CSJ - SL2719-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2719-2023 Radicación n.° 91717 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ESTE ES MI BUS SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró VERÓNICA MEZA

GUTIÉRREZ.

I. ANTECEDENTES Verónica Meza Gutiérrez llamó a juicio a la Sociedad Objeto Único Concesionaria Este Es Mi Bus SAS, para que se declarara que al padecer una limitación física era beneficiada por el fuero de estabilidad reforzada, por lo que la terminación unilateral de su vinculación laboral fue ineficaz, toda vez que no existió previa autorización de la oficina del trabajo que permitiera determinar la

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Radicación n.° 91717 configuración de una justa causa para ser despedida. En consecuencia, se condenara a la demandada a reintegrarla y reubicarla a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando; pagándole los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social desde la finalización del vínculo hasta su reinstalación; la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; los perjuicios morales y materiales, la indexación y costas procesales. Como fundamento de sus peticiones relató que: i) laboró

para la convocada a través de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año desde el 25 de abril de 2014 hasta el 30 de marzo de 2016; ii) ejecutó el cargo de «operador III»; iii) cuando ingresó a laborar para la accionada, se encontraba diagnosticada con «SENSIBILIDAD AUDITIVA

PERIFÉRICA COMPROMETIDA DE TIPO CONDUCTIVO POR 10

Y DE TIPO MIXTO CON PREDOMINIO CONDUCTIVO POR OD DE GRADO LEVE A SEVERO POR OI Y MODERADO SEVERO POR OI»; iv) debido a la patología requiere control por el otólogo; v) el 15 de marzo de 2015 el médico refiere continuar su consulta anual debido a su padecimiento; vi) en noviembre del mismo año se ordenó interconsulta por su enfermedad; vii) presenta secuelas de otitis crónica bilateral, razón por la que se le realizó una cirugía y aunque no necesita audífono para escuchar, puede continuar desempeñando sus actividades como conductora, sin embargo debía prolongar el control anual en razón a su diagnóstico; viii) se le habían practicado las siguientes

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Radicación n.° 91717 cirugías conforme lo acredita su historia clínica «Bilateral (21/01/2012) Timpanoplastia con masteldectomia radical modificada con reconstrucción de pared (194101), Izquierdo (a), 8/2011: Observación registrada el 21/01/2012: mastoidectomia simple + tímpano tipo ii (con colocación de prótesis)» y la «(27/11/2015) Timpanoplastia o miringoplastia

(194102)» (f.° 4 a 11, cuaderno principal). La accionada se resistió a los pedimentos de la acción. En cuanto a los hechos, admitió la existencia de la relación laboral, sus extremos temporales, el cargo desempeñado, el conocimiento de su enfermedad, que finalizó el vínculo laboral de forma unilateral por lo que efectuó el pago de indemnización por despido sin justa. Respecto de las demás situaciones fácticas, adujo que no eran ciertas y no le constaban. Esgrimió como excepciones perentorias las de inexistencia de las obligaciones, pago, cumplimiento de las obligaciones, indebida aplicación de las normas legales, no limitación de la demandante al momento de la terminación del contrato de trabajo, no existencia de la pérdida de la capacidad laboral de la actora, errónea interpretación de las normas legales, cobro de lo no debido y compensación (f.° 60 a 67, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de agosto de 2018 absolvió a la

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Radicación n.° 91717 demandada de las pretensiones incoadas (f.° 92 a 93 acta de audiencia y Cd 94, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante decisión del 30 de noviembre de 2020, (f.° 99 a 106, cuaderno

digital segunda instancia) resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar, DECLARAR la ineficacia del despido de la demandante, acaecido el 30 de marzo de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD OBJETO ÚNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS SAS a REINTEGRAR a la señora VERÓNICA MEZA GUTIÉRREZ al mismo cargo que venía desempeñando al momento de la culminación del vínculo o a otro de igual o superior categoría.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar a la accionante, los salarios, prestaciones sociales legales y aportes a la seguridad social integral, desde el 30 de marzo de 2016 y hasta que se haga efectivo el reintegro.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de compensación, en el sentido de AUTORIZAR a la sociedad accionada que de las sumas y conceptos objeto de condena, descuente el valor cancelado a la actora por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

Determinó como problema jurídico a resolver si la terminación del contrato era ineficaz por desconocer la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, teniendo en cuenta que la actora contaba con una discapacidad conforme la norma en comento y, en caso afirmativo, establecer si había lugar a reintegrarla al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o a otro

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Radicación n.° 91717 igual o de superior categoría, junto con el pago de los

salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, causados desde la fecha de culminación del vínculo y hasta que se produzca el reintegro. Estimó que no existía discusión sobre los siguientes supuestos fácticos: que existió un contrato de trabajo a término indefinido entre Verónica Meza Gutiérrez y la Sociedad Objeto Único Concesionaria Este Es Mi Bus, desde el 5 de abril de 2014 hasta el 30 de marzo de 2016, en el que la actora se desempeñó como operador II, devengando un salario de $938.884 mensuales (f.° 69 a 86, ibidem). Expuso que, al tenor de la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, la estabilidad en el empleo es un derecho y que, para conservarlo, se deben interpretar las normas legales de conformidad con los principios y valores constitucionales y para garantizarlo, no se faculta al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, si no existe una justa causa, para lo que transcribió apartes de las sentencias CC SU–049-2017, CC SU-040-2018 CSJ SL , 11 abr. 2018, rad. 1360, CC SU-049-2019, CSJ SL 27972020, CSJ SL2586-2020 y CSJ SL1236-2020 y los artículos 6° y 7° de la Ley 319 de 1996 eran presupuestos de la , garantía foral, para lo que citó las providencias CC T-3052018, CC SU-040-2018, CSJ SL260-2018, CSJ SL13602018, CSJ SL3520-2018, CSJ SL2548-2019, CSJ SL6352020 y CC T-102-2020. Reprochó la consideración del juzgado cuando afirmó

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Radicación n.° 91717 que la actora debía acreditar su estado de discapacidad entre grave, severa y profunda al momento del despido, pues si bien la Sala tenía por sentado dicha postura, el último pronunciamiento, expuso que el trabajador únicamente le correspondía demostrar que estuviera en situación de discapacidad al momento del despido para que se configurara la estabilidad laboral reforzada y al empleador acreditar las justas causas alegadas; de manera que, no se requiere la existencia de una calificación previa que acredite una pérdida de la capacidad laboral superior al 25 %; argumento que coincide con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias referidas, así como la CSJ SL 2797-2020, que reproduce. Encontró acreditado que la accionante: i) para abril de 2007 presentaba hipoacusia de un año de evolución y estaba diagnosticada con «sensibilidad auditiva periférica comprometida de tipo mixto de predominio conductivo de grado leve a profundo» (f.° 26); ii) en el trascurso del tiempo se le realizaron varios exámenes, al igual que acudía a citas de control (f.° 23 a 32); iii) el 24 del mismo mes de 2014 fue expedido certificado médico de pre - ingreso a la empresa demandada de fecha, en el que hace constar que la actora debió utilizar corrección permanente para laborar, como

también debió ingresar al SVE visual de la compañía, control anual por optometría, además de seguir pautas de conservación visual, siendo apta para laborar pero con recomendaciones (f.° 68); iv) el 9 de marzo de 2015 (f.° 33), en la consulta con otorrinología, se indicaba como trastorno principal hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial

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Radicación n.° 91717 bilateral así como diagnóstico asociado, trastornos de la articulación temporomaxilar; v) el 15 de diciembre del mismo año, el médico tratante - otológo, refirió que se le realizó una cirugía con buen resultado clínico y funcional, no requirió audífono, pudo continuar desempeñando las labores de conductora y asistir a control anual (f.° 36). En virtud de lo anterior coligió, contrario a lo alegado por la accionada, que aquella sí tenía conocimiento de las patologías de la demandante, pues las mismas presentaban un cuadro de evolución anterior a su ingreso y si bien en el certificado de pre - ingreso nada se dijo al respecto, pues el mismo se enfocó en el campo visual, lo cierto es que durante el desarrollo de la relación laboral, aquella asistió a controles médicos e incluso se le practicó una cirugía que le generó incapacidad; máxime si la misma antes de la intervención quirúrgica requería del uso de audífonos para mejorar su calidad auditiva. En consecuencia determinó que «la trabajadora gozaba de estabilidad laboral reforzada dado su padecimiento auditivo el cual, si bien fue sometido a cirugía,

debía estar sujeto a controles médicos, siendo un sujeto de especial protección». En lo que respecta a la terminación del contrato de trabajo adujo que la accionada le finalizó el vínculo laboral sin justa causa a la demandante el 30 de marzo de 2016, reconociéndole la indemnización respectiva conforme lo establecido en el artículo 64 del CST, cuando aquella gozaba de estabilidad laboral reforzada en razón a «su problema auditivo», por lo que la encartada estaba obligada a solicitar

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Radicación n.° 91717 ante el Ministerio de Trabajo, la respectiva autorización a fin de culminar el acuerdo laboral, pues, sabía del padecimiento de la actora, empero, decidió finiquitarlo, lo que conllevó a que la desvinculación se torne ineficaz, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, del que presume que su decisión se debió al estado del trabajador, máxime si las causas que dieron origen a la contratación no habían desaparecido, ya que «en el control de diciembre de 2015 claramente se dijo que podía seguir con el desempeño de su labor como conductora». Resaltó que la llamada a juicio adujo que la actora no tenía ninguna pérdida de la capacidad laboral, no era discapacitada, como tampoco presentaba limitación alguna; no obstante, padece una patología en sus oídos, sin que el hecho que no estuviera calificada o limitada físicamente, no la convierta en un sujeto de especial protección, máxime si

presentaba una discapacidad auditiva de la cual, no era necesario que portara un carné que así lo indicara. De suerte que al incumplir la demandada lo normado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, devenía sin dubitación alguna la ineficacia del despido y por ende, el reintegro de la demandante al mismo cargo que venía desempeñando al momento de la culminación del vínculo o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales, además de los aportes a la seguridad social integral, desde la fecha en que se produjo la terminación del contrato de trabajo y hasta que se hiciera efectivo el reintegro. Aunado a lo anterior, también condenó

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Radicación n.° 91717 a la demandada a la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por la suma de $5.633.304, teniendo en cuenta un salario de $938.884. Finalmente, respecto de la excepción de compensación, autorizó que de las sumas y conceptos objeto de condena, descontara el valor cancelado a la promotora del proceso por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Sociedad Objeto Único Concesionaria Este Es Mi Bus SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo (demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y por cuestiones metodológicas se estudiará inicialmente la segunda acusación y de ser necesario las restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado de violar directamente, en el sub motivo de aplicación indebida de los

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Radicación n.° 91717 artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 4° de la Constitución Política y como consecuencia de ello, «deja de aplicar» el literal h) numeral 1º del canon 61; 64 del Código Sustantivo del Trabajo; 2º de la Ley 1618 de 2013 y; 3º del Decreto 1507 de 2014. Establece como no controvertidos los siguientes supuestos fácticos: i) entre las partes existió una relación laboral a término indefinido que terminó por decisión unilateral e injustificada del empleador con el pago de la indemnización por despido; ii) la demandante tenía un padecimiento auditivo diagnosticado con anterioridad a que iniciara el vínculo laboral con la accionada; y iii) se le practicó una cirugía y tuvo algunos controles médicos. Acota que el Tribunal previo al análisis de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta Sala, respecto del derecho al trabajo y sobre la estabilidad reforzada, manifestó que al momento del despido le bastaba a la actora acreditar que tenía una patología auditiva conocida por el empleador, para ser beneficiaria de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997y que era

el dador del empleo quien debía acreditar las justas causas del despido o haber solicitado permiso de la desvinculación ante el Ministerio de Trabajo, para lo que transcribió apartes de la sentencia controvertida. Explica que el juez de apelación se equivocó cuando empleó la norma referida, pues conforme lo establece dicha legislación, así como la sentencia CSJ SL572-2021, que

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Radicación n.° 91717 reprodujo, la accionante debió acreditar «la existencia de padecimientos de salud relevantes […] que le hubieran impedido prestar sus servicios al momento de su despido, 30 de marzo de 2016», pues al momento de finalizar el contrato de trabajo «no tenía algún grado de pérdida de capacidad laboral o padecía alguna discapacidad que le impidiera realizar su labor» (f.° 3 a 6, escrito de demanda, cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Enrostra al juez de apelación haber vulnerado la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 4° de la Constitución Política y «como consecuencia de ello deja de aplicar» el literal h) numeral 1º del canon 61 y 64 del CST, modificado el último por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.

Sustenta la acusación con similares argumentos a los esgrimidos en la anterior, pero hace énfasis en la equivocada interpretación de las normas enunciadas (f.° 6 a 10, escrito de demanda, cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO TERCERO Increpa al Tribunal la vulneración directa de la ley, por infracción directa del literal h) numeral 1º del artículo 61 y 64 del CST, modificado el último por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, como consecuencia de haber aplicado indebidamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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Radicación n.° 91717 Se fundamenta con idénticas razones a esgrimidas en el primer reproche, pero hace énfasis en que eran aplicables el literal h) numeral 1º del artículo 61 y 64 del CST, pues establece que la decisión unilateral del empleador como causa de terminación del contrato de trabajo sin existir justa causa procede con el pago de la indemnización correspondiente (f.° 10 a 14, escrito de demanda, cuaderno digital de la Corte).

IX. CARGO CUARTO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 4° de la Constitución Política, como consecuencia de ello «deja de aplicar los literal h) numeral 1º de los cánones 61 y 64 del CST.

Afirma que el colegiado incurrió en los siguientes defectos fácticos: - Dar por probado, sin estarlo, que al momento de la terminación del contrato, la demandante estaba en situación de estabilidad laboral reforzada en razón de un padecimiento auditivo. - No dar por probado, estándolo, que a la finalización del contrato la demandante no tenía padecimientos auditivos ni de salud.

• No dar por probado, estándolo, que a la finalización del contrato a la demandante se le había corregido su padecimiento auditivo mediante una cirugía exitosa.

Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:

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Radicación n.° 91717 - Diagnóstico de sensibilidad auditiva (fl. 26).- Citas de control (fls. 23 a 32). - Certificado médico de pre – ingreso de 24 de abril de 2014 (fl. 68). - Informe de atención médica del 9 de marzo de 2015 (fl. 33). - Informe de atención médica del 15 de diciembre de 2015 (fl. 36). - Carta de terminación del contrato de trabajo del 30 de marzo de 2016 (fl. 77). Como probanza no valorada denunció la liquidación final de acreencias laborales. Asegura que del análisis de las pruebas referidas «de manera objetiva y acertada se concluye» que:

1. El padecimiento auditivo de la demandante es muy anterior al ingreso al servicio de la demandada.

2. No obstante el padecimiento auditivo que tenía la actora, que requería el uso de audífonos, fue contratada para prestar sus servicios en la accionada.

3. El padecimiento auditivo de la demandante no le generaba ni le generó ningún impedimento para desempeñar sus funciones.

4. Estando al servicio de la demandada, a la accionante se le practicó de manera exitosa una cirugía que le permitió dejar de usar el audífono.

5. La única recomendación médica después de la cirugía era que

la demandante se realizara un control anual.

6. En el control médico del 15 de diciembre de 2015 no se le indica a la demandante ninguna limitación o restricción para realizar sus labores ni se le otorga ninguna incapacidad.

7. Entre la fecha del último control médico del 15 de diciembre de 2015 y la fecha de la terminación del contrato el 30 de marzo de 2016, transcurren tres meses y medio y en ese lapso no aparece ninguna prueba de incapacidad o de impedimento de la accionante para realizar sus labores que tuvieran origen en la deficiencia auditiva que le había sido corregida quirúrgicamente.

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Radicación n.° 91717 Refiere que las probanzas acreditan que la trabajadora fue contratada con el padecimiento auditivo, el cual no fue impedimento para realizar sus labores y, mejoró. Además, que ejerció la facultad de terminar unilateralmente el contrato de la demandante y que al hacerlo sin justa causa le pagó la indemnización que la ley establece para tal situación, sin que a ese momento la actora estuviera en una situación de limitación. Explica que el Tribunal aplica el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, cuando no se configuraban los supuestos fácticos gobernados por el mismo, pues coligió que al estar la promotora de la acción sujeta a «controles médicos» es sujeto de protección especial; siendo clarísimo que la terminación del contrato de trabajo se dio cuando la trabajadora no padecía de una enfermedad que le impidiera ejercer sus labores y contrario a ello en las pruebas (f.° 14 a 17, escrito de demanda, cuaderno digital de la Corte).

X. RÉPLICA Verónica Meza Gutiérrez, se opuso a la demanda de casación. Remarca que la accionada le dio terminación a su contrato de trabajo sin justa causa, cuando era beneficiaria de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 365 de 1997, por lo que debió haber solicitado la autorización del Ministerio del Trabajo para proceder a su desvinculación (f.° 1 a 3, escrito de oposición, cuaderno digital de la Corte).

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XI. CONSIDERACIONES Conforme a los argumentos presentados por el censor, la Sala se limitará a determinar si el Tribunal incurrió en interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 365 de 1997, como se propone en la segunda acusación, para lo que determina como problema jurídico establecer si el Tribunal erró al activar para la demandante la prerrogativa del fuero de salud de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Esto porque a criterio del colegiado, a fin de activar la aludida prerrogativa debe comprobarse que: i) la trabajadora se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades ii) la situación sea de conocimiento del empleador previo a la desvinculación, quien no acudió ante la autoridad de trabajo para obtener permiso para el despido iii) no obre una justificación legal suficiente para el retiro, de manera que sea claro que la misma tiene origen discriminatorio, sin que sea menester contar una valoración de la PCL con determinado porcentaje.

Para tal finalidad, aviene pertinente a modo doctrinal, traer a colación la línea legal y jurisprudencial que se ha desarrollado sobre el particular, para posteriormente examinar el planteamiento fáctico anteriormente indicado. i) Línea de pensamiento de la Corporación sobre el sub judice La jurisprudencia de esta Sala, por mayoría, de antaño,

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Radicación n.° 91717 ha venido asentando que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no resulta suficiente que, al momento de la terminación del vínculo laboral, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe demostrarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15 %, en los términos del artículo 7 º del Decreto 2463 de

2001. Así, por ejemplo, en proveído CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ

SL10538-2016, CSJ SL5163-2017 y CSJ SL11411-2017,

CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021, se enseñó: (…) esta Sala de la Corte ya tuvo la oportunidad de analizar y definir el tema, fijando su propio criterio, en el sentido de que la

Ley 361 de 1997 está diseñada a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1°, al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación a quienes por ley son consideradas discapacitadas, es decir, todas aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, además de que el estado de salud debe ser de conocimiento del empleador, pues la sola circunstancia de que el trabajador se encuentre incapacitado para el momento de la ruptura del contrato de trabajo, no acredita que tenga una limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, requiriéndose por tanto de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación (…). “Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.

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Radicación n.° 91717 Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras,

a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. Pues bien, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15 % y el 25 %; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50% (…) “Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de

las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social (Negrillas del texto original). A partir de dicho porcentaje entonces, que se ha inferido que la condición o situación de discapacidad, es de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo, que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en igualdad de oportunidades. Ello, independientemente del origen que tenga y sin

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Radicación n.° 91717 más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa. Además, se ha ponderado que para demostrar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concurrente al finiquito de lazo de labores, por cuanto, lo relevante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del subordinado, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, logrando su calificación o esperando el resultado de aquella (CSJ SL10352022). Los alcances del concepto de discapacidad han evolucionado como consecuencia de diferentes factores de consuno con las realidades sociales. Sobre el particular, esta

Corte en reciente pronunciamiento (CSJ SL1152-2023) consideró, de cara al modelo social y el enfoque de los derechos humanos: Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información,

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Radicación n.° 91717 comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad». En el 2001, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIFde la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e

investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad. Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con orientación social y de derechos humanos, y reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cult