CSJ - SL2738-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2738-2023 Radicación n.° 95626 Acta 36 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAVIER TIGREROS MORENO, DILO MARTÍN PÉREZ CANACUAN, TEÓFILO MORENO IBARBO y ARISTIPO ESCOBAR, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauraron al INGENIO PICHICHÍ S. A.

I. ANTECEDENTES Javier Tigreros Moreno, Dilo Martín Pérez Canacuan, Teófilo Moreno Ibarbo y Aristipo Escobar, llamaron a juicio al Ingenio Pichichí S. A., para que se declarara que entre ellos y la demandada existió un contrato laboral realidad, a pesar de que formalmente, fueron enviados a esa sociedad por la

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Radicación n.° 95626 Cooperativa de Trabajo Asociado Practicaña y Crecivalores SAS. Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la accionada a reconocerles las cesantías y sus intereses, junto con las primas, vacaciones y auxilio de transporte, causados entre 2005 y 2012; así como también, que se efectuaran las cotizaciones al sistema de seguridad social integral durante ese tiempo; se les concediera la indemnización por despido injusto; más las sanciones moratorias de los artículos 65 del

CST y 99 de la Ley 50 de 1990; los perjuicios morales causados; la indexación; lo que resultare probado y las costas. Narraron que prestaron sus servicios personales y subordinados al Ingenio Pichichí S. A., como presuntos afiliados a una cooperativa o trabajadores de una contratista; que, sin embargo, estas no eran dueñas de las herramientas, medios de producción o de transporte y que, la primera de ellas no funcionaba autogestionariamente, a tal punto, que la accionada era la que fijaba el precio del corte de caña y quien desplegaba la potestad reglamentaria y disciplinaria. Precisaron que cumplieron su actividad como corteros de caña en «los predios o suertes» de la demandada ubicados en Guacarí y Buga, de lunes a domingo y festivos, sin descanso, de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; que siempre recibieron órdenes de los «supervisores, cabos o monitores de cargo» de esa sociedad; que estos se encargaban de «apuntar la chorra

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Radicación n.° 95626 o arrume [...] con su respectiva ficha, de revisar que no quedaran tocones altos». Puntualizaron que sus vinculaciones tuvieron los siguientes extremos y salarios promedio en los últimos 12 meses: Trabajador CTA CRECIVALORES Remuneración Javier Tigreros 05/11/2005 a 09/08/2010 a $1.172.624 08/08/2010 29/02/2012

Dilo Pérez 05/11/2005 a 09/08/2010 a $1.214.000 08/08/2010 29/02/2012 Teófilo Moreno 05/12/2005 a 09/08/2010 a $1.358.000 08/08/2010 29/02/2012 Aristipo Escobar 05/12/2005 a 09/08/2010 a $1.050.624 08/08/2010 29/02/2012 Indicaron que el salario que se les reconoció era inferior al de los trabajadores de planta o a los cobijados por la convención colectiva; que de su remuneración se les descontaba unos porcentajes para las compensaciones anuales, semestrales y de descanso; que la accionada les debe la cotización a pensiones de abril de 2011, que, sin embargo, a Tigreros Moreno también le faltan los ciclos de agosto y septiembre de 2006. Aclararon que para acceder a una vinculación laboral fue condición de la empleadora, que se afiliaran a la CTA; que, no obstante, era la demandada la que apuntaba la información de cada trabajador, sobre los días laborados y la cantidad de caña cortada; que, con base en esos datos, aquella remitía la información a la cooperativa y a

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Radicación n.° 95626 Crecivalores «para que ésta manufacturara las respectivas planillas de pago semanal». Afirmaron que siempre expusieron su descontento con la situación y los perjuicios que les causaba la falta de pago de sus prestaciones laborales; que prueba de ello era que en

el 2008 participaron en «una huelga» por la tercerización laboral; que, por ello, muchos compañeros fueron procesados penalmente, pero absueltos. Señalaron que la accionada fue la que ordenó la liquidación de Practicaña y Crecivalores; que a ellos no les devolvieron sus aportes o entregado ganancias; que, aunque firmaron una carta de renuncia, no fue voluntaria; que la misma obedeció a un despido indirecto, porque de no haber procedido así, no habrían sido vinculados al ingenio (f.° 11 a 56, archivo «2022123944610», expediente digital). La demandada se opuso a las pretensiones, negando los hechos o aduciendo que no le constaban, porque entre ella y los actores, no existió relación laboral de ninguna índole; que, en efecto, estos confesaron que fueron vinculados como trabajadores asociados de una persona jurídica distinta, con quien no tiene responsabilidad solidaria alguna. Formuló como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, «ilegitimidad de personería sustantiva

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Radicación n.° 95626 de la parte demandada», innominada y buena fe (f.° 207 a 233, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, el 15 de enero de 2020, absolvió a la demandada y condenó en

costas a los accionantes (f.° 406 a 407, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por apelación de los demandantes, el 24 de mayo de 2022, confirmó la de primera.

Dijo que, con sujeción al principio de consonancia, debía determinar si entre los actores y la sociedad accionada existió un verdadero contrato de trabajo, teniendo en cuenta que aquellos alegaron la existencia de una tercerización laboral ilegal. Señaló que en el expediente obraban: i) Los reportes de semanas cotizados a favor de cada uno de los demandantes «por cuenta de diferentes empleadores, entre los que no figura INGENIO PICHICHÍ S. A.» ii) El certificado de existencia y representación legal de Ingenio Pichichí S.A., así como de la CTA Practicaña y Crecivalores S.A.S.

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Radicación n.° 95626 iii) El Acta del 21 de junio de 2005 suscrita por un grupo de directivos de Ingenio Pichichí S. A. y unas personas que dijeron tener representación de los asociados de las CTA, que prestaban servicio de apoyo en la labor de corte de caña y los asesores designados por los corteros, a través de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la que se plasmó: La Empresa no contratará en forma directa las labores de corte manual de caña y se reserva la facultad de contratar el corte de caña y cualquier actividad propia con las compañías, sociedades, instituciones o estamentos que estime procedentes y bajo

cualquiera de las formas que tienen establecidas las leyes de la república. El sistema de contratación que de manera libre seleccione el Ingenio, quedara bajo la vigilancia y control del ingenio de tal forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan. Ingenio Pichichí S. A. en cooperación con el SENA u otra entidad similar, se compromete a dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de cuarenta asociados de las actuales CTAS y de Sintrapichichí, por un término de tres meses, iniciando tan pronto se reúnan las condiciones académicas v logísticas del caso. Ingenio Pichichí S A. Garantiza a las cooperativas de trabajo asociado que se formen y organicen de acuerdo a la ley con las personas que actualmente prestan el servicio de apoyo en el corte de caña y cumplan con los requisitos que exige la empresa, una oferta mercantil en la cual se asignara un cupo o tonelaje de caña a cortar, siempre y cuando cumplan con las normas y calidad exigidas para la labor convenida, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de Ingenio Pichichí S.A. en corte de caña manual […]. iv) Las Actas del 28 de agosto de 2010 y el 23 de febrero de 2011, de comprobación del cumplimiento de aquel acuerdo. v) Las liquidaciones de cortes de caña; comprobantes de pago de compensaciones; así como convenios de trabajo asociado y documentos de la CTA Nuevo Horizonte, sin hacer

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alusión a las partes dentro del proceso; salvo, respecto de Aristipo Escobar, frente al cual, solo se allegó un soporte de pago por cuenta de CTA Practicaña. vi) Estatutos de diferentes cooperativas demandadas, así como de los respectivos regímenes de trabajo asociado; actas de asamblea de las cooperativas y actas de las reuniones de los consejos de administración. vii) Los contratos de prestación de servicios entre la demandada y CTA Practicaña y Crecivalores, junto con las ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas y demás documentos, tales como facturas y recibos, que dan cuenta de la relación comercial entre las mencionadas empresas y Pichichí S. A. con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de ingenio o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que aquel dispusiera. viii) Copia del contrato con abogada, comprobantes de pago y factura a la togada Amparo López. ix) Copias de los documentos relativos a la vinculación de accionantes, como certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con la CTA, pago de compensaciones semanales; compensación semestral y anual, aportes a la seguridad social, y nóminas de pago. Precisó que,

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Radicación n.° 95626 i) William de Jesús Calvo Acevedo manifestó que en la empresa no existía el cargo de cortero de caña; que nunca se les dieron órdenes a los demandantes en la ejecución de dicha tarea de corte manual; que, inclusivo, no les conoció, salvo al señor Pérez Canacuan, quien trabajó para la

sociedad Pichichí Corte S. A.; que las personas jurídicas a las que se encontraban aquellos afiliados tenían sus propias oficinas y estructura administrativa; que ello lo sabía porque era quien ejercía interventoría con ellas; que las personas referidas en el gestor como supervisores, no lo eran, pues estaban encargados del alce, despacho y transporte de caña, lo que se realizaba después del corte; que eran las contratistas las que realizaba la corrección de su personal. ii) José Lubín Cobo Saavedra informó que el ingenio contrataba con terceros el corte de caña, mediante oferta mercantil y que el personal de planta no tenía relación alguna con los corteros. Concluyó que, [...] no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar que prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo de INGENIO PICHICHÍ S. A., cuando sí que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada; empresas que según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio, frente a los demandantes. Puntualizó que, en efecto, a la accionada se presentaron

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Radicación n.° 95626 varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las oferentes, «[...] sin que se allegara prueba

qué desnaturalice su legalidad, pues no se evidencia objeto o causa ilícita como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones [...] referidas a una tercerización». Estimó que no había «indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades»; que, por el contrario, se presentó «[…] un negocio jurídico válido entre varias empresas con ánimo de lucro; en la que las CTA’S tenían su personal directivo, […], la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente le imponía». Agregó que, inclusive, no se había corroborado la existencia del elemento subordinación, por cuanto «Así se deriva de las declaraciones», en razón a que, Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez y Lizmán Bejarano, a quienes se señaló como encargados de asignar los tajos de corte e impartir las órdenes en el lote, no eran las personas que laboraban en campo. Adujo que, «la prestación de servicios personales como corteros de caña de los actores […] no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado [en la] demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada»; que si bien se probó la existencia de

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Radicación n.° 95626 relaciones comerciales entre Pichichí y sus contratistas, no se acreditó que ese vínculo fuera exclusivo, es decir, que estas no tuvieran a su vez ataduras con otros ingenios en la

región. Puntualizó que, en todo caso, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 4588 de 2006 y lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL4479-2020, la contratación de un sub proceso a cargo de terceros es una forma de organización de la empresa permitida legalmente; que, por tanto, la accionada al no ejercer ningún poder subordinante, simplemente hizo uso legítimo de una herramienta normativa (f.° 32 a 53, cuaderno del Tribunal, archivo «2022123843272», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la del juzgado y se acceda a las pretensiones (cuaderno de la Corte, archivo «2023042416808», expediente digital).

Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la

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Radicación n.° 95626 demandada, los cuales serán estudiados conjuntamente, en razón a que, no obstante, se dirigen por sendas de ataque diferentes, comparten argumentos de estimación y persiguen igual finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar la ley por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida, los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990;

5°, 8°, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Señalan que la trasgresión normativa ocurrió como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que de las probaturas detalladas, se obtiene con claridad, que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo de INGENIO PICHICHÍ S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que según la documental, la CTA y SAS contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que de las documentales solamente se infiere que la Cooperativa, SAS y el Ingenio mantuvieron una relación meramente comercial para el corte de caña.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que también quedó probado, que al INGENIO PICHICHÍ S.A. se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las

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empresas oferentes sin que se allegara prueba que desnaturalice su legalidad.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se evidencia objeto o causa ilícita como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes fueron trabajadores asociados voluntariamente a la CTA y SAS.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la CTA’S, S.A.S y el INGENIO se patentizó un negocio jurídico válido.

8. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes prestaron personalmente sus servicios a favor de la demandada

INGENIO PICHICHÍ S.A.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA y SAS, no adelantaron labores con plena autonomía administrativa y financiera.

10. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA y SAS nunca organizaron las actividades a desarrollar por parte de los demandantes asociados.

11. No dar por demostrado, estándolo que la CTA y SAS realizaron sus actividades” con las herramientas de la

contratante INGENIO PICHICHÍ S.A.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHÍ S.A. fue quien suministró las dotaciones a los asociados de la CTA y SAS.

13. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHÍ S.A. fue quien suministró el transporte a los asociados de la CTA y SAS desde sus lugares de residencia hasta las áreas de trabajo y viceversa.

14. No dar por demostrado, estándolo, que las actividades de corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, poda árboles, fumigaciones de maleza, aseo de baño, oficinas, guardavías son actividades propias del objeto social de la

sociedad INGENIO PICHICHÍ S.A.

