CSJ - SL2757-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2757-2023 Radicación n.° 96014 Acta 040 Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2021, en el proceso instaurado en su contra, en la de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA y de la MINA EL ROBLE SAS – EN LIQUIDACIÓN, por YULI ANDREA NÚÑEZ RAMÍREZ actuando en nombre propio y en representación de FSCN y BFCN.

I. ANTECEDENTES Yuli Andrea Núñez Ramírez actuando en nombre propio y en representación de FSCN y BFCN, demandó a Positiva

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Radicación n.° 96014 Compañía de Seguros SA, a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA y a la Mina El Roble SA – en liquidación, con el fin de que se condenara a la primera a reconocerle el 50% de la pensión de sobrevivientes como compañera permanente del causante Luis Enrique Cristancho Quiroga, y el 50% restante a sus representados, en condición de hijos del causante, con el pago de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, de forma indexada, y con los incrementos legales; así como los

intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de

1993. Subsidiariamente solicitó que se impusiera tales condenas en contra de Porvenir SA; o en su defecto, de la

Mina El Roble SAS. Como soporte de sus pretensiones, adujo que su fallecido compañero nació el 18 de enero de 1971; que laboró en la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop, desde el 26 de junio hasta el 4 de julio del 2013; que «estaba pagando para riesgos profesionales ARL POSITIVA, por la Empresa MINERALCOOP, con la tarifa 6.9600, que corresponde a la actividad económica de la Extracción y Aglomeración de Hulla (Carbón de Piedra), que Incluye solamente a Empresas dedicadas a la Explotación de Carboneras, Gasificación de Carbón in situ y Producción del carbón aglomerado»; que estaba cotizando para pensión en Porvenir SA, y en salud a la Nueva EPS. Narró que el 18 de enero de 2013, el causante declaró ante la Secretaría de Gobierno, que convivía con ella hacía más de cinco años, unión de la cual procrearon a FSCN y

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Radicación n.° 96014 BFCN, quienes dependían económicamente de él; que el señor Cristancho Quiroga estaba afiliado a la caja de compensación familiar Compensar, y la tenía a ella y a sus dos hijos como beneficiarios; que aquel falleció el 4 de julio del 2013, al servicio de la Mina El Roble, segundo turno, cuando, encontrándose dentro del coche que lo transportaba

al socavón de la mina, se abrió la tapa inferior y se salió del vehículo, por lo que se resbaló por el inclinado, cayendo hasta el fondo de esta, lo que le causó la muerte. Agregó que con ocasión de ese insuceso, el 4 de octubre de 2013 le solicitó a la ARL Positiva el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en nombre propio y en representación de sus hijos, la cual se le negó mediante oficio del 1° de noviembre del mismo año; que el 21 de julio de 2014 presentó reclamación ante la AFP Porvenir, debido a que en el momento de la muerte del causante estaba cotizando para pensión; que la primera se demoró demasiado en resolver, y con varios derechos de petición inició el estudio de la solicitud, realizando las averiguaciones de campo, y reconociéndola como compañera permanente, incluso le pidió el pago de la prestación a la aseguradora de vida Alfa, quien la negó aduciendo que la muerte del causante ocurrió en horario de trabajo como consecuencia de su profesión. Añadió que hasta la fecha no se le ha reconocido ni pagado la prestación reclamada; que la ARL le negó la pensión el 8 de marzo del 2016; y, que presentó tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales de los

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Radicación n.° 96014 menores, la cual fue decidida en forma negativa, bajo el argumento de que contaban con otros mecanismos. Las accionadas, al dar respuesta a la demanda, se opusieron a las pretensiones reclamadas.

Positiva Compañía de Seguros SA, respecto de los hechos, aceptó los relacionados con la reclamación presentada por la demandante. Señaló que el señor Cristancho Quiroga sufrió un accidente bajo la subordinación de un empleador distinto al que lo afilió a la ARL (la Mina el Roble, bocatoma 2 – Productores Mineros de Cachetá Ltda.), por lo que no se puede entender que este ocurrió por causa o con ocasión del trabajo para el cual estaba afiliado, esto es, el prestado en favor de la CTA Mineralcoop; y que ambas empresas infringieron la ley por tercerizar la mano de obra del causante, a través de cooperativas de trabajo asociado. Por último, expresó que los demás no le constaban. Propuso en su defensa la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; y las de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y buena fe. La Mina El Roble SAS – en liquidación, sobre los hechos, adujo que no le constaban, ya que el reconocimiento de la pensión pretendida le competía a la empresa El Roble 2, de propiedad de la señora Gloria Vásquez, en la que estaba laborando el trabajador a la fecha del accidente profesional.

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Radicación n.° 96014 Porvenir SA, en relación con los hechos aceptó el referente a la solicitud pensional elevada por la demandante; en cuanto a los demás, adujo que no le constaban. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión demandada, ausencia de

derecho sustantivo, falta de cumplimiento de los requisitos legales, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. El Juzgado de conocimiento, a través de auto del 19 de febrero de 2021, declaró no probada la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario propuesta por la ARL Positiva.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 19 de febrero de 2021, resolvió lo siguiente: PRIMERO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia a Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de 50% de un salario mínimo legal vigente, en forma mensual, sujeta a los reajustes de ley y mesada adicional, a partir del 10 de agosto de 2015.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a […] representado por Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de 25% de un salario mínimo legal vigente, en forma mensual, sujeta a los reajustes de ley y mesada adicional, a partir del 04 de julio del 2013, hasta el momento en que pierda su calidad de beneficiario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia evento en el cual la cuota asignada acrecentara la de los demás beneficiarios si existieren.

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TERCERO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a […] representado por Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de 25% de un salario mínimo legal vigente, en forma mensual, sujeta a los reajustes de ley y mesada adicional, a partir del 04 de julio del 2013, hasta el momento en que pierda su calidad de beneficiario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia evento en el cual la cuota asignada acrecentara

(sic) la de los demás beneficiarios si existieren.

CUARTO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de retroactivo a favor de Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de $27.723.088,83, correspondiente al 50% de la mesada pensional desde el 10 de agosto del 2015 al 31 de marzo del 2021. A partir del 01 de abril del 2021, la demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., deberá pagar como la mesada pensional, el 50% de un salario mínimo legal vigente.

QUINTO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de retroactivo a favor de […], representado por Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de $18.511.089,25 correspondiente al 25% de la mesada pensional desde el 04 de julio del 2013 hasta el 31 de marzo del 2021. A partir del 01 de abril del 2021, la demandada POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., deberá pagar como la mesada pensional, el 25% de un salario mínimo legal vigente.

SEXTO: CONDENAR a la demandada, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de retroactivo a favor de […] representado por Yuli Andrea Núñez Ramírez en cuantía de $18.511.089,25 correspondiente al 25% de la mesada pensional desde el 04 de julio del 2013 hasta el 31 de marzo del 2021. A partir del 01 de abril del 2021, la demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., deberá pagar como la mesada pensional, el 25% de un salario mínimo legal vigente.

SÉPTIMO: CONDENAR a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a reconocer y pagar los intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la Ley 100 de 1.993, de las mesadas ordenadas, a partir del 04 de diciembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

OCTAVO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción.

NOVENO: ABSUÉLVASE a las demandadas PORVENIR S.A. Y MINA EL ROBLE S.A.S., conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ARL Positiva,

confirmó la providencia de primer grado. Partió de que al interior del plenario no fueron objeto de controversia, los siguientes supuestos fácticos: que Luis Enrique Cristancho Quiroga falleció el 4 de julio de 2013, como consecuencia de un accidente de trabajo que tuvo lugar en la mina bocatoma 2, El Roble, en la vereda Peña del municipio de Guachetá, después de caer al interior de esta, al abrirse el coche en el que se transportaba; que para el momento del siniestro se encontraba afiliado al Sistema de Riesgos Laborales administrado por Positiva, como trabajador dependiente de la CTA Mineralcoop, para la actividad económica de «extracción y aglomeración de hulla»; y, que Yuli Andrea Núñez Ramírez como compañera permanente, de un lado, y FSCN y BFCN, como hijos, eran beneficiarios de una eventual pensión. Afirmó que el problema jurídico se orientaba a determinar si los riesgos profesionales del trabajador fallecido se encontraban cubiertos o no por la ARL Positiva. Al respecto referenció el art. 3 de la Ley 1562 de 2012 que define el accidente de trabajo, así como el 11 de la Ley 776 de 2002.

