CSJ - SL2684-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2684-2023 Radicación n.° 95160 Acta 039 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA BEATRIZ VERGARA GÓMEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 22 de junio de 2021, en el proceso que instauró contra la UNIDAD DE

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE BOYACÁ –UNICABe

IMELDA VERGARA GÓMEZ.

I. ANTECEDENTES Ana Beatriz Vergara Gómez llamó a juicio a la Unidad de Capacitación Empresarial de Boyacá, Unicab y a Imelda Vergara Gómez con el fin de que se declarara la existencia del contrato de trabajo verbal a su servicio desde el 1.° de febrero de 2008 y hasta el 11 de abril de 2018 y que este

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Radicación n.° 95160 finalizó de forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador siendo a término indefinido, para lo cual pretende el reconocimiento de salarios insolutos «entre el comienzo del contrato y el 1.° de febrero de 2016 para el escalafón grado 7 […]», las primas de servicio, vacaciones, auxilio de cesantías y sus intereses, sanción por incumplimiento de consignación y pago de estas, indemnización por omisión de su retribución y la del despido sin justa causa.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con las accionadas mediante el evocado contrato verbal y por el tiempo antes dicho; que se encontraba bajo la subordinación de ellas «sin que hubiera sido objeto de sanción disciplinaria o llamado de atención, hasta el 11 de abril de 2018, cuando los empleadores dieron por terminado el contrato»; que sus labores eran las de docente del establecimiento educativo hasta el año 2016 en el horario de 3 a 10 pm y desde dicha data hasta su fin, de 8 am a 10 pm. Informó que del 1.° de febrero de 2008 hasta enero de 2013 percibía un pago mensual de $200.000; desde dicha data hasta el 1.° de febrero de 2016, $700.000 y de la anterior, hasta la finalización del contrato, $1.500.000. Agregó que simultáneamente ejecutó el cargo de docente, coordinadora académica, tutora y rectora del Colegio Unicab; que contaba con el grado 7.° del escalafón sin que se le retribuyeran las primas de servicio, vacaciones, auxilio legal de transporte, cesantías, intereses a las mismas y que, a la finalización de este tampoco se le reconoció lo

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Radicación n.° 95160 correspondiente a la indemnización por despido injusto. Al dar respuesta a la demanda, Unicab se opuso a las pretensiones a excepción de la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo entre las partes desde el 1. ° de febrero de 2016 al 11 de abril de 2018, que este finalizó de manera

unilateral y que, al ser liquidado, se reconoció la indemnización correspondiente. En cuanto a los hechos, no aceptó los relacionados con las condenas a imponer, para lo cual aclaró que «lo que existió entre la demandante y sus hermanas fue una sociedad de hecho para fundar la institución educativa, ella formaba parte de la Junta Directiva y en sus comienzos, lejos de pagar salarios, debían conseguir y aportar recursos para sacar avante la empresa […]», relató cómo fueron los respectivos aportes, el reparto solidario de funciones y el inicio de la educación virtual con una «alumna de prueba». Por su parte, la codemandada Imelda Vergara Gómez no contestó la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de agosto de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 95160

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo del 22 de junio de 2021, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal luego de referirse a los artículos 22, 23 y 24 del CST, consideró como problema jurídico, determinar si existió o no, el contrato de trabajo que indica la recurrente y en caso afirmativo, si procedían las condenas por salarios,

prestaciones e indemnizaciones como las reclamó. Fundamentó su decisión, en que al no ser objeto de discusión la prestación de los servicios docentes que efectuó a favor de Unicab, en desarrollo de su objeto social; que dichas actividades consistían en la elaboración de módulos, tutorías e incluso acompañamiento a otros monitores en la educación virtual a deportistas de alto rendimiento que no pudieran cumplir los horarios tradicionales de las instituciones educativas; la vinculación de esta como asociada a partir del año 2011 y que, para el 2016 se le designó como rectora, siendo suscrito un contrato a término indefinido el cual al finalizar fue liquidado; la controversia radicaba en si dichos servicios, en anterioridad al 2016, fueron ejecutados con subordinación y gobernados por algún instrumento legal o en su defecto, provenían «[…] de un aporte de conocimientos y servicios personales que, como socia, y en igualdad de condiciones con otros asociados, para sacar