15. No dar por demostrado, estándolo, que los asociados a la CTA y SAS no tomaron la decisión de disolverse y liquidarse, que dicha decisión provino del contratante INGENIO PICHICHÍ S.A.

16. Dar por demostrado, sin estarlo, que la CTA y SAS fueron autogestionarias.

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Radicación n.° 95626 Aseguran que tales yerros fueron consecuencia de la apreciación errónea de: Las de folios 5 al 27 del cuaderno No. 1 (no fueron nombrados esos folios) pero destacó en que, se dice en la demanda que los servicios de los actores beneficiaron a INGENIO PICHICHÍ S. A., de donde se concluye que el vínculo fue laboral y, por ende, la enjuiciada debe responder por sus acreencias. Las de folios 115 al 133 que aunque no los mencionó, destacó, que el INGENIO en su defensa, dijo que los accionantes, como corteros de caña, prestaron el servicio en virtud de un contrato civil o comercial que suscribieron con algunas CTA’S y S.A.S., entre ellas, las ya referidas, para el corte manual de caña de azúcar. Las de folios 28 al 32 que aunque no mencionó los folios donde se encuentra la prueba, dijo que se muestra el certificado de

existencia y representación legal de INGENIO PICHICHÍ S.A. Las de folios 35 al 55 que aunque no mencionó los folios, dijo que allí están figurando los aportes a seguridad social realizados a favor de los actores, en el subsistema de pensiones, por cuenta de diferentes empleadores, entre los que no figura INGENIO PICHICHÍ S.A.; Las de folios 59 al 68 que aunque no mencionó los folios donde se encuentra la prueba, dijo que también militan documentos relativos a asociaciones sindicales del sector de la caña de azúcar, acta de acuerdo del 21 de junio de 2005 suscrita entre el INGENIO PICHICHÍ S.A. y diferentes Cooperativas y sociedades, cuyos miembros se ocupan del corte de caña de azúcar y la respectiva comprobación de cumplimiento del citado acuerdo, a través de actas No. 012 del 28 de agosto de 2010 y No. 015 del 23 de febrero de 2011. Las de folios 137, 146, 150, 154, 156, y V, 165, 166, 171, 172, 178, 183, 185 CC 071/10, que aunque no mencionó los folios donde se encuentran estas pruebas, dijo el Tribunal, que la demandada allegó copias de diferentes ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas, realizadas con la CTA PRACTICAÑA y contratos de prestación de servicios con CRECIVALORES S.A.S., y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas; todos ellos, con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S.A., o de terceros, en los

sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera.

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Radicación n.° 95626 Se observan copias de los estatutos de diferentes cooperativas demandadas, así como de los respectivos regímenes de trabajo asociado; actas de asamblea de las cooperativas y actas de las reuniones de los consejos de administración, pero el honorable Tribunal no señaló los folios donde se encuentran tales pruebas. En los restantes cuadernos que conforman el expediente, no dijo el Tribunal que se compone de 7 cuadernos, pero señaló que en ellos aparece también copia de facturas presentadas por estas empresas a INGENIO PICHICHÍ S.A., por concepto de corte de caña; recibos de pago de facturación; contrato con abogada; comprobantes de pago a la abogada AMPARO LÓPEZ; y cuentas de cobro a favor de la señora AMPARO LÓPEZ ESPEJO, adeudadas por diferentes CTA’S. El contrato de abogada es el celebrado entre el INGENIO PICHICHÍ y las doctoras AMPARO LÓPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO que exactamente se entra a folios 202 al 205. En los cuadernos de pruebas, se hallan copias de los documentos relativos a la vinculación de accionantes, como certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con la CTA demandada, pago de compensaciones semanales; compensación semestral y anual, aportes a la seguridad social, y nóminas de pago. Las declaraciones de los señores WILLIAM DE JESÚS CALVO

ACEVEDO, JOSÉ LUBÍN COBO SAAVEDRA, adujo que el INGENIO PICHICHÍ contrata con terceros el corte manual de caña; hizo alusión a la aparición de las cooperativas de corteros de caña, indicando que el INGENIO contrató el corte de caña mediante oferta mercantil. Afirman que el Tribunal entró en serias contradicciones al colegir que la accionada no pudo haber sido su empleadora, porque las Actas de 2010 y 2011 que este observó, daban cuenta que la demanda se comprometió a entregar dotaciones, a pagar seguridad social e incapacidades, a suministrar donaciones para vivienda y educación; así como también entregó las capacitaciones para cooperativismo, lo que significa que las contratistas no eran autogestionarias. Refieren que los documentos de «folios 137, 146, 150,

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Radicación n.° 95626 154, 156, y V, 165, 166, 171, 172, 178, 183, 185 CC 071/10 (sic) [...] más exactamente a folios 167 n.° 14, 176 n.° 14, 181 y V n.° 0., 187 y V n.° 0., 187 y V. n.° 13, 198 V n.° 9.24», corroboran que Pichichí era quien imponía sanciones; reclamaba el conocimiento de los antecedentes judiciales y disciplinarios de los trabajadores y definía el retiro del subordinado o la permanencia de este en el lugar de trabajo; que lo último se evidencia en la cláusula décimo sexta de folio

163, cuaderno n.° 1; así como de la información de «f.° 169 y V, 175 V». Sostienen que el sentenciador colectivo valoró los cuadernos n.° 1 a 6 del expediente; que en estos aparecen las ofertas mercantiles; que en dichos medios estaba la obligación de la empresa en erogar el salario mínimo al cabo de campo («f.° 193 y 194»); que, por tanto, si este era el que imponía las órdenes a los corteros, en realidad su actividad como tales, beneficiaba era a Pichichí S. A. Dicen que el Tribunal no apreció en su justa medida el contrato realizado a la Dra. López Espejo, las facturas que ella emitió y los comprobantes de pago, porque de estos se seguía que la demandada disolvió y liquidó a las cooperativas («f.° 202 a 205, cuaderno 1»), pues la remuneración era para su liquidadora; que, si ello fue así, las contratistas para las que prestaron sus servicios, según los «f.° 35 a 55», no pudieron tomarse como autogestionarias. Recalcan que igual conclusión se sigue de las ofertas mercantiles de «folios 137, 146, 150, 154, 156, y V, 165, 166,

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Radicación n.° 95626 171, 172, 178, 183, 185 CC 071/10» folios 161, 168 y V, 174 V, 180» y las de «folios 161, 168 y V, 174 V, 180», porque según esos elementos las cooperativas no tenían recursos propios

para pagar a los acreedores, en la medida que el Ingenio: i) estaba facultado para pagarles en nombre de aquellas a los terceros; ii) entregó $420.000 por cada asociado en los meses de diciembre (f.° 190); iii) donó $15.000.000 con destino al fondo de solidaridad para atender la solvencia («f.° 182»); iv) otorgó el transporte («f.° 197 a 198»); v) concedió el incentivo de producción; vi) suministró las dotaciones de vestido («139 cláusula 5ª. No.3 y V, 141 cláusula 5ª. y VNo.3, 143 cláusula 5ª. y V No.3, 152 cláusula 5ª. No.3 y V, 158 cláusula 4ª. V No.5»). Alegan que del Contrato CC071/10 suscrito con Crecivalores SAS en armonía con el certificado de existencia y representación de la accionada («folios 28 al 32») emerge en evidente que esa sociedad se comportó como una EST, pues se obligó a suministrar a la accionada la mano de obra necesaria para el cumplimiento de su objeto social, como lo era cortar caña y sus complementarios («f.° 186 No. 1.1., 1.2, 1.3., y 2.1.2.»). Plantean que en el hecho sexto de la demanda afirmaron que el Ingenio por medio de la cooperativa y de las SAS realizaron unas deducciones; que en la réplica a ese fundamento fáctico la demandada sostuvo que contrato con esas personas jurídicas en el tiempo indicado en el gestor;

que esos extremos también aparecían corroborados con las

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Radicación n.° 95626 historias laborales de «f.° 35 a 55»; que por tanto, contrario a lo que concluyó el Tribunal, si estaba acreditada la prestación de sus servicio en un período delimitado (cuaderno de la Corte, ibidem).

VII. RÉPLICA Denota que los jueces de instancia decidieron adecuadamente el litigio; que, sin embargo, de encontrarse lo contrario, debía tenerse en cuenta; i) que fue demandado como deudor solidario; ii) que las contratistas pagaron a los recurrentes sus derechos mínimos e irrenunciables, porque según el régimen de compensaciones los conceptos que percibieron tienen su equivalente en las correspondientes prestaciones laborales en cuanto a su monto y periodicidad y iii) que, por tanto, en sentencia de instancia prosperaría la excepción de pago.

Refiere que, en efecto, en el expediente había lo concedido a los impugnantes, así: JAVIER TIGREROS MORENO (SAS Crecivalores: fls. 794 – 801, 842 – 900 Cdno. de pruebas 4; 901 – 904 Cdno. de pruebas 5, CTA Practicaña: 953, 993 Cdno. pruebas 5); DILO MARTÍN PÉREZ CANACUAN (SAS Crecivalores fls. 1002, 1108 – 1167 Cdno pruebas 5; CTA Practicaña 1281 Cdno de pruebas 6); TEÓFILO MORENO IBARBO (CTA Practicaña fls. 1280, 1317); ARISTIPO ESCOBAR (SAS Crecivalores 1168 – 1174 Cdno.

pruebas 6; CTA Practicaña 1359, 1373 -1374, 1404 – 1466, 1476 – 1481 Cdno. pruebas 6). [...] En el cuaderno de pruebas 5, por ejemplo, a folio 953, aparece certificación de historia laboral de JAVIER TIGREROS MORENO de la CTA Practicaña, en la que aparece certificado que en el año

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Radicación n.° 95626 2010 (1 de ene. a 31 dic.) recibió, por compensaciones ordinarias (salario) un total de $6.314.502, que equivale a un promedio mensual de $526.208.5 aproximado; por compensaciones semestrales (primas) recibió $525.998, que equivalen a dos quincenas; por compensación de descanso (vacaciones) $263.031, que equivale a una quincena; por compensación anual (cesantía) $525.998, que equivale a un mes de salario; y por compensación de intereses (intereses a la cesantía) $63.122, que equivale al 12 % anual sobre un salario. [...]. Igualmente, a folios 1002, 1280, 1281, 1359, 1366, aparecen los certificados de historia laboral de los restantes demandantes y se pueden verificar los pagos por la CTA y la SAS. Los pagos certificados por la liquidadora de las CTA están soportados en las nóminas y comprobantes de pago, que reposan en los restantes folios indicados. Repara que es impróspera la denuncia que se realiza sobre la aplicación indebida del artículo 2° del Decreto 2025

de 2011, porque es una norma declarada nula por el Consejo de Estado; que la censura no cuestiona la totalidad de asertos cardinales de la decisión y lo que plantea es una visión alternativa de los medios de prueba; que contrario a lo que aquella propone: 1) Las actas de acuerdo recogen los compromisos a los que arribaron las partes para lograr solventar los bloqueos a las instalaciones del ingenio (f ° 252 a 256, cuaderno principal), por lo que, las obligaciones que asumió, entre ellas: i) realizar donaciones al fondo de solidaridad, vivienda y educación («f.° 182»), ii) facilitar el transporte a los contratistas («f.° 197 a 198, Anexo n.° 1»), iii) suministrar $420.000 para apoyar los procesos productivos («f.° 190 […] 193 a 194»), iv) conceder dotaciones y elementos de trabajo («f.° 139, 143, 152 y 158») «no son indicativos del control

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Radicación n.° 95626 que ejercía el Ingenio sobre las Cooperativas, como se quiere hacer ver, sino, por el contrario, ellos son la consecuencia de las imposiciones ejercidas por los trabajadores asociados» (negritas del original). 2) Los documentos de «f.° 167 No. 14 (los restantes folios 176 No. 14, 181 y v No. 13, 187 y v No. 13, 198 v No. 9.24,», que hacen referencia al contrato de prestación de servicios entre Pichichí y la CTA Practicaña no permiten colegir la

facultad de la primera de imponer sanciones. 3) El de «f.° 163, 169 y 175», no plantea la posibilidad de impedir el ingreso o retiro de socios a su agremiación, sino de hacerlo respecto de los predios bajo su responsabilidad, lo cual, corresponde con un derecho del propietario. 4) El pago al cabo de campo de un salario mínimo mensual vigente no enseña una determinada subordinación respecto de él («f.° 193 a 194»). 5) Las de «f.° 161, 168, 174 v y 180» tampoco hacen alusión a la obligación de pagar deudas a terceros en favor de la cooperativa, porque allí lo que se plasmó fue una cláusula facultativa, por virtud de la cual, en caso de que asumiera esos compromisos económicos, estaba habilitado para descontarles de las sumas que tuviera que reconocer a la última. Argumenta que el corte de caña es un proce