CSJ - SL27223(14-02-07)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación No. 27223 Acta No. 06

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil siete (2007). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JAIME ALBERTO SUAZA AGUDELO contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente a la

sociedad IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA.

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia ANTECEDENTES JAIME ALBERTO SUAZA AGUDELO demandó a la sociedad IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA, con el fin de obtener la declaración de existencia de un contrato de trabajo entre las partes, a término indefinido, finalizado de manera unilateral y sin justa causa por la accionada; la reliquidación y pago del auxilio de cesantía y sus intereses anuales, de la indemnización por despido y de las vacaciones; el pago de la prima de servicios del año 2000, de los traslados no reconocidos, de los dominicales y festivos, de la bonificación especial pactada, y de la indemnización moratoria; el reajuste de la indemnización por compensación de lo dejado de aportar para pensión de vejez;

los perjuicios morales; los derechos ultra y extra petita; y las costas. 2 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia Fundamentó sus peticiones en que prestó servicios para la accionada desde el 22 de julio de 1980 hasta el 13 de diciembre de 2000, mediante contrato de trabajo a término indefinido desempeñando los cargos de programador de computadores y luego el de jefe de la oficina técnica, en forma responsable y cumplida. Señaló que en varias oportunidades fue trasladado de sede sin que se le reconocieran los gastos de traslado generados para él, su familia y sus enseres; que la empleadora omitió cancelar “ los aportes a las cesantías para pensión de jubilación ”, a los seguros sociales por espacio de cinco años, indemnizándolo con una cifra que no compensa el daño ocasionado y que no tuvo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo, por lo que para acceder a la pensión de jubilación debe cotizar el tiempo dejado de reportar, que generó, además, perjuicios morales. Que a partir de 1998 “un sector oculto de las directivas de la empresa” inició una persecución en contra suya y un mal ambiente laboral, con el propósito de presionar su retiro, mediante traslado y desmejora de sus condiciones. Agregó que el 13 de diciembre de 2000 la empresa 3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia dio por terminado su contrato de trabajo sin justa causa y tomó

como salario base $1724.100.00, suma injustificada; que desconoció, al efectuar su liquidación, varias acreencias laborales, por lo que debe ser revisada. Adujó que no se le hicieron los aumentos salariales conforme a lo estipulado por el gobierno nacional, que buscan mantener el poder adquisitivo del salario y que son obligatorios, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, por lo que debieron incluirse al realizar su liquidación final. Que en junio y diciembre la empresa permanentemente reconocía una bonificación equivalente a un salario que no se le incluyó en su liquidación. Añadió que no se le reconocieron los dominicales y festivos laborados, ni las vacaciones de los años 1980 a 1989, ni la indemnización prevista en la Ley 50 de 1990 para los contratos de trabajo a término indefinido de duración superior a diez años, sino la prevista antes de dicha reforma, ni la bonificación pactada verbalmente adicional a la indemnización legal (folios 2 a 11 y 70 a 78 del cuaderno principal). 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales de iniciación y terminación, el monto de $76810.532.00, que arrojó la liquidación final y que dio por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo y aclaró que le canceló la indemnización legal.

En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, pago y prescripción (folios 85 a 92 del cuaderno principal). El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, al cual correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de octubre de 2004, absolvió a la accionada de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor (folios 238 a 247 del cuaderno principal). 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Al conocer de la apelación interpuesta por la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 17 de marzo de 2005, confirmó la del a quo, sin costas. En lo que interesa al recurso extraordinario, dijo el ad quem que conforme a la demanda, la aspiración principal del actor era la obtención del reajuste salarial para los años 1999 y 2000, conforme a lo estipulado por el gobierno con la consecuente reliquidación del auxilio de cesantía y sus intereses, de la prima de servicios y de las vacaciones. Señaló que la inconformidad del demandante correspondía a un conflicto económico y no jurídico, por lo que no es a los jueces laborales a quienes corresponde decidir la situación que se 6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia presenta, cuando durante un periodo de tiempo no se aumenta el salario de los trabajadores, ya que no existe norma que lo regule,

a menos que se trate del salario mínimo legal o se encuentre ordenado en norma convencional o en laudo arbitral que obligue al empleador a efectuar dicho incremento. En apoyo de su decisión mencionó las sentencias de esta Sala del 5 de noviembre de 1999 y del 23 de marzo de 2001, transcribió apartes de la primera y concluyó que el demandante equivocó la vía para obtener los aumentos salariales anhelados, toda vez que devengaba más del salario mínimo y porque, adicionalmente, los documentos de folios 189 a 200, acreditaban los incrementos efectuados por la empleadora, motivo por el que no encontraron prosperidad las diferencias salariales y prestacionales pretendidas ni el reajuste de la indemnización por despido injusto. En relación con la cuantía de esta última pretensión, consideró el ad quem que, en el interrogatorio de parte el demandante confesó que no se acogió a la Ley 50 de 1990, por lo que la empleadora 7 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia no estaba obligada a efectuar la liquidación solicitada de 45 días por el primer año y 40 por cada uno de los años siguientes y proporcionalmente por fracción, como lo ordena el artículo 6º de la normatividad en cita, por lo que encontró ajustada a derecho la liquidación efectuada por la empleadora obrante a folios 36 y 206. Con respecto a las vacaciones de los años 1980 a 1989 señaló que pese a no encontrar demostrado el descanso por dicho lapso, ni que el pago de los días liquidados por este concepto, folio 306,

correspondiera a la totalidad del tiempo cuyo descanso no se otorgó, consideró improcedente la compensación en dinero de las vacaciones, por cuanto la accionada al contestar la demanda propuso la excepción de prescripción y para la fecha de extinción del contrato en el año 2000, se encontraban prescritos los periodos vacacionales de los años mencionados. 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia En cuanto a los dominicales y festivos anotó que la parte interesada no logró establecer cuáles laboró efectivamente, para determinar su pago. Confirmó la absolución por indexación o actualización de las cotizaciones por pensiones voluntarias sufragadas a Porvenir S.A., folio 202, y señaló que no se precisó si la suma acordada de $26000.000.00, folio 201, incluyó la corrección monetaria. Los perjuicios morales y los gastos de traslado no lograron prosperidad toda vez que no se demostraron por la parte interesada, conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la bonificación supuestamente prometida, señaló que la parte actora no demostró dentro del proceso el fundamento de su reclamación, razón que impidió un pronunciamiento favorable; 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia y, respecto de la prima del año 2000, advirtió que a folio 48 obra

su pago por valor de $862.050.00, por lo que no resulta viable acceder a dicha solicitud. Finalmente indicó que al no existir condenas, no procedía la indemnización moratoria (folios 258 a 265 del cuaderno principal). EL RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda y provea en costas como es de rigor. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia “ por ser violatoria de LA LEY SUSTANCIAL, POR INFRACCIÓN DIRECTA (FALTA DE APLICACIÓN) de los siguientes preceptos constitucionales: “EL PREÁMBULO DE NUESTRA CARTA 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia MAXIMA, EL DERECHO de LA IGUALDAD (ART. 13 C.N.), el artículo 53 ibid.; Violación del art. 28 C.N. Simultáneamente se violaron los derechos ADQUIRIDOS inalienables: integrados por el estatuto 5, 13, 25, 53 y 55 de la Constitución; normas que consagran las pretensiones reclamadas,

infracciones todas estas concordantes con los preceptos 1, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 55, 59 num. 9, 65, del C.S. del T., art. 127 del C.S. del T, modificado por el art. 14 de la Ley 50 de 1990 art. 142, 148 del C.S. del T, art. 186, 192, 193, 249 259, art. 306 y 340, 468, 469, 470 476 preceptos todos del C.S.T., normas que consagran las pretensiones reclamadas en el C.S.T.” En la demostración del cargo, expone que las normas constitucionales son de aplicación directa, en especial las que consagran las pretensiones reclamadas y no requieren de desarrollo legal para su eficacia jurídica, pues se trata de derechos fundamentales que constituyen derechos subjetivos y objetivos. 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia Dice que la infracción directa surge porque el sentenciador de alzada desconoció la preceptiva constitucional y legal al ignorar la eficacia del derecho a la obtención del reajuste salarial cuando el IPC ha aumentado o variado sustancialmente, con afectación del poder adquisitivo del trabajador y que entraña un yerro mayúsculo el considerar que solo procede el reajuste cuando se trata del salario mínimo legal, sin tener en cuenta que el artículo 53 constitucional se refiere a la remuneración en términos generales y no solo al mínimo legal. Arguye que la falta de aumento en el ingreso del trabajador

cuando el IPC varía al pasar varios años, como en el caso del demandante que “desde el año 2000 que no se incrementó el salario... hasta la fecha de retiro, al variar de forma notable las circunstancias económicas y sociales...”, genera una injusticia que repugna al Estado Constitucional de Derecho. 13 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia Consideró infringidos los postulados contenidos en el preámbulo, el derecho a la igualdad y el artículo 53 de la Constitución, al señalar el juzgador que los incrementos solo operan para quienes devenguen el salario mínimo, lo que desconoce que quienes reciben ingresos superiores, dada su condición profesional, técnica y especializada no pueden aspirar a reclamar judicialmente a que se reivindique el derecho conculcado, y legitima así un trato preferente. Agrega que todos los salarios, mayores o menores, sufren deterioro con el paso del tiempo, por lo que el problema jurídico planteado no se podía resolver al expresar que ello compete al diálogo de trabajador empleador y que, por tanto, el juez es una autoridad expectante del conflicto económico, frente al cual debe guardar silencio, como si ¨ existieran condiciones espacio temporales diversas y conflictos que no pudiera resolver, absteniéndose tercamente de contemplar que los fenómenos de deterioro salarial en el tiempo afectan a todos por igual. ¨ 14 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia

Alega que conforme a los artículos 123 y 228 de la Carta los funcionarios públicos deben dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formalidades, vulnerados en el presente caso so pretexto de la ausencia de norma legal que reglara el incremento salarial, con deterioro del ingreso de quienes no reciben incremento. Menciona igualmente como vulneradas algunas de las disposiciones señaladas en la proposición jurídica del cargo (folios 6 a 16 del cuaderno de la Corte). LA RÉPLICA Señala que la demanda de casación no puede apartarse de la técnica que la ley le imprime, por cuanto el recurso extraordinario 15 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia es eminentemente dispositivo y la Corte no puede suplir o enmendar las falencias en las que el censor incurra al sustentar la impugnación. Que en el presente caso el recurrente se limita a indicar, en su sentir, cual debió ser el fallo del Tribunal y omite una confrontación precisa de cuál fue la violación del fallador de segunda instancia. Reproduce apartes del fallo impugnado y dice que ningún reparo le mereció al casacionista los fundamentos expuestos en él, especialmente los que señalan que la empresa sí hizo aumentos salariales al trabajador, conforme se desprende de los documentos de folios 198 a 200, que son soporte esencial de la decisión y debieron objetarse por el censor, no por la vía escogida sino como consecuencia de la comisión de errores de hecho por errada apreciación (folios 26 a 28 del cuaderno de la Corte). 16

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia CONSIDERACIONES DE LA CORTE El juicio de legalidad de la sentencia, que se realiza en sede de casación, exige que la formulación del recurso contenga un planteamiento lógico adecuado a ese fin, que permita destruir con suficiente claridad la presunción de legalidad y acierto de que gozan las decisiones judiciales, que les otorga seriedad y firmeza, como presupuesto necesario para la seguridad jurídica que debe dispensar la administración de justicia. La demanda de casación debe cumplir requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen, con arreglo a las disposiciones legales y desarrollos jurisprudenciales señalados para su procedencia, cuya inobservancia conduce a que el recurso resulte inestimable e imposibilite el estudio de fondo de la sentencia impugnada. En el sub lite, como lo advierte la oposición, la demanda que sustenta el recurso, incurre en graves e insuperables defectos 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia técnicos, como pasa a explicarse: De tiempo atrás esta Corporación ha señalado que el recurrente en casación está en la obligación de atacar todos los soportes fácticos y jurídicos que sirvieron de cimiento al juzgador para proferir su decisión, porque si deja de atacar alguno o algunos, seguirán brindando apoyo a la sentencia recurrida, que goza de la

presunción de acierto y legalidad. Sobre el tema, así se ha expresado: “Por lo tanto, el recurrente estaba en la obligación de destruir este otro sustento del fallo, lo cual no hizo, y por lo tanto este debe mantener su vigencia”. “Al respecto ha dicho esta Corporación: “El censor no asume la verdadera obligación que a él incumbe, cual es la de socavar todos y cada uno de los fundamentos que le sirven de soporte al fallo gravado,...Omisión de por sí suficiente para mantener la sentencia recurrida porque la presunción de acierto y legalidad que la cobija frente al recurso extraordinario, sigue vigente con referencia a los soportes indicados.”(Rad. 20607 – 9 de octubre de 2.003)”. 18 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia “...le corresponde al impugnante desquiciar todas las inferencias fácticas y probatorias del Tribunal, porque con una sola de ellas que quede inatacada, la decisión tiene que mantenerse incólume, dado el carácter rogado del recurso que le impide a la Corte actuar de manera oficiosa.”(Rad. 20974 – 23 de noviembre de 2.003).” Lo anterior se señala porque, en el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, el recurrente se limita a reprochar las consideraciones del juez de apelación en relación con la ausencia de norma legal que regule la obligación del empleador de aumentar anualmente los salarios de los trabajadores, con excepción del mínimo legal. Censura dicha posición por cuanto

las normas constitucionales son de aplicación directa y no requieren de desarrollo legal para su eficacia jurídica; que se desconoció el derecho a la obtención del reajuste salarial mientras que el IPC ha aumentado o variado sustancialmente, con afectación del poder adquisitivo del trabajador; que se vulneró el derecho a la igualdad de los asalariados al entender que solo procede el reajuste cuando se trata del salario mínimo legal sin 19 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia tener presente que el artículo 53 constitucional se refiere a la remuneración en términos generales y no solo al mínimo legal. No obstante, dejó libre de ataque las conclusiones fácticas y probatorias del fallo impugnado, según las cuales: (I) la empresa sí incrementó el salario del trabajador durante los años 1998 a 2000, inferencia apoyada en los documentos de folios 198 a 200; (II) no le era aplicable la indemnización contenida en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 por cuanto no se acogió a ella, como lo confesó al absolver el interrogatorio de parte, folio 104; (III) las vacaciones de los años 1980 a 1989 prescribieron y tampoco se precisó en el documento de folio 306 si el pago efectuado por dicho concepto incluyó los periodos de descanso no otorgados; (IV) los dominicales y festivos presuntamente laborados no se señalaron con precisión; (V) no se determinó si los $26 000.000.00, acordados como cifra total y definitiva para cubrir los

aportes al Sistema General de Pensiones dejados de pagar al ISS, incluían o no la actualización o indexación de las 20 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia cotizaciones por pensión, folio 201; (VI) no se acreditaron los perjuicios morales ni los gastos de traslado solicitados; (VII) ausencia probatoria en relación con el fundamento de la bonificación presuntamente prometida; (VIII) pago de la prima de servicios del año 2000 en cuantía de $862.050.00, según documento de folio 48. Como el recurrente no expresó reparo alguno en relación con las conclusiones del ad quem, expuestas precedentemente, esta omisión implica la permanencia del fallo impugnado por la presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales. Además que, por ser los anteriores fundamentos fácticos y probatorios, debieron atacarse por la vía indirecta y no por la seleccionada por el censor. 21 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia Tampoco reprochó el censor la calificación de conflicto económico dado por el Tribunal, al asunto sometido a su decisión, pues se limitó a mencionar la conclusión del juzgador sin cuestionarla. No obstante, la Sala considera pertinente resaltar que dicha calificación es equivocada, como lo precisó en sentencia 15406 del 23 de marzo de 2001: “No cabe pues hesitación alguna de que los demandantes jamás

plantearon ante jueces en derecho, como son los que conocen de los procesos ordinarios del trabajo, un conflicto de naturaleza económica, como lo dio por demostrado en forma manifiestamente desacertada el tribunal, como se aprecia sin ninguna dificultad del examen de las peticiones, por lo que el error ciertamente es protuberante”. “Además, en el acápite de los fundamentos de derecho de la demanda inicial se observa que la parte actora apoyó sus pretensiones en una larga lista de artículos del Código Sustantivo del Trabajo, de la Constitución Política y de normas concordantes, en los que creyó hallar apoyo normativo, con lo cual se buscaba la aplicación de un derecho preexistente, nacido y actual – a juicio de los demandantes – que es lo que caracteriza el conflicto jurídico, y por tanto se descarta totalmente que se haya planteado un conflicto de los denominados económicos pues es sabido que éstos, además de que no son del conocimiento de los jueces del trabajo, por el contrario, persiguen es la creación, modificación o extinción de derechos, según la prístina acepción dada por la Organización Internacional del Trabajo”. 22 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia “De análoga manera, no podía el tribunal pasar por alto que los accionantes invocaron sentencias judiciales anteriores en punto al reajuste salarial que reclaman en este proceso, y aunque estaban referidas a años distintos, innegablemente no plantearon con ello un conflicto de intereses, como lo dedujo equivocadamente el ad quem, incurriendo en un verdadero

despropósito”. “No sobra por demás resaltar la ostensible contradicción del sentenciador consistente en que en su lacónica fundamentacióna pesar de la gran trascendencia del asunto -, y no obstante colegir que los jueces del trabajo son incompetentes para conocer de conflictos económicos, haya resuelto el fondo del asunto y absuelto a los demandados, dado que lo que procede en tales casos es la inhibición. Asistido de razón así lo expone la censura en su tercer ataque, respecto del cual resulta superfluo su estudio de fondo porque persigue el mismo objetivo del primero, que salió avante por las consideraciones atrás consignadas por la Sala”. “El primer cargo en consecuencia es fundado, mas ello no comporta de manera automática la anulación del proveído recurrido, pues ante ese resultado preliminar se ve precisada la Corte a efectuar seguidamente el correspondiente examen de instancia: “Impetraron los demandantes el pago de los reajustes del sueldo mensual desde el primero de mayo de 1995 hasta el 31 de diciembre del mismo año y a partir del primero de enero de cada uno de los años de 1996 y 1997, en igual porcentaje de incremento en el costo de vida producido en el año inmediatamente anterior a aquel en que se efectuara el reajuste; la indexación y las costas del juicio”. “El asunto jurídico que corresponde dilucidar a la Corte se centra en determinar si alguna de las disposiciones citadas en la 23 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia proposición jurídica consagra el derecho a los reajustes

salariales solicitados por los demandantes para los años transcurridos de 1995 a 1997”. “No escapa a la consideración de la Sala que en las economías en desarrollo es frecuente la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios por fuerza de los fenómenos inflacionarios y de depreciación de la moneda nacional. Para conjurar o al menos aminorar el impacto de tales fenómenos económicos la legislación del trabajo ha diseñado medidas de protección para las clases económicamente más vulnerables que son las que generalmente resultan más afectadas por sus efectos socialmente devastadores”. “Pero debe decirse que, salvo casos que constituyen excepción, en verdad la estructura general del régimen salarial del sector privado en el derecho del trabajo colombiano está montada sobre el postulado de que son las partes –individual o colectivamente consideradasunidas en el nexo jurídico laboral, o el legislador cuando así lo dispone en forma expresa, las únicas que en principio tienen la potestad de convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en pactos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, como lo dispone claramente el artículo 132 del CST, subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990”. “Así, desde el año de 1948 se estableció el derecho al salario mínimo representado en el sueldo límite a que tiene derecho el trabajador para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, por debajo del cual no es lícito estipular una remuneración entre las partes. El análisis sistemático del código sustantivo del trabajo, conduce inexorablemente a inferir que salvo casos

especiales expresamente regulados por la ley o deducidos por la jurisprudencia en aplicación de principios legales, no existe precepto alguno que estatuya el derecho al aumento automático del salario de los trabajadores, que no devengan el salario mínimo, o el salario mínimo integral, con base en el costo de vida”. 24 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia “Obsérvese que si con arreglo al artículo 148 del Estatuto del Trabajo, la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior, aún para los trabajadores con remuneración mínima, la variación en el índice de precios al consumidor no incide necesariamente en el contrato de trabajo de los demás. Naturalmente que en la práctica los aumentos del salario mínimo legal, concertados por las fuerzas sociales, económicas y por el gobierno, suelen ser iguales o superiores al aumento en el costo de vida, lo cual consulta además la equidad, pero desde el punto de vista estrictamente legal la variación en el IPC no comporta inexorablemente una modificación salarial, hasta cuando el legislador natural - Congreso o Gobierno revestido de facultades especiales -, no disponga nada diferente mediante una norma de igual rango al código sustantivo del trabajo”. “Y si la mutación en el salario mínimo impacta los contratos de trabajo en que se haya convenido un salario inferior, eso sí ipso jure, fuerza colegir que en los demás casos de trabajadores con ingresos superiores al mínimo, la variación en el sueldo mínimo o en el índice de precios al consumidor no tiene la misma

virtualidad, porque esa previsión no está dirigida a ellos sino exclusivamente a quienes devengan tal remuneración inferior. De suerte que si todos los trabajadores del sector particular tuviesen derecho a la revalorización de su remuneración por el simple incremento en el IPC carecería de sentido la regulación del precitado artículo 128 del CST, que dispone tal aumento sólo para los casos en que se haya elevado el sueldo mínimo”. “Por similares razones perdería su sentido que la contratación colectiva se ocupe de regular las condiciones de trabajo en lo que concierne al salario, pues al estar ese tema en función del IPC, quedaría vedado para aquélla, a menos que se acordara un aumento superior. Tal hermenéutica no sólo quebrantaría la legislación del trabajo, sino que daría al traste con cualquier política económica que pretenda combatir la inflación y estimularía el flagelo del desempleo, que con su presencia no 25 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 27223 Jaime Alberto Suaza Agudelo vs Impregilo SPA Sucursal de Colombia sólo lesiona el derecho del trabajo, sino también el derecho al trabajo”. “Nótese además que en el pasado algunas sentencias de la Corte precisaron que la falta de reclamo del trabajador ante la rebaja del salario, equivale a una nueva estipulación, lo que refuerza aún más el entendimiento de que no hay en el ordenamiento positivo colombiano disposición legal que faculte a un juez para imponer por vía general un aumento de salarios de trabajadores particulares, como secuela necesaria del aumento en el índice de precios al consumidor”. “Diferente tema es el de la nivelación salarial en los casos en que

un empleador viola el principio de a trabajo igual salario igual, discriminando a los trabajadores con la misma jornada de trabajo y que desempeñan funciones similares en condiciones de eficiencia, cantidad y calidad de trabajo también iguales, puesto que si se dan esos requisitos el artículo 143 del CST impone la identidad salarial. Y también distinto es cuando un empleador durante varios años o en forma indefinida mantiene congelados los salarios de algunos trabajadores, incre