CSJ - SL2730-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2730-2023 Radicación n.° 94164 Acta 41 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por WILFRIDO MANUEL RUIZ CANTILLO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 31 de agosto de 2021, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta el recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES-.

I. ANTECEDENTES Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo llamó a Colpensiones para que se conmine a afiliarlo al Régimen de Prima Media; se declare que los cargos de excepción como teleprentista y telefonista «internacional» están reconocidos como actividades de alto riesgo; que el actor estructuró el derecho pensional

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Radicación n.° 94164 en vigencia de los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y que es beneficiario de la transición del artículo 6 de este último decreto. En virtud de ello, solicitó condenar a la accionada a reconocer y pagar la pensión especial de vejez desde que cumplió los requisitos consagrados en el régimen de transición referido; el retroactivo pensional desde junio de 2005, la indexación y las costas del proceso. Para sustentar sus peticiones manifestó que nació el 22 de junio de 1958, trabajó en Telecom desde el 10 de mayo de 1985 hasta el 31 de enero de 2006; ejerció los cargos de

teleprentista y telefonista nacional, considerados de excepción, entre el 1 de marzo de 1991 y el 30 de enero de 2006, esto es, por 14 años 10 meses, y cotizó 770 semanas en desarrollo de estas actividades «de alto riesgo». Adujo que quienes desempeñan estos cargos tienen derecho a una pensión vitalicia al cumplir 20 años de servicios a cualquier edad; sin embargo, no pudo completar dicho tiempo en razón a la liquidación final de Telecom, pues para ese momento le faltaban 5 años para acceder a la prestación pensional. Explicó que en virtud del Decreto «2061» de 1960, Caprecom era la entidad encargada de reconocer la pensión a los servidores públicos de Telecom, pero por su liquidación dejó de administrar el Régimen de Prima Media, el cual actualmente está a cargo de Colpensiones. Aclaró que esta última entidad no le recibió la reclamación de la pensión especial de vejez, con fundamento

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Radicación n.° 94164 en que se encontraba afiliado a Porvenir S. A.; sin embargo, jamás ha pertenecido al Régimen de Ahorro Individual. Por tanto, solicitó su desvinculación de la mencionada AFP, quien accedió a ello dado que se estableció la falsificación de la firma del afiliado. Indicó que el 30 de octubre de 2018 acudió ante Colpensiones para obtener la pensión en los términos del artículo 10 del Decreto 1835 de 1994 y 6 del Decreto 2090 de 2003, pero la entidad le indicó que no se encontraba

afiliado; esta petición fue reiterada en diferentes ocasiones e incluso acudió a la acción de tutela para que le fuera respondida su solicitud, frente a lo cual la demandada explicó finalmente que el accionante fue empleado de Telecom, pero que no se afilió al ISS, por lo que «no fue trasladado de régimen». Precisó que en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se expidió el Decreto 1835 de 1994, para regular el régimen de los servidores públicos que laboran en actividades de alto riesgo, y en su artículo 10 calificó los cargos de excepción como actividades de este tipo. Adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha adoctrinado quiénes son los beneficiarios del régimen de transición para efectos de la pensión especial de vejez, y en «sentencia 0391 de 2017» concluyó que no era posible otorgar prestaciones especiales diferentes a las previstas en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003.

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Radicación n.° 94164 Señaló que desarrolló las actividades de «alto riesgo» en vigencia de estas dos disposiciones legales que establecieron los requisitos para obtener la pensión especial de vejez para quienes ejercían cargos de excepción, y que cumple lo dispuesto por el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, dado que cuenta con más de 500 semanas cotizadas en actividades de alto riesgo y más de 1000 en el régimen general de pensiones. Finalmente afirmó que no le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las reclamaciones administrativas, la acción de tutela presentadas por el actor y la respuesta de la entidad a cada una de ellas; de los demás indicó que no le constaban o no eran hechos. En su defensa informó que el demandante no está afiliado a esta administradora y, por ende, tampoco ha realizado cotizaciones, por lo que no es posible acceder a lo solicitado. En todo caso, señaló que no se acreditan los requisitos legales para alcanzar la pensión especial de vejez prevista a favor de quienes realizan actividades de alto riesgo. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de causa para

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Radicación n.° 94164 demandar, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante decisión dictada el 12 de junio de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de causa para demandar, y como consecuencia de lo anterior, ABSOLVER a la demandada de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla conoció el recurso de apelación de la parte demandante, y mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 confirmó la decisión de primer grado.

Consideró que el problema jurídico consistía en determinar si el actor tenía derecho a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo.

Precisó que estaban acreditados los siguientes hechos: i) que el actor nació el 22 de junio de 1958; ii) laboró al servicio de Telecom desde el 10 de mayo de 1985 hasta el 31 de enero de 2006 y iii) entre el 1 de marzo de 1991 y el «30» de enero de 2006 ejerció los cargos de teleprentista y telefonista nacional (14 años, 10 meses). Partiendo de ello, adujo que se debía establecer si los referidos cargos eran «de excepción».

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Radicación n.° 94164 Explicó que el Decreto 1835 de 1994 reglamentó las actividades de alto riesgo para los servidores públicos, salvo para quienes trabajaban en la Registraduría Nacional del Estado Civil y del INPEC, y previó que, a partir de la Ley 100 de 1993, no se reconocerían pensiones especiales diferentes a las señaladas en ese Decreto y en el régimen general de actividades de alto riesgo, excepto el caso de los beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de dicha Ley. El colegiado resaltó que esta norma, en su artículo segundo, solo definió como actividades de alto riesgo las ejercidas en: i) el DAS; ii) la Rama Judicial-jurisdicción penal; iii) el Ministerio Público; iv) la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – técnicos aeronáuticos y v) el cuerpo de bomberos. Resaltó que el artículo 10 del referido Decreto 1835 de 1994 previó un régimen de transición especial para la

Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, en virtud del cual, a los servidores que al momento en que dicha empresa se transformó en EICE (29 de diciembre de 1992), ocupaban cargos de excepción, y que tuviesen un régimen especial de jubilación, se les aplicaría íntegramente las normas especiales en materia pensional vigentes, con el límite temporal dispuesto en el artículo 14, esto es, hasta diciembre de 2004. Adujo que para el 29 de diciembre de 1992 el actor ya laboraba en la empresa, pues ingresó el 10 de mayo de 1985. Además, resaltó que el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960,

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Radicación n.° 94164 -por el cual se dictaron los estatutos de Caprecom, entidad a la cual estuvo afiliado el accionante-, definió que los cargos de excepción cuyo ejercicio permitía acceder a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicios a cualquier edad, correspondían a los de operadores de radio y telégrafo, jefes de oficina de radio y telégrafo, jefes de líneas, revisores, plegadores, clasificadores y mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo. Aclaró que los cargos que desempeñó el demandante como teleprentista y telefonista nacional, no fueron previstos por esa norma, razón por la cual, no podía obtener la «pensión especial de vejez por alto riesgo». Adicionalmente, explicó que el régimen de transición especial aplicable a los trabajadores de Telecom solo estuvo vigente hasta el año 2004, por disposición del artículo 14 del

Decreto 1835 de 1994, y para dicha anualidad, el actor solo tenía 19 años de servicios, y si «tomásemos los cargos que ejerció como de excepción», reuniría únicamente 14 años y 10 meses en esas labores.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 94164 El recurrente pretende que esta corporación case la decisión de segundo grado, y en sede de instancia, «se pronuncie sobre la sentencia de primera instancia, una vez casada la sentencia de segunda instancia que ha sido atacada». Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados, y serán abordados de manera conjunta, dado que se plantean con la misma finalidad y denuncian similares normas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por transgredir la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, en relación con los artículos 1, 10, 14 del Decreto 1835 de 1994, el Reglamento Interno del Ministerio de Comunicaciones de 1945, «normas 305, 306, 307, 309, 310 y Actas 955/70 de la Junta Directiva de Telecom»; artículos 13 y 53 de la CP y 164, 165, 166 y 167 del CGP.

Afirma que el colegiado incurrió en los siguientes

errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los cargos ocupados por el demandante en la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, constituyen cargos de excepción.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los cargos de excepción desempeñados por el demandante constituyen actividad de alto riesgo.

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3. No dar por demostrado, estándolo, que el actor reúne las semanas para obtener la pensión especial de vejez solicitada.

Refiere que estos errores se originaron por la indebida valoración de las siguientes pruebas:

1. Relación de Tiempos de Servicios RTS número 226 del 17 de marzo de 2008, expedida por el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom, en donde se indican qué cargos desempeñó el demandante y años de servicio, entre ellos los de excepción.

2. Respuesta a derecho de petición expedida por el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas, de fecha 21 de enero de 2019 radicación 400-2019, en donde se indican las normatividades que dieron lugar a los cargos de excepción en Telecom.

Considera que los cargos de excepción constituyen actividades de alto riesgo toda vez que comparten las mismas características, esto es, producir efectos nocivos para la salud del trabajador y un desmejoramiento de su calidad de vida; por esta razón, quienes los desempeñaban se pensionaban con 20 años de servicios a cualquier edad. Aduce que en la relación de tiempos de servicios RTS

n.° 226 de 2008 se certificó que laboró 20 años, 8 meses y 15 días, de los cuales 14 años, 10 meses y 24 días ejerció cargos de excepción. Además, en la comunicación del 21 de enero de 2019, radicación 400-2019, se hizo alusión a las normas que dieron lugar a los cargos de excepción, y se indicó que tendrían derecho a la jubilación vitalicia al cumplir 20 años de servicios en Telecom, entre otros: i) los operadores y operadoras, supervisoras y supervisores, jefes de turno de larga distancia telefónica, por vía extralegal creada por Junta Directiva actas 955/70; ii) el operador teleprentista, por

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Radicación n.° 94164 reglamento interno del Ministerio de Comunicaciones de 1945, normas 305, 306, 307, 309 y 310 y iii) por asimilación a los anteriores, los siguientes cargos: «operador teleprentista I (nacional) […]». En esta comunicación también se concluyó que los cargos de teleprentista y telefonista son de excepción. Con base en el contenido de estas pruebas, asegura que existe relación de causalidad entre las labores desempeñadas como operador teleprentista I y telefonista y los cargos de excepción, lo que necesariamente los ubica como actividades de alto riesgo, pues así se encuentran reconocidos jurídicamente. Resalta que en sentencia del 2 de abril de 1979 expediente 1277, el Consejo de Estado consideró que los

cargos de excepción generaban efectos nocivos para la salud del trabajador, razón por la cual reconoció una pensión a un ex trabajador de Telecom por haber laborado en dichos cargos. Además, en decisión C CC 1125-2004 se explicó que las actividades de alto riesgo son aquellas que generan, por su propia naturaleza, la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador y que el beneficio que se confiere, en virtud de tal circunstancia, es poder acceder a la pensión a una edad inferior a la prevista en la regla general. En tal providencia también se aclaró que el estudio técnico en que se sustentó el Decreto 2090 de 2003 desestimó algunas actividades que con antelación eran consideradas como de alto riesgo, como el caso de los trabajadores de Telecom.

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Radicación n.° 94164 Así, el recurrente dice que, si los cargos de excepción generan efectos dañinos para la salud, es evidente que deben ser considerados como actividades de alto riesgo. Precisa que según decisión del 18 de octubre de 2001 radicación 1369 del Consejo de Estado, para que se configure el derecho pensional no es necesario que los cargos de excepción sean ejercidos durante la totalidad de la vinculación laboral. Y en similar sentido, en sentencia CSJ SL 29 may. 2012, rad. 38948 se explicó que la pensión especial de vejez se configura por el ejercicio de actividades de alto riesgo, independientemente de que la exposición a estos riesgos se presente al inicio o al final de la vida laboral. Además, agrega que en decisiones CC C853-2013 y CC

C663-2007, se reiteró que las actividades de alto riesgo son aquellas que disminuyen la expectativa de vida saludable, al margen de las condiciones en que se realice el trabajo, y que las cotizaciones que se requieren para concretar la pensión especial son las realizadas en ejercicio de labores así calificadas jurídicamente. Estima que, según la jurisprudencia, el criterio conclusivo o de cierre para determinar si un cargo constituye una actividad de alto riesgo es el hecho de que cause un efecto nocivo para la salud del trabajador y genere una disminución en su expectativa de vida; esa es la razón para que el legislador le otorgue una pensión en condiciones diferentes de edad y tiempo de servicios. Refiere que de las pruebas denunciadas se evidencia que el actor ejerció cargos

