CSJ - SL2723-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2723-2023 Radicación n.° 96640 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GASEOSAS HIPINTO SAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022) en el proceso que le instauró CARLOS ENRIQUE

PLATA TOBAR.

I. ANTECEDENTES Carlos Enrique Plata Tobar demandó a Gaseosas Hipinto SAS, para que se declarara que: i) entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 2 de enero de 1991 al 14 de marzo de 2014; ii) laboró todos los días de la semana a excepción de los lapsos comprendidos del «27 de agosto al 27 de septiembre de 2001; el 30 de julio

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Radicación n.º 96640 al 30 de octubre de 2008 y el 22 de septiembre de 2013 al 22 de diciembre del mismo año»; iii) en vigencia de esa relación no percibió prestaciones y vacaciones, así como tampoco se le efectuaron aportes a seguridad social y iv) que fue despedido sin justa causa. En consecuencia, que se ordenara la devolución de lo que pagó por cotizaciones a pensión y se ordenara el desembolso de sus derechos laborales junto a las indemnizaciones por retiro injusto y las contempladas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990.

Como sustento de sus pretensiones afirmó que: i) prestó servicios en los tiempos deprecados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios; ii) sus actividades fueron verificadas en la sección de taller de transporte, relativas a la reparación de carrocerías, montacargas, reparación de exostos entre otros, para los cuales utilizaba las herramientas suministradas por la empresa; iii) su jornada era de 7:00am a 6:00pm, sin embargo, por necesidades de su empleador esta se podía extender; iv) era subordinado por los jefes de taller; vi) las fechas en que no ejecutó ninguna labor obedecieron a una incapacidad por accidente de trabajo; vii) con frecuencia se le ordenaba trasladarse entre los municipios de San Gil y Pinchote para mantenimientos que se requerían; viii) En agosto de 2011 la empresa se trasladó al municipio de Piedecuesta, realizando las mismas tareas; ix) fue despedido el 14 de marzo de 2014; x) su salario promedio era de $3.185.477, los que le pagaban a una cuenta de ahorros, sobre los que le hacían retención en la

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Radicación n.º 96640 fuente y x) nació el 23 de mayo de 1954 (f.º 3 a 21, cuaderno n.º 1). La demandada, se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos admitió que se ejecutaron algunas actividades en el taller, pero que estas se dieron bajo el marco de un contrato de prestación de servicio y la calenda de natalicio del actor. Frente a los demás dijeron que no eran ciertos

unos. Presentó como medios exceptivos de mérito, los que denominó: «inexistencia de las de una relación laboral entre Carlos enrique Plata Tobar y Gaseosas Hipinto SAS, por no existir ni presumirse subordinación», «improcedencia de la desnaturalización de la calidad de contratista independiente del actor», «improcedencia de sanciones por haberse obrado de buena fe», prescripción, «inexistencia de las obligaciones reclamadas», cobro de lo no debido, «temeridad, mala fe y abuso del derecho a litigar» y la genérica (f.º 76 a 90, ibid.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante decisión proferida el 4 de marzo de 2020 (f.º 650 acta y CD anexo, ibidem), resolvió: PRIMERO.- DECLARAR que entre CARLOS PLATA TOVBAR y GASEOSAS HIPNTO S.A.S., existió un contrato de trabajo a término indefinido enmarcado temporalmente entre el 1º de enero de 1991 al 14 de marzo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva.

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SEGUNDO: CONDENAR a la demandada GASEOSAS HIPINTO S.A.S., a pagar al demandante CARLOS PLATA TOBAR por concepto de presta cienes sociales, las siguientes sumas de

dinero, así:

CESANTÍAS. $8.059.005.

INTERESES A LAS CESANTÍAS $158.828.

VACACIONES $909.211.

PRIMA: $1.135.922.

TOTAL: $10.562.966.

Las vacaciones se pagaran indexadas.

TERCERO: CONDENAR a la demandada GASEOSAS HIPINTO S.A.S., a pagar al demandante CARLOS PLATA TOBAR por concepto de INDEMNIZACIÓN ART. 64 concerniente a la INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO en suma que ascienda a $10.143.302,00.

CUARTO: CONDENAR a la demandada GASEOSAS HIPINTO S.A.S., a pagar al demandante CARLOS PLATA TOBAR todos los pagos que él realizó ante Colpensiones debidamente indexados por concepto de aportes dentro del marco temporal anotado (2º de enero de 1991 al 14 de marzo de 2014; igualmente condenar a la accionada a realizar el pago de aportes ante Colpensiones respecto el valor que resultare faltante dentro del marco temporal antes reseñado del contrato de trabajo.

QUINTO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN en los términos, forma y modo de lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en el escrito de demanda por lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 25 de abril de 2022 (expediente digital), decidió: PRIMERO: REVOCAR el ordinal sexto del acápite resolutivo de la sentencia apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados,

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Radicación n.º 96640 para en su lugar: “(…) CONDENAR a la CONDENAR (sic) a GASEOSAS HIPINTO S.A.S. a reconocer y pagar a favor de CARLOS PLATA TOBAR a título de sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, un día salario por cada día de mora, a razón de $ 20.533 diarios, contados a partir del 15 de marzo de 2014, obligación que calculada a la fecha de la sentencia, asciende a la suma de, CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 59.894.761), sin perjuicio de la obligación que se siga causando, hasta cuando se verifique el pago, y por concepto de sanción por no consignación del auxilio de cesantías, la suma de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($7.173.750), conforme lo motivado (…)” SEGUNDO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia apelada.

TERCERO: COSTAS de la instancia a cargo de la demandada vencida en el recurso de alzada. Fíjense agencias en derecho a su cargo y favor del demandante, en suma de, $1.000.000, de conformidad con lo previsto en los arts. 365 a 366 del CGP aplicable por remisión del art. 145 del CPTSS.

En lo que respecta al recurso de casación, estableció como problema jurídico determinar si fue acertada la decisión del a quo en torno a la declaratoria de contrato de

trabajo y con ello verificar las condenas, en especial en torno al salario y la indemnización moratoria. Advirtió inicialmente que confirmaría la providencia apelada en cuanto a la atadura laboral y sus condenas, pero revocaría para acceder a las sanciones contempladas en el canon 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, lo cual erigió a partir de las siguientes tesis: i) en autos aceptada y acreditada la efectiva prestación del servicio del demandante a favor de la demandada, en los términos del art. 24 del CST, valido resultaba presumir que la ejecución de la actividad contratada, estaba regida por un contrato de trabajo, presunción que no fue derruida en juicio; ii) la base salarial denunciada por el accionante, no encuentra soporte fáctico en la prueba denunciada como mal valorada; iii) la buena fe, como eximente de responsabilidad, frente a la sanción moratoria por el no pago de prestaciones, no se

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Radicación n.º 96640 encuentra probada en autos, por lo que procede la condena por concepto de sanción moratoria por no pago de prestaciones y no consignación de cesantías En lo que atañe al primer aspecto, recordó los elementos contenidos en el artículo 23 del CST y luego sostuvo que los mismos podrían suponerse de demostrarse una real prestación del servicio, conforme a lo dicho en decisiones CSJ SL, 5 ag. 2009, rad. 36549 y la expedida el «15 de febrero de 2017, rad. 47044». Con ello, revisó el contenido de los testimonios de Iván Luna Morantes, Luís Eduardo Blanco y Jorge Eliecer Rubio

Cáceres, que fueron resaltados por la pasiva e indicó que estos carecen de actitud probatoria, por lo que no podía colegir de ellos mismos que la actividad del actor fue libre y autónoma, pues fueron coincidentes en señalar: […] a los sumo 4 aspectos, i) el demandante prestó sus servicios personales a la demandada, desde 1991 al 2014, ii) las actividades ejecutadas eran atinentes a mantenimiento de carrocerías, latonería y algunas actividades de mecánica automotriz, iii) los servicios se ejecutaban en los patios destinados por la demandada, para el área de talleres; iv) los insumos o medios de producción usados por el demandante eran suministrados por la demandada, v) la actividad ejecutada carece del carácter temporal que reviste los negocios de carácter civil, pues la misma se desarrolló de manera ininterrumpida por espacio de 24 años, vi) la remuneración percibida por el accionante, estaba determinada en función de las actividades ejecutadas y conforme a la tabla de precios que la misma demandada establecía, es decir, la remuneración era por tarea, circunstancia que, modo alguno desdibuja la naturaleza laboral del negocio jurídico que en el plano de la realidad ejecutaron las partes. Para fundamentar lo dicho reprodujo las diferentes declaraciones mencionadas y concluyó que:

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Radicación n.º 96640 i) Plata Tobar, prestó sus servicios personales a favor de la entidad demandada, desde la década de los 90, ii) las actividades ejecutadas eran atinentes a la reparación de carrocerías, latonería, arreglos locativos y ocasionalmente, arreglos de

mecánica automotriz, en los vehículos de propiedad de Gaseosas Hipinto, esto último a título de cooperación por solicitud de la respectiva área; iii) los servicios eran ejecutados en instalaciones de la demandada, en el área designada para tal fin, y en ocasiones en exteriores, según necesidades del servicio; iv) la ejecución de las actividades, se realizaba bajo la continuada supervisión y órdenes del empleador y/o sus agentes, en un horario determinado; v) la remuneración se pactó por tarea, en atención a los valores estipulados por la patronal en tabla de precios interna, según el servicio requerido, erogaciones en las que el accionante no tenía injerencia en su determinación; vi) el área o lugar de prestación de servicios del demandante, fue en el centros de trabajo de la demandada, actividades ejecutadas con los insumos, materiales y elementos suministrados por aquella. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la accionada, no existió una relación independiente, ya que dependía exclusivamente del contratante ficto, lo que se acompasaba con la cláusula décima del contrato que determinó que recibiría herramientas a título de comodato precario. Aclaró que, si bien las actividades ejecutadas eran particulares, sí eran conexas a los fines misionales de la demandada, esto es la distribución de productos manufacturados en los vehículos de su propiedad y anotó: A lo que cabe agregar que, tales axiomas desnaturalizan los presupuestos distintivos del contrato de prestación de servicios, según lo enseñado por la Corte Constitucional de pretérito en sentencia C-154 de 1997, ya que la si bien se prestó una actividad presuntamente especializada, del orden empírico, lo

cierto es que, la misma no fue temporal, sino permanente y sin solución de continuidad y en beneficio de la empresa –poco más de 24 años-, a más que la misma tenía conexidad y/o íntima relación con el cumplimiento de los fines esenciales de su negocio, lo que da al traste con cualquier argumentación tendiente a argüir en el tiempo un ligamen de naturaleza civil. Modo tal, no erró el sentenciador de piso –a pesar de lo farragoso

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Radicación n.º 96640 de su disertación-, al establecer que en autos estaba plenamente acreditada la efectiva prestación del servicio del demandante a favor de la demanda, y de contera dar aplicación al efecto jurídico descrito en el art. 24 del CST, ello es, presumir que la longeva prestación del servicio, estaba regida por un contrato de trabajo, en los extremos determinados, invirtiéndose de contera en el demandado la carga de la prueba en infirmar tal colofón, lo cual no ocurrió en autos, ya que incluso, la prueba documental aportada al plenario corrobora lo atrás expuesto Respecto a la última alocución debe indicarse que, en antípoda a lo manifestado por la pasiva, la prueba devela una subordinación tanto formal como material, dado que, el servidor realizaba su arte u oficio, según los requerimientos del empleador, conforme a la logística dispuesta por el beneficiario del servicio, en lo que refiere a infraestructura, insumos, materia prima y herramienta, ya que como se indicó el ingenio empírico si era propio del demandante, empero tal circunstancia no tiene entidad para desnaturalizar el ligamen.

Con relación al salario determinado por el juez inicial, sostuvo que no existió prueba fehaciente del ingreso, pues se debía a diferentes tareas y no se conocían los horarios realizados a fin de determinar el pago de recargos, por lo que no podía suponerse, como se indicó en sentencias «22 de junio de 2016, rad. 45931[…] y la del 16 de julio de 2014, rad. 40414», de modo que debía concluirse que su remuneración correspondió al salario mínimo legal mensual vigente, como lo dijo el juez de primera instancia. En cuanto a la sanción moratoria, sostuvo que la misma no era automática, pues en cada caso debe analizarse la conducta morosa del empleador, a fin de evidenciar si la misma estuvo amparada de raciocinios que «aunque jurídicamente reprochables, resultan atendibles y justificables –en el plano de la realidad procesal-, en la medida que razonablemente lo llevaron al convencimiento de que nada

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Radicación n.º 96640 adeudaba por estos conceptos» y citó la decisión CSJ SL, 19 mar. 2014, rad. 41775. Asi mismo explicó que existían casos en los que habría lugar a absolver sobre la misma, como condiciones económicas difíciles o porque las actividades realizadas eran ajenas a las misionales o connaturales del giro ordinario de la empresa, entre otros, y acotó: Prolegómenos estos que, sirven de argumento para derruir la tesis de la primera vara que en realidad no fue ninguna, salvo su criterio personalísimo, la cual como se vaticinó en el acápite

preliminar, presenta un defecto insalvable de cuádruple vía que da al traste con el mismo; i) la buena fe corresponde probarla al empleador remiso en el pago de obligaciones laborales, ya que la diligencia se demandada de quien ha debido empleado –art. 1604 C.C, máxime cuando por disposición del art. 13 del CST, le corresponde al solventar el cumplimiento de las derechos y garantías mínimas que consagra el estatuto del trabajo; ii) en este estadio del proceso, no se trae a duda que la demandad no pagó al demandante lo correspondiente al auxilio de cesantía ni la consigno oportunamente, a su vez, tampoco efectuó pagos durante la vigencia del ligamen por concepto de prima de servicios, lo cual conllevaba, de parte del primero, acreditar que su comportamiento abstencionista estaba respaldado por razones atendibles y justificables, es decir, si en el plano de la realidad, existieron circunstancias serias, objetivas y atendibles, que le impidieron o condujeron al no pago; iii) la sanción moratoria por no pago de prestaciones en su teleología están concebidas como una obligación de carácter sancionatorio, es decir, destinadas a castigar el proceder irrestricto del empleador, en el impago e incumplimiento de las garantías y mínimos a que tiene derecho el trabajador, de ahí que lo irrisorio de la condena no exonere al empleador de su pago, ya que tal facticidad no es un criterio orientar que sirva de eximente de responsabilidad, ni para el establecimiento del quantum. Al respecto, puede consultarse el criterio sentado de antaño por la CSJ SL, entre

otras en sentencia del 11 de julio de 2006, rad. 26077, con ponencia de la Dra. Isaura Vargas Díaz; iv) el demandado, pretendió encubrir el vínculo contractual que sostenía con el demandante, y desligarse de las obligaciones connaturales del contrato de trabajo, desde el año 1991, al celebrar con el demandante OPS, ficción legal en la que según su parecer, el demandante ejecutaba sus actividades con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, sin embargo, la prueba

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Radicación n.º 96640 recaudada, da cuenta de un escenario disímil a ella. Con esto refirió que no existió prueba de un actuar cobijado por la buena fe, pues al contrario se comprobó que no se realizó pago alguno de derecho laboral, que se trataba de una actividad propia del giro ordinario de la empresa y que se hizo uso de diversos contratos fraudulentos para evadir las obligaciones de ley, razón por la cual había lugar a los resarcimientos previstos en los preceptos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, las cuales procedió a liquidar.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case parcialmente» la sentencia impugnada, […] por haber violado la normatividad sustancial de orden nacional y, en su lugar, constituyéndose en Tribunal de instancia, proceda emitir una sentencia de reemplazo en la que se revoquen las declaraciones y condenas impartidas en primera

instancia (ordinal primero, segundo tercero, cuarto y séptimo de la sentencia de primera instancia) y así mismo, se confirmen las absoluciones impartidas (ordinal quinto y sexto de la sentencia de primera instancia). Se aclara que la solicitud de casación es parcial, bajo el entendido de que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó las absoluciones contenidas en el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia, salvo en lo que tiene que ver con las indemnizaciones moratorias. Tales absoluciones confirmadas deberán mantenerse al no ser parte del alcance de la

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Radicación n.º 96640 impugnación. Subsidiariamente depreca el quiebre de la decisión cuestionada en cuanto se accedió al pago a las sanciones contenidas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST y en sede de instancia se revoque «la condena impuesta por indemnización por despido sin justa causa y confirme la sentencia en cuanto absolvió a la sociedad de las indemnizaciones moratorias». Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados. Por motivos se orden metodológico se estudiará inicialmente el primero y posteriormente de forma conjunta los últimos dos.

VI. CARGO PRIMERO Cuestiona la legalidad del fallo por vulnerar la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de: […] los artículos 22, 23, 24, 27, 127, 249, 306 del CST; 65 ibidem, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002; 186 y 187del C.S.T., modificado éste último por el artículo 14 del Decreto 2351

de 1695; artículos 1º y 2º de la ley 52 de 1975; artículo 99 de la Ley 50 de 1990; artículos 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23 de la Ley 100 de 1993 y artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de Ley 797 de 2003. Lo anterior, ante la ocurrencia de los siguientes errores de hecho: o No dar por demostrado, estándolo, que el señor PLATA TOBAR actuó en todo momento como un verdadero contratista independiente, con autonómica técnica, administrativa y financiera y sin que estuviera bajo condiciones de subordinación por parte de la demandada.

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Radicación n.º 96640 o No dar por demostrado, estándolo, que el señor PLATA TOBAR ejecutaba de manera autónoma e independiente, como un verdadero contratista, actividades totalmente ajenas al objeto social de GASEOSAS HIPINTO S.A.S. o Dar por demostrado, sin estarlo que mi representada ejerció actos de subordinación laboral frente al señor PLATA TOBAR. o Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante cumplía un horario impuesto por la compañía demandada. o Dar por demostrado, sin estarlo, que la Compañía demandada hacía entrega de las herramientas de trabajo y las dotaciones o ropa de labor. o No dar por demostrado, estándolo, que la Compañía demandada se abstuvo de imponer un horario a PLATA TOBAR y que éste solamente estaba sujeto al cumplimiento del objeto

contractual. o Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 02 de enero de 1991 al 14 de marzo de 2014. o No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios autónomos e independientes para otras sociedades completamente diferentes a la hoy demandada, lo que demuestra la autonomía, independencia e inexistencia de subordinación. o No dar por acreditado, estándolo, que la sociedad demandada mediante las pruebas documentales y confesión (pruebas calificadas) e incluso, mediante los testimonios practicados (pruebas no calificadas), destruyó la presunción de que la prestación de servicios fue subordinada. Sostiene que estos, se presentaron ante la falta de valoración de los contratos de prestación de servicios suscritos el 1º de enero de 2007 y 2010, así como de los certificados de retención en la fuente suscritos por Gaseosas Hipinto SAS y Cervecería Leona, las facturas de venta «presentadas por la sociedad Carlos Enrique Plata TovarCarrocerías y Estructuras» y la confesión del demandante en su interrogatorio de parte.

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Radicación n.º 96640 Destaca que aunque el colegiado anunció que analizó todas las pruebas obrantes en el plenario, no se detuvo a examinar los anteriores elementos. De igual manera acusó como indebidamente valorados los testimonios. Para sustentar su reproche, señaló que el actor no cumplió con su carga de evidenciar que prestó servicios entre el 2 de enero de 1991 al 14 de marzo de 2014 a favor de la

accionada, dado que dentro de las pruebas calificadas no apreciadas, pues para los años 1992 y 1998, se demostraba que laboró para la sociedad Cervecería Leona S. A. Con ello también se denotaría que prestaba servicios para otras compañías incluso que eran competidores comerciales, asimismo, cuestiona «¿Si no es así, como puede entonces explicarse que por lo menos para los años gravables 1992 y 1998 el demandante le hubiese presentado facturas de venta y recibido el pago de estas de otras sociedades diferentes a la hoy demandada?».

Agrega que: Un debido análisis de la prueba documental hubiese determinado la inexistencia de una continua prestación de servicios en favor de mi representada desde el año 1991 y hasta el 2014, como finalmente se declaró. Sobre este asunto, hago la siguiente mención, no como base de la demostración del cargo sino llamando la atención sobre el proceder del demandante, resaltando que la prueba documental referida fue aportada por él mismo, quien posiblemente por error y ligereza no se percató que estaba adosando al expediente pruebas que no le beneficiaban pero que sí mostraban la realidad. Seguramente en

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Radicación n.º 96640 el incorrecto proceder de “seleccionar” a su conveniencia las pruebas a aportar, se descuidó y aportó aquellas a las que ahora nos referimos. Digo esto, pues no puede desconocerse que como facturó a otras sociedades durante los años 1992 y 1998, con seguridad también lo hizo en otros periodos, lo que si bien no está demostrado con prueba documental en el expediente, si

logra inferirse de la conducta del demandante. Con esto concluye que se probó el error del colegiado al demostrar que en esos periodos se prestaron servicios, lo que pondría en duda la procedencia de la presunción establecida en el artículo 24 del CST. Por otra parte, sostiene que no se reveló que el demandante era un contratista independiente, conforme a los contratos celebrados, pues en ellos se fijó que el valor de las actividades ejecutadas no era impuesta, sino acordada entre las partes, ya que incluso se presentaban cotizaciones como se vio a folio 199 del cuaderno inicial, por lo que se pregunta «¿Qué otra finalidad tenía que el demandante presentara una cotización a la Compañía, si no ofrecer sus servicios como contratista y negociar, si había lugar a ello, los honorarios por su gestión?». Lo que se corrobora en la confesión dada por aquel, ya que: Al escuchar esa particular diligencia, se puede verificar que cuando el apoderado de la parte demandada preguntó al demandante sobre el proyecto BUSI, éste afirmo que había presentado cotización a la compañía y que fue preguntado por cuánto cobraría por tal servicio (audio interrogatorio de parte practicado). Esta afirmación del demandante adquiere fuerza de confesión que es conteste con la prueba documental y que demuestra que no se trataba de un trabajador subordinado al que le fueran impuestas las condiciones de su contrato, sino que existía un margen de propuesta y negociación, como en efecto ocurre para los contratos comerciales o civiles. Misma confesión se obtiene cuando se le cuestiona en interrogatorio de parte al

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Radicación n.º 96640 demandante por los servicios de emergencia que podía atender, donde éste manifestó que tales servicios no se encontraban cotizados, que se hacían y posteriormente se presentaba el cobro según los valores previamente definidos. Es decir, se extrae de esta manifestación, con alcance de confesión, que por regla general los servicios eran cotizados por el prestador del servicio y se aplicaban las tablas de precios acordadas con la Compañía, tal y como ocurre en los verdaderos contratos civiles o comerciales y no en las relaciones laborales subordinadas. Por lo que estima acreditado el dislate fáctico, pues ello demuestra autonomía técnica, directiva y financiera. Agrega que ello también puede corroborarse en la presentación de facturas y cuentas de cobro, pues en el «expediente obran gran cantidad de documentación que demuestra» tal aspecto, de modo que era claro que era remunerado por trabajo efectivamente entregado, pues de no ser exitoso no percibía ingreso, lo cual no ocurre en una relación laboral. Por ende reitera que el colegiado erró al no considerar desvirtuada la presunción contemplada en el canon 24 del CST. Fijado lo anterior estima acreditados los errores de hecho propuestos, por lo que pasa a sostener que se valoraron indebidamente los testimonios, pues se tomaron solo apartes de su dicho y no se confrontaron con las demás pruebas. En ese sentido reproduce apartes de las manifestaciones de ellos, de los cuales concluye que demostraron que:

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Radicación n.º 96640 - Que el demandante suscribió y ejecutó verdaderos contratos de

prestación de servicios. - Que el demandante tuvo la posibilidad de negociar y establecer la tarifa por sus servicios, lo cual quedó consignado en un documento base sobre el cual se generó la facturación. - Que el demandante cotizaba sus servicios a la compañía antes de ejecutarlos. - Que el demandante facturaba únicamente los servicios que en efecto le eran asignados previa presentación de las cotizaciones y una vez los terminaba y entregaba satisfactoriamente, luego no se pagaba una prestación genérica del servicio. - Que el demandante contaba con sus propias herramientas de trabajo. - Que al demandante nunca se le dieron overoles o ropa de vestido para la labor pues ésta era dispuesta por él mismo Recalca que en torno a aquellos, no podía pasarse por alto que el juez inicial condujo de forma impropia sus declaraciones, pues las preguntas realizadas son «muy de la línea de que declararan a favor del demandante», sin embargo, aclara que no busca con ello referirse a primera instancia, sino que, en todo caso a pesar de tal impase, se patentizó que el actor era autónomo, independiente y autogestionado. Por otra parte, afirma que erró el colegiado al señalar que el actor era subordinado, pese a que se le entregó todo el proceso de soldadura y reparación, sin que existiere otra persona para esas labores, actividad extraña al giro de las labores de la compañía, sino que fue entregada a un tercero experto, esto es el demandante. Ello fundado en el testimonio de Iván Luna y los contratos de prestación de servicio y adicionó: Desatendió por completo el Tribunal que mi representada nunca

capacitó al demandante en su actividad sino que este fue

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Radicación n.º 96640 autogestionario de la misma. Por esa vía, los mismos testigos aportados al proceso ratificaron que la gestión de quienes quisieron ser presentados como “superiores”, era la de simplemente confirmar la recepción de los trabajos, pero nunca guiarlos, dirigirlos o corregirlos. Y es que no era factible generar una actuación de control o verificación permanente de la actividad realizada por el demandante, pues él era el experto y no alguien más dentro de la compañía. Por esta razón, se sale de toda lógica afirmar que la simple labor de recepción por parte de un funcionario de la compañía sea determinante para afirmar que estaba subordinado o que no era un verdadero contratista independiente. Si esto fuera así, el contratante de una obra estaría llamado a no recibir el objeto o servicio o a no poder validar la satisfacción de lo contratado pues se materializaría un contrato realidad, lo que se sale de toda lógica. Con esto destaca que no hay pruebas en el expediente que evidencien un control o seguimiento, sino una coordinación para la entrega de trabajos. Finaliza, indicando que los testigos manifestaron que las capacitaciones únicamente se dieron en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual no es extraño, pues hace parte de las obligaciones en la materia.

VII. RÉPLICA El demandante se opone conjuntamente a la prosperidad de los cargos, al estimar que