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Radicación n.° 95160 avante lo que era la esperanza de una empresa, pensada, en principio, por su hermana […], que llegara a ser una fuente de empleo, de ingresos y satisfacciones para la familia». Relató que los testimonios rendidos por Karan Magali Torres Guerrero, Pedro y Nohora del Carmen Vergara Gómez, Natalie Mora Orduz y Julián Adolfo Mesa, así como los interrogatorios de parte de Imelda y de Ana Beatriz Vergara Gómez, fueron ampliamente analizados por el a quo y de los mismos, al no ser controvertidos por la actora, podía concluir

que «los servicios que la demandante, como de los demás socios, así hubieran sido remunerados de la manera irrisoria de la que dan cuenta, no lo fue en desarrollo de un contrato de trabajo, bajo subordinación, sino como el aporte a la formación de una empresa que consideraban de todos, como lo afirmaron todos los declarantes, hermanos de la demandante». Agregó que de las mismas extraía que, Unicab no era una organización sin ánimo de lucro pues desde que se fundó de forma primigenia por Imelda y Nohora Vergara, así como, cuando se les unieron sus hermanos Ana Beatriz y Pedro, se pretendía la «formación y consolidación de una empresa familiar que fuera fuente de empleo y de ingresos o utilidades, que comienzan con muy pocos recursos, en sus casas, que todos aportan sus conocimientos y trabajo para organizar y obtener su aprobación ante las autoridades», por lo que al iniciar la actividad con una sola estudiante, quien era la hija de Imelda, «era imposible que se fijaran salarios o pagos por sus servicios. Así cuando la situación va mejorando, comienzan a pagarse sumas bajas por la elaboración de

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Radicación n.° 95160 módulos, o por tutorías, por servicios académicos o de rectoría», lo que llevó a que hasta en el 2016 fuera posible remunerar al coordinador y rector de la evocada institución. Aunado a ello, entendió que, en una extraña negociación, la demandante, su hija y su hermano Pedro, se retiraron de dicha empresa a cambio de dinero, los cuales tuvo que asumir «Imelda con la ayuda de Nohora y los hijos

de esta», para no llegar a liquidar la «corporación […] que había sido su sueño y en la que en 2018, cuando esas negociaciones se surten, llevaba más de diez (10) años de trabajo». Por lo tanto, aunque se acudió a los principios de primacía de la realidad sobre las formas, e irrenunciabilidad de los derechos mínimos fundamentales, concluyó que no era posible darles aplicación como se pretendía, pues estos tienen como supuesto la existencia de una relación laboral, «pero que de ninguna manera pueden ser aplicables al caso cuando no se ha demostrado la existencia del contrato de trabajo y que en este caso resulta tan absurdo como decir que en una empresa educativa su dueño debe pagarse un salario según el escalafón o demandarse así mismo». Finalmente, advirtió que el acuerdo de salario como rectora a favor de la demandante desde el año 2016, debe entenderse en el contexto que se pactó y, comoquiera que el contrato en el que se estableció fue «debidamente liquidado […] también esa forma de terminación, resulta un despropósito que alguien que junto con su hija y otro de los

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Radicación n.° 95160 socios querían acabar con el emprendimiento familiar, que se retiró y recibió por ello una suma de dinero […], hubiera tenido que ser despedida y le hubieran tenido que pagar la indemnización».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ana Beatriz Vergara Gómez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia

impugnada para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones del libelo genitor. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es objeto de réplica por ambas demandadas.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia la violación de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: […] del Código Sustantivo del Trabajo (CST), ordenado (dic) por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950 y compilado en los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951: sus artículos 13, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 37, 38, 39, 43, 55, 61, 64, 65, 249 y 253, todos del C.S.T.; del Código Civil, los artículos 1495 al 1501, 1618, 1619, 1620 y 1621; 98 del Código de Comercio; 196 al 198 de la ley (SIC) 115 de 1994 por la cual se expide la Ley

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Radicación n.° 95160 General de Educación y los artículos 13, 25, 53 Y (SIC) 56 de la Constitución Política, todos ellos en relación con los siguientes artículos: del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPT y de la S.S.) los artículos 1º (modificado por el 1° de la ley (SIC) 712 de 2001), artículo 2º (modificado por el artículo 2° de la

ley (SIC) 712 de 2001), y los artículos 51, 60, 61, 77 y 145 del mismo CPT y de la S.S., normas procesales que llamamos en concordancia con los artículos del régimen probatorio de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, en sus artículos 164, 165, 166, 167, 173, 167, 180, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 190, en ESPECIAL los artículos 243, 244, 245 y 246, 248, 250, 253, 256, 260, 26 del mismo Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. De manera introductoria refiere que el ad quem concluye erradamente supuestos de hecho inexistentes, como era que la trabajadora debía privarse de la remuneración de sus labores porque la actividad que desempeñaba era netamente familiar dado el parentesco existente entre esta e Imelda Vergara Gómez, cuando desde el año 2001 se conformó la sociedad empresarial docente sin que ella hiciera parte de la misma; que en el 2007 se le vinculó a las actividades de la demandada y, solo, hasta el 31 de marzo de 2011 se tuvo como adepta de aquella. Agrega que, al tenor de las cláusulas contractuales se tiene que ambas demandadas fungen como empleador y que estaban en capacidad de dar órdenes a la trabajadora, imponerle jornadas o remunerar su labor, con lo que «se satisfacen […] los actos de solidaridad contractual […]». Acto seguido, presenta como errores de hecho, los siguientes: aDar por demostrado, sin estarlo, que siempre existió una

sociedad de hecho de la demandante (sic) las demandas, quienes solamente tuvieron la posición de empleadora (sic) a raíz de la

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Radicación n.° 95160 suscripción de un contrato de trabajo con quienes, por el contrario, siempre fueron “su empleador”, UNICAB y su representante IMELDA VERGARA GÓMEZ. bNo dar por demostrado, estándolo, que la demandante, al suscribir y obligarse a la prestación de sus servicios por el contrato de trabajo de 1° de febrero de 2016, obrante a folios 407 al 410 del cuaderno 1, continuó con la ejecución y labores de un mismo contrato de trabajo iniciado el 1° de febrero de 2008. cNo dar por demostrado, estándolo, que ambas personas demandadas, la jurídica de derecho privado 1) UNICAB y (2) la persona natural IMELDA VERGARA GÓMEZ, representante legal de UNICAB, son parte de un único contrato de trabajo con la demandante, la cual solamente se hizo constar por escrito en la documental obrante a folios 407 al 410 del cuaderno 1 de las instancias. dDar por demostrado, sin estarlo, que, desde su constitución, el día 18 de julio de 2001, la demandante fue socia de la persona jurídica UNICAB (folios 18, C. 1 primera instancia). eDar por demostrado, sin estarlo, que la demandante fue parte de la sociedad o socia del emprendimiento de UNICAB desde el inicio de la conformación de la sociedad de facto conformada por las demandadas y las personas PEDRO VERGARA GÓMEZ,

NOHORA DEL CARMEN VERGARA GÓMEZ y VÍCTOR EDUARDO NÚÑEZ. fDar por demostrado, sin estarlo, demandante se (sic) desde el año 2007 se obligó o consintió en prestar sus servicios de manera gratuita a la la (sic) sociedad o socia del emprendimiento de UNICAB. gDar por demostrado, sin serlo, que no se ha (sic) demostró la existencia del contrato de trabajo, a pesar del contrato de trabajo escrito de 1° de febrero de 2016, obrante de folios 407 al 410 del cuaderno 1, primera instancia. h- . (sic) No dar por acreditado, habiéndolo sido, que las obligaciones laborales pactadas en el contrato de trabajo escrito de 1° de febrero de 2016, obrante de folios 407 al 410 del cuaderno 1, primera instancia, correspondían a las mismas labores, funciones y obligaciones que la demandante ya había desempeñado con anterioridad al contrato escrito. iNo dar por probado, siéndolo, que la trabajadora demandante solamente adquirió la condición de socia o se hizo parte del convenio social de la persona jurídica UNICAB a partir del 3 de marzo del año 2011. jNo dar por probado, siéndolo, que al momento o fecha de suscribir el contrato de trabajo escrito de 1° de febrero de 2016, obrante de folios 407 al 410 del cuaderno 1, la trabajadora era socia de la persona jurídica UNICAB desde el 3 de marzo del año 2011. kNo dar por probado, siéndolo, que ni en el estatuto ni por

decisiones de su órgano de dirección se prohibió que los socios de UNICAB suscribieran contrato de trabajo con esa persona jurídica. lDar por demostrado, sin serlo que dado su vínculo social “en

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Radicación n.° 95160 este caso resulta tan absurdo como decir que en una empresa educativa su dueño debe pagarse un salario según el escalafón o demandarse así mismo”. mDar por demostrado, sin serlo que no se acredita relación de trabajo entre las partes este proceso, a pesar de “la actividad personal del trabajador, la continuada dependencia o subordinación y un salario como retribución del servicio” desde la fecha 1° de febrero del año 2008 hasta su terminación el 11 de abril de 2018 (folio 421 C. 1), reunidos los cuales, señala el inciso 2, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen” nDar por demostrado, no estándolo, que “Ninguna prueba permite concluir que hubiera prestado servicios a las demandadas. oDar por demostrado, sin estarlo, que se prueba que no existió contrato de trabajo entre las partes de este proceso, a pesar del contrato de trabajo suscrito entre las partes el 1° de febrero de 2016 (folios 407 al 410 del C. 1.). pNo dar por por (sic) probado, siéndolo, que no se acredita la existencia de contrato laboral entre las partes de este proceso porque “la prestación del servicio personal debe quedar probada en cuanto a su naturaleza o tipo, duración o extremos temporales

y horario diario, esenciales a la hora de definir las obligaciones de las partes.” qNo dar por por (sic) probado, siéndolo, que no se acredita la existencia de contrato laboral, a pesar de que contradictoriamente el fallo asevera que “no está en discusión, que la demandante, prestó servicios docentes para UNICAB en desarrollo de su objeto social, que era o es, esencialmente, el de un colegio de educación virtual dirigido en un principio a deportistas de alto rendimiento”. rNo dar por por (sic) probado, siéndolo, que no se acredita la existencia de contrato laboral, a pesar de que contradictoriamente el fallo asevera que “Esos servicios personales consistían en elaboración de módulos, tutorías e incluso de acompañamiento a otros tutores, aunque, no está claro al menos el extremo inicial de la relación, pues solo se vinculó como asociada en el año 2011…” sNo dar por probado, siéndolo, que los servicios prestados por la demandante a las demandadas a partir del año 2008, es el elemento claro, esencial y necesario para que pudiera el Tribunal o el Juez declarar la existencia de un contrato de trabajo. tNo tener por probado, habiéndolo sido, que la demandada IMELDA VERGARA GÓMEZ NO DIO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (audiencia del artículo 77 del CPT y de la SS, MINUTO 9:40¨). uNo tener por probado, habiéndolo sido, (sic) NO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA por la demandada IMELDA VERGARA GÓMEZ, es medio DE INDICIO GRAVE.

vNo tener por probado, habiéndolo sido que la NO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA por la demandada IMELDA

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Radicación n.° 95160 VERGARA GÓMEZ implícitamente le acarrea la declaración por sentencia de todos los hechos susceptibles de confesión propuestos con la demanda: la existencia del contrato, sus extremos y elementos de este. wNo tener por probado, habiéndolo sido que por la fecha de prestación de servicios por la demandante a la empresa a partir del 1| (sic) de febrero del año 2008, es el elemento claro, esencial y necesario para establecer y sentenciar la existencia del contrato de trabajo que se alega con la demanda. xNo tener por probado, habiéndolo sido, la existencia de una solidaridad, negada bajo el supuesto que la ausencia de obligaciones del empleador reconocido (en la sentencia), a pesar del aporte del contrato de trabajo suscrito entre las partes yNo tener por probado, habiéndolo sido, que el despido de la demandante por parte de la demandada no extingue los derechos generados en favor de la trabajadora en el tiempo anterior contrato de trabajo suscrito con el empleador el 1° de febrero de 2016. zNo dar por probado, habiendo sido, que la obligación laboral derivada del contrato de trabajo a cargo de la demandada no se extingue por razón de la desvinculación del despido por ella de la trabajadora demandante el 11 de abril de 2018. Afirmo que el fallo incurrió en estos yerros, como consecuencia de las actuaciones, omisiones, supuestos de hecho no acreditados y

exámenes equívocos que el Honorable Tribunal Superior de SANTA ROSA DE VITERBO, SALA ÚNICA adoptó en relación con las pruebas, en particular derivadas de su olvido u omisión de examen del documento “contrato de trabajo” de folios 24 al 29 del cuaderno 1. Advierte que fueron mal apreciadas, la demanda subsanada, su contestación, la carta en que se le comunicó su despido, «el documento de folio 423 por el cual la sociedad UNICAB, pagó prestaciones sociales y salarios al dar por terminada la relación de trabajo», los allegados en folios 135 al 147 que dan cuenta de dicho vínculo para el 1 de febrero de 2008 en el cargo de rectora de la institución; «las autoevaluaciones con destino (sic) elaboradas por la demandante dirigidas al Ministerio de Educación», y, las ordenes que le expidió Imelda Vergara Gómez para cumplir su función, las cuales reposan en los folios «2478 (sic), 249 , 251, 252, 320» del cuaderno principal.

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Radicación n.° 95160 Expresa que, dichos medios se tuvieron en cuenta para confirmar la decisión del a quo, al entender que este se pronunció de fondo negando la coexistencia de las relaciones laborales de la trabajadora con la sociedad, y que también lo fueron para considerar que «los servicios prestados consistieron en la elaboración de módulos, tutorías e incluso en acompañamiento a otros tutores, aunque no está claro al menos el extremo inicial de la relación, pues solo se vinculó como asociada en el año 2011», esto último, con lo que

asegura estar de acuerdo. Asimismo, refiere que se dejaron de apreciar el acta de reforma estatutaria de la corporación Unicab de fecha 31 de marzo de 2011; el contrato de trabajo suscrito el 1 de febrero de 2016; el interrogatorio de parte de Imelda Vergara Gómez en el que confesó que la casacionista adquirió el status de socia hasta el 31 de marzo de 2011, así como las labores que esta efectuó en dicha institución y, la declaratoria de que la evocada empleadora no contestó la demanda. En sustento de lo expuesto, expresa que la sentencia se fundó en conclusiones que debieron extraerse del contenido total del expediente y no como se efectuó, pues los medios que el fallador tuvo en cuenta, «nada tienen que ver con aquellos que soportan la posición en el debate de la parte actora, expresada en las pretensiones DECLARATIVAS de la demanda, y específicamente en los medios de prueba con los cuales se persigue acreditar la validez y procedencia de los pedimentos de ella»; que del contrato mencionado se tienen los extremos contractuales, su objeto y todos los elementos

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Radicación n.° 95160 necesarios para el reconocimiento de la relación existente entre las partes. Afirma que el tribunal debía concluir del contenido del evocado contrato, que «conforme a su literalidad, (sic) acredita la vinculación laboral» entre la casacionista y opositora; que, aunque se generaron modificaciones y extensiones estatutarias «como lo fue la vinculación de la demandante en calidad de asociada con plenos derechos en nada varían las

condiciones y obligaciones mutuas del contrato […]», y que, este finalizó de forma unilateral sin que le hubieran cancelado lo correspondiente a la totalidad de derechos y obligaciones laborales irrenunciables.

VII. RÉPLICAS Unicab, para oponerse al cargo, resume lo dicho por la casacionista y al entender que acusa a la sentencia de transgredir la ley sustancial por la aplicación indebida de sendos artículos del CST, en razón a que el juez de segundo grado erró al no dar por demostrado, estándolo, que la demandante «“al suscribir y obligarse a la prestación de sus servicios por el contrato de trabajo de 1° de febrero de 2016 (…) continuó con la ejecución y labores de un mismo contrato de trabajo iniciado el 1° de febrero de 2008”», concluye que el presentado es un alegato de instancia inadmisible en sede extraordinaria.

De igual manera, resalta la posición de la Sala, en cuanto al cumplimiento de las exigencias de que trata el

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Radicación n.° 95160 artículo 90 del CPTSS, «pues de no cumplirse se podría desestimarse (sic) el recurso extraordinario de casación, imposibilitando su estudio de fondo», para lo cual, transcribe apartes de la decisión CSJ SL17901-2017 y refiere que, el cargo no solo es una copia de lo expuesto en la demanda que desestimaron en instancias, sino que la censora «se extendió a (sic) afirmar que del contrato de trabajo suscrito en el año 2016 era “evidente” que la relación de trabajo inició desde febrero del 2008», convirtiendo la rogativa en un alegato

impropio de resolver en casación. Dice que el recurso es un escrito de 23 páginas que busca confundir y «continuar debatiendo aquello que procuró en el libelo introductorio […]»; que revisado el expediente digital a folio 407, tampoco reposa el contrato de trabajo al que se alude, sino obra una resolución expedida por la Institución Educativa del Magdalena con la que se corrobora la vinculación de la casacionista con quien es ajeno al colegio Unicab y que, los vistos en folios 413 a 417 corresponden a pagos de aportes que dan cuenta de la relación entre las partes desde el año 2016, como lo reconoció el Tribunal. Asegura que revisado el expediente ningún cuaderno cuenta «con más de 344 hojas en el pdf», por lo que no se puede corroborar la existencia de la relación laboral como se afirma desde el año 2008 en el folio 407, lo que en consecuencia impide acreditar que el colegiado con su decisión haya incurrido en un yerro protuberante y al contrario, permite evidenciar que se realizó «un auténtico análisis probatorio del cual concluyó con total apego al artículo

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Radicación n.° 95160 61 del CPTSS3 que entre la sociedad que represento y la demandante no existió una […] con anterioridad al 1° de febrero del año 2016». Asimismo, indica que de los que reposan a folios 294 a 323 no se desprende el evocado vinculo, toda vez que dichos documentos son los reportes de autoevaluación descargados entre los años 2018 y 2019 de la plataforma del Ministerio de

Educación, «que tal como se acreditó durante el proceso, admitía modificaciones […]»; los cuales fueron desvirtuados en su contenido, a partir de «los testimonios, actas de juntas de socios, correos electrónicos y las demás pruebas allegadas y obrantes en el expediente, de acuerdo con lo reconocido por la Juez de Primera Instancia». Con relación a la demanda, la contestación de esta y el interrogatorio de parte de Imelda Vergara, manifiesta que, para que estas pruebas puedan ser hábiles en casación deben contener una confesión judicial tal como se señala en las decisiones CSJ SL2423-2020, CSJ SL2175-2020, CSJ SL10880-2017, lo cual no se presenta en el asunto, y que en relación al auto de fijación del litigio en el que se declaró a dicha demandada como silente respecto del libelo genitor, tampoco se concluye la demostración de la existencia de la relación laboral para las respectivas fechas entre las partes y al contrario, de la liquidación de prestaciones sociales anexa a las diligencias, como de la carta de terminación junto al contrato mismo, se tiene es que dicho vínculo sucedió del 2016 al 2018 como alude el Tribunal.

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Radicación n.° 95160 Aunado a ello, denuncia que la acusación resulta incompleta, dado que no derruye los demás pilares de la sentencia, comoquiera que, para soportar la decisión se tuvieron en cuenta los testimonios de Karan Magali Torres, Pedro Vergara Gómez, Nohora del Carmen Vergara Gómez, Natalie Mora Ordúz y Julián Adolfo Mesa Vergara, las cuales

ni siquiera fueron atacadas en el recurso como lo precisa la Corte en decisión CSJ SL2853-2019. Finalmente, expresa que la sustentación del cargo resulta deficiente, habida cuenta de que se desconoce la libertad de valoración probatoria de que trata el artículo 61 del CPTSS y que, «la discrepancia del litigante cuyas pretensiones o excepciones son desestimadas por la justicia en sede ordinaria, no supone un error que funde un cargo en casación». Por su parte, Imelda Vergara Gómez coadyuva la oposición y puntualiza que la acción extraordinaria debe desestimarse, «no solo porque el raciocinio del Tribunal […] fue totalmente adecuado al ordenamiento jurídico colombiano, sino en atención a que el recurso presentado constituye realmente un alegato de instancia», en el cual se insiste en las discusiones ya efectuadas y no se derruyen los pilares de la decisión adoptada.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal en lo que interesa al recurso, fundamenta su decisión en que, de las declaraciones rendidas por Karan

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Radicación n.° 95160 Magali Torres, Pedro y Nohora del Carmen Vergara Gómez, Natalie Mora Ordúz y Julián Adolfo Mesa Vergara, y, de los interrogatorios de Imelda y Ana Beatriz Vergara Gómez se desprende que la casacionista prestó sus servicios educativos en el marco de la formación de empresa familiar más no de un contrato de trabajo bajo subordinación «sino como el aporte a la formación de una empresa que consideraba de todos, como lo afirmaron los declarantes, hermanos de la

demandante». Lo anterior teniendo en cuenta, inclusive, que no se cumplió con la carga mínima necesaria para dar como probada la presunción legal de que trata el artículo 24 del CST., pues la prestación del servicio no quedó acreditada en cuanto a su naturaleza, extremos temporales, duración ni horario diario. Por su parte, la inconformidad de la recurrente radica en que «1.- la vinculación de la demandante con las demandadas siempre fue la propia de un contrato de trabajo; 2) que la demandante solamente fue admitida como socia del proyecto económico de educación no presencial, a partir del 30 de marzo de 2011», y que, las funciones que se plasmaron en el suscrito para el año 2016, eran las mismas que venía desempeñando desde febrero de 2008, por lo que el extremo inicial de su vinculación data es de esta última y merece el reconocimiento de las acreencias pedidas en el proceso ante la finalización sin justa causa comprobada de este.

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Radicación n.° 95160 En sustento de ello denuncia que se apreciaron por el colegiado de forma errada la del escrito por medio del cual se subsanó la demanda, su contestación, la liquidación de salarios y la carta de despido respecto del contrato del año 2016, el nombramiento de rectora que se le realizó para el año 2008 y «las órdenes de labor expedidas por Imelda Vergara a la demandante obrantes en los folios 2478, 249, 251, 253, 320 del cuaderno 1», así como que no fueron valoradas: el acta de reforma estatutaria del 31 de marzo de

2011, el evocado contrato, las confesiones de ellas respecto de sus funciones y el auto de fijación del litigio en que se tuvo por no contestada la demanda respecto de la persona natural demandada. De otro lado, los opositores coinciden en señalar que la demanda es un alegato de instancia en el cual no se derruyen los soportes de la decisión ni se demuestran los errores protuberantes en que incurrió el sentenciador; que no coinciden inclusive los documentos a los que se alude con las foliaturas mencionadas y que, tampoco de lo plasmado en aquellos puede determinarse la existencia del contrato de trabajo pretendido al ser los servicios prestados, tanto por la deman