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Radicación n.° 94164 de excepción que constituyen actividades de alto riesgo según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1835 de 1994, norma que únicamente exige la condición de estar afiliado al Régimen de Prima Media para otorgar la prestación. Encuentra que el Tribunal incurrió en error al fundar su decisión en el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, dado que esta norma se aplica a otro grupo de trabajadores de Telecom que también ocupaban cargos de excepción; esta equivocación perjudicó los intereses del demandante, toda vez que de haber analizado las pruebas en las que se señala que el accionante ejerció cargos de excepción, la decisión de segunda instancia le hubiese sido favorable.

VII. RÉPLICA La parte demandada presenta oposición conjunta a los

cargos. Afirma que en las actas 955/70 de la Junta Directiva de Telecom se consagró como cargo de excepción el de jefe de turno de larga distancia, el cual, contrario a lo que pretende el recurrente, no puede asimilarse al de telefonista que fue el desempeñado por él. Refiere que los cargos de los funcionarios públicos tienen labores detalladas, de ahí que su denominación sea precisa, sin que pueda hacerse la asimilación que plantea el actor. Además, señala que el artículo 14 del Decreto 691 de 1994 previó un límite temporal para el reconocimiento de las pensiones especiales de Telecom, 31 de diciembre de «1994», data para la cual el accionante no había reunido 20 años de

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Radicación n.° 94164 servicios en cargos excepcionales, por lo que no podría acceder a la pensión especial.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia del colegiado por transgredir la ley sustancial por la senda directa, por aplicación indebida del Decreto 2661 de 1960 y «desconocer la sucesiva normatividad»: artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 1, 10, 14 del Decreto 1835 de 1994; 6 del Decreto 2090 de 2003; 8 y 10 de la Ley 100 de 1993; el Reglamento Interno del Ministerio de Comunicaciones de 1945, «normas 305, 306, 307, 309, 310 y Actas 955/70 de la

Junta Directiva de Telecom». Afirma que el Tribunal resolvió el litigio con fundamento en una norma equivocada, pues acudió al Decreto 2661 de 1960 que no corresponde al caso, y con ello, vulneró el derecho constitucional y legal del actor al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por haber ejercido actividades de alto riesgo, ya que cumple los requisitos previstos en el régimen de transición establecido por el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003. Señala que trabajó como servidor público de Telecom, en cargos de excepción, y al aplicarse el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, se le negó la pensión especial de vejez a la que tiene derecho dado que el Reglamento Interno del Ministerio de Comunicaciones de 1945, normas 305, 306,

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Radicación n.° 94164 307, 309, 310 y Actas 955/70 de la Junta Directiva de Telecom «elevaron los cargos de teleprentista y telefonista»; sin embargo, estas estipulaciones no fueron aplicadas y se acudió a otra disposición legal aplicable para «otras actividades de excepción», que no eran las ejercidas por el accionante. Dice que según la sentencia CC C1125-2005, antes de la expedición del Decreto 2090 de 2003, en Telecom existían actividades de alto riesgo y que estas desaparecieron en virtud del estudio técnico en que se sustentó dicho decreto. Esas actividades estaban reconocidas en el Decreto 1835 de 1994 y los cargos de excepción estaban contenidos en el

régimen de transición especial. Así, el artículo 10 del Decreto 1835 de 1994 incluyó los cargos de excepción en Telecom, dentro de las actividades de alto riesgo. Señala que antes del decreto citado, también se habían expedido normas que protegían a los trabajadores de las comunicaciones que realizaban labores nocivas para la salud, como la Ley 28 de 1943, el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960 y el Reglamento Interno del Ministerio de Comunicaciones de 1945, normas 305, 306, 307, 309, 310 y Actas 955/70 de la Junta Directiva de Telecom. Además, el Consejo de Estado en sentencia del 2 de abril de 1979 radicación 1277, consideró que los cargos de excepción generaban efectos nocivos para la salud del trabajador. Concluye que el Decreto 1835 de 1994 reconoció los cargos de excepción como actividades de alto riesgo, por

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Radicación n.° 94164 ende, el actor tiene derecho a la pensión especial de vejez con base en el régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

IX. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de alzada por transgredir la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 1, 10 y 14 del Decreto 1835 de 1994, en relación con los artículos 6 del Decreto 2090 de 2003 y 1, 2, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución

Política. Explica que el Tribunal incurrió en error al concluir que

el régimen de transición especial aplicable a los servidores públicos de Telecom solamente estuvo vigente hasta el año 2004 y que el actor no tenía derecho a la pensión especial de vejez por no reunir 20 años de servicios. Dicha equivocación obedeció a que no tuvo en cuenta que lo que se pretende es la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, que exige 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo y las semanas previstas para el régimen general de pensiones, que para el año 2005 equivalían a 1000. Afirma que el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994 hace referencia al límite del régimen de pensiones especiales de los servidores públicos cobijados por ese Decreto, el cual corresponde al 31 de diciembre de 2004. Sin embargo, este plazo fue ampliado por los Decretos 2090 de 2003 y 2655 de

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Radicación n.° 94164 2014, hasta diciembre de 2014. Adicionalmente indica que el último inciso del artículo 14 antes citado dispone que quienes venían afiliados continuarían cobijados por el régimen especial, aspecto que no fue advertido por el fallador. Encuentra que el colegiado también interpretó erróneamente el artículo 10 del Decreto 1835 de 1994 que consagró el régimen de transición especial para los trabajadores de Telecom que ocupaban cargos de alto riesgo. Dice que, aunque es cierto que esta disposición remite a las normas especiales en materia pensional que exigen 20 años de servicios, el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 previó un

régimen especial para todos los servidores públicos cuya actividad hubiese sido reconocida jurídicamente como de alto riesgo. Para ello únicamente se requieren 500 semanas de cotización especial y el número de aportes previsto en la Ley 797 de 2003 para alcanzar la pensión, norma en virtud de la cual el actor consolida la prestación especial reclamada. Considera que, si el Tribunal hubiese entendido de manera correcta los artículos 10 y 14 del Decreto 1835 de 1994, habría concedido el derecho constitucional y legal a la pensión especial bajo los postulados del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

X. CONSIDERACIONES De manera preliminar la Corte debe indicar que se infiere que el actor convocó a juicio a Colpensiones en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto 2011 de

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Radicación n.° 94164 2012, que ordenó el inicio de operaciones de la administración de dicha entidad del RPM, en virtud de lo cual allí se señaló que «Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones», pues, además, esta misma entidad informó que el demandante no estuvo afiliado a dicha entidad. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que el recurso

de casación no es precisamente un modelo, dado que presenta algunas impropiedades de las cuales se ocupará en un primer momento. Pero finalmente, de lo expuesto por el censor logra advertir algunos reparos que merecen ser abordados de fondo. Lo primero que hay que recordar, es que el colegiado fundó su decisión en que las labores ejercidas por el actor como teleprentista y telefonista nacional no lo catalogaban en un cargo de excepción para obtener la pensión especial prevista legalmente para los trabajadores de Telecom. En todo caso, adujo que de admitir que se tratara realmente de cargos de excepción, tampoco cumplía los 20 años de servicios en este tipo de actividades, como lo exigía el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, más cuando esta prestación especial solamente estuvo vigente hasta el año 2004.

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Radicación n.° 94164 El censor asegura, por su lado, que en el proceso se demostró que durante su vinculación con Telecom ejerció cargos de excepción, los cuales corresponden a actividades de alto riesgo por así haberlo dispuesto el artículo 10 del Decreto 1835 de 1994. En esa medida, aclara que lo pretendido es la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo en virtud de la transición consagrada en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, por lo que no era dable acudir a las previsiones del artículo 11 del Decreto 2661 de 1960. Además, agrega que la posibilidad de obtener la prestación pensional por la transición antes mencionada subsistió hasta el año 2014, y no solo hasta 2004 como se indicó en la sentencia impugnada.

En relación con el planteamiento efectuado por el recurrente, la Sala debe destacar las siguientes deficiencias: 1) La formulación del alcance de la impugnación, esto es, el petitum del recurso extraordinario, es incompleta. Esto, dado que se limita a solicitar la casación de la sentencia de segundo grado, y en sede de instancia, pide «pronunciarse» sobre la decisión del a quo, pero omite indicar cuál debe ser el sentido de ese pronunciamiento. Recuérdese que el recurrente tiene la obligación de señalarle a la Corte, qué es lo que debe hacer con el fallo de primer grado, esto es, revocarlo, modificarlo o confirmarlo, pues no es posible que esta corporación revise dicha decisión de manera oficiosa.

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Radicación n.° 94164 Es cierto que tal falencia puede ser superada, si se tiene en cuenta que la argumentación de los cargos busca sustentar la obtención de una prestación pensional, por lo que se puede colegir que se pretende que se revoque la decisión absolutoria de primer grado y se acceda a las pretensiones de la demanda. La dificultad se centra en establecer cuál es el régimen pensional específico que solicita, tal como se explicará más adelante. 2) El recurrente se duele de que el colegiado no se hubiese referido a la pensión de vejez por alto riesgo en los términos del Decreto 2090 de 2003, en especial, su artículo 6 que prevé un régimen de transición, pese a que esto era lo pretendido, y no la prestación contenida en el artículo 11 del

Decreto 2661 de 1960. Siendo ello así, si la parte accionante consideraba que el juez de la alzada no se refirió a todas las pretensiones de la demanda, debió solicitar ante ese mismo juzgador, la adición de la sentencia, actuación procesal que no cumplió. Sobre este punto la Sala en decisión CSJ SL, 29 jun. 2001, rad. 15456, puntualizó: En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145

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Radicación n.° 94164 del C. de P. L. Ahora, si lo que pretende sugerir con este reparo es una transgresión a los principios de consonancia o de congruencia, ha debido, al menos, acusar la infracción de las normas que los reglamentan, esto es, los artículos 281 del CGP y 66A del CPTSS por violación medio y explicar de manera suficientemente clara en qué consistió puntualmente su transgresión y cómo condujo a la vulneración de normas sustanciales del orden nacional que contengan el derecho reclamado o hayan sido base del fallo impugnado. Sin

embargo, nada se refirió en relación con estas disposiciones legales. 3) El planteamiento en relación con la causación del derecho pensional resulta insuficiente. Aunque el recurrente es insistente en señalar que el actor tiene derecho a la pensión especial de vejez con base en el régimen de transición establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, lo cierto es que se limita a sustentar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta norma, pero no precisa cuál es el régimen anterior al que se debe acudir para definir su derecho a la pensión que reclama. Una cosa es cumplir las exigencias legales para que sea aplicable un régimen de transición, como en este caso sería la densidad de semanas de cotización señalada en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y otra, determinar cuál es la prestación pensional a la que se tiene derecho en virtud de dicha transición y acreditar los requisitos para su

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Radicación n.° 94164 consolidación. Y lo cierto es que frente a esto último no se explica claramente qué es lo pretendido. Ahora bien, al margen de las insuficiencias antes anotadas, la Sala debe establecer si el juez de la alzada incurrió en error al concluir que el ejercicio de las labores o cargos asignados al actor en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, (teleprentista y telefonista nacional), no le permite configurar el derecho a una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo. Para ello, se abordarán dos aspectos: i) la naturaleza de las labores realizadas por el demandante y ii) la vigencia del

régimen de transición especial en Telecom y del régimen pensional por vejez por actividades de alto riesgo. Naturaleza de los cargos desempeñados: La parte recurrente asegura que el colegiado no tuvo en cuenta el contenido de las pruebas documentales denunciadas, y por ello, no concluyó que el actor sí había ejercido cargos de excepción. En el folio 41 del cuaderno 1 digital, obra documento RTS n.° 226 emitido por el director de la Unidad de Personal del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, mediante el cual se certifica la vigencia de la vinculación laboral del demandante y los cargos ejercidos. Así, indica que Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo prestó sus

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Radicación n.° 94164 servicios para Telecom entre el 10 de mayo de 1985 y el 1 d