CSJ - SL2704-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2704-2023 Radicación n.° 87964 Acta 38 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAFAEL GUILLERMO DÍAZ PÁEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 6 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que promovió en contra de la

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS – ECOPETROL

S.A.

I. ANTECEDENTES Rafael Guillermo Díaz Páez demandó a Ecopetrol S.A., pretendiendo que se declarara (i) la existencia de un contrato de trabajo y (ii) que era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la demandada y la Unión Sindical Obrera (en adelante USO), para que, en

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Radicación n.° 87964 consecuencia, fuera condenada (iii) al reconocimiento y pago de la pensión convencional, «[…] de que trata el artículo 112 de la convención colectiva de trabajo, periodo 2009 – 2014, hoy 109 […], periodo 2014 – 2018, porque padece una incapacidad total permanente de origen profesional del 81%», conforme los dictámenes 032 y 033 emitidos el 13 de enero de 2011 por Ecopetrol S.A., cuya cuantía estimó en $3.066.764. De igual manera, solicitó (iv) el pago de las mesadas

adeudadas desde el 15 de julio de 2010, pues esta fue la fecha de estructuración que determinó el dictamen 033, confirmado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander; (v) la indexación de la primera mesada pensional y (vi) la indemnización moratoria. Fundamentó sus peticiones, en que ingresó a laborar en Ecopetrol S.A. el 4 de septiembre de 1980, como «[…] obrero II», a través de un contrato a término fijo y posteriormente indefinido, desde el 7 de julio de 1998. Expuso que el artículo 112 de la Convención Colectiva de Trabajo 2009–2014, suscrita entre la demandada y la USO, estableció las condiciones para acceder a la pensión convencional, así: Artículo 112. Los trabajadores de la Empresa que hayan laborado para esta en forma continua o discontinua durante cuatro (4) años o más y padezcan de una incapacidad permanente total, o de gran invalidez, sea cual fuere el origen de dicha incapacidad, tendrán derecho a disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al setenta y cinco (75%) del promedio de salarios devengados en el último año de servicios, proporcional

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Radicación n.° 87964 al tiempo servido y sin consideración a la edad, de conformidad con el Decreto 807 de 1994. Relató que «[…] las enfermedades que hoy [lo] aquejan […] fueron contraídas con ocasión a la exposición a los riesgos ocupacionales de la naturaleza de la industria del petróleo». Así, explicó que el 13 de enero de 2011 la demandada emitió

el dictamen n.º 032, el cual identificó una pérdida de la capacidad laboral del 51%, estructurada el 15 de diciembre de 2010, de origen común. Así mismo, en aquella fecha Ecopetrol S.A. profirió un nuevo documento, el n.º 033, que calificó una pérdida de la capacidad ahora equivalente al 30%, de fecha 15 de julio de 2010 y de origen profesional. De manera que, «[…] por el principio de favorabilidad el dictamen 033 es el llamado a prosperar, frente a la fecha de estructuración». Manifestó que agotó las instancias correspondientes de valoración en Ecopetrol S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander que, mediante el dictamen 922012 del 24 de enero de 2012, confirmó el n.º 033. Solicitó e insistió a la demandada el reconocimiento de la pensión convencional, quien respondió negativamente y argumentó que no había causado el derecho y, por ende, debía cumplir las disposiciones del Sistema General de Pensiones, puesto que el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó los regímenes exceptuados, entre ellos el de Ecopetrol S.A. a partir del 31 de julio de 2010, protegiendo solamente los derechos adquiridos.

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Radicación n.° 87964 Por último, remarcó que persigue la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, «[…] toda vez que el acto legislativo 01 de 2005 no derogó las pensiones por invalidez, ni mucho menos acabó con lo dispuesto […] en materia de

pensión por invalidez». Al contestar la demanda, Ecopetrol S.A. se opuso a las pretensiones, menos a la existencia del vínculo laboral y que el acuerdo extralegal cubría al demandante. En cuanto a los hechos, aceptó (i) el extremo temporal del contrato de trabajo, el cargo y la modalidad de contratación; (ii) la emisión de los dictámenes del 13 de enero de 2011; (iii) la decisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, aclarando que esta confirmó el dictamen n.º 033 y estableció que la fecha de estructuración de las patologías de origen común correspondía al 15 de diciembre de 2010; y (iv) las respuestas a las solicitudes, precisando que, a través del dictamen «[…] IOT-BUC-024-2012, […] evaluó las patologías diagnosticadas al trabajador […] en una calificación integral, determinándolas de origen común […], estructuradas el 15 de diciembre de 2010, que generaron una pérdida de la capacidad laboral del 54% y concluyó que las patologías generaron una incapacidad permanente total». Señaló que no tenía a su cargo el pago de las pensiones de jubilación de origen común o profesional que hubieran surgido a favor de sus extrabajadores después del 31 de julio de 2010.

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Radicación n.° 87964 Observó que las pretensiones de la demanda estaban basadas en el artículo 112 de la Convención Colectiva de Trabajo que existió entre 2009–2014, la cual rigió hasta el 31

de julio de 2010 porque, estando vigente, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó su alcance temporal. Enfatizó en que, cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander estableció en el dictamen n.º 922012 del 24 de enero de 2012 que la fecha de estructuración de las patologías, estudiadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador de Ecopetrol S.A., era el 15 de diciembre de 2010, emitió un pronunciamiento inmodificable en relación con este aspecto. En ese orden, para esa fecha ya había perdido vigencia el artículo 112 o 109 convencional. Concluyó que el demandante no podía pretender la pensión extralegal, pues la calificación del origen y la pérdida de la capacidad laboral no estaban determinadas por la sumatoria de las valoraciones, sino por una calificación integral de las distintas patologías diagnosticadas. En su defensa, propuso las excepciones de «acto legislativo 01 de 2005: derrotero del derecho de pensión debatido por Rafael Guillermo Díaz Páez», falta de causa e inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y enriquecimiento injustificado, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 87964 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 21 de septiembre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el señor RAFAEL GUILLERMO DÍAZ PÁEZ tiene derecho a la pensión de que trata el Art. 112 de

la Convención Colectiva de Trabajo periodo 2009-2014, por reunir los requisitos que prevé la norma en comento, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR A ECOPETROL SA a reconocer y cancelar al señor RAFAEL GUILLERMO DÍAZ PÁEZ la pensión de que trata el Art. 112 de la Convención Colectiva de Trabajo periodo 2009-2014, por reunir los requisitos que prevé la norma en comento, cuyo monto será el 75% promedio de los salarios devengados por el actor en el último año de servicio proporcional al tiempo servido, exigible desde que pruebe el retiro de la empresa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: NO DECLARAR probada la excepción planteada de prescripción, por lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NO DECLARAR prósperas las demás excepciones planteadas por lo expuesto en la parte motiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante providencia del 6 de noviembre de 2019, revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, absolvió a Ecopetrol S.A. de todas las pretensiones de la demanda.

Consideró como problema jurídico establecer si había lugar a reconocer la pensión de invalidez convencional por la pérdida de la capacidad laboral del 51%, estructurada el 15 de diciembre de 2010, a pesar de que la Convención Colectiva

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Radicación n.° 87964 de Trabajo en que se basó, perdió vigencia el 31 de julio de 2010, tal como lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005. Para resolver el cuestionamiento planteado, empezó por destacar que el demandante pretendió la prestación a partir del 15 de julio de 2010, por haber acreditado los requisitos del artículo 112 extralegal, vigente para el período 20092014, en el instrumento que suscribieron Ecopetrol S.A. y la USO después del 29 de julio de 2005. Reprodujo el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 y aclaró: Primero, que lo acordado en materia de pensiones convencionales en la convención colectiva de trabajo […] no puede aplicar para el análisis y decisión de este caso […] porque contraría la expresa prohibición legal de establecer condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones, Ley 100 de 1993, con posterioridad al 29 de julio de 2005 […]. Segundo, cualquier convención colectiva de trabajo entre la USO y Ecopetrol anterior al periodo 2009-2014 que fuera eventualmente aplicable a la pretensión pensional convencional demandada, porque estaba vigente para el 29 de julio de 2005 […] y hasta el 31 de julio de 2010, debió ser aportada al proceso con la demanda, y en ella fundamentarse la pretensión […], pero no fue aportada ni se sustentó en convención colectiva diferente a la del 2009-2014, que no podía ya pactar respecto de pensiones

convencionales […]. Sostuvo que los dictámenes que dieron cuenta de la pérdida de la capacidad laboral del demandante fueron (i) el n.º 032 del 13 de enero de 2011, que determinó una pérdida del 51% de origen común, estructurada el 15 de diciembre de 2010, después del 31 de julio de 2010; (ii) el n.º 033 del 13 de enero de 2011, que la estableció en 30%, de origen

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Radicación n.° 87964 profesional, de fecha 15 de julio de 2010, antes del 31 de julio de 2010, «[…] pero solamente del 30% que no da lugar a pensión de invalidez alguna». Por su parte, (iii) el dictamen n.º 922012 del 24 de enero de 2012, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, determinó un porcentaje del 51% de origen común, estructurada el 11 de enero de 2012, esto es después del 31 de julio de 2010; (iv) la valoración «IOT BUC 024 de 2012» del 28 de septiembre de 2012, arrojó una pérdida del 54%, de fecha 15 de diciembre de 2010, también posterior al 31 de julio de este último año; y finalmente, (v) el «RSC BUC 046» del 15 de diciembre de 2016, a través del cual se confirmó el anterior. Remató afirmando que, El único dictamen que estructuró la invalidez del actor antes del 31 de julio de 2010, que era la fecha máxima para el

requerimiento pensional, según el Acto Legislativo 01 de 2005, fue el dictamen 033 proferido por Ecopetrol […], que estructuró la pérdida de capacidad laboral […] antes del 31 de julio de 2010, pero solamente en un 30%, [el cual] fue tenido en cuenta por el juzgado de primera instancia para el reconocimiento pensional, […] lo que significa que no configura la invalidez total a que se refiere para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues no supera el 50% requerido y, en todo caso, se insiste [que] no se aportó norma convencional alguna vigente antes de la 2009-2014 […]. El juzgado la aplicó y no podía, en una extraña mixtura de dictámenes, olvidando que en ninguno de [ellos], proferidos por Ecopetrol y confirmados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, confluye el reconocimiento para la pensión de invalidez […].

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 87964 Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que es presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la decisión del juzgado.

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven

conjuntamente, pues, aunque están orientados por vías distintas, presentan una argumentación similar y persiguen idéntico objetivo.

VI. CARGO PRIMERO Indica: Acuso la sentencia proferida […] de ser violatoria de la ley sustancial por INFRACCIÓN INDIRECTA, respecto a los artículos 29, 48, 53, 228 y 229 de la Carta Política, en consonancia con los artículos 21, 353, 354, 414, 467, 475, 476, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo y en armonía con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 806 de 1994, en aplicación del 112 de la convención colectiva de trabajo vigente, periodo 2009 – 2014, POR FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (resalta el recurrente).

Alega que, en el análisis realizado respecto de los dictámenes, el Tribunal dejó de contemplar la Convención

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Radicación n.° 87964 Colectiva de Trabajo. Por esta razón, le reprocha incurrir en los siguientes errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que el dictamen 033 de fecha 13/01/2011, con fecha de estructuración 15/07/2010, cumple con los requisitos fijados en el artículo 112 de la convención colectiva de trabajo, vigencia 2009 – 2014, para acceder a la pensión por invalidez a cargo de Ecopetrol S.A. No dar por demostrado, estándolo, que Ecopetrol S.A. y el Sindicato habían pactado en el artículo 7 de la convención

colectiva de trabajo la condición más favorable al trabajador. Dar por demostrado, sin estarlo, que no le asiste el derecho a la pensión de invalidez de que trata el artículo 112 de la convención, cuando el mismo, está contenido en el laudo arbitral, el cual está inmerso dentro de la convención colectiva de trabajo. Para demostrar el cargo, afirma que el Tribunal no se dio cuenta que la Convención no fijó ningún porcentaje u origen para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Recuerda que Ecopetrol S.A. y la USO la firmaron para el período del 1º de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, en la cual se incluyó dicha prestación en su artículo 112. De manera que, si bien para el Sistema General de Pensiones el porcentaje para acceder a ella debe ser igual o superior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, los trabajadores de Ecopetrol S.A. solamente necesitan haber laborado durante 4 años en la compañía, de forma continua o discontinua, y padecer de una incapacidad permanente total. Entonces, concluye que, Está probado que la convención colectiva de trabajo periodo 2009 – 2014 tiene UNA SOLA INTERPRETACIÓN para la aplicación

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Radicación n.° 87964 del artículo 112 […], situación que se cumple plenamente […], pues fue calificado con una INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE el 15 de julio de 2010, fecha en la cual todavía el acto legislativo 01 de 2005 no había entrado en todo su rigor, eso es 31/07/2010 y tiene más de 4 años continuos o discontinuos al 31 de julio de

2010 (resalta el recurrente). Así mismo, expresa que el Tribunal cometió un error al escoger la fundamentación menos favorable para el trabajador, por cuanto sustentó su decisión en el Acto Legislativo 01 de 2005, desconociendo el artículo 7° de la Convención Colectiva suscrita entre Ecopetrol S.A. y la USO, que consagró la «condición más favorable». En su sentir: […] [S]e tienen dos dictámenes. […] Ese hecho debió haber llamado la atención del juez plural, pues […] si bien el dictamen 032 […] fijó como fecha de estructuración 15/12/2010 y determinó una INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, con fecha de expedición 13/01/2011, […] al aplicar la sana crítica el ad quem hubiese observado que el dictamen 033 de fecha de expedición 13/01/2011 […] mantiene la misma INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, con fecha de estructuración 15/07/2010. [Por ende,] por aplicación de la condición más beneficiosa le hubiese concedido la pensión decretada por el a quo al trabajador […] (resalta el recurrente). Por su parte, explica que el Tribunal ignoró que Ecopetrol S.A. había ratificado, con la firma de la Convención, el laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003, el cual mantuvo el régimen existente para acceder a la pensión de invalidez. Por lo tanto, deduce que no quedaba otra posibilidad que aplicar integralmente el mencionado artículo 112, contenido en dicho laudo. Concluye que «[…] si el ad quem hubiese contemplado los folios 123 a 241 de la demanda, teniendo como base el

principio de favorabilidad y la legitimación en la causa por

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Radicación n.° 87964 cosa juzgada, habría confirmado la sentencia tal como lo había entendido el a quo».

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de segunda instancia,

[P]or INFRACCIÓN DIRECTA, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 48 de la Carta Política, adicionado por el acto legislativo 01 de 2005, en consonancia con los artículos 21, 353, 354, 414, 467, 476, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 807 de 1994 (resalta el recurrente). Manifiesta que el Tribunal «[…] entendió correctamente la situación fáctica, pero dejó de aplicar las consecuencias legales que la disposición normativa establece para dicha situación». Asegura que interpretó erróneamente el Acto Legislativo 01 de 2005, al determinar que no podían estipularse, entre su vigencia y el 31 de julio de 2010, condiciones pensionales más favorables que las vigentes y que, en todo caso, perdían aplicación en esa última fecha. Para arribar a esta conclusión, recuerda que el artículo 1° de dicho Acto Legislativo dispuso que, para adquirir el derecho a la pensión, es necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicios, las semanas de cotización o el capital necesario, «[…] así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de

invalidez y sobrevivencia», y que los requisitos para adquirir

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Radicación n.° 87964 el derecho a estas dos últimas pensiones son los consignados en las leyes del Sistema General de Pensiones. Explica que, de acuerdo con lo anterior, el Tribunal debía remitirse al artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y concluir que el régimen general de la seguridad social no aplica a los trabajadores de Ecopetrol S.A.; y como no lo hizo, lo privó de acceder a la pensión de invalidez convencional.

VIII. CARGO TERCERO Denuncia la violación de la ley sustancial, «[…] por infracción indirecta […] por falta de valoración de la prueba», de los mismos preceptos citados y en términos semejantes a los contenidos en el primer cargo.

Plantea iguales argumentos a los de las acusaciones anteriores, dirigidos a señalar que el Tribunal se equivocó al no aplicar «[…] la condición más favorable al trabajador», específicamente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y no concluir que, si el Acto Legislativo 01 de 2005 «[…] dejó a salvo las pensiones de invalidez de la fecha de entrada en vigor del mismo acto, Ecopetrol S.A. sigue siendo un régimen exceptuado».

IX. RÉPLICA La entidad señala que la «infracción indirecta» denunciada en los cargos primero y tercero no existe en el recurso extraordinario de casación. Adicional a ello,

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Radicación n.° 87964 considera insuficiente la proposición jurídica de estos cargos,

debido a que la Convención Colectiva es una prueba que hace necesario integrar la proposición jurídica con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos errores, en su parecer, desconocen la técnica de casación. No obstante, sostiene que no resultan probados los errores de hecho acusados por el recurrente, porque (i) «[…] el juzgador plural echa de menos el texto de la convención colectiva de trabajo suscrita antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005», (ii) «[…] la demanda debió señalar por que esa incapacidad era permanente total o por qué era una gran invalidez, no era que transcurrieran solamente los 4 años, era necesario tal calificación», (iii) «[…] el caso que nos atañe no fue sobre la convención colectiva de trabajo, sino sobre el dictamen frente a la ley», y (iv) «[…] cuando se trata de establecer la condición más favorable es un punto de derecho que no puede ventilarse por la vía de los hechos». Así mismo, criticó que se enunciaran en el cargo segundo dos modalidades de violación de la ley, la «infracción directa» y la «interpretación errónea», pues son excluyentes. Sin embargo, el recurrente admitió que el Tribunal aplicó el artículo 48 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo cual no existe razón para que el cargo se hubiera orientado por la modalidad de infracción directa.

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Radicación n.° 87964 Por su parte, si se tratara de una interpretación errónea, el fallador reiteró que no se aportó al proceso una

convención con una fecha de vigencia anterior a ese Acto Legislativo para determinar si la de 2009–2014 tenía las mismas condiciones pensionales. Incluso, «[…] dejar a salvo las pensiones de invalidez y sobrevivencia no significa que no se aplican sus normas».

X. CONSIDERACIONES Tiene razón la entidad replicante al señalar los defectos técnicos de la demanda, pues la «infracción indirecta» de una norma de carácter sustancial no es propia de la casación del trabajo, donde las vías para confrontar la decisión son la directa, cuando el error es de puro derecho, y la indirecta, cuando se hace necesario acudir a los hechos, las pruebas o piezas procesales, denunciando las fallas de hecho e individualizando las pruebas que fueron dejadas de apreciar o mal valoradas por el Tribunal.

Incluso, admitiendo que la acusación es por la vía indirecta, pues se denuncian tres errores de hecho y la «FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA», no se indica en el escrito cuál fue la prueba dejada de apreciar y tampoco si la violación legal se dio por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, ello si bien la modalidad que por excelencia se utiliza en esta vía es la segunda de las enunciadas. Por lo dicho, también resulta impropio que en el cargo

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Radicación n.° 87964 segundo se denuncien simultáneamente la «infracción directa» con la «interpretación errónea» de la ley, pues son dos modalidades diferentes en tanto la primera se produce cuando el sentenciador ignora la existencia de la norma o se

rebela contra ella, y la segunda, en cambio, cuando en presencia de ella se equivoca en su ejercicio interpretativo. Ahora bien, aunque lo anotado sería suficiente para desestimar la acusación, puede entender la Sala que tratándose de una controversia relacionada con la seguridad social, cuando se hace referencia a la modalidad de infracción indirecta de la ley, lo que en realidad denuncia es la vía a través de la cual se vulneró la norma, es decir, la vía de los hechos. Lo mismo ocurre cuando selecciona la infracción directa, porque allí su ataque se orienta a la confrontación inmediata entre la ley y la sentencia. Además, por el desarrollo del cargo indirecto, no resulta difícil advertir cuáles fueron las pruebas documentales que consideró dejadas de apreciar, esto es, los dictámenes de calificación y la Convención Colectiva de Trabajo. En cuanto al fondo de la controversia, encuentra la Corte que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si erró el Tribunal al concluir que el acuerdo extralegal suscrito por Ecopetrol y la USO, para la vigencia 2009-2014 no puede ser aplicado al caso, dado que los beneficios pensionales acordados con posterioridad al 29 de julio de 2005, fecha de vigencia del Acto Legislativo 01 de

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Radicación n.° 87964 2005, culminarían a más tardar el 31 de julio de 2010. Para resolver lo planteado, desde ya advierte la Sala que, efectivamente, las reglas pensionales consagradas extralegalmente, para el período 2009-2014, perdieron

vigencia el 31 de julio de 2010, pues conforme al criterio de la Corte, evidenciado en la sentencia CSJ SL3635-2020, si al 29 de julio de 2005 estaba operando la prórroga automática, consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas de este tipo se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. En la mencionada sentencia y al modificar criterio anterior, dijo la Corte: En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto son las siguientes: a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479

ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010 (destaca la Sala).

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Radicación n.° 87964 c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. Entonces, si bien la postura actual admite que las reglas pensionales contenidas en convenciones colectivas mantengan su eficacia por el término inicialmente establecido, aun con posterioridad al 31 de julio de 2010, ello opera única y exclusivamente tratándose de aquellas suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, que al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso y en las cuales las partes hubieran acordado expresamente una mayor estabilidad en el tiempo con posterioridad al 31 de julio de 2010, hipótesis que no es la del presente caso, como quiera que la prestación solicitada se funda en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1º de julio de 2009 a 30 de junio de 2014, es decir, con posterioridad al 29 de julio de 2005. Así las cosas, no es posible inferir que sus efectos se

hubieran extendido más allá del 31 de julio de 2010, razón por la cual no existe la equivocación denunciada en los cargos. Al margen de la anterior conclusión, que fue uno de los pilares sobre los que se construyó la decisión, importa decir que tampoco se observa una errada valoración de los dictámenes, pues ellos deben analizarse sin ser escindidos o

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Radicación n.° 87964 desmembrados, para tomar de cada uno lo que más conviene a los intereses del recurrente. En efecto, como lo entendió el Tribunal, el n.º 032 del 13 de enero de 2011, que determinó una pérdida del 51% y de origen común, indica como fecha de estructuración el 15 de diciembre de 2010, vale decir, después del 31 de julio de 2010; el n.º 033 de la misma fecha, establece un porcentaje del 30%, de origen profesional, con fecha 15 de julio de 2010, esto es, antes del 31 de julio de 2010 pero solamente del 30%, lo que no da lugar a configurar la pensión de invalidez reclamada; el n.º 922012 del 24 de enero de 2012, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la determinó en 51%, de origen común, el 11 de enero de 2012, mucho después del 31 de julio de 2010. Por su parte el «IOT BUC 024 de 2012» del 28 de septiembre de 2012, que arrojó una pérdida del 54%, del 15 de diciembre de 2010, también posterior al 31 de julio de

2010 y, finalmente, el «RSC BUC 046», del 15 de diciembre de 2016, a través del cual simplemente se confirmó el anterior. No resulta ilógico, y menos a la luz de lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que faculta al juez para formar libremente su convencimiento, concluir que si bien el dictamen n.º 033 del 13 de enero de 2011 señaló como fecha de estructuración una anterior al 31 de julio de 2010, la pérdida de la capacidad laboral que estableció fue del 30%, que no da derecho a la pensión de invalidez reclamada.

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Radicación n.° 87964 Como se advirtió, «[…] no [se] configura la invalidez total a que se refiere para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues no supera el 50% requerido y, en todo caso, se insiste, no se aportó norma convencional alguna vigente antes de la 2009-2014», razonamiento que, reitera la Sala, no está alejado de los principios que informan la crítica de las pruebas ni de las circunstancias relevantes del pleito. Si bien el artículo 112 de la Convención Colectiva de Trabajo 2009-2014, no incorpora porcentajes específicos cuando se refiere a la pérdida de la capacidad laboral que genera la prestación que consagra, sí es contundente al referir que se causa cuando se configure una «incapacidad permanente total, o de gran invalidez». Para entender tales conceptos, y sin desconocer que los

servidores de Ecopetrol quedaron exceptuados del Sistema de Seguridad Social Integral, resulta oportuno recordar que