CSJ - SL2693-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2693-2023 Radicación n.° 94985 Acta 41 Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ALEXANDER AVELLA RUIZ contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA

SUDAMERICANA S.A.

I. ANTECEDENTES José Alexander Avella Ruiz llamó a juicio a las accionadas, a fin de que se declare que la «fecha de estructuración de la invalidez del demandante es el 30 de mayo de 2012», data en la que no pudo volver a laborar; y

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Radicación n.° 94985 que la AFP no ejerció las acciones de cobro coactivo respecto a los siguientes periodos «2010-11-12» y todo el año 2011. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a las convocadas al proceso a reconocer y cancelar a su favor la pensión de invalidez a partir de junio de 2012, los intereses moratorios, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, relató que nació el 12 de abril de 1978; que conforme a la historia clínica padece de

«hidrocefalia comunicante» y «trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado»; y que el 24 de mayo de 2017 le fue calificada su pérdida de capacidad laboral, estableciéndose que corresponde al 51,4%, con fecha de estructuración 29 de junio de 2007 y de origen común. Expresó que en el reporte de cotizaciones de la AFP accionada figuran 275,14 semanas; que en la historia laboral no se evidencia la cancelación de aportes de noviembre de 2010 a diciembre de 2011 con la Cooperativa «Azima»; y que en noviembre de 2017 le informó a Protección S.A. de la existencia de múltiples ciclos sin cotización, pese a que por esos meses se realizó los pagos en materia de salud. Transcribió algunas anotaciones de la historia clínica de psicología y neurocirugía; dijo que entre los años 2008 y 2011 los signos de la enfermedad estuvieron «estables»; que en uso de su capacidad residual laboró hasta junio de 2012, cuando sus problemas de salud se agravaron; que su último

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Radicación n.° 94985 empleador fue Perfiles S.A.S., desempeñándose como operario; y que el 31 de octubre de 2017 solicitó la pensión de invalidez, pero le fue negada y, en su lugar, se le otorgó la devolución de saldos. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. al dar respuesta al escrito demandatorio, se opuso a las súplicas incoadas. Respecto a los supuestos de

hecho aceptó la fecha de nacimiento del actor, las enfermedades que están registradas en la historia clínica, el contenido del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, lo informado por el afiliado respecto al reporte de cotizaciones, la solicitud de la pensión de invalidez y el otorgamiento de la devolución de saldos. De los restantes, expresó que no le constaban. En su defensa, esgrimió que el accionante no aportó 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez; que no está acreditado que las patologías que tiene sean congénitas, degenerativas o crónicas, a lo que se suma que la fecha de estructuración obedeció al momento en que se practicó una cirugía para la descomprensión cerebral que le ocasionó unas secuelas. Añadió que, en todo caso, de tomarse algunas de las tres opciones establecidas por la jurisprudencia para verificar las cotizaciones, como la fecha de calificación, la data de solicitud de reconocimiento pensional o la última cotización, tampoco cumple con la densidad de aportes, en tanto, en los dos primeros casos tiene cero (0) semanas y, en

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Radicación n.° 94985 el último evento, registró solo 37,15 entre junio de 2009 y ese mismo mes de 2012. Propuso las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, buena fe, compensación e improcedencia del pago de intereses moratorios. Por su parte, Seguros de Vida Suramericana S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En

cuanto a los hechos, aceptó que en la historia laboral están reportadas 275,14 semanas cotizadas, y lo relativo a la calificación de pérdida de capacidad, precisando que el dictamen se profirió el 5 de junio de 2017. Sobre los demás supuestos fácticos, dijo que no le constaban. En su defensa, manifestó que el actor no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, la cual no es dable modificar; y que se está reclamando la contabilización de los periodos de noviembre de 2010 a diciembre de 2011, cuando para esos meses no estaba afiliado a la AFP Protección S.A. por parte del empleador que alude la parte actora, de allí que esa entidad no podía iniciar un cobro coactivo contra esa patronal. Formuló las excepciones de inexistencia de causa petendi, no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para el reconocimiento de la pensión de invalidez, ejecutoria del dictamen de pérdida de capacidad laboral y

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Radicación n.° 94985 ocupacional, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, pago, compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 2 de agosto de 2021, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones; ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en el evento en que no fuera recurrida la decisión; y le impuso las costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante, con sentencia del 30 de septiembre de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Se abstuvo de imponer costas en la alzada. Adujo que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si al demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. A reglón seguido, expresó que no era objeto de controversia que al promotor del proceso le fue calificada la pérdida de su capacidad laboral y se determinó que corresponde al 51,4%, de origen común y con fecha de estructuración 26 de junio de 2007 (f.o 10); que las enfermedades que padecía eran «hidrocéfalo comunicanteSCLAJPT-10 V.00 5 Radicación n.° 94985 trastorno cognoscitivo secundario» (f.o 145 y 146); y que no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a esa última calenda. Dijo que le correspondía definir si era viable otorgar la prestación teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte Constitucional, tratándose de enfermedades degenerativas, evento en el cual el afiliado conservaba su fuerza laboral y realizaba cotizaciones con posterioridad a la estructuración de la invalidez. Resaltó que la jurisprudencia ha expuesto que en ese tipo de enfermedades no siempre coincidía la fecha de pérdida real y efectiva de la fuerza laboral con la fijada en el dictamen médico y destacó que dicha postura fue expuesta

en sentencia CSJ SL3275-2019, reiterada en decisiones CSJ SL3779-2019, CSJ SL4363-2019 y CSJ SL4567-2019, y transcribió un aparte de la última providencia, relativa a que en estos casos es posible contabilizar las semanas cotizadas hasta la data de calificación de la invalidez, la de solicitud del reconocimiento pensional o la calenda del último aporte. Luego, con apoyo en el pronunciamiento CSJ SL37842021, esgrimió que era dable analizar la prosperidad de la pretensión si se trataba de afecciones congénitas, degenerativas o progresivas; y adujo: […] la enfermedad que le produjo la pérdida de capacidad laboral al actor es la hidrocefalia comunicante - Trastorno Cognoscitivo Secundario, no obstante, revisado el haz probatorio especialmente el dictamen de pérdida de capacidad laboral, incluso la historia clínica que se adosó a folio 67, no se evidencia

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Radicación n.° 94985 que dicha patología corresponda a una de las denominadas enfermedades crónicas, degenerativas y/o progresivas. Al punto, que no se hizo mayor esfuerzo probatorio para determinar que el demandante sufre la patología que esté catalogada como tal, incluso, no se encuentra literatura médica en tal sentido que indique específicamente que el tipo de hidrocefalia aquí padecida, corresponda a esa categoría, máxime cuando si existen otros tipos de hidrocefalias que sí corresponden a la categoría de crónicas1.

Sobre este último aspecto, estima la Sala que era a la parte actora a quien le correspondía como su deber procesal y haciendo uso de los medios de prueba autorizados por ley establecer en primer lugar que, la enfermedad que el actor padece corresponde a las que la jurisprudencia ha señalado como crónicas, degenerativas y/o progresivas, para así, darle cabida al criterio jurisprudencial que solicita se le dé aplicación. 1https://neurorgs.net/docencia/sesiones-residentes/hidrocefaliacronica-del-adulto/ Bajo esas consideraciones, confirmó el fallo absolutorio del a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case totalmente la decisión de segundo grado y, en sede de instancia, «revoque» el fallo del juez plural «para en su lugar se declare y condene lo solicitado con la demanda» inaugural.

Con tal propósito formula dos cargos que son replicados por las accionadas, los cuales se resolverán en forma

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Radicación n.° 94985 conjunta, pues, aunque se dirigen por vías diferentes, se complementan entre sí y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Se propone en los siguientes términos: Acuso el fallo por la vía directa, por la infracción directa del artículo 167 del Código General del Proceso, violación medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.

En la demostración del ataque, indica que se vulneraron las normas denunciadas, toda vez que el juez plural consideró que no existía literatura médica que indicara que el tipo de hidrocefalia que sufre el actor es congénita, crónica o degenerativa. Alude al contenido del artículo 167 del CGP y afirma que el actor demostró su estado de invalidez y, respecto a la clase de padecimiento, esgrime que «corresponde a un tipo de enfermedad congénito, crónico y degenerativo es un hecho notorio», máxime que una «enfermedad crónica no lo es solo porque se diga expresamente que es crónica si no por las características propias de la enfermedad» y pasa a transcribir algunas definiciones efectuadas por la OMS y por la «literatura científica». Expresa que la «literatura médica también se ha referido a la hidrocefalia crónica del adulto como hidrocefalia normotensa o hidrocefalia comunicante, es decir que

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Radicación n.° 94985 estaríamos hablando de la misma hidrocefalia y es el nombre de la última la que se documenta y diagnóstica al señor

AVELLA».

Reproduce un aparte de un vínculo de internet que identificó como «http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421252006000400010&script=sci_arttext&tlng=pt» e indica que ese artículo de internet da cuenta que la hidrocefalia comunicante resulta ser la misma «normotensa o crónica del adulto», lo cual también se corrobora con la página: file:///Users/eymiandreacadenamunoz/Downloads/Dialnet

HidrocefaliaCronicaDelAdultoAPropositoDeUnCaso5157385% 20(1).pdf»; y agrega: Es notorio plenamente, porque se documenta ha o (sic) por la literatura científica que la hidrocefalia comunicante que le produjo al señor AVELLA un deterioro cognitivo que para el momento en que fue calificado había tenido un[a] evolución de 10 años es una enfermedad crónica incurable y que ha ido deteriorando su salud hasta el punto de no permitirle trabajar por la imposibilidad de retener información. Si la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá hubiese revisado un poco más la literatura médica acerca de la hidrocefalia comunicante, normotensa o crónica del adulto mayor otra habría sido su decisión o simplemente hubiese revisado la HC del señor AVELLA habría concluido que su enfermedad obedece a una enfermedad crónica de larga data que le ha producido un daño cognitivo que le impide trabajar.

VII. LA RÉPLICA Protección S.A. se opone a la prosperidad del cargo bajo dos aristas, la primera, en que el juez colegiado no infringió el artículo 167 del CGP, en la medida que corresponde a las partes acreditar los hechos aducidos, esto es, que en el caso

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Radicación n.° 94985 en particular la enfermedad que padece el actor es crónica, degenerativa o congénita, lo cual no se logró. Resalta que la existencia de alguna de esas condiciones respecto de la patología del accionante no es un hecho notorio, en tanto no se cumple con las exigencias para

ostentar tal condición, al punto que se requiere acudir a literatura especializada para poder definir si se enmarca en esas características. Añade que, en todo caso, la decisión tiene un soporte eminentemente fáctico, aspecto que solo se puede controvertirse por la vía de los hechos. Por su parte, Seguros de Vida Suramericana S.A. esgrime que el ataque debió dirigirse por el sendero indirecto, mas no por la senda jurídica escogida, además que la calificación de una enfermedad no es un hecho notorio.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por vulnerar la ley sustancial por la vía indirecta y por aplicación indebida «del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de

2003». Expone que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: -Dar por demostrado sin estarlo que el señor AVELLA perdió su capacidad laboral superior al 50% el 29 de junio de 2007.

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Radicación n.° 94985 -No dar por demostrado estándolo que el señor AVELLA contó con una capacidad laboral residual hasta junio de 2012, cuando ya definitivamente la enfermedad no le permitió laborar. -No dar por demostrado, estándolo que la HIDROCEFALIA COMUNICANTE también llamada NORMOTENSA o HIDROCEFALIA CRONICA DEL ADULTO es una enfermedad crónica que le produjo al señor AVELLA el trastorno mental orgánico, pérdida de habilidades cognitivas como la memoria y que le impidió volver a trabajar debido a la imposibilidad de

retener información. -No dar por demostrado estándolo por ser un hecho notorio que la literatura científica ha documentado la HIDROCEFALIA NO COMUNICANTE también llamada NORMOTENSA o HIDROCEFALIA CRONICA DEL ADULTO puede producir demencia, síndrome mental orgánico, pérdida de memoria, problemas en la marcha y hasta perdida en el manejo de esfínteres, entre otros. Aduce que dichas equivocaciones fueron producto de la «falta de valoración» de la historia clínica y el dictamen proferido por Suramericana. Arguye que de la citada historia clínica se desprende la evolución de salud del actor; que en el 2007 le fue diagnosticada la hidrocefalia y ese mismo año le colocaron una válvula de Hakim. Señala que de esa probanza también se colige que comenzó a padecer un trastorno de conducta y en el 2008 una disfunción de la derivación del ventrículo peritoneal, y que «10 años después» continúa con cefaleas, alteraciones de comportamiento y pérdida de la memoria, siendo una enfermedad de progresión lenta, que genera un cambio de conducta y un daño cognitivo.

