CSJ - SL2823-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrado ponente SL2823-2023 Radicación n.° 96711 Acta 35 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ JAVIER MALAGÓN MÉNDEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que instauró a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario a CRISTALERÍA PELDAR S. A.

I. ANTECEDENTES José Javier Malagón Méndez llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a fin de que se declarara que, por la exposición ocupacional permanente a sustancias comprobadamente cancerígenas,

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Radicación n.° 96711 tenía derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez al haber laborado desde el 8 de marzo de 1997, en actividades de alto riesgo. En consecuencia, se condenara a Colpensiones a otorgar y pagar la prestación, desde aquella data, con el retroactivo respectivo, los intereses de mora, la indexación y las costas.

Narró que: i) nació el 8 de marzo de 1957; ii) laboró para Cristalería Peldar S. A. por contrato de trabajo a término

indefinido, por espacio de 17 años, 7 meses y 28 días, desde el 10 de marzo de 1975 hasta el 7 de noviembre de 1996, cuando culminó por mutuo acuerdo; iii) empezó a cotizar ante Colpensiones por intermedio de la empresa Compañía El Libertador, el 1° de octubre de 1975; iv) la actividad económica de Cristalería Peldar S. A., era la fabricación de vidrio. En la sociedad de cristales, v) dijo que los cargos que desempeñó fueron los de «labores varias, selector varios, operador de máquinas de decoración, mecánico de decoración»; vi) el primero, lo hizo desde el 3 de marzo de 1979 hasta el 9 de julio de 1984. Allí, era responsable «por la ejecución de trabajos sencillos como ayudante de otros o de tareas específicas de aseo, con escoba y aire comprimido, limpieza, movimiento de materiales». vi) El segundo, lo hizo desde el 10 de julio de 1984 hasta el 14 de septiembre de 1986. En este, debía llevar a cabo:

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Radicación n.° 96711 […] la correcta selección y empaque de producción en diferentes empaques tales como costales, cajas de cartón, sistema de término encogido, canasta plástica y paletizado de tal manera que garantizara que la producción empacada reuniera las características de calidad, tolerancia y especificaciones requeridas por el cliente, lo cual implicaba armar cajas con avisperos, revisar, seleccionar la producción, calibrar, desechar la imperfecta, empacar la que llene los requisitos exigidos, pagar

las cajas, tiquetearlas, colocarlas en conveyor o arrumarlas. vii) El tercero, lo ocupó desde el 15 de septiembre de 1986 hasta el 2 de octubre de 1995. Estando ahí, tenía que operar las máquinas decoradoras, a más de estar bajo su égida «la ejecución y control de las labores o tareas necesarias en el proceso de decorado de productos tales como colocación de pantallas, suministro de pintura, operación de la máquina, corrección de defectos, etc.» viii) El cuarto, lo tuvo del 3 de octubre de 1995 hasta el 7 de noviembre de 1996. Su responsabilidad, se enfocaba en: […] mantener las máquinas de decoración en buenas condiciones de funcionamiento para que la decoración de artículos fuera de la mejor calidad y volúmenes que satisficieran los estándares de producción y las especificaciones de los clientes, las tareas del puesto de trabajo implicaban efectuar laborales tales como desarmar, reparar, modificar, partes o conjuntos de las maquinas o equipos de decoración y las necesarias para el buen mantenimiento preventivo o correctivo de dichos equipos, incluía también el cambio de referencias de acuerdo con los programas de producción. Contó que al desarrollar los quehaceres encomendados: ix) fue expuesto a sustancias particuladas que superaban los límites permisibles de exhibición ocupacional, como la sílice cristalina, el asbesto crisolito y el carbón.

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Agregó que: x) en razón de la actividad de la empresa, todos sus trabajadores en forma directa o indirecta, se vieron

sometidos a lo referido, en la sede de Cogua Cundinamarca, con esas y algunas sustancias como el cromo, el cadmio, el níquel, el arsénico y el benceno, entre otras; xi) por tal motivo, la compañía estaba catalogaba en niveles de riesgo 4° y 5°, dependiendo la zona de ejecución de trabajos.

Afirmó que: xii) emprendió sus obligaciones en un mismo ambiente donde no existían espacios aislados en forma hermética o se emplearan mecanismos de extracción que impidieran la contaminación del puesto de trabajo; xi) únicamente se brindó como elemento de protección personal una «balletilla (SIC) roja o dulce abrigo, mascarilla 3M simple o sencilla sin filtros para material particulado o vapores y gases» que no garantizaban una debida protección; xii) la sílice cristalina y el asbesto, eran de alto poder contaminante ambiental ocupacional; xiii) en el centro de producción donde cumplió funciones, en el polvo de casco de vidrio, se presentó un valor de sílice libre de 31 %; xiv) debido al descargue de materiales desde vehículos a granel, en el área de recepción de materiales vidrio plano, la contaminación por polvos alcanzaba toda la empresa; xv) donde laboró, hubo contaminación inclusive en la manipulación de vidrio terminado, a más de que, por falta de hermetismo, al descargarse el casco a las tolvas o volquetas, se generaban partículas provenientes del área exterior; xvi) la fabricación de los rodillos de asbesto en el centro de producción donde bregó el demandante estuvo hasta el año 2007; xvii) varios

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Radicación n.° 96711 compañeros, fueron calificados por autoridad competente por enfermedad profesional, estos son: a. José Miguel Quiroga Larrota quien estuvo en oficios varios y luego en decorado y control de calidad, falleció por mesotelioma pulmonar; b. Juan Darío Moreno Santana, desempeñó funciones en oficios varios y después, en el selector, por lo cual contrajo silicosis pulmonar por exposición a sílice cristalina y este, no estaba expuesto de manera directa, sino indirecta; c. Héctor Alfonso Murcia Cortés, llevó a cabo tareas en oficios varios y posteriormente, en materias primas. Se enfermó de Silicosis pulmonar como patología profesional; d. Víctor Julio Forigua, ejerció actividades en oficios varios y luego, en materias primas. Se vio afectado por la misma enfermedad, lo que se le encontró como padecimiento por trabajo; e. Parmenio Barrera Arcila, se ubicó inicialmente en labores varias y después como mecánico reparación de máquinas. Contrajo EPOC tipo enfisema severo y silicosis oxigeno dependiente (f.° 652 a 658 cuaderno de primera instancia, expediente digital). Colpensiones se resistió a las pretensiones. En torno a los hechos, aceptó los relativos a la calenda de nacimiento del actor, el tiempo de atadura de las labores y los escaños ocupados. Por los demás, adujo que no eran verídicos o no le constaban. Planteó como excepciones de fondo las de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir,

inexistencia de intereses moratorios y la innominada o

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Radicación n.° 96711 genérica (f.° 688 a 705, ibidem). Por medio de auto del 26 de agosto de 2019, se ordenó la integración del contradictorio con Cristalería Peldar S. A., como litisconsorte necesario (f.° 825, ib.), el cual fue apelado por dicho extremo y confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, a través de proveído del 1° de septiembre de 2016 (f.°620, ib.). La empresa rechazó los pedimentos. De cara a los supuestos fácticos, expuso que daba por veraz las calendas del natalicio del llamante a juicio y el interregno de lo trabajado. En derredor de los restantes, aseveró que no eran de su certeza o verdaderos. Invocó como herramientas protectoras de fondo las de inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción, conciliación y cosa juzgada, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la genérica (f.° 899 a 920, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de noviembre de 2020 (f.° 1289 acta, ibidem), resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de inexistencia del derecho reclamado formulada por COLPENSIONES y de inexistencia de la obligación y carencia del hecho formuladas por CRISTALERÍA PELDAR S.A. conforme las

consideraciones expuestas.

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Radicación n.° 96711 SEGUNDO.- ABSOLVER a la demandada COLPENSIONES y a la vinculada al proceso CRISTALERÍA PELDAR S. A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el demandante JOSÉ

JAVIER MALAGÓN MÉNDEZ.

TERCERO.- CONDENAR en costas al demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES, tásense por secretaría incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente a un (1) smlmv. Sin costas respecto de la vinculada al proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2022 (f.°24 a 37, cuaderno de segunda instancia, expediente digital), al resolver el recurso de apelación del demandante, confirmó la decisión de primer grado íntegramente.

Dio por acreditado que el actor cotizó 1659 semanas ante el ISS y Colpensiones, del 1° de octubre de 1975 al 31 de enero de 2017, a través de diversos empleadores y, laboró para Cristalería Peldar S. A. desde el 10 de marzo de 1979 hasta el 30 de noviembre de 1996, sin que se aportaran ciclos como especiales por alto riesgo, lo que se desprendía del reporte de semanas de Colpensiones y de la historia ocupacional emitida por Cristalería Peldar S. A. Recordó que el 27 de marzo de 2017 el accionante solicitó la pensión especial de vejez por alto riesgo y mediante

Resolución n.° APSUB 1637 del 2 de mayo siguiente, Colpensiones lo requirió para que allegara algunos documentos.

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Radicación n.° 96711 Memoró que aquel, nació el 6 de marzo de 1957, como daba cuenta su cédula y registro civil de nacimiento. Luego de hacer esas precisiones, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 209 de 2003, declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, bajo el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrían acreditar cotizaciones en cualquier actividad calificada jurídicamente como de alto riesgo, no sólo con las aportadas de carácter especial derivadas del Decreto 1281 de 1994. Refirió que, para quedar regulado por la norma previa, el demandante debía demostrar dos condiciones a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003: i) 500 septenarios en actividades de alto riesgo y, ii) ser beneficiario del régimen de transición del apartado 36 de la Ley 100 de 2003. Explicó que para el 28 de julio de 2003, el actor había sumado 1105.1 semanas, de las que ninguna tenía el carácter de especial, pero, como al 1° de abril de 1994entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993-, contaba con 37 años y había aportado 923.71 semanas, era beneficiario del régimen transición, según lo dispuso el apartado 36 ibidem. Así, estimó que aun cuando no lograba 500 semanas en alto riesgo, atendiendo su aseveración de haber trabajado en

aquellas con Cristalería Peldar S. A. y por virtud de la doctrina constitucional, analizaría si los ciclos allá desempeñados correspondían a las de ese tipo, caso en el

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Radicación n.° 96711 cual, era aplicable el régimen anterior. Memora lo dicho en el canon 8° del Decreto 1281 de 1994 sobre los términos para acceder a la pensión especial de vejez, es decir, 35 años –mujeres-, 40 años –hombreso 15 o más de servicios o cotizaciones para aquellos, según el régimen preliminar al cual estaban afiliados, esto es, el reglado por el apartado 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad. Vio que al 23 de junio de 1994, cuando cobró aliento jurídico el Decreto 1281, el demandante acumulaba 15 años, 3 meses y 13 días de cotizaciones con el empleador Cristalería Peldar S. A., lo que se colegía del resumen de semanas contribuidas. Consideró que la prestación perseguida había de ser analizada en los términos de la disposición 15 del Acuerdo ejusdem, cuyo literal d) preveía que los trabajadores expuestos o que operaran sustancias comprobadamente cancerígenas o a altas temperaturas, tenían derecho a que la edad se disminuyera en un año por cada 50 semanas de cotización adicional a las 750 iniciales. Y, su parágrafo lo condicionaba a que la actividad realmente estuviera calificada como tal por las dependencias de Salud

Ocupacional del ISS, con base en investigaciones sobre habitualidad, equipos utilizados e intensidad de exposición del trabajador. Hizo alusión a que el demandante, aseveró que durante

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Radicación n.° 96711 su vinculación con la dicha empleadora, estuvo sometido a contaminación generalizada del ambiente de trabajo, aportando para el efecto: […] (i) "Estudio Ambiental de polvo” de febrero de 1988, que indicó que todas las secciones muestreadas superaban los valores límites permisibles corregidos con un grado de riesgo comprendido entre 4.19 y 7.80, sin embargo, no indicó qué áreas fueron estudiadas, investigación elaborada por el ISS; (ii) estudio de materia prima utilizada en PELDAR y su relación con la salud obrera en general y el cáncer en particular de septiembre de 1991 - abril de 1992, sin que se conozca a qué entidad pertenecían las personas que lo realizaron ni quién financió dicho estudio; (iii) "Estudio de polvos” de 1994 que indicó alta contaminación por diseminación de partículas en el medio ambiente laboral en los procesos y operaciones de la planta (iv) "Informe de evaluaciones ambientales de material particulado”, de diciembre de 1996, marzo de 2001 y mayo 2003 que analizó el área de materias primas, alfarería, molduras de envases, molduras de cristalería, planta de arena y planta térmica; (v) correspondencia interna de 23 de septiembre de 1987 dirigida a Alberto Castillo Superint. Formación V. Plano por parte el Directo de Relaciones

Industriales en que le manifestó la importancia del uso de mascarilla protectora para el personal que manejaba o trabajaba con asbesto, sin que de dicho documento se pueda establecer que el actor tuviera que manejar o trabajar con asbesto; (vi) informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la evaluación de riesgos carcinogénicos para humanos por sílice y otras sustancias; (vii) oficio expedido por la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca, de 26 de junio de 2013 dirigido a Cristalería Peldar sobre mediciones de calderas; (viii) informe técnico N° 174 expedido por la Corporación Parmenio Barrera^^ y, Juan Darío Moreno Santana; (x) certificación de SURATEP de TI de agosto de 2007 en que señaló que José Absalón Cendales Bello falleció el 26 de agosto de 2006 como consecuencia de una enfermedad profesional y laboraba para Cristalería Peldar; (xi) calificación de origen profesional de la patología de Héctor Alfonso Murcia de 13 de agosto del 2012 por la ARP SURA, pero no señaló para qué empresa trabajaba (xii) Análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo químico y evaluación de material articulado sílice libre cristalina de Víctor Julio Forigua Forero realizada el 10 de diciembre del 2012; (xiii) historia ocupacional expedida por Cristalería Peldar S.A., según la cual el demandante prestó servicios en el cargo de Labores Varias en el Área de Decoración de Envases - de 10 de marzo de 1979 a 09 de julio de

1984 en el cargo de Selector Varios en el Área de Selección de Envases - de 10 de julio de 1984 a 14 de septiembre de 1986, en el cargo de Mecánico de Decoración - de 03 de octubre de 1995 a 07 de noviembre de 1996 puestos de trabajo en los que no tuvo

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Radicación n.° 96711 contacto con sustancias altamente cancerígenas; (xiv) concepto técnico en higiene Autónoma Regional de Cundinamarca, de 05 de julio 2013 sobre permiso de emisiones atmosféricas^®; (ix) dictámenes de calificación de invalidez de José Miguel uiroga Larrota, Víctor Julio Forigua Forero, Arcíla Parmenio Barrera y, Juan Darío Moreno Santana; (x) certificación de SURATEP de TI de agosto de 2007 en que señaló que José Absalón Cendales Bello falleció el 26 de agosto de 2006 como consecuencia de una enfermedad profesional y laboraba para Cristalería Peldar; (xi) calificación de origen profesional de la patología de Héctor Alfonso Murcia de 13 de agosto del 2012 por la ARP SURA, pero no señaló para qué empres trabajaba (xii) Análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo químico y evaluación de material articulado sílice libre cristalina de Víctor Julio Forigua Forero realizada el 10 de diciembre del 2012; (xiii) historia ocupacional expedida por Cristalería Peldar S.A., según la cual el demandante prestó servicios en el cargo de labores Varias en el Área de

Decoración de Envases - de 10 de marzo de 1979 a 09 de julio de 1984 en el cargo de Selector Varios en el Área de Selección de Envases - de 10 de julio de 1984 a 14 de septiembre de 1986, en el cargo de Mecánico de Decoración - de 03 de octubre de 1995 a 07 de noviembre de 1996 puestos de trabajo en los que no tuvo contacto con sustancias altamente cancerígenas; (xiv) concepto técnico en higiene ocupacional para el actor en que no se evidencia que estuviera expuesto por encima de los límites permitidos a sustancias como Cadmio, Arsénico, etc.; (xv) estudio del Seguro Social Seccional Cundinamarca sobre organización del sistema de vigilancia epidemiológica en empresas con riesgo de silicosis de Bogotá 1991; (xvi) informe de espirometrías de Cristalería Peldar de octubre de 2000, junio 2001 y noviembre 2003 las cuales fueron realizadas con posterioridad a la desvinculación del actor: (xvii) estudios de polvo, ruido y temperatura en la planta Cogua de Cristalería Peldar realizada en septiembre de 1992 por el Instituto de Higiene Ambiente y Salud sin que se conozca qué personas lo financiaron; (xviii) informes de evaluaciones de aerosoles sólidos, contaminantes químicos material particulado Dióxido de Silicio realizados en los años 2005 y 2011, años para los cuales ya no se encontraba prestando sus servicios el actor a la señalada cristalería y; (xix) evaluación de fibras respirables de asbesto en el ambiente

ocupacional de 09 de noviembre de 2012, data para la cual el demandante ya se había desvinculado de la citada empresa. Dijo, que se recibieron los testimonios de los señores Siervo Tulio Arévalo Montaño, quien en síntesis esbozó de forma genérica que todos los trabajadores de la empresa se encontraban expuestos a sustancias altamente cancerígenas; Julián Horacio Montañez, afirmó conocer al

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Radicación n.° 96711 actor; Edwin Alejandro Cano Parra, dijo que ingresó a laborar en diciembre de 2004 y María Teresa Uribe González, contó que trabajó desde noviembre de 2014 en la cristalería. Al respecto, coligió que los últimos tres no tenían certeza directa de los hechos que se debatían en el asunto, puesto que, el primero de ellos no manifestó conocer al actor y los demás, no se desempeñaron para la empresa en el mismo periodo que el llamante a juicio. Explicó que los medios de convicción reseñados no permitían colegir que el convocante hubiera estado expuesto o manipulara sustancias químicas propiamente cancerígenas, pues, en la historia ocupacional se anotó que del 10 de marzo de 1979 al 9 de julio de1984, estuvo en el cargo de labores varias en el área de decoración de envases; del 10 de julio de 1984 al 14 de septiembre de 1986 como selector varios en el área de selección de envases y, del 3 de octubre de 1995 al 7 de noviembre de 1996, fue mecánico de decoración, actividades que no se acreditó conllevaran

manejo de materias primas para fabricación de vidrio. Acotó que si bien los estudios reseñados referían contaminación general por diseminación de partículas, no permitían concluir la intensidad de la exposición, su habitualidad, ni que hayan incidido en la salud del demandante, en tanto que «el esparcimiento de partículas de materias primas como la sílice y el asbesto lo fue en el lugar de producción, por tanto, no afectaban a quienes como el actor, se encontraban en otra sección de la planta como el área de

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Radicación n.° 96711 selección de envases o decoración, tampoco se demostró qué equipos utilizó el actor en desarrollo de su labor». Por lo tanto, infirió que no se acreditaron semanas en actividades de alto riesgo y en esa medida, no podía acceder a la prestación deprecada con arreglo a los artículos 15 del Acuerdo 049 de 1990; 2° del Decreto 1281 de 1994 y el 3° del Decreto 2090 de 2003. Finalmente, aclaró que si bien hubo procesos en los que el Tribunal había emitido condena respecto de este tipo de prestación, no se podía afirmar la existencia de un precedente horizontal vinculante, en tanto que ello dependía de las circunstancias fácticas y jurídicas alegadas y corroboradas en cada asunto. Por lo tanto, sus efectos eran inter partes, a más de que fueron fallos de segunda instancia con la posibilidad de una nueva decisión en sede de casación. En cuanto a las costas, no las impuso, sin explicar la razón.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por José Javier Malagón Méndez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case totalmente el proveído impugnado y en sede de instancia, «revoque la sentencia de

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Radicación n.° 96711 primera instancia en su totalidad» (f.° demanda de casación, cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por las dos opositoras, los cuales se decidirán en conjunto en tanto que, a pesar de que se dirigen por vías diferentes, persiguen un mismo fin y se soportan sobre un compendio normativo similar.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la ilegalidad del fallo por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los apartados 12, 13 y 15 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en relación con el artículo 141 de la Ley 100 de

1993. También, la Ley 436 de 1998, que aprobó el Convenio 162 de la OIT la cual fue declarada exequible mediante sentencia CC C496-1998 Ley 436 de 1998; proveído CC C 038-2004 por la cual se dispone la aplicación de todos los convenios por tratarse de derechos humanos; arts. 11 del Decreto 1295 de 1994, 8° del Decreto 1161 de 1994; Decreto 2633 de 1994; 1°, 2° y 3° del Decreto 1832 de 1994;

apartados 54ª del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social; 53 de la Carta Política y 167 del CGP. Como fundamento de su embate, indica que no discute que trabajó para Cristalería Peldar S. A. desde el 10 de marzo de 1979 hasta el 30 de noviembre de 1996 de manera ininterrumpida, en las mismas instalaciones de

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Radicación n.° 96711 procesamiento y producción de la empresa en el municipio de Cogua – Cundinamarca. Afirma que el Tribunal, aunque no lo advierte expresamente, sí se colige «en la acción a la demostración que la actividad que desarrollaba […] era de alto riesgo y sí cumplió con los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo». Esto, porