CSJ - SL2794-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2794-2023 Radicación n.° 96371 Acta 42 Bogotá, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de enero de 2022, en el proceso ordinario laboral que ÁLVARO GARCÍA SEDANO instauró en contra del recurrente.

I. ANTECEDENTES Álvaro García Sedano demandó a José Antonio Amado Medina, con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo verbal a término fijo, que se desarrolló del 26 de abril de 2005 al 16 de mayo de 2018, el cual terminó sin justa causa por razones imputables al empleador.

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Radicación n.° 96371 Solicitó que, en consecuencia, se condenara al demandado a pagarle el auxilio de cesantía y sus intereses, las vacaciones, las primas de servicio, los aportes al sistema de seguridad social causadas durante todo el tiempo que duró la vinculación; así mismo la sanción por la no consignación del auxilio de cesantía, la indemnización moratoria y por despido sin justa causa, y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 26 de abril de 2005 celebró con José Antonio Amado un contrato de trabajo verbal a término indefinido, para desempeñar el

cargo de «conductor y vendedor», el cual terminó el 16 de mayo de 2018; que inicialmente pactaron un salario de $800.000 mensuales, cantidad que posteriormente pasó a $1.600.000, cifra que se mantuvo constante durante los últimos tres meses; que fue contratado para ejercer las funciones en la ruta número 2, labor para la que el demandado le asignó el vehículo de placas FCB 629, con el cual debía transportar, distribuir y vender los productos de Comapán S. A.; que debía mantener en buen estado de funcionamiento el carro, y responder por la mercancía transportada al igual que por el dinero que recogía de cada venta. Señaló que tenía una jornada laboral de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., lapso en el que debía distribuir y vender los productos por disposición del demandado, quien era distribuidor mayorista de Comapán S. A. en las zonas que éste ordenará; que siempre ejecutó las funciones de manera

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Radicación n.° 96371 personal, atendiendo las instrucciones del accionado, cumpliendo un horario de trabajo fijado por aquel, sin haber presentado queja alguna o llamados de atención. Agregó que en vigencia de la relación laboral citó al accionado al Ministerio de Trabajo, con el fin de llegar a un acuerdo respecto del pago de las prestaciones sociales y parafiscales, sin que acudiera; que por el contrario el señor Amado Medina decidió dar por terminado el contrato de trabajo el 16 de mayo de 2018, sin que le pagara las prestaciones aquí solicitadas. El demandado, al contestar la demanda (f.° 50) se opuso

a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, dijo que no los admitía o no eran ciertos. En su defensa alegó que todas las personas que han trabajado con él «siempre han sido contratadas, unas veces en forma escrita y otra verbal, por comisión de ventas, sin ninguna prestación social ni aportes a salud ni pensión»; que en las pruebas allegadas observaba claramente que el demandante no demostraba la relación laboral; y por el contrario, «se evidencia la existencia de una relación de trabajo a destajo o por comisión, que es lo usual en esta clase de productos, como lo son los de la Empresa o Compañía Manufacturera de Pan (Comapan ) (sic)». Expuso que, si se aceptara que por el solo hecho de que el demandante recibía una comisión por la venta de los productos que retirara de la fábrica, con su autorización,

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Radicación n.° 96371 existió una relación laboral con él (accionado), «fácil es deducir y en análoga manera, que el aquí demandado también tiene una relación laboral con la empresa Comapán (sic) y eso es ilógico y absurdo desde todo punto de vista legal y jurídico». Al respecto propuso las excepciones que denominó inexistencia de contrato de trabajo y de relación laboral, cobro de lo no debido, inexistencia de obligaciones reclamadas, falta de causa para pedir, buena fe del demandado, prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante proveído del 13 de julio de 2021, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que, bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, existió un verdadero contrato de trabajo entre el señor ÁLVARO GARCÍA SEDANO y el demandado señor JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA, por el periodo comprendido entre el 26 de abril del año 2005 y el 16 de mayo del año 2018, conforme se expuso en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR al demandado JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA a pagar al demandante las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: a) Por concepto de cesantías, la suma de $8.378.029. b) Por concepto de prima de servicios, la suma de $1.804.435. c) Por concepto de intereses a la cesantía, la suma de $217.561. d) Por concepto de vacaciones, la suma de $2.444.444. e) Por concepto de indemnización moratoria (sic) de las cesantías $217.561.

TERCERO: CONDENAR al demandado al pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en un día de trabajo por cada

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Radicación n.° 96371 día de retardo, desde el 17 de mayo de 2018 hasta el 17 de mayo de 2020, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($38.399.770) y a partir del mes veinticinco (25) se pagarán los intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación, las sumas que fueron objeto de

condena por conceder prestaciones sociales, conforme se expuso en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR al demandado al pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no consignación de cesantías anuales, por un valor de $10.488.220.

QUINTO: ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones invocadas en la acción, especialmente, lo relacionado con la indemnización por despido sin justa causa y los aportes a la seguridad social, conforme se expuso en la parte motiva, y sobre estos declarar demostradas las excepciones de prescripción parcial, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto se fijan como agencias en derecho a su cargo lo correspondiente a nueve (9) SMLMV para el año 2021.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 31 de enero de 2022, al resolver los recursos de apelación impetrados por las partes, resolvió: Primero: Adicionar el ordinal segundo de la sentencia apelada en el sentido de condenar a José Antonio Amado Medina a pagar el cálculo actuarial por el tiempo que Álvaro García Sedano no estuvo afiliado al sistema de pensiones por cuenta del empleador, esto es, del 26 de abril del 2005 al 31 de agosto de 2009 y del 1° de octubre de 2015 al 16 de mayo de 2018, de conformidad con la liquidación que al efecto realice la Administradora Colombiana

de Pensiones, administradora a la que se encuentra afiliado el actor, con observancia del Decreto 1887 de 1994.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el

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Radicación n.° 96371 sentenciador advirtió que seguiría los lineamientos del artículo 66 del CPTSS y, por tanto, se limitaría a revisar los puntos objeto del recurso de apelación, el cual, acotó, se contraía a la existencia del contrato de trabajo, pues la pasiva insistía en que no se había configurado los elementos de éste; así mismo, sí procedía imponer en favor del demandante, el pago de un cálculo actuarial por el impago de algunos aportes a seguridad social. Así, en primer lugar, el juez de la alzada aludió al contenido de los artículos 22 y 24 del CST, con base en los cuales afirmó que para que sea válido un contrato de trabajo es necesario que concurran los tres elementos esenciales del mismo. Precisó que el artículo 24 referido consagraba la presunción legal de que toda relación de trabajo personal estaba regida por uno de esa índole, de manera que, una vez el demandante demostrara la prestación personal de los servicios, era al demandado a quien le correspondía la carga de desvirtuarla. Dijo que, por eso, sin pasar por alto el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, cuando se reclamaban derechos derivados de un contrato de trabajo y se controvertía su existencia, la prueba tenía que ser de tal contundencia que no quedara la menor duda de que esa, y no otra, había sido la relación jurídica suscitada entre las

partes. Bajo los anteriores derroteros, incursionó en el estudio del acervo probatorio; se remitió al certificado de matrícula

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Radicación n.° 96371 de persona natural de José Antonio Amado Medina (f.° 15), a la consulta en el RUNT del carro de placas FCB629 (f.° 1618), al documento elaborado a mano, fechado el 26 de abril de 2005 (f.º 19), suscrito por las partes, cuyo texto correspondía al siguiente: [...] celebran contrato de trabajo integral de la siguiente manera. El señor Álvaro García Sedano se compromete a vender productos de Comapán en la camioneta de placas FCB629, la cual queda bajo su total responsabilidad. El señor José Antonio Amado M. se compromete a pagarle al señor Álvaro García Sedano el 3.5% sobre las ventas de los productos de Comapan (sic). Esto queda muy claro al señor Álvaro García que es un salario integral. Asimismo, destacó la constancia de no comparecencia ante el inspector del trabajo (f.° 20); la certificación laboral del 27 de marzo de 2018, rubricada por el demandado, según la cual: «ÁLVARO GARCÍA SEDANO (...) labora con el distribuidor de Comapán (sic) JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA desempeñando el cargo de conductor y vendedor de la ruta NO. 2 devengando un salario promedio mensual de $1.600.000 desde el 26 de abril de 2005 a la fecha» (f.° 22); así mismo aludió a las facturas del 9 de diciembre de 2017

en las que consta que Amado Medina realizó la compra de unos alimentos a Comapán S. A. (f.° 23-26); los contratos de suministro para distribución y transporte del 1 de octubre de 2012, celebrado entre la Compañía Manufacturera de Pan Comapán S. A. y José Antonio Amado Medina, en el que se «le concede a éste último la comercialización de los productos de Comapán (sic) en la zona 16 de la ciudad de Bogotá» (f.° 58-63). También citó el formato de noticia criminal del 23 de

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Radicación n.° 96371 febrero de 2015, en el que el «actor denunció amenazas, vía mensajes de texto, en su contra, e indica que sospecha que el autor de ese acto es José Antonio Amado Medina» (f.° 65); la comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo del 18 de mayo de 2018, en la que el demandado «justifica su inasistencia a la audiencia de conciliación» (f.° 66); la misiva dirigida al Ministerio de Trabajo el 21 de junio de 2018, en la que Antonio Amado informó que no tenía ánimo conciliatorio (f.° 67); el documento elaborado a mano firmado por las partes, en el que «liquidan un contrato de trabajo a un año del 25 de agosto de 2001 al 25 de agosto de 2002» (f.º 68); las planillas de autoliquidación de aportes en salud del ciclo de diciembre de los años 2002 a 2007 y agosto 2008, así como los aportes a pensión de diciembre 2002, 2005, 2006,

noviembre de 2003 y enero 2004, en los que obra como aportante José Antonio Amado Medina y como afiliado Álvaro García Sedano (f.os 69 a 79) y la Resolución GNR 435205 del 20 de diciembre de 2014, a través de la que se reconoció una pensión de vejez a favor de José Antonio Amado Medina a partir del 2 de diciembre de 2014 (f.° 80 a 83). De igual manera destacó que al absolver el interrogatorio de parte el accionado manifestó que previo al año 2002, tenía contrato de trabajo con el demandante, pero que en razón a que las ventas de aquel no alcanzaban para cubrir el salario, mediante documento elaborado a mano, el 26 de abril de 2005, estipularon una comisión del 3.5% sobre aquellas, entendiendo aquella retribución como salario integral, por lo que había quincenas en las que le pagaba

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Radicación n.° 96371 $700.000 o $1.000.000, dinero que siempre se le sufragó sin quedar saldo alguno. Afirmó que el accionado «confesó que le suministraba un vehículo de su propiedad, sufragando incluso la gasolina, para que Álvaro García recogiera en el camión los productos, los vendiera y posteriormente le entregara el dinero de las ventas», puesto que debía «cuadrar las cuentas todas las tardes», labor que hacía algunas veces a las 3:30, 4:00 o 5:00 p. m., pues no tenía un horario especifico; que la comercialización del producto se realizaba en la zona 16 de Bogotá, en dónde tenían 80 clientes, de manera que «el actor

atendía 40 y él (el demandado) los otros 40 en Kennedy, Britalia, Bosa y Brasil»; que le pedía al demandante que llegara temprano a Comapán S. A. a recoger el producto, ya que la hora de entrada era a las 6:00 o 6:30 a. m., aunque en algunas oportunidades le «tocaba rogarle al señor para que llegara a las 5», de lunes a sábado. También indicó el absolvente que mientras Álvaro García prestó servicios, él hizo el pago de seguridad social, de manera directa; sin embargo, como se pensionó, procedió a suministrarle el dinero para que aquel cancelara los aportes, quien debía efectuar el abono directamente; que sufragó el pago del auxiliar que le colaboraba al actor en su gestión, incluso en varias oportunidades «pedía permiso y dejaba de reemplazo al auxiliar y se iba a hacer sus vueltas»; que entre el 26 de abril de 2006 y el 18 de mayo de 2018 tuvo descansos; que por medio de la esposa de Álvaro García, supo «que aquel lo había denunciado en la Fiscalía, y por esa

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Radicación n.° 96371 situación dio por terminado el vínculo». Igualmente, advirtió el Tribunal que el demandante en su interrogatorio aseveró que durante la relación laboral «jamás requirió al extremo pasivo la satisfacción de prestaciones sociales y vacaciones»; y que aceptó que José Antonio le entregaba un dinero para el pago de los aportes a seguridad social, suma que «no cubría ni el 10% del aporte

que en total ascendía a $375.000». Después relacionó de manera extensa los testimonios de Édgar Guerrero Ruiz, Fabián González Quitian, Ernestina Murillo Vargas, José Danilo Pardo y Juan Carlos Moncada Cárdenas. Adujo que del «estudio en conjunto de las anteriores probanzas» concluía que «el demandado no desvirtuó la presunción», de que los servicios fueron ejecutados bajo un contrato de trabajo; que por el contrario, las pruebas evidenciaban que el actor «no ejercía su labor de manera independiente, al estar en cumplimiento de su labor bajo las órdenes del propietario del automotor; atendiendo sus actividades dentro del horario de trabajo establecido», y desarrollando sus funciones con elementos que el demandado le suministraba. Indicó que «toda esta situación enmarca una subordinación de índole laboral», lo que configuraba el contrato de trabajo. Al efecto, dijo que tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, las certificaciones

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Radicación n.° 96371 laborales expedidas por el empleador se reputan inicialmente como ciertas, a menos que éste las desvirtúe (CSJ SL66212017 y CSJ SL2600-2018), circunstancia que en el presente caso no aconteció. Por tanto, estaba frente a un típico contrato de trabajo, en aplicación del principio de la primacía de la realidad y, por consiguiente, debía confirmar la decisión del juzgado en cuanto declaró la existencia de un verdadero contrato de trabajo, entre el 26 de abril del 2005 y el 16 de mayo del año

2018. En relación con los aportes a la seguridad social, destacó que la falta de afiliación al sistema corresponde a una omisión del empleador de cumplir su deber legal, por lo que en esos casos procedía el pago del cálculo actuarial (CSJ SL5089-2020); por consiguiente, era pertinente su imposición del 26 de abril del 2005 al 16 de mayo de 2018. Precisó que como el actor al absolver el interrogatorio de parte confesó que el entonces empleador le suministró unos dineros que resultaban insuficientes para sufragar el pago de seguridad social y que él (García Sedano) los realizaba de manera directa (f.° 111-114), figurando como trabajador independiente, debía atender dicha particularidad. Acotó que como el anterior hecho ocurrió «desde septiembre de 2009 hasta de septiembre de 2015», y aunque luego de esa data registró cotizaciones por medio de los

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Radicación n.° 96371 empleadores Unir Asesorías y Masivos Unidos SAS; lo cierto era que la existencia de otras relaciones laborales no eximían a José Antonio Amado Medina de cumplir con el deber que le asistía, por lo que adicionaba la sentencia para condenar al pago del cálculo actuarial correspondiente a los «periodos del 26 de abril del 2005 al 31 de agosto de 2009 y del 1 de octubre de 2015 al 16 de mayo de 2018», de conformidad con la liquidación que al efecto realice la Administradora Colombiana de Pensiones, administradora de pensiones a la que se encuentra afiliado el actor, con observancia del Decreto 1887 de 1994.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, lo absuelva de todas las pretensiones y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica, los cuales se resolverán en el orden planteado.

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Radicación n.° 96371

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de las siguientes disposiciones: [...] artículos 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977 y 980 del Código de Comercio; 23, 24 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con el 15 de la Ley 100 de 1993 (modificado por la L. 797/2003, art.3); 2, 25, 31, 51, 54 A, 60, 61, 66, 66 A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 164, 165, 167, 176, 179, 191, 193, 196, 202, 219, 221, 225, 243, 244, 245, 246, 250, 260, 278, 280 y 281 del Código General del Proceso.

Atribuye al sentenciador haber cometido los siguientes

errores de hecho:

1. No dar por probado, estándolo, que entre la compañía manufacturera de pan “COMAPÁN S.A.” y JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA, existió un contrato comercial de suministro para distribución.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato comercial suscrito entre “COMAPÁN S.A.” y JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA, es un contrato de cooperación, ya que el aquí demandante ÁLVARO GARCÍA SEDANO, participó en una misma gestión en favor de “COMAPÁN S.A.”, exigiéndole lealtad y buena fe, en razón del animus fraternitatis.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió un contrato de trabajo realidad.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato comercial celebrado entre JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA y ÁLVARO GARCÍA SEDANO, era de la misma naturaleza que el celebrado

entre “COMAPÁN S.A.” y JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA.

5. Dar por probado sin estarlo, que el demandado JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA actuó de mala fe.

6. Dar por probado sin estarlo, que los aportes a la seguridad social en pensiones realizados por terceros a favor del afiliado, implica por sí solo la existencia de una relación laboral.

Como pruebas erróneamente valoradas enlista las que

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Radicación n.° 96371 siguen:

1. DOCUMENTOS: • Misiva elaborada a mano por las partes de fecha 26 de abril de 2005. • Certificación del 27 de marzo de 2018.

• Historia laboral (folios 111 a 114).

2. PIEZA PROCESAL. • Escrito de contestación de la demanda al contestar los hechos 2 y 4, en cuanto encierran confesión por apoderado.

3. INTERROGATORIO DE PARTE, absuelto por el demandado JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA, en cuento encierra confesión.

4. TESTIMONIOS:

EDGAR GUERRERO RUIZ, FABIÁN GONZÁLEZ QUITIAN,

ERNESTINA MURILLO VARGAS, JOSÉ DANILO PARDO y JUAN

CARLOS MONCADA CÁRDENAS.

Como medios de convicción dejados de apreciar acusa el contrato de suministro para distribución entre Comapán

S. A. y José Antonio Amado Medina, así como el interrogatorio de parte absuelto por Álvaro García Sedano «en cuanto encierra confesión».

Manifiesta que celebró un contrato comercial con Álvaro García Sedano, en los mismos términos en los que él suscribió uno con Comapán S. A., tal y como lo expresó al absolver al contestar la primera pregunta del interrogatorio de parte que se le formuló, en la que se le indagó acerca de ¿cuál es el tipo de relación contractual, que hubo o que hay entre la empresa COMAPÁN y usted?, que contestó en los siguientes términos: Yo le vendo productos que produce COMAPÁN, me dan una comisión de un 15% por ventas de contado y paga un 10% en ventas a crédito de fábrica, ese es

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Radicación n.° 96371 el salario que devengo yo en COMAPÁN S. A..

Afirma que el «demandado» confunde salario con retribución, porque el contrato comercial tiene estipulado un porcentaje en ventas que corresponde a la diferencia entre el valor del producto y el que se tiene estipulado a los clientes directos de Comapán S. A., tal como se aprecia en el contrato que suscribió con esa empresa. Señala que en la cláusula cuarta del contrato que pactó con la empresa tantas veces citada se convino el precio del suministro, en la que quedó plenamente «entendido por las partes que la utilidad y/o beneficio del DISTRIBUIDOR será la diferencia entre el precio de compra y el precio de reventa», por ello el precio del contrato de suministro es del 15%, que es lo que denomina el señor Amado como salario que recibe él de Comapán S. A., pero que en el concepto del contrato comercial no es salario. Añade que también «confesó» que el demandante era su cuñado, circunstancia que se aprecia en la respuesta dada a la pregunta número dos, la cual resulta determinante para establecer el «grado de colaboración y la exigencia de lealtad y buena fe en razón del animus fraternitatis», por lo que existe una familiaridad en el sentido amplio, pues el vocablo fraternidad, proviene del lattin frater (hermano), razón por la que los esposos de las hermanas hacen parte de una fraternidad. Con relación a la respuesta a la tercera pregunta, dice

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Radicación n.° 96371 que confiesa que le paga una comisión del 3.5%, indicando la forma como se acordó el desembolso. Agrega que, si el

Tribunal hubiese estudiado correctamente el «interrogatorio de parte absuelto por el demandado», habría entendido que no existía un contrato realidad, pues lo que pactaron las partes fue el mismo tipo de relación contractual que aquel pactó con Comapán S. A. quien «retribuía al señor Amado, es decir, un contrato comercial de distribución de mercancía de

COMAPÁN».

Indica que si se hubiese tenido en cuenta la confesión del demandante «al absolver la única pregunta» que se le formuló en el interrogatorio de parte, en la que dijo que durante todo el tiempo que duró el contrato comercial «no le reclamó al demandado salario alguno, ni prestaciones sociales», habría advertido que el demandado «le había pagado la comisión por ventas que habían convenido»; pero que como ya no hubo entendimiento entre la fraternidad, el actor pretende con la demanda «hacerse a unos valores que no le corresponden», porque estaban en presencia de un contrato comercial. Insiste en que la voluntad de las partes fue la celebración de un contrato de la misma naturaleza de la que él suscribió con Comapán S. A. con el fin de distribuir y vender los productos elaborados por ésta; por tanto, queda claro que entre las partes no existió un vínculo laboral, como equivocadamente lo dijo el sentenciador. Después de transcribir la pregunta cinco del

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Radicación n.° 96371 interrogatorio absuelto por el recurrente, y su respuesta, señala que «está claro en el lenguaje del demandado que fue un contrato comercial», lo que se pactó entre las partes procesales, porque el objeto fue vender mercancías o

productos de Comapán S. A. por lo que al actor se le pagaba una comisión del 3.5%; y que la cantidad recibida por «Amado no le da para pagar prestaciones, luego está muy claro que el contrato celebrado entre el demandante y el demandado lo fue de carácter comercial». Adujo que lo propio ocurrió con las respuestas dadas a las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10, respecto de las cuales expresa que está acreditado que la parte pasiva se comprometió con Comapán S. A. a distribuir y comercializar los productos y el proveedor se obligó a suministrar periódicamente y a título de venta al distribuidor los productos que elabora, envasa, representa o distribuye o importa, en la zona o territorio determinada por las partes. Señala que en las cláusulas quinta y décima primera el contrato que el demandado suscribió con Comapán S. A. se estipuló que en las facturas cambiarias se debía indicar que el pago era de contado; y que el distribuidor asumió la obligación de vender los productos; por tanto, si se hubiese valorado adecuadamente tal documento, se «habría entendido que eran las mismas cláusulas, formas y obligaciones que señaló el demandado al contestar las preguntas del interrogatorio de parte y que por lo mismo estamos frente a un contrato comercial de similares características» al celebrado entre los hoy en litigio. Itera, que

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Radicación n.° 96371 de haber «valorado el contrato comercial entre “COMAPÁN S.A.” y el señor AMADO, habría entendido y valorado correctamente el interrogatorio de parte absuelto por el señor

JOSÉ ANTONIO AMADO en donde encierra confesión del contrato comercial celebrado», y que las características de los dos contratos eran similares. Alega que el sentenciador «no podía aplicar la presunción del contrato de trabajo, dado que estaba probado el contrato de naturaleza comercial con las características de un contrato de suministro para distribución». Con relación a la indebida valoración de la certificación del 27 de marzo de 2018, expedida por el demandado en favor del demandante, dice que «no era por la existencia de un contrato de trabajo, sino que la misma tenía como finalidad ayudar en un préstamo al demandante o una certificación de capacidad para endeudarse, pero ello no significa que esta certificación acredite un contrato de trabajo realidad», porque quedó probada la existencia del vínculo comercial. Por tanto, el valor probatorio que le dio el Tribunal no corresponde a la realidad de los hechos. Alega que, si se hubiese apreciado correctamente la contestación de la demanda se habría entendido que estaban probadas las excepciones de mérito propuestas, porque en los interrogatorios de parte, «tanto del demandado como del demandante, no se establecieron existencias de órdenes, ni subordinación, la prestación del servicio sí porque el contrato comercial lo exige». (subrayado de la Sala).

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Radicación n.° 96371 Agrega que, en este último, «se requiere la prestación del servicio, lo que no significa que, por prestar el servicio, sea un contrato de trabajo realidad». Finalmente, señala que estando probados los errores de hecho, se pueden analizar los testimonios de Édgar Guerrero Ruiz, Fabian González Quitian, Ernestina Murillo Vargas,

José Danilo Pardo y Juan Carlos Moncada Cárdenas, los que de haberse valorado correctamente, le hubieran permitido al Tribunal darse cuenta de la existencia del contrato comercial que las partes en conflicto celebraron en similares condiciones; pues los declarantes fueron contestes al indicar el monto de la comisión que pagaba al demandante. Por otra parte, y respecto a las indemnizaciones tanto por no la consignación del auxilio de cesantía como por el no pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato, dice que «las conductas de las partes, como se desprende de las confesiones hechas por el demandado JOSÉ ANTONIO AMADO MEDINA al absolver el interrogatorio de parte», así como de la no apreciación de «la confesión hecha por el demandante ÁLVARO GARCÍA SEDANO, al contestar el interrogatorio de parte […], en donde expresó que nunca hizo requerimiento de pago alguno al demandado», prueban que la conducta observada por las partes debe analizarse en el marco de los contratos comerciales de distribución de productos de Comapán S. A., los cuales coincidieron en el monto de las comisiones, en las horas de cargue de los productos y de entrega de cuentas y dineros, así como en la obligación de vender el producido; razón por la que tenían la

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Radicación n.° 96371 creencia de estar frente a un contrato comercial y no a uno laboral; y que hay que tener en cuenta cómo se comportan las partes, pues él pagaba sagradamente la comisión que pactaron y que el actor jamás reclamó emolumento distinto. En cuanto a los aportes a la seguridad social señala que

el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 3 de la Ley 797 de 2003, expresa que pueden ser realizados por terceros a favor del afiliado, sin que tal hecho implique, por sí solo, la existencia de una relación laboral; que el sentenciador se valió de la confesión hecha por el demandante al absolver interrogatorio de parte, consistente en que «le suministró unos dineros que le resultaban insuficientes para sufragar el pago de seguridad social»; que la historia laboral (f.° 111-114) evidencia que el demandante efectuó el pago de aportes como independiente; y que el Tribunal se equivocó al considerar que como él pagaba las cotizaciones en favor del demandante, a pesar de no ser su empleador, ello significaba la existencia de una rel