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Radicación n.° 94985 Transcribe apartes de ese medio de convicción relativo a unas anotaciones efectuadas en los meses de junio, julio, septiembre y octubre de 2007; abril, septiembre y octubre de 2008; y enero, febrero, marzo y junio de 2017; e indica que de tales datos se advierte la «cronicidad de su enfermedad» y cita un pasaje de la sentencia CSJ SL2262-2022 respecto a

que la historia clínica es prueba calificada en casación. Por otra parte, manifiesta que en el dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por Suramericana se hizo un resumen de la enfermedad, y afirma que de esos dos medios de convicción se desprende que la «HIDROCEFALIA COMUNICANTE es la misma HIDROCEFALIA NORMOTENSA O HIDROCEFALIA CRONICA DEL ADULTO que es una enfermedad CRÓNICA», la cual le ha generado una pérdida de memoria. Arguye que conforme a la decisión CSJ SL2332-2021 es posible contabilizar hasta la última semana aportada, pues corresponde al momento en el cual el afiliado pudo cotizar, que para el asunto corresponde a junio de 2012, cuando, según lo informado por los testigos, el demandante no pudo volver a trabajar. Finalmente, dice que para establecer el número de semanas cotizadas se deben tener en cuenta los ciclos correspondientes a noviembre de 2010 a diciembre de 2011 con la Cooperativa «Azima», pese a que no figuran en la historia laboral.

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Radicación n.° 94985

IX. LA RÉPLICA Protección S.A. esgrime que la historia clínica que se denuncia realmente es un dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual no es prueba apta en casación. Expone que, en todo caso, y luego de aludir a los pronunciamientos CSJ SL2082-2022 y CSJ SL4248-2022, de ese medio de convicción no se desprende que el demandante padezca de una enfermedad crónica o degenerativa, lo cual tampoco se colige

del dictamen proferido por Suramericana, en el que ni siquiera se indicó que la «hidrocefalia comunicante» sea la misma «hidrocefalia normotensa» o «hidrocefalia crónica», de allí que no es viable arribar a esa inferencia. Por su parte, Seguros de Vida Suramericana S.A. expresa que el actor no padece una enfermedad de carácter crónico, congénito o degenerativo; agrega que tampoco es posible contabilizar las semanas reclamadas por el censor, en la medida que no es dable efectuar un cobro coactivo cuando no existe afiliación, y cita la decisión CSJ SL11162022.

X. CONSIDERACIONES Debe recordarse que el Tribunal señaló que, por regla general, la densidad de 50 semanas que exige la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez debe verificarse en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de ese estado; no obstante, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia,

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Radicación n.° 94985 estimó que en algunos casos la pérdida real y efectiva de la fuerza laboral ocurre con posterioridad a la data fijada en el dictamen, de modo que es posible considerar otros momentos a efectos de verificar el cumplimiento de la densidad de semanas. En dicho sentido, resaltó que tal situación se podía presentar si el afiliado sufría una patología crónica, degenerativa y/o progresiva o congénita. Por lo anterior abordó el estudio del haz probatorio y coligió que si bien

estaba acreditado que el accionante tiene «hidrocefalia comunicante - Trastorno Cognoscitivo Secundario», lo cierto era que no acreditó que esa condición médica tuviera alguna de esas condiciones o características, carga probatoria que le correspondía al demandante, motivo por el cual confirmó el fallo absolutorio de primer grado. Por su parte, la censura radica su inconformidad en que a pesar de que su estado de invalidez se estructuró en el año 2007, pudo continuar realizando aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones conforme a una pérdida de capacidad residual que le permitió seguir laborando, toda vez que la patología que presenta es «crónica», de allí que en el sub lite debió determinarse que era posible realizar el conteo de las respectivas semanas desde el último aporte, que lo hizo en junio de 2012 y de esta manera se le reconociera la prestación solicitada. En dicho sentido, como soporte de su reproche en la esfera casacional, esgrime, desde la órbita de lo jurídico, que

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Radicación n.° 94985 es un hecho notorio que la «hidrocefalia comunicante» que padece el promotor del proceso es crónica, en tanto esa condición se «documenta con la literatura científica» y, desde el punto de vista fáctico, asevera que la historia clínica y el dictamen de PCL muestran que la «HIDROCEFALIA COMUNICANTE es la misma HIDROCEFALIA NORMOTENSA O HIDROCEFALIA CRONICA DEL ADULTO que es una enfermedad CRÓNICA». Así las cosas, el problema jurídico que la Sala debe

dilucidar se contrae en definir si se equivocó el sentenciador de alzada al concluir que el actor no demostró que la hidrocefalia comunicante que padece es una enfermedad crónica. A fin de dar solución a esa controversia y siguiendo la misma línea argumentativa del recurrente, la Corte analizará lo siguiente: i) desde lo jurídico, si se dan los presupuestos para estimar como un hecho notorio que la hidrocefalia comunicante es crónica; y ii) desde la óptica fáctica, si el juez de segundo grado erró al estimar que las pruebas incorporadas al plenario no ofrecían certeza acerca de que esa enfermedad corresponde también a la «hidrocefalia normotensa o hidrocefalia crónica del adulto» por ser la misma. Ahora bien, por cuestiones de método, se expondrán unos aspectos preliminares respecto al periodo a considerar para verificar el cumplimiento de las semanas exigidas para acceder a la pensión de invalidez, como también frente el

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Radicación n.° 94985 concepto o alcance que la Corte le ha impartido a una enfermedad crónica. Luego se descenderá al caso concreto y se analizarán las dos temáticas que debate el recurrente. Cabe anotar que, pese a que el segundo cargo fue dirigido por la senda indirecta, en casación no existe discusión respecto a que: i) al accionante el 5 de junio de 2017 le fue calificada la PCL en el 51,4%, de origen común y fecha de estructuración 26 de junio de 2007; ii) que el actor padece «hidrocéfalia comunicante y trastorno cognoscitivo

secundario»; y iii) que no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de su PCL. Aspectos preliminares Periodo que se debe tener en cuenta para constatar el cumplimiento de las semanas exigidas para acceder a la pensión de invalidez. A fin de reconocer una pensión de invalidez en el Sistema General de Pensiones, resulta de cardinal importancia no solo que el afiliado haya sido dictaminado con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, sino también que se encuentre definida la fecha de estructuración del estado de invalidez, pues esta, en principio, establecerá la norma aplicable al caso y fijará el parámetro para contabilizar las semanas requeridas por la ley. Al efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que, por regla general, la disposición llamada a

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Radicación n.° 94985 regular esta prestación es la vigente para el momento de la estructuración del estado de invalidez. En decisión CSJ SL3437-2019, se precisó: Para dilucidar lo anterior, basta rememorar lo sostenido por esta Corte en el sentido de que la norma llamada a definir la pensión de invalidez es, por regla general, la que se encuentra vigente en el momento en el que se estructura el estado de invalidez. En este caso, al originarse dicho suceso el 18 de noviembre de 2011, como bien lo dedujo el juzgador de segundo grado, el precepto aplicable era el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual exige haber cotizado

50 semanas dentro de los últimos tres 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. No obstante, es un hecho indiscutido que el actor no cotizó semana alguna en ese lapso, de lo que se deduce que no tiene derecho a la pensión deprecada, bajo esa preceptiva, como tampoco a la aplicación de su parágrafo 2.°. (Subraya la Sala). Pese a lo anterior, existen situaciones excepcionales en las que la verificación de las semanas no se define atendiendo la regla general de la fecha de estructuración fijada en el dictamen de calificación, sino que se tienen en cuenta otros parámetros o periodos, como ocurre cuando la invalidez se genera por enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, o se trata de una enfermedad o accidente que por efectos de su progresión o los diferentes estadios de la misma generan secuelas; pues en estos eventos, pese a que la persona tiene una PCL igual o superior al 50%, no pierde de manera definitiva su capacidad física laboral en aquella data, sino que sigue trabajando, de allí que esos ciclos cotizados con posterioridad tienen incidencia en la definición del derecho prestacional.

