CSJ - SL2721-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2721-2023 Radicación n.° 94857 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EVERT ORLANDO HURTADO ASPRILLA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a CBI COLOMBIANA S. A.

I. ANTECEDENTES Evert Orlando Hurtado Asprilla llamó a juicio a CBI Colombiana S. A., para que se declarara: la ineficacia del despido, su reinstalación a un cargo igual o superior al que ocupaba antes de la terminación del contrato, a consecuencia de ello se condenara a la enjuiciada al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias

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Radicación n.° 94857 laborales dejadas de percibir, los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, así como los subsidios familiares. Subsidiariamente pidió se condenara a la accionada al pago de: i) la indemnización por despido injusto, debidamente indexada; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales incluyendo los dominicales y festivos, compensatorios, el bono de asistencia, el incentivo, de progreso convencional, el almuerzo diario; iii) la devolución de todos los dineros deducidos sin autorización expresa por

concepto de anticipo y cualquier otro; iv) a la actualización de las acreencias laborales tomando como factor salarial: el bono HSE, las horas extras y dominicales y festivos y vacaciones, «a la inclusión de la bonificación como factor salarial»; y a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST. En sustento de sus pretensiones, manifestó que el 16 de noviembre de 2013 se vinculó mediante un contrato de trabajo con CBI Colombiana S. A. el que finalizó el 17 de julio de 2014, cuando fue despedido de manera unilateral e injusta, sin tener en cuenta «su estado médico», ni requirió la autorización al Ministerio de Trabajo. Señaló, en ese sentido, que durante el ejercicio de sus funciones en el cargo de «enferrador (hierro)» presentó un dolor en la espalda el cual se irradiaba al miembro inferior derecho con sensación de adormecimiento, por lo que el 14 de marzo de 2014, se le diagnosticó «escoliosis lumbar

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Radicación n.° 94857 derecha y obesidad grado I con hipertrígliceridemia (190)» para lo que debió consumir analgésicos y asistir a terapias físicas para controlar el dolor; que radicó varias incapacidades al dador del empleo entre el 14 de marzo y el 16 de julio de 2014, las cuales fueron ordenadas por el prestador Centro de Rendimiento, Ejercicio y Rehabilitación S.A.S - C.MOVER hasta el 11 de agosto de la misma anualidad. Expresó que, percibía un salario básico y otra suma

denominada «bonificación de asistencia»; se le suministraba alimentación diaria la que retribuía directamente los servicios; laboró dominicales y festivos de forma mensual los que no le fueron reconocidos; que la empleadora es contratista de la Refinería de Cartagena S. A. y desarrollaba actividades de las que se beneficiaba esta. Adujo que, cuando se efectuó la liquidación de las acreencias laborales no se tuvieron en cuenta el bono de asistencia y el de alimentación conceptos que constituyen factor salarial (f.º 1 a 15 del cuaderno del juzgado). CBI Colombiana S. A. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. Frente a los hechos, aceptó únicamente el cargo que desempeñó el actor. Respecto de los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa arguyó que el accionante no fue despedido, toda vez que el nexo finalizó por la expiración del

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Radicación n.° 94857 plazo fijo pactado, cumpliéndose con el preaviso el 19 de mayo de 2014; y que el demandante no presenta una afectación de salud que lo hiciera titular de la protección prevista en la Ley 361 de 1997. En relación con la inclusión de los factores salariales, precisó que estos no podían estimarse como remuneración ordinaria a fin de tenerlos en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Propuso las excepciones de buena fe, inexistencia de las obligaciones, prescripción y la genérica (f.º 106 a 123, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 15 de noviembre de 2017 (folios 174 a 177 en relación al acta y CD, del cuaderno del Juzgado), dispuso: PRIMERO: DECLARAR la condición de salario de la BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA o HSE Y CUMPLIMIENTO, pagada por la entidad CBI COLOMBIANA S.A. al actor EVERT ORLANDO HURTADO ASPRILLA, de conformidad a la sustentación efectuada en esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la entidad CBI COLOMBIANA S. A. a pagar al actor las diferencias salariales, prestacionales conforme al siguiente cuadro;

A. Diferencias salariales la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($358.891), especificados tales valores así;

2013 2014 Hora Dominical $ 45.944 $ 288.335 Hora Extra Diurna $ 24.612

B. Diferencias prestacionales la suma de VEINTIOCHO MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($28.968).

2013 2014

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Radicación n.° 94857 Auxilio de Cesantías $ 8.820 $ 5.421 Primas de Servicio $ 8.820 $ 5.421 Intereses de Cesantías $ 132 $ 354 Tales valores se han de pagar indexados entre la fecha de causación a la de cumplimiento efectivo de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la entidad CBI COLOMBIANA S. A., a

reconocer y pagar las diferencias mensuales por aportes al SGSS en pensiones, y obligada a efectuar las cotizaciones a la AFP a la que estaba afiliado el actor, y queda autorizada a descontar el aporte correspondiente al trabajador por los siguientes periodos; 2013 Diciembre $ 70.556 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo $ 97.660 $ 45.658 $ 47.180 $ 45.658 $ 47.180

CUARTO: CONDENAR en costas a la compañía CBI COLOMBIANA S. A. Se imponen agencias en derecho en cuantía equivalente al 20 % del valor de las condenas impuestas en esta providencia a la fecha de su ejecutoria, sobre las sumas que deben pagarse efectivamente al actor, y se aumentara en la suma de Un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, sobre las condenas contenidas en el ordinal 3°.

QUINTO: DECLARAR probadas la excepción de buena fe respecto a las diferencias salariales y prestacionales aquí declaradas, y no probadas las restantes propuestas en contestación de demanda frente a las condenas impuestas.

SEXTO: ABSOLVER a la demandada de las restantes pretensiones de demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sentencia del 31 de agosto del 2021, (f.º 39 a 50, del cuaderno de segunda

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Radicación n.° 94857 instancia), revocó la de primer grado y en su lugar absolvió a la demandada de las pretensiones.

Para llegar a tal decisión, la Corporación estableció como los problemas jurídicos a resolver, de conformidad con lo planteado en los recursos presentados: i) definir si el trabajador gozaba de la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y ii) determinar si la bonificación por asistencia percibida por el actor constituía factor salarial y, en caso afirmativo, si había lugar a los reajustes reclamados. Después de reproducir apartes de la sentencia CSJ SL 15 jul. 2008, rad. 32532, citar las CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 35606, CSJ SL, 3 nov. 2010, rad. 38992, CSJ SL, 26 ag. 2012, rad. 39207 y CSJ SL11411-2017, precisó: Pues bien, en el caso de marras, se allegó por parte del demandante el documento visible a folio 41 a 62 del expediente, en el que se registra que el actor fue diagnosticado con "lumbago con ciática" y "obesidad debido a exceso de calorías" ambas de origen general o común. Además en los folios 63 a 69 los cuales advirtió el recurrente al sustentar la alzada, obran incapacidades médicas expedidas por la EPS del trabajador por un periodo de dos (2) días a partir del 4 de junio de 2014, dos (2) días a partir del 9 de junio de 2014, 3 días a partir del 20 de junio de 2014, 2 días a partir del 14 de julio de 2014 y 2 días a partir del 16 julio de 2014 en las que no

se registra la enfermedad. No existe en el plenario prueba alguna que determine el grado de pérdida de capacidad laboral por parte de las entidades autorizadas legalmente para ello. Por lo que, bajo los parámetros sentados por la CSJ, el actor no cumple con los requisitos establecidos en la sentencia citada. Y como no cumple los supuestos de titularidad, no puede reclamar el derecho de la estabilidad laboral reforzada. Aludió al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y expuso que la protección allí prevista no opera cuando la finalización

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Radicación n.° 94857 del nexo está soportada en una «justa causa legal»; de modo que el trabajador debe demostrar la situación de discapacidad, la cual debe conocer el empleador, quien tendría que acreditar la justeza del finiquito contractual, pues de lo contario será ineficaz, para aclarar que: Así las cosas, si eventualmente se aceptara la titularidad del derecho del actor, sus pretensiones no podrían concederse, por cuanto entendemos que la terminación del vínculo se fundó en la expiración del plazo pactado, ya que éste conocía desde el 19 de mayo de 2014 que el contrato de trabajo no sería prorrogado más allá del 17 de julio de 2014. Se advierte que el contrato de trabajo se pactó por una duración de 61 días (Fl. 16) que inició del 16 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014, luego se prorrogó en forma automática del 16 de enero al 17 de marzo de 2014, la segunda prórroga del 18 de marzo al 17 de mayo de 2014 y la última del 18 de mayo al 17 de

julio de 2014. […] Lo anterior, nos lleva a la conclusión que la voluntad de no prórroga del contrato o la terminación del mismo no puede enrostrársele la ejecución de actuaciones discriminatorias o inferirse que la terminación estuvo motivada en la situación de salud que alega el actor. Luego, se refirió a «los parámetros fijados» por la Corte Constitucional, para colegir que el demandante no acreditó que: i) al momento de la desvinculación tuviese una pérdida de la capacidad laboral superior al 15 %; ii) sus afecciones de salud le dificultaban sustancialmente en el desempeño de sus labores; y iii) la accionada conociera de proceso de rehabilitación o de reubicación ordenado por médico tratante, además conocía que su contrato no sería prorrogado desde el mes de enero de 2015, y que dejaría de laborar el 29 de abril de ese mismo año. En consecuencia evidenció que la terminación del contrato no obedeció a

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Radicación n.° 94857 situaciones de discriminación, porque no se encontraba disminuido en su capacidad laboral. En lo atinente al segundo problema jurídico, el juez colegiado transcribió in extenso a la providencia que identificó «de LEONAR DELGADO RUÍZ contra CBI COLOMBIANA S.A., radicado 13000-31-05-002-2014-0024702, 22 de septiembre de 2020», aludió las decisiones CSJ STL11582-2020 y la proferida «en julio de 2020, con

radicación 2015-0030, dentro del proceso ordinario de OSMIRO CASTILLO MARUO también contra OBI». Recordó que el «Bono de asistencia o Bonificación por Asistencia» fue ofrecido por CBI al accionante de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de trabajo (folio 16 al 27 del cuaderno de primera instancia), que fue aceptada por el actor de forma voluntaria, consistente en una remuneración mensual conformada por dos factores; por un lado un salario ordinario y una bonificación de asistencia condicionada que dependía el aporte del trabajador en el cumplimiento del cronograma del equipo de trabajo y, el segundo, al «desempeño» individual y grupal respecto a las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente, en la que se precisó: […] no hace parte de la remuneración ordinaria. En consecuencia, esta bonificación no integrará la base de liquidación de ninguna acreencia que tenga como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo; mientras que seré tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones socialescesantías. Intereses y primas de servicios-, aportes a seguridad social, contribuciones parafiscales. Indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero.

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Radicación n.° 94857 En virtud de lo anterior, concluyó que dicho estipendio constituye «contraprestación indirecta extralegal del servicio», conforme lo dispuesto en el artículo 128 del CST, por lo que es un pacto de exclusión salarial a pesar de ser habitual, pues estaba sometida «a la ocurrencia de hechos enteramente

inciertos y ajenos a la voluntad y al trabajo mismo del trabajador, como lo eran las ausencias de "fatalidades", o con cuestiones previas a la prestación personal del servicio, como "llegar, o llegara tiempo"». Aclaró que el pago extralegal es adicional a la remuneración mínima ordinaria, que obedecía a la prestación directa del servicio, representada en el salario, que no se vulneró ante la validez del pacto de desvalorización, para lo que citó la sentencia CSJ SL, 17 jul. 2019, rad. 64255 y transcribió la que identificó con radicado «13001-31-05002-2015-00338-01 promovida por Fredy José Escobar Castillo contra CBI».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Evert Orlando Hurtado Asprilla, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende de forma principal que se case el fallo fustigado, para que en sede de instancia, «REVOQUE la

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Radicación n.° 94857 sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó la sentencia de primera que dispuso no reintegrar al trabajador con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales». Subsidiariamente solicita el quiebre del fallo controvertido y constituida la Sala como juez de instancia , CONFIRME PARCIALMENTE la sentencia de primer grado en cuanto condenó a la demandada a la reliquidación de las horas de trabajo extras y dominicales, así como de las prestaciones sociales, REVOCANDO de paso la decisión del Ad quo de absolver

a la demandada de las demás pretensiones de la demanda, y en su lugar, constituida la Sala de Casación Laboral en Juez de Primera Instancia CONDENE a la demandada a pagar la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T, tal y como fue pedida en la pretensión subsidiaria de la demanda. En costas provea como corresponda. Con tal propósito formula cuatro cargos, los que no son replicados, los cuales la Sala estudiará de manera conjunta, pues denuncian similar conjunto normativo, persiguen el mismo objetivo y la sustentación se complementa entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Es propuesto en los siguientes términos: En cuanto absolución de la pretensión principal de la demanda respecto de absolver a la demandada del reintegro del demandante, hallamos que la sentencia impugnada en casación es violatoria de la ley sustancial, artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por la vía indirecta, en correspondencia con el artículo 48 de la Constitución Nacional.

Afirma que el juez colegiado incurre en el error evidente de hecho de «No dar por demostrado, estándolo, que, para la fecha de la terminación del contrato de trabajo mi mandante

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Radicación n.° 94857 se encontraba protegido por el fuero de salud, configurándose a su favor la estabilidad laboral reforzada». Expone que ese yerro es producto de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:

1. Certificado de la historia clínica ocupacional de entrada

2. Historia clínica de fecha 14 de marzo de 2014.

3. Historia clínica de fecha 27 de marzo de 2014.

4. Historia clínica de fecha 2 de mayo de 2014.

5. Historia clínica de fecha 13 de mayo de 2014.

6. Historia clínica de fecha 04 de junio de 2014.

7. Historia clínica de fecha 9 de junio de 2014.

8. Historia clínica de fecha 20 de junio de 2014.

9. Historia clínica de fecha 14 de julio de 2014.

10. Certificado de incapacidad de fecha 2014-06-04.

11. Autorización de servicios de salud de fecha 2014-06-04

12. Certificado de incapacidad de fecha 2014-06-09.

13. Certificado de incapacidad de fecha 2014-06-20

14. Control de asistencia a fisioterapia de fecha 11 de julio de

2014.

15. Certificado de incapacidad de fecha 2014-07-14.

16. Certificado de incapacidad de fecha 2014-07-16.

17. Certificado de la historia clínica ocupacional de salida.

Luego de transcribir apartes de la sentencia cuestionada y la providencia CC SU-087-2022, asegura que el ad quem desconoce el precedente constitucional en materia de protección foral por estado de debilidad manifiesta por salud y precisa: En el presente proceso ha quedo probado suficientemente que tanto para la fecha en que fue notificado el preaviso, como para la fecha de la terminación del contrato de trabajo el demandante se encontraba incapacitado, por lo cual, a la luz de lo antes explicado lo constituye en un sujeto de especial protección constitucional, que debe ser amparado por el fuero de salud, limitando así la facultad que tenía el empleador para dar por

terminado el contrato de trabajo salvo que mediara una justificación objetiva para ello, y la terminación del contrato de trabajo por el cumplimiento del plazo fijo pactado no representa una causal objetiva, puesto que siempre el empleador puede determinar si continuar o no recibiendo los servicios del

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Radicación n.° 94857 trabajador, verificando si subsisten las causas que dieron origen al contrato de trabajo.

VII. CARGO SEGUNDO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 127 del CST, modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990 así como 25 y 53 de la Constitución Política.

Después de transcribir apartes del fallo reprochado expuso que el Tribunal convalida el pacto de exclusión salarial según lo dispuesto en el artículo 128 del CST, y niega darle aplicación al canon 127 del mismo compendio normativo, con fundamento «una falacia de petición en principio» en que dichas bonificaciones se tratan de remuneraciones indirectas del servicio. Asegura que los pagos que recibía obedecen a la prestación de su servicio, así como de la observancia de normas de Salud y Seguridad en el Trabajo, «sobre los cuales no hizo ningún esfuerzo el demandando para derruir la presunción de ser salario», en consecuencia, el fallador debía dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 127 del CST, para lo que cita la sentencia la CSJ SL1466-2022.

VIII. CARGO TERCERO

Acusa la decisión de segundo grado de violar directamente, en el sub motivo de aplicación indebida de los

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Radicación n.° 94857 artículos 128 del CST, 15 de la Ley 50 de 1990, y los 25 y 53 de la Constitución Política. Acota que el juez de apelación interpreta el artículo 128 del CST en punto a que las partes pueden restarle eficacia salarial a un pago siempre y cuando se respete al salario mínimo y no se trate de una remuneración directa del servicio, contrario a lo establecido en la decisión CSJ SL1466-2022, de la que reprodujo apartes, para colegir que no era posible restar la naturaleza salarial de «algunos pagos a fin de no incluirlos como base de liquidación para algunas prestaciones sociales».

IX. CARGO CUARTO Está planteado así: […] hallamos que la sentencia impugnada en casación es violatoria de la ley sustancial, artículo 127, 168, 249, 306, del CST, por la vía indirecta, en correspondencia con los artículos 25 y 53 de la Constitución Nacional.

Le atribuye al Tribunal como error de hecho «No dar por demostrado, estándolo, que, la bonificación denominada “Bono de Asistencia” constituía verdaderamente salario». Expone que ese yerro fue producto de la equivocada apreciación del contrato de trabajo visible a folio 16 a 27 del cuaderno de primera instancia. Luego de reproducir el fallo confutado, asegura que para negar el carácter salarial de la bonificación de asistencia

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Radicación n.° 94857 se funda en un «razonamiento falaz» que desconoce lo establecido en la sentencia CSJ SL1466-2022, pues: […] en tratándose de pagos recibidos por el trabajador subsiste una presunción de hecho, respecto de que todo lo recibido es salario, para poder dejar de considerarlo así se debe así un esfuerzo probatorio por parte del empleador del cual se desprenda con claridad que se trata de remuneraciones indirectas. En el acervo probatorio del presente proceso no reposa ningún elemento que permita concluir a ciencia cierta que los pagos que se realizaban de manera extra legal al demandante no tenían como finalidad la contra prestación del servicio, se atuvo la parte demandada a decir que se fijaron unas condiciones de causación, y que estas condiciones obedecían a políticas de remuneración impuestas por un tercero (el beneficiario de la obra). Sin embargo, no existe dentro del proceso una forma de identificar como las condiciones de causación respecto del salario son distintas a las condiciones de causación de las bonificaciones, más claramente podemos decir, no quedó explicado dentro del proceso de que manera la asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo que se exige de la prestación personal del servicio para la realización de la obra que se contrató con el empleado, se diferencia de la asistencia y permanencia en el puesto de trabajo que se exige para la causación de una de las bonificaciones; de igual forma, no se logra identificar como la obligación del trabajador contenida en el artículo 58, numeral 7º, de observar con sumo cuidado las normas de salud y seguridad en el trabajo, se distingue de la condición de causación de

mantener el orden y las condiciones que aminoren la posibilidad de accidentes de trabajo. En otras palabras, las condiciones de causación que fueron establecidas para los pagos extra legales tienen mucha identidad las obligaciones propias de la prestación personal del servicio de los trabajadores, permitiéndonos colegir que la intención de la parte demandada fue enmascarar pagos con verdadera naturaleza salarial.

X. CONSIDERACIONES La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica

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Radicación n.° 94857 especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable. Y es verdad que se ha admitido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, pues, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Por lo anterior, la Corporación encuentra que la acusación contiene deficiencias técnicas, como pasan a analizarse:

1. Respecto del alcance de la impugnación El alcance de la impugnación en casación es el petitum

de la demanda, en donde se debe pedir a la Corte, con la mayor claridad posible, lo que pretende de ella. Sin embargo, en el caso está formulado de manera inapropiada, por cuanto solicita casar la providencia proferida por el fallador de segundo grado y, en sede de instancia, «REVOQUE la sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó la sentencia de primera que dispuso no reintegrar al trabajador con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales»,

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Radicación n.° 94857 lo cual es imposible, porque una vez quebrada la dicha decisión ella desaparece del espectro jurídico y, por sustracción de materia, no es viable revocarla, como se cimentó en proveído CSJ SL043-2021. Además, se pasó por alto exteriorizar con claridad cuál debía ser la actuación de este órgano de cierre actuando como colegiado, una vez quebrada totalmente el proveído impugnado, vale decir, si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en los dos últimos eventos, señalar el sentido en que debe remplazarse, lo que era fundamental ya que el a quo condenó a la accionada por unos pedimentos y la absolvió por otros. Sobre este punto, se ilustró en sentencia CSJ SL5722023, que reiteró lo expuesto en la providencia CSJ AL36742020, lo siguiente: En reiteradas oportunidades la Sala ha expresado que el alcance de la impugnación constituye el petitum de la demanda extraordinaria, en el que el recurrente debe claramente decirle a la Corte lo que pretende con la sentencia acusada, si casarla total

o parcialmente y en este caso, sobre qué puntos debe versar la anulación del fallo y cuáles deben quedar vigentes; además, qué pretende con la sentencia del Juzgado, si confirmarla, modificarla o revocarla y en estos dos últimos casos, cuál debería ser la decisión de reemplazo. Pues por tratarse de un recurso rogado, el recurrente está obligado a señalar el derrotero que debe seguir la Corte en ese sentido, a fin de que se cumpla el propósito que con ella persigue. Lo previo es fundamental pues, sin la adecuada delimitación del alcance de la impugnación, no le es posible a la Sala estudiar la demanda, ya que ello le imposibilita

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Radicación n.° 94857 delimitar el ámbito de su actuación (CSJ SL, 6 dic. 2006, rad. 16515, reiterada en CSJ SL1046-2018).

2. Frente a la primera y cuarta acusación Aunque es verdad que los cargos no expresan el submotivo de acusación, también lo es que al enderezarse por la vía indirecta se presupone que lo denunciado es la aplicación indebida de los preceptos normativos que componen las proposiciones jurídicas de los ataques, que es la modalidad de violación que por regla general procede por este sendero, sin embargo se presentan otras falencias que se exponen a continuación.

A pesar de haberse dirigidos por la vía fáctica e individualizados unas probanzas y enunciado un presunto error fáctico en el que pudo incurrir el juez de segunda instancia, por la indebida o mala apreciación de aquéllos,

sabido es que se requiere no solo especificar aquello, sino también es necesario realizar un ejercicio dialéctico en cumplimiento a lo ordenado por el literal b) del numeral 5° del artículo 90 del CPTSS (CSJ SL2814-2019). Al respecto, cabe mencionar previamente en la sentencia CSJ SL544-2013, reiterada en las providencias CSJ SL038-2018, se precisó: Como es suficientemente sabido, cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la mala valoración de las pruebas, debe el impugnante, si quiere que su acusación quede debidamente fundada, exponer en forma clara lo que la prueba acredita y en qué consiste la errónea apreciación del juzgador;

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Radicación n.° 94857 demostración que debe hacer mediante un análisis razonado y crítico de los medios probatorios, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial. Esta tarea de razonamiento que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. Si el impugnante omite llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, que, es igualmente sabido, llega al recurso amparada con la presunción de legalidad y acierto que debe ser plenamente destruida por

quien pretenda su casación. No obstante, el censor soslaya dicho deber y no cumple los mencionados requerimientos en su integridad, ya que en el primer cargo se hace un listado de pruebas y en el tercero denuncia el contrato de trabajo como mal valorado, pero se limita a transcribir, sintetizar el contenido de alguna de ellas, alude a lo que contienen, como si correspondiera defender la teoría que en su concepto debe salir avante, con lo cual no relaciona cuál fue, efectivamente, la valoración equivocada del Tribunal, ni evidencia la influencia que tendría lo que acredita en la determinación adoptada, lo que es ajeno a la dialéctica propia del recurso extraordinario, como lo ha exigido esta Sala, verbigracia, en providencia CSJ SL53302021. En ese orden, como el impugnante prescindió de la labor argumentativa requerida, pues se limitó a exponer sus apreciaciones subjetivas del caso, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que produzca el efecto de desquiciar los soportes de la decisión; máxime que llega al recurso amparada con la presunción de legalidad y acierto

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Radicación n.° 94857 que debe ser plenamente destruida por quien pretenda su casación. Por si no fuera poco, el censor entremezcla las sendas de violación de la ley sustancial, toda vez que las acusaciones se orientaron por el camino fáctico y refiere a argumentos de derecho cuando en la primera y cuarta acusación reprocha del Colegiado el empleo de un criterio jurisprudencial,

específicamente a los proveídos CC SU-087-2022 y CSJ SL1466-2022 respectivamente. Pero, olvida que, en el evento que se pretenda cuestionar la estructuración de una decisión con un proveído judicial, el submotivo pertinente para hacerlo, es la interpretación errónea por la vía directa (CSJ SL8468-2015). Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL3483-2021, enseñó: Esta Sala ha adoctrinado reiteradamente que el sendero jurídico atañe a aspectos de puro derecho y los errores de hecho y de derecho son propios de la vía fáctica, r