CSJ - SL2728-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2728-2023 Radicación No. 92524 Acta 41 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

FLOR ÁNGELA CEBALLOS LEMUS; ÁNGEL ORLANDO,

JIMENA, CAROLINA y ÁNGELA PATRICIA DELGADO CEBALLOS; GUILLERMINA LEMUS OSSA y DEICY TRUJILLO RAMÍREZ, esta última en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, CRISTIAN MAURICIO y SARA ISABELLA CEBALLOS TRUJILLO, contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2020, por la Sala CivilFamilia -Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario que los recurrentes instauraron en contra de la SOCIEDAD

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS

-PROCEAL S. A.

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Radicación n° 92524

I. ANTECEDENTES Los mencionados demandantes llamaron a juicio a Proceal S. A. con el fin de que se declare que entre Jairo Humberto Ceballos y la accionada existió un contrato laboral iniciado el 17 de marzo de 2014 y finalizado el 23 de ese mismo mes y año, fecha en la que el trabajador sufrió un accidente que le produjo la muerte, el cual, dicen, ocurrió por culpa del empleador.

En consecuencia, solicitaron que se declare que Proceal

S. A. debe responder por los daños y perjuicios que le fueron causados a ellos como demandantes, a título de lucro cesante pasado y futuro, daño moral y daño a la vida en relación, en los montos referidos en los folios 3 y 4 del escrito inicial, junto con las costas del proceso.

Como fundamento de dichos pedimentos, informaron que el 17 de marzo de 2014, Jairo Humberto Ceballos ingresó a laborar a Proceal S. A., mediante un contrato de trabajo a término inferior a un año en el cargo de oficios varios en una piscícola ubicada dentro del embalse de la represa de Betania, del municipio de Yaguará -Huila, sede de la empresa accionada, recibiendo como salario mensual $620.000, cumpliendo un horario de trabajo de ocho horas diarias y 48 semanales, encontrándose afiliado a riesgos profesionales, a través de la ARL Sura.

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Radicación n° 92524 Detallaron que la actividad ocupacional que ejercía era la de criador de especies acuáticas código 6131 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, y que consistía en alimentar a los peces; desinfectar las mallas; pesar el pescado; repartir alimento en el campo; recibir y descargar concentrado y el pescado en el puerto; asear la barcaza y los botes; colocar pajareras, entre otras tareas. Precisaron que para desplazarse dentro del sitio de trabajode los jaulones a la base llamada escorpiónla empresa lo transportaba en una lancha o bote con propulsión mecánica;

que las labores que debía ejecutar eran clasificadas como de riesgo clase IV, dado que la accionada se dedica a la acuicultura de agua dulce y que ocupa más de 40 operarios en su planta de producción en la represa. En relación con el accidente de trabajo, relataron que siendo las 11:30 a.m. del domingo 23 de marzo de 2014, una vez que el trabajador terminó de suministrar alimento a los peces, al regresar a la plataforma del ferri, ubicado dentro del embalse de Betania, al pasar del bote a esa plataforma, cargando bolsas de alimento, se resbaló, golpeándose el rostro y fracturándose dos arcos costales, luego de lo cual cayó al embalse (de aguas profundas) donde, a pesar de la ayuda que le dieron sus compañeros de trabajo para salvarlo, falleció por ahogamiento. Señalaron que, según el informe del Instituto de Medicina Legal, la causa de muerte del trabajador fue «hipoxia cerebral posterior a paro cardiorespiratorio consecuente con infarto agudo de miocardio».

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Radicación n° 92524 Indicaron que el día del accidente, el trabajador no contaba con calzado antideslizante; tampoco portaba chaleco salvavidas -de uso obligatorio-; el piso del ferri estaba húmedo, liso y con las tablas dañadas y retiradas a 10 cm del borde de la plataforma; que tampoco había elementos de primeros auxilios, camilla, neumáticos, sogas, entre otros; ni se contaba con el personal idóneo para auxiliarlo cuando se

produjo la caída; no había un aviso de prevención sobre las condiciones de la plataforma. Adicionaron que cuando falleció, tenía 33 años de edad. Puntualizaron que la empresa no le brindó la capacitación y el entrenamiento necesario para trabajar en el embalse de Betania frente al riesgo de caída y de hombre al agua; tampoco había entrenado al conductor de la embarcación menor donde se transportaba el trabajador ni al personal sobre rescate acuático; Proceal S. A. no disponía, para la fecha del accidente, de personal adiestrado para brindar primeros auxilios -respiración artificial y medidas de salvación-; la embarcación menor no contaba con patente de navegación ni registro único nacional de motores y existió un error en la ejecución del programa de salud ocupacional. Informaron que Jairo Humberto Ceballos estaba casado con Deicy Trujillo Ramírez, con quien procreó dos hijos, Cristian Mauricio y Sara Isabella Ceballos Trujillo; que su madre era Flor Ángela Ceballos Lemus; su abuela, Guillermina Lemos Ossa; y sus hermanos, Ángela Patricia, Jimena, Carolina y Ángel Orlando Delgado Ceballos. Que, en su vida familiar, aquél se dedicaba al hogar; que su deceso

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Radicación n° 92524 les causó profundos daños a los miembros de la familia, no sólo al tener que padecer necesidades económicas, sino por el sufrimiento moral y psicológico, aparte de que tuvieron que ver truncados muchos de sus proyectos de vida. Al contestar la demanda, la Sociedad Procesadora y Comercializadora de Alimentos -Proceal S. A. se opuso a la

prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos, admitió los relativos a la relación laboral que tuvo con Jairo Humberto Ceballos; frente al accidente laboral negó que el trabajador se hubiera resbalado y golpeado en el rostro. Explicó que, el 23 de marzo de 2014, a las 11:30 a.m. cuando aquél había terminado de alimentar a los peces, fue transportado para almorzar y, sin esperar que la lancha se detuviera y fuera amarrada al ferri, se paró en la punta de la embarcación y al saltar quedó en el borde, perdiendo el equilibrio y produciéndose su caída en el agua. Detalló que tampoco es cierto que hubiera fallecido por ahogamiento, sino que, según el protocolo de necropsia, murió por hipoxia cerebral secundaria por paro cardiaco respiratorio causado por infarto agudo de miocardio fulminante, complementado por la asfixia al ahogamiento. Precisó que, de acuerdo con el dictamen emitido por la ARL Sura, la razón primaria que originó la muerte fue el infarto agudo transmural del miocardio, cuyo origen fue una enfermedad común.

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Radicación n° 92524 Descartó que hubiera incumplido las normas de seguridad, ya que siempre ha contado con los elementos necesarios para la prevención de accidentes, entre ellos, el botiquín, el chaleco salvavidas el cual era portado por el trabajador el día del accidente, aunque no ajustado, y las botas de caucho antideslizantes; aparte de que el piso y el

borde del ferri no son riesgosos, sino que lo ocurrido se debió a su imprudencia al saltar de una lancha en movimiento. Los demás hechos los negó, o dijo que no le constaban. Añadió que en este asunto no se reunía ninguno de los elementos que configuran la acción indemnizatoria pretendida, en los términos del artículo 216 del CST, ya que la muerte no fue por causa o con ocasión de sus labores, sino que, insistió, la causa primaria lo fue el infarto agudo transmural, de origen común. Propuso las excepciones de ausencia de los presupuestos axiológicos para la prosperidad de la acción indemnizatoria, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de la obligación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo del 20 de abril de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLÁRASE que entre el extinto JAIRO HUMBERTO CEBALLOS, como trabajador y la empresa PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL S.A. como empleador existió un contrato individual de trabajo a término fijo

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Radicación n° 92524 inferior a un año que se verificó entre el 17 de marzo de 2014 y el 23 de marzo de 2014 fecha del fallecimiento del trabajador.

SEGUNDO: DECLÁRASE que el señor JAIRO HUMBERTO CEBALLOS (q.e.p.d.) sufrió un accidente de trabajo el 23 de marzo de 2014, en ejecución del contrato de trabajo que había

suscrito con PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE

ALIMENTOS S.A. PROCEAL S.A.

TERCERO: DECLÁRASE que la parte actora no logró demostrar en forma suficiente que el accidente padecido por el trabajador JAIRO HUMBERTO CEBALLOS (q.e.p.d.) hubiere ocurrido por culpa de la empresa empleadora PROCESADORA Y

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL SA.

CUARTO: DECLÁRANSE PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por la demandada PROCESADORA Y

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL S.A.,

denominadas "AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS

AXIOLÓGICOS PARA LA PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN

INDEMNIZATORIA EN CONTRA DE PROCEAL S.A." "CULPA

EXCLUSIVA DE LA VICTIMA COMO EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL" "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN" y "BUENA FE", conforme se argumentó antes.

QUINTO: ABSUÉLVASE en consecuencia a LA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL S.A. de todas las pretensiones propuestas en su contra por parte de la señora DEICY TRUJILLO RAMÍREZ, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores CRISTIAN

MAURICIO CEBALLOS TRUJILLO y SARA ISABELLA CEBALLOS

TRUJILLO, FLOR ÁNGELA CEBALLOS LEMUS, ANGEL

ORLANDO DELGADO CEBALLOS, XIMENA DELGADO

CEBALLOS, CAROLINA DELGADO CEBALLOS, ÁNGELA

PATRICIA DELGADO CEBALLOS y GUILLERMINA LEMOS

OSSA.

SEXTO: CONDÉNASE en costas a la parte actora y, en favor de

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.

PROCESAL S.A., estimando como agencias en derecho la suma de $1.580.000, tal como se indicó en la parte motiva in fine.

SÉPTIMO: CONSÚLTESE esta sentencia en caso de no ser apelada, de acuerdo con el artículo 69 del Código Procesal del

Trabajo y la Seguridad Social.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, la Sala CivilFamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante fallo del 9 de septiembre de 2020, confirmó la decisión impugnada y condenó en costas a los recurrentes.

Como fundamento de dicha determinación, indicó que, teniendo en cuenta los fundamentos del recurso de apelación y ciñéndose a lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS, el análisis se circunscribía a establecer si el accidente que produjo la muerte de Jairo Humberto Ceballos estuvo mediado por la culpa suficientemente comprobada del empleador, que permitiera la condena al pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios. Precisó que no era objeto de discusión que entre el trabajador y Proceal S. A. existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que se ejecutó entre el 17 y el

23 de marzo de 2014, hechos que fueron aceptados en la contestación de la demanda y que se podían corroborar con la copia del contrato de trabajo y la liquidación final de prestaciones sociales de folios 13 y 14 del plenario. Así mismo, puso de presente que existía abundante prueba documental y testimonial que evidenciaba que Jairo Humberto Ceballos falleció como consecuencia del accidente ocurrido el 23 de marzo de 2014, cuando luego de cumplir con la labor encomendada de alimentar los peces en el

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Radicación n° 92524 embalse de Betania y de regreso, al saltar de la lancha que los transportaba a la barcaza que le sirve de base, cayó al agua, desencadenando el resultado fatal. Anotó que ello se infería del informe de accidente de trabajo y de la investigación que llevó a cabo la empresa demandada, y de los testimonios rendidos por John Rojas Serrano y Fabio Vega Melo. Luego de citar extractos de las decisiones CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 21287 y CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23489, precisó que, en el caso concreto, era posible inferir que no se aportó prueba que permitiera advertir algún grado, así fuese mínimo, que comprometiera la responsabilidad del empleador en la ocurrencia de los hechos que causaron la muerte del trabajador. Destacó que no había discusión entre las partes frente a que el deceso de Jairo Humberto Ceballos se produjo cuando se propuso hacer tránsito desde la lancha que lo

movilizaba a una plataforma flotante de mayor envergadura a la que se dirigía, instante en el que cayó al agua, suceso que le produjo el resultado dañoso. Puntualizó que, para el momento en que se suscribió el contrato de trabajo, esto es, el 17 de marzo de 2014, la demandada ya había hecho un proceso de inducción al trabajador, según el formato de registro del 12 de marzo anterior, oportunidad en la que aquél fue capacitado en temas de seguridad y salud ocupacional; reglamento de higiene y seguridad industrial; lo concerniente al comité

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Radicación n° 92524 paritario; reporte de accidentes; programa de salud e identificación de factores de riesgo. Señaló que Diana Bermúdez, coordinadora del sistema de gestión integrado de Proceal S. A. puso de presente que le hizo una inducción a Jairo Humberto Ceballos; que el procedimiento consistía en pasarlo por el departamento de recursos humanos; elaborar el contrato y efectuar todas las afiliaciones; luego fue llevado al departamento de seguridad y salud, en el que se le dio toda la inducción, planeación estratégica, matriz de riesgo, identificación de riegos, tales como caídas al mismo nivel, movimientos repetitivos, riesgos biológicos, químicos, eléctricos, de manipulación de cargas y, el ahogamiento, el cual, dijo, es el más alto riesgo dentro de la matriz. Precisó que el trabajador, al ser preguntado de si sabía nadar, respondió que sí. Añadió que el gerente de producción, Diego Pedrosa, era el encargado de hacer las

respectivas pruebas de nado, que ya es la parte práctica, en el sitio de trabajo. Resaltó que el citado gerente Diego Pedroza, informó que el trabajador se puso el chaleco que es de carácter obligatorio, se lanzó al embalse para hacer la prueba, luego pasó a una jaula -porque puede haber el riesgo de que se enrede con un palo o algoy ahí ya es sin chaleco, estuvo acompañado de otras personas. Relató que «él nadó, lo que pasa es que el nado olímpico yo no lo voy a pedir, si nada como nado charquero y se devolvió y bien, pero no exijo técnica».

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Radicación n° 92524 Agregó que la empresa demandada suministró los elementos de protección personal al causante, como constaba en el acta de entrega del chaleco salvavidas, camibuzo, guantes, sudadera, gorra, botas y cinturón de apoyo lumbar, los cuales estaba usando el día del accidente, tal como lo advirtieron los testigos presenciales del hecho, John Henry Rojas y Fabio Vega Melo. Ilustró que la compañía ofrecía regularmente, capacitaciones a los trabajadores en temas de salud ocupacional, primeros auxilios que comprende (vendajes, toma de pulso, curaciones, reanimación y comunicación en caso de gravedad del accidente), manejo del fuego, cuidado personal y uso de elementos de protección personal, manejo de cargas e higiene postural, reflexiones sobre accidentes de trabajo, actos, condiciones inseguras y su prevención, técnicas de salvamento acuático, remolque del paciente,

técnicas de nado para salvamento y práctica en campo. Así mismo, dijo que, en enero de 2013, la empresa convocó a sus trabajadores y conformó el equipo de brigadistas de emergencia para tener cobertura en los turnos de trabajo de la compañía, aparte de que también operaba el comité paritario de salud ocupacional. En resumen, expuso que la empresa propició un ambiente laboral encaminado a prevenir los riesgos asociados a la actividad económica allí desarrollada y que, aun cuando aquellos pudieran ocurrir, la formación dada a los trabajadores les permitía hacer frente a los imprevistos.

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Radicación n° 92524 Anotó que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al estudiar el dictamen emitido por la Junta Regional del Huila, concluyó que la causa primaria que originó la muerte del trabajador fue el infarto agudo transmural. Que, de acuerdo con la fisiopatología médica se trata de una condición de salud en la que hay obstrucción de las arterias coronarias que causan hipoxia y posteriormente necrosis del tejido cardiaco. En el caso de Jairo Humberto Ceballos, el infarto comprometió una gran extensión del corazón, que llevó a una hipoxia cerebral y paro cardiorespiratorio que causó la muerte. El ahogamiento, dijo, fue un factor secundario que coadyuvó. En consecuencia, estimó que la causa de la muerte del trabajador fue una condición de salud que desencadenó un infarto, momento a partir del cual dejó de llegar oxígeno al

cerebro, lo que explica el dicho de los testigos sobre los movimientos descoordinados o fuera de control de Jairo Humberto, y que, pese a ofrecerle elementos para ayudarlo, dada la hipoxia, no había racionalización de sus actos. Añadió que John Henry Rojas había manifestado: «me detallé que el vigilante en ese momento, como de nervios o quien sabe, se quitó su chaleco, como para que él lo cogiera y él no lo cogió, y también le tiró una soga y de último le tiró un tarro de agua», mientras que Fabio Vega aseveró que «sintieron preocupación porque el trabajador estaba como en shock, como bravo, con las uñas moradas y la boca trabada» y, Fernando Trilleras Ruiz dijo que Jairo Humberto no se

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Radicación n° 92524 sumergió, «a él siempre se le miraba la parte del cuerpo y pues uno pensaba que ya iba a salir y después fue cuando el vigilante de la lancha le dio la vuelta y le tiró una soga, le tiró un tarro o galón que sirve de flotador, y un chaleco sobrante, pero él no se percataba a coger nada». Así las cosas, concluyó que la causa preponderante de la muerte fue una condición propia de salud del trabajador que rompía el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y «Proceal S. A.», además, la demandada cumplió con la carga de acreditar el cumplimiento de sus deberes como empleador, así como la implementación de medidas de seguridad para la protección de la vida y salud de los operarios de la compañía. Estimó que el chaleco salvavidas nada tuvo que ver con

el resultado causado, sino que, insistió, el deceso ocurrió debido a una condición de salud del trabajador, en la que no hubo intervención del empleador, lo que excluía una concurrencia en la culpa con el causante. En relación con la falta de certificaciones de inspección a las embarcaciones por parte de las autoridades marítimas, dijo que ello no incidía en este asunto, pues no se probó que por dicha omisión se produjera una relación causal con el daño, lo que, no obstaba para que la demandada tuviera que afrontar las sanciones administrativas que por su descuido debiera asumir. Por lo anterior, confirmó la sentencia apelada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los demandantes pretenden que la Sala case la decisión acusada en cuanto confirmó la emitida por el a quo, para que, en sede de instancia, revoque esta última y condene a la demandada a responder por los daños y perjuicios ocasionados conforme a lo pedido en el escrito inaugural.

Con tal propósito, formulan cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados. Dada la unicidad temática y argumentativa empleada por la censura, se estudiarán conjuntamente, las acusaciones primera, tercera y cuarta, sin perjuicio de la senda elegida en cada caso; luego, se analizará el cargo segundo.

VI. PRIMER CARGO Acusan la sentencia de vulnerar por vía directa en la

modalidad de aplicación indebida de los numerales primero, segundo y tercero del artículo 57; 216 y 348 del CST; 81 de la Ley 9 de 1979; 3 de la Ley 1562 de 2012 por infracción directa, como consecuencia de la violación medio de los artículos 66, 66A y 72 (modificado por el art. 36 de la Ley 712/01) del CPTSS y 13, 14, 279, 280 y 281 del CGP,

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Radicación n° 92524 aplicables por remisión del artículo 145 del CPTSS, y del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la CP. Indican que el Tribunal se fundó en dos argumentos para concluir que no existió culpa patronal, el primero, que el trabajador murió por causa del accidente de trabajo, esto es, que su naturaleza fue laboral; y de otra, que su deceso ocurrió por causa natural, esto es, que no tuvo ninguna relación con sus labores, al tiempo que descartó la existencia de «concausas». Ambas inferencias, en su criterio, son incompatibles pues, o el fallecimiento se debió a motivos patológicos o fue accidental, pero no pueden ser las dos cosas al tiempo. En consecuencia, estiman que se violó la validez del razonamiento deductivo, al desconocer la causa con los antecedentes temporales «(por hoc, ergo propter hoc)», de modo que se incurrió en un error lógico que califica como insalvable. Así, afirman que en la decisión impugnada se precisó que fue: Un hecho no discutido entre las partes en contienda es que la

muerte de Jairo Humberto Ceballos se produjo cuando este se propuso hacer tránsito desde la lancha que lo movilizaba a una plataforma flotante de mayor envergadura a la que se dirigía, actividad en la que cayó al agua, suceso intempestivo que le produjo el resultado dañoso.