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Radicación n.° 94985 Lo anterior es lo que se denomina capacidad laboral residual, la cual, según la Sala, «consiste en la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y, en tal medida, esa situación no puede ser desconocida»

(CSJ SL3275-2019).

En este punto, cabe recordar que esta corporación ha

determinado que cuando se trata de enfermedades congénitas, crónicas, progresivas o degenerativas, o cuando se presentan secuelas que produzcan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, el momento desde cuando debe contabilizarse la densidad de aportes o semanas válidas que den lugar a alcanzar el derecho a la prestación de invalidez se puede modificar, según las peculiaridades de cada caso, en el sentido de tomar para estos efectos: i) la fecha de emisión del dictamen mediante el cual se califica el estado de invalidez; ii) la data de la última cotización efectuada al sistema; o iii) la calenda de solicitud del reconocimiento pensional. Sobre esta temática, la Corte en decisión CSJ SL41782020, adoctrinó: En sentencia CSJ SL409-2020, se recalcó que es «criterio reiterado de esta Corporación que, en principio, el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la invalidez». Lo dicho encuentra soporte, entre otras, en las providencias CSJ SL2204-2019 y CSJ SL938-2019. 5º) Una excepción en tratándose de enfermedades

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Radicación n.° 94985 congénitas, crónicas o degenerativas Ha precisado la Sala que la regla expuesta en precedencia admite excepciones, como cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, en donde la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones

económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia. La Corte, a partir de la sentencia CSJ SL3275-2019, varió su línea de pensamiento en lo relativo a cuál es el momento desde cuándo debe contabilizarse la densidad de aportes o semanas válidas que den lugar a alcanzar el derecho a la prestación originada en una de estas particulares contingencias, diferente a la data de estructuración de la invalidez dictaminada. En la anterior dirección, la Sala, en reciente decisión SL10022020, explicó: Es así como en dicha providencia, reiterada en la CSJ SL45672019, se sostuvo que de acuerdo a las peculiaridades que en cada caso se evidenciaran, era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también «(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando», para lo cual se sostuvo como fundamentos, entre otros los siguientes: […] en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, se profirió la Ley 100 de 1993, que reglamentó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus fundamentos, organización y funcionamiento desde la perspectiva de una cobertura universal, es decir, comprende las obligaciones del Estado y de la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las contingencias derivadas de la vejez, la salud, la invalidez y la muerte, que pueden afectar la calidad de vida de

una persona acorde con el principio de la dignidad humana (artículo 152 de la Ley 100 de 1993). Precisamente, en amparo del riesgo de invalidez se dispuso la creación de una pensión a favor de la persona que ha perdido su capacidad laboral, como consecuencia de una enfermedad o un accidente, con miras a garantizar el derecho al mínimo vital, permitiendo el acceso a un ingreso vinculado con la preservación de una vida digna y de calidad. De esta manera, resulta obligación del Estado proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad; así mismo, resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a superar la

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Radicación n.° 94985 situación de desigualdad y de desprotección a la que se ven sometidas, pues es a partir del paradigma establecido por los diversos instrumentos internacionales, en torno al deber de los Estados de brindar un trato igualitario y digno a las personas en condición de discapacidad, que el legislador ha ido a la par de dichas prerrogativas, con la expedición de las Leyes 1046 y 1306 de 2009, y 1618 de 2013, con el fin de establecer un modelo de inclusión social para superar las barreras a las que dicha población está sometida. Es por todo lo anterior que en casos en los que las personas con discapacidad relacionada con afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, deben ser protegidas en aras de buscar que el sistema de seguridad social

cubra la contingencia de la invalidez, una vez su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, derechos que, se itera, sí están reconocidos a los demás individuos. Bajo este horizonte, conforme al criterio doctrinal actual de la Sala, debe precisarse, que si bien la regla general es que para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, además