CSJ - SL2715-2018

RepúbdleCi oclao mbia cone Suprema de Justicia SadleCa asa clL6anb oral SadleDa e sconNgest•.2l 6n CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2715-2018 Radicación n. 49522 º Acta Extraordinaria O 1 Bogotá, doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). En cumplimiento de la sentencia STC7678-2018, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS ALBERTO SANTANA MÉNDEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2010, en el proceso que instauró en su contra la sociedad

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA.

l. ANTECEDENTES La sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA, llamó a juicio al señor LUIS ALBERTO SANTANA MÉNDEZ, con el fin de que se declarara que el valor de la pensión de jubilación reconocida al demandado, debe reliquidarse con base en el 75% del promedio de los salarios devengados SCLAJPT-10 V.00 1!!11$Vfi,---- Radicación n.º 49522 duranetleú ltimaoñ od es erv1c1ao fsa vodre I SAy ,e n consecuensceio ar,d enqeu el ac uantdíea l am esada

pensiocnoarlr espoan ldeasr uám ad e$ 3.019.d7e8s0d,ee l 28d ee nerdoe2 005d;e$ 3.166.a2p 3a9r,t dierl1º d ee nero de2 0063;. 308.0d8e7s,d eel 1 º dee nerdoe 2 007y de 3.496.3p1a8r,ea l añ o 2008I.g ualmensteec ,o ndenaarla demandadao p agard ebidamenitned exaedlom ,a yovral or canceldaedso,de el2 8d ee nerdoe2 005p,o rc oncepdtelo a pensidóenj ubilamcáisól no,is n teredseme osr a( f4.3ºd el cuaderpnroi ncipal). Comof undamednets ou sp retensidoinjqeous ee, s u na empresdae s ervicpiúobsl icmoisx tdae lo rdenna cional, constitcuoimdosa o cieadnaódn idmeac aráctceorm ercyi al vinculaaldM ai nistedrei Moi nasy Energíqau;e L UIS º ALBERTSOA NTANMAÉ NDEZl abopraór ae lldae l1 de agosdteo1 977a l2 7d ee nerdoe2· 0 05q;u ep arcau andsoe retitreón,í laac alidadde t rabajapdaorrt icusleagúrn,l o previsetno e la rtic4u1l od e laL ey1 42 de 1994y

desempeñealbc aa rgdoea sistednemt aen tenimideenl tao DirecciCóTnE cons edee n TorcaB,o gotáq;u ee ra beneficidaerlpi aoc tcoo lectqiuveso u scriIbSíAca o ns us trabajadonroe ssi ndicaliezlac duoalse ,s tableenc esu, cláusu1l1a,q uer econocye praígaa raí lao st rabajadores beneficiadreilpo asc tcoo lect«qiuve oh,ay an cumplido o cumplan cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo en entidades del sector oficial, diez (1 O) de estos al servicio de Interconexión Eléctrica S.AE.. S.IPS.Au »n,pa e nsdiejó unb ileaqcuiióvnala eln te75%d elp romeddieol oss alardieovse ngadduorsa netle 2

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Radicación n. º 49522 último año de servicio en la empresa, según los términos y condiciones que en seguida transcribió, de la misma cláusula. Informó que de acuerdo con el acta n. 33 del 28 de abril º de 2005 y con el pacto colectivo, ISA le reconoció y pagó la pensión de jubilación al demandado, en los siguientes valores: para 2005, $ 3.414.704; para 2006, $ 3.580.317; para 2007, $ 3.740.715 y, para 2008, $ 3.953.562; que estas sumas debieron ser menores y, finalmente, que tal pensión

sería compartida con el Instituto de Seguros Sociales, una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de veJez. Enseguida presentó dos cuadros contentivos, respectivamente, de los conceptos y valores pagados al demandado en el último año de servicio y los devengados o causados en igual periodo de tiempo, laborado para la misma. Reveló que la pensión reconocida al señor SANTANA MÉNDEZ fue liquidada con el 75% del promedio de lo el último año de servicio en ISA; «pagaodp oe rcibido»durante que de acuerdo con el acta n. 33 del 28 de abril de 2005 º antes mencionada, esa liquidación debió efectuarse con el promedio de los salarios en ese «devengoa dcoasu sados» lapso de tiempo; que si así se hubiera hecho, tal como lo establece el pacto colectivo, la mesada pensiona! sería de: $3.019.780 para 2005; 3.166.239 para 2006; $3.308.087 para 2007 y $3.496.318 para 2008. Y para finalizar, manifestó que al demandado se le envió una carta SCLAJPT-1V.00 0 3 Radicación n. º 49522 solicitándole su anuencia para disminuir el valor de la mesada pensional, pero éste guardó silencio. En respuesta, el demandado se opuso a las peticiones de la demanda y, respecto de los hechos, defendió el valor de las mesadas pensionales tal como le fueron pagadas. Aseguró que, en realidad, su salario fue de $4.552.939. En su defensa, propuso las excepciones de

prescripción, carencia de derecho sustantivo, petición de lo no debido, buena fe y la innominada (f.º 75 a 84 del cuaderno principal).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 5 de mayo de 2009 (f.º 185 a 190, ibídem), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el monto de la pensión de jubilación reconocida por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E. S.P a LUIS ALBERTO SANTANA MÉNDEZ debe ser reliquidada a partir del 28 de enero de 2005, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, conforme la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: ORDENAR que el valor de la mesada pensiona[ a partir del 28 de enero de 2005 corresponderá a la suma de $3.414. 704, en el 2006 de $3.580.317, en 2007 de $3. 740. 715 y en 2008 de $3.953.562.

TERCERO: ABSOLVER al demandado de las demás pretensiones incoadas en su contra.

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandada. Tásense (negdretilel xlotaro i ginal). SCLAJPT-10 V.00 4 \l '"í Radicación n.º 49522 Y mediante sentencia aclaratoria de 3 de julio de 2009 (f.º 218 a 221, ibídem), dispuso: PRIMERO: ACLARAR la sentencia de fecha cinco (5) de mayo de

dos mil nueve (2009), proferida dentro del proceso de la referencia, en el sentido de determinar como fecha de pronunciamiento de la misma el cinco (5) de junio de dos mil nueve (2009).

SEGUNDO : CORREGIR el numeral segundo de la sentencia de fecha 5 de junio de 2009 proferida por este despacho, indicando que la pensión de vejez del señor LUIS ALBERTO SANTANA e.e.

MÉNDEZ identificado con la No. 11.332.670 de Zipaquirá se deberá reliquidar de manera que el valor de la mesada pensiona! a partir del 28 de enero de 2005 corresponderá a la suma de $3.019. 780; en el 2006 a $3.166.239, para el 2007 a $3.308.087 y para el 2008 a $3.496.318 y no $3.414. 704 para el 2006 de $3.580.317, en 2007 de $3. 740. 715 y en el 2008 de $3.953.562, como involuntariamente se trascribió en la parte resolutiva de la sentencia.

TERCERO: Continuar con el trámite procesal pertinente (negrilla detle xotroi ginal).

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del fallo de 31 de agosto de 201O (f.º 38 a 46 del cuaderno de segunda instancia), confirmó el de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas de segundo grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar, si para la

liquidación de la pensión de jubilación del demandado, debieron incluirse todos los conceptos pagados en el último año de servicios, o sólo lo causado en ese tiempo.

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Radicación n. º 49522 Para ello analizó la fuente del derecho, esto es, la cláusula 11 del Pacto Colectivo, en la que se estableció el pago de la pensión de jubilación, al margen de los demás requisitos, con el equivalente al 75% del «promedidoel os salariodse vengadodsu ranteelú ltimaoñ od es ervicio (negrilla del texto original), en virtud de la cual en la empresa» le reconoció a SANTANA MÉNDEZ la pensión de jubilación, según consta en el acta n.º 33 del 28 de abril de 2005, de la que transcribió las cláusulas luego QUINTA, SEXTA y SÉPTIMA, de lo cual afirmó que para la parte actora, las condiciones de este reconocimiento no consultan el verdadero espíritu de lo consignado en el pacto colectivo, dado que la empresa, por error, obtuvo la cuantía de la pensión teniendo en cuenta rubros no causados en el último año de servicios del demandado, anteriores al retiro, es decir, del 29 de enero de 2004 al 28 de enero de 2005, lo cual fue controvertido por el accionado Observó, que a pesar de la discusión semántica de los términos y en su sentir, el pacto quiso devengado percibido, que se generara en favor de los trabajadores beneficiarios,

