CSJ - SL2758-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2758-2023 Radicación n.° 96593 Acta 040 Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOHN JAIRO URIBE TOBÓN, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2022, en el proceso que instauró contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).

Se reconoce personería, como apoderado principal de la UGPP, al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, titular de la cédula de ciudadanía 79.803.031 y de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura.

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Radicación n.° 96593

I. ANTECEDENTES John Jairo Uribe Tobón llamó a juicio a la UGPP, con el fin de que se le condenara al reconocerle la pensión de jubilación de origen convencional a partir del 15 de agosto de 2015, conforme al 100% de lo percibido durante los últimos tres años de servicios exclusivos al ISS. Además, que se dispusiera el pago de intereses moratorios conforme lo consagrado por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y se ordenara el pago indexado de las mesadas adeudadas.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio del ISS como trabajador oficial, entre el 18

de agosto de 1988 y el 30 de diciembre de 2014, a lo que agregó que nació el 15 de agosto de 1960. Destacó que entre la organización sindical Sintraseguridadsocial y el ISS se suscribió convención colectiva de trabajo el 31 de octubre de 2001, de la cual resultaba beneficiario por estar afiliado a dicha agremiación, donde el texto extralegal tenía prevista una pensión de jubilación que trajo consigo una vigencia especial en el artículo 98. Expuso que mediante el Decreto 2013 de 2012 se ordenó la supresión y liquidación del ISS, así como que sería la UGPP quien asumiría la administración de los derechos pensionales reconocidos por la entidad extinta en calidad de empleadora.

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Radicación n.° 96593 A continuación, hizo referencia al Acto Legislativo 01 de 2005, lo dicho por la OIT dentro de los casos n.° 2434 de 2008 y n.° 2958 de 2016, lo referido por la Corte Constitucional en los proveídos CC SU555-2014 y CC SU241-2015, además de lo señalado por esta corporación en las sentencias «N° 35.588 del 14 de septiembre de 2010», «N° 39.808 del 29 de noviembre de 2011», «12498 del 09 de agosto de 2017», «Sentencia 13649 del 23 de agosto de 2017« y «13756 del 05 de septiembre de 2017». Finalmente indicó que el 5 de febrero de 2018 presentó reclamación ante la demandada, quien inicialmente dio una

respuesta negativa mediante la Resolución RDP 019108 del mismo año, sin que se hubiere manifestado en torno a una segunda petición del 30 de mayo de 2019. Al dar respuesta al libelo genitor, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó únicamente las peticiones elevadas por el actor y la contestación dada a la primera de ellas. Frente a los demás supuestos, expresó que no le constan o no eran ciertos, luego de lo cual presentó como excepciones, las que denominó prescripción; inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido; improcedencia de intereses moratorios o indexación; falta de título y de causa en la parte actora; buena fe e improcedencia de imposición de costas procesales.

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Radicación n.° 96593

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 22 de junio de 2021, decidió:

PRIMERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION (sic) SOCIAL -UGPP- (sic), a reconocer y pagar al señor JHON JAIRO URIBE TOBON la pensión de jubilación extralegal de que trata el art. 98 de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Social[es] y el Sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL

2001-2004, en cuantía inicial de $1.566.854,96 a partir del 15 de agosto de 2015, que deberá ser objeto de los reajustes anuales legales por 13 mesadas al año, mesadas que deberán pagarse de manera indexada desde su causación hasta el pago efectivo, autorizando expresamente a la entidad pagadora a realizar los descuentos de ley por aportes al sistema de seguridad social en salud.

SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION (sic) SOCIAL -UGPP (sic) de las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor JHON JAIRO URIBE TOBON, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión TERCERO: DECLARAR probados los hechos sustento de la excepción de IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS y no probados los demás.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de enero de 2022, al resolver el recurso de apelación propuesto por la UGPP y el grado jurisdiccional de consulta en favor de ella, revocó la decisión de primer grado y la absolvió.

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Radicación n.° 96593 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, inicialmente que no había controversia en torno a la existencia de la relación laboral entre el demandante y el ISS desde el 16 de agosto de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2014, desempeñando como

último cargo el de conductor mecánico, por lo que centró la decisión en la existencia o no del derecho pensional extralegal, conforme el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el empleador y Sintraseguridadsocial, norma aplicable al actor en consideración a que se trataba de un sindicato mayoritario. Al analizar el texto que sustenta la reclamación, dijo que la edad corresponde a un elemento de causación del derecho, dado que debe concurrir con el cumplimiento del tiempo de servicios requerido, para lo cual se apoyó en «sentencia radicación 30058 del 29 de enero de 2008, 34070 del 11 de mayo de 2010, y 41998 del 24 de agosto de 2010, entre otras». Bajo este presupuesto, entendió que tanto la edad como el tiempo de servicios debían cumplirse antes del 31 de julio de 2010, al tenor de lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, norma que tuvo como principal objetivo homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema, pero respetando los derechos adquiridos, que se configuran cuando se cumplen plenamente los presupuestos consagrados en la disposición que consagra el derecho. Al respecto señaló el ad quem lo siguiente:

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Radicación n.° 96593 En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían

rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza legítima (sic) de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, lo anterior, bajo ninguna circunstancia, dichas prórrogas podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010 y de forma esta Sala de Decisión se aparta de manera respetuosa de la sentencia SL3635 de 2020, citada por el A-quo, en la que la H. Sala de Casación, estableció que la vigencia del acuerdo colectivo suscrito entre el ISS y su sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, no resultaba afectado por el plazo definitivo contemplado en el parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, sino cuya vigencia se extendía hasta el año 2017. (Resaltado propio del texto) Presentado este panorama, pasó al estudio del caso concreto, para encontrar que conforme el lapso laborado por el demandante alcanzó 21 años, 11 meses y 15 días antes del 31 de julio de 2010, por lo que cumpliría con el requisito atinente al tiempo de servicios, no ocurriendo lo propio con la edad, debido a que la alcanzó el 15 de agosto de 2015, es decir, después de la fecha límite. Por último, como argumentos para apartarse de la decisión de esta sala, enseñó lo siguiente: A lo que se agrega, que el Acto Legislativo 01 de 2005, fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, corporación que en la

sentencia C-178/07, declaró exequible el referido acto, y por ende para esta Sala de Decisión, todos los acuerdo[s] colectivos perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, además por tratarse de una adición a la norma Superior (sic) de nuestro ordenamiento jurídico, que prevale[ce] sobre los demás preceptos jurídicos. Igualmente, se considera que el Acto Legislativo 01 de 2005, no desconoce el artículo 53 de la Constitución Política, como quiera que el mismo pretende que los asuntos pensionales solo sean regulados por las leyes de seguridad social y así evitar diversidad

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Radicación n.° 96593 de regímenes pensionales. Adicional a lo anterior, y como otro argumento para apartarnos de la sentencia dictada por la H. Sala de Casación Laboral y (sic) ya referenciada, resulta pertinente indicar que el artículo 467 del CST establece que la Convención Colectiva de Trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores por otra parte, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Del contenido de esta norma, se puede establecer en primer lugar, que los beneficios convencionales en principio están solamente establecidos por la ley, para quienes tengan contratos de trabajo vigentes y sean beneficiarios de la respectiva Convención Colectiva.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Jhon Jairo Uribe Tobón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, confirme íntegramente la decisión del Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito, proferida el 22 de junio de 2021.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone la accionada y que serán estudiados en conjunto, dado que persiguen el mismo objetivo y, a pesar de encaminarse por vías diferentes, sus argumentos resultan complementarios.

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VI. CARGO PRIMERO Orienta la acusación por violación directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 467, 468, 478 y 479 del CST, en relación con los preceptos 48 y 53 de la CN, además de los parágrafos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Señala que el tribunal incurre en un error garrafal y protuberante al despachar desfavorablemente las pretensiones y desconocer el carácter regulatorio que el legislador estableció respecto de la convención colectiva de trabajo, al interior del artículo 467 del CST, con lo cual además violó el derecho pensional y su previsión hasta el año 2017, de cara a la claridad del artículo 98 del texto extralegal, que lo no permite al operador jurídico interpretar de manera directa el acuerdo surgido entre los celebrantes. Resalta que el entendimiento equivocado se presenta debido a que el juez colegiado antepone, de una manera absoluta, la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, para

desconocer los derechos adquiridos dentro del marco constitucional de la negociación, para lo cual referencia las decisiones CSJ SL3343-2020 y CSJ 3635-2020. Así mismo, destaca como un yerro que se establezca la edad como requisito de causación del derecho, pues tal postura desconoce lo señalado por esta corporación en sentencias CSJ SL6116-2017, CSJ SL2963-2018 y CSJ

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Radicación n.° 96593 SL4545-2019, y con ello le dio un mayor alcance a la regulación convencional, para finalmente indicar: Se reitera que al examinar las normas aplicables al caso en concreto, el Tribunal debió verificar que las disposiciones de la convención colectiva fijaron plazos de ejecución, más allá del 31 de julio de 2010, es más, estableció una escala de años y edad a cumplirse mucho después del año 2017, entonces este debió interpretar de forma diferente el Parágrafo (sic) Transitorio (sic) 03 y salvaguardar la aplicación de las normas convencionales preexistentes y ordenar su cumplimiento teniendo en cuenta el periodo inicialmente estipulado, es decir, para reglamentaciones como la que se solicita su implementación en el proceso, estaba claro desde el año 2002 que procedía su aplicación hasta que venza el periodo inicialmente estipulado, es decir, una fecha posterior al término de expiración, salvaguardado por el mismo Acto Legislativo 01 de 2005 al consagrar que estos pactos convencionales mantendrían su eficacia por el periodo inicialmente pactado.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa a la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del mismo grupo de normas del cargo anterior. A título de errores de hecho expone los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la vigencia de la convención colectiva se extendió más allá del 31 de julio de

2010.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las partes pactaron expresamente en el artículo 98 de la convención colectiva efectos pensionales de sus trabajadores hasta el año 2017.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que la vigencia de la convención colectiva solo llego (sic) hasta el 31 de julio de 2010, respecto a la edad para completar los requisitos.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante Jhon Jairo Uribe Tobón le asiste el derecho a la pensión convencional en los términos del artículo 101 de la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS en el año 2011.

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Radicación n.° 96593 Menciona como pruebas calificadas no apreciadas, la demanda y su contestación, y como prueba valorada erróneamente, la convención colectiva de trabajo firmada por el empleador y Sintraseguridad social en el año 2001. Indica que, de manera contradictoria, el juez plural niega el reconocimiento de la pensión convencional con base en una errónea apreciación del acuerdo extralegal, sin percatarse o al menos analizar que el artículo 98 estableció un periodo de vigencia superior a los dos años, previendo que dicha norma cubriría situaciones pensionales hasta 2017,

transgrediendo con el indebido entendimiento la voluntad de los firmantes y al alcance que se le ha dado por esta corporación en las sentencias CSJ SL3635-2020, CSJ SL6116-2017, CSJ SL 2963-2018, CJS 4545-2019, además de lo planteado por la Corte Constitucional en la decisión CC SU555-2014. Referencia igualmente lo siguiente: Es que esta clase de interpretación de la norma convencional hecha por el Tribunal desconoce el principio de auto composición en cabeza de las partes que sirve para materializar el derecho de negociación colectiva porque de aceptar dicha malsana interpretación, significaría dejar a la deriva la seguridad jurídica que representa el contrato convencional como ley para las partes y con ello abrir una compuerta en detrimento de los intereses de los trabajadores amparados por la convención, como en este caso ocurre con la protuberante equivocación de apreciación de la prueba de la convención colectiva en la que incurrió el Ad Quem (sic).

VIII. RÉPLICA

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Radicación n.° 96593 La entidad, en torno al primero de los cargos, dice oponerse por cuenta de la pérdida de vigencia de la convención colectiva el 31 de octubre de 2004, conforme lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencia CC SU260-2022, que ratifica lo expresado en los proveídos CC C314-2004, CC SU897-2012 y CC SU086-2018, al indicar que para las personas que fueron trabajadores oficiales del ISS y pasaron a ser empleados públicos en las ESE, ese fue

el límite temporal de aplicabilidad del texto extralegal, por lo que resulta improcedente la prestación solicitada, debido a que para la fecha de cumplimiento de los requisitos mínimos, el 15 de agosto de 2015, no regía, máxime según lo establecido por el parágrafo 3.° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005. Además, menciona que la citada reforma constitucional dispuso un régimen de transición que garantiza los derechos adquiridos en vigencia de las reglas convencionales, el cual consiste en que se mantienen los efectos de las prestaciones por el término pactado en el acuerdo extralegal, pero sólo rigen hasta el 31 de julio de 2010. Advierte que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se establece la derogatoria de la convención colectiva, de cara a lo dispuesto por su artículo 289, bajo el entendido de que el eje central sobre el cual fue concebida la norma es el principio de equilibrio y sostenibilidad del sistema general en pensiones, que no es más que dar o reconocer derechos a los afiliados de acuerdo al monto de sus aportes.

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Radicación n.° 96593 Finalmente, señala que el texto convencional no resulta aplicable al actor, debido a que en virtud del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, ostenta la calidad de empleado público y por tanto los periodos laborados bajo esta condición no pueden ser tenidos en cuenta para la pensión de jubilación. Con relación al segundo embate, plantea que dentro de la sentencia las pruebas fueron debidamente valoradas con base en el precedente jurisprudencial vigente para el caso y

se llegó a la conclusión de que con relación a los derechos adquiridos conforme el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, estos solo cobijan aspectos prestacionales y omite los salariales, dejando por fuera prerrogativas derivadas de la convención colectiva, la cual solo rige durante su vigencia los contratos de trabajo, según lo consagrado en el precepto 467 del CST. Por último, registra la opositora lo siguiente: Desde otro punto de vista debe indicarse que el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1, parágrafo 3, dispuso que las prestaciones pactadas de forma extralegal entre los empleadores y los trabajadores serían garantizadas. Sin embargo, el Acto también pone un límite temporal al reconocimiento de estas prestaciones convencionales. Es así como dispuso que a partir de su entrada en vigencia las prestaciones pactadas de forma extralegal no tendrían validez, aun cuando fueren más favorables para el trabajador. Lo anterior en virtud de que tal hecho contraviene la ley, y la implementación de sistemas pensionales distintos a los dispuestos por la misma. Además conforme lo ha determinado la Corte, el Acto Legislativo también dispuso un régimen de transición que garantiza los derechos adquiridos en vigencia de las reglas convencionales, el cual consiste en que se mantendrían los efectos de las prestaciones que se encontraban contenidas en las Convenciones colectivas por el término inicialmente pactado en ellas, pero

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Radicación n.° 96593 las mismas sólo podrían regir hasta el 31 de julio de 2010, fecha

para la cual todas los convenios extralegales perderían vigencia (Negrilla propia del texto).

IX. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamenta su decisión, de un lado, en que la edad se constituía en un requisito de causación del derecho pensional, y, de otro, que la fecha límite de vigencia de la norma convencional, en lo que a pensiones se refiere, se extendía hasta el 31 de julio de 2010, momento para el cual debían estar satisfechas las exigencias de edad y tiempo de servicios.

La censura radica su inconformidad en la presencia de un entendimiento inadecuado de la norma convencional, debido a que estima que el cumplimiento de la edad es un presupuesto para la exigibilidad del derecho, más no de su causación, y que, con relación a la pensión de jubilación, se pactó una vigencia especial, razón por la cual la prestación puede causarse hasta el año 2017 inclusive, es decir, después del 31 de julio de 2010, puesto que, a su juicio, el Acto Legislativo 01 de 2005 no lo impide, al disponer que las reglas de esa naturaleza se mantienen por el término inicialmente pactado. Sentado lo anterior, no son materia de controversia en sede casacional los siguientes supuestos fácticos: i) que el demandante nació el 15 de agosto de 1960, ii) que laboró al servicio del ISS desde el 16 de agosto de 1988 hasta el 31 de diciembre del 2014, iii) que la convención colectiva de trabajo

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Radicación n.° 96593 celebrada entre el ISS y Sintraseguridadsocial estableció su

vigencia general hasta el 31 de octubre del 2004 y iv) que la convención colectiva de trabajo no fue objeto de denuncia, de manera que se prorrogó automáticamente por periodos sucesivos de seis meses, por efecto del artículo 478 del CST. Dado ese contorno, el problema jurídico que la Sala debe abordar consiste en establecer si el juez colegiado incurrió en un dislate al interpretar las cláusulas convencionales. A tal efecto, es preciso recordar que la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el entendimiento que debe dársele a esas disposiciones en casos similares al presente, en los que se ha decantado por una posición que favorece la intelección que propone la censura, como ocurrió en la providencia CSJ SL5116-2020, citada en la CSJ SL3792021: Alcance del parágrafo transitorio 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005 En lo que específicamente guarda relación con la materia pensional colectiva, el Acto Legislativo 01 de 2005 abrogó la posibilidad de que empleadores y organizaciones sindicales acuerden, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, el parágrafo 3.° dispuso un periodo transitorio del siguiente tenor: Parágrafo transitorio 3.º Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en

pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31

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Radicación n.° 96593 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. De la norma constitucional así consagrada, se deducen dos postulados diferentes: uno, para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición venían rigiendo, cuya vigencia se mantendrán hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo y, otro, para aquellas convenciones que se establecieran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes. Con base en lo anterior, en decisión CSJ SL12498-2017 y en otras que la reiteraron (CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019), en lo que concierne al primer aspecto, la Corte sostuvo lo siguiente: A juicio de la Sala, con base en esta lectura del parágrafo

transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010. Explicó entonces la Sala que en las reglas pensionales de carácter convencional que se hubieren suscrito por primera vez antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes, de modo que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara», aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010. Para hacerlo más explícito, dijo la Corte que con ese alcance interpretativo: (…) podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años. Al referirse a la prórroga automática de la convención colectiva

que venía operando antes del 29 de julio de 2005, adujo que

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Radicación n.° 96593 continuarían rigiendo, pero, que, en todo caso, conforme al límite constitucional, se extinguirían el 31 de julio de 2010. Así, lo explicó: (…) En efecto, aquí, la renovación de los acuerdos se produce por ministerio de la ley, no por voluntad de las partes. En este caso, de conformidad con el parágrafo transitorio 3, los beneficios pensionales perdurarán hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que perecen por expreso mandato constitucional. Por la misma razón, es válido que los trabajadores alcancen los requisitos pensionales durante las prórrogas automáticas iniciadas antes del 29 de julio de 2005 y que continuaron su curso hasta el 31 de julio de 2010, data en que las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas se extinguen. De manera que esa línea jurisprudencial no admitía que una convención colectiva que llegare a su fecha de extinción conforme al término inicialmente pactado, pudiera ser objeto de prórroga automática porque esta solo operaba para las prórrogas que desde antes venían en curso. Sin embargo, esa visión jurisprudencial varió y dio un alcance distinto al parágrafo 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005, al considerar la Sala en sentencias CSJ SL2798-2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020, por una parte, que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio

2010 y, de otra, que ese plazo también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 de julio de

2005. Así lo adoctrinó: (…) En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010 (…). (CSJ SL2798-2020, negrilla fuera de texto original).

Para tal fin, la Sala hizo referencia a las recomendaciones adoptadas por el Comité de Libertad Sindical a propósito de la limitación del derecho de negociación colectiva dispuesta en el citado acto legislativo, dirigidas a que la realidad de la negociación colectiva implica una certeza razonable de que se mantendrán los compromisos pactados, al menos, mientras dure el convenio. En la citada sentencia CSJ SL2543-2020 aseveró la Corte que, «en principio la extensión de los efectos pensionales

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Radicación n.° 96593 convencionales», no puede ir más allá del 31 de julio de 2010. De esa forma, se anticipó a la posibilidad de volver a la doctrina anterior, y bajo la égida de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT

y de confrontar las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical con el escenario constitucional, adoctrinar que el término inicialmente pactado entre las partes regirá hasta su vencimiento, sin límites distintos a los acordados entre los suscribientes del convenio colectivo. En efecto, tal como lo entendió la Corte Constitucional en sentencia SU 555 de 2014, al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones del Comité del Libertad Sindical adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar «las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento», aquella Corporación sostuvo: La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado”. Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el

artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004. […] Además, como se indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones col