CSJ - SL2760-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2760-2023 Radicación n.º 89361 Acta 040 Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). En virtud de la orden de tutela emitida por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU269-2023, se decide el recurso de casación interpuesto por CAROLINA FORERO TORRES contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le instauró a la CAJA

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM.

I. ANTECEDENTES Carolina Forero Torres demandó a la Caja de Compensación Familiar Cafam (en adelante, Cafam), con el fin de que se declararan ineficaces los despidos «realizados el 15 de julio de 2015 y el 10 de mayo de 2018», por ser beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada. Así

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Radicación n.º 89361 pues, solicitó su reintegro a un cargo de categoría igual o superior a la del que desempeñaba en el momento de la terminación del vínculo, con aplicación de las recomendaciones emitidas por el área de salud ocupacional de la empleadora. En consecuencia, pidió que se condenara a la accionada a pagar, desde el momento de la extinción del vínculo hasta la fecha del reintegro efectivo, los salarios, los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, la prima de servicios, las cesantías y sus respectivos intereses, las vacaciones, las

indemnizaciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 64 del CST y la de 180 días de salario por haberla despedido cuando estaba cobijada por la estabilidad laboral reforzada de la Ley 361 de 1997, junto con la indexación de las sumas de dinero. Fundó sus peticiones, básicamente, en que suscribió con la demandada un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que inició el 12 de noviembre de 2013, cuya última prórroga sucesiva iría hasta el 16 de septiembre de 2015; que se desempeñó, primero, como archivista, y luego, como oficinista de información y control; que, en esos cargos, sus funciones consistían en atender «los requerimientos documentales que se presentaban en la Subdirección Jurídica de Cafam»; que al ingresar al servicio se determinó su aptitud para el empleo y la ausencia de patologías asociadas a lesiones osteomusculares.

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Radicación n.º 89361 Alegó que, por las tareas a su cargo, hizo sobreesfuerzos manuales y empezó a sentir «contracción muscular permanente a nivel del dorso alto, lado derecho y fuertes dolores en sus extremidades superiores», razón por la cual, el 18 de diciembre de 2013, acudió a valoración médica en la EPS Sura, cuyo registro clínico dejó consignados los padecimientos descritos; que las afectaciones de su salud, producto de la carga laboral, se fueron agravando en los aspectos físico, mental y emocional. Narró que el 3 de junio de 2015, al practicarle el examen

periódico ocupacional, se le indicó que padecía de tendinitis de flexores en el antebrazo izquierdo y extensores del antebrazo derecho, tenosinovitis estenosantes de Quervain (derecho) y «trastornos de refracción corregida entre otras», al tiempo que le hicieron recomendaciones laborales para su manejo, situación de la que informó al día siguiente al analista de subdirección jurídica y a su jefe inmediato, a través de correo electrónico. Refirió que «el 15 de julio de 2015, […] fue notificada de la terminación unilateral del contrato de trabajo», inmediata, injustificada y sin autorización del Ministerio de Trabajo, aún a sabiendas de su estado mermado de salud; que el 21 del mismo mes y año le realizaron el examen médico de retiro, en el que se evidenció el deterioro de su salud osteomuscular; que la EPS Sura, en septiembre de 2015, determinó el origen laboral de la enfermedad que padecía; que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez definió el diagnóstico de «síndrome del túnel carpiano derecho de origen laboral»; que

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Radicación n.º 89361 siguió en proceso de calificación «de origen» respecto de su mano izquierda. Exteriorizó que, mediante acción de tutela, se ordenó su reintegro a Cafam, el que se hizo efectivo el 6 de abril de 2018, pero que le dieron por terminado ese nuevo contrato el 10 de mayo de ese año; que, para la ejecución de esta última vinculación, se le practicó examen de ingreso el 5 de abril de

igual calendario, en donde se advirtió sobre sus limitaciones laborales en los miembros superiores; y que, al resolver la impugnación interpuesta por la empleadora, la acción constitucional fue declarada improcedente, lo que constituyó la razón del nuevo desahucio laboral; por último, consideró que el reintegro referido fungió como interrupción del término prescriptivo. En su respuesta a la demanda, Cafam se opuso a las pretensiones y, frente a los hechos, aceptó la existencia de un contrato de trabajo a término fijo desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2015, día en el cual despidió a la trabajadora, sin justa causa y con el pago de la indemnización apropiada, que ascendió a $3.207.142. También aceptó los efectos del fallo de tutela de primera instancia y la revocatoria de este por el juez constitucional de segunda instancia. En lo restante, expuso que el relato fáctico no era cierto o que no le constaba su contenido. En su defensa, planteó las excepciones de inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de título y causa en la demandante, pago, enriquecimiento sin justa

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Radicación n.º 89361 causa, compensación, buena fe, prescripción, «alcance de la Ley 361 de 1997», improcedencia e imposibilidad del reintegro y «mi representada no le causó perjuicio alguno a la actora».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá,

mediante fallo del 24 de abril de 2019, dispuso: PRIMERO: ABSOLVER a la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM de todas las pretensiones incoadas en su contra por la señora Carolina Forero Torres.

SEGUNDO: Por el resultado del proceso el Despacho se declara relevado del estudio de las excepciones propuestas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante fallo del 21 de agosto de 2019, confirmó la decisión del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal tuvo como hecho libre de discusión la existencia del contrato de trabajo a término fijo desde el 12 de noviembre de 2013 y hasta el 15 de julio de 2015. Recordó que la Ley 361 de 1997 protege los derechos de las personas que sufren padecimientos físicos, sensoriales o psíquicos, con el fin de evitar su segregación por ese motivo. Sin embargo, advirtió que no toda limitación permite activar

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Radicación n.º 89361 la protección especial, pues esta solo opera frente a quienes experimentan una discapacidad «moderada o mayor», parámetro que dijo que fue acogido tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional, de la que resaltó la sentencia CC C458-2015. También postuló que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, pero que el empleador puede desvirtuar esa conjetura, mostrando en juicio que la causa justa alegada ocurrió o que su móvil no fue la situación de

discapacidad. En ese sentido, aludió a la providencia CSJ SL, 11 abr. 2018, rad. 53394. Mencionó que no es solemne la prueba de la pérdida de capacidad laboral o de la discapacidad del trabajador, es decir, que la forma de demostrar esos hechos no es, únicamente, el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, en tanto que, de las pruebas allegadas al proceso, el juez podría determinar, a través de un hecho notorio, el impedimento del trabajador para desarrollar sus funciones. Dijo que, como pruebas documentales, fueron arrimadas la historia clínica, el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, unos exámenes médicos y recomendaciones, que no eran restricciones, con las que se demostraron los diagnósticos de síndrome del túnel carpiano del lado derecho, tendinitis de flexores del antebrazo izquierdo y de extensores del antebrazo derecho, tenosinovitis estenosantes de Quervain derecho, trastornos de refracción corregida y sobrepeso.

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Radicación n.º 89361 A partir de los testimonios de Luis Felipe Sanmiguel Botero, Malia Eddy Sánchez Andrade y Sergio Antonio Pescador Cristiano, concluyó: […] del primero, se logra inferir que la actora padecía de dolores en sus manos y articulaciones, que tuvo varias incapacidades, que un médico le prestó tratamiento médico en las instalaciones de la empresa, que la actora tenía recomendaciones frente al manejo de la carga de digitación y pausas activas, y que la

demandada tenía conocimiento de la situación de su trabajadora, por demás, que lo comunicó a través de correo electrónico; la segunda, tan solo manifestó que la actora efectuaba la obra desde su casa cuando se reintegró; y, el tercero, adujo que desconocía si la actora tuvo incapacidades, estaba en proceso de pérdida de la capacidad laboral, que tuvo restricciones para la realización de sus funciones y si estaba incapacitada al momento del traslado. Así las cosas, y conforme a tal acervo probatorio, la Sala no puede inferir con certeza que se está frente a una persona cuya pérdida de la capacidad laboral sea superior al 15%, y que por ende, la demandante podía ser sujeto de especial protección, es decir que se encontraba en una calificación igual a la moderada o superior, pues de la valoración en conjunto de las pruebas que se efectúa es claro que frente a esos padecimientos de la actora, no estamos frente a una de aquellas que pueda darse la categoría de hecho notorio, que pueda permitir disponer que de ella pueda afectarse de forma sustancial la realización de sus funciones. Además, ha de tenerse en cuenta que la actora manifestó, en su interrogatorio, que al momento de la terminación de su vínculo no presentaba ningún tipo de incapacidad, y el testigo Luis Felipe Sanmiguel Botero incurrió en una contradicción respecto del dicho de la actora, al manifestar que entre los cargos que desempeñó ella estaban el de archivista y oficinista y que sus funciones se incrementaron, pues la accionante manifestó que eran exactamente iguales, situación de la que no se logra desprender que tal declaración sea lo suficientemente fidedigna

y fehaciente para establecer la situación de salud de la demandante, más aún si se tiene en cuenta que el testigo Sergio Antonio Pescador Cristiano adujo que entre ellos se decía que existía una relación sentimental. Sobre el tópico se aclara que las pruebas, por parte de esta corporación, siempre deben ser analizadas en conjunto, atendiendo a las previsiones que aparecen narradas en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, según el principio de la libre formación del convencimiento. Finalmente, habrá de advertirse que esta Sala estima que esa sentencia, emitida por el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el 18 de marzo del 2018 y

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Radicación n.º 89361 visible en los folios 324 a 336, a todas luces resulta desproporcionada —con el respeto que le predicamos a nuestros pares—, entonces que realmente uno de los requisitos de las acciones de tutela es el de inmediatez, y si el vínculo terminó en el año 2015, ¿cómo es posible que tres años después ordene el reintegro de una persona? Insistimos, somos respetuosos de las decisiones de los jueces, pero esa decisión en nada incide en la que adopta esta corporación y en derecho.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Carolina Forero Torres, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, proceda así:

[…] revoque los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto del fallo fechado 24 de abril de 2019 proferido por el juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, por el cual se absolvió a la Caja de Compensación Familiar Cafam frente a cada una de las pretensiones principales y subsidiarias incoadas en la demanda. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que replica la accionada y que se resolverán en conjunto por compartir el cuerpo normativo acusado, así como los fundamentos y argumentos esbozados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa y por interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con el 13, 47 y 53 de la CN; 1.°,

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Radicación n.º 89361 9.°, 11, 17, 19, 21, 56, 61, 62, 200, numeral 31 y 37 del artículo 201 y 206 del CST. Indica que el error del Tribunal obedece a la interpretación que le dio al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que la protección de estabilidad reforzada no aplica de manera exclusiva a los trabajadores que cuenten con una calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) superior al 15%, argumento que acompañó con la cita de la providencia CSJ SL5181-2019. Enseguida, ilustró el entendido que surgió de esta Sala de la Corte acerca del término discapacidad conforme a la sentencia CSJ SL12998-2017;

igualmente, compartió el concepto que trae de aquella el artículo 13 del Decreto 917 de 1999. A continuación, señala que la Ley 361 de 1997, conforme a su espíritu y desarrollo jurisprudencial, brinda la protección especial en dos momentos, el primero, «antes de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, a través de la existencia de un hecho notorio de afectación de salud del trabajador, que permita inferir una limitación en el desarrollo de las actividades cotidianas» y, el otro, cuando ya existe una calificación superior al 15% de discapacidad. Advierte que en ambos eventos debe existir el conocimiento del empleador en torno a la situación del laborante. Por ende, al existir este último elemento, la entidad debía esperar a que se surtiera la calificación para tomar la decisión de desvincular o reubicar a la trabajadora.

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Radicación n.º 89361 Plantea que limitar el alcance de la norma a darle protección a quienes acrediten el mínimo de 15% de PCL, deja por fuera a aquellas personas que, «ante un hecho notorio, conocido por el empleador, éste se apresure a finalizar el vínculo laboral a fin de evitar la aplicación del precepto legal» lo que infringe el artículo 13 de la CN.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con las demás disposiciones señaladas en el cargo primero, adicionando los artículos 25, 48 y 54 de la CN.

Como errores de hecho cometidos por el Tribunal, presenta los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que, a través de la copia de la historia clínica de salud ocupacional del 07 de noviembre de 2013, la señora Carolina Forero Torres era apta para ocupar el cargo de Archivista en la Caja a de Compensación Familiar Cafam, sin evidenciarse problemas asociados a sus extremidades superiores que generaran restricciones al cargo.

2. No da por demostrado, estándolo, que mediante valoración médica de fecha 03 de junio de 2015 efectuado por el área de salud ocupacional de CAFAM, se diagnosticó una serie de patologías osteomusculares y en la cual se remitió a valoración por la EPS, además de generar las recomendaciones relacionadas con la limitación para efectuar cargas mayores a 2 kg, no prensión o agarre digital prolongado, ni digitación mayor a una (1) hora ininterrumpida, aplicación de calor local, entre otras, constituyendo esta prueba una verdadera limitación a la ejecución de las labores desarrolladas por la señora Carolina Forero Torres en vigencia de la relación contractual.

3. No dar por demostrado, estándolo, que dentro del plenario se aportó copia del procedimiento de Archivo en el cual se detallan las actividades para el desarrollo de las actividades contratadas, quedando evidenciado que las acciones desarrolladas por mi

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Radicación n.º 89361 mandante eran eminentemente manuales, las cuales se vieron restringidas en valoración de salud ocupacional del 03 de junio de 2015.

4. No dar por demostrado, estándolo, que mediante guía ocupacional del cago (sic) de archivista y de oficinista de control

de información se encontraban las actividades relacionas (sic) con archivo, respecto del procedimiento señalado en el numeral anterior.

5. No da por demostrado, estándolo, que mediante valoración médica de fecha 14 de julio de 2014, en vigencia del contrato de trabajo, la IPS SURA CHICÓ prestó atención médica a la demandante, por trastornos relacionados con sus extremidades superiores. evidenciándose (sic) que efectivamente mi mandante había sido diligente en la asistencia médica ante la EPS.

6. No da por demostrado, estándolo, que la Caja de Compensación Familiar Cafam, en su condición de empleador, conocía de las patologías que padecía mi mandante antes del fenecimiento del vínculo contractual. Mediante las siguientes pruebas valoradas erróneamente: (i) Valoración Médica de Salud Ocupacional de Cafam de fecha 03 de junio de 2015, (ii) correo electrónico del 04 de junio de 2015 remitido por la demandante a su empleador, jefe inmediato, informando sobre sus limitaciones y anexando copia de la historia clínica de salud ocupacional. (iii) Testimonio rendido por el señor Juan Felipe

Sanmiguel Botero.

7. No da por demostrado, estándolo, que el representante legal de CAFAM, señor Daniel Gómez Guerrero, aceptó conocer de la recomendación que efectuó Salud Ocupacional respecto de la remisión que hiciera a la EPS para valoración de mi mandante, contenida en la historia clínica de fecha 03 de junio de 2015. Sin embargo, entró en contradicción a (sic) recalcar que no sabía de

las otras recomendaciones médicas que están plasmadas en el mismo documento emitido por Salud Ocupacional de fecha 03 de junio de 2015.

8. No da por demostrado, estándolo, que, al momento del retiro, mi mandate (sic) estaba afectada sustancialmente en sus extremidades superiores, de conformidad con el examen médico de retiro de fecha 18 de julio de 2015.

9. No dar por demostrado, estándolo, que mediante correo electrónico de fecha 04 de junio de 2015, la parte activa informó a su jefe inmediato, sobre los padecimientos en salud, y las consecuencias frente a su trabajo.

10. No da por demostrado estándolo que, mediante fallo de primera instancia de acción de tutela, se logró el reintegro de mi mandante, al considerar vulnerados los derechos fundamentales

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Radicación n.º 89361 de la trabajadora.

11. No dar por demostrado estándolo que, el área de salud ocupacional de Cafam emitió certificado de recomendaciones médicas de fecha 04 de mayo de 2018, consistentes en limitación a la manipulación de cargas superiores a 3kg, no digito punción, uso de brace (sic), no realización de actividades repetitivas, entre otros.

12. No da por demostrado, estándolo, que la Caja de Compensación Familiar Cafam, ante el conocimiento de la patología informada por la señora CAROLINA FORERO TORRES a su jefe inmediato, señor LUIS FERNANDO VILLAMARÍN RAMÍREZ, a través de correo electrónico de fecha 04 de junio de

2015, se apresuró a finalizar la relación laboral sin justa causa, para evitar la calificación de origen de la enfermedad y su posterior determinación de pérdida de capacidad laboral.

13. No da por demostrado, estándolo, que los médicos que realizaron las valoraciones ocupacionales a mi representada pertenecen al área de salud ocupacional de la demanda (sic).

14. No da por demostrado, estándolo, que la señora CAROLINA FORERO TORRES, a pesar de sus padecimientos, obtenía calificaciones de desempeño superiores al momento de las prórrogas de los contratos de trabajo, luego, no había justificación para la terminación del contrato, precisamente 2 meses antes del vencimiento del mismo.

Asegura que los errores se cometieron por la errónea valoración de las siguientes pruebas: • Historia Clínica Ocupacional, examen médico de Ingreso, de fecha 07 de noviembre de 2013 visible a folios: No. 6, 7 y 8. • Historia Clínica Ocupacional, examen médico periódico Ocupacional, de fecha 03 de junio de 2015. Folios: 66, 67, 68 y 69 • Valoración médica del 14 de julio de 2014 folio No. 44 • Correo electrónico de fecha 04 de junio de 2015 folio No. 49 • Interrogatorio de parte practicado al Representante Legal de Cafam en audiencia de fecha 04 de marzo de 2019, minuto 15:01 a 15:14. • Carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 15 de julio de 2015 folio No. 71 • Historia Clínica de Salud Ocupacional del 18 de julio de 2015

examen médico de egreso folios 72 a 76 • Fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de fecha 18 de marzo de 2018 visible a folios 110 a 116

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Radicación n.º 89361 • Testimonio rendido en audiencia del 04 de marzo de 2019, por parte del señor Juan Felipe Sanmiguel, minuto 42:22 a 1:06:27 • Declaración rendida por la señora Carolina Forero Torres en audiencia del 04 de marzo de 2019 minuto 29:20 a 41:40 • Dictamen de Calificación de Origen de la enfermedad emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. A folios 77 a 95 En condición de elementos no apreciados, enuncia: • Evaluación de Personal Cargo de apoyo visible a folio 260, 261, 262, 263, 264 y 265 • Procedimiento PCDA030002 Administración de Archivo de Gestión visible a folios 36 a 55 • Guía Ocupacional Departamento de Talento Humano del cargo Archivista folio 56 a 58 • Guía Ocupacional Departamento de Talento Humano del cargo Oficinista de Información, Control Información folio 59 a 62 • Concepto de medicina laboral de la Caja de Compensación Familiar CAFAM; de fecha 04 de mayo de 2018 folio 131. • Evaluación de personal cargos de apoyo. Folios 33, 260, 261, 262, 263, 264, 265. Además, afirma que impuso el agotamiento de la acreditación de una calificación de PCL superior al 15% para

satisfacer lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En la demostración del cargo, avisa que el Tribunal no hizo un estudio detallado y juicioso de las pruebas aportadas, toda vez que, al analizar el examen médico de ingreso, practicado el 7 de noviembre de 2013, en este no se reportan patologías impeditivas del desarrollo del cargo de archivista, pero al compararlo con los exámenes del 3 de junio y del 18 de julio de 2015, se concluiría el hecho notorio del deterioro en su salud. Además, refiere que la consulta realizada en la EPS Sura, el 14 de julio de 2014, deja constancia de sus

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Radicación n.º 89361 padecimientos, los cuales le entorpecían una cabal ejecución del contrato de trabajo. Expone que la empleadora conocía su estado de salud, pues el 4 de junio de 2015 envió un correo electrónico a Juan Felipe Sanmiguel Botero y a Luis Fernando Villamarín Ramírez, quienes eran los encargados de informar lo que consideraran necesario a las dependencias competentes. En cuanto al interrogatorio de parte surtido por el representante legal de Cafam, afirma: […] aceptó el vínculo laboral, los extremos temporales, y el reconocimiento de una recomendación médica, consistente en la remisión que hiciera salud ocupacional para valoración por parte de la EPS a la señora Carolina Forero Torres, sin embargo desconoció las otras recomendaciones generadas en ese mismo documento de fecha 03 de junio de 2015 suscrito por la médico Sandra Camelo García, perteneciente al área de salud

ocupacional de la entidad Demanda, que a letra dice: “SS/ Valoración por EPS (SSEMG y/o neurocondución (sic) de miembros superiores, No maneo (sic) de cargas >2 Kg unimanual, no presión o agarre digital prolongados, ni digitopunción mayor a 1 Hora ininterrumpida / calor local, Control anual optometría, Higiene postual (sic) y de Columna, Pausas Activas (sic) cada 2 horas”. Las declaraciones rendidas por el señor Gómez Guerrero fueron parciales, sin embargo, reafirman que CAFAM si conocía de las recomendaciones. aunado (sic) a lo anterior, se puede observar el testimonio vertido en juicio del señor Sanmiguel Botero, quién además ratificó el cumplimiento de las recomendaciones. Acerca del requisito de inmediatez de la acción constitucional, dice que se cumplió, toda vez que este fue «habilitado ante hechos nuevos que no se conocían, siempre y cuando el perjuicio se continúe causando, como en el caso que nos ocupa, la calificación de origen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez», razón por la cual el

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Radicación n.º 89361 reintegro procedía, aun cuando transcurrieron tres años desde el despido. Así, de haber analizado dicha prueba, habría encontrado que ella fue cobijada con la protección especial y que las recomendaciones del 4 de mayo de 2018 «son muy similares, por no decir idénticas» a las del 3 de junio de 2015. También resalta que, a raíz de ese fallo, la

vincularon a través de un nuevo contrato de trabajo, al cual se incorporaron las recomendaciones del área de salud ocupacional de Cafam, emitidas en 2015. Resalta lo consignado en el testimonio de Juan Felipe Sanmiguel Botero, quien era el encargado de supervisar las actividades que ella realizaba, y cuyos dichos —señaló el juez plural— entraron en contradicción con otras declaraciones. Por el contrario, el cargo alega que no existió discordancia entre ese testigo y lo dicho por ella en el interrogatorio de parte, cuando el primero se refirió al incremento de tareas al pasar de archivista a oficinista de control de información. Al respecto, estima que el error del ad quem se produjo por no revisar el documento «Guía Ocupacional de Archivista y Guía Ocupacional de Oficinista Control Información», en el que aparecen funciones diferentes a las del proceso de archivo común. Así, considera que el Tribunal no podía menguar la credibilidad del declarante con el argumento de que entre este y la actora existía una relación sentimental, toda vez que ello se desvirtúa con el mismo testimonio, vertido bajo la gravedad de juramento. Adicionalmente, indica que se contradice el principio de la no reformatio in peius, toda vez que la tacha del testigo

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Radicación n.º 89361 indicado ya había sido resuelta por el juez de primer grado, que analizó objetivamente su declaración, discusión que fue revivida por el Tribunal. Suma a ello que el juez de apelaciones malinterpretó la versión de la demandante, acerca de no encontrarse incapacitada en el momento del despido, situación definida

por la sentencia CSJ SL12998-2017, pues esa circunstancia no quería decir que no padeciera una discapacidad. En un último punto, advierte que la misiva de extinción del contrato laboral reconocía que ese finiquito ocurrió sin justa causa, situación que ratificó el representante legal de la demandada, lo que acompaña con extensa cita de la providencia CSJ SL1360-2018. Por último, alega que el juzgador de apelaciones no valoró el documento que contiene la última prórroga del contrato de trabajo, pues allí se dispuso la duración de esta entre el 17 de septiembre de 2014 y el 16 de septiembre de 2015, luego, vista la carta de despido, del 15 de julio de 2015, así como las calificaciones de desempeño, se entiende que el empleador apresuró el desenlace, «casualmente 1 mes después de que la trabajadora había informado a su empleador sobre sus patologías».

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia del Tribunal, por la misma vía, modalidad y cuerpo normativo del cargo segundo. En este

embate, como error fáctico, presenta:

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1. Menciona el a quo y retoma el ad quem, que de la valoración en conjunto de las pruebas, no se acredita una condición de protección para la señora CAROLINA FORERO TORRES, habida cuenta que no ostenta una Pérdida de Capacidad Laboral superior al 15%.

Después de indicar lo considerado por el a quo y lo referido por su superior, respecto de la falta de certeza de la pérdida de capacidad laboral por encima del 15%, transcribe

el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para señalar que los jueces de instancia trasgredieron los artículos 60 y 61 del CPTSS al no analizar correctamente las pruebas ni indicar que la norma que regula la especial protección no establecía prueba solemne para ser beneficiaria de sus efectos; por el contrario, «por vía jurisprudencial se estableció que la discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997 puede ser entendida a través de un hecho notorio». De ese modo, advierte que, exigirle la acreditación de la pérdida de capacidad laboral atenta contra sus derechos fundamentales, en especial el de la igualdad. Además, que ese apremio desconoce la jurisprudencia que ha explicado que la discapacidad se puede probar con un hecho notorio y que la protección foral se activa con el conocimiento del empleador acerca de la condición de salud de la trabajadora.

IX. RÉPLICA Cafam señala que la demanda tiene falencias de orden técnico, iniciando por el alcance de la impugnación, toda vez que no se indica cuál debe ser el proceder de la Corte, luego de la revocatoria de la decisión del juzgado, sin que sea

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Radicación n.º 89361 posible concluir a cuáles de las pretensiones de la demanda inicial debe accederse en tal evento. Recuerda que el artículo 66A del CPTSS limita la competencia del juez de segundo grado a los motivos de inconformidad respecto de la decisión del juez. En ese orden, observa que la indemnización por despido injusto, según el

artículo 64 CST, fue negada por el a quo por haber sido reconocida cuando operó la terminación de la relación laboral, situación que no fue discutida en el recurso de apelación, por ende, no sería dable concluir que el alcance está orientado al reconocimiento de todas las pretensiones de la demanda. Por otra parte, señala que