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Radicación n° 92524 Dicen que, no obstante, y luego de esa afirmación, el ad quem indicó que la muerte del trabajador se había producido por causa natural, concretamente, por una condición de salud del trabajador, al sostener que: (…) contrario a la creencia del abogado recurrente, el chaleco salvavidas nada tuvo que ver con el resultado dañoso en la vida de Jairo Humberto Ceballos, sino que la causa de la muerte fue una condición de salud del trabajador, en la que naturalmente no podía haber intervención del empleador, lo que en efecto excluye una concurrencia en la culpa con el causante, circunstancia que no cambia el resultado de la sentencia impugnada. De esa manera expresan que no pueden existir dos argumentos contradictorios que sostengan la base por la cual se falló en segunda instancia, pues ambos conducen a una inferencia equivocada, aparte de que se excluyó la participación de otra circunstancia en la muerte del trabajador y cierra la posibilidad de analizar una eventual sucesión de motivos en este asunto, con lo cual sí se podría sostener una conclusión no falsa porque podía distinguirse entre la causa básica (el accidente) y la circunstancial que contribuyó al deceso.

Manifiestan: La motivación de la sentencia no puede tener fundamentos

contradictorios porque arrima a una conclusión falsa; falsa en el entendido que cualquiera sea la conclusión a la que llegue esta no será la verdadera, porque su soporte inmediatamente es negado por el otro fundamento, de esta forma el fallador no puede arribar a la verdad del proceso. Tal como está expuesto el raciocinio del Tribunal, el que el trabajador haya fallecido por causa natural habiendo dejado operar en la motivación también que falleció por causa del accidente de trabajo, ninguno de estos dos fundamentos pueden

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Radicación n° 92524 llevar a concluir siempre y necesariamente a que el empleador no tuvo culpa en el accidente de trabajo porque el otro fundamento que obra en la motivación lo lleva a otra conclusión, o sea con dos fundamentos opuestos se obtienen también conclusiones contradictorias: Conclusiones combinadas con supuestos contradictorios al hacer obrar en el juicio dos fundamentos opuestos sus combinaciones dan para cuatro posibles conclusiones, dos falsas y dos verdaderas. A primera vista las conclusiones segunda y cuarta de la tabla anterior son falsas, pues si el trabajador fallece por causa natural inmediatamente no se puede concluir que hay nexo de causalidad con el accidente de trabajo (conclusión segunda), de igual forma si el trabajador fallece por causa del accidente de trabajo, directamente no se puede concluir que no hay nexo entre el fallecimiento y la causa (conclusión cuarta). Aseveran que, si la causa de la muerte del trabajador fue una condición de salud, el empleador no tendría culpa en el accidente de trabajo, mientras que, si el deceso no hubiera

ocurrido por dicha causa, la empresa sí tendría culpa en dicho suceso, conclusiones que resultan inaceptables para la teoría positiva de la responsabilidad subjetiva del empleador. Aducen que, de no haber incurrido en el dislate denunciado, el Tribunal habría podido concluir que el trabajador sufrió un accidente de trabajo que acaeció sin culpa del empleador; o que sufrió un suceso fatal de origen común sin culpa del empleador; o que sufrió un incidente en el que sí hubo negligencia de la empresa. Sin embargo, violando como medio las normas procesales que lo obligaban a dictar un fallo sin inconsistencias lógicas en su motivación, terminó vulnerando preceptos sustantivos que reconocen sus derechos.

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VII. RÉPLICA La empresa demandada expone que el cargo no está llamado a prosperar, puesto que, para sustentar el error jurídico, le atribuyen al Tribunal conclusiones fácticas a las que no arribó.

Explica que los documentos que respaldan esta acusación son claros al señalar que la muerte se debió a una condición de salud del trabajador, como consecuencia de una obstrucción de las arterias coronarias que le causaron una hipoxia y posterior necrosis del tejido cardíaco, todo ello, con ocasión del ahogamiento que fue un factor que coadyuvó al trágico desenlace. Anota que, aunque la muerte de Jairo no fue un hecho discutido, lo cierto es que, para que hubiera indemnización plena de perjuicios, debía estar demostrada la culpa del empleador en la ocurrencia del hecho dañoso y respecto a

esto, resaltó que si bien el trabajador sufrió un problema cardíaco, este se dio en el momento en que se vio al borde de la muerte al haber caído al agua, y por eso es que las pruebas documentales, protocolo de necropsia, dictámenes médicos aportados por las partes, no se contraponen entre sí, sino que se complementan. Considera que el colegiado no se contradijo en su fallo, por el contrario, se basó en las pruebas aportadas y practicadas en el proceso resolviendo de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el cual se

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Radicación n° 92524 centró en determinar que el fallecimiento del trabajador no ocurrió por culpa suficientemente probada del empleador en los términos del artículo 216 del CST, pues, consideró que Proceal S. A. cumplió como empleadora en cuanto a las medidas de seguridad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores; lo que permitió romper el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el resultado.

VIII. TERCER CARGO Acusan la sentencia de ser violatoria, por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 56; numerales primero a tercero del 57; 216 y 348 del CST; 81 de la Ley 9 de 1979 y 63 del Código Civil; 205 del CST, por infracción directa de los artículos 3 de la Ley 1562 de 2012, literal e) del 24; d) y f) del 29; numerales 2, 3 y 5 del literal b) y

numeral 2 del literal c) del 30; 80, 84, 91, 92, 93, 94, 97, 122 y 127 de la Ley 9 de 1979; 1, 4, 5, 23, 48-4, 49, 50, 51, 55 de la Ley 1242/08; 21, 56 y 58 del DL 1295/94, 29 y 30 literales b) y c) del artículo 30 del Decreto 614/84, 2 y 5 de la Resolución 2400/79 de Mintrabajo; 11-18 y 1411 de la Resolución 1016/89 de Mintrabajo y el principio fundamental de la ciencia y del derecho de la causalidad (artículo 61 CPTSS de la sana crítica de la prueba). Refieren que el Tribunal cometió los siguientes errores evidentes de hecho: Dar por demostrando, sin estarlo, que la causa preponderante de la muerte del trabajador fue una condición de salud que excluyó la culpa del empleador en el resultado fatal.

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Radicación n° 92524 No dar por demostrando, estándolo, que el trabajador no sufría de una condición de salud patológica al momento del accidente de trabajo, ni de ningún tipo de enfermedad orgánica o fisiológica al momento de ingresar a trabajar a la empresa demandada, No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajola caída al agua en el embalsefue la causa básica que condujo a la muerte del trabajador. No dar por demostrado, estándolo, que la embarcación y todo el sistema de transporte fluvial involucrado en el accidente de trabajo al carecer de la patente de navegación debía estar

inmovilizado, porque esta patente es la autorización reglamentaria de la autoridad fluvial para navegar y determinar su estado de navegabilidad. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa había implementado todas las medidas de seguridad en el trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora no le proporcionó al trabajador medios y condiciones de trabajo seguras a fin de prevenir el accidente de trabajo, cuya ocurrencia aconteció por culpa del empleador. Precisan que los anteriores errores se cometieron por la apreciación indebida de los siguientes medios de convicción:

1. El informe del accidente de trabajo elaborado y suscrito por el empleador para la ARL-SURA, o sea no proveniente de terceros

(fls. 59-60. In: CP, T.1, Archivo 2022093419527407).

2. La confesión por apoderado judicial de los hechos 36 y 37 de la demanda (fls. 167 y 168. In: CP, T.2, Archivo 2022092916091407), admitiendo que la lancha que transportaba al trabajador carecía de la Patente de Navegación y del registro único de motores fuera de borda, documento visible en el expediente (fl. 39. In: CP, T.3, Archivo 2022093426331407).

3. La certificación expedida a petición, por el Ministerio de Transporte a través del Inspector Arc