CSJ - SL2732-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2732-2023 Radicación n.° 94503 Acta n° 42 Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS FERNANDO CALVO PILONIETA contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que el recurrente promueve

contra el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

I. ANTECEDENTES El citado accionante demandó al Banco Agrario de Colombia S.A. con el fin de que se declare: i) que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 30 de diciembre de 2014; ii) que en virtud de un encargo fungió como coordinador de operaciones del 26 de junio de 2002 al 28 de diciembre de 2008, pero percibió

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Radicación n.° 94503 una asignación inferior a la establecida en la escala salarial para ese empleo; iii) que el 1 de enero de 2009 fue nombrado como subdirector, el cual desempeñó hasta la finalización del nexo laboral, pero ello implicó una desmejora en sus condiciones económicas, en la medida que le asistía derecho a ocupar el puesto de coordinador de operaciones; y iv) que es nulo el contrato de transacción que signó el 4 de febrero de 2009, por recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles,

por vicios en el consentimiento y por ausencia de concesiones mutuas. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene a la accionada a reajustar el salario, teniendo en cuenta para ello el previsto como coordinador de operaciones, junto con el pago de las diferencias generadas, la reliquidación de las prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social en pensiones, la indemnización moratoria establecida en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones, en lo que interesa al recurso extraordinario de casación, en que a través de un contrato de trabajo comenzó a laborar para la accionada el 1 de noviembre de 2001, nexo que finalizó el 30 de diciembre de 2014; que tenía el cargo de profesional; que del 26 de junio de 2002 al 28 de diciembre de 2008 fungió como coordinador de operaciones, encargado, pero sin percibir la asignación salarial para ese empleo; que al interior de la entidad se analizó la remuneración que le correspondía recibir; y que el

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Radicación n.° 94503 área jurídica indicó que el mayor valor debía cancelarse a partir del 18 de enero de 2007, cuando entró en vigencia el reglamento interno de trabajo. Expresó que una vez finalizó el encargo se le dijo que sería nombrado como subdirector, lo cual ocurrió en enero de 2009; que solicitó la reconsideración de esa decisión; y que ante las diferencias surgidas respecto de los

emolumentos que debía percibir en el periodo en que estuvo en el encargo, se suscribió un acuerdo de transacción el 4 de febrero de 2009. Indicó que solicitó diferentes certificaciones respecto al salario que percibió en el tiempo en que estuvo encargado y el que correspondía al puesto de trabajo desempeñado, encontrando que lo cancelado fue deficitario, pues no se incluyó todo el tiempo, de allí que el acuerdo de transacción era nulo; y que su nombramiento como subdirector constituye una vulneración a sus derechos, pues el salario que comenzó a percibir a partir de ese momento era inferior al establecido para el de coordinador de operaciones, de allí que se le «desmejoraron sus condiciones laborales». Agregó que en la actualidad se encuentra pensionado, pero las cotizaciones efectuadas fueron deficitarias; y que el 9 de noviembre de 2017 efectuó la correspondiente reclamación administrativa, la que fue resuelta de forma adversa.

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Radicación n.° 94503 El Banco Agrario de Colombia S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a la totalidad de las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la existencia de la relación de trabajo; los extremos en que se desarrolló; el nombramiento como subdirector en el año 2009; que al actor se le encargó como coordinador de operaciones, pero precisó que fue en «colaboración», en la medida que solo hasta el 18 de febrero de 2007, cuando entró a regir el reglamento interno de trabajo, se reguló por primera vez la figura del encargo; igualmente, admitió la suscripción de un contrato de

transacción; la reclamación efectuada y la negativa de la entidad; y de los demás supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos. En su defensa, arguyó que el contrato de transacción recayó en el periodo comprendido del 18 de febrero de 2007 al 28 de diciembre de 2008, pues antes no estaban reguladas al interior de la entidad las condiciones y exigencias para remunerar un encargo, de allí que no podía ordenarse su retribución en los términos solicitados por el trabajador, máxime que fue en «colaboración»; que el contrato de transacción cumplió con las exigencias legales; y que no existía obligación de nombrar al trabajador como coordinador de operaciones, además que no cumplía con los requisitos para desempeñar ese cargo en propiedad. Propuso como excepción previa la de cosa juzgada; y de fondo las que denominó: respeto a las normas que rigen laboralmente las relaciones entre trabajadores y el

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Radicación n.° 94503 Banagrario, compensación, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, pago y «excepción de oficio».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia proferida el 24 de septiembre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el señor LUIS FERNANDO CALVO PILONIETA, en virtud del principio de a trabajo igual tiene derecho a que se le reajuste el salario de conformidad a la escala salarial definida por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

en los términos que expuso en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR al ente demandado BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., a reconocer y pagar favor del señor LUIS FERNANDO CALVO PILONIETA, por concepto de reajuste de auxilio de cesantía, la suma de $2.914.957.

TERCERO: CONDENAR al demandado BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. a reconocer y pagar favor del señor LUIS FERNANDO CALVO PILONIETA por concepto de sanción moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, a razón de un día salario por cada día de mora, por $85.000 pesos diarios, desde el 15 de mayo de 2015, condena que a la fecha de la presente sentencia asciende a la suma de $133.345.000, sin perjuicio de los valores que se sigan causando hasta que se realice el pago total de la obligación.

CUARTO: CONDENAR [al] BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A a reajustar los aportes a pensiones por los ciclos del año 2002 al año 2007 atendiendo para tal final (sic) el real salario devengado por cada periodo y para tal fin se tendrá como como IBL para el año 2002 $2.052.243, 2003 $2.149.725, 2004 $2.250.000, 2005 $2.734.000, 2006 $2.492.000 y 2007 $2.552.000, con el fin de restablecer el derecho aludido a la seguridad social en pensiones por parte del empleador, y en ese

medida se le condena a pagar el mayor valor de lo resultante de lo pagado y lo debido pagar por aportes en pensiones en un 100% conforme a lo previsto en el art. 22 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con del Decreto 1887 de 1994, más los intereses moratorio que refiere el art. 23 de la Ley 100 de 1993. Valores que debe ser consignados previa solicitud por parte del

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Radicación n.° 94503 demandante del cálculo actuarial al fondo de pensiones que esté afiliado o decida afiliarse y proceder a comunicarlo al ex empleador, quien dentro de los quince (15) días siguientes a la mencionada comunicación procederá a pagar el importe ante la entidad o fondo de pensiones.

QUINTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción.

SEXTO: ABSOLVER a la entidad demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por el demandante.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas al demandado. Fíjese como agencias en derecho a su cargo y en favor de la demandante en suma de $1.000.000, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

El juez de primer grado estimó que la transacción suscrita entre las partes era válida, por cuanto no se demostró algún vicio en el consentimiento, además no había causa u objeto ilícito y, finalmente, recayó sobre derechos inciertos y discutibles. No obstante, del análisis de ese acuerdo consideró que versó solo frente a lo acaecido entre febrero de 2007 y 28 de

diciembre de 2008, de modo que debía verificar si había derecho al pago de alguna deferencia salarial por un periodo anterior. Del estudio del material probatorio razonó que el promotor del proceso tenía derecho al pago de un mayor salario únicamente desde el año 2002 hasta el 18 de febrero de 2007, por haber fungido como coordinador en encargo, sin embargo, coligió que solo era dable condenar a la reliquidación del auxilio de cesantía y los aportes en materia pensional, pues las demás prerrogativas estaban prescritas.

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Radicación n.° 94503 Dijo que frente al interregno de 2009 hasta la finalización del nexo no había lugar a algún reajuste, en la medida que el accionante no fungió como coordinador. Finalmente, señaló que la empleadora actuó de mala fe al no cancelar las sumas debidas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apelaron ambas partes y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con decisión del 10 de agosto de 2021 revocó la condena impuesta por indemnización moratoria y, en su lugar, absolvió de ese pedimento; confirmó en lo demás e impuso costas en la azada a cargo del demandante.

El ad quem adujo que conforme a lo esgrimido por el accionante le correspondía definir si el a quo se equivocó al negar la ineficacia de la transacción y si la excepción de prescripción fue resuelta en forma correcta. Y, en torno a lo argüido por la accionada, si era dable mantener la condena

por indemnización moratoria que estimaba improcedente. Frente al primer tema, expresó que la transacción debía cumplir con los requisitos previstos en el artículo 1502 del CC, además que en el ámbito laboral no se puede desconocer derechos ciertos e indiscutibles, condición que surge cuando se cumplen con los supuestos de hecho que prevé la norma que los consagra, y explicó que la existencia de posiciones enfrentadas o cuando el empleador niega o debate la

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Radicación n.° 94503 existencia de un emolumento, es insuficiente para considerar que un derecho es discutible. Partiendo de lo anterior, estimó que la controversia propuesta en la demanda inicial, respecto al «periodo laborado entre el 26 de junio de 2002 y hasta el 28 de diciembre de 2008», recaía en la diferencia salarial existente entre el cargo de profesional y el de coordinador de operaciones, junto con su incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones y aportes en seguridad social. Sostuvo que al accionante le fue cancelado su salario, el cual era superior al mínimo legal, y le fueron otorgados los derechos sociales que surgen de un nexo laboral, de allí que lo que estaba en disputa era una «diferencia salarial», sobre la cual podían negociar las partes conforme al artículo 132 del CST, pues no desconocía derechos ciertos e indiscutibles, que es lo que restringe el artículo 15 ibidem. Indicó a su vez que con el acuerdo transaccional se precavió un litigio o controversia, el cual fue aceptado de forma voluntaria por el accionante, dando por saldado los mayores valores que consideró debía percibir por salario y

demás emolumentos. Al respecto, dijo que «si se revisa, con algún detenimiento el acto transaccional objeto del reparo, se observará que la voluntad de las partes se encaminó a precaver cualquier tipo de litigio o controversia que pudiera presentarse en razón al encargo que se le había hecho al demandante», y manifestó que el actor «aceptó la suma que fue propuesta por su ex empleadora, para dar por saldado lo

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Radicación n.° 94503 atinente a los mayores valores que estima debieron incidir en su salario y por ende en la liquidación de sus prestaciones sociales y demás emolumentos generados en la relación laboral». Esgrimió, en relación a la inducción al error, que carecía de prueba, pues el único medio de convicción que aludía a esa situación correspondía al interrogatorio absuelto por el demandante, cuyos dichos no podían invocarse a su favor según lo dispuesto en el artículo 191 del CGP. Por lo anterior, infirió que el a quo no se equivocó en este puntual aspecto. En lo atinente a la prescripción, el juez colegiado razonó que entre la fecha de la finalización del nexo y la de la reclamación administrativa no habían transcurrido tres años, de modo que frente al auxilio de cesantías no operaba esa excepción, empero, los demás derechos causados entre el 26 de junio de 2002 al 18 de febrero de 2007 sí estaban afectados por ese fenómeno jurídico, sin que pudiera estimarse que la sentencia proferida tenía un carácter

constitutivo, pues es declarativa, tal como se dijo en la decisión CSJ SL, 4 nov. 2020, rad. 49339. Finalmente, en cuanto a la procedencia de la indemnización moratoria, el ad quem expresó que el empleador se exonera de tal condena si demuestra razones atendibles que justifiquen su conducta omisiva o tardía en el pago de los salarios y prestaciones sociales, es decir, que

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Radicación n.° 94503 existió buena fe; de modo que era necesario indagar respecto a los motivos que tuvo para tal incumplimiento. Destacó que la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, sin querer desconocer los derechos del trabajador, características que se oponen a la mala fe, la que consiste en pretender obtener alguna ventaja o beneficios sin probidad o pulcritud; y, en tales condiciones, debía valorar el haz probatorio respecto a las circunstancias que dieron lugar a la postura asumida por el empleador, en particular, al momento de finalizar el nexo de trabajo; y al respecto expresó: En el sub-lite, contrario a la exégesis vaticinada por el fallador de primera instancia, a juicio de la Sala, no se probó la mala fe de la empleadora en la descubierta omisión de la reliquidación del auxilio de cesantías en monto de $2.914.957 que a la postre fue el motivo por el cual la primera instancia impartió condena, pasando por alto, el juez a quo, que, la demandada, obró bajo convencimiento de haber zanjado totalmente cualquier litigio que se pudiera presentar con el hoy demandante en razón a las

diferencias salariales suscitadas con ocasión del desempeño del encargo que ejerció varios años en un cargo de remuneración superior, al haberse obtenido con la suscripción del contrato transaccional, la declaración signada relativa a que el señor Calvo Pilonieta, "..declara a la sociedad BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. a PAZ Y SALVO por todo concepto que se pueda derivar del contrato de trabajo..."; obsérvese, que luego de acordado el citado negocio jurídico, casi una década después, se acude a la jurisdicción para reclamar los eventuales créditos que aparecen insolutos, máxime cuando quiera que, en ningún momento durante la vigencia de la prolongada relación laboral se alegó mucho menos se pretendió el reconocimiento de ninguno de los emolumentos tranzados(sic), por lo que resulta carente de fundamento la sanción moratoria en cuestión, obviado o pasando de soslayo el alcance de la voluntad plasmada por las partes; luego, por estas razones se revoca.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el

