CSJ - SL2741-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casachin Labaral Sala ole DesamassNis N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL2741-2023 Radicación n.° 96419 Acta 41 Bogotá, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por SU SERVICIO TEMPORAL S.A. y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 11 de febrero de 2022, en el proceso que GABRIEL ALBERTO PELAEZ BRAN, en nombre propio y de J.P.P.C., A.J.P.G. y A.M.P.B., y ALEXANDRA MARÍA ZAPATA ORTIZ, en nombre propio y de T.B.Z., instauraron contra las recurrentes y C.I. BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A.

-C.I. BANDACAR S.A-.

I. ANTECEDENTES Los promotores del litigio demandaron el pago solidario de la indemnización plena de perjuicios causados por el accidente de trabajo que sufrió el primero, cuando estaba al

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Radicación n.° 96419 servicio de las demandadas. Reclamaron la indexación y las costas del proceso. Tras referir el vínculo entre cada uno de ellos y demás detalles de su vida familiar, relataron que, el 13 de mayo de 2010, Peláez Bran suscribió contrato de trabajo por duración de obra o labor con la empresa de servicios temporales (EST)

demandada. El día siguiente, se incorporó como trabajador en misión al servicio de C.I. Bandacar S.A., con funciones de apoyo en el área comercial. Sin embargo, fueron modificadas cuando la empresa usuaria decidió enviar al trabajador al proyecto de ampliación de la planta de propiedad de Zona Franca Argos SAS., como ayudante técnico vulcanizador. Precisaron que, en dicho proyecto, Bandacar S.A. tenía a su cargo el mantenimiento de las bandas transportadoras y fue allí donde el 29 de mayo de 2011, a las 5.30 P.M., el trabajador se accidentó cuando participaba en la reparación de una de las bandas, sin que hubiera supervisión, ni capacitación previa. Refirieron que el operario se lastimó la espalda por haber tenido que soportar un peso excesivo sin ayuda mecánica, que le produjo una hernia discal (discopatía degenerativa); luego, fue sometido a cirugía de columna, sin mejoría significativa, hasta que le fue dictaminada pérdida de capacidad laboral (PCL) del 30.85%. C.I. Bandacar S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de carencia de la prueba de compañera permanente, carencia de prueba sobre acogida como padre del menor, culpa exclusiva del

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Radicación n.° 96419 trabajador, inexistencia de solidaridad, e «incoherencia de la solicitud de indemnización con la realidad y la verdad». Dijo que no le constaba el vínculo con el trabajador, ni la dependencia económica de los demás demandantes. Negó que hubiera modificado las funciones del trabajador, en

tanto siempre se desempeñó en el área de logística, supervisión técnica y apoyo comercial, en diferentes frentes de servicio y para diversos proyectos. Aseguró que el trabajador conocía el procedimiento de izado del aparato con el que se produjo el accidente y nunca solicitó ayuda mecánica, por manera que el daño se produjo por sus propios actos, al omitir procedimientos previstos para hacer el trabajo en condiciones seguras. Zona Franca Argos S.A.S. rechazó las pretensiones y planteó las excepciones de carencia de causa para pedir, falta de legitimación tanto por pasiva como por activa y prescripción. Dijo que no le constaba la existencia de vínculo entre los actores, ni las condiciones de la relación de trabajo, porque no fue el empleador. No obstante, admitió que el actor estuvo en sus instalaciones, como operario de Bandacar S.A. Su Servicio Temporal S.A. rechazó las aspiraciones de los accionantes y blandió las excepciones de inexistencia de la obligación, compensación y prescripción. Expuso que no le constaba la existencia de nexos familiares entre los actores y precisó que el trabajador fue vinculado como ayudante logístico, pero la empresa usuaria modificó el rol sin informarle. De esta suerte, solo se enteró del cambio de

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Radicación n.° 96419 condiciones cuando fue notificada del accidente de trabajo. Aseguró que en lo que le concernía, capacitó al demandante para el cumplimiento de las labores que le asignó. En todo caso, dijo, de acuerdo como ocurrió el accidente, el daño se produjo por culpa exclusiva del trabajador.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 1 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena absolvió a las demandadas e impuso a los demandantes las costas del proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de los actores, el Tribunal revocó la sentencia absolutoria del a quo y, en su lugar, resolvió: DECLARAR que se encuentra suficientemente comprobada la culpa del empleador contra (sic) SU EMPRESA TEMPORAL S.A., BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. "C.I. BANDACAR S.A." y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. en el accidente de trabajo padecido por el señor GABRIEL ALBERTO PELikEZ BRAN el 29 de mayo de

2011. CONDENAR a SU EMPRESA TEMPORAL S.A., y solidariamente a BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. "C.I. BANDACAR S.A." y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. a cancelar al señor GABRIEL ALBERTO PELAEZ BRAN, las siguientes sumas de dinero: a) Perjuicios morales: La suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, correspondientes a cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000). b) Lucro cesante consolidado: La suma de cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y dos pesos ($45.962.282). c) Lucro cesante futuro: la suma de cincuenta y siete millones once mil setecientos cincuenta pesos ($ 57.011.750)

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Indexar las sumas reconocidas al momento de su pago en caso de que sobrevenga la devaluación monetaria. En lo que interesa al recurso extraordinario, centró su competencia en verificar si medió culpa patronal en el accidente de trabajo y si los demandados debían responder, directa y solidariamente, por los perjuicios irrogados. Halló indiscutido que el 29 de mayo de 2011, Peláez Bran sufrió un accidente de trabajo, según reporte obrante de folios 72 a 73 y 166. También que, Con ocasión de las lesiones generadas, perdió el 30.85% de su capacidad para trabajar desde el 20 de septiembre de 2012, según dictamen de folios 166 a 170. Recordó que la carga de demostrar la culpa del empleador en el accidente de trabajo, por regla general, gravita sobre la parte actora. No obstante, agregó, ello varía, excepcionalmente, «cuando el trabajador indica que el empleador no cumplió las obligaciones de protección y de seguridad, circunstancia en que la carga de la prueba que desvirtúe la culpa se traslada a quien ha debido obrar con diligencia en los términos del artículo 1604 del Código Civil». Citó apartes de la sentencia CSJ SL1897-2021. Puso de presente que la parte demandante adujo falta de capacitación, de medidas de prevención e «incumplimiento de normas de salud ocupacional al levantar una máquina con un peso superior al legalmente permitido sin ayuda mecánica».

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Radicación n.° 96419 De la lectura del contrato de trabajo celebrado con Su Servicio Temporal S.A., extrajo que el ingreso del trabajador

se produjo el 16 de mayo de 2011, para desempeñarse como «logístico», tal cual fue asignado por Bandacar S.A., como empresa usuaria. Explicó que, de acuerdo con lo declarado por el representante legal de la EST, por logística se entendía el «traslado, movimientos, coordinación de temas de transporte, almacenaje, manejo de inventario, estrategia de movimiento, funciones que disienten en su totalidad a las realizadas por el actor al momento del accidente». Con ello, descartó lo afirmado por la empresa usuaria en cuanto a que, desde el momento del enganche a través de la empresa de servicios temporales (EST), el trabajador tenía a su cargo funciones diferentes o adicionales a la logística, en especial, las que ejecutaba al momento del accidente.

Asentó: Así las cosas, (...) la reparación de bandas, oficio al que se dedicaba el señor GABRIEL ALBERTO PELÁEZ BRAN, no era una actividad para la cual fue contratado, circunstancia de la cual da cuenta tanto el contrato de trabajo, así como la solicitud del trabajador en misión realizada por la misma empresa usuaria demandada CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A, y la declaración realizada por la representante legal de SU SERVICIO TEMPORAL,i ncurriéndose en una violación al objeto contractual del trabajador.

Agregó que, tampoco, el trabajador recibió capacitación para el desempeño de esas labores nuevas o adicionales, en tanto la EST solo lo instruyó en asuntos genéricos como el autocuidado y «cosas de parte ergonómica y cuidado osteomuscular», porque la formación específica estaba a cargo

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51 Radicación n.° 96419 de la usuaria, según lo afirmó el representante legal de Su Empresa Temporal S.A. Anotó que el representante legal de Bandacar S.A., admitió no tener pruebas de las capacitaciones impartidas al trabajador, ni de la entrega del procedimiento para reparar bandas. Descartó que las simples afirmaciones sobre destreza del operario y que el verdadero entrenamiento se hacía en la práctica o en el terreno, ofreciera una perspectiva distinta acerca del incumplimiento de esa obligación elemental de capacitación; con mayor razón, recalcó, si no existía prueba de esto último, a más que el trabajador que acompañaba al actor, atestiguó que nunca recibieron adiestramiento en salud ocupacional «y que la única capacitación que él hizo fue la de inducción para ingresar a ZONA FRANCA, pero no era de pesos, sino de sonido, sirenas y emergencias». Añadió que las únicas capacitaciones acreditadas en el proceso en punto a «levantamiento manual de cargas pequeñas y medianas. Higiene postural)) (fls. 298 al 303), fueron posteriores al accidente. Recalcó que el patrono estaba compelido a suministrar formación necesaria e idónea en aras de garantizar seguridad y salud al dador de la fuerza de trabajo en la ejecución de sus actividades, «pues es el conocimiento que tenga (...) sobre cómo ejecutar el trabajo, lo que en determinado momento le permitiría minimizar los riesgos de accidentalidad". Esa capacitación, agregó, se revela como elemento relevante de protección y seguridad, que debe ser proporcionado por el empleador.

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Radicación n.° 96419 Acotó que la necesidad de que el procedimiento de levantamiento de la maquinaria se realizara con ayuda mecánica, fue admitida por el representante legal de Bandacar S.A., quien manifestó, incluso, que solo «hasta al momento del accidentef ue que se enteraron que realizaban el trabajo sin ayuda mecánica». Continuó: De igual forma, el testigo GUSTAVO VERGEL, compañero de trabajo del actor señaló que la actividad en cuestión, debía realizarse con ayuda mecánica dado que la plancha que se encontraba alzando el señor GABRIEL PELÁEZ BRAN, era muy pesada ya que el peso era entre 180 y 200 kilos, aseverando que la ayuda mecánica había sido solicitada a ARGOS, pero no fue suministrada y que, aun cuando se indicó que era costumbre que las planchas a nivel de piso fueran cargadas por los trabajadores, como lo dejó ver el testigo fléctor Guillen, finalmente, terminó reconociendo que no era el deber ser y se requería de la ayuda mecánica y que pese a ser ingeniero mecánico, finalmente, reconoció que no era especialista en el manejo de la prensa vulcanizadora ni bandas. Así las cosas, confesado por el representante legal de CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A., la necesidad de implementar la ayuda mecánica, lo cual fue confirmado por el testigo GUSTAVO VERGEL, a juicio de la Sala, el enrollamiento de la cadena no exonera de la culpa patronal, en tanto y en cuanto, de haberse empleado la ayuda mecánica para

la manipulación de la plancha, no hubiera tenido el señor PELAEZ BRAN que alzar su peso manual. Desestimó que el trabajador fuera el único responsable del accidente, como lo adujeron las enjuiciadas, por haber realizado la maniobra sin esperar el suministro de la ayuda mecánica, como quiera que el empleador debía asegurarse de que sus trabajadores contaran con todos los elementos de trabajo y protección. Agregó que, en este caso, conforme el relato de los representantes legales de las EST y la usuaria, esta debía suministrar los instrumentos técnicos requeridos para la labor, pero no contaba con ellos; en especial, con el

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62Radicación n.° 96419 «servicio de ayuda mecánica o grúa, y que ésta entraba de forma adicional en el servicio que trataban los clientes, pero como en ese caso ARGOS no lo solicitó, era éste quien debía suministrarla, lo cual no ocurrió». Sobre la insistencia de Bandacar S.A. en que «la decisión del trabajador de realizar el trabajo sin la ayuda mecánica fue propia», precisó que según sentencias CSJ SL 3176-2021 y CSJ 5L4397-2020, no puede trasladarse al trabajador la obligación empresarial de procurar medidas y elementos adecuados de protección contra accidentes, como lo exige el numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. De esta suerte, acotó, no es procedente excusar la responsabilidad patronal en un posible actuar inseguro del trabajador, si está plenamente demostrada la omisión de

protección por parte del empresario, como ocurrió. Discurrió: En el presente caso, deviene que no fueron desplegadas las labores de supervisión y control por parte del empleador SU SERVICIO TEMPORALES, con la finalidad de asegurar por parte de la usuaria CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. el cumplimiento de las normas y parámetros para preservar la seguridad en el trabajo del señor GABRIEL ALBERTO PELÁEZ, en tanto y en cuanto actuó con total omisión, excusándose en una negligencia por parte de éste y cuando quiera que el trabajo debía realizarse con una ayuda mecánica, de la cual no disponía la usuaria, quien tampoco indicó con claridad los mecanismos de supervisión o inspección establecidos para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, ni las razones contundentes por las cuales no se encontraba presente un supervisor o el SISO que debía cubrir la ejecución del trabajo, según la misma declaración del representante legal de la

demandada CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A.

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Radicación n.° 96419 Memoró la sentencia que identificó con radicado 32198, para enfatizar que si un trabajador en misión sufre un infortunio laboral por culpa del usuario, porque este incumplió los compromisos adquiridos con la EST, en punto a seguridad industrial o por una imprevisión injustificada, «la culpa se transfiere a la E.S .T., en tanto delegante del poder de subordinación pero exclusiva en la carga patronal, sin perjuicio del derecho de ella a repetir o reclamar a la usuaria los perjuicios por el incumplimiento contractual si este se

presenta». Continuó: Las anteriores razones, son suficientes para revocar la absolución dictada por el A-quo, pues se considera suficientemente comprobada la ocurrencia del accidente de trabajo, la lesión orgánica sufrida por el señor PELAEZ BRAN, y el nexo causal entre su padecimiento y el deber de supervisión y control de la empleadora respecto de la actividad desplegada por su trabajador en la empresa usuaria, quien omitió los deberes de protección y prevención, por cuanto, se recapitula, se le asignó al referenciado trabajador unas labores ajenas a las que fue contratado, sin que se le impartiera la correspondiente capacitación para el desempeño del cargo y se le proporcionara la ayuda mecánica que requería para desarrollar la actividad en la que sufrió el accidente de trabajo, ni se desplegara la supervisión, inspección, control y exigencia de las medidas respectivas, tendientes a garantizar la integridad del trabajador, lo cual no fue en manera alguna desvirtuado en el proceso, pues todo lo contrario, se acreditó que se permitió que el señor PELAEZ BRAN realizara las actividades de reparación de bandas, labor para la cual además no había sido contratado, sin la correspondiente capacitación e inducción, evidenciándose la falta de diligencia y cuidado generadora de la culpa patronal por negligencia. Dicho esto, se ocupó de tasar cada uno de los perjuicios irrogados a los demandantes y señaló la responsabilidad de las convocadas, bien fuera directamente, en el caso de la

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Radicación n.° 96419 EST, ora como obligadas solidarias, en el de Bandacar S.A. y Zona Franca Argos SAS. Sobre esto último, acotó que: [...] la solidaridad de la que trata el artículo 34 del CST, es la que se presenta en los ca[s]os de contratista independiente con el beneficiario de la obra, situación diferente a la que se plantea en el caso de marras, atendiendo a que tanto en la demanda como en el curso del litigio no se ha establecido una situación diferente a que el señor GABRIEL ALBERTO PELÁEZ BRAN era trabajador de la empresa de servicios temporales SU SERVICIO TEMPORAL S.A. y fue enviado en calidad de trabajador en misión a la demandada CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A., es decir, bajo una situación de intermediación prevista por la Ley 50 de 1990 y no de externalización laboral (como en el caso de contratistas independientes). Recuérdese que las empresas de servicios temporales remiten personal propio(s) (trabajadores en misión) a otra persona usuaria, en este caso jurídica, CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A., para que de forma temporal ejecute actividades de esta última por el lapso permitido por la ley; en consecuencia, atendiendo que la empresa de servicios temporales es el verdadero empleador, y que solo delega en el usuario la subordinación relativa del trabajador en misión, la solidaridad en relación con el incumplimiento de obligaciones que puede establecerse respecto a las empresas usuarias se aplica únicamente por excepción. Tras repasar la sentencia CSJ SL4162-2021, estimó que los supuestos del litigio se adecuaban a una de las

«excepciones sobre las cuales se configuraría la responsabilidad solidaria entre las empresas de servicios temporales y las usuarias», toda vez que el trabajador sufrió «un infortunio laboral por orden de la empresa usuaria en una labor distinta a la que generó el envío de aquel por parte de la E.S .T . (CSJ SL15195-2017)». Destacó que el trabajador fue enviado por la EST para que se desempeñara en logística, pero la empresa usuaria,

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Radicación n.° 96419 Bandacar S.A., le asignó labores totalmente diferentes, relacionadas con el mantenimiento y reparación de bandas, «sin previo aviso a la empresa de servicios temporales, modificando la solicitud de trabajador en misión previamente remitida a la EST». En ese horizonte, anticipó que «declararía a la empresa CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A., solidariamente responsable de las condenas aquí impuestas». Precisó que, otro tanto, ocurriría con Zona Franca Argos SAS, porque esta «actuaba en calidad de beneficiaria de la empresa CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A., con quien celebró un contrato de prestación de servicio de la reparación de bandas, de manera que su situación debe ser analizada a las voces del artículo 34 del CST». Consideró que ello también lucía posible a la luz del numeral 2 de dicha disposición, en la medida en que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra era solidariamente responsable de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso en que los contratistas no estuvieran autorizados para subcontratar. Concluyó que:

Bajo tal premisa, resulta imperante extender la solidaridad a la empresa ZONA FRANCA ARGOS, dado que era el beneficiario del trabajo, puesto que el accidente de trabajo padecido por el señor GABRIEL ALBERTO PELAEZ BRAN, acaeció cuando éste reparaba una de las bandas de propiedad de esta demandada, la cual resultaba necesaria para la ejecución del trabajo de la planta tal como lo señaló el testigo Héctor Guillen Tabares, ingeniero mecánico de la empresa ZONA FRANCA ARGOS, de manera que la labor realizada por el referido actor no era extraña a las actividades de dicha empresa, por lo que al derivarse el nexo de una

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54 Radicación n.° 96419 subcontratación realizada por la prestadora de servicio CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. y verificarse los elementos la solidaridad, también se condenará de forma solidaria a la empresa

ZONA FRANCA ARGOS.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE ZONA FRANCA ARGOS SAS Interpuesto por esta demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante dos cargos, replicados en tiempo, pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo o, en su defecto, se le exonere de las condenas impuestas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa violación directa, por infracción directa, de los artículos 177 y 192 del Código General del Proceso, en relación con los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 e inciso

1.0, artículo 65, de la Ley 1437 de 2011, en relación con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Aplicación indebida de los artículos 60,6 1 y 62 y 191 del Código General del Proceso. Aplicación indebida del artículo 58, numeral 7, del Código Sustantivo del Trabajo; 85, literal a), de «la Ley de 19790; y 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, que sirvieron como «el vehículo para la vulneración del art. 216 del C.S .T , en relación con el art. 19 del mismo C.S .T y arts. 1613y 1614 del C.C.» .

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Radicación n.° 96419 Reprocha que, para llegar a la culpa suficientemente demostrada en el accidente de trabajo y a la inexistencia de causa extraña que la enervara, el Tribunal acudiera a «la confesión del representante legal de la codemandada CI BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. ---reiterada por el dicho del testigo de apellido VERGEL---», en tanto una y otra apuntaron a «una supuesta necesidad de involucrar una "ayuda mecánica" para el cargue y descargue envuelta en el incidente». Sostiene que el Tribunal se equivocó al no tener en cuenta que según el artículo 192 del Código General del Proceso, el dicho del representante legal de Bandacar S.A. «no podía tenerse como "confesión" de la exigencia de una ayuda mecánica en el cargue y descargue de la pieza o equipo». Estima que sin que sea «menester profundizar en cuál

de los tipos de pluralidad de querellados se acopla la situación de mi mandante y las restantes condenadas», lo cierto es que, al tenor de esa norma adjetiva, lo afirmado o admitido por uno de los demandados, «aun reuniendo los requisitos para entenderla como "confesión"p revistos en el art. 191 del C.G.P., poseería solo valor testimonial». Agrega que la declaración del representante legal de Bandacar S.A., ni el testimonio mencionado, podían resultar concluyentes a la hora de definir si para levantar la maquinaria a reparar era necesario emplear una ayuda mecánica, porque no hay un precepto «de dicho orden, el jurídico, que indicaría la prohibición de mover una carga de tal magnitud ("entre 180 y 200 kilos"), incluso entre varias

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55 Radicación n.° 96419 personas en el ámbito laboral» y, en cambio, «revisado el orden jurídico nacional y, de manera particular, los hipotéticos estatutos que deberían contemplar una "norma" como la que involucraría el discurso del Tribunal y, contrario sensu, una que sí habilitaría el cargue y descargue de un objeto como el descrito». Asegura que tal norma no es otra que la Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979, «ya en boga para la época de los hechos», en tanto sus preceptos «viabilizan el cargue manual, pero en equipo de un objeto con un peso como el que se refiere ocurrió en el sub lite». Remite al parágrafo del artículo 389 de la Resolución, «que recomienda las "ayudas o dispositivos mecánicos si es posible, o con la ayuda de otros

trabajadores designados por el Supervisor o Capataz"»; también, al artículo 392 de la misma norma, «que limita expresamente el peso de cargas con 25 kilogramos "para un trabajador", pero no para un equipo o grupo de trabajadores».

VII. CARGO SEGUNDO Acusa violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 34 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, (((...) a las que se arribó por medio de la misma vía y modalidadindirecta y aplicación indebidadel artículo 281 del C.G.P., en relación con el artículo 145 del CPTSS».

Trascribe el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, para poner de relieve que «no se lograría con la mera invocación de ser la codemandada un "contratista", o de

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Radicación n.° 96419 "subcontratista", para que se logre imputar con éxito la condición de deudor solidario de determinadas acreencias laborales al "contratante" o "beneficiario"». Asegura que conforme esa disposición, se requiere de «múltiples condicionamientos: contratar a 'precio determinado", "asumiendo todos los riesgos", realizando la obra o trabajo acordados "con sus propios medios" y,f inalmente, "con plena libertad y autonomía técnica y directiva"». Anota que así se ha razonado en múltiples ocasiones, desde la época del Tribunal Supremo hasta nuestros días. Destaca las providencias «CSJ, Sala de Casación Laboral, en GJ, tomo XCI, Nos. 2217 a 2219, página 1179», «CSJ, Sala de

Casación Laboral, sentencia de 23 de septiembre de 1960, en GJ CXCIII Nos 2230 a 2231, páginas 910y ss». Reprocha que el Tribunal sustentara su decisión en el 2.° numeral del artículo 34 del estatuto laboral. Explica que «ese no es el ejercicio que aborda el Tribunal, circunscrito a un supuesto "contrato de servicios" y ser mi mandante quien se habría beneficiado de la actividad del accionante», lo que torna «palmaria la interpretación deficiente de los dos incisos del art. 34 en C.S.T.»

VIII. RÉPLICA La parte demandante hace un recuento de las pruebas y de la decisión de segundo grado y afirma que debe mantenerse, porque se ajusta a los hechos acreditados y al marco legal aplicable.

SCLAJPT-10 V.00 16 5 , Radicación n.° 96419 Su Servicio Temporal S.A. manifiesta estar de acuerdo con el sentido y propósito del primer cargo, pero anota que el segundo no puede prosperar, porque el Tribunal no desacertó al extender las condenas a la recurrente.

IX. CONSIDERACIONES Dada la senda de ataque, no está en discusión que Gabriel Alberto Peláez Bran, trabajador en misión contratado por Su Servicio Temporal S.A. y puesto a órdenes de la usuaria Bandacar S.A., sufrió un accidente de trabajo cuando desempeñaba labores de mantenimiento en las instalaciones de Zona Franca Argos SAS, el 29 de mayo de

2011. Tampoco, que esas labores diferían de lo pactado entre la empresa de servicios temporales y la usuaria, y fueron

asignadas por esta última. De igual manera, se deja fuera de controversia que el operario no fue capacitado previamente para desempeñar las referidas labores, ni él o su equipo contaban con ayudas mecánicas para el levantamiento de un elemento cercano a los 200 kilogramos. Así mismo, está al margen del debate en sede extraordinaria que, con ocasión de los hechos descritos, el trabajador perdió el 30.85% de su capacidad laboral desde el 20 de septiembre de 2012. También, los vínculos y demás circunstancias asociadas a los integrantes de la parte demandante, que legitimaron las condenas a su favor. En lo fundamental, el juez colegiado de instancia consideró configurados los supuestos del artículo 216 del

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Radicación n.° 96419 Código Sustantivo del Trabajo, dado que la empresa usuaria actuó negligentemente por asignar al trabajador funciones adicionales y diferentes a las que correspondían a su misión, no capacitarlo para su ejecución y omitir la entrega de ayudas mecánicas para el cargue de elementos pesados como el que originó el infortunio laboral. Tras concluir que el escenario descrito se adecuaba a uno de los supuestos excepcionales en que una empresa usuaria está llamada a responder por obligaciones de índole laboral a favor de trabajadores en misión, como la indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, identificó a Zona Franca SAS como la sociedad contratante, por tanto beneficiaria de la obra o labor en la que participaba el trabajador. Estimó viable, entonces, extenderle la condena, por la vía del artículo 34, numeral 2,

ibídem, dada la relación entre el giro normal de las operaciones empresariales y la actividad de mantenimiento contratada. En el primer cargo, Zona Franca Argos SAS cuestiona que el Tribunal llegara a la responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo a través de la declaración del representante legal de Bandacar S.A., en tanto de allí derivó confesión de que el levantamiento de elementos pesados, como aquel en que intervino el trabajador, requería de una ayuda mecánica que no fue suministrada. Arguye que, al margen de que se tratara de un litisconsorcio necesario o facultativo, la declaración de uno de los integrantes del extremo pasivo solo puede tener valor de testimonio de cara

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5 Radicación n.° 96419 a los demás accionados, al tenor del artículo 192 del Código General del Proceso, por manera que no le puede generar consecuencias adversas a título de confesión. También, reprocha que apenas con apoyo en esa declaración y en la prueba testimonial, el ad quem coligiera que la culpa patronal se originó en la falta de suministro de esa ayuda mecánica, siendo que la norma aplicable no lo exige y, en cambio, habilita que tal procedimiento se realice por parte de un equipo de trabajadores, como se hizo, sin más aditamentos o mecanismos especiales. En el segundo cargo, cuestiona la intelección del artículo 34 del estatuto laboral. Asevera que el Tribunal inobservó que la responsabilidad solidaria no pasa simplemente por invocar condiciones como la de contratista, subcontratista y contratante o beneficiario. Arguye que era

imprescindible despejar «múltiples condicionamientos: contratar a "precio determinado", "asumiendo todos los riesgos", realizando la obra o trabajo acordados "con sus propios me