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Radicación n.° 96014 Indicó que, para determinar la responsabilidad de las Administradoras de Riesgos Laborales en siniestros de origen laboral, ocurridos con trabajadores vinculados a cooperativas de trabajo asociado, el Tribunal se remitió al criterio jurisprudencial trazado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL, 2 feb. 2006, rad. 25725,

reiterada en las CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 38956 y CSJ SL2233-2021.

Luego expresó lo siguiente: El reporte de radicación allegado da cuenta clara de que para la fecha de la muerte de LUIS ENRIQUE CRISTANCHO QUIROGA se encontraba afiliado a la ARL POSITIVA por la CTA MINERALCOOP, bajo la actividad económica extracción y aglomeración de hulla el cual incluye a las empresas dedicadas a la explotación de carboneras, gasificación de carbón in situ y producción del carbón aglomerado (ver página 29 del expediente

digital, archivo No 1), lo que genera la responsabilidad reclamada de la ARL en este expediente, al margen de la forma de vinculación laboral que tuviera el asegurado. Para responder a los argumentos del recurso se debe recordar que el Sistema de Riesgos Laborales asume la protección de todos los trabajadores afiliados, incluso los independientes, los informales, y los asociados a Cooperativas de Trabajo Asociado, frente a quienes ni siquiera exista una relación de trabajo subordinado (ver SL 298 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia y la T-033 de 2016 de la Corte Constitucional), pues la cobertura en este Sistema se estructura en función del riesgo profesional que subrogan las ARL’s ante la ocurrencia del siniestro, sin que puedan excusar sus responsabilidades “por un hecho del trabajador, de un tercero o por la fuerza mayor o caso fortuito” (ver SL 331 de 2020). Además y al margen de que se hubiera presentado una tercerización inválida de la relación –lo que tampoco se encuentra debidamente demostradolo cierto es que la administradora de

riesgos laborales demandada recibió la afiliación del trabajador asociado sin efectuar reparos sobre la persona que la realizó, ni sobre el riesgo asegurado, pese a que tenía la oportunidad de verificar la información en cualquier tiempo, o efectuar visita a los lugares de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1295 de 1994.

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Radicación n.° 96014 Acto seguido referenció la sentencia CSJ SL2233-2021; y concluyó que, así las cosas, resulta claro que se causó la pensión de sobrevivientes por accidente de trabajo, la cual debe ser cubierta por la ARL demandada. Por último, manifestó lo siguiente: El contenido del “Informe para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante”, demuestra que para el momento del accidente el causante se encontraba dentro de un coche “ingresando a laborar en el segundo turno”, y se resbaló a un abismo debido a que se abrió la puerta del vehículo. El informe técnico del cadáver advirtió que el cuerpo estaba en un cuarto de madera que al parecer “es el lugar donde los trabajadores se alistan para ingresar a su lugar de trabajo” (ver páginas 35 y 41 del expediente digital). Se trató entonces y sin duda, de un accidente de trabajo, y las prestaciones que pudieran surgir de esta contingencia estaban a cargo de la ARL POSITIVA.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la ARL Positiva, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que, […] se CASE TOTALMENTE la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia, y una vez constituida esa H. Sala como Tribunal de Instancia, se sirva REVOCAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar ABSUELVA a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas. Sobre costas se provea lo que en derecho corresponda. Subsidiariamente, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que CASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021, por la Sala

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Radicación n.° 96014 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia, en cuanto CONFIRMÓ la condena impuesta por el A Quo por concepto de intereses moratorios, para que una vez constituida esa H. Sala como Tribunal de Instancia, se sirva REVOCAR la condena que al respecto impartió el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar, se ABSUELVA a mi representada del reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Sobre costas se provea lo que en derecho corresponda. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, objeto de réplica por Porvenir SA; de los

cuales se estudian en forma conjunta los dos primeros, en la medida en que acusan similar proposición jurídica, se relacionan entre sí y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial en la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 3 de la Ley 1562 de 2012, 11 de la Ley 776 de 2002, 47

(modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003) y 141 de la Ley 100 de 1993, y 29 del Decreto 1295 de 1994. Indica que ello se presentó por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las prestaciones que pudieran surgir del accidente que acabó con la vida del señor LUIS ENRIQUE CRISTANCHO QUIROGA estaban a cargo de la

ARL POSITIVA.

