CSJ - SL2821-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2821-2023 Radicación n.° 95876 Acta 35 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la CARLOS JULIO DÍAZ ESPELETA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la

EMPRESA COMUNITARIA DE TRANSPORTE DE SUBA S.

A. – COOTRANSUBA S. A.

I. ANTECEDENTES Carlos Julio Díaz Espeleta llamó a juicio a la Empresa Comunitaria de Transporte de Suba S. A. para que se declarara: i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, del 14 de diciembre del 2001 al 12 de abril del 2017, cuando fue despedido encontrándose en tratamiento médico y, ii) que el salario que devengó estaba constituido

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95876 por el ingreso mínimo mensual, «la comisión de $215,00 por pasajero movilizado más las horas extras diurnas, nocturnas, recargos nocturnos, festivos y dominicales». En consecuencia, se condenara a reintegrarlo al mismo cargo o uno de mejor calidad, así como al pago de los salarios, lo probado ultra y extra petita, junto con las costas. En subsidio, deprecó que se ordenara: i) la reliquidación

de las prestaciones sociales, las vacaciones, durante los últimos tres años de la vigencia de la relación laboral, incluyendo en la base salarial la comisión por pasajero movilizado, horas extras, recargo nocturnos, festivos, dominicales; ii) el reajuste del IBC por el que se aportó al sistema general de pensiones adicionando las acreencias previamente referencias, pero durante todo el nexo contractual; iii) el pago de la «sanción legal por mora en la consignación de las cesantías completas», en los tres años finales de la unión laboral; iv) la indexación; v) lo que se hallara ultra y extra petita, así como vi) las costas. Fundamentó sus peticiones, en que la accionada lo contrató para que desempeñara el cargo de conductor de vehículos de servicio público de pasajeros, para lo cual le entregó los automotores n.° 56640, 56469 y 56618; que se pactó una remuneración del SMLMV; que aquél rigió del 14 de diciembre de 2001 al 12 de abril del 2017, data en que se culminó sin justificación, pese a que estaba en tratamiento médico; que la Secretaria Distrital de la Movilidad de Bogotá,

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95876 dio en concesión a la empresa demandada, para su explotación económica, las rutas C141, C183 y ZP183. Indicó que se encargó de los aludidos trayectos, en los cuales prestó sus servicios todos los días del mes, desde las 4:00 am a las 11:00 pm, salvo los domingos y festivos, en los

que su horario era de 6:00 am a 9:00 pm; que no se tenía asignado por vehículo dos conductores, lo que implicaba que cada trabajador laborara entre 14 o 16 horas diarias. Esgrimió que la entidad tenía un fondo de empleados denominado Fondetran Ltda., que era utilizado para que los conductores consignaran el equivalente al salario y que aquél les prestaba dicho valor y que, durante los últimos tres años, de su «propio pecunio consig[nó] a la Empresa Comunitaria de Transporte de Suba S. A., el valor del salario mínimo mensual legal vigente para que lo dejaran trabajar el siguiente mes, así sucesivamente».

Refirió que: i) aunque mensualmente las nóminas se firmaban, en realidad no se pagaban, ya que el operario era el que cancelaba el SMLMV conforme a las consignaciones realizadas a nombre de Fondetran Ltda.; ii) se le liquidó y canceló sus prestaciones sociales sobre la base del SMLMV; iii) la accionada le entregaba las cartulinas de control de despacho de viajes diarios al propietario del vehículo, este se lo asignaba al conductor, quien su vez la radicaba al despachador de la Empresa Comunitaria de Transporte de Suba S. A. y, iv) esta entidad llevaba un control diario de movilización de pasajeros de cada ruta, que tenía un tope

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95876 mínimo de 320 pasajeros diarios y 8.000 mensuales, para cumplir con la cuota exigida en Circular n.° 001-2017. Manifestó que su salario se integraba por el ingreso mensual, la comisión por pasajero movilizado, «las horas

extras, diurnas, nocturnas, festivos, dominicales y recargos nocturnos» y, que recibió diariamente la suma de $66.500 por concepto de aquella comisión, lo que al mes equivalía a $2.100.000 (f.° 2 a 14 del cuaderno 1). La demandada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el cargo desempeñado, el extremo inicial, el salario acordado, la concesión de las rutas para explotación económica, así como aquellas que fueron entregadas al petente, para que se prestara el servicio de transporte, las cartulinas de control de despacho de viajes al propietario del vehículo, la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales sobre el SMLMV. De los demás, aseveró que no eran ciertos, no le constaban, no eran supuestos fácticos o eran falsos. En su defensa, propuso como excepciones «dilatorias» las de pago, inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, compensación, mientras que «previas o de fondo» las de prescripción y pago (f.° 223 a 235 y 451 a 461, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95876 El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el 19 de noviembre de 2020 (f.° 594 CD y 596 a 597 acta del cuaderno 2), dispuso: PRIMERO: DECLARAR que el señor Carlos Julio Díaz Espeleta no goza de estabilidad laboral reforzada y, como consecuencia de

esto, ABSOLVER a Comunitaria de Transporte de Suba S. A., respecto de las pretensiones principales incoadas en su contra por la demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR a Comunitaria de Transporte de Suba

S. A. a tener como factor salarial las horas extras y trabajo suplementario, devengadas por Carlos Julio Díaz Espeleta, debiendo cancelar los siguientes valores por concepto de las diferencias que surgen, a partir de la reliquidación de las

prestaciones sociales:

1. Cesantías: $131.107

2. Intereses a las cesantías: $12.322

3. Prima de servicios $131.107

TERCERO: CONDENAR a la Comunitaria de Transporte de Suba

S. A. a cancelar las diferencias de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de Carlos Julio Díaz Espeleta, durante la vigencia de la relación, teniendo como salario base los relacionados mes a mes desde el año 2014 en la liquidación que se anexa. Para tales efectos, el demandante deberá indicar a qué fondo de pensiones se encuentra afiliado para que la respectiva administradora proceda a realizar el cálculo actuarial pertinente.

CUARTO: CONDENAR a Comunitaria de Transporte de Suba S.

A., haciendo uso de las facultades extra petita, establecidas en el artículo 50 del CPLSS, a pagar a Carlos Julio Díaz Espeleta la suma de $2.048.341 por concepto de horas extras.

QUINTO: CONDENAR a Comunitaria de Transporte de Suba S.

A. a indexar todas y cada una de las cifras objeto de condena, desde el momento de su causación y hasta que se produzca su

pago.

SEXTO: ABSOLVER a Comunitaria de Transporte de Suba S. A. de las pretensiones de reliquidación de vacaciones y pago de la sanción por no consignación de las cesantías, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación respecto de las pretensiones señaladas en el numeral quinto de esta providencia […]

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95876

OCTAVO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción, conforme a lo expuesto en la parte motiva NOVENO: COSTAS de esta instancia a cargo de Comunitaria de

Transporte de Suba S. A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer el recurso de apelación que presentó el demandante, el 26 de febrero de 2021 (f.° 604 a 615, ibidem), confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas a la parte activa.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico, de conformidad con el principio de consonancia, determinar si la jornada laboral del trabajador tuvo una duración de 14 y 16 horas diarias y, de contera, si se debía reliquidar las prestaciones sociales y vacaciones, en un monto superior al que fijó el a quo. Puntualizó que no era objeto de controversia el vínculo de trabajo entre las partes en litigio del 14 de diciembre de 2001 al 12 de abril del 2017, cuando culminó por decisión

del dador de empleo; el cargo de conductor; que la remuneración «ascendió al valor mínimo legal, más las horas extras», siendo el último de $867,422, lo que además se constaba con el contrato de trabajo (f.° 238 del cuaderno 1), la carta de desvinculación (f.° 345, ibidem), la liquidación final (f.° 286, ibidem), los controles de despacho (f.°68 a 41 y 239 a 282, ibidem), las planillas únicas de despacho (f.° 88 a 91 y 528 a 591, ibidem), el expediente laboral (f.° 287 a 444,

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95876 ibidem), la historia clínica, los interrogatorios de parte (f.° 466 cd, ibidem), los testimonios de Armando Firacative Dimaté y María de los Ángeles Albino Espinel (f.° 594 CD del cuaderno 2) y el dictamen pericial (f.° 468 a 488 y 594 CD, ibidem). También, esgrimió que no fue materia de discusión que el petente no estaba protegido por la estabilidad laboral reforzada de la Ley 361 de 1997, lo cual «en todo caso encuentra respaldo en la prueba documental […] ya que el demandante no aporta prueba de la incapacidad vigente a la fecha de despido y su historia clínica la radicada ante el extremo pasivo con posterioridad a la fecha de terminación del vínculo laboral». Ahora, en cuanto al trabajo suplementario acudió al artículo 167 del CGP y aseveró que correspondía al

demandante demostrar por «los medios autorizados los días que efectivamente laboró, sino la jornada y el número de horas». Frente a ello, recordó que esta Sala ha instruido, verbigracia en sentencias CSJ SL7678-2015 o CSJ SL67382016, que para que procediera el pago por trabajo suplementario o recargo nocturno, dominical o festivo, debía estar plenamente probado aquel, ya que no le era dable al juez realizar elucubraciones o suposiciones. Por tanto, argumentó que no existía duda que el llamado a demostrar la cantidad de horas diariamente

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95876 laboradas era el convocante a juicio, quien no debía endilgar la responsabilidad a la empresa, «cuando denuncia que dicha sociedad, con el ánimo de engañar a la justicia no allegó al proceso las plantillas y las cartulinas de despacho, que [daban] cuenta de los turnos diarios en los que se ejecutó [la labor]». Sostuvo que en todo caso no advertía ningún «ánimo por parte de la encartada de ocultar información sobre las documentales que da[ban] cuenta de los horarios en los que el trabajador laboró», dado que atendiendo lo pedido en la demanda, se aportó junto con la contestación al libelo los documentos que denominó «control de despachos» a folios 239 a 282 del cuaderno 1° y entregó a la perita designada aquellos y también las «plantillas únicas de despacho» para que rindiera la experticia solicitada. Luego entonces, aseveró que el juez de conocimiento valoró tales pruebas y adujo que «no aportaban claridad sobre

la persona que prestó los servicios en los horarios allí relacionados, dado que hac[ían] alusión a un conductor titular de nombre José Joaquín Soriano y un relevador, que corresponde al aquí demandante».

Indicó que: El anterior discernimiento impedía considerar el dictamen pericial, que igualmente fue desechado por el juzgado de conocimiento en la medida que la perito designada para el caso, tuvo en consideración para su análisis las plantillas y controles de despacho visibles a folios 487 a 591, de cuyo contenido se concluye la dificultad probatoria anotada, pues muchas de ellas,

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95876 se itera, hacen alusión a dos conductores, el titular y el relevador sin especificar quien fue la persona que en el realidad prestó el servicio, muy a pesar de no existir prueba clara de la existencia real de dos conductores por vehículo. Memoró que el señor Armando Firacativa Dimanté (f.° 594 CD del cuaderno 2), sostuvo en su declaración que el horario del actor se extendió entre 14 a 16 horas diarias, pero tal aseveración no tenía la virtud de desvirtuar la decisión inicial, ya que no aludió de manera cronológica y pormenorizada las horas laboradas por el petente, como correspondía en los asuntos en los que se pretendía el pago de trabajos suplementario.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo plantea así: «se persigue que la Sala Laboral de la

Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE el fallo impugnado, en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia» y transcribe los nueve numerales de la resolutiva de la decisión del juez de primer grado (f.° 7 de la demanda de casación del cuaderno de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se estudian a continuación de forma conjunta, por metodología y unidad de propósito.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95876

VI. CARGO PRIMERO Acusa la determinación del colegiado de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa los: […] artículos 21, 22, 23, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, artículo 64 modificado por el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, artículo 127, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, artículo 143, artículo 158, artículo 159, artículo161, modificado por el artículo 1° de la Ley 6ª de 1981, modificado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990, artículo 172, modificado por el artículo 25 de la Ley 50 de 1990, artículo 173 modificado por el artículo 26 de la Ley 50 de 1990, artículo 177 modificado por el artículo 1° de la Ley 51 de 1983, artículo 249, artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990,

artículos 13, 25, 29, 38, 39, 48, 53, 93 y 229 de la Constitución Política En el desarrollo, cita en extensos fragmentos de la «presunta» decisión que acusa y afirma que el colegiado ignoró la protección legal y constitucional que tienen los trabajadores en Colombia, sobre los derechos que emanan de un vínculo laboral, que está demostrada en el examine y regulada por los preceptos 22, 23 y 24 del CST. Menciona que de aquella «por ser derivada de un presupuesto principal inexorablemente conduce a que se les aplique la normatividad que se desencadena de esa relación», como son la jornada legal, así como el pago de horas extras como consecuencia del trabajo suplementario, de la comisión por pasajero movilizado, de la sanción por el no cubrimiento de los intereses de las cesantías y la no consignación antes del 15 de febrero de cada anualidad de las mismas cesantías completas, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, de acuerdo con la información de las planillas únicas de

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95876 despacho y los controles de estos, que reposan a folios 111 a 114 y 91 a 119, respectivamente, del cuaderno 1. Resalta que ello sirve «para verificar cuál conductor de trabajo durante el día asignado a cada ruta y frecuencia durante la jornada diaria», así como cuántas rutas tenía la empresa, los viajes que realizaba cada vehículo y como la accionada «no logró demostrar que existían dos turnos de conductores, por lo tanto, trabajaba uno solo (sic) conductor

para hacer los 5.6 viajes diarios y viajes diarios el cálculo (sic) de la tarifa para colectivos, buses y busetas para Bogotá del cuaderno principal»; situaciones fácticas que aduce ignoró el juzgador y favoreció a la convocada a juicio (f.° 8 a 11 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Endilga la violación por el sendero indirecto en la modalidad de aplicación indebida de los: […] artículos 21, 22, 23, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, artículo 64 modificado por el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, artículo 127, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, artículo 143, artículo 158, artículo 159, artículo161, modificado por el artículo 1° de la Ley 6ª de 1981, modificado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990, artículo 172, modificado por el artículo 25 de la Ley 50 de 1990, artículo 173 modificado por el artículo 26 de la Ley 50 de 1990, artículo 177 modificado por el artículo 1° de la Ley 51 de 1983, artículo 249, artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, artículos 13, 25, 29, 38, 39, 48, 53, 93 y 229 de la Constitución

Política. Formula como errores manifiestos de hecho, los

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95876 siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del salario real devengado, incluyendo las horas extras laboradas habitualmente todos los días de conformidad a los folios 91 a 110 controles de despacho, 111 a 114 planillas únicas de despacho, información que sirve para verificar cuál conductor trabajó durante el día asignado a cada ruta y frecuencia durante la jornada diaria, cuántos viajes hacía el actor diariamente, el folio 149 donde aparece la liquidación final de prestaciones sociales en la cual no se refleja una sola hora extra, ya que cada conductor sea titular o relevado según las mentiras de la demandada, pero para cumplir con las exigencias de producido conforme a la Circular n.° 001-2017 cada conductor debe trabajar entre 14 y 16 horas diarias para no ser sancionado o despedido como sucedió en este caso con mi mandante, debido a que la Secretaria de Tránsito y Transporte de la Movilidad de Bogotá, dio las rutas y frecuencias a cada empresa para que se preste el servicio, incluso las 24 horas de día, los 365 y 266 días del año debido a que la empresa no tiene dos conductores por vehículo, faltando a la verdad ya que el servicio de movilización de pasajeros es un servicio público esencial que se presta las 24 horas del día.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el actor, cumplió lo pactado en el contrato de trabajo, en su integridad durante los tres últimos años de la relación laboral. 3.No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho al pago de la reliquidación de las acreencias laborales.

4. No dar por probado, estándolo, que la demandada no pagó salarios ni aportó nóminas de pago, para demostrar tal dicho, ni recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos ni tuvo en cuenta la comisión por pasajero movilizado al momento de liquidar las prestaciones sociales definitivas del demandante, ya que el actor hacía el pago del salario a la empleadora por intermedio de Fondetran Ltda., visto a folios 74 al 87 consignaciones del actor al grupo aval Banco de Bogotá a la cuenta corriente Fondetran Ltda. Terminada en 102341393 lo cual coincide con el hecho n.° 9 y 26 negados por el representante legal de la demandada y desvirtuado por la testigo María de los Ángeles quedando demostrado las contradicciones en la contestación de la demanda, el interrogatorio del gerente y la jefe de recursos humanos, a folios 88 y 89 existe la autorización número 742955884 y la autorización numero 93786400 para realizar las transferencias del pago de los salarios que hace el trabajador a la empresa. 5.No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95876 consignó antes del 15 de febrero de cada año las cesantías completas sobre la base del salario real devengado por el demandante a un fondo de cesantías, valores inferiores a los devengados. 6.No dar por demostrado, estándolo, que de la relación laboral Se deriva la obligación de pagar un salario mínimo y la comisión de $215.00 por pasajero movilizado o sea un promedio de $2.100.000 mensuales, lo pertinente a las prestaciones sociales

del demandante, sin estar pactada en el contrato e trabajo aportado al expediente ver cláusula cuarta del contrato de trabajo para verificar cómo engañan con facilidad a los trabajadores, a los terceros y a quienes imparten justicia, e debe entender como una comisión extra por ese especial concepto debe ser rembolsada por el trabajador a la empresa a través de Fondetran Ltda.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no consignó las cesantías completas del demandante en fondo de cesantías, los valores realmente devengados, al no incluir la comisión por pasajero movilizado en promedio, según el contrato de trabajo aportado al expediente.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el actor aportó como prueba los documentos anexados con la demanda los folios 74 al 87 consignaciones del actor al grupo aval Banco de Bogotá a la cuenta de Fondetran Ltda. Terminada en 102341393 lo cual coincide con el hecho 9 y 27 negados por el representante legal de la demandada y desvirtuado por la testigo María de los Ángeles, quedando demostrado las contradicciones en la contestación de la demanda, el interrogatorio del gerente y la jefe de recursos humanos, a folios 88 y 89 existe la autorización número 74295884 y la autorización número 93786400 para realizar las transferencias del pago de los salarios que hace el trabajador a la empresa, a folio 90 está la Circular n.° 001 de 2017, la cual se puede verificar con el hecho 21 y 22 para darnos cuenta como en la contestación de la demanda, en el interrogatorio del gerente de la empresa y al testigo como se

contradicen y mienten con el fin de engañar a sus trabajadores y a la justicia, como lo consiguieron al hacer caer en error al a quo que profirió el fallo de primera instancia. En los folios 91 al 119 del cuaderno principal aparecen los controles de despacho, información que debe coincidir con las planillas únicas de despacho vistas a folios 111 al 114 conforme al hecho 18 de la demanda, negado en la contestación de la demanda, baste con verificar el hecho 18 para darnos cuenta como mienten para engañar a los trabajadores, a los terceros pensionados huérfanos y a su vez hacer caer en error a los jueces encargados de impartir justicia, el cálculo de la tarifa técnica para el servicio público de transporte colectivo para Bogotá, ver pág 8. Tabla 2 cantidad de pasajeros movilizados al día y al mes. Pág 14 tabla 7 prestaciones sociales 2 conductores y tabla 8 costo mensual de salarios,

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95876 cuaderno principal visto a folios 116 a 145, literal f) del capítulo III exhibición de documentos numeral 1° las planillas únicas de despacho de los últimos tres años, documento que no aportó la demandada, a pasar de la ratificación del gerente en su interrogatorio y la testigo que confirmaron que si están en poder de la demandada, la misma aportó los contratos de trabajo del conductor titular y el conductor relevador, además en el contrato no existen las dos modalidades que manifiesta la demandada en la contestación ver cláusula cuatro del contrato de trabajo de la demanda, asimismo al escribir en los controles de despacho,

código (sic) titular y relevador lograron engañar al a quo profirió el fallo en primera instancia y el ad quem lo confirmó en segunda instancia. Relaciona como pruebas no apreciadas: Liquidación de prestaciones sociales de Carlos Julio Díaz Espeleta de fecha 17 de abril de 2017. Los folios 74 a 87 consignaciones del actor a Fondetran Ltda., 88 autorización, 89 autorización, 90 Circular n.° 001.2016, 91 a 110 controles de despacho, 111 a 114 palmillas (sic) única de despacho, 116 a 145 el cálculo e la tarifa técnica para el servicio público de transporte colectivo para Bogotá, ver pág. 8 tabla 2 cantidad de pasajeros movilizados al día y al mes pág. 14 tabla 7 prestaciones sociales 2 conductores y tabla 8 costo mensual de salarios. En los fundamentos, reproduce en extenso apartes de la decisión que aduce emitió el Tribunal y señala que la prueba enlistada aporta mucha información veraz, ya que constata el número de viajes realizados en cada jornada diaria, la ruta asignada, en concordancia con el cálculo de la tarifa técnica para el servicio público de transporte colectivo para Bogotá, cantidad de pasajeros movilizados al día y al mes, así como la tabla siete que tiene «prestaciones sociales y tabla 8 costo mensual de salario documento que tiene relación directa con los hechos de la demanda y con las

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95876 planillas únicas de despacho». Menciona que «no fueron verificados los documentos

anexados al expediente para corroborar que […] si cumplió con las exigencias pactadas en el contrato», quien hizo los viajes e itinerarios diarios cumpliendo las órdenes dadas por la empresa «como garantía de la estabilidad laboral, los cuales reposan en el expediente sin haber un solo comentario frente a los mismos». Enfatiza que «si se hubieran apreciado todas las pruebas documentales aportadas en su oportunidad es imperativo concluir que […] tiene vocación para que se reconozcan y paguen los derechos consignados en las pretensiones».

Alude que: No es excusa valedera el sesgo inconveniente para el buen proceder manifestado por Honorable Tribunal que no miró, ni siquiera de soslayo la prueba aportada y practicada, lo que denota que el juez ad quem no obró con diligencia para perfeccionar su convencimiento.

Esgrime que el colegiado empleó unos principios que no son de recibo en el sub examine, ya que concluyó, con un «análisis equivocado del material probatorio mencionado», que la negación por parte del a quo de lo pretendido era una decisión correcta. Cita el precepto 53 de la Constitución Política para aseverar que, si las normas superiores consagran derechos de los trabajadores, no puede una empresa violarlos.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95876 Además, aduce que, conforme al artículo 43 del CST «no producirán ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezca la legislación del trabajo; la colegiatura entendió todo lo contrario». Por último, relata que la discrepancia con la sentencia

tenía que ver con la equivocada aplicación de las normas legales y constitucional; circunstancia que condujo al desconocimiento de «los derechos de origen legal y los fundamentos del actor y a la valoración de las normas sustanciales de orden nacional, dislates que salen a flote del cuidadoso examen de la realidad fáctica probatoria» (f.° 11 a 18 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VIII. RÉPLICA Cita las sentencias CC C1270-2000, CC C496-2015, CC C163-2019 y argumenta que dentro de las garantías del debido proceso se encuentra la «estructura probatoria», es decir «el derecho a la prueba trae consigo una serie de etapas conocidas como debido proceso probatorio», que engloba «la solicitud de la prueba, su decreto, práctica y valoración».

Así las cosas, sostiene que el recurrente de manera caprichosa pretende demostrar que los medios de convicción no fueron valorados en debida forma, sin tomarse el tiempo de realizar un trabajo para dilucidar los supuestos yerros

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95876 cometidos. Efectúa explicaciones sobre el decreto y análisis de las pruebas, con apoyo en la determinación CC C202-2005, así como el artículo 165 del CGP (f.° 1 a 8 del documento de réplica del cuaderno digital de la Corte).

IX. CONSIDERACIONES Como ha reiterado la Corte en innumerables ocasiones, la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta

naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable. Y es verdad que se ha admitido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, pues, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Por lo anterior, la Corporación encuentra que la

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95876 acusación contiene deficiencias técnicas, como pasan a analizarse:

1. El alcance de la de la impugnación en casación, que es el petitum de la demanda, en donde se debe pedir a la Corte, con la mayor claridad posible lo que pretende de ella, está formulado de manera inapropiada, por cuanto pasó por alto indicar con claridad cuál debía ser la actuación de la Sala, una vez quebrada la providencia impugnada, vale decir, si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en los dos últimos eventos, señalar el sentido en que debe remplazarse; actuación final que brilla por su absoluta ausencia.

Lo preliminar es de gran importancia, comoquiera que,

sin la adecuada enunciación de lo preliminar, no le es posible a la Corte estudiar la demanda, pues ello le impide delimitar el ámbito de su actuación (CSJ SL, 6 dic. 2006, rad. 16515, reiterada en CSJ SL1046-2018).

2. Ahora bien, en el cargo primero: 2.1. Se adjudica la infracción directa de los mandatos 22, 23 y 24 del CST, lo que se da cuando el juzgador no aplica la ley que regula la materia objeto de litigo, debiendo hacerlo, por ignorancia, rebeldía o por desconocer su validez en el tiempo y en el espacio (CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 16559, CSJ SL, 18 oct. 2005, rad. 26560, CSJ SL, 15 ag. 2007, rad. 30249 y CSJ SL2835-2015).

SCLAJPT-1