CSJ - SL2698-2023

República ddee Colombia Code Suprema de Justicia Salads Casaelia Laboral Salad. Descomandin N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL2698-2023 Radicación n.° 97006 Acta 40 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LILIANA BARÓN ULLOA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 29 de octubre de 2021, en el proceso que instauró contra SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE

SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN

SUBSIDIADO S.A.

I. ANTECEDENTES Liliana Barón Ulloa llamó a juicio a la entidad promotora de salud referenciada, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 15 de enero de 2009 y el 31 de julio 2014.

Pidió se declarara que las denominadas «bonificaciones no salariales» y «beneficios adicionales» constituyen salario, pues ingresaban a su patrimonio y servían para su manutención.

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Radicación n.° 97006 En consecuencia, solicitó la reliquidación del auxilio de cesantía y sus intereses, las primas de servicios, las vacaciones, los aportes a seguridad social en pensiones y salud y las indemnizaciones, moratoria, por no consignación de cesantía y sus intereses, con costas a la demandada.

Narró que el 15 de enero de 2009, suscribió con Salud Total E.P.S. S.A. un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de «ejecutiva de cuenta», a cambio de un salario mensual de $924.000, un «incentivo o subsidio de transporte y/o alimentación (...) de $364.787» y un «auxilio extralegal)) por $200.000, que «no se tendrían en cuenta en la base de liquidación para prestaciones, indemnizaciones, vacaciones o cualquier erogación laboral a cargo de SALUD TOTAL», conforme lo dispuesto en la cláusula 4 del contrato de trabajo. Informó que el 2 de febrero siguiente, fue requerida para la firma de un otrosí, en donde la encartada la hizo renunciar «expresamente al beneficio del incremento salarial consagrado en el artículo décimo tercero del pacto colectivo de trabajo» y se comprometió a pagarle «un incremento vía beneficios, en un porcentaje equivalente al (...)( 5.53) de su remuneración». Expuso que a lo largo de la relación contractual, suscribió sendos otrosíes con la empleadora, a fin de percibir «sumas de dinero o incrementos no salariales» conforme al porcentaje definido, reflejados en los desprendibles de nómina como pagos habituales y permanentes. Agregó que como las bonificaciones y beneficios no fueron tenidos en

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6 Radicación n.° 97006 cuenta para calcular «primas, vacaciones, cesantía, intereses sobre la cesantía, aportes a pensión y salud», ni el pago de parafiscales como «SENA, ICBF y Caja de Compensación

Familiar», procede la reliquidación impetrada, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas (fls. 2 a 32). La convocada a juicio se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción y buena fe de la demandada. Admitió los extremos temporales del vínculo, el cargo desempeñado por la actora y lo inicialmente pactado como salario y subsidio de transporte. Explicó que las sumas entregadas a la actora por beneficios y bonificaciones no salariales, fueron «por mera liberalidad del empleador», en tanto «no tenían como objeto la retribución directa del servicio». Añadió que los pagos reconocidos no superaban el 40% de la remuneración total, de suerte que actuaba conforme las previsiones de la .Ley 1393 de 2010». Negó que constriñera a la trabajadora a suscribir los otrosíes que modificaron los pagos no salariales y aseguró que medió acuerdo entre las partes, libre de vicios del consentimiento. Aseveró que, a pesar de que los beneficios no salariales se pagaron mes a mes no eran retributivos del servicio, en la medida en que no dependían de la calidad o cantidad de trabajo ejecutado, pues «podrían ser

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Radicación n.° 97006 redistribuidos en créditos para vehículo, pagos de arriendos, costos educativos, pólizas de seguro, entre otros beneficios». Además, fue ella quien escogió que dichos valores fueran consignados en una cuenta de pensiones voluntarias a su

nombre (fls. 251 a 256).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 15 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Laboral

del Circuito de Bogotá D.C. absolvió a Salud Total E.P.S. S.A. Declaró probadas las excepciones y condenó a la demandante a pagar las costas del proceso (fls. 391 Cd).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de la accionante, el Tribunal confirmó la decisión del a quo, sin imposición de costas.