«una pensión mensual vitalicia de jubilación tomando como o base salarial lo causado devengado en el último año de y aclaró servicios», «tener como base las percepciones originadas por la contraprestación directa de los servicios e durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha que en este caso, los valores a otorgamiento de la pensión»; tener en cuenta serían los rubros de connotación salarial causaedno esl último año de servicios a la empresa, excluyendo aquellos que a pesar de su connotación salarial

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6 Radicancº. 4i 9ó5n2 2 fuerocna usadcoosn a nteriorailda añdo p reviao l a adquisidceidlóe nr ecphaor,ea lc asdoe,2l 9 d ee nerdoe2 004 al2 8 dee nerdoe 2 005q;u eu nap ostucroan tra«rsiae apart[.a ].rld .ae eln tendinmaituernyat rloa zonqaubel e tuvielraposan r tceosn traatlam notmeesnd teoc eleberl ar acueradla oc»og epra,r ae fectdoels a l iquidamcoinótno,s pagadoaslm omentdoe l afi nalizadceilóc no ntrastion, guardraerl accioónnl od evengaednoe lú ltimaoñ od e serv1c10. ,, Agregqóu,ep rohijlaapr o sicdieódlne mandapdood ría llevaa urn a busdoe ld erecphoor p artdee le xt rabajador «pueenss ul egíetjiemroac ldi icsifruopt een sisounbasli stiria

unas ituadceid óens equielciobnróimcoio cnco a rgao l a empreascac ionya gnetnee raunndaoo s tenvseinbtlaae j a favdoerjl u bilqaudeco a,r edcece a uso ac ontraprestación recípyrq ouceaa d»em,á «s,v icsotlnoap erspedcedtlei rveac ho civdiell a osb ligacsieto rnaedseu,nce en riquecismiine nto jusctaau sqau»ep; o re sar azópnr ocedlíara e visdieól na liquidaecfieócnt uaaldd ae mandacdoon v isteanp ruebas documentasleegsú,nl asc ualelsa,d iferenecnitarl eo devengayd loop agadeon e lú ltiañmoo des ervicqiuoeas , pesadres uc ausacsieómne stnroap lu,e dteo mareslve a lor pagadeone lú ltiamñoo d es ervicsiionesol,c ausaednoe se perioqduoe;s obrlead enomina«dPar idmeva a cacipoonre s liquifidnaacqliu»óefi ng urean l al iquidadceli oód ne vengado y noe nl ad el op agadnoo,e xiscteer teszoab rseie so no componesnatlea rmiáaxli,m qeu en os ed iscuetsieaó s pecto enl as egunidnas tanlcuieagu,on ilateralnmoes netp eu ede excleusierv alosri,un n ae xplicapcairóeanl lo.

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Finalmente, expresó que con respecto de la documental vista en los folios 48 y 49 del cuaderno principal (renumerados 37y 38)co,n tentivos de las liquidaciones pensionales efectuadas por ISA al demandante con el promedio de lo pagado en el último año de servicio (folio 37) y lod evengado ene lm ismpoe rio(dfoo 3l8i)od, i jquoe correspondía al demandado desvirtuarla, por haber sido aportada por la entidad demandante; que al no objetar «la veracidad de los mismos, pues es deber procesal de las partes demostrar lo que quiere que se tenga en cuenta, y al no ser desvirtuado por la contraparte, se constituye en plena prueba, como ocurrió en el presente caso». IV.R ECURDSEOC ASACIÓN Interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANDCEEL AI MPUGNACIÓN Pretende el recurrente, /. ]. .q uel a HonorabCloer tSeu premdae JusticCiAaS E PARCIALMENTEl as entendceis ae gungdroa deon c uanptoor e l numerparli mecroo nfiremnót odassu sp artleass entenocbijae to derle curysc ou anptooer l n umerparli mecroo nfiremnót odassu s partleass entenacpieal adya,e; n s ul ugasre p ersigquuee constituyeénns deodsdeee i nstansceir ae,v oquleonnsu merales primeros,e gundyo t ercearoc,l aradyo cso rregildoosds o s

primerdoels as entendcepi rai mgerra dEol.n umertaelr cdeerl oa sentendceip ari merg radqou edarcáo nfirmadcoo nforlmae sentendcesi eag unidnas tanScepi aro.v eesroáb rceo stcaosm eon derecchoorr esponda.