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que para el momento del infortunio, el señor LUIS ENRIQUE CRISTANCHO QUIROGA se encontraba prestando sus servicios a un tercero, específicamente, a la MINA EL ROBLE DOS de propiedad de la señora GLORIA VASQUEZ (sic), persona diferente a quien afilió como dependiente al trabajador, la COOPERATIVA

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Radicación n.° 96014 MINERALCOOP, quienes no demostraron tener algún tipo de nexo. Y que ello ocurrió, por la apreciación indebida de las siguientes pruebas:

1. Demanda inicial y su subsanación (Fl. 2 a 6 y 60 a 62).

2.Contestación y subsanación presentada por CIRO ESTUPIÑAN (sic), Representante Legal de la Mina el Roble (Fl. 112 a 116 y 137 a 142).

3. Reporte de radicación de POSITIVA (Fl. 17).

4. Informe de accidente de trabajo. (Fl. 22).

5. Inspección técnica al cadáver. (Fl. 25 a 31).

6. Certificados de afiliación del causante a POSITIVA S.A. (Fl. 129 a 130).

Asimismo, por no haber valorado estas probanzas:

1. Interrogatorio de parte rendido por la señora YULI ANDREA NUÑEZ (sic) RAMIREZ (sic).

2. Constancia de proceso penal adelantado por la Fiscalía. (Fl.

32).

3. Formato de investigación de accidente de trabajo (Fl 132 a136).

En su desarrollo señala, que lo que cuestiona de la decisión impugnada, es que el Tribunal hubiera considerado que las prestaciones que pudieran surgir del accidente que acabó con la vida de Luis Enrique Cristancho Quiroga estaban a su cargo; no obstante que era evidente, que para el momento del infortunio, este se encontraba prestando sus servicios a un tercero, específicamente, a la mina El Roble 2, de propiedad de Gloria Vásquez, persona diferente a quien lo afilió como trabajador dependiente —la CTA Mineralcoop—, sin que se demostrara la existencia de algún tipo de nexo. Afirma que, si bien el ad quem concluyó que el accidente tuvo lugar en la mina bocatoma 2, El Roble, no se adentró a

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Radicación n.° 96014 determinar las circunstancias que rodearon el hecho, en especial, lo relacionado con quién era el empleador del lugar donde se encontraba prestando los servicios, y si este tenía algún nexo, ya fuere comercial, civil u otro, con la citada cooperativa. Expone que, aunque este aspecto fue aparentemente admitido por el juez colegiado, debe partirse de que quien fungía como empleadora del señor Cristancho Quiroga ante la ARL, era la CTA Mineralcoop representada por Martha Eugenia León, quien lo afilió como trabajador dependiente el 26 de junio de 2013 (reporte de radicación ante Positiva f.° 17 y certificados de afiliación f.° 129 a 130). Indica que desde la demanda inicial y su subsanación (f.° 2 a 6 y 60 a 62), se observa que la parte actora llamó a juicio a la sociedad Mina El Roble SAS, con el fin de que respondiera eventualmente por la pensión de sobrevivientes generada con el fallecimiento del causante; y si bien en dicho escrito se sostuvo que aquel laboraba para la Cooperativa Mineralcoop desde el 26 de junio hasta el 4 de julio del 2013, lo cierto es que no fue a esta a quien llamó a juicio, porque no fungió como su empleadora al momento del infortunio. Y que incluso, en la contestación de la demanda presentada por Ciro Estupiñán, representante legal de Mina El Roble SAS, y su subsanación (f.° 112 a 116 y 137 a 142), se reiteró en múltiples oportunidades que: «el accidente ocurrió fue en la mina EL ROBLE DOS de propiedad del señor

GLORIA BASQUEZ (sic)»; y respecto al hecho relacionado con

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Radicación n.° 96014 la afiliación del trabajador por la CTA Mineralcoop, adujo que: «no le consta que el señor CRISTANCHO haya trabajado con MINERALCOOP, no lo conoce ni de trasto (sic) vista o comunicación, el accidente que menciona que tuvo el señor LUIS CRISTANCHO fue en otra mina de propiedad de la señora GLORIA BASQUJEZ (sic) de la mina se llama el Roble 2». Aduce que si bien en el informe de accidente de trabajo, diligenciado telefónicamente (f.° 22), se señaló que este ocurrió dentro de la empresa, haciendo relación a la CTA Mineralcoop como empleadora, este aspecto resulta fácilmente desvirtuado con la multiplicidad probatoria que milita en el plenario. En cuanto a la inspección técnica al cadáver (f.° 25 a 31), dice que, en el acápite de descripción de la diligencia, se señaló lo siguiente: Se trata de campo abierto bocamina denominada bocatoma 2 Sector el Roble Vereda Peñas del municipio de Gachetá, una vez en el lugar de los hechos se observa un cuerpo de sexo masculino dentro de un cuarto en madera donde al parecer es el lugar donde los trabajadores se alistan para ingresar a su lugar de trabajo. Al acceder a esta Mina es una parte pavimentada y otra parte destapada (trocha). Se observan plantas nativas alrededor del lugar de los hechos. En el lugar se encontraba (sic) varios trabajadores de la Mina al igual que el administrador WILLIAM

JOSE (sic) MURCIA DIAZ (sic) cc 7350534 de Copey. De otra parte estaba presente la propietaria de dicha Mina señora

GLORIA VASQUEZ (sic).

Igualmente sostiene, que en la constancia de proceso penal adelantado por la Fiscalía (f.° 32), se indicó lo siguiente: Se hace constar que en esta Fiscalía Seccional 001, cursa la indagación de la referencia por el delito de Homicidio Culposo, donde falleciera el señor Luis Enrique Cristancho Quiroga quien

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Radicación n.° 96014 se identificaba con Cedula (sic) de Ciudadanía No 3.049.000 de Guachetá (Cund.), hechos ocurridos el Cuatro (04) de Julio de la presente anualidad en el Municipio de Guachetá Vereda Peñas, Mina Bocatoma II, en donde según las primeras versiones falleció el mencionado hombre al abrirse el coche en el cual se transportaba dentro de la mina a unos cuarenta metros de profundidad aproximadamente, rodando y cayendo el mismo al vacío. Afirma que, en el formato de investigación del accidente de trabajo (f.° 132 a 136), en la descripción del suceso se expresó, que aquel ocurrió «El día 4 de julio de 2013, hacía las dos y cuarenta y cinco de la tarde en la mina El Roble, bocatoma 2 de la Empresa usuaria Gloria Vásquez, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá». Expone que de las pruebas y piezas procesales

relacionadas, se extrae con suficiencia que para el día del accidente que terminó con la vida del trabajador, este se encontraba laborando para la mina El Roble 2, de propiedad de Gloria Vásquez, quien ejercían el poder subordinante frente al laborante, y para quien al momento del insuceso el causante estaba prestando sus servicios; aspectos que denotan la calidad de empleadora de esta, y la ausencia de correlación frente a la Cooperativa Mineralcoop. Advierte que por el solo hecho de que el señor Cristancho Quiroga hubiere estado inscrito a la actividad económica de «extracción y aglomeración de hulla», que incluye a las empresas dedicadas a la explotación de carboneras, gasificación de carbón in situ y producción del carbón aglomerado, minería y afines, se haga extensiva la cobertura de riesgos en virtud de servicios prestados a

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Radicación n.° 96014 terceros, pues ello los relevaría de cumplir con las obligaciones legales que como empleadores tenían frente al trabajador. Y que, aunado a lo anterior, dentro del plenario no se evidencia vínculo comercial, civil u otro que denote nexo entre la mina El Roble 2 y la CTA Mineralcoop, para que eventualmente se pudiese tener a la primera como usuaria. Aduce que se evidencia entonces, que el causante se encontraba prestando sus servicios a un tercero, que no lo tenía afiliado a riesgos laborales, y para que se configure accidente de trabajo en virtud del artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, se requiere que se produzca durante la ejecución de

órdenes del empleador, o en la ejecución de una actividad bajo su autoridad, cuyo presupuesto deviene en inexistente en el presente asunto, en tanto la cooperativa que lo vinculó como su dependiente, no estaba como parte interviniente en las tareas ejecutadas por el señor Cristancho Quiroga, el 4 de julio de 2013, o no se demuestra al menos que este hubiera actuado en virtud de una directriz impartida por esta. Resalta que la propia demandante en su declaración manifestó que quién ejercía subordinación sobre su compañero, le daba órdenes, le pagaba salario y demás, era precisamente la mina donde estaba prestando sus servicios el día del insuceso, no la CTA Mineralcoop, quien fue la que lo afilió a la ARL; circunstancia bajo la cual no ostentaría ninguna responsabilidad.

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Concluye que: i) no se logró evidenciar que las labores ejecutadas por el causante al momento de su deceso hayan sido en virtud de las directrices impartidas por la cooperativa a la cual se encontraba vinculado y quien había asumido su afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales; ii) no se logró establecer una relación contractual entre la CTA Mineralcoop y la mina El Roble 2, al momento del infortunio; y, iii) el hecho de que el trabajador se haya afiliado bajo la actividad económica relacionada con las funciones que estaba ejecutando al momento del deceso, no es razón suficiente para que se extienda la cobertura para riesgos ocasionados al servicio de terceros, que tengan un proceso similar

respecto a la generación o distribución de un producto o un servicio. Finalmente, respecto a la existencia de «una tercerización inválida», así como el vínculo que pudiera existir entre la mina el Roble 2 y la citada cooperativa, que no pudo concretarse ante la negativa de los jueces de instancia de vincular a dichas sociedades, afirma que no por ello resulta imposible establecer la realidad que rodea las circunstancias, ya que como se deduce de las pruebas y piezas procesales antes mencionadas, el causante al momento del fallecimiento se encontraba prestando sus servicios a un tercero que no coincidía con el empleador que lo afilió ante la ARL Positiva, ni tampoco bajo sus directrices o autoridad, por lo que no puede obligársele a cubrir las contingencias con ocasión a dicho infortunio.

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VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la sentencia de violar por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, las siguientes normas: […] de los artículos 3 de la ley 1562 de 2012 y 29 del decreto 1295 de 1994, en relación con el artículo 11 de la ley 776 de 2022, 47 (modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003) y 141 de la ley 100 de 1993. Así como también incurrió en la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 4 del Decreto 1295 de 1994 y 17 de la ley 100 de 1993.

Para sustentar el ataque, expone que discrepa de la decisión impugnada, en la medida en que el sentenciador de

segundo grado le otorgó una exégesis equivocada al art. 3 de la Ley 1562 de 2012, coligiendo erradamente, que «El sistema de Riesgos Laborales asume la protección de todos los trabajadores afiliados, incluso los independientes, los informales, y los asociados a Cooperativas de Trabajo Asociado, frente a quienes ni siquiera exista una relación de trabajo subordinado»; yerro jurídico, porque cuando en la norma se acuña la acepción de «empleador», resulta de vital importancia determinar no solo la naturaleza del accidente, sino la responsabilidad de la administradora conforme a lo preceptuado en el art. 11 de la Ley 776 de 2002. Y que no se trata de que cualquier tercero que ejerza sobre el trabajador acción subordinante, o incluso, en su totalidad los elementos del contrato laboral, para que con ello se faculte para acudir a la asunción de los riesgos de quien como empleador, cumplió con su obligación legal de afiliar al laborante al Sistema General de Riesgos Laborales; usurpar esa condición, no solo atenta contra los recursos del Sistema

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Radicación n.° 96014 General de Seguridad Social, al tener que asumir la carga prestacional generada por el accidente que sufra un asegurado, en virtud de una actividad afín a la inscrita al momento en que fue vinculado a la ARL, independientemente de que la entidad subordinante no fuere la misma que asumió su afiliación como dependiente. Resalta que en esa medida, resulta desfasada la conclusión a la que arribó el Tribunal, al considerar incluso,

que no era necesaria la existencia de una relación de trabajo, de ser así, se desdibujaría por completo el significado normativo de los preceptos que regulan los riesgos derivados, precisamente, de un vínculo laboral; y que además, no podía llegar el juez colegiado a tan falaz concepción, no solo porque esta desconoce la concepción normativa de accidente profesional y la legitimación sobre quien recae la responsabilidad prestacional, sino además, porque mal podía extender los efectos de la afiliación a un tercero, como la mina El Roble 2, eximiéndola de las obligaciones que como empleador debía adelantar a la luz del art. 4 del Decreto 1295 de 1994, máxime cuando se demostró que la muerte ocurrió estando bajo la subordinación de esta. Añade que, aunado a lo anterior, también se equivocó el Tribunal, al considerar que para que la ARL asuma la carga prestacional de un riesgo, no puede excusarse por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito, acudiendo al contenido de la sentencia CSJ SL3312020, ya que cuando se hace alusión a «un tercero», se refiere a quien produjo el daño sobre el laborante, no a quien ejerce

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Radicación n.° 96014 acciones subordinantes sobre el mismo, incluso, en calidad de empleador. Y que también erró el juez colegiado, al expresar que la ARL Positiva debe asumir el riesgo