CSJ - SL2799-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2799-2023 Radicación n.° 93415 Acta 041 Medellín, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SALUDCOOP EPS OC - HOY LIQUIDADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 19 de agosto de 2021 en , el proceso promovido en su contra por la COOPERATIVA DE

TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

DE DON MATÍAS «PROSALCO» IPS.

I. ANTECEDENTES La Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud de Don Matías «Prosalco» IPS —en adelante Prosalco—, llamó a juicio a Saludcoop EPS OC, pretendiendo que se le condenara al pago de las facturas que se relacionan

a continuación:

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Radicación n.° 93415 Prefijo Factura Sede Fecha factura Fecha vencimiento Valor reclamado YA 11219 SABANETA 30/10/2014 28/01/2015 $998.708

YA 11233 SABANETA 14/11/2014 12/2/2015 $13.425.255

YA 11234 SABANETA 14/11/2014 12/2/2015 $65.790

YA 11372 SABANETA 30/11/2014 28/02/2015 $1.030.289

YA 11526 SABANETA 30/12/2014 30/03/2015 $1.021.684

YA 11681 SABANETA 20/01/2015 20/04/2015 $1.025.595

YA 11711 BARBOSA 17/02/2015 18/05/2015 $28.859.910

YA 11817 SABANETA 10/02/2015 11/05/2015 $14.137.605

YA 11822 BARBOSA 10/02/2015 11/05/2015 $3.101.820

YA 11949 BARBOSA 12/03/2015 10/06/2015 $39.064.160

YA 11950 CISNEROS 12/03/2015 10/06/2015 $15.946.143

YA 11951 SAN PEDRO 12/03/2015 10/06/2015 $17.524.905

YA 11952 SABANETA 12/03/2015 10/06/2015 $13.089.240 ya 11956 GIRARDOTA 12/03/2015 10/06/2015 $19.076.620

YA 11957 SAN CARLOS 12/03/2015 10/06/2015 $17.115.365

YA 11958 COCORNA 12/03/2015 10/06/2015 $12.215.550

YA 11967 SAN PEDRO 12/03/2015 10/06/2015 $1.327.563

YA 11968 BARBOSA 12/03/2015 10/06/2015 $3.116.683

YA 12230 SAN PEDRO 11/04/2015 10/07/2015 $1.131.206

YA 12234 GIRARDOTA 11/04/2015 10/07/2015 $2.033.980

YA 12296 SAN CARLOS 13/05/2015 11/08/2015 $17.822.895

YA 12298 BARBOSA 13/05/2015 11/08/2015 $3.220.729

YA 12506 BARBOSA 11/06/2015 09/09/2015 $40.577.800

YA 12507 BARBOSA 11/06/2015 09/09/2015 $3.254.368

YA 12509 CISNEROS 12/06/2015 10/09/2015 $16.016.022

YA 12510 SAN PEDRO 12/06/2015 10/09/2015 $19.180.345

YA 12512 SABANETA 12/06/2015 10/09/2015 $14.750.900

YA 125141GIRARDOTA 12/06/2015 10/09/2015 $19.589.905

YA 12516 SAN CARLOS 12/06/2015 10/09/2015 $18.122.365

YA 12703 SABANETA 14/07/2015 12/10/2015 $15.011.330

YA 12704 SABANETA 14/07/2015 12/10/2015 $1.199.266

YA 12707 SAN PEDRO 14/07/2015 12/10/2015 $18.571.615

YA 12708 SAN PEDRO 14/07/2015 12/10/2015 $1.401.099

YA 12709 CISNEROS 14/07/2015 12/10/2015 $15.816.253

YA 12710 CISNEROS 14/07/2015 12/10/2015 $1.268.891

YA 12711 COCORNA 14/07/2015 12/10/2015 $15.771.500

YA 12712 COCORNA 14/07/2015 12/10/2015 $1.230.558

YA 12713 SAN CARLOS 14/07/2015 12/10/2015 $18.162.955

YA 12714 SAN CARLOS 14/07/2015 12/10/2015 $1.378.413

YA 12716 BARBOSA 14/07/2015 12/10/2015 $3.246.545

YA 12931 BARBOSA 13/08/2015 11/11/2015 $38.415.955

YA 12933 CISNEROS 13/08/2015 11/11/2015 $13.666.378

YA 12935 SAN PEDRO 13/08/2015 ’ 11/11/2015 I $17.272.442

YA 12937 GIRARDOTA 13/08/2015 11/11/2015 $17.904.385

YA 129391SAN CARLOS 13/08/2015 11/11/2015 $16.293.555

YA 12941 COCORNA 13/08/2015 11/11/2015 $14.091.135

YA 12943 BARBOSA 13/08/2015 11/11/2015$4.537.206

YA 12955 SABANETA 14/08/2015 12/11/2015 $14.685.554

YA 13211 BARBOSA 11/09/2015 10/12/2015 $36.508.825

YA 13213 CISNEROS 11/09/2015 10/12/2015 $14.720.392

YA 13216 SAN PEDRO 11/09/2015 10/12/2015 $17.545.560

YA 13218 SABANETA 11/09/2015 10/12/2015 $14.944.095

YA 13222 SAN CARLOS 11/09/2015 10/12/2015 $16.202.020 ya 13224 COCORNA 11/09/2015 10/12/2015 $13.521.940

YA 13235 BARBOSA 30/09/2015 29/12/2015 $4.330.090

YA 13446 BARBOSA 15/10/2015 13/01/2016 $42.880.875

YA 13448' SAN PEDRO 15/10/2015 13/01/2016 $17.738.130

YA 13450 SABANETA 15/10/2015 13/01/2016 $16.752.095

YA 13451 SABANETA 15/10/2015 13/01/2016 $460.530

YA 13452 GIRARDOTA 15/10/2015 13/01/2016 $18.563.330

YA 13453 GIRARDOTA 15/10/2015 13/01/2016 $1.276.185

YA 13539 BARBOSA 30/10/2015 28/01/2016 $4.591.830

YA 13682 BARBOSA 12/11/2015 10/02/2016 $39.512.080

TOTAL $847.316.414

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Radicación n.° 93415 Así, como su indexación: […] que consistirá en el pago de intereses moratorios, los cuales serán equivalentes a la tasa máxima autorizada por la ley (el equivalente a una y media veces el bancario corriente), desde que cada factura se hizo exigible hasta el día en que se satisfaga el pago de cada factura. EN SUBSIDIO de este (sic) pretensión, la Indexación consistirá en la aplicación del interés civil a cada factura desde que se hizo exigible hasta el día en que se satisfaga el pago de cada factura. Fundamentó sus peticiones, en que Saludcoop EPS se

encontraba en proceso de liquidación forzosa, regulado de manera especial por la Resolución n.° 2414 del 24 de noviembre de 2015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud; que esta expidió la número 00178 del 29 de febrero de 2016, suscrita por el agente especial liquidador, en la cual, en el anexo 5, le asignó a Prosalco como número de acreencia el 19292, y como valores reclamados, reconocidos y rechazados las sumas de $1.733.675.897, $1.682.083.377,94 y $51.592.519,06, respectivamente. Que esos valores se mantuvieron con la Resolución n.° 00180 del 11 de marzo del mismo año; que la Superintendencia Nacional de Salud a través de la n.° 1731 de 2016, designó a Ángela María Echeverri Ramírez, como agente especial liquidadora de la EPS en liquidación, quien tomó posesión el 21 de junio de ese año. Narró que la EPS expidió la Resolución n.° 1935 del 10 de agosto de 2016, por medio de la cual revocó, entre otras, las números 00178 del 29 de febrero y 00180 del 11 de marzo, del mismo año, sin darle la oportunidad de interponer recursos; que posteriormente se emitió la 1960 del 6 de

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Radicación n.° 93415 marzo de 2017, que en el artículo séptimo de la parte resolutiva, ordenó lo siguiente: «RECONOCER las acreencias por concepto de deudas con las Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud identificadas como CLASE B, cuya solicitud de reconocimiento se presentó de manera oportuna al proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN las cuales se relacionan en el Anexo No. 1, que hace parte integral de la presente Resolución». Agregó que, en el citado anexo, en cuentas por servicios de salud, en el renglón 1117 se indicó como número de acreencia el 19292, y como valores reclamados, reconocidos y rechazados $1.910.981.002, $0 y $1.910.981.002, respectivamente; que el 24 de marzo de 2017 interpuso, de manera oportuna, el recurso de reposición contra el mencionado acto administrativo, el cual se resolvió a través de la Resolución n.° 1974 del 14 de julio de ese año, que en sus páginas 318 y 319 expresó lo siguiente:

364. Recurso de reposición interpuesto por Cooperativa de Profesionales de la Salud de trabajo asociado de Donmatias (sic), con radicado G-seps-199886 del 28 de marzo de 2017, G-seps19909 del 24 de marzo de 2017. (Acreencia No. 19292)

Antecedentes: […] El acreedor presento (sic) recurso de reposición contra la referida Resolución sustentándose en: Que, con el ánimo de levantar a glosa jurídica, envío copia del certificado de representación legal de la entidad. Solicito (sic) levantamiento de las glosas y pago de los valores solicitados.

Consideraciones:

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Radicación n.° 93415

Revisados los soportes adjuntos con el recurso de acceder al levantamiento de la glosa jurídica aplicada. Una vez verificados los soportes allegados por el recurrente se logró determinar que se cumplen alguno de los requerimientos normativos aplicables al caso. Por lo tanto, se accede parcialmente al recurso de reposición, y se reconoce la suma de $38.415.955.00, a la cual se le adiciona el valor otorgado en la Resolución 1960 de 2017, esto es $460.205.400,69, lo que da lugar a reconocer en favor del acreedor el valor definitivo de $498.621.355.69. Señaló que, en el mencionado acto administrativo, adicionalmente se indicó que no procedía recurso alguno; que, de la totalidad de la suma pretendida, solamente se le reconoció $498.621.355,69, quedando un saldo insoluto de $1.412.359.646,31; que revisó con detenimiento las facturas de ventas glosadas (rechazadas y no pagadas), y encontró que las relacionadas en las pretensiones, cumplían con las condiciones legales y contractuales, por lo que no debieron ser glosadas. Por último indicó, que las anteriores facturas de venta, que no habían sido pagadas por la EPS, eran cobros con base en la UPC, que es el valor que reconoce el sistema a través de esta, por cada afiliado (sea cotizante o beneficiario), por la organización y garantía de la prestación de los servicios y tecnologías en salud contenidos en el Plan de Beneficios en Salud; que Prosalco facturaba mensualmente a la EPS, valores que resultaban de la operación aritmética de

multiplicar el número de afiliados contenidos en la base de datos que ella le entregaba por la UPC; que los valores mensuales facturados no estaban condicionados a atenciones máximas o mínimas, o a requerimiento alguno,

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Radicación n.° 93415 por tanto, no existía fundamento normativo o de hecho para negar su pago; que la relación contractual que dio origen a las facturas de venta impagadas, relacionadas en el cuadro, tuvo su génesis en nueve contratos suscritos con la EPS en agosto de 2010, y uno general, el DNC-SC1339-2015 suscrito el 6 de julio de 2015; que el 9 de noviembre de 2017 presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 31 Judicial II, la cual se declaró fallida por inasistencia no justificada de la demandada. La accionada al dar respuesta al libelo genitor se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el proceso de liquidación, y el nombramiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la agente especial liquidadora a través de la Resolución n.° 1731 de 2016. En cuanto a los demás, expresó que no le constaban. Y agregó que el juez natural del concurso liquidatorio era la Superintendencia de Salud, a través del auxiliar de la justicia (agente especial), quien se encargaba de disponer de los recursos necesarios para atender las obligaciones presentadas en la oportunidad que demanda el proceso, y de realizar el control y auditoría para la calificación y graduación de créditos.

Añadió que el pago que se persigue por la suma mencionada debió ser presentado dentro del término legal para su calificación y graduación, ante la entidad que fungía como juez, por mandato constitucional reglado en el art. 116

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Radicación n.° 93415 de la CP; y, que la Resolución n.° 1960 del 6 de marzo de 2017, obedecía al estudio y control de legalidad que dio como resultado la negativa de la presentación de créditos. Como medios exceptivos formuló los de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, y falta de jurisdicción y competencia. Frente a la última excepción, el juzgado de conocimiento en la audiencia del 7 de julio de 2020 decidió atenerse a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en providencia del 17 de julio de 2019, que al dirimir el conflicto negativo suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa y la Laboral, le asignó su conocimiento a la última.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, a través de sentencia del 7 de julio de 2020, resolvió lo

siguiente: PRIMERO: CONDENAR A SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, al reconocimiento y pago de la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($847.306.413,00) por concepto de servicios de

salud prestados a la entidad demandada en virtud de los contratos de prestación de servicios de salud.

SEGUNDO: CONDENAR A SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN a cancelar la INDEXACIÓN de la suma señalada en el numeral primero a partir de la emisión de la sentencia y hasta el pago de la obligación.

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Radicación n.° 93415

TERCERO: AUTORIZAR A SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN a descontar en el evento de haber cancelado la factura YA0012931

por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($38.415.955,00), reconocida en la Resolución 1974 de 2017, de la suma a la cual fue condenada, las demás excepciones (sic)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por medio de providencia del 19 de agosto de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmó la providencia de primer grado.

Señaló que lo pretendido por la entidad demandante, era el reconocimiento y pago de las facturas presentadas con ocasión de los servicios médicos prestados a los afiliados de Saludcoop EPS Organismo Cooperativo – en liquidación, bajo la modalidad de pago por cápita, en la suma de $847.306.413, discriminada en la forma expuesta en el hecho décimo del libelo genitor. Precisó que los temas referentes a la competencia para conocer del asunto; la compensación ordenada en caso de haberse realizado el pago de la factura n.° YA 0012931 por la

suma de «$38.415»; la indexación de las condenas, o el hecho de haberse declarado no probada la excepción de prescripción propuesta, no serían objeto de estudio, ya que ninguna de las partes manifestó reparo al respecto.

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Radicación n.° 93415 En cuanto al tema de la competencia para asumir el conocimiento del proceso, dijo que es una situación derivada del conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de un lado, y la Jurisdicción Ordinaria representada por los Juzgados Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín y Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, de otro, que fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante providencia del 17 de julio de 2019 (f.° 583 a 601). Indicó que el problema jurídico consistía en establecer, si resultaba procedente ordenar el pago de las facturas presentadas para cobro por servicios de salud prestados a los afiliados de Saludcoop EPS, en virtud de los contratos de prestación suscritos con la IPS Prosalco, que suman un total de $847.306.413. Advirtió que, en virtud del principio de consonancia que gobierna el procedimiento laboral, se ceñiría a las inconformidades generales planteadas por la accionada a través del recurso de apelación, en cuanto se refiere a la imposibilidad de sustentar las condenas en el hecho de que mediante la Resolución n.° 00178 de 2016 se habían

reconocido todas las acreencias, ya que ese acto administrativo fue revocado posteriormente, lo que se produjo luego de las auditorías realizadas, en las cuales se encontraron una serie de inconsistencias en la graduación de créditos y en los procesos de cobro.

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Radicación n.° 93415

Luego expresó lo siguiente: Lo primero que cumple precisar, es que dentro del trámite administrativo que se adelantó previo al presente proceso judicial, se expidió por parte de la EPS accionada una resolución inicial, la n.° 00178 del 29 de febrero de 2016 “POR MEDIO DE

LA CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN identificada con el NIT 800.250.119-1 continúa y finaliza con la graduación y calificación de las acreencias presentadas oportunamente en el proceso liquidatorio”, mediante la cual se finaliza con la graduación y calificación de acreencias y en la que se había efectuado un recuento detallado de todas las facturas que hacían parte de la acreencia 19292, que es la que corresponde a PROSALCO IPS, indicando respecto de cada una de ellas la existencia de observaciones o causales de glosa que impidiera (sic) ordenar su pago, pero (sic) sin que en las que se incluyen a través del presente proceso judicial se hubiera indicado reparo alguno. Allí se observa como frente a otras facturas, no incluidas en este caso, el primer proceso de auditoría había arrojado como resultado que algunas no contaban con soportes en las bases de

datos de la entidad, o que no había evidencia del tratamiento realizado, o bien que el cobro no corresponde al valor facturado, porque no había soporte de facturación, o porque el cobro correspondiera a otro usuario, solo por citar algunos ejemplos. Sin embargo, es un hecho indiscutible y que no se puede desconocer, que esa resolución fue objeto de revisión y posterior revocatoria con la expedición de la Resolución 1935 del 10 de agosto de 2016, luego de un nuevo análisis jurídico y técnico ordenado por la nueva agente liquidadora de la entidad según Resolución 001731 de 2016, lo que se produjo al desconocerse la prelación de créditos que la ley establece y al encontrar -según se alegainconsistencias en aquel proceso de calificación y graduación de los créditos, como por ejemplo, fallas en el procesamiento de graduación y calificación, diferencias en el número de acreencias reportadas, aplicación indebida de glosas y un mayor valor reconocido con respecto a lo que se estaba reclamando. También es claro que posteriormente, mediante la Resolución 1960 del 6 de marzo de 2017, se resuelven una serie de objeciones a los créditos presentados y se califican y gradúan nuevamente las acreencias, estableciéndose en el numeral 5.4 las relacionadas con deudas con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en cuyo caso puntual se observa el reconocimiento de $317.901.058.013 (fl. 83 vto.) mientras que lo

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Radicación n.° 93415 reclamado había sido de $4.472.299.231.043 (fl. 83 vto.)

correspondiente a 2.372 reclamaciones. De ese total, en el caso de PROSALCO IPS, el valor inicialmente pagado corresponde a $0, sin que se incluyera un detalle respecto de cada factura, como sí se había hecho con ocasión de la Resolución 178 de 2016. Ya con la Resolución 1974 del 14 de julio de 2017, en la que se resuelve el recurso de reposición presentado por PROSALCO IPS, se señala que se logró determinar el cumplimiento de algunos requerimientos normativos reconociendo un pago por valor de $498'621.355. No obstante, a juicio de la IPS PROSALCO, sigue existiendo un saldo pendiente de pago según la relación de facturas que se hace en los hechos de la demanda, todos ellos derivados de los contratos suscritos con SALUDCCOP y al haber garantizado la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, la mayoría de ellos en el año 2015, motivo por el cual acude a la jurisdicción a través de la presente acción judicial. Relacionó la normatividad que regula el caso, a saber: el art. 179 de la Ley 100 de 1993; el literal d) del art. 13 de la Ley 1122 de 2007, el 4 del Decreto 4747 de 2007, y el 52 de la Ley 1438 de 2011, los tres últimos referentes al pago de los servicios contratados por capitación. Dijo que, como soporte para el cobro, Prosalco IPS aportó una serie de facturas con sus respectivos anexos, detallando el municipio al que corresponde cada grupo de afiliados, la fecha o el período de capitación, el total de afiliados en medicina POS que comprenden cada una, y el

valor a pagar, las cuales fueron presentadas ante Saludcoop EPS, y cuentan con el respectivo sello de recibido. Consideró que estas cumplen con todos los requisitos legales establecidos para que se genere la obligación de pago a cargo de la EPS demandada, teniendo en cuenta que fueron debida y oportunamente allegadas, y que frente a ellas no se

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Radicación n.° 93415 generó dentro del término legalmente establecido, glosa alguna que impidiera la realización de su pago; reuniendo las exigencias formales del art. 617 del Estatuto Tributario. Además, que los acuerdos de voluntades o contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, reposan de folios 110 y 240; y en ellos, la IPS se comprometió a la prestación de los servicios de salud por medicina general, odontología general, toma de muestras de laboratorio clínico y servicio farmacéutico, a los afiliados de la EPS que hicieran parte de la base de datos de la entidad y residieran en los municipios del departamento de Antioquia, tales como San Carlos, San Pedro de Los Milagros, Barbosa, Sabaneta, Girardota, Don Matías, Cocorná, Cisneros y Yarumal. Y que, por su parte, la EPS se obligó a pagar el precio de los servicios acordados según lo establecido en cada contrato, y que la cláusula séptima de cada una de ellos, previó las siguientes condiciones: el contratista debía presentar la factura electrónica de servicios, diligenciada en físico y detallada en medio magnético en archivo plano con los datos acordados por las partes; remitir los RIPS (Registros únicos de prestación de servicios)

adecuadamente diligenciados y procesados; y, presentar las facturas dentro de los primeros 20 días calendario del mes siguiente a la prestación del servicio. En lo que respecta al valor a pagar, el ad quem manifestó lo siguiente:

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Radicación n.° 93415 […] el contrato N° DNC-SC-1339 de 2015, tenía señalado que la entidad "...reconocerá a la IPS, como pago mensual el valor resultante de la multiplicación del valor por cápita, acordado y definido en el ANEXO 1 Sedes y Tarifas, que se reconocerá por cada afiliado vigente que aparezca en el listado o base de datos reportada por SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN en el respectivo mes...". Ese anexo, visible en el folio 203, tiene unos valores discriminados así: por consulta médica programada, prioritaria, domiciliaria y procedimientos menores, de $4.429; por odontología general, de $2.400; por laboratorio clínico niveles 1 y 2, de $1.668; y por suministro de medicamentos de $2'468, lo que representa un total por afiliado, cada mes, de $10.965, advirtiendo que existe otro concepto adicional denominado PyP cuyo cobro se hacía por aparte según lo explicado por el representante legal de la entidad demandante en su interrogatorio de parte y cuyo valor va a depender del Municipio en que se encuentre registrado el afiliado para la prestación del servicio. Resaltó que, en este asunto, la prestadora del servicio dio cumplimiento a las normas que regulan la presentación de las facturas para obtener su pago, no solo respecto de los

requisitos formales, sino en cuanto a la oportunidad para presentarlas. Y que no solo se demostró la existencia de una relación contractual entre las partes para la presentación de los servicios de salud bajo la modalidad de pago por capitación, sino que, adicionalmente las facturas presentadas cuentan con todos los requisitos de ley, incluyendo los RIPS (Registros únicos de prestación de servicios), además de que no fueron radicadas oportunamente para su pago y recibidas por la entidad dentro de los plazos que igualmente establece la ley. Puso de presente el tema de la carga de la prueba, con fundamento en el art. 167 del CGP, en armonía con el 1757 del CC; y señaló, que desde la óptica probatoria, la actividad

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Radicación n.° 93415 desplegada por la accionada fue pasiva, ya que solo se limitó a contestar el libelo genitor oponiéndose a las pretensiones, sin explicar lo ocurrido respecto de las glosas o supuestas inconsistencias encontradas en la auditoría realizada por la nueva agente liquidadora, y especialmente, sin aportar documento o prueba alguna que diera cuenta de las razones puntuales, concretas o detalladas, de por qué la acreencia 19292 de Prosalco IPS había sido rechazada. Al respecto, sostuvo lo siguiente: Lo único que se sabe de esa auditoría, que tampoco fue aportada al proceso, es lo que se menciona en la Resolución 1935 del 10 de agosto de 2016 a través de la cual se revoca el acto administrativo previo de reconocimiento de las obligaciones – la Resolución 178 de 2016 – y que está relacionado con

inconsistencias en el proceso de calificación y graduación de los créditos por fallas en el procesamiento de graduación y calificación, por diferencias en el número de acreencias reportadas, por aplicación indebida de glosas, por un mayor valor reconocido con respecto a lo que se estaba reclamando o por posibles pagos de acreencias a terceros que no tienen ningún vínculo con SALUDCOOP. Sin embargo, ni en la Resolución, que se ocupó de revocar no solo la acreencia sino de PROSALCO sino otras más por un monto mucho más alto al que hoy se reclama, así como tampoco en la 1960 del 6 de marzo de 2017 en la que se rechazan las acreencias presentadas, existe un detalle claro y pormenorizado de lo que ocurrió con cada factura como si se había hecho en la N° 178, en la que una a una se había indicado los motivos de glosa o rechazo de las facturas inicialmente presentadas. Si lo anterior fuese poco, igual o más relevante resulta el hecho de que la entidad demandada no se ocupó de presentar las glosas dentro de los términos establecidos por la ley para ese efecto. Finalmente adujo, que además de que la entidad no aportó prueba de las glosas a las facturas que en su momento se presentaron para cobro, así como tampoco el detalle de las auditorías realizadas, resulta evidente que se omitió el hecho

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Radicación n.° 93415 de que, según el trámite legalmente establecido, aquellas debieron plantearse dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro; lo cual no ocurrió, ya que

la última de ellas tiene constancia de recibido del 13 de noviembre de 2015 (f.° 518), mientras que las primeras mencionadas, están vinculadas a las auditorías realizadas en marzo, abril y junio de 2016.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que se: […] CASE totalmente la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Medellín, así como la sentencia del Juzgado 17

Laboral del Circuito de Medellín, en los temas en que le fue desfavorable y la Honorable Corporación en sede de instancia proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones y condenar en costas a la demandante. Se revoque el aceptar la pretensión de reconocimiento de deudas por concepto de facturación por prestación del servicio de salud, desconociendo la facultad que tenía la Liquidadora de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, de rechazarla bajo los estrictos términos que regulan el proceso Liquidatorio de la Entidad. Se revoque la decisión de condena al pago a favor de la demandante por concepto de servicios de salud prestados a la entidad demandada en virtud de los contratos de prestación de servicios de salud. Que se revoque la condena al pago de indexación impuesta a la (sic) mi representada por no haber pagado por concepto de servicios de salud prestados a la entidad demandada en virtud de los contratos de prestación de servicios de salud.

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Se revoque la condena en costas en contra de mi representada. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, objeto de réplica por la entidad demandante; los cuales se resuelven en forma conjunta, por unidad de motivación en su resolución.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de «interpretación errónea» del art. 52 de la Ley 1438 de 2011; el literal a) del art. 4, así como del 21 y 22 del Decreto 4747 de 2007; y, la Resolución n.° 3047 de 2008.

Indica que ello se presentó por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que no existe ninguna deuda a favor de la demandante, dado que el vínculo contractual entre las partes por la modalidad de “cápita” establece el pago anticipado de los servicios de salud.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el hecho de no presentarse en su oportunidad glosas respecto de la facturación objeto de la demanda, conllevaba a que se adeudaban las mismas, sin tener en cuenta, que la modalidad de “cápita” lleva implícito el pago anticipado de los servicios que preste la IPS a los afiliados de la EPS.

Como pruebas indebidamente apreciadas, relaciona los contratos suscritos con la entidad demandante (f.° 110 a 240).

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Radicación n.° 93415 Afirma que los fallos de primera y segunda instancia a

través de los cuales se impartió condena en su contra, incurrieron en forma evidente, en los referidos errores de hecho. En primer lugar, plantea lo siguiente: RESPECTO A LA EXISTENCIA DE LA DEUDA: 1) Que la liquidada SALUDCOOP EPS OC, al contratar los servicios con la IPS demandante, demanda (sic) cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia. 2) Que los mencionados contratos de prestación de servicios suscritos con la demandante no conllevan necesariamente a la existencia de deuda por el simple hecho de la prestación del servicio de salud, dado que la modalidad “cápita” implica el pago anticipado de los servicios. Señala que los citados errores, se materializaron a partir de la valoración de los contratos de «PRESTACIÓN DE

SERVICIOS ASISTENCIALES PLAN OBLIGATORIO DE SALUD

SALUDCOOP EPS Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATÍAS “Prosalco”», ya que el juez colegiado no tuvo en cuenta su tipología y alcance, y desconoció sus efectos y el procedimiento que se surte para efectuar el pago a los contratistas, es decir, que no apreció que la presentación de las facturas no implica una deuda, sino que solo se trataba de la legalización del anticipo pagado, lo que necesariamente conlleva a la conclusión de la inexistencia de una de la cual se derivó las condenas establecidas.

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Radicación n.° 93415 Dice que las partes acordaron contratos de prestación

de servicios, que fueron debidamente suscritos por la entidad demandante, quien como lo manifestó de