Anunció que se ocuparía de dilucidar, como problema jurídico, si los denominados «beneficios no salariales, aportes voluntarios a pensiones e incentivo de transporte», eran constitutivos de salario. En caso afirmativo, si procedía la reliquidación de las prestaciones sociales. Dejó por fuera de debate la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre Salud Total E.P.S. S.A. y Liliana Barón Ulloa entre el 15 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2014. Reprodujo los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y apartes de la sentencia CSJ SL 28 jul.2009,

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6 Radicación n.° 97006 rad. 35579. Consideró que de acuerdo con lo plasmado en la cláusula 4 del contrato de trabajo, las partes convinieron un salario mensual de $924.000, más el pago de un «incentivo o subsidio de transporte y/o alimentación por (...) $346.787 y un auxilio de transporte extralegal de $200.000», que no

constituían salario; por ello, no serían incluidos en la base para liquidar prestaciones, ni vacaciones, indemnizaciones o «cualquier otra erogación laboral». Expuso que durante el curso de la relación laboral, mediante varios otrosíes, los contendientes acordaron modificar la cláusula 5 del contrato de trabajo, a fin de convenir el pago mensual de incentivos, bonificaciones, subsidios de transporte extralegales y/o de alimentación y/o educación, «en las fechas de corte dispuestas por la Compañía», que tampoco tenían incidencia prestacional. Que la encartada se comprometió a presentar «anualmente un plan de condiciones para el pago de los auxilios o medios extralegales de transporte para ejecutivos de cuenta», que incluía un auxilio fijo para cubrir los gastos en que incurría el trabajador «de su casa al trabajo y un auxilio variable, que sería pagado, siempre y cuando la trabajadora cumpliera con las metas de crecimiento en el número de afiliaciones efectivas». Dedujo la existencia de otros anexos contractuales allegados por la encartada, en los que se convinieron beneficios no prestacionales, ni salariales, denominados «aportes voluntarios» y bonificación no salarial. Explicó que los primeros se depositaban en una cuenta de ahorro de la

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Radicación n.° 97006 actora en la AFP Protección S.A. y, los otros, eran pagados ocasionalmente a la trabajadora. Enseguida, discurrió: [...] es claro para la Sala, que las partes acordaron expresamente que ni las bonificaciones, ni los aportes voluntarios a pensión tendrían carácter salarial, circunstancia ésta totalmente válida,

conforme a lo establecido por el artículo 128 del CST y ser ley para las partes, de ahí que no resulte procedente que ahora la demandante pretenda que tales beneficios sean considerados parte del salario, desconociendo el acuerdo previo en el que convinieron que no lo sería. Sumado a ello, se debe resaltar que, no quedó demostrado en el proceso que el pago de la bonificación no salarial, o los aportes voluntarios a pensión, estuviera sujeto al rendimiento de la trabajadora, al cumplimiento de metas en la afiliación de usuarios o cualquier condición relativa a su cargo de ejecutiva de cuenta. Ahora, respecto al incentivo o medio extralegal variable de transporte, que según las políticas de pago fijadas por la demandada, se reconocía a los ejecutivos de cuenta, por número de afiliaciones efectivas al cierre del periodo, considera la Sala, que fue concebido como una retribución directa al servicio prestado, de ahí que, éste sí sea considerado factor salarial, conforme a lo establecido en el artículo 127 del CST, independientemente del pacto celebrado entre las partes, que le desconoció tal carácter. No obstante, no se accederá a la reliquidación pretendida por la actora incluyendo este concepto, pues, verificados los comprobantes de nómina allegados al plenario, no se encuentra demostrado el pago a favor de la demandante de dicho beneficio, sino del auxilio fijo de transporte, reconocido para su desplazamiento del lugar de residencia al trabajo, el cual no constituye salario, pues, como el auxilio legal, está destinado a subsidiar o reembolsar los gastos de transporte del trabajador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En un cargo que mereció réplica de la encartada, la recurrente pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

VI. CARGO ÚNICO Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida de los artículos 23, 43, 55, 65, 127, 128, 129, 192, 249, 253, 306, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1 de la Ley 52 de 1975, 151 del Código Procesal del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990, 15, 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, 30 de la Ley 1393 de 2010 y 53 y 83 de la Constitución Política. Asegura que lo anterior, se generó como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios -aporte no salarial y aporte voluntario empresa, contemplados en el plan de beneficios de SALUD TOTAL EPS SA no constituían una retribución directa del servicio de la demandante, por lo que no son constitutivos de salario, en esa medida que no hay lugar a la reliquidación de prestaciones sociales ni a la de aportes a la seguridad social.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios aporte

no salarial y aporte voluntario empresa contemplados en el plan de beneficios de SALUD TOTAL EPS SA ingresan al patrimonio del (sic) accionante como retribución directa del servicio que prestaba a la accionada, por lo que son constitutivos de salario y en esa medida hay lugar a la reliquidación de prestaciones sociales y a la de aportes a la seguridad social. 3.Dar por demostrado, sin estarlo que los pactos de exclusión salarial que implementó SALUD TOTAL EPS SA, son

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Radicación n.° 97006 completamente válidos y acordes con la ley, lo que denota la buena fe de la compañía.

4. No dar por demostrado, estándolo, que los pactos de exclusión salarial que implementó SALUD TOTAL EPS SA pretendieron encubrir elementos salariales, para con ello evitar el pago en debida forma de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social del actor, lo que denota la mala fe de la compañía.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que el denominado Plan Institucional de Pensiones voluntarias, le asiste pleno valor legal.

6. No dar por demostrado, estándolo, que los planes de Pensiones voluntarias constituyen una potestad del trabajador para invertir en su pensión, dinero voluntariamente devengado frente a su salario recibido, y no como inválidamente lo plantea la demandada que tales dineros aportados, constituyen un beneficio empresarial.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada el mismo día de la suscripción de su contrato de trabajo, modifica las sumas que presuntamente estaban destinadas al

transporte/alimentación, en una suma que puede manejar el trabajador para ser recibida como presuntos beneficios.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la multiplicidad de beneficios presuntamente ofrecidos por la demandada, estaban destinados no a amparar beneficios reales para el trabajador, sino que constituían una excusa para legalizar el valor total del ingreso.

9. No dar por demostrado, estándolo, que los presuntos beneficios de aportes pensionales reconocidos a la demandante, no cumplían la finalidad legal establecida, esto es, al fortalecimiento de su derecho pensional, pues se encontraban pactados por la demandada para ser consignados mensualmente ante el fondo PROTECCIÓN, diferente al escogido voluntariamente por el trabajador como su fondo de pensiones.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el denominado fondo Voluntario de pensiones, creado por la demandada unilateralmente con PROTECCIÓN, era manejado como una cuenta aleatoria de pagos periódicos, más no con la connotación legal de aportes voluntarios a pensiones.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la trabajadora demandante fue obligada a la vinculación de aportes pensionales a PROTECCIÓN, cuando su fondo voluntariamente escogido era

PORVENIR.

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8 Radicación n.° 97006

12. No dar por demostrado, estándolo, que en el esquema de beneficios implementados por la demandada, no guardaba objetividad alguna la destinación del beneficio, sino la legalización por cualquier medio de la suma acordada.

13. No dar por demostrado, estándolo, que los formatos de

autorización de beneficios, establecen únicamente la manera como el trabajador puede distribuir las sumas asignadas, más no deriva una real intención de la demandada de ofrecer beneficios a sus trabajadores.

14. No dar por demostrado, estándolo, que el presunto plan de beneficios, lejos de cumplir con la objetividad que plantea el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo de facilitar el desempeño de sus funciones, pretende cumplir necesidades personales y básicas del trabajador.

15. No dar por demostrado el ingreso patrimonial del demandante con el presunto beneficio, estando demostrado que el esquema estaba diseñado para que el trabajador retirara mensualmente estas sumas de la cuenta especial en

COLFONDOS (sic).

16. No dar por demostrado estándolo, que la demandada cuenta con una estructura jurídica amplia, que no le permite considerar establecer de manera ilegítima y sin su entera voluntad la construcción de planes de beneficios sin soporte legal.

17. Dar por sentado, sin su debido análisis por parte del H.

Tribunal Superior de Bogotá, la buena fe de la demandada, sin que se realizara su respectivo análisis jurídico.

18. Dar por demostrado que el valor recibido por la demandante bajo el concepto BONIFICACIÓN NO SALARIAL, era ocasional, cuando los desprendibles de nómina dan cuenta de la habitualidad en su pago.

19. No dar por demostrado, estándolo que el dinero habitual percibido por la trabajadora bajo el concepto de BONIFICACIÓN NO SALARIAL, se reconocía por la demandada de manera habitual superando incluso en algunos meses el valor del mismo salario.

20. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada en la

contestación de la demanda, no justifica la objetividad por la cual se reconoce este beneficio de BONIFICACIÓN NO SALARIAL de la demandante.

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21. No dar por demostrado que ante la ausencia de justificación legal la desalarización de la denominada BONIFICACIÓN NO SALARIAL, constituye un pago irregular otorgado al trabajador.

Como pruebas mal apreciadas relaciona: el contrato de trabajo y sus otrosíes (fls. 15 a 22, 59 a 59 y 72 a 102), la certificación laboral (fl. 21), el pacto colectivo 2002 (fls. 61 a 66), los desprendibles de nómina (fls. 70 a 113), la contestación a la demanda (fls18 a 23), el interrogatorio de parte del representante legal de la enjuiciada y los testimonios de Nubia Faidory Pinzón, Giovanna Caicedo y Henry Ladino. Asegura que el juez de apelaciones se equivocó al valorar las pruebas denunciadas, en la medida en que de ellas se desprendía, sin dificultad, que los beneficios pagados por el empleador de forma mensual y permanente bajo el concepto de «bonificación no salarial» tenían como propósito remunerar la prestación directa del servicio, de suerte que no se trataba de un incentivo pagado por mera liberalidad. Sostiene que es «reiterativo el comportamiento de la (...) EPS», quien ha intentado evadir sus obligaciones patronales a través de los pactos de exclusión salarial incluidos en los contratos de trabajo y sus anexos, con el propósito de

encubrir los «montos de los trabajadores para evitar el efecto que les atribuye en el pago de las prestaciones sociales y seguridad social, circunstancia que, en el tamaño de la compañía, le representa un valor económico bastante amplio». SCLAJPT-10 V.00 10 ci Radicación n.° 97006 Aduce que es evidente la precariedad de la valoración de los medios probatorios, dado que bastaba observar los documentos para advertir sin dificultad que, contrario a lo inferido por el juez de apelaciones, las sumas pagadas por la EPS como no salariales, desde el inicio de la relación laboral ingresaron al patrimonio de la trabajadora, pues contaban con las siguientes características: •( ...) eran sumas habitualmente reconocidas dentro de su contrato de trabajo. •( ...) su pacto corresponde porcentualmente al límite de lo permitido por la ley para establecer como no salariales, circunstancia que denota no el interés o intención de apoyo, sino el aspecto eminentemente matemático con el cual optar por desalarizar. •E l presunto esquema de beneficios implantado, no considera aspectos reales de ayuda o intención del mejor desarrollo de las actividades del trabajador, por el contrario, comporta una actitud tendiente a que el trabajador de cualquier manera pueda válidamente recibir estas mismas sumas sin que le cause al empleador su deber legal. Recordemos que se establecía por la demandada un valor concreto de los beneficios que el trabajador podría distribuir de cualquier manera, no obstante, la intención final era reconocer un valor fijo de la suma de dinero vía beneficios. •L as sumas ofrecidas, independientemente del presunto beneficio escogido por el trabajador, siempre enriquecen el patrimonio (...),

por lo que se evidencia claramente que la única intención del empleador, era el dar un presunto viso de legalidad a la retribución habitual (...) por sus labores desempeñadas de la suma fija acordada. Más nó (sic) determinar beneficios al trabajador. •M ientras en el contrato de trabajo se plantea como el pago de un presunto derecho o auxilios de trasporte, inmediatamente mediante otrosí de la misma fecha, se convierten estos valores como plan de beneficios diversos al transporte. •L os beneficios otorgados a la trabajadora bajo el aporte a pensiones no aplicaban directamente a la pensión de la demandante, ya que estaba acordado con un fondo que no era el

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Radicación n.° 97006 escogido por la trabajadora para su pensión y por otra parte, estaba diseñado para que estos rubros pudiesen ser retirados o manejados como cuenta bancaria de la trabajadora. Considera «insólito y sospechoso» como, de un momento a otro, el incentivo de transporte y/o alimentación que le fue concedido en el contrato de trabajo, se transformó en un plan de beneficios no salariales para el pago de seguros, ahorros, entre otros, como se hizo constar en los otrosíes. Adiciona que, en todo caso, era claro el propósito de acrecentar sus arcas, pues «decidía autónomamente para qué utilizarlos y la única labor de la demandada era encauzar de cualquier eventual beneficio para su justificación ya fuese estudio universitario, arrendamiento, compra de vehículo, vivienda o para mayor flexibilidad de los aportes voluntarios a pensiones».

Estima que del artículo 13 del Pacto Colectivo, se desprende la intención de Salud Total de encubrir unos montos como no salariales cuando en realidad lo eran; con ello, dice no solo engañó al trabajador, sino al propio sistema de seguridad social, pues allí disponía el pago de «aumentos salariales vía beneficios, en el porcentaje de incremento de la UPC», luego regulado mediante acta de mayo de 2002, artículo 12. Endilga desconocimiento de la jurisprudencia de la Sala en punto a la interpretación del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Advierte que, de haber tenido claros los conceptos que forman parte del salario, el Tribunal hubiera concluido que los rubros consignados en el «plan de

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1 0 Radicación n.° 97006 beneficios a la cuenta de la demandante en PROTECCIÓN, tenían como causa exclusiva, el trabajo desempeñado por la trabajadora (sic)», toda vez que el artículo 10 disponía que la EPS hacía los aportes periódicamente «como contraprestación directa del servicio que este prestaba y eran habituales». Enseguida, discurre: •L os presuntos aportes voluntarios a pensiones, no aplicaban ciertamente a una expectativa pensional del trabajador, ello en virtud a que o se consignaban en la cuenta de AFP escogida por el trabajador fondo PORVENIR, sino que, por el contrario, eran consignadas en el fondo de pensiones PROTECCIÓN en virtud de un acuerdo comercial suscrito por la empresa. •C onforme al negocio anterior, el trabajador realmente no contaba con aportes voluntario a pensiones, sino eran unos pagos en una

cuenta que administra pensiones. •L os presuntos aportes voluntarios a pensiones del trabajador, no salían precisamente del salario del trabajador destinados a incrementar su derecho pensional, pues es claro que la base salarial no era tocada y que esto correspondía en su totalidad a abrir una cuenta de ahorros en un fondo pensional para que le fuera reconocido el restante ingreso con su desalarización. •L os destinos de fondos y dineros pensionales, no pueden ser direccionados o coaccionados por el empleador y por su parte no podían ser destinados corporativamente y/o manejados conforme las reglas impuestas por el empleador. •L as sumas consignadas por el empleador bajo el presunto plan de beneficios a pensiones estaban diseñados para que pudiesen ser retirados de manera mensual por el trabajador para destinación discrecional por parte del trabajador, mas no sometidos a las reglas o principios e incrementar su pensión. •E l aporte realizado como presunto aporte voluntario a pensión, jamás podía haber tenido o adquirido este presunto objetivo, en virtud a que no fueron consignados al fondo de pensiones escogido por el trabajador. •C on los dineros del llamado plan de beneficios que se depositaban en la cuenta de ahorro individual del fondo privado

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Radicación n.° 97006 de pensiones y cesarías, el actor cubría permanentemente gastos personales por lo que evidentemente enriquecían su patrimonio. Asevera que el juzgador de la alzada tampoco se percató de que Yohanna Paola Cely Rodríguez y Henry Ladino Diaz expusieron claramente la naturaleza de los pagos, pues

afirmaron la «coacción por parte de la demandada frente a la suscripción irregular y continua de otrosíes en los cuales se pretendía la modificación de sus condiciones laborales»; que también aseguraron que el esquema implantado no pretendió crear incentivos para los trabajadores, sino que «era la manera como la empresa realizaba e imponía el reconocimiento retributivo de las labores». Por último, expone que de haber analizado el interrogatorio de parte del representante legal de la convocada al juicio habría colegido ausencia de buena de fe de la encartada, en tanto de allí se desprende que el objeto de los pactos de desalarización fue afectar a los empleados y proteger el interés económico de la empresa.

VII. RÉPLICA Salud Total EPS sostiene que la decisión se ajusta a la ley y a las pruebas; por ello, se opone a la prosperidad del cargo. Aduce que si lo que pretendía el recurrente era acreditar la «plena validez» de lo acordado por las partes en el contrato de trabajo y sus anexos, debió dirigir el cargo por la vía jurídica.

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VIII. CONSIDERACIONES Al margen de la vía seleccionada para el ataque, no se discuten algunos de los supuestos lácticos que halló acreditados el Tribunal. Tales son, la existencia del contrato a término indefinido suscrito entre Salud Total E.P.S. S.A. y Liliana Barón Ulloa, que se ejecutó entre el 15 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2014 y el cargo de ejecutiva de cuenta,

desempeñado por la trabajadora. La censura recrimina al Tribunal por haber concluido que el auxilio de transporte fijo y variable, la bonificación no salarial y el beneficio por aportes a pensiones voluntarias de la AFP Protección S.A. no son constitutivos de salario, por haberse pactado en los contratos de trabajo y los otrosíes suscritos por las partes a lo largo del vínculo laboral. En ese orden, corresponde a la Sala verificar si dicha aseveración fue equivocada, como asegura la demandante. Para negar las pretensiones, el juez de apelaciones concedió validez al acuerdo de desalarización incorporado en el contrato de trabajo y sus anexos. Infirió que la actora no podía desconocer su contenido, como quiera que no estaba acreditado que los pagos por aportes voluntarios a pensiones y bonificaciones no salariales, fueran consecuencia directa de la prestación directa del servicio. Añadió que, si bien, se hallaba demostrado que la empleada percibió auxilios de transporte fijos y variables, los primeros no eran salario dado que compensaban gastos de traslado; los segundos, aunque remuneratorios del servicio, no estaba demostrado su pago.

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Radicación n.° 97006 Al margen de la senda de ataque seleccionada, conviene remembrar que los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, regulan los elementos integrantes del salario y los pagos que no lo constituyen. Es salario, «todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como

contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte». Aunque el segundo precepto permite restar naturaleza salarial a algunos pagos, ello no significa que la sola celebración de un convenio de desalarización, sea suficiente para asumir que lo recibido por el trabajador en dinero o en especie, deje de ser salario en los términos del artículo 127 ibídem, pues si retribuye directamente el servicio, conservará dicho carácter. En sentencia CSJ SL403-2013, se discurrió: [...] no está de más reiterar en esta oportunidad, la posición que, de vieja data, viene sosteniendo la jurisprudencia laboral frente a la definición de salario conforme a los artículos 127 y 128 del CST. Conviene traerla a colación en razón a que todavía persisten, por parte de algunos empleadores, prácticas laborales consistentes en que, so pretexto de la facultad otorgada por el citado artículo 128 modificado por el 15 de la Ley 50 de 1990, celebran pactos salariales con los trabajadores con el propósito de restarle el carácter salarial a pagos que por esencia lo son, no obstante que son ineficaces, como sucedió en el sublite. En sentencia del 12 de febrero de 1993 (radicación 5481), al referirse a la interpretación de los arts. 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la ley 50 de 1990, esta Sala expuso lo siguiente: "Determinar cuáles de los pagos que el trabajador recibe del empleador constituyen salario y cuáles no, es tema de innegable

relevancia para las relaciones obrero-patronales, tanto individuales

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12. Radicación n.° 97006 comocolectivas, por lo cual se hace necesario distinguir el 'salario' propiamente dicho de otras remuneraciones y beneficios que también recibe el trabajador por razón de su trabajo o con ocasión del mismo, cuales son las 'prestaciones sociales', las indemnizaciones y los 'descansos, según clasificación empleada hace ya tiempo por nuestra legislación positiva y de usanza predominante en el lenguaje ordinario de la vida laboral. 1...1 a).- El pago del salario, desde el punto de vista jurídico, es la principal obligación de quien se beneficia del trabajo subordinado ajeno, como que constituye ordinariamente la contraprestación primordial y más importante de la actividad desplegada por el trabajador. El salario aparece así como la remuneración más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador, por lo cual se considera uno de los elementos esenciales de toda relación de trabajo, sin que importe la forma jurídica -- contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria-- que regule la prestación personal subordinada de servicios. 1. . 1 3.- La clasificación de los beneficios laborales que se ha dejado expuesta, de conformidad con nuestras normas positivas reguladoras de las relaciones entre trabajadores y empleadores del sector privado, permite resolver fácilmente el asunto bajo examen, pues aplicando los anteriores conceptos al caso litigado se impone concluir que no interpretó erróneamente el Tribunal el artículo 127

del Código Sustantivo del Trabajo ni tampoco dejó de aplicar el 128 del mismo ordenamiento. Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores". Al tenor de los razonamientos anteriores, la simple suscripción del acuerdo de voluntades no se erige como obstáculo que impida descubrir el carácter salarial de un beneficio o incentivo reconocido por el empleador, toda vez que, si se acredita que tal erogación halla venero en la prestación del servicio, la eficacia de tal pacto deviene seriamente comprometida; es decir, queda por fuera de la

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Radicación n.° 97006 posibilidad autorizada en el artículo 128 «aun cuando exista estipulación en contra