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Radicación n.° 94503 Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Es propuesto así: Pretende el recurso, que la Honorable Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia fustigada, para que revoque el numeral primero de la sentencia del 10 de agosto del 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Laboral, en lo que tiene que ver con: "PRIMERO: REVOCAR el

numeral TERCERO de la sentencia apelada de fecha y origen y antecedentes reseñados, para en su lugar, ABSOLVER la demandada de la condena por indemnización moratoria" y que en sede de INSTANCIA: CONFIRME el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Bucaramanga del 24 de septiembre del 2018. REVOQUE el numeral SEXTO, para que, en su lugar, DECLARE la nulidad del contrato de transacción suscrito entre las partes, tal y como, fuera solicitado en las pretensiones 2.3. "Pretensiones Declarativas y de Condena respecto del Contrato de Transacción suscrito entre el Sr. LUIS FERNANDO CALVO PILONIETA y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA con fecha de 4 de febrero de 2009" de la demanda. Con tal propósito, presenta tres cargos que son replicados, y se resolverán en conjunto, toda vez que denuncian similar elenco normativo, persiguen igual finalidad y la sustentación se complementa.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de vulnerar la ley sustancial por la vida directa, por infracción directa de los artículos 2469 y 2483 del CC, 53 del CP y 167 del CGP.

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Radicación n.° 94503 En el desarrollo del cargo, argumenta que el Tribunal se equivocó al «no visualizar los conceptos contenidos en la transacción», toda vez que era necesario verificar sobre qué recayó ese acuerdo. Cita un aparte de la sentencia CSJ SL2833-2017 respecto a la posibilidad de demandar la nulidad de una transacción y esgrime, con apoyo en los artículos 15 del CST

y 2469 de CC, que se vulneró la última disposición, en tanto era necesario plasmar «que terminan un litigio, discriminando el mismo, en aras de zanjar las diferencias derivadas del vínculo laboral, para lo cual, necesariamente gozar de una claridad de entidad tal, que no haya lugar a duda respecto de los conceptos y emolumentos, allí contenidos». Reproduce un pasaje de la decisión CC CT730-2014 que se refiere al contenido del artículo 53 de la CP; y colige que: Así las cosas, frente a la duda que (sic) conocer lo plasmado en el contrato de transacción, en los(sic) relativo a los conceptos incierto y discutibles, cuando solamente se transaron los conceptos ciertos e indiscutibles, tal y como, se puede observar en el contrato de transacción y en la liquidación que hace parte integral del mismo; es así que, no podía tomarse por el Tribunal en su sentido más amplio y entender que estaban todas incluidas, por el contrario, debió interpretarse las mismas deberían estar plasmadas de manera discriminada y los derechos inciertos que se estaban transando. Conforme lo expresado, el Tribunal yerra al infringir directamente las normas que desarrolló el concepto del contrato de transacción, no basta con la enunciación de los artículos 1502 del Código Civil y el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida no se plasmó de manera clara la transacción de los derechos inciertos y discutibles, sino que, para el efecto, debe concretarse en la aplicación de cada de las prerrogativas normativas que existen en materia del contrato de transacción. Es así, que deberá casarse este aspecto.

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VII. LA RÉPLICA La accionada se opone a la prosperidad del ataque, para lo cual arguye que no es viable acceder a la condena por indemnización moratoria, toda vez que la transacción cumplió con los requisitos legales y no hubo mala fe de la entidad empleadora, máxime que ese acuerdo se suscribió en el año 2009 y la relación continuó muchos años más, sin que el trabajador efectuara alguna reclamación.

Considera que, en todo caso, la sanción moratoria por cesantías causadas entre los años 2002 a 2008 está prescrita; que el Tribunal tuvo en cuenta las normas denunciadas; que se cuestiona es la apreciación del acuerdo de transacción, lo cual debió discutir por la vía indirecta; y que lo argüido se asemeja más a un alegato de instancia.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión de segundo grado de violentar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 15 del CST, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 797 de 1949.

Esgrime que a la luz del referido artículo 15 del CST y en correspondencia con la sentencia CSJ SL2998-2022, una transacción para que sea válida requiere precaver un eventual litigio, versar sobre derechos inciertos y discutibles, no adolecer de un vicio del consentimiento y contener concesiones recíprocas.

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Radicación n.° 94503 Menciona las decisiones CSJ SL, 26 jul. 2011, rad.

49792; CSJ SL2503-2017 y CSJ SL4066-2021, que aluden a la transacción y afirma: […] la interpretación que debió darle el Tribunal, fue que, la transacción es un mecanismo, que busca la solución de conflictos, en materia laboral, de conformidad con los artículos 4°, 53 y 58 superiores y 1º, 9º, 14 y 15 del CST, y su desarrollo, está supeditado a la observancia de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores, al carácter público de las normas del trabajo y a su propósito principal de dar equilibrio social a las relaciones patronotrabajador. Luego, se refiere a la providencia CSJ AL1761-2020, respecto a que se debe verificar las condiciones que habiliten la suscripción de una transacción, y manifiesta: De otra parte, en punto de la definición de derecho mínimo e irrenunciable, la jurisprudencia ha puntualizado que el grado de certidumbre de un derecho, no depende de que el mismo esté sometido a una contienda judicial, esto es, de que hubiere sido pretendido válidamente ante la jurisdicción para lograr su reconocimiento y ejecutividad, sino que atañe con la acreditación de los supuestos de hecho en los que esté fincado, aspecto, que se interpretó erróneamente por parte del Tribunal. Conforme lo expresado, el Tribunal yerra al infringir directamente las normas que desarrolló el concepto del contrato de transacción, al interpretar erróneamente el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto, en el mismo, no se plasmaron derechos inciertos y discutibles, sino que, con una enunciación general, saca

el caso con una amplitud conceptual, que no se identifica en el mismo. Por otra parte, en torno a la indemnización moratoria, transcribe un aparte de una sentencia que no identifica, que se refiere a los requisitos necesarios para la procedencia de esa sanción, y estima que:

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Radicación n.° 94503 […] la interpretación que dio el Tribunal, debió hacer un riguroso examen de la conducta del empleador y de las circunstancias que efectivamente rodearon el desarrollo del contrato de trabajo y de la suscripción del contrato de transacción. Por consiguiente, la simple indicación que para el Tribunal se dio, de darse una inclusión de supuestamente todos los derechos derivados de la relación laboral, no implica que haya actuado de buena fe, es así que, para el caso de marras, deberá imponerse dicha sanción, es así que, el empleador es quien debe asumir la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, situación delimitada por esta Corporación en la sentencia CSJ SL3288-2021 […]. Finalmente, expone que el empleador «no demostró su buena fe, solamente se dedicó que (sic) indicar que se había suscrito un contrato de transacción», sin embargo, no se «evidencia» motivos serios que justificaran su postura de abstenerse de cancelar «las diferencias salariales y la reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones», pues arguyó que el pago solo era procedente desde el momento en que se implementó un nuevo reglamento de trabajo, que, entre otros aspectos, reguló el encargo.

IX. LA RÉPLICA

El Banco Agrario de Colombia S.A. considera que la censura no establece la equivocación interpretativa del juez de segundo grado, como tampoco en qué consiste la intelección correcta, de modo que el ataque no puede prosperar.

X. CARGO TERCERO Es formulado en los siguientes términos: Acuso la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Laboral - de violar por VÍA INDIRECTA,

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Radicación n.° 94503 proveniente del ERROR DE HECHO en la modalidad de

APRECIACIÓN ERRÓNEA DE LA PRUEBA.

Sostiene que el juez plural incurrió en los siguientes cuatro errores de hecho: a. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contenido del contrato de transacción correspondió a la inclusión de todos los conceptos derivados de la relación laboral. b. Dar por demostrado sin estarlo, que se transó un derecho cierto como son la liquidación de las cesantías, cuando estas habían sido pagadas de manera deficitaria por el Banco Agrario de Colombia. c. No dar por demostrado, estándolo, que lo[s] conceptos incluidos dentro [del] contrato de transacción eran única y exclusivamente a (sic) las acreencias derivadas de las prestaciones sociales e indemnizaciones de las mismas, sin que se establecieran los derechos ciertos pagados y los valores cancelados de título de derechos inciertos y discutibles. d. No dar por demostrando, estándolo que el Banco Agrario de Colombia actuó de mala fe con el señor Luis Fernando Calvo Pilonieta, cuando suscribe un contrato de transacción reliquidando todos los conceptos que pagó de forma deficitaria y

que excluyó el pago a la seguridad social. (Aunque este último no sea objeto de la demanda de casación). Considera que los anteriores yerros se cometieron por la equivocada apreciación del contrato de transacción. En la demostración del ataque, transcribe el documento que denuncia como erróneamente valorado y afirma que «dentro de los conceptos allí contenidos, no se configuran los elementos para declarar probada la excepción de cosa juzgada», siguiendo los lineamientos indicados en sentencia CSJ SL3337-2018.

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Radicación n.° 94503 Asevera que la equivocación del colegiado radica en la «taxatividad de los conceptos» estipulados en el acuerdo de transacción «sobre los cuales se finalizó el vínculo contractual»; y considera lo siguiente: Por lo que, el Tribunal yerra en la interpretación, en donde el sentido que debió darle a dicha pieza procesal es la de: a. Que no se plasmó la liquidación de los conceptos de los derechos [in]ciertos y discutibles entre el Banco Agrario de Colombia y el señor Luis Fernando Calvo Pilonieta. b. Que no se plasmó que se estuvieran transando derechos inciertos y discutibles. c. Que no puede tomarse la palabra "Paz y Salvo" para entenderse que se cancelaron todos los conceptos derivados de una relación laboral, sin que hayan sido taxativas, debiéndose establecer en la transacción claramente, qué conceptos se transan y para los allí contenidos, si opera la cosa juzgada. Arguye que como no se estipuló en el acuerdo los «conceptos ciertos e indiscutibles» y los «conceptos inciertos»,

el sentenciador de segundo grado no podía considerar que la transacción recayó sobre todos los derechos laborales; y que, si bien en ese documento se acordó que lo cancelado cubría diferentes conceptos, «no están expresamente los mismos. Esto es, que se transaron conceptos de derechos ciertos, pero no, se describe el monto de los derechos inciertos y discutibles». Manifiesta que la transacción se suscribió a fin de terminar un conflicto existente, pero no uno futuro, por lo que se equivocó el juez colegiado al «extender los efectos de una transacción» y añade: Es así que, en caso de aceptar el tránsito de cosa juzgada por cualquier denominación utilizada, no queda en la transacción

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Radicación n.° 94503 continuar con el error de hecho, en la apreciación errónea de la prueba, por cuanto, debió aceptarse sobre cualquier diferencia derivada de las prestaciones sociales, salarios y vacaciones, e indemnizaciones, así como, en caso de incluirse en la transacción derechos ciertos e indiscutibles, deberá plasmarse los valores allí reconocidos y bajo qué conceptos, se plasmaron únicamente los derechos ciertos, más no, los derechos inciertos, por cuanto, al observarse el contrato de transacción, se gestó una reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones, son(sic) que se pusiera un valor alguno, respecto de los derechos inciertos. Por último, pone de presente que en este asunto no se acreditó buena fe por parte del empleador sustentada en motivos serios y atendibles, de ahí que la accionada debe cancelar la indemnización prevista en el artículo 1 del

Decreto 797 de 1949; máxime que la entidad bancaria oficial conocía que el actor desempeñó un cargo frente al cual no percibió la asignación salarial que legalmente le correspondía.

XI. LA RÉPLICA La empleadora demandada indica que el desarrollo del cargo es insuficiente, al punto que no acredita un actuar de mala fe; y que el Tribunal realizó una apreciación adecuada de los medios de convicción, encontrando que la accionada obró con el convencimiento de no adeudar suma alguna al actor, pues habían zanjado cualquier diferencia por conceptos laborales.

XII. CONSIDERACIONES Conforme a lo expuesto al historiar el proceso, el

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Radicación n.° 94503 Tribunal se ocupó de analizar tres temáticas, así: La primera consistió en verificar si la transacción celebrada entre las partes en el desarrollo del nexo laboral cumplió con las exigencias legales. Con tal fin aludió a las disposiciones que estimó regulan ese tipo de acuerdos y de su análisis coligió que no recayó sobre derechos ciertos e indiscutibles, aunado a que tampoco se acreditó el error como vicio en el consentimiento. La segunda radicó en constatar si, conforme lo definió el a quo, había operado parcialmente la excepción de prescripción, y razonó que acertó en este punto de la decisión, en tanto las sentencias son declarativas y no constitutivas, de modo que los derechos causados entre el 26 de junio de 2002 al 18 de febrero de 2007 estaban prescritos. Y, en tercer lugar, estudió la procedencia de la indemnización moratoria, para lo cual consideró que si bien

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