesenta días anteriores a su vencimiento, con lo cual fijó un criterio República de Colombia 15 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 abstracto aplicable en general a todos los casos, desconociendo que dicha norma prevé que ese plazo se aplica “a menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva”. Sobre el punto se encuentra que en la decisión acusada se tomó como sustento de la posición adoptada la sentencia de esta Sala del 5 de agosto de 2004, radicada con el número

22.474, que constituye la doctrina jurisprudencial reiterada sobre el aspecto debatido, donde en lo esencial se dijo: “… ya en el plano puramente jurídico, el Tribunal abordó un tema relevante y atendible: el de la vigencia de la convención. Como la negociación colectiva está concebida para suscribir un acuerdo que establezca el nuevo derecho de la empresa, no puede haber conflicto colectivo laboral mientras esté vigente. Ese planteamiento del juzgador de alzada es definitivo. “La denuncia debe existir y tiene un término para formularse, ya sea el de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de la convención colectiva, según el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, o el término que acuerden las partes en la misma convención, como lo autoriza el mismo precepto legal. República de Colombia 16 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 “Pero la denuncia no se puede intentar extemporáneamente so pena de ineficacia, porque media un acuerdo de vigencia. La paz laboral, y con mayor razón la de todo un sector vital de la economía, impone esa solución. Si no media la denuncia eficaz de la convención, la posibilidad de trabar válidamente el conflicto colectivo laboral no puede darse. “Ese importante fundamento del fallo habría sido suficiente para rechazar la impugnación, porque, como quedó dicho, es jurídico, y porque fue correctamente aplicado al caso, ya que el denominado pliego único de Sintraelecol fue presentado el 18 de agosto de 1999 y como la convención colectiva suscrita con la demandada tenía marcada su

expiración para el 31 de diciembre, sólo podía denunciarse válidamente a partir del 1° de noviembre de ese año, que es una fecha posterior de aquella en que Corelca despidió a la demandante. “Así las cosas, para la fecha del despido, desde el punto de vista jurídico, con o sin propuesta laboral a la comisión, con pliego de peticiones o sin él, en Corelca no podía haber conflicto colectivo alguno por estar vigente el convenio regulador de las condiciones de trabajo. “Por último, importa hacer énfasis en lo siguiente: la recurrente asevera que la obligatoriedad de la denuncia de la convención colectiva prevista en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo se impone en tanto las partes no hayan pactado normas diferentes, e insiste en sostener que la legislación positiva permite que los sujetos del conflicto República de Colombia 17 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 excluyan la denuncia de la convención colectiva como requisito previo e indispensable para la negociación. “Pero ese criterio, que, cabe advertir, es de índole jurídica y por lo tanto ajeno a la valoración de las pruebas que cita en el cargo, es inaceptable y de un alcance inimaginable. El artículo 478 citado señala que para sustraerse a la prórroga automática de la convención colectiva las partes o una de ellas puede denunciarla dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, y admite pactar normas diferentes en la convención; pero una cosa es que se autorice el pacto de normas diferentes y otra que la ley autorice la

exclusión de la denuncia de la convención o del pacto colectivo de trabajo. “Dicho acto jurídico permite la actualización de los contratos colectivos, esto es, la posibilidad para los trabajadores de mejorar los derechos consagrados y para el empleador la modificación de las cláusulas que ya no le resulten convenientes y por ello es absolutamente necesario por su íntima relación con la vigencia de esos acuerdos y por su vinculación estrecha con el orden público, que significa paz laboral, como lo dice la oposición con sensatez”. Por lo dicho, el cargo no prospera. República de Colombia 18 Corte Suprema de Justicia

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SEGUNDO CARGO Acusa al fallo de vulnerar por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 467 y 468 del C. S. del T.; en relación con los artículos 2°, 4°, 5°, 32 y 45 del Decreto 1045 de 1978, 11 del Decreto 3135 de 1968, 51 del Decreto 1848 de 1969, 49 de la Ley 6ª de 1945, 1° de Decreto 797 de 1949; 60 y 61 del C. P. del T. y la S. S. La acusación atribuye al juzgador de segundo grado los siguientes yerros fácticos: “1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada pagó al actor la prima proporcional de navidad, a pesar de que solo aparece acreditado el pago de $97.688.00 y según la convención colectiva de trabajo le correspondía a la ([sic) actor(a) la suma equivalente a un mes de salario por este concepto.

“2.- No dar por demostrado, estándolo que CORELCA Y SINTRAELCOL, en la convención colectiva de trabajo, se limitaron a pactar la prima de navidad prevista en la Ley, señalando en forma precisa treinta días de salario. “3.- No dar por probado, estándolo que el demandante si tiene derecho República de Colombia 19 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 a la prima proporcional de navidad por el tiempo servido entre el 1° de enero y el de septiembre de 1999. “4.- No dar por demostrado, estándolo que la demandada actuó de mala fe, al omitir el pago de la prima de navidad señalada en la convención colectiva de trabajo”. Dislates fácticos que en opinión de la impugnación se originaron en la apreciación equivocada de las convenciones colectivas de trabajo visibles a folios 108 a 113 y 161 a 185, la liquidación de prestaciones sociales que militan a folios 30 y 229 a 231. Sostiene la censura que los tres primeros errores tienen ocurrencia porque la convención colectiva de manera expresa señala que la prima de navidad asciende a 30 días de salarios pagaderos dentro de los primeros 15 días de diciembre de cada año, coincidente con la regulación legal, en cuanto al monto de dicha prima. Aclara al respecto que la norma convencional la denomina prima legal de navidad, es decir, que no se trata de una prestación social diferente, de manera que República de Colombia 20 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 si el actor devengó como asignación básica la suma de

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y CINCO PESOS ($854.785.oo), por concepto de asignación básica, procedía cancelar una prima de navidad acorde con esta remuneración y no la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($97.688.oo). Entiende que pese a lo anterior el Tribunal aprecia equivocadamente la convención y la liquidación, al inferir que el actor no tiene derecho a esa prima, muy a pesar de que aquí no está en discusión si se reconoce o no el derecho como pretende la sentencia atacada, puesto que según la liquidación ese derecho ya fue reconocido. Igualmente anota que la convención colectiva de trabajo, suscrita el 7 de diciembre de 1089, señala de manera expresa en su artículo decimonoveno, literal d) que la prima “legal de Navidad” asciende a 30 días de salarios promedio pagaderos anualmente dentro de los primeros 15 días de diciembre de cada año y en el literal K de la misma convención se establece la Extensión de Prestaciones y Beneficios, indicando que todas República de Colombia 21 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 las prestaciones y beneficios “consagrados en la Ley para los trabajadores Oficiales del sector Públicos del orden Nacional y que no hayan sido establecidos en la convención, seguirán beneficiando a los trabajadores oficiales”. Advierte que la propia norma convencional denomina a la prestación extralegal aludida como “Prima Legal de Navidad”, es decir que no se trata de una prestación social diferente a la establecida en la Ley como mínimo de derechos y garantías a que se refiere el artículo 4° del Decreto 1045 de 1978, más

cuando la norma convencional en forma expresa remite a los beneficios consagrados en la ley para los trabajadores oficiales, que no hayan sido establecidos en la convención, luego el derecho a obtener la liquidación proporcional de la prima de navidad surge de la misma convención. LA OPOSICIÓN Señala que la acusación no tiene interés para recurrir en casación en razón a que el sentenciador de primer grado absolvió a la demandada de la prima de navidad proporcional y República de Colombia 22 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 el demandante no apeló esta decisión, pero que de todas maneras el juzgador de segundo grado no incurrió en ninguno de los dislates fácticos que señala el ataque y resalta que si lo reclamado es un beneficio extralegal hay que sujetarse estrictamente al acuerdo de los contratantes, siendo así como en este caso no se convino que la prima referida se cause antes de la navidad, pues lo razonable es entender como lo coligió el fallador que hay que trabajar en esa época para hacerse acreedor a ella y sucede que en la cláusula referida no consta que las partes hayan reclamado la proporcionalidad. TERCER CARGO Orientado por la vía directa indica que en la sentencia recurrida se incurrió en la infracción directa de los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 2°, 5°, 32 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1° del Decreto 797 de 1949 y 16 de la Ley 446 de 1998; así como a la falta de aplicación del

artículo 4° del Decreto 1045 de 1978; 3° del 1848 de 1968, 19 del C. S. del T. y 8° de la Ley 153 de 1886. República de Colombia 23 Corte Suprema de Justicia

CASACIÓN Nº 26785

En el desarrollo del cargo se reprueba que en la sentencia recurrida se dejara de aplicar los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969, que consagran el derecho a la prima de navidad, pues de acuerdo con estas normas todo empleado público o trabajador oficial, cualquiera que sea la naturaleza de la entidad empleadora, tiene derecho a devengar una prima proporcional de navidad, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios y con base en el sueldo devengado, cuando el empleado o trabajador no haya servido el año completo. Encuentra que es desacertado considerar que por existir una prima de navidad convencional no se tiene derecho a la prima de navidad proporcional, lo convencional sería inferior a lo previsto en la ley, de modo que el sentenciador de segundo grado dejó de aplicar el artículo 4° del Decreto Ley 1045 de 1978 y el literal b) del artículo 3° del Decreto 1848 de 1969, el primero señala que las disposiciones del Decreto Ley 3135 de 1968, las que lo adicionen o reformen y las del Decreto Ley 1045 de 1978 constituyen el mínimo de derechos y garantías República de Colombia 24 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 para los trabajadores oficiales, los cuales según el artículo 4° del Decreto Reglamentario 1848 de 1968 lo son de las

empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, sin que se ponga en duda el carácter de trabajador oficial. Asevera que el Tribunal se limitó a examinar las disposiciones del artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, sin tener en cuenta que para los trabajadores de las entidades no comprendidas en la enumeración del artículo 2° del mencionado decreto, se aplica el artículo 4° del Decreto 1045 de 1978, en cuanto determinó como mínimo de derechos y garantías para los trabajadores oficiales las normas de los Decretos 3135 de 1968, las que lo adiciones o reformen y las del Decreto 1045 de 1968, en cuyo caso deben aplicarse las normas que en dichos decretos hacen referencia a la prima legal en navidad, ya que la misma convención hace mención a dicha circunstancia. República de Colombia 25 Corte Suprema de Justicia

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LA RÉPLICA Expresa que el cargo no está llamado a prosperar dado que la prima de navidad pretendida no fue solicitada en la demanda inicial con apoyo en el Decreto 3135 de 1968 sino que lo fue con sustento en la convención colectiva de trabajo, en consecuencia es claro que su solicitud en casación quebranta el derecho de defensa. Agrega que la empresa pagó la prima convencional adeudada porque como consta a folio 30 del expediente canceló al actor la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($97.668.oo) por el período correspondiente al último año de servicios del actor, esto es, de septiembre de

1998 a agosto de 1999. SE CONSIDERA Se estudian conjuntamente el segundo y tercer cargo como ya se había anotado, no obstante que están orientados por vía diferente, tomando en cuenta que se encuentran dirigidos a República de Colombia 26 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 demostrar que el actor tiene derecho al pago de la prima proporcional de navidad. Al respecto es oportuno anotar que no es exacto, como afirma la acusación en el cargo que encamina por la vía indirecta, que de la liquidación de la indemnización por despido y de las prestaciones sociales se desprenda que la empleadora solo pagó al demandante la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($97.668.oo) (fls. 30 y 229 a 231|); pues realmente lo que surge de tales documentos es que tal cantidad corresponde a una doceava parte de la cantidad cancelada en el último año de servicios, pues está ubicada en la columna de los pagos mensuales tomados por la empleadora para obtener el promedio mensual para liquidar las diferentes acreencia del accionante, es más expresamente se identifica como “Promedio Prima de Navidad”; lo cual descarta que eventualmente esa haya sido la suma reconocida por la sociedad accionada. De otra parte, en torno a los alcances de la disposición convenRepública de Colombia 27 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 cional que se aduce en el ataque como mal apreciada, es claro que el derecho deprecado a esa prima proporcional no está consagrado en la convención colectiva mencionada, de allí que se descarte el error de hecho atribuido al sentenciador de

segundo grado. La Corte, en sentencia de 1° de marzo de 2006, radicada con el número 26788, sobre el punto dijo lo siguiente: “Ahora bien, tampoco podía el Tribunal con fundamento en la norma que el censor acusa de infracción directa es decir, el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 modificado por el artículo 1° del Decreto 3148 de 1968, fulminar condena a la mencionada prima en forma proporcional, pues sabido es que para que el operador jurídico le haga producir efectos a una determinada disposición se deben cumplir los supuestos fácticos que ellas consagran. “De conformidad con el parágrafo 2° de la norma en cita: “Quedan ex cluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que presten sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que por virtud República de Colombia 28 Corte Suprema de Justicia CASACIÓN Nº 26785 de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbítrales o reglamentos de trabajo, tengan derecho a primas anuales similares, cualquiera sea su determinación (sic)”. “Y el artículo 51 del De