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Radicación n. º 49522 Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se estudian a continuación.

VI. CARGPORI MERO Se presenta, como sigue: Acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, por el concepto de aplicación indebida de los artículos 27, 127, 260, 467 del C.S. del T. y 19 y 20 de la ley 797 de 2003, en relación con los arts. 177, 251, 252, 269 y 289 del C.P.C. y 51, 60, 61 y 145 del C.P.T. y de la S.S.

La violación anterior se produjo por la vía indirecta a través de errores evidentes de hecho, debido Errores que, señaló, consistieron en:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la entidad demandante con las documentales de fls. 37 y 38 (fis. 48 y 49 corregidos) demostró "... el promedio de lo devengado por el actor durante el último año de servicios y ... el promedio de lo pagado durante ese mismo periodo.".

2. No dar por demostrado, estándola, que la pensión de jubilación extralegal del demandado asciende «. .., a partir del día 28 de enero de 2005, en cuantía inicial de tres millones cuatrocientos

catorce mil setecientos cuatro pesos M.L. ($3.414. 704), que corresponde al setenta y cinco por ciento (75%), del promedio de los salarios devengados durante su último año de servicio" (f.º 8 del cuaderno de la Corte). Los cuales, dijo la censura, se produjeron por la apreciación errónea del acta n.º 33 del 28 de abril de 2005, firmada por las partes, como se observa en los folios 32 y 33 del cuaderno principal. Y por la también errónea apreciación de la «prueba no calificada» que se observa en los folios 37 y 38 del cuaderno principal.

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Radicación n.º 49522 En su demostración, transcribió apartes de las consideraciones del Tribunal, relacionadas con el cotejo de las liquidaciones efectuadas con base en lo devengado o causado y en lo pagado o percibido por el demandado, en el último año de servicios, así como apartes del acta n.º 3 3 del 28 de abril de 2005, luego de lo cual manifestó que el ad quem apreció erróneamente las liquidaciones efectuadas por la demandante, visibles en los folios 37 y 38 del cuaderno principal, alegando su notoria posterioridad con relación a la terminación del contrato de trabajo. Dijo que estos documentos no fueron firmados, elaborados ni aceptados por LUIS ALBERTO SANTANA MÉNDEZ, y por esa razón no tienen valor probatorio en su contra, ni puede predicarse que haya operado el fenómeno del reconocimiento tácito Con lo anterior, aseguró que quedaban demostrados los

errores del Tribunal, porque el demandado en ningún momento aceptó expresa o tácitamente su contenido. Y que, si las hubiera tenido en cuenta en forma correcta, no hubiera incurrido en los errores que se indican en el cargo.

VII. RÉPLICA Dice en pnmer lugar el opositor que la sentencia atacada en casación se ajusta a la ley y está en concordancia con los hechos establecidos en el expediente.

Alega fallas técnicas del cargo, así como de orden conceptual, pues en él se asegura que los documentos de los

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Radicación n. º 49522 folios 3 7 y 38 del cuaderno principal no pueden ser tenidos como prueba no calificada, porque en realidad sí lo son, ya que fueron presentados por una de las partes, suscritos por su emisor y no cuestionados en la contestación de la demanda, por lo que reúnen los requisitos de un documento auténtico. Agregó que el eje central de la controversia planteada por la censura está en el promedio salarial que tuvo en cuenta el ad quem como producto de lo devengado por el accionado en el último año de servicios, pero así lo concluyó el juez de apelaciones al diferenciar lo devengado con lo percibido, análisis jurídico que no puede ser abordado por la vía indirecta, con lo cual queda sin soporte el cargo. Y que, en realidad, el recurrente plantea una discusión sobre los elementos probatorios que debieron ser tenidos en cuenta por el Tribunal, la cual está en el campo de la libertad de apreciación probatoria y sin que se den razones que muestren el desconocimiento de las disposiciones que regulan esa libertad, todo lo cual imposibilita el estudio e

fondo del cargo. Desde el punto de vista conceptual dice que el cargo no cuestiona la apreciación probatoria del Tribunal, pues no presenta una explicación admisible sobre su reclamo; que, ante la carencia de argumentos para cuestionar su decisión, no hay un verdadero ataque e la decisión objeto del recurso extraordinario.

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VIII. CONSIDERACIONES Como se ha insistido de antaño, el recurso de casación es técnico y, por tanto, exige en su sustentación el apego a una serie de· reglas, que, de no hacerse, conduce a su desestimación. Así lo ha dicho la Corte reiteradamente y para citar tan solo un caso, en la sentencia CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 24956 se indicó: [. ..] estima pertinente la Sala reiterar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fzjadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Concretamente, los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, en armonía con el 7º de la Ley 16 de 1969, contienen las reglas básicas a las que se debe someter el recurrente, en aras de quebrar el fallo cuya legalidad controvierte, respecto de las

cuales la jurisprudencia ha predicado que tienen como finalidad dotar de orden y racionalidad la actuación procesal ante la Corte, motivo por el que no puede asumirse que la exigencia de su cumplimiento constituya una sobrevaloración de las ritualidades del proceso, pues estas están salvaguardadas por el artículo 29 superior. Al respecto; en sentencia CSJ SL4281-2017, esta Corporación señaló: Al Juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias

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Radicación n.º 49522 previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto parte son esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según términos del artículo 29 de la Constitución los Política. Se ha dicho con profusión que, en sede, enfrentan la esta se sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de especial medio de este impugnación. Se precisa lo anterior, en razón a que tal como lo puso de presente la replicante, en el caso sub examine se observan errores técnicos en el ataque, que impiden su estudio de fondo, en razón al carácter dispositivo y rogado de este, que implica que la Corporación deba ceñirse por completo al discurso argumentativo del censor y que da razón al opositor en su réplica, porque en efecto, son varias y decisivas las

fallas de orden técnico que contiene, las cuales impiden estimarlo como pasa a explicarse en los siguientes apartes. En primer lugar, aduce de un lado la censura, en el cargo pnmero, que las liquidaciones pensionales del demandante, «no fueron.firmados, ni elaborados, ni aceptados expresamente por el demandado», razón por la cual no tienen valor probatorio en su contra. De lo manifestado por el censor, se colige que el fin buscado, es restarle valor probatorio a los documentos de folios 37 y 38 (48 y 49 corregidos) del cuaderno principal, pues, según dice, para su validez, era necesaria que hubiese participado en su elaboración, firmado o aceptado. De tal manera, el ataque no se centra en la valoración de la prueba, sino en los presuntos defectos de su producción que afecta su validez. Tal

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Radicación n. º 49522 inconformidad, según jurisprudencia de esta Corporación, debe encausarse por la vía directa, que no fue la usada en este caso. Al efecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia CSJ SL683-2013, que reiteró la CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41766, la CSJ SL, 24 ene. 2012, rad 42005, CSJ

SL3103-2015 y CSJ SL9412-2015.

En efecto, al atacar la pertinencia de las pruebas antes relacionadas, dirigió improcedentemente su ataque, por la vía de los hechos, cuando debió hacerlo por la del derecho. Y si bien afirma que el no apreció debidamente esas

ad quem pruebas, su argumento es que no podían tenerse como medio de convicción, para lo cual ninguna incidencia tendría el entendimiento que de ellas sustrajo el fallador. Adicional a lo anterior, la censura no atacó los verdaderos fundamentos de la decisión, no explicó, mucho menos demostró, los errores que le endilga al fallador de segundo grado. Nótese que, se reitera, para confirmar el fallo condenatorio de primer grado, el Tribunal tuvo en cuenta la cláusula 1 1 del pacto colectivo vigente entre la demandante y sus trabajadores no sindicalizados, la cual estableció el pago de una pensión de jubilación para sus beneficiarios con el equivalente al 7 5% del «promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio en la empresa», previo el lleno de los requisitos de edad y tiempo laborado; concatenó esa prne ba con las dos certificaciones vistas a los y floio3s7 38d elc uaderpnroi ncl,iq puaem uestralna s liquidaciones pensionales del demandado, con el promedio de lo pagado en el último año de servicios (folio 37, y ibídem)

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Radicación n. º 49522 con base en lo devengado en ese mismo periodo (folio 38, ibídey,m e)n ese orden, examinó el documento por el cual se reconoció la pensión cuya retasa aquí se pide y confrontando entre si adecuadamente esos medios de convicción, arribó a la conclusión de que la liquidación pensiona! reconocida en el mencionado documento (acta n. º 33 del 28 de abril de 2005), desconoció el acuerdo interpartes contenido en el

pacto colectivo de trabajo que se refiere al promedio de lo devegnadon,o de lo pagadeon el último año de servicio a la empresa. El recurrente no aduce ninguna razón que demuestre que esta ponderación probatoria del adq uemes errada, en qué consistió el error, ni cómo incidió el mismo en el fallo, de haberse configurado. Solo atinó a decir que las mencionadas liquidaciones pensionales no tienen valor probatorio, que como ya se dijo no fue afortunado, y manifestó sin ningún respaldo que así quedaban demostrados los errores del fallador de apelaciones. Ha dicho la Corte, respecto de la necesidad de derribar todos los pilares de la decisión atacada (CSJ SL12298-2017), que, Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad sociol, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta no sus deducciones, o se mantenga la decisión de segundo grado.

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Radicación n. º 49522 IX.C ARGOS EGUNDO Es del siguiente tenor: Acusloas enteinpmcuigan ,ap doare lc onpcteod ei fnracción

diredcetl aoa sr tlíoc2su5 12,5 22,6 9y 289d eCl. CP..c,o mo violamceidóilnooc , u aclo njdoau l av ioladceli aló ensy u stancial poarpl icaicnidóenbd ield oaasr tlíoc2su7, 1 2,27 60,4 6d7e Cl. S. deTl.y 1 9y2 0d el al e7y97 d e2 00e3nr leaccioólnno asr tlíocsu 177d eClP. .C.y 5 16,0 6,1 y 1 54d eClP. T.. y d el aSS .. Se fundamentó en la misma argumentación del anterior cargo, que no se hace necesario repetir. Al igual que como se dijo en el primero, en este cargo señala que si el juez colegiado hubiera aplicado las normas procesales que sirvieron de medio a la vulneración de las sustantivas, hubiera concluido que las liquidaciones de los folios 37 y 38, a que se refieren ambas acusaciones, no constituían prueba contra el demandado por ser documentos privados que no fueron firmados, elaborados ni aceptados tacita o expresamente por él.

X. RÉPLCIA También en este caso endilga al cargo errores de técnica y conceptuales insuperables. Aduce que, esencialmente, existe confusión de la censura en cuanto a los documentos de los folios 37 y 38 mencionados, los cuales como dijo antes, constituyen documento auténtico, pero la censura se ubica en circunstancias diferentes como el documento apócrifo, o sin incidencia en el resultado del proceso, calidades que no

tienen los mencionados instrumentos.

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Radicación n. º 49522 Agrega que, para sustentar la infracción directa como modo de violación, debió demostrar por qué esas normas deh erían ser aplicadas al caso concreto, explicación que omite la parte recurrente. Como razones de fondo de su oposición, alude que si la distinción efectuada por el Tribunal entre lo devengado o causado y, lo percibido o pagado es correcta y ello lo autorizaba para ubicarse en el escenario de los documentos de folios 37 y 38 tantas veces mencionado; que para dictar su decisión, se ubicó en el documento de reconocimiento pensiona! al demandado y lo confrontó con el pacto colectivo de trabajo, para concluir de su análisis, que la base de liquidación de la pensión de be partir del promedio de lo devengado en el último año de servicios y no de todo lo pagado en dicha anualidad. XI.C ONSDIERACIONES Se incurre, en este cargo, al igual que en el anterior, en deficiencias de orden técnico de gravedad tal, que no permite su estudio, por las siguientes razones: Fue presentado como violación medio de normas aplaicciiónnd ebida procesales, que llevaron a la de los artículos 27, 127, 260, 467. del Código Sustantivo del Trabajo, así como, 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, pero no tuvo en cuenta que esta modalidad de violación de la ley sustancial, implica que el fallador, a pesar de entender las normas adecuadamente, las utiliza frente a un hecho no 17

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Radicación n. º 49522 previsto por ellas y le hace producir efectos diferentes a lo que ellas contemplan, desconoce su vigencia en el tiempo o simplemente no las tiene en cuenta. De estas características dijo la Corte en sentencia CSJ SL1392-2018 que, Ti.ene explicado con profusión la doctrina de esta Corte que una de las características más notables de la infracción de la ley por aplicación indebida es la de que el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un hecho o a una situación no prevista o regulada por elal o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la propia norma [. ..] ,,. Debe, en tal caso, el recurrente, señalar y demostrar, no solo la transgresión de la norma adjetiva, sino su impacto en la violación de la norma sustancial acusada en la proposición jurídica, es decir, en el caso, exponer por qué ésta no regula la situación fáctica controvertida en el cargo (atendida la vía elegida), o señalar cuáles fueron los efectos jurídicos no contemplados en la norma, que el Tribunal aplicó y el efecto que verdaderamente ella prevé. La censura se limita a argumentar que infringió directamente las normas procesales sobre autenticidad de documentos privados y su eficacia probatoria, y cae inmediata y sorpresivamente en la conclusión de que, si se hubieran aplicado tales normas, habría aceptado que las liquidaciones aportadas. por la demandante no constituían prueba contra el demandado. Como puede verse, es tal la omisión, que impide establecer, en un grado siquiera mínimo de certeza, la

existencia de una indebida aplicación de las normas

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Radicación n. º 49522 sustantivas citadas, para poder s1qu1era arañar una conclusión, de cómo fue que la infracción directa de las procesales, llevó a la aplicación indebida de las normas sustanciales señaladas en el cargo, solo existe la mención que hace el cargo, sin ningún sustento. En la sentencia de tutela que motiva este nuevo fallo en el asunto que nos ocupa, se dice que esta Sala de la Corte le dio eficacia pro bato ria a los documentos de los folios 3 7 y 38 (48 y 49 corregidos) del cuaderno principal, documentos que no ostentaban tal calidad, sin tener en cuenta la línea jurisprudencia! que se ha construido en torno a la eficacia probatoria de los documentos presentados por la misma parte, postura reiterada en los fallos CSJ SL533-2013 y CSJ SL1897-2014 y que, desconocido este precedente, tampoco se expusieron las razones por las cuales se apartó del mismo. Pues bien, se dijo en la primera sentencia y se repite ahora, los cargos no podían ser estudiados, en consideración de que adolecieron de fallas técnicas que lo impidieron, situación que impidió el estudio de los mismos, por lo que, la consideración en torno a la autenticidad·de los mencionados documentos, visibles a los folios 37 y 38 del cuaderno principal (liquidaciones pensionales del trabajador), resultaba inane, en atención a tales falencias de orden técnico, que impedían de manera insalvable, a esta Sala

pronunciarse de fondo, bajo el entendido que las fallas técnicas encontradas no obedecieron exclusivamente a este par de documentos, sino que concurrieron otros dislates que

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Radicación n. º 49522 en conjunto y en contexto, impidieron la estimación de los cargos. Por tal razon, se insiste, dado que el estudio de los cargos no pudo darse, mal podía y puede ahora entrar a revisar de fondo del asunto planteado, siendo esta la consecuencia de una demanda presentada sin las mínimas formalidades técnicas y de acatamiento a las exigencias propias de esta clase de recursos extraordinarios, consagradas constitucional, legal y jurisprudencialmente; y también por ese motivo, no se desconoce ningún precedente ju