CSJ - SL2692-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2692-2023 Radicación n.° 94326 Acta 41 Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ MARINA PALACIOS ALONSO, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor ÁNGELA MARÍA PALACIOS ALONSO, así como MARGARITA, MARTÍN y JOSÉ VICENTE PALACIOS ALONSO y JUAN PABLO PALACIOS RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra la sociedad

MELODY FLOWERS SAS.

I. ANTECEDENTES Los citados accionantes convocaron a juicio a la empresa Melody Flowers SAS, a fin de que se le declare

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Radicación n.°94326 laboralmente responsable de la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales, daños morales y a la vida de relación ocasionados a Luz Marina Palacios Alonso, como consecuencia de las enfermedades profesionales contraídas, por la exposición a factores de riesgo, plaguicidas y pesticidas, inherentes a la actividad laboral que desarrolló para la demandada desde el 18 de junio de 2004 hasta el 11 de febrero de 2015. Pidieron también que se estableciera que dicha sociedad era responsable de la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales, morales y daño a la vida

en relación, frente a la hija menor de la trabajadora, Ángela María Palacios Alonso y respecto de sus hermanos Margarita, Martín y José Vicente Palacios Alonso y Juan Pablo Palacios Rodríguez, por las patologías contraídas por la subordinada en el desarrollo de la referida relación de trabajo. En consecuencia, solicitaron que se condenara a la accionada a pagar en favor de Luz Marina Palacios Alonso la indemnización por perjuicios materiales en cuantía de $206.291.482; perjuicios morales y daño a la vida de relación por un valor de $451.045.000; para Ángela María Palacios Alonso la indemnización por perjuicios morales y daño a la vida de relación equivalente a $322.175.000; y frente a Margarita, Martín y José Vicente Palacios Alonso y Juan Pablo Palacios Rodríguez, la indemnización por perjuicios morales en cuantía de $322.175.000 a cada uno de ellos; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso.

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Radicación n.°94326 En respaldo de sus pretensiones, narraron que la empresa demandada celebró contrato de trabajo a término indefinido con Luz Marina Palacios Alonso, cuyos extremos temporales se extendieron del 18 de junio de 2004 al 11 de febrero del 2015, para desempeñarse como «operaria para el cultivo de flores» en la sede «Finca Melody Flowers de propiedad de la Sociedad, ubicada en la vereda La Porquera del Municipio de El Rosal (Cund.)». Explicaron que la mencionada trabajadora laboró de

forma personal, directa e ininterrumpida; que tenía una jornada ordinaria de 8 horas y la «extraordinaria de acuerdo con la actividad principal de la empresa»; y que devengaba el salario mínimo legal vigente para cada año, el que para la data de retiro ascendía a $ 644.350 mensuales. Arguyeron que la operaria estuvo expuesta durante el nexo laboral, esto es, por un término superior a 10 años, a los plaguicidas y pesticidas que se aplicaban en forma líquida y en polvo en el cultivo de flores, los cuales se dispersaban sin los protocolos de higiene y seguridad debidos, generando un efecto negativo en su salud, pues le produjeron patologías que se manifestaron a partir del año 2010, haciéndose más notorias en marzo de 2014, ya que padecía de «episodios de migraña con aura, convulsiones no específicas, desmayos y síndromes de vértigos». Dijeron que, como consecuencia de lo anterior, «se generaron episodios de bajo rendimiento en las actividades a

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Radicación n.°94326 desempeñar como operaria», ingresos repetitivos a la atención de primeros auxilios y enfermería de la empresa, y ausentismo laboral, lo que conllevó la terminación unilateral y sin justa causa del contrato. Aseguraron que la empleada puso toda su capacidad de trabajo de manera exclusiva para la empleadora; que su desempeño y cumplimiento fue ajustado a sus funciones; y que no recibió llamados de atención. Señalaron que la empresa notificó la terminación del vínculo laboral el 11 de febrero de 2015; que «el despido fue

legal y se desarrolló dentro del marco normativo del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo»; sin embargo, no se evaluó el estado de debilidad manifiesta, debido a las condiciones de salud de la trabajadora y su especial protección como madre cabeza de familia; que tampoco se tuvo en cuenta lo establecido por el artículo 66 ibidem. Añadieron que la empleada fue citada para exámenes médicos de retiro el 18 de febrero del 2015, pero acudió de manera tardía por motivos de salud y la cita fue cancelada. Aseveraron que como consecuencia de los problemas de salud que ha venido padeciendo la operaria, y la imposibilidad que presenta para desarrollar actividades laborales cotidianas, los diferentes médicos y especialistas de «otología, neurología, siquiatría, toxicología, fisiatría, neuropsicología y ortopedia y traumatología», emitieron una serie de incapacidades desde marzo de 2014 a febrero de 2018, que sumaban un total de 646 días.

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Radicación n.°94326 Relataron que el 27 de diciembre de 2017 la Administradora de Pensiones Protección S.A. determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en un 58,89 %, por enfermedad de origen común, con fecha de estructuración 3 de mayo de 2017. Mencionaron que la terminación de la relación laboral y los padecimientos de salud de la actora le ocasionaron perjuicios materiales, correspondientes al daño emergente y lucro cesante, perjuicios morales y daño a la vida de relación. Indican que además ella ha presentado: […] pensamientos catastróficos, algunos de ellos con contenido

de muerte (ideación suicida): pérdida del apetito, disminución significativa de las horas de sueño; pérdida de interés por mantener vínculos con su red social y familiar y deseos de estar distante y/o aislada. Autopercepción negativa de su auto-estima, su auto-imagen, su auto-concepto y su auto eficacia. Indicaron que la hija de la trabajadora, Ángela María Palacios Alonso, y sus hermanos han sufrido «amargura, dolor, angustia, congoja, incertidumbre y zozobra» dada las enfermedades desarrolladas por aquella. Melody Flowers SAS al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo a término indefinido con Luz Marina Palacios Alonso durante los extremos temporales descritos; el cargo para el que fue contratada; que la trabajadora demandante realizó de forma eficiente su oficio; y la calificación de pérdida de capacidad laboral que realizó la Administradora de Pensiones

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Radicación n.°94326 Protección S.A. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como argumentos de defensa, expuso que en las tareas que desarrolló la operaria no manejaba ni tenía contacto con plaguicidas, por lo tanto, no hubo exposición al riesgo, por ende, no era posible que sus padecimientos se derivaran de la actividad laboral; que, además, el personal encargado de la aspersión de los plaguicidas tomaba precauciones tendientes a evitar que los trabajadores tuvieran relación con

el producto, implementando medidas de prevención como vestuario especial, aislamiento de la zona, entre otras. Puntualizó que la empresa cumplía a cabalidad con sus obligaciones contractuales, entre ellas, capacitar a los trabajadores para que ejecutaran sus funciones de manera segura; que también se les suministró los elementos de protección personal adecuados y se realizó la afiliación al Sistema de Seguridad Social. Resaltó que la demandante no allegó pruebas que permitieran relacionar sus funciones con los padecimientos sufridos; que en desarrollo del contrato no se evidenciaron síntomas de dichas dolencias, pues la calificación de pérdida de capacidad laboral determinó que se trataba de una enfermedad de origen común, la cual dio lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez; que los hechos expuestos se presentaron con posterioridad a la finalización del vínculo laboral; y que las incapacidades que reposaban en el expediente no tenían relación con las funciones

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Radicación n.°94326 desempeñadas en la empresa. Formuló las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones reclamadas; pago; compensación (sistema de seguridad social); buena fe; factores extraños (hecho de un tercero) y culpa de la víctima; prescripción; cobro de lo no debido; actuación exenta de culpa; inexistencia de daño resarcible; falta de prueba de los perjuicios reclamados; mala fe de la parte actora; inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la empresa; inexistencia del daño moral; cumplimiento de las normas de seguridad industrial por parte de Melody Flowers SAS; y la

genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, profirió fallo calendado 29 de octubre del 2020, en el que resolvió: -PRIMERO: ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra a la demandada MELODY FLOWERS SAS, respecto de las pretensiones que incoaron los demandantes LUZ

MARINA PALACIOS ALONSO, ÁNGELA MARÍA PALACIOS

ALONSO, MARGARITA PALACIOS ALONSO, JUAN PABLO

PALACIOS RODRÍGUEZ (sic), MARTIN PALACIOS ALONSO y

JOSÉ VICENTE PALACIOS ALONSO.

-SEGUNDO: SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS y por el resultado de la Litis se abstiene el Despacho de pronunciamiento sobre los demás medios exceptivos. -TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS DE LA INSTANCIA A LA PARTE ACTORA, practíquese la Liquidación por Secretaría incluyendo el monto de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000,oo) como valor de las Agencias en Derecho a CARGO

DE CADA UNO DE LOS DEMANDANTES.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante sentencia proferida el 30 de agosto del 2021, confirmó el fallo de

primera instancia y condenó en costas a la parte actora. En virtud del principio de consonancia, indicó que el problema jurídico se limitaba a determinar si existió culpa del empleador por falta de cuidado y diligencia en la enfermedad padecida por la demandante. Para resolver, precisó que no era materia de discusión lo relativo a la existencia del contrato de trabajo entre Luz Marina Palacios Alonso y la sociedad Melody Flowers SAS, en el cargo de operaria de cultivo, desde el 18 de junio de 2004 hasta el 11 de febrero del 2015. Anotó que para condenar al pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios era necesario que la trabajadora acreditara la culpa del empleador en el accidente de trabajo o enfermedad laboral, pues se trataba de una responsabilidad subjetiva y no objetiva. Luego de transcribir el artículo 216 del CST, indicó que en este asunto la culpa se concretaba en evaluar la actitud del empleador de cara a la prevención del riesgo para evitar enfermedades como las padecidas por la actora; que,

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Radicación n.°94326 además, para que surgiera la obligación de indemnizar perjuicios derivados del accidente o enfermedad profesional, era preciso que se acreditara que existía culpa suficientemente comprobada de la demandada, la cual se deducía de los hechos que mostraban que «el empleador faltó a aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios». Por su parte, a dicha empresa le correspondía probar que estaba exenta de responsabilidad, en cuanto obró con diligencia y cuidado.

Especificó que, para que fuera viable la culpa patronal alegada, el hecho generador de la responsabilidad debía ser producto del desarrollo de la relación laboral, proveniente exclusivamente de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, hecho que en el sub lite no quedó demostrado, por el contrario, las patologías fueron calificadas por Protección Pensiones y Cesantías S.A. como de naturaleza común, siendo el único dictamen aportado al expediente, el cual expresa: «Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente y "Otros vértigos periféricos" como de origen común (fls. 17-21) con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 58,89% y fecha de estructuración el 23 de mayo de 2017». Explicó que, como operador judicial, al carecer de conocimientos médicos y científicos, debía apoyarse en pruebas especializadas que le permitieran dirimir la controversia; que en tal sentido la ley contemplaba la pericial que, aunque no era la única válida para determinar el origen de una patología, resultaba importante al momento de tomar una determinación. Puntualizó que tal elemento de

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Radicación n.°94326 persuasión podía ser complementado o refutado por otros medios probatorios; que, no obstante, no se había practicado otro dictamen para controvertir el aportado al proceso, por tanto, manifestó que analizaría las demás pruebas documentales, declaraciones de parte y testimoniales recaudadas en el plenario. Así, la colegiatura aludió a los interrogatorios de parte

absueltos por Nidia Marlene Frías León, representante legal de la demandada y el de la accionante, así como a las declaraciones vertidas por los testigos José Vicente, Juan Pablo y Martín Palacios Alonso, hermanos de la convocante al juicio; Viviana Acuña Pardo, cuñada; Luisa Fernanda Hurtado, directora de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Gestiones y Representaciones Chía SAS, quien asesora una red de empresas floricultoras, entre ellas, desde el año 2001, a la demandada; Cristian Alonso Ramírez, médico de la empresa Chía SAS desde el 2012, que presta los servicios a Melody Flowers SAS en casos de enfermedad laboral, accidentes de trabajo y análisis de todo el sistema de vigilancia epidemiológica; Ricardo Rodríguez Navarrete, trabajador de la demandada y María Elisa Medrano Ballesteros, directora de gestión humana de la accionada. Seguidamente, el juez de segundo grado puso de presente que la demandante afirmaba que la patología neurotoxicidad retardada que le fue diagnosticada por la especialidad de toxicología y que afectó otros de sus sistemas fue consecuencia de la exposición a plaguicidas y agentes químicos durante el tiempo que trabajó para la demandada.

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Radicación n.°94326 Dijo que no se discutía que la actora fue contratada como operaria de cultivo de la sociedad accionada, teniendo que cumplir labores de: «corte, hacer ramos, podar, desyerbar, canastar, sembrar o empiolar y cuando se acababan las labores era enviada al área de rosas y debía desbotonar y

sacar maleza». En ese orden, especificó que lo primero que se advertía era que dentro de la matriz de riesgos aportada no se observaba que el cargo desarrollado por la accionante tuviera riesgo químico (f.°430 a 433), lo que concordaba con las demás pruebas que daban cuenta que la trabajadora no tenía a su cargo labores de fumigación o manejo de agentes químicos. Expresó que a pesar de que la demandante aseguraba que estaba expuesta directamente a esos agentes químicos cuando realizaban la fumigación del cultivo al cual estaba asignada, lo cierto era que las declaraciones recibidas desvirtuaban esa situación. Explicó el sentenciador de alzada que el declarante Ricardo Rodríguez Navarrete quien era asperjador en ese cultivo, fue claro al indicar que la demandada implementó las medidas necesarias para el control y minimización del riesgo químico; que además los testigos de la demandante fueron coincidentes al señalar que el bloque en fumigación era sellado por un día, término que excedía el recomendado por el laboratorio productor, aunado a que no se permitía la entrada de ninguna persona y en el sitio de ingreso se dejaba la señalización con la información de la sustancia utilizada, grado de toxicidad, fecha de aplicación y de reingreso.

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Radicación n.°94326 Enfatizó que, aunque el testimonio de Viviana Acuña, cuñada de la demandante, contradecía lo anterior, lo cierto era que ella trabajó para la demandada tan solo unos meses, y no dio cuenta de situaciones particulares en las cuales se

expusiera a la actora a agentes químicos en los términos aseverados en el escrito inicial, como quiera que la afirmación que tenía contacto directo con el químico al meter la mano en la planta, no se corrobora con ninguna otra prueba, máxime que la actora decía que el contacto con el plaguicida era a través del aire. Refirió que de la historia clínica se desprendía que la demandante era atendida por varios especialistas de consulta externa, toxicología, otología, neurología y medicina laboral por las patologías referentes a «vértigo, tinitus, cefalea, sincope, HTA, túnel del carpo bilateral» (f.° 22 a 82), sin embargo, no resultó clara «la razón por la cual las especialidades consulta externa, otología, neurología y medicina laboral califican los diagnósticos dados a la demandante como de origen común, y solo la especialidad de toxicología lo calificó como de origen profesional», aunque en otras oportunidades esa misma indicó que era de origen común; que no obstante «las consultas con esta especialidad (toxicología) y la observación de origen profesional tienen data muy posterior a la finalización de la relación laboral». Esgrimió que no se había allegado al plenario el trámite realizado a fin de determinar que la patología «intoxicación retardada por plaguicidas tenía origen profesional como lo

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Radicación n.°94326 plasmó la especialidad de toxicología»; tales como «la valoración del puesto de trabajo, valoración y calificación a la demandante, determinación de PCL, así como su origen, fecha de estructuración y porcentaje». También el ad quem echó de

menos en la historia clínica aportada, «los razonamientos, exámenes, valoraciones u otros, que hubiesen servido de sustento al galeno para establecer el origen de las enfermedades, pues ni siquiera se tienen los análisis que arrojan la existencia y el nivel de toxicidad». Señaló que se debía anotar que en el manual del Instituto Nacional de Salud, en el cual se explicaba el protocolo para el manejo de plaguicidas, se contemplaba la neurotoxicidad retardada que la actora decía padecer a causa de su vínculo contractual con la accionada, y que según se afirmó en la apelación, presentaba síntomas de una intoxicación aguda, tales como migraña con aura, vértigos periféricos, náuseas y trastornos; pero que en el plenario no existía medio probatorio alguno que diera certeza de que en efecto los síntomas y padecimientos que la aquejaban fueran con ocasión a la exposición a plaguicidas. Aseveró que no se podía perder de vista que la promotora al proceso trabajó cerca de 25 años en el sector floricultor, y como se trataba de una neurotoxicidad retardada, correspondía establecer la exposición que tuvo la operaria a agentes químicos en cada uno de sus empleos durante toda su vida laboral, lo que no ocurrió. En lo atinente al sistema de vigilancia y riesgo

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Radicación n.°94326 epidemiológico, el ad quem señaló que al plenario se aportó el documento denominado estándar del sistema de vigilancia epidemiológico para el manejo seguro de plaguicidas (f.° 308318), donde se leía que fue elaborado en enero de 1999 y que la fecha de actualización era enero de 2018; que en su parte introductoria también constaba la anotación de «actualización No. 3», lo que desvirtuaba lo dicho por el apelante respecto a que «la demandada no tenía nada en la parte epidemiológica, pues esta existía desde antes que ingresara la actora a prestar sus servicios en el cultivo y ha sido objeto de actualización en tres oportunidades». Resaltó que al examinar completamente su numeral cuarto que refería a la población de riesgo, la inseguridad alta era para los operarios encargados de aspersión, y la media correspondía a aquellos trabajadores que ingresaran a las áreas tratadas antes de cumplirse el tiempo previsto para el reingreso, sin que el cargo de la demandante o sus funciones se encontraran allí inmersas. Así, determinó que, si bien los padecimientos de salud de la actora eran innegables; de la revisión de la historia clínica y de los dichos del médico Cristian Alonso Ramírez se advertía que tenía enfermedades de base, como la HTA, que fue reportada en sus exámenes periódicos; que, igualmente, el galeno había ilustrado sobre las consecuencias de la patología labio leporino por la cual fue intervenida quirúrgicamente, así como los posibles efectos del uso del medicamento «amitriptillna» que le había sido formulado, lo que podían ocasionarle «los síntomas aducidos por la

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Radicación n.°94326 demandante y que quedaron consignados en la historia clínica».

Precisó que la única calificación allegada al proceso fue la elaborada por Suramericana a petición de Protección Pensiones y Cesantías S.A., en la que se dijo que las patologías «"Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente" y "Otros vértigos periféricos"» eran de origen común, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 58,89% y fecha de estructuración el 23 de mayo de 2017 (f.° 17 a 21), diagnóstico en virtud del cual se encontraba recibiendo la pensión de invalidez. Afirmó que la demandada dio cabal cumplimiento a su deber de demostrar su buen proceder al prever cada uno de los riesgos laborales y darles el tratamiento adecuado, como se desprendía de los abundantes medios probatorios allegados al proceso, tanto documentales como testimoniales, las que fueron coherentes, consistentes y concordantes, quedando ampliamente acreditado que se trataba de una empresa con previsiones en todas las áreas y en continuo mejoramiento; que además contaba con sellos de calidad propios del sector, denominados Flor Verde e Inforest, que la obligaban a llevar un control continuo y permanente, en particular en el manejo de fungicidas y plaguicidas. Arguyó que el empresario adoptó las medidas de seguridad forzosas para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, según lo dispuesto en el artículo 348 del

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Radicación n.°94326 CST, lo advertido en el artículo 2 de la Resolución 2400 de 1979, que regulan la salud ocupacional y seguridad en los

establecimientos de trabajo y «señalan como obligación del empleador proveer y mantener el medioambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad»; así como lo previsto en el artículo 84 de la Ley 9 de 1979, que le imponía a la sociedad proporcionar y conservar un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad e implementar métodos de labor con el mínimo riesgo para la salud. Dijo que la demandada también cumplió lo establecido en el Decreto 12562 de 2012 y las Resoluciones 2413 y 1348 de 1979 y 2009, respectivamente, normativas encaminadas a la prevención y protección del trabajadores y la minimización y manejo de los riesgos laborales; con lo cual satisfizo ampliamente las exigencias de realizar y elaborar los programas del SGSST, por lo cual era dable colegir que actuó con la diligencia debida con relación a los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores, en particular, el químico, pues contaba con un grupo especializado (MIPE), que junto a las directivas y asesores en salud ocupacional de la empresa se encargaba de la implementación de las medidas preventivas dentro de ese proceso de fumigación. Concluyó que de las pruebas recaudadas no se encontraba nexo causal frente a los padecimientos de la actora, pues, como lo indicó el juez de primera instancia, la empresa accionada actuó con diligencia y el cuidado que emplearía un buen padre de familia, ya que brindó medidas

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Radicación n.°94326 protección a sus trabajadores, lo que llevaba a concluir que

no existía culpa del empleador en las enfermedades padecidas por Luz Marina Palacios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se formula de la siguiente manera: En mi condición de apoderada judicial de los demandantes

señores LUZ MARINA PALACIOS ALONSO, ANGELA MARIA

PALACIOS ALONSO, MARGARITA PALACIOS ALONSO, JUAN PABLO PALACIOS RODRIGUEZ, MARTIN PALACIOS ALONSO, y JOSE VICENTE PALACIOS ALONSO, pretendo […] que Sala de Casación […]CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia y una vez constituida en sede de instancia, se sirva revocar totalmente la sentencia […] proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y en consecuencia la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, para que en su lugar declare a la sociedad demandada MELODY FLOWERS SAS, responsable de la culpa patronal y por ende de

la INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS

MATERIALES, - DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE

CONSOLIDADO Y FUTURO, MORALES y DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN ocasionados a LUZ MARINA PALACIOS ALONSO como consecuencia de la enfermedad profesional contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo mínimo – plaguicidas, pesticidasinherentes en el desarrollo de la actividad laboral e indirectos en el ejercicio de las funciones desempeñadas por la trabajadora, que se desencadenaron

durante el último año de existencia de la ejecución del contrato laboral, esto es desde el año 2014 hasta su finalización, 11 de febrero de 2015, que conllevaron a las secuelas futuras en la vida, específicamente en la salud de la demandante. Por consecuente se efectúen cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por los demandantes, todo lo anterior por existir culpa del patrono.

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Radicación n.°94326 Con tal propósito, proponen un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusan «la sentencia de primera y segunda instancia»: […] por ser la sentencia de segundo grado violatoria por vía directa en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes leyes sustanciales: - Articulo 9 y 10 del Decreto 2463 de 2001. - Artículo 1, 9, 14, 18,19, 21, 57 numerales 1 y 2, 216 y 348 del código sustantivo del trabajo. - Artículos 53 y 228 de la Constitución Política de Colombia. - Convenio internacional N° 159 de 1983 de la OIT.

En su decir, dicha transgresión normativa se presenta por haber incurrido el juez plural en los siguientes errores de hecho: 1.) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada MELODY FLOWERS S.A.S., conocía de las patologías diagnosticadas y padecidas por la demandante LUZ MARINA PALACIOS ALONSO, mucho antes del despido o terminación del contrato sin justa causa. 2.) No dar por demostrado, estándolo, que la empresa

demandada conocía de las enfermedades y su condición de debilidad manifiesta por salud de la ex trabajadora LUZ MARINA PALACIOS ALONSO, que trajeron como consecuencia los diagnósticos de Episodio depresivo grave, Hipertensión arterial, Vértigo periférico, Migraña, Hipoacusia nuerosensorial (sic) moderada bilateral y Antecedente de neurotoxicidad secundaria a exposición de plaguicidas como consecuencia de la exposición a riesgo mínimo no protegido. 3.) No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de las indemnizaciones solicitadas. 4.) No dar por demostrado, estándolo, que la demandante al

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Radicación n.°94326 momento del despido se encontraba con limitaciones físicas por ocasión de enfermedad de origen común y laboral. 5.) Dar por demostrado, no estándolo, que la empresa MEDOLY FLOWERS S.A.S., debió probar que aun con el cumplimiento de las políticas y protocolos de medidas de seguridad y protección para el trabajador, no lo exime la responsabilidad civil cuando no ha tomado todas las precauciones razonables y previsibles para evitar la realización del riesgo laboral mínimo por exposición a plaguicidas y por ende el desarrollo de intoxicaciones por parte de los trabajadores indirecto con la manipulación del riesgo químico. Señalan que tales yerros se presentaron por la apreciación indebida de las siguientes pruebas:

1. Obra en el expediente, “Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa Melody Flowers S.A.S.”, 36 folios útiles, el cual fue elaborado en el mes de abril

del año 2016 por la Directora de Gestión Humana MARIA LEISA MEDRANO BALLESTEROS y actualizado en el mes de abril de 2019 por la analista SST YENNIFER PACHON FRANCO, plan dirigido para todas las personas de laboran en esta empresa, implementado un año después de la fecha de retiro de la demandante, y en el cual no se hace ni se tiene como integrante del análisis de riesgo y vulnerabilidad el estudio de toxicidad por plaguicidas.

2. Obra en el expediente, “Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa Melody Flowers S.A.S.”, en 4 folios útiles, el cual fue aprobado en febrero de 2019, por la Gerente NIDIA MARLENY FARIAS LEON y revisado por la SST YENNIFER PACHON FRANCO, en abril de 2019, implementado tres años después de la fecha de retiro de la demandante.

3. Obra en el expediente, “Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa Melody Flowers S.A.S.”, en 2 folios útiles, el cual aprobado en junio de 2014, por la Gerente NIDIA MARLENY FARIAS LEON y revisado por la Analista SST YENNIFER PACHON FRANCO, en febrero de 2019, con registro de actualización de junio de 2014, cabe resaltar que fue aprobado y actualizado en el mismo año y mes, y en relación con las funciones de operaria de cultivo que realizaba la demandante para la época e