CSJ - SL2742-2024

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ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2742-2024 Radicación n.° 102816 Acta 35 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. , contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que le instauró

FABIOLA GONZÁLEZ ARBOLEDA.

I. ANTECEDENTES Fabiola González Arboleda demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir S.A.), con el fin de que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes porRadicación n.° 102816

SCLAJPT-10 V.00 2 la muerte de su hijo, los intereses moratorios, o subsidiariamente la indexación. En sustento de sus pretensiones, informó que Iván Darío Arana González cotizó a Porvenir S.A., un total de 57 semanas, entre noviembre de 2015 y abril de 2017, siendo su último empleador Pollos Bucanero, quien le pagaba $1.004.000; y a ella, en su calidad de madre, le fueron

semanas, entre noviembre de 2015 y abril de 2017, siendo su último empleador Pollos Bucanero, quien le pagaba $1.004.000; y a ella, en su calidad de madre, le fueron entregados $581.241, por concepto de liquidación de los derechos laborales. Precisó que aquel murió el 7 de mayo de 2017, a causa de una falla respiratoria, sin tener esposa, compañera permanente ni hijos a cargo y ella era su dependiente económica. Comentó que vivían juntos, con su pareja y padre del afiliado, César Iván Arana Benítez, en la finca el «Samancito» en el municipio de Yotoco. Así mismo, que el 9 de marzo de 2018, reclamó ante la demandada el reconocimiento del derecho, el cual no fue contestado. Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones y aceptó las semanas cotizadas por el afiliado; que aquel estaba laborando para el momento de su muerte; la fecha del fallecimiento; la convivencia entre la demandante y el señor Arana Benítez; que el asegurado vivía en el domicilio de sus padres y la reclamación pensional.Radicación n.° 102816

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Argumentó que la madre no acreditó su calidad como beneficiaria del derecho, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto no demostró que dependía económicamente de su hijo. Como excepciones, planteó las de falta de integración

beneficiaria del derecho, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto no demostró que dependía económicamente de su hijo. Como excepciones, planteó las de falta de integración del contradictorio, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, afectación de la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 17 de septiembre de 2021, el Juzgado Diecisiete

Laboral del Circuito de Cali, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la entidad demandada […].

SEGUNDO: CONDENAR a […] PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor de la señora FABIOLA GONZÁLEZ ARBOLEDA […], la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia, a partir del 7 de mayo de 2017, fecha del fallecimiento del joven IVÁN DARÍO ARANA GONZÁLEZ, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 13 mesadas anuales junto con los incrementos de ley. Lo adeudado por concepto de mesadas pensionales causadas desde [el] 07 de mayo de 2017 y el 31 de agosto de 2021 asciende a la suma de $46.117.801 conforme se explicó en precedencia.

TERCERO: CONDENAR a […] PORVENIR S.A. reconocer y

pagar a favor de la señora FABIOLA GONZÁLEZ ARBOLEDA, los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre la totalidad de las mesadas insolutas las cuales constituyen el capital; intereses que se generan a partir del 08 de mayo de 2018 y hasta que se efectúe el pago de la obligación debida […].

CUARTO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo generado por concepto de mesadas pensionales ordinarias, el monto de los aportes al sistema de seguridad social en salud que le corresponde a la demandante y losRadicación n.° 102816

SCLAJPT-10 V.00 4 remita de manera directa a la EPS a la cual se encuentre afiliada aquella.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A., la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 7 de octubre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.

Como problema jurídico, se propuso resolver si Fabiola González Arboleda, dependía económicamente de su hijo fallecido y, por tanto, era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada. Recordó que como lo había dicho reiteradamente esta Corporación, la norma que regulaba dicho reconocimiento, era la que estuviera vigente al momento del deceso del

sobrevivientes reclamada. Recordó que como lo había dicho reiteradamente esta Corporación, la norma que regulaba dicho reconocimiento, era la que estuviera vigente al momento del deceso del afiliado, la cual, en el presente asunto, era la Ley 797 de 2003, toda vez que el señor Arana González murió el 7 de mayo de 2017. Sostuvo que la disposición exigía para la causación del derecho, que el afiliado hubiera cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, las cuales acreditó el asegurado, tal cual lo aceptó la propia entidad en su contestación a la demanda y en el recurso de apelación. Copió el literal c) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993 y mencionó que, en lo relacionado con la dependenciaRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 5 económica que se exigía a los padres respecto de los hijos fallecidos, la norma no señalaba que debía ser total o absoluta, como lo dijo también la Corte Constitucional en la providencia CC C-111 de 2006. En ese sentido, agregó que esta Corporación entre otras, en las sentencias CSJ SL400-2013 y CSJ SL63902016, consideró que, para adquirir la pensión, resultaba necesario que existiera una sujeción financiera de los padres frente al causante, no obstante, ello no significaba que aquellos no pudieran «[…] percibir rentas o ingresos

necesario que existiera una sujeción financiera de los padres frente al causante, no obstante, ello no significaba que aquellos no pudieran «[…] percibir rentas o ingresos adicionales», siempre cuando, no fueran «[…] suficientes para garantizar su independencia económica». Resaltó que el testigo, Jesús Fernando Villada, contó que la demandante vivía con su esposo y tres hijos, incluido el fallecido, quien le ayudaba a sus padres, por cuanto, este le «[…] comentó que les entregaba económicamente la suma de $300.000 mensuales ». También expuso que el esposo de aquella se dedicaba a la administración de ganado; en el lugar que residían no pagaban arrendamiento y que ella no «[…] recibía remuneración por vivir en la finca y/u otra actividad». Indicó que, por su parte, el declarante Alexander Trujillo Garzón, informó que el asegurado trabajaba para una empresa de pollo y se encargaba del sostenimiento de su madre, toda vez que le hacía un aporte económico quincenal, dado que ella no laboraba ni tenía otro ingreso de dinero.Radicación n.° 102816

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Destacó que César Iván Arana Benítez, compañero de la señora González Arboleda, sostuvo que su hijo le «[…]

aportaba en la suma de $300.000 quincenal a la mamá para los gastos de ella (ropa, zapatos, aseo), ya que con lo que él ganaba no alcanzaba porque no es más de un mínimo». Afirmó que Fabiola González Arboleda, en su interrogatorio de parte, enfatizó que era ama de casa y que su hijo trabajaba y devengaba «[…] un poco más del mínimo como salario», por lo que le colaboraba mensualmente con $300.000. En el mismo sentido, subrayó que la declarante, comentó que su esposo era mayordomo; era él quien asumía los gastos del hogar, aunque no pagaban arrendamiento por el lugar en donde vivían, con dos hermanos menores del fallecido, y el aporte que este le daba era para sus propios gastos, «[…] pues los destinaba para sus salidas, gastos médicos y sus otros dos hijos». Así, consideró que las pruebas, daban cuenta del compromiso económico que tenía el causante con su madre, del cual se derivaba una dependencia, que «[…] aunque parcial, era de gran relevancia para cubrir sus necesidades » básicas, toda vez que los ingresos de su compañero eran insuficientes, de suerte que no contaba con la autonomía que le permitiera «[…] proveerse su congrua subsistencia».

Dijo que la asignación entregada por el asegurado a su madre, no se constituía en una simple colaboración que leRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 7 suministrara un buen hijo, sino que eran aportes periódicos con los que se cubrían los gastos familiares y médicos. Adicionalmente, reseñó: Lo anterior es el vivo ejemplo de que, el hecho de percibir ayuda adicional a la del de cujus no tiene la contundencia suficiente para desdibujar la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fallecido, en tanto que lo reflejado probatoriamente, insiste la colegiatura es una realidad totalmente distinta, debido a que los ingresos percibidos por el señor César Iván Arana como esposo no alcanzan ya no son más de un salario mínimo. Además, esa circunstancia por sí sola no demuestra la dependencia económica hacia otra persona diferente al causante como lo quiere hacer ver la demandada, en tanto que la prestación económica fue negada tomando en consideración los supuestos ingresos y dependencia en favor del padre del causante, pero la señora Fabiola González Arboleda dejó claro que esos ingresos correspondían al sostenimiento del hogar, pues, no percibe más de un salario mínimo, que de igual forma existen otros dos hijos menores al momento del fallecimiento del señor Iván Darío, que no labora y que el dinero entregado por el causante lo destina para sus necesidades personales, familiares y médicos. Tal conclusión se acompasa con la postura adoptada por la Sala

del señor Iván Darío, que no labora y que el dinero entregado por el causante lo destina para sus necesidades personales, familiares y médicos. Tal conclusión se acompasa con la postura adoptada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que al no exigirse la dependencia económica de manera total y absoluta, la progenitora del afiliado puede tener alguna otra fuente de ingresos, siempre y cuando no llegue a tener la suficiente solvencia económica para atender por sí misma sus necesidades, característica que no se advierte en el caso de marras, pese a que la demandada endilgó la dependencia en favor del padre del causante, y no tuvo en cuenta que el aporte que hacía el causante cobraba suma importancia en su vida en virtud de que complementaba en mayor medida su sustento mensual. En consecuencia, dedujo que la demandante acreditaba las exigencias del literal c) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiaria de la prestación.Radicación n.° 102816

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En relación con la condena por intereses moratorios, consideró que eran procedentes, de conformidad con la sentencia CSJ SL4171-2021. Finalmente, dijo que las costas se imponían a quien resultara vencido en el proceso, en atención a lo regulado por el artículo 365 del Código General del Proceso y a lo mencionado en la sentencia CC C-089 de 2002.

costas se imponían a quien resultara vencido en el proceso, en atención a lo regulado por el artículo 365 del Código General del Proceso y a lo mencionado en la sentencia CC C-089 de 2002.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir S.A. concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve en los términos presentados y de acuerdo con los alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y se la absuelva de las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no fue replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 yRadicación n.° 102816

SCLAJPT-10 V.00 9 por la infracción directa del 28 del Código Civil; 164, 167 y 221 numeral 3° del Código General del Proceso; 60 y 61 del estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 29 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005. Aduce que el Tribunal, incurrió en el error de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora González dependía en términos económicos del causante cuando no hay

de 2005. Aduce que el Tribunal, incurrió en el error de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora González dependía en términos económicos del causante cuando no hay prueba que corrobore la existencia de una contribución monetaria permanente, concomitante con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante de su mínimo vital y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era simple ayuda brindada por un buen hijo, sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él. Explica que la segunda instancia se equivocó al apreciar erradamente i) la confesión en la que incurrió la señora González Arboleda en su interrogatorio de parte y, ii) los testimonios de Jesús Fernando Villada, Alexander Trujillo Garzón y César Iván Benítez. Advierte que no tuvo en cuenta, i) la liquidación del contrato de trabajo a término fijo; ii) la relación de los aportes hechos en Porvenir S.A. por Iván Darío Arana González ni iii) el formulario de solicitud por sobrevivencia para padres. Argumenta que es deber del juez fundamentar su sentencia en hechos comprobados y no en suposiciones, tal cual ocurrió en el presente asunto, toda vez que, de la

para padres. Argumenta que es deber del juez fundamentar su sentencia en hechos comprobados y no en suposiciones, tal cual ocurrió en el presente asunto, toda vez que, de la relación de aportes del afiliado, se extracta que aquel noRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 10 laboró de forma continua, por cuanto, entre julio y noviembre de 2016, estuvo cesante. Además, no prestó servicios por «[…] periodos completos de 30 días». Sostiene que ello «[…] cierne un grueso manto de duda sobre la posibilidad de que el difunto», tuviera la solvencia económica para sostener económicamente a su madre, por lo que «[…] nadie puede dar lo que no tiene». Adicionalmente, asegura que el afiliado no contaba con un contrato de trabajo a término indefinido, sino fijo, tal cual lo revela su liquidación, lo que «[…] refuerza la idea [de] que sus ingresos no eran constantes y, por ende, el apoyo a su progenitora tampoco podía serlo». Dice que la demandante incurrió en confesión, toda vez que informó que convive con su compañero permanente desde hacía 29 años; que no tienen gastos de arrendamiento ni de servicios públicos y que aquel era quien le proveía todo lo necesario para su subsistencia, de suerte que la ayuda que le proporcionaba su hijo era «[…] suntuaria pues si nada cambió entre el momento del óbito y el del interrogatorio e inexplicable el hecho de que ahora el

quien le proveía todo lo necesario para su subsistencia, de suerte que la ayuda que le proporcionaba su hijo era «[…] suntuaria pues si nada cambió entre el momento del óbito y el del interrogatorio e inexplicable el hecho de que ahora el esposo pueda cubrir sus necesidades pero en vida del hijo no estaba en capacidad de hacerlo». Agrega que la declarante, señaló que el causante le daba $300.000 mensuales, de los cuales $150.000 se utilizaban para la alimentación, por lo que emerge evidenteRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 11 que la contribución que hacía era de «[…] poca significancia frente al aporte paterno». Referencia que ella comentó que el aporte económico que le brindaba su hijo era para el pago de transportes a citas médicas, sin embargo, con posterioridad, indicó que no padecía ninguna enfermedad. Como soporte transcribe extractos de las sentencias CSJ SL15116-2014 y CSJ SL3967-2022. Explica que el formulario de solicitud por sobrevivencia para padres da cuenta que el señor Arana Benítez, está afiliado a Coomeva como cotizante, siendo beneficiaria, la demandante. Copia un extracto del fallo CSJ SL8406-2015 y afirma que la contribución que realizaba el afiliado a su mamá no era imprescindible para que ella tuviera una vida digna, sino que era un «[…] regalo para hacerle la vía más cómoda o llevadera […], pero no era definitiva para garantizarle su

era imprescindible para que ella tuviera una vida digna, sino que era un «[…] regalo para hacerle la vía más cómoda o llevadera […], pero no era definitiva para garantizarle su mínimo vital, que le era proveído por su compañero». Resalta que, […] no hay prueba contundente de que hubiera una subvención del muerto o de que si la hubiere tuviese la magnitud requerida para entenderse como creadora de una sujeción financiera de la progenitora frente a él, nada obsta para concluir que no quedó refrendado el requisito legal del sometimiento financiero de la señora González y, por ende, a diferencia de lo erradamente decidido por el Tribunal lo procedente hubiera sido absolver a la entidad frente a todo lo reclamado en su contra.Radicación n.° 102816

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Agrega que se equivocó el Tribunal en la valoración de la declaración de Jesús Fernando Villada, por cuanto, le «[…] dio total credibilidad a unas palabras inocuas que, desde luego, no pueden ser base para una condena a pagar la pensión impetrada». En punto al testimonio de Alexander Trujillo Garzón, dijo que este no presenció la entrega de ese socorro, pese a las supuestas visitas que hizo a la casa de la demandante. Adicionalmente, expuso que «[…] si en gracia de discusión se

admitiera que lo dicho por el señor Trujillo era cierto y no se trataba de simples comentarios para auspiciar los intereses de su amiga (como en realidad lo son)», no podía pasarse por alto que la propia demandante dijo que la contribución del causante se limitó a $150.000, cifra que era «[…] poco relevante si se compara con la prodigada por su compañero permanente». Sostiene que César Iván Arana Benítez, aclaró que su hijo le daba a su compañera $300.000 para sus gastos personales, no obstante, ella en su interrogatorio, precisó que era de $150.000, «[…] esa colaboración y cuyo destino final como ya se dijo, es bastante dudoso, aparte de que por ser un informe de la demandante y en su propio favor resulta inane».

VII. CONSIDERACIONES Pese a que el cargo está orientado por la vía indirecta, no es materia de debate que i) Fabiola González Arboleda esRadicación n.° 102816

SCLAJPT-10 V.00 13 la madre de Iván Darío Arana González; ii) este estuvo afiliado a Porvenir S.A. desde el 10 de noviembre de 2015 hasta su muerte el 7 de mayo de 2017, fecha para la cual tenía más de 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento; iii) para ese momento no tenía hijos ni unión marital de hecho y, iv) la demandante solicitó el reconocimiento pensional, el cual le fue negado. El problema jurídico que debe resolver la Sala, se contrae en determinar si erró el Tribunal al considerar que

marital de hecho y, iv) la demandante solicitó el reconocimiento pensional, el cual le fue negado. El problema jurídico que debe resolver la Sala, se contrae en determinar si erró el Tribunal al considerar que la señora González Arboleda demostró que dependía económicamente del asegurado, y por ende era beneficiaria de la prestación de que trata el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Sin perder de vista la orientación de la acusación, conviene recordar que esta Corporación de manera reiterada ha manifestado que la pensión de sobrevivientes tiene como objetivo primordial disminuir el impacto económico que genera en el núcleo familiar, la muerte de uno de sus integrantes que contribuye sustancialmente a su sostenimiento. Ello con el propósito de aminorar el cambio «[…] abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección » (CSJ SL21172022). Ahora bien, se ha insistido por la Sala que la dependencia económica de los padres respecto delRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 14 causante, en los términos del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no requiere ser total y absoluta (CSJ

SL1169-2019, CSJ SL1913-2019, CSJ SL3783-2019, CSJ

Ley 797 de 2003, no requiere ser total y absoluta (CSJ

SL1169-2019, CSJ SL1913-2019, CSJ SL3783-2019, CSJ

SL4167-2020 y CSJ SL3776-2022).

También se ha enfatizado que la exigencia de la sumisión financiera debe analizarse en cada caso en particular, con miras a que el juzgador pueda constatar si los ingresos que obtienen los padres del asegurado, los hace autosuficientes económicamente para llevar una vida en condiciones decorosas (CSJ SL3129-2023). Igualmente, esta Corporación detalló que no cualquier contribución tiene la capacidad de hacer a los padres beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, dado que es indispensable que se acredite la sumisión financiera. Resulta determinante destacar que, si bien los aportes no tienen que ser totales o absolutos, esto no significa que

(CSJ SL4811-2014),

[…] cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba

realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas. Importa precisar, que la circunstancia de que existan otras ganancias o rentas en favor de los padres, no excluye su derecho a obtener la prestación, pues se insiste, la única condición que debe cumplirse es que esos ingresos seanRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 15 insuficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL386-2023

y CSJ SL377-2024).

La Sala en la sentencia CSJ SL1759-2020, reiterada en la CSJ SL1229-2024, expresó: Y la circunstancia que independientemente de la posterior declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, el ad quem a re[n]glón seguido haya estimado que pese a lo consagrado originalmente en el citado literal d) del artículo 13, que incorporó al ordenamiento la expresión ‘total y absoluta’, debía entenderse que la dependencia allí exigida no podía tener tal connotación, en la medida que en su sentir aquella se configura cuando los beneficiarios de la prestación, no son autosuficientes económicamente así tengan un ingreso o patrimonio, y cuando para poder subsistir dignamente ‘se hallan supeditados al ingreso proveniente del de cujus’; tampoco esas aserciones constituyen un error jurídico, dado que tales razonamientos están acordes a los parámetros jurisprudenciales que de tiempo

ingreso proveniente del de cujus’; tampoco esas aserciones constituyen un error jurídico, dado que tales razonamientos están acordes a los parámetros jurisprudenciales que de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado sobre esta precisa temática, antes y después de la expedición de la norma de marras, e incluso mientras estuvo en vigor el enunciado ‘de forma total y absoluta’, en el sentido de que el requisito de la dependencia económica, está concebido bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para poder subsistir, con la precisión de que ‘no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal’, como se puede ver en la sentencia del 11 de mayo de 2004 radicado 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005 y 21 de febrero de 2006 con radicación 24141 y 26406 respectivamente […].

Adicionalmente, cabe agregar que como también lo ha expresado la Sala, esa dependencia económica en los términos que se acaban de delinear, indudablemente se erige como una situación que sólo puede ser definida y establecida para cada caso concreto, pues si los ingresos que perciben los padres fruto de su propio trabajo o los recursos que éstos obtengan de otras fuentes, son suficientes para satisfacer las necesidades

caso concreto, pues si los ingresos que perciben los padres fruto de su propio trabajo o los recursos que éstos obtengan de otras fuentes, son suficientes para satisfacer las necesidades básicas o relativas a su sostenimiento , no se configura el presupuesto de la norma para poder acceder al derecho pensional, y es por esto, que se ha puntualizadoRadicación n.° 102816 SCLAJPT-10 V.00 16 jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumpliría las previsiones señaladas en la ley [subrayas fuera de texto]. Debe agregarse además que la dependencia económica debe ser cierta, periódica y significativa respecto de aquellas ganancias que tengan los beneficiarios (CSJ SL2117-2022). En ese orden, para constatar si el Tribunal cometió los errores fácticos que se le atribuyen, se procede al examen de las pruebas referenciadas en el recurso. La relación de aportes del señor Arana González (fls. 83 - 84 cuaderno de primera instancia del expediente digital), evidencia que este no tiene cotizaciones reportadas por los meses de agosto a octubre de 2016, sin embargo, esto por sí solo no desdibuja las conclusiones a las que arribó el Tribunal, según las cuales, la demandante dependía del apoyo que periódicamente en vida le hacía su hijo, el cual, era vital para cubrir sus necesidades de

arribó el Tribunal, según las cuales, la demandante dependía del apoyo que periódicamente en vida le hacía su hijo, el cual, era vital para cubrir sus necesidades de vestuario, gastos médicos, entre otros. Además, resulta importante señalar que el hecho de que el asegurado no tuviera cotizaciones en los ciclos indicados, de ninguna manera, permite inferir, como erradamente lo hace la entidad, que este no contaba con los recursos suficientes para velar por el sostenimiento de la accionante pues las condiciones deben verse al momento de la muerte del afiliado, no antes o después de este hecho. De similar manera, la recurrente señala que elRadicación n.° 102816

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Tribunal no tuvo en cuenta la liquidación del contrato de trabajo de Iván Darío Arana González, en tanto, de ella se extracta que aquel estuvo vinculado laboralmente a término fijo, lo que «[…] refuerza la idea que sus ingresos no eran constantes y, por ende, el apoyo a su progenitora tampoco podía serlo». Dicha liquidación (fl.18 cuaderno de primera instancia del expediente digital), únicamente da cuenta que el causante laboró para Pollos Bucanero a través de un contrato a término fijo entre el 16 de marzo de 2017 y el 7 de mayo de esa misma anualidad, como operario de reproductoras, devengando mensualmente $737.717. Para la Sala el planteamiento que hace la entidad

de mayo de esa misma anualidad, como operario de reproductoras, devengando mensualmente $737.717. Para la Sala el planteamiento que hace la entidad sobre la modalidad contractual que tuvo el causante, tampoco desvirtúa que la segunda instancia hubiera encontrado acreditada la sumisión financiera de la madre frente a este, a partir de la valoración integral de las pruebas. Además, el que aquel contara con un contrato a término fijo no significa, como erradamente lo quiere hacer ver la entidad, que los ingresos económicos no eran «[…] constantes», pues se trata de una vinculación permitida por como una de las varias circunstancias legales para obtener recursos por parte de los trabajadores, de la que pueden obtenerse ingresos suficientes más allás de las reglas que se ha establecido para su renovación y vigencia. Además, en este punto, conviene recordar a la demandada que, en reiteradas oportunidades, estaRadicación n.° 102816

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Corporación ha sostenido que para la obtención de esta prestación no es necesario demostrar el origen o la fuente de los recursos con los que el afiliado o pensionado fallecido ayudaba a sus progenitores, sino que simplemente basta con la acreditación de la subordinación económica (CSJ SL524-2024). Al respecto, la sentencia CSJ SL858-2021 indicó: El Tribunal no se ocupó de examinar si el fallecido señor Tirado

con la acreditación de la subordinación económica (CSJ SL524-2024). Al respecto, la sentencia CSJ SL858-2021 indicó: El Tribunal no se ocupó de examinar si el fallecido señor Tirado Agudelo contaba con ingresos que le permitieran sostener económicamente a sus progenitores, por manera que no pudo haber cometido el segundo de los yerros fácticos que le endilga la censura, entre otras cosas porque, a la norma jurídica que gobierna el caso litigado, no le interesa si el causante demuestra o no el origen de los recursos que invierte en la manutención de aquellas personas a las que por razones simplemente naturales les debe agradecimiento . Para el legislador lo importante es la prueba de que el hijo proveía en un porcentaje más o menos importante para el sostenimiento de sus padres, signo inequívoco de un natural sentimiento afectivo, que no la acreditación de si el afiliado, para la fecha de su deceso, tenía una relación laboral de orden formal, porque esos recursos bien pueden provenir de otra fuente no necesariamente dependiente [subrayas fuera de texto]. Ahora bien, la impugnante reprocha a la segunda instancia la valoración que hizo del interrogatorio de parte de la demandant