CSJ - SL2706-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2706-2023 Radicación n.° 96740 Acta 38 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ISIDORO CEPEDA DÍAZ, contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso que él instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y al que fue vinculado como litisconsorte necesario SERGIO AUGUSTO

FRANCISCO ACEVEDO PENAGOS.

AUTO Se reconoce personería a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.140.862.823 y tarjeta profesional n.° 287.982 como apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

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Radicación n.° 96740

I. ANTECEDENTES Isidoro Cepeda Díaz demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que le reconociera la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañera permanente, teniéndose en cuenta, los tiempos por ella laborados para el empleador Sergio Augusto Francisco Acevedo Penagos, los cuales, no fueron pagados oportunamente al Sistema General de Pensiones ni recaudados coactivamente por la entidad de seguridad social.

Además, pidió el pago de las mesadas adicionales, los

reajustes, los intereses moratorios y las costas del proceso. Subsidiariamente, requirió la indexación de «[…] los valores que resulten a favor». En sustento de sus pretensiones, relató que convivió con Adela Mosquera Romero desde el 2 de enero de 1990 hasta su fallecimiento, el 11 de julio de 2010. Informó que su compañera permanente, laboró para el señor Acevedo Penagos del 15 de febrero de 1994 hasta que murió, no obstante, este incurrió en mora en el pago de aportes, pues el historial refleja que cotizó hasta junio de 2008, haciendo falta lo correspondiente a los años de 2009 y 2010. Afirmó que la afiliada reunió un total de 51 semanas en los tres años anteriores a su muerte, pero detalló que la

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Radicación n.° 96740 demandada en el reporte de cotizaciones erradamente registró el pago del mes de mayo de 2008, como «[…] ciclo doble», pasando por alto que, en la columna de cotización, se anotó «[…] lo correspondiente al mes de mayo (31 de julio de 2008) y, junio de 2008 (el 4 de agosto de 2008). Es decir, la entidad tan solo registró el aporte de mayo de 2008 y no cargo el aporte de junio de 2007». Detalló que la entidad contabilizó indebidamente los ciclos que se cotizaron a favor de la fallecida, toda vez que figuran «[…] inconsistencias tales como 29 días y, omitir el

registro de un mes». Así mismo, que se «[…] allanó a la mora, en razón a que no inició acción administrativa o judicial tendiente al recaudo de los aportes». Comentó que el 6 de junio de 2012, reclamó a la entidad el reconocimiento del derecho pensional, el cual le fue negado a través de la Resolución GNR 019118 del 12 de diciembre de 2012, bajo el argumento que la asegurada no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha del fallecimiento de la señora Mosquera Romero, la solicitud del derecho pensional y la negativa del reconocimiento. Argumentó que la afiliada en los tres años anteriores a su muerte reunió un total de 44.71 semanas, por lo que no

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Radicación n.° 96740 dejó causada la pensión de sobrevivientes. Como excepciones enunció las de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe. A través de auto del 13 de marzo de 2019, el juez de conocimiento vinculó al proceso a Sergio Augusto Francisco Acevedo Penagos como litisconsorte necesario, quien se opuso a las pretensiones y, frente a los hechos aceptó la fecha de la muerte de su ex trabajadora, los extremos temporales de la relación laboral, el número de semanas cotizadas, la solicitud del derecho pensional, la negativa de la entidad de pensiones y que esta «[…] se allanó la mora». Indicó que señor Cepeda Díaz no convivió con Adela

Mosquera Romero en los cinco años anteriores al fallecimiento de ella, por lo que no acreditó las exigencias del «[…] literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993». Como excepciones, planteó la de falta de legitimación en la causa del demandante y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 6 de mayo de 2021, el Juzgado Primero Laboral del

Circuito de Bucaramanga, decidió: PRIMERO. ORDENAR a SERGIO AUGUSTO ACEVEDO PENAGOS a cancelar el respectivo cálculo actuarial a favor de ADELA MOSQUERA ROMERO y ante COLPENSIONES, para lo cual, COLPENSIONES deberá informar al proceso en el término máximo de 30 días siguientes, el valor del cálculo actuarial por los aportes en pensiones del periodo del 1 de junio de 2008 al 11

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Radicación n.° 96740 de julio de 2010 y teniendo en cuenta el salario ya indicado por el despacho en cada anualidad. En consecuencia, de acuerdo con la liquidación que realice el fondo de pensiones respectivo deberá el sr SERGIO AUGUSTO ACEVEDO PENAGOS proceder a cancelar de inmediato lo correspondiente. Todo de conformidad con lo expuesto en la motivación de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR que ISIDORO CEPEDA DÍAZ, tiene derecho, a que COLPENSIONES le reconozca y pague en forma vitalicia, la pensión de sobreviviente que reclama en calidad de compañero permanente de ADELA MOSQUERA ROMERO […], en un porcentaje igual al 100%, desde el 11 de julio de 2010, y a

razón de 13 mesadas, junto con los incrementos anuales y hasta que subsistan las causadas que le dieron origen al derecho; advirtiéndose que a la fecha, la mesada asciende a la suma de $908.526; de acuerdo a lo señalado en la parte motiva. TERCERO. DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, propuesta por la parte demandada, de acuerdo a lo indicado en la motivación de este proveído. CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al pago del retroactivo pensional a favor de ISIDORO CEPEDA DÍAZ, en la suma de $96.314.550, por el periodo comprendido del 11 de julio de 2010 y hasta el 30 de abril de 2021, y cuyas mesadas deberán ser indexadas al momento de su pago, conforme a los parámetros y fórmula, expuestos en la parte motiva de esta providencia y sin perjuicio del pago de las mesadas pensionales que se sigan causando en lo sucesivo, a favor de la parte demandante, con los incrementos correspondientes y mientras subsistan las causas que le dieron origen al derecho, según lo motivado en esta sentencia y la tabla anexa a la misma. QUINTO. AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a efectuar los descuentos para aportes en salud, conforme al inciso 2° del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, sobre las sumas aquí reconocidas por concepto de retroactivo pensional y sobre las mesadas pensionales que en lo sucesivo se sigan causando, conforme a lo indicado en la parte

motiva. SEXTO. ABSOLVER a la demandada de las restantes pretensiones formuladas en su contra por el extremo activo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al analizar los recursos de apelación del demandante, de Sergio Augusto Acevedo Penagos y de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional a favor de esa entidad, la Sala

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Radicación n.° 96740 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 12 de agosto de 2022, resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO, CUARTO y QUINTO de la providencia proferida [el] (06) de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso adelantado por ISIDORO CEPEDA DÍAZ contra COLPENSIONES y el LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA, SERGIO AUGUSTO ACEVEDO PENAGOS, para en su lugar ABSOLVER a COLPENSIONES de la totalidad de pretensiones formuladas en su contra, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SÉPTIMO de la sentencia para excluir a Colpensiones de la condena en costas y en su lugar disponer condenar en costas de primera instancia al demandante y a favor de Colpensiones.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia […].

Como problema jurídico se planteó establecer si el juez acertó al declarar que el demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada. Para esos efectos, consideró indispensable examinar la «[…] legalidad del

cómputo de los tiempos que contabilizó a través del cálculo actuarial». Estimó que no era materia de debate que Adela Mosquera Romero, falleció el 11 de julio de 2010, ni que el accionante solicitó ante la demandada el reconocimiento pensional, el cual le fue negado mediante la Resolución n.° GNR 019118 del 12 de diciembre de 2012. Recordó que el fallador de primera instancia concluyó que teniendo en cuenta las semanas dejadas de pagar por el «[…] empleador omiso», la señora Mosquera Romero dejó causada la pensión de sobrevivientes, al reunir más de 50

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Radicación n.° 96740 semanas de cotización en los tres años anteriores a la muerte. Sobre la «[…] convalidación de semanas a través del cálculo actuarial», mencionó que esta Sala ha sido enfática en determinar que para tener como cotizados unos ciclos en los que medió mora del empleador, resulta necesario que existan pruebas razonables sobre la existencia de un vínculo laboral. Transcribió un extracto de la providencia CSJ SL1893-2021. Agregó que tampoco había discusión en que la causante laboró para el señor Acevedo Penagos, tal como este lo certificó y aceptó en la contestación a la demandada. Además, los testigos Jorge Cala Díaz y Francisco Duarte así lo relataron. En ese orden, explicó: Así las cosas, al acreditarse la relación laboral, la convalidación de semanas para efectos de estudiar la prestación pretendida no deviene en descartada (sic), sin embargo, se hace necesario

precisar que se equivocó el juez de instancia cuando resolvió por la vía del cálculo actuarial siendo que de la historia laboral obrante a folio 11 del archivo 01 del expediente electrónico, se advierte que el empleador afilió [a] la señora ADELA MOSQUERA ROMERO, al SGSS en pensiones a través de Colpensiones realizando aportes de manera intermitente sin efectuar novedad de retiro o desafiliación, situación que obligaba al ente de la seguridad social a efectuar el cobro de los aportes respecto del empleador en mora. Advirtió que esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 2 de diciembre de 2020, radicado 78487, identificó la «[…] diferencia entre la mora en el pago del aporte y el cálculo actuarial», al igual que lo hizo en la CSJ SL4021-2019.

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Radicación n.° 96740 Luego de observar el precedente, sostuvo que el juez debió ordenar al empleador el «[…] pago de aportes en mora [y] no el cálculo actuarial», no obstante, dijo, este tema no fue materia de la apelación de Sergio Augusto Acevedo Penagos, quien se limitó a cuestionar la convivencia entre el demandante y la asegurada, por lo que no había lugar a ninguna modificación de la condena. En lo referente al derecho pensional, indicó que la norma aplicable era la vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado, razón por la que en el presente asunto era el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En consideración al cálculo actuarial ordenado por la primera instancia y al contenido de la historia laboral, afirmó que la señora Mosquera Romero cotizó al Sistema General de Pensiones más de 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento. Copió el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como un acápite del fallo CSJ SL1399 de 2018, en el que se detalló que la convivencia debía entenderse como una comunidad de vida, forjada, entre otras, en la ayuda mutua, el afecto y el apoyo durante los años anteriores al fallecimiento del asegurado o pensionado. Con base en lo anterior, expresó que la exigencia esencial para obtener la pensión de sobrevivientes era que el presunto beneficiario probara haber sostenido con el fallecido una vida marital en los cinco años anteriores al

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Radicación n.° 96740 deceso de aquel, requerimiento este «[…] inexcusable en tratándose […] de un afiliado o pensionado». Expuso que el juez fundamentó su determinación en el cambio de criterio jurisprudencial, relacionado con la exigencia de la convivencia, según el cual, esta solo resulta aplicable para los casos en donde muere un pensionado y no un afiliado, pues en este evento «[…] únicamente se exige acreditar la condición de compañero o cónyuge que se invoca y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia». Recordó lo adoctrinado por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-149 de 2021 y por esta Sala en la CSJ SL2820-2021, en donde «[…] insistió en que el criterio de la

convivencia mínima de cinco años […], es exigible únicamente cuando la pensión de sobrevivientes se causa por la muerte del pensionado».

Dijo: Pues bien, a juicio de la Colegiatura y analizados los argumentos esgrimidos por la […] Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, para sustentar el cambio de precedente frente al requisito para obtener la pensión de sobreviviente (cuando la muerte deviene del afiliado), contrarían el principio [de] sostenibilidad financiera.

Recordemos que es un deber asegurar la eficiencia, sostenibilidad y existencia de los regímenes pensionales, principalmente para lograr tener los recursos necesarios para poder prestar, reconocer y pagar las diferentes prestaciones a cargo del sistema, el cual se verá seriamente afectado ante la inaplicación del requisito de la convivencia ante el fallecimiento del afiliado, sin obviar el hecho de que se trasgrede el principio de igualdad al ofrecer disímil tratamiento para igual derecho, y es que si bien no es lo mismo un pensionado que un afiliado, la prestación que protegerá al beneficiario de la contingencia de la muerte si lo es.

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Radicación n.° 96740 En suma, en los términos del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es requisito sine qua non para acceder a la pensión de sobrevivientes, originada con el fallecimiento de un afiliado al Sistema de Pensiones, tratándose de eventuales beneficiarios ya sea cónyuges o compañeros permanentes la convivencia en un tiempo no menor a cinco años, tal y como se exige para acceder al beneficio pensional al fallecer el pensionado, pensarlo de otra

forma además de darle un sentido exegético a la norma desconoce los principios de solidaridad, igualdad y sostenibilidad que permean las leyes que gobiernan el sistema de seguridad social. Nuevamente, se refirió a la providencia del tribunal constitucional y explicó que busca garantizar el derecho a la igualdad. Además, puntualiza que ese precedente es obligatorio. Recapituló que, en el trámite, testificaron Rafael Villabona Sánchez y Diana Carolina Gómez, quienes contrario a lo que definió el juez, no «[…] proporcionaron elementos de juicio para edificar la convivencia». Detalló que el primero hizo manifestaciones vagas y genéricas en su declaración, por lo que, de esta, no se concluye que hubiera tenido un conocimiento real de los hechos y mucho menos «[…] una autentica cercanía con la supuesta pareja». En ese mismo sentido, subrayó que el testigo de manera general contó que la causante y el demandante eran vecinos; que «[…] grosso modo vivían juntos» y que ella «[…] salía a trabajar por los lados de cabecera». También comentó que él esporádicamente visitaba a la pareja; que la señora Mosquera Romero, descansaba en la misma casa donde residía el demandante y que esta murió de un infarto.

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Radicación n.° 96740 Del testimonio de Diana Carolina Gómez, nuera del demandante, recalcó que dijo conocer la unión entre la fallecida y el demandante, al tener una tienda en el barrio «[…] contiguo en el cual la causante y el demandante vivían».

Del mismo modo, explicó que era amiga de la afiliada; que permanentemente le fiaba en su negocio para víveres; que aquella era trabajadora doméstica y que los fines de semana «[…] pernoctaba con isidro (sic)». Aseguró que las afirmaciones no eran «[…] contundentes, pues aun cuando mecánicamente refirió conocer sobre la relación», no brindó ningún detalle puntual o significativo de la convivencia, mucho menos del apoyo mutuo o la solidaridad que se profesaban. De las declaraciones de Jorge Cala Díaz, vigilante del edificio en donde laboraba la afiliada, y de Francisco Duarte, compañero de trabajo de esta, extrajo que ambos revelaron que ella «[…] siempre permaneció en el lugar de trabajo y que solo salía los domingos en horas de la tarde y regresaba ese mismo día», manifestaciones que coinciden con lo argumentado por el empleador en la contestación de demanda. Consideró que las versiones de los testigos le daban plena credibilidad, dado que el señor Cala insistió que, Le constaba lo dicho por su labor de vigilante y observar la situación en los días en los que no prestaba el servicio le constaba lo asegurado por no estar consignado en la bitácora, por su parte, Francisco Duarte, indicó que el trabajaba de lunes a sábado y sabía por así observarlo que la causante no salía de la casa donde laboraba y él -el deponentetenía que estar el lunes a las 6:00 am en la casa donde Adela trabajaba y siempre ella estaba ahí.

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Radicación n.° 96740 En tal orden, los testigos del demandante además de no revelar

ninguna particularidad de la convivencia, fueron vagos en sus atestaciones; RAFAEL VILLABONA SÁNCHEZ, hace ver que la causante permanecía en la vivienda de Isidro cuando aquella solo salía del trabajo el domingo en la tarde, conjuntamente, de manera ambigua, dijo que compartían (él y la pareja que tomaban tinto), sin indicar en qué ocasiones, esto es, de cómo pudo darse esa cercanía; en lo que tiene que ver con DIANA CAROLINA GÓMEZ, diferente a referir ser la nuera del demandante y por ello tener conocimiento de lo informado, se itera no reveló como (sic) era el diario vivir de la pareja, de tal forma que se pudiera establecer cómo se desarrolló ese lazo. En tales términos, examinando al detalle las declaraciones vertidas en el proceso, a juicio de la Sala, no son suficiente para edificar la convivencia dentro de los 5 años anteriores al deceso del señor (sic) ADELA MOSQUERA ROMERO, en gracia de discusión, tampoco para el momento del deceso, y ello es así, pues no solo las testimoniales revelan serias inconsistencias en lo que respecta a la forma en [que] se desarrolló la convivencia, lo cierto es, que no identifican una verdadera comunidad de vida, por lo que si bien pudo haber existido una relación amorosa, no logró probar que trascendiera a la órbita de convivencia, recuérdese que la exégesis correcta de convivencia, excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendran las

condiciones necesarias de una comunidad de vida; como ocurrió en este caso, donde el demandante no demostró que con la causante existiera una real ayuda mutua, afecto, entrañable, asistencia solidaria, acompañamiento espiritual, que reflejara el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia efectiva y afectiva (negrillas propias del texto).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Isidoro Cepeda Díaz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver teniendo en cuenta los términos de la demanda y alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente el

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Radicación n.° 96740 fallo del Tribunal, en cuanto «[…] revocó la pensión de sobrevivientes», para que, en sede de instancia, confirme el del juzgado. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera, el cual es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la violación directa, por interpretación errónea de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Reprocha al Tribunal la interpretación que efectuó de las normas referenciadas, por cuanto, comprendió erradamente que, para causar la pensión de sobrevivientes, resultaba necesario acreditar una convivencia en los cinco años anteriores al deceso, sin importar si se trataba del caso de un pensionado o afiliado, alejándose del criterio expuesto por esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 3 de junio de

2020, radicado 77327, según la cual, dicha exigencia únicamente es predicable en el caso de la muerte del pensionado. Recalca que un adecuado entendimiento del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, implica que la exigencia de la cohabitación se aplique solamente para los pensionados, ello, para evitar convivencias de última hora con quien está próximo a fallecer, supuesto que claramente no acontece en caso bajo examen.

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Radicación n.° 96740 A continuación, dice que al demandante le bastaba acreditar su calidad de compañero permanente de la señora Mosquera Romero y haber sostenido una relación «[…] con vocación de permanencia» con aquella para ser beneficiario de la prestación. Recrimina al Tribunal apartarse del precedente de esta Sala de la Corte, sin un «[…] mínimo de carga argumentativa pues se dedicó a fundamentar su decisión con unos apartes de decisiones de la Corte Constitucional, dejando de señalar con suficiencia por qué no acataba las decisiones de la Sala Laboral».

VII. RÉPLICA Colpensiones dice que si bien es cierto el Tribunal se equivocó en la interpretación que hizo del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al no acatar el precedente de esta Sala, ello, «[…] no tiene la suficiente magnitud para otorgar a la Corporación la posibilidad de derruir su fallo», pues en sede de instancia llegaría a la misma determinación, dado que no existen elementos de juicio que demuestren la «[…] existencia de lazos afectivos entre el demandante y la causante».

Detalla que es incuestionable que la jurisprudencia actual de la Corte ha establecido que el requisito de los cinco años de convivencia anteriores al deceso únicamente es exigible cuando el fallecido es un pensionado, no obstante, el beneficiario de un afiliado debe probar «[…] al menos, la vida como pareja y la existencia de lazos afectivos al deceso del

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Radicación n.° 96740 causante», tal cual se explicó en la sentencia CSJ SL10012023. Memora que, tal y como se indicó en la sentencia de segunda instancia, los testigos no proporcionaron elementos suficientes y serios para establecer una efectiva convivencia de la pareja, por cuanto sus manifestaciones fueron genéricas.

VIII. CONSIDERACIONES Dado que el cargo está orientado por la vía directa, no se debate que i) la afiliada Adela Mosquera Romero falleció el 11 de julio de 2010; ii) cotizó más de 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso; iii) laboró para Sergio Augusto Francisco Acevedo entre el 15 de enero de 1991 y la fecha de su muerte.

El problema jurídico que debe resolver la Sala, se contrae a determinar si se equivocó el Tribunal cuando analizó la convivencia del compañero permanente en los últimos cinco años, previos a la muerte de la causante. Es pertinente rememorar que, en múltiples ocasiones, esta Sala ha reiterado que, tratándose de la pensión de sobrevivientes, la norma aplicable es la vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado (CSJ SL4650-2017).

De esta manera, al no haber discusión sobre que la señora Mosquera Romero murió el 11 de julio de 2010, el

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Radicación n.° 96740 precepto que regula el asunto es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Igualmente, conviene mencionar que fue criterio de esta Corporación que la exigencia de convivencia de cinco años para constituirse en beneficiario de la pensión de sobrevivientes era obligatoria cuando el causante era afiliado o pensionado. Así se expuso en múltiples decisiones como en

la CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-2015 y CSJ SL140682016.

Sin embargo, en la providencia CSJ SL1730-2020 (reemplazada mediante la CSJ SL4318-2021, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-149-2021), se reexaminó el asunto y se fijó una nueva doctrina en torno al literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según la cual, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no se requiere acreditar un lapso básico de convivencia. En la sentencia referenciada, se precisó que la cohabitación en un tiempo mínimo preestablecido -cinco años-, resulta ser una obligación exclusiva y predicable únicamente para el caso del deceso de un pensionado. En el mismo sentido, en fallo CSJ SL4283-2022, se indicó: Sin embargo, tal como lo sostuvo el colegiado, luego de

reexaminar la referida temática, esta Corporación fijó una nueva doctrina en torno a la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Encontró, que no era posible inferir que en tratándose de la muerte de un afiliado, el legislador hubiese exigido un tiempo mínimo de convivencia de 5 años, por manera que ese interregno temporal solamente resultaba necesario

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Radicación n.° 96740 acreditarlo en caso del deceso de un pensionado. En torno a la citada norma, en la sentencia CSJ SL1905-2021, se sostuvo: […] En síntesis, pueden extraerse dos reglas […] que fijan el alcance y la correcta interpretación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003: i) La pensión de sobrevivientes en materia de afiliados al sistema de seguridad social, no exige un tiempo mínimo de convivencia para acreditarse como beneficiarios la cónyuge o la compañera permanente y, ii) No existe un trato diferenciado para la aplicación de la regla anterior, es decir, no importa la forma en la que se constituya el núcleo familiar, vínculos jurídicos o naturales, la protección se dirige al concepto de familia (artículo 42 de la C.P.), luego el análisis se circunscribe en estos casos a la simple acreditación de la calidad requerida y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte (al respecto, se puede consultar entre otras sentencias CSJ SL3843-2020, CSJ SL5626-2020). Por tanto, erró el Tribunal al exigir la acreditación de 5 años de

cohabitación con la cotizante, anteriores al deceso para reconocer el derecho en calidad de compañero permanente; de suerte que el cargo resultaría fundado (subrayas fuera de texto). Por tanto, el Tribunal erró al interpretar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al concluir que Isidoro Cepeda Díaz, debió acreditar una vida marital con la asegurada en los cinco años anteriores a su muerte y al sostener que los lineamientos actuales de esta Sala de la Corte contrarían la sostenibilidad financiera del Sistema, la solidaridad y el derecho a la igualdad. Si bien es cierto, los jueces pueden apartarse del precedente jurisprudencial, para ello, deben esgrimir una argumentación suficiente, tal como lo explicó la providencia CSJ SL440-2021: Ahora, es cierto que los jueces del trabajo deben considerar en sus sentencias el precedente judicial vertical que emana de la Sala de Casación Laboral. En efecto, al ser esta el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, sus decisiones tienen fuerza vinculante en virtud de los principios de igualdad, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, pero siempre que tengan la capacidad de responder adecuadamente a la realidad

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Radicación n.° 96740 fáctica del asunto concreto, así como la social, económica y política del momento (CC C-836-01 y CC -621-2015). En este sentido, de existir un precedente aplicable, los jueces laborales deben identificarlo -carga de transparenciay, hecho esto, acatarlo o disentir del mismo. Si es lo segundo, asumen la

obligación de desplegar una carga argumentativa suficiente que explique las razones del disenso -requisito de suficiencia-, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, dado que los jueces deben adaptarse a las exigencias que impone la realidad y reconocer la evolución del derecho (CC T-446-2013), o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales (CC C-621-2015) (negrillas fuera de texto). Así las cosas, es claro que la postura del Tribunal no está amparada en razones justificadas y menos permite un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales, por el contrario, los limita al dar una intelección restrictiva a la norma -literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003y al no tener en cuenta el verdadero propósito que tuvo el legislador al prever las condiciones para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el cual no es otro que proteger integralmente al núcleo familiar del fallecido ante su desaparición. La posición actual de la Corporación en torno a la interpretación al literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no resulta irrazonable ni desproporcionada, sino ajustada a los principios constitucionales y legales que tienen a la familia como parte esencial de la sociedad, tal cual se expuso en el proveído CSJ SL4318-2021, en donde se

expresó: Resulta necesario advertir que, para esta Sala, en ninguna interpretación irrazonable ni desproporcionada del literal a) del

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Radicación n.° 96740 artículo 13 de la Ley 797 de 2003 se incurrió en la decisión que se dejó sin efectos por la Corte Constitucional; por el contrario, la intelección dada se acompasa perfectamente con los supuestos establecidos en la disposición en comento, y más aún, con la clara finalidad del legislador al prever las condiciones para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad