CSJ - SL2712-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2712-2023 Radicación n.° 97709 Acta 38 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA SOFÍA BALLESTEROS MADERA, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 5 de febrero de 2021, en el proceso que instauró contra la

UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BARRANQUILLA.

AUTO Se reconoce personería para actuar en el presente recurso como apoderado de la Universidad Libre, al abogado Nelson Oswaldo Duque Luque, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 19.285.779 y tarjeta profesional n.º 29.694 del Consejo Superior de la Judicatura, según poder aportado mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2023.

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I. ANTECEDENTES Ana Sofía Ballesteros Madera demandó a la Universidad Libre – Seccional Barranquilla, con el propósito de que se declarara la ineficacia de su despido por vicios del consentimiento y, en consecuencia, se ordenara su reintegro sin solución de continuidad y se condenara al pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes en salud y pensiones y demás acreencias dejadas de devengar, así como los «[…] Salarios moratorios por el no pago del tiempo laborado, en el segundo semestre».

De forma subsidiaria, pidió que se declarara que su contrato de trabajo mutó a uno a término fijo de un año y que se condenara al pago de la indemnización por despido sin justa causa, «Más indexación, intereses legales y moratorio (sic), Prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas, Incluidos los 21 días laborados, que no fueron remunerados». Como fundamento de sus pretensiones, dijo que trabajó al servicio de la universidad, entre el 26 de febrero de 2013 y el 21 de julio de 2016 «[…] sin solución de continuidad», como catedrática hasta el segundo semestre de 2014 y en jornada completa a partir del primer semestre de 2015, en el cargo de «[…] jefe de área profesional del programa de administración de negocios internacionales», con un salario de $3.468.573 mensuales.

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Radicación n.° 97709 Indicó que los comités de evaluación y selección y de unidad académica, además del Consejo Directivo de la universidad, en diferentes instancias, aprobaron la planta de profesores del segundo semestre de 2016, listado en el que se encontraba y que no incluía novedad alguna de despido. Agregó que, una vez aprobada esa plantilla por este último, resultaba inmodificable, de manera que ni el decano ni la jefe de personal podían cambiarla, modificar las actas de los comités mencionados o desconocer los artículos 40 del Reglamento Interno de Trabajo y 20 y 22 de la Convención Colectiva vigente para 2015-2016.

Afirmó que laboró efectivamente entre el 1º y el 21 de julio de 2016, fecha en la que recibió un correo electrónico de la jefe de personal de la Universidad Libre donde le comunicaba que la decanatura no la había considerado como profesora de ese período y, por consiguiente, no tenía contrato disponible para firmar, momento a partir del cual le impidieron el ingreso a las instalaciones y le bloquearon el acceso a su correo electrónico institucional. Aseguró que «[…] en el segundo semestre 2016» firmó el registro de asistencias, participó de reuniones de investigación y envió correos electrónicos desde su cuenta corporativa. Dijo que no se le atribuyó ninguna causal de desvinculación; la universidad no aplicó lo que para tal efecto disponían los artículos 20 y 22 de la Convención Colectiva, de la cual se beneficiaba como afiliada al sindicato Asociación

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Radicación n.° 97709 de Profesores de la Universidad Libre (en adelante Asproul) y en ningún momento renunció. Sostuvo que su despido fue ineficaz, por cuanto lo efectuó una persona no autorizada, pese a haber sido incluida en la nómina de docentes del segundo semestre de

2016. Añadió que se vulneró el debido proceso, pues la terminación de su contrato se hizo mediando error, fuerza y dolo, además no le fueron cancelados los salarios y demás acreencias causadas por los días laborados en el segundo semestre de 2016.

Al finalizar, alegó que suscribió contratos a término fijo inferiores a un año, desde el 26 de febrero de 2013, los que

se prorrogaron por el «[…] tiempo inicialmente pactado» en más de tres ocasiones y, de conformidad con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, su contrato se convirtió en uno a término fijo de un año «Habiendo solución de continuidad entre uno y otro contrato». Al dar respuesta a la demanda, la Universidad Libre se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral y el salario devengado, pero aclaró que la vinculación se dio «[…] mediante sendos contratos a término fijo, los cuales se terminaron por expiración del término de cada uno de ellos». Negó que el Comité de evaluación y selección docente hubiera aprobado la planta de profesores del período referido

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Radicación n.° 97709 y precisó que la unidad académica no era competente para definir sobre la desvinculación de personal. Aclaró que, si bien era cierto el Consejo Directivo aprobó la plantilla de docentes del segundo semestre de 2016, esta era inmodificable solo en cuanto a la inclusión de nuevos nombres no previstos inicialmente en ella, no en la decisión de no contratar profesores durante el respectivo período lectivo de su vigencia. Sostuvo que la señora Ballesteros Madera no fue despedida, sino que su desvinculación se llevó a cabo el 30 de junio de 2016 por la expiración del plazo fijo pactado, de tal suerte que, pese a ser afiliada a Asproul, no le aplicaban los artículos convencionales que citó en la demanda, previstos para terminaciones del contrato con justa causa.

Enfatizó que en el correo electrónico remitido a la trabajadora se le informó que la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables no la reportó dentro de la planta docente del segundo semestre de 2016. Negó que la demandante hubiere laborado durante los días 1 al 21 de julio de 2016, ya que ningún docente podía prestar servicios sin haber firmado previamente contrato; aunque dijo que, si ocurrió, «[…] fue por su propia cuenta y riesgo».

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Radicación n.° 97709 Por último, rechazó las supuestas prórrogas de los contratos de trabajo indicando que, tal como lo confesó la señora Ballesteros Madera en la demanda, hubo solución de continuidad entre cada vinculación, de tal suerte que no existió el contrato a término fijo de un año. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, indebida acumulación de pretensiones, cumplimiento e inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir y «Las demás que se demuestren dentro del proceso».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 4 de octubre de 2017, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por la demandante, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 5 de febrero de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.

Estableció como asuntos a resolver, definir si la

terminación del vínculo de la demandante fue ineficaz y si ella laboró al servicio de la universidad durante los primeros 21 días de julio de 2016.

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Radicación n.° 97709 Con base en las certificaciones y en los contratos de trabajo aportados al expediente, acreditó las siguientes vinculaciones: como «PROFESORA CATEDRÁTICA», del 26 de febrero al 16 de abril, del 22 de julio al 30 de diciembre de 2013, del 1° de enero al 30 de junio y del 1° de julio al 30 de diciembre de 2014; y como «PROFESOR DE JORNADA COMPLETA», del 20 de enero al 30 de junio, del 1° de julio al 30 de diciembre de 2015 y del 1° de enero al 30 de junio de 2016. Consideró que los diferentes contratos se celebraron siguiendo el ordenamiento jurídico, […] puesto que, ciertamente, los contratos de trabajo con los profesores, según lo dispuesto en el art. 101 del CST, deben reputarse como celebrados por los periodos académicos correspondientes los que conforme con la jurisprudencia “… se entienden finalizados una vez culmine el respectivo periodo académico, ya sea de un año escolar o de un semestre universitario…” (ver CSJ SCL, Fallo SL 2345-2018), al (sic) menos que las partes acuerden que se celebran por periodos mayores o a término indefinido, situación que no acontece en el sub-examine, amén de que tampoco se evidencia que dicha modalidad contractual hubiere sido utilizada por la pasiva de

manera inapropiada. Dedujo que no operó una relación laboral sino varios nexos contractuales, ejecutados por semestres académicos según el régimen de los profesores de establecimientos particulares. Expuso: Ahora bien, atendiendo a lo anterior, esto es, que entre las partes existieron varios contratos de docentes-art. 101 del CST, siendo el último el desarrollado entre el 1° de enero de 2.016 al 30 de junio de 2.016, emerge claro que dicho vínculo alcanzó su punto muerto, o lo que es lo mismo, terminó, por virtud del vencimiento del plazo pactado, esto es, la duración del aludido semestre académico, tal como lo alega la entidad accionada e incluso le fue preavisado a la actora mediante carta calendada 2 de mayo de

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Radicación n.° 97709 2.016 -Fl-28-, en donde se le informó que el contrato finalizaría “… el 30 de junio de 2016, motivo por el cual remitimos la presente comunicación dando cumplimiento al preaviso legal respectivo. Así mismo, le informamos que podrá iniciar el disfrute de sus vacaciones legales a partir del 21 de junio de 2016…”, dando cumplimiento con ello a lo estipulado en la cláusula NOVENA -9ª- del contrato de trabajo JLC 2016-0001 celebrado entre las partes -Fl. 42-. Concluyó que el hecho de no haberse dado continuidad al vínculo profesoral no suponía un desconocimiento de los estatutos de la universidad, pues según los documentos aportados al expediente para probar la supuesta inclusión en la planta docente, carecían de firma o no tocaban la situación

laboral de la demandante y, en cualquier caso, la señora Ballesteros Madera no allegó el acta del Consejo Directivo que aprobó la plantilla definitiva de profesores para el período controvertido, siendo este el único órgano competente para definir tal asunto. A continuación, señaló, […] de ahí que, no pueda predicarse, como lo vocifera la actora, que el decano de la facultad de ciencias económicas y la jefe de personal del ente universitario hubieren contravenido la decisión del CONSEJO DIRECTIVO, al remitir a la actora el correo electrónico obrante a folio 24, por medio del que, se le informó que no había sido reportada por decanatura en la planta docente para el periodo 2016-2, por consiguiente, no tenía contrato disponible para firma por ese ciclo académico. Anotó que la universidad no estaba en la obligación de aplicarle a la trabajadora el procedimiento del artículo 22 de la Convención Colectiva 2015-2016, ya que estaba dirigido a casos de imposición de sanciones o para la terminación del contrato con justas causas disciplinarias. En cuanto a la estabilidad convencional, apuntó: […] recuérdese, su desvinculación se produjo como consecuencia del periodo pactado en el contrato, modo de terminación laboral

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Radicación n.° 97709 de estirpe legal, que incluso, fue reconocida como válida en la cláusula 20 convencional -Fl. 124-, sin que resultara aplicable el contenido del parágrafo 1° de la cláusula 24 extralegal -Fl. 128-,

que consagra la continuidad del semestre siguiente (siempre y cuando la carga académica lo permita) de los profesores catedráticos, de media jornada y de jornada completa, cuando en la evaluación docente del periodo académico inmediatamente anterior obtuvieran calificaciones iguales o superiores a cuatro punto dos (4.2.), puesto que dicha garantía va dirigida exclusivamente a aquellos educadores “… que tengan una antigüedad docente superior a cuatro años continuos…”, no siendo el caso de la accionante quien contaba con una antigüedad discontinua en la Universidad Libre de 3 años, 4 meses y 4 días. Por último, precisó que las pruebas no acreditaban que la trabajadora hubiera prestado servicios entre el 1º y el 21 de julio de 2016 por requerimiento u orden de la universidad. Al respecto, analizó: En efecto, si bien los testigos esgrimidos por la activa, esto es, ELENA ROCHA RODRÍGUEZ, SOFÍA TORRES ALGARÍN y FRANCISCO HERNÁNDEZ CABALLERO expusieron al unísono que era costumbre en la Universidad demandada que antes de firmar el correspondiente contrato del semestre siguiente, los docentes desplegaran una serie de actividades curriculares y preparativas con antelación al ingreso a clases de los estudiantes -inicio de calendario académico-, siendo el caso de la actora, quien supuestamente asistió a reuniones programadas por decanatura, participó en procesos de acreditación institucional y coadyuvó en el manejo de un semillero de investigación, lo cierto es que no existe elemento probatorio alguno que acredite que dichas actividades -aparentemente desplegadas en los

primeros 21 días del mes de julio de 2.016hubieren sido ejecutadas por imposición de la demandada, pues lo que se encuentra probado, en el caso de la actora, es que su contrato terminó el 30 de junio de 2.016 (siéndole cancelado el respectivo salario de dicho mes -Fl. 82y liquidada (sic) sus prestacionesFl. 89-) y no fue tenida en cuenta como docente para el segundo semestre de dicha anualidad, siendo que si bien fueron allegados un voluminoso número de correos electrónicos enviados durante el mes de julio de 2.016 -Fls. 86 a 94, nótese que los mismos en su mayoría tienen como remitente a la misma demandante, es decir, son pruebas de hecho propio, en los que no se encuentra involucrado la participación de la entidad demandada ni tampoco se tiene que tales mensajes de datos estuvieran precedidos de una orden o directriz impartida por la accionada, siendo que si bien algunos correos, como es el caso de los

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Radicación n.° 97709 obrantes a folios 90 a 93 y 94, aparece como destinataria la actora y otras personas -con correos institucionales “@unilibrebaq.edu.co”-, los mismos únicamente informan que les fue comunicado la existencia del cronograma para la firma de los contratos del periodo académico 2016-2, comunicación que de ningún modo tiene efectos vinculantes o demuestra que la actora hubiere prestado sus servicios durante los días reseñados. Lo anterior, se agrava si se tiene en cuenta que el decano de la facultad de ciencias económicas ANTONIO VARELA

CONSUEGRA manifestó que a la actora en ningún momento se le dieron órdenes o instrucciones para ejercer labores durante el mes de julio de 2.016, que si lo hizo así, fue por su cuenta y riesgo, situación desconocida por el otro testigo y el secretario académico de la facultad -ALONSO EMILIO CALDERÓN CALDERÓN, siendo que la deponente DIANA GARCÍA MORELLI, quien trabajó como Secretaria de la Oficina de Personal fue enfática en señalar que “... ningún docente puede ejercer labores sin previamente haber firmado su contrato...”.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la señora Ballesteros Madera, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte, […] CASE TOTALMENTE LA SENTENCIA proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA SALA LABORAL de fecha 5 de Febrero del año 2021 dentro del presente proceso una vez constituida la Corte en sede de instancia se sirva REVOCAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del día 05 de febrero de 2021 y en su lugar disponga que las costas procesales son a cargo de la parte demandada y se condene a la entidad aquí demandada.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y estudiados en

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conjunto dado que presentan argumentos similares y complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Apunta que «[…] en la sentencia acusada se aplicaron indebidamente los artículos 24 del C.S.T, al igual que los artículos 29 48 y 53 de la constitución nacional».

Como fundamento del cargo, expone: La prestación personal del servicio como esta (sic) demostrado en el plenario fue autónoma e independiente, por lo que debía operar sin hacer mayores esfuerzos la presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo prevista en la ley entre la demandante y la entidad demandada. Esta prestación quedo (sic) demostrada con los documentos aportados al plenario que demostraron la prestación personal del servicio y documentos que nunca fueron tachados de falsos ni desconocidos y que obtuvieron valor probatorio en el proceso. Téngase como prueba que el servicio se prestó y que nadie entra a una universidad privada por varios días seguidos sin una autorización para que realice su trabajo por tanto existió un contrato de trabajo. Nótese además en el proceso aparece como prueba el correo electrónico enviado por la universidad demandada el día 21 de julio de 2016 que especifica que no tiene contrato disponible a firmar para este periodo académico, o sea que razón de ser tendría que se tomaran esa molestia 21 días después en mandar ese correo a la demandante “si según enuncia la demandada ya ella no laboraba allí y su contrato ya se había terminado”. Por tanto, reitero si había un contrato de trabajo. Transcribe los artículos 29, 48 y 53 de la Constitución Política y afirma que el fallo de segunda instancia atenta contra todos ellos.

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VII. CARGO SEGUNDO Sostiene que «La sentencia violo (sic) la ley sustancial en cuanto (sic) por interpretación errónea del Artículo 45, 46 del CST. del Código sustantivo del trabajo».

Reproduce el contenido de las normas y señala que los docentes pueden suscribir cualquiera de las modalidades de contrato allí dispuestas, pero que, a falta de estipulación, la jurisprudencia y el artículo 101 del compilado laboral, disponen que la duración es por el año escolar o el término que falta para cumplirse, sin que se requiera consignar esa presunción por escrito o se entienda como indefinido. Explica el régimen del contrato y, a continuación, afirma: No se tuvo en cuenta en la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior que entre los contratos suscritos Enero 1 del 2014, a Junio 30 2014, Julio 1 del 2014 a Diciembre 30 del 2014, Enero del 2015 a Junio 30 del 2015, Julio 1 del 2015 a Diciembre 30 del 2015, y Enero 1 del 2016 a Junio 30 del 2016 hubo solución de continuidad, y no se dio aplicación a lo preceptuado en el artículo 46 del C.S.T Si esta es la puntual prescripción de la ley, en punto a la modalidad contractual y su prórroga, no puede quedar al arbitrio de las partes, desconocer ésta mediante el expediente de acudir a la celebración de sucesivos contratos, dándole a cada uno de éstos una independencia o autonomía que lejos está de tener,

pues no existen cambios sustanciales entre los distintos celebrados, en aspectos relacionados con el sitio de prestación de servicios y el objeto contractual De modo, pues, que esa sucesividad de contratos celebrados entre la demandante y la demandada, sin ninguna justificación real y legal, constituyó el instrumento o medio utilizado para desconocer el imperativo mandato del artículo 46 ya citado, pues por cuenta de las particulares estipulaciones de cada uno, la prórroga por término inferior a un año no ocurrió por tres

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Radicación n.° 97709 períodos iguales, como lo ordena el artículo 46 del C.S.T., sino por 5 períodos. Por no haberse notificado por la demandada la no prórroga del mismo y principalmente, por continuar el trabajador prestando sus servicios a la misma institución demandada con sendos contratos de trabajo y en el mismo objeto contractual. Lo propio ocurrió con las prórrogas posteriores, pues ninguna notificación respecto de la intención de la empresa de no prorrogarlo fue entregada al trabajador con 30 días de anticipación a su vencimiento, pues como ya se dijo prefirió acudir a la formalización de nuevos contratos con la clara intención de la obligatoriedad de prorrogarlo por un término inferior a un año, solo hasta por 03 períodos. Con base en lo anterior, sostiene que el mismo contrato se prorrogó al vencimiento del término inferior a un año de tal suerte que se «[…] realizaron 3 contratos a termino (sic) fijo inferior a un año que no tienen preaviso», tras lo cual «[…] continuaron realizando el mismo contrato a termino (sic) fijo menor a un año cuando la norma no lo permite». Agrega:

Es así como de Julio 1 del 2015 le realizaron otro contrato a Diciembre 30 del 2015, se realizo (sic) contrato y de Enero del 2016 a Junio 30 del 2016, se realizo (sic) contrato inferior a un año. Mas los 26 días que laboro (sic) y no le fueron tenidos en cuenta. Entonces tenemos que según la interpretación correcta de la norma le correspondería contrato a termino (sic) fijo de un año correspondiente del 1 de Julio del 2015 a 1 de Julio 2016, le enviaron preaviso 2 de Mayo 2016, 2 meses antes, luego el contrato se prorrogo (sic) por un año mas (sic), toda vez que equivocaron la interpretación de la norma. Contratos que se encuentran en el expediente. […] Bajo la conclusión fáctica anterior, es también innegable que la notificación realizada por el empleador a la demandante el 02 de mayo de 2016, acerca de la no prórroga del último contrato de trabajo, celebrado por el período enero a junio de 2016, no tuvo la virtud de impedir la prórroga del único y verdadero contrato vigente, ya que para esta época su contrato no podía ser inferior a un año. Deviene de lo anterior, que, no existiendo justa causa para su terminación, la demandada está obligada a cancelarle a título de indemnización, los salarios equivalentes al tiempo que

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Radicación n.° 97709 hizo falta para su culminación, valen decir, el del tiempo que va desde el 01 de julio de 2016 hasta el 1 de Julio de 2017.

VIII. CARGO TERCERO

Lo formula así: […] por vía indirecta para demostrar que entre uno y otro contrato. (sic) No se tuvo en cuenta en la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior que entre los contratos suscritos Enero 1 del 2014, a Junio 30 2014, Julio 1 del 2014 a Diciembre 30 del 2014, Enero del 2015 a Junio 30 del 2015, Julio 1 del 2015 a Diciembre 30 del 2015, y Enero 1 del 2016 a Junio 30 del 2016 sin solución de continuidad, no se interrumpieron y no se dio aplicación a lo preceptuado en el artículo 46 del C.S.T.

Contratos que se encuentran aportados en el expediente. No habiendo aplicado correctamente la norma. La interpretación que da el Honorable Tribunal Superior es que existieron varios nexos contractuales ejecutados por semestres académicos que corresponden a contratos de profesores reglados por el articulo (sic) 101 del CST. Expone el alcance de la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y alega que el Tribunal, pese a estar obligado a verificar si las pruebas dan cuenta de la prestación autónoma e independiente del servicio, no se ocupó de ello. Afirma que aquel reconoció implícitamente que el servicio se prestó, razón por la cual, […] se esforzó en evidenciar que la universidad no autorizó el servicio, de los 26 dias (sic) que comenzaron 1 de Julio del 2016 sin tener presente que esa autorización puede darse de manera tácita y que nadie entra a una entidad privada varios días seguidos sin autorización. En suma, se demostró la prestación

personal del servicio y no se demostró la autonomía y no dependencia de dicha prestación, por lo que, según la ley, existió un contrato de trabajo.

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IX. RÉPLICA La universidad se opone a los cargos y, respecto al alcance de la impugnación, afirma que tiene el error de solicitar tanto la casación como la revocatoria de la sentencia de segunda instancia, dejando incólume la de primera.

Añade que ninguna de las normas invocadas en los cargos tiene la característica de esenciales «[…] toda vez que en el presente caso no se discute la presunción juris tantum, relativa a la existencia del contrato de trabajo». En cuanto al primer cargo, afirma que es un alegato de instancia y que la modalidad de aplicación indebida en que se sustenta no tiene la posibilidad de casar la sentencia, toda vez que la relación de trabajo no fue motivo de controversia. Sobre el segundo, sostiene que el juzgador fundamentó su decisión en el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, pese a lo cual la recurrente no lo incluyó dentro de las normas supuestamente infringidas, limitándose a mencionar los artículos 45 y 46 del compilado laboral. Agrega que la sentencia CSJ SL 23 de abril de 2001, radicado 15623, sostuvo que la disposición sobre trabajo docente en establecimientos privados no prevé el preaviso y, por consiguiente, allí no opera la llamada tácita reconducción. Por último, respecto del tercero, dice que no indica los errores de hecho ni las pruebas indebidamente gestionadas y que, al igual que el primer ataque, tiene la forma de un

alegato de instancia.

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X. CONSIDERACIONES El recurso de casación tiene unas especiales y muy precisas finalidades establecidas por las normas vigentes y desarrolladas por el precedente jurisprudencial, a fin de dotarle de contenido propio, distinguirlo de las demás acciones procesales y definir los requisitos que deben observarse para su procedencia, análisis y resolución.

La casación supone la revisión de la sentencia de segunda instancia a fin de examinar si el juzgador incurrió en una violación de la ley sustancial –el denominado «control de legalidad de las sentencias»- y, por esta vía, proteger la integridad del sistema normativo y unificar la jurisprudencia. Los especiales fines de la casación definen su naturaleza de recurso extraordinario, de tal suerte que esta sede no es una tercera instancia litigiosa donde las partes estén facultadas para revivir las actuaciones procesales y materiales de etapas anteriores, sino que los reclamos del casacionista deben enfocarse a acreditar la vulneración de las normas sustanciales mediante un ejercicio sustentado, explicativo de los errores del juzgador mediante la confrontación de sus decisiones con el contenido de las disposiciones jurídicas, que acredite que el actuar del funcionario judicial fue de tal entidad, que merece el quiebre de su decisión por haberse derruido los pilares sobre los que descansa (CSJ SL209-2022).

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Radicación n.° 97709 Reconoció la Corte Constitucional en sentencia CC C590 de 2005:

En ese sentido, el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna. Es extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse proferido con violación de la ley. Es interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación. Finalmente, implica un juicio de valor que exige la confrontación de la sentencia con la ley (negrillas fuera del original). La consecución de los propósitos de la casación es una responsabilidad que, de otra parte, no solo le asiste a esta Corporación, sino en específico a los recurrentes, que son los encargados de presentar los temas a ser examinados por la Sala, siendo que el recurso tiene naturaleza dispositiva en los términos de los artículos 87, 90, 91 y 93 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es por ello por lo que la demanda de casación debe acreditar los límites y formalidades que el ordenamiento le ha impuesto, lo que no constituye un mero capricho del legislador o de la jurisprudencia, sino la garantía del debido cumplimiento de los objetivos que se han designado para esta sede. Adicionalmente, el correcto entendimiento de las formas de la casación protege la seguridad jurídica del Estado, pues

solo aquellas peticiones que se demuestren fundamentadas

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Radicación n.° 97709 y que acrediten una vulneración legal del fallador, podrán derribar la presunción de legalidad de que gozan las sentencias judiciales, principio esencial para el correcto desenlace de las controversias jurídicas. Así las cosas, debe observarse el cumplimiento de los requisitos mínimos designados para tal efecto, lo que no se cumple en este caso como se pasa a explicar.

1. Defectos en el alcance de la impugnación Este es el petitum de la demanda o el marco de actuación de esta Sala, que ha reconocido su especial relevancia para la delimitación de la conducta que debe desplegar (CSJ SL4790-2019 y CSJ AL5534-2019), lo cual, por demás, no puede presumirse ya que, según el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tales consideraciones «[…] pertenece[n] al fuero exclusivo de quien acude a la jurisdicción en procura de los derechos que cree le asisten».

En el presente caso, la recurrente solicita simultáneamente que se case la sentencia del Tribunal, así como que se revoque, lo que violenta la esencia del recurso extraordinario y es incorrecto a la luz de las reglas que regulan esta sede, dado que el efecto de la casación es su desaparición del mundo jurídico, en todo o en parte, según se solicite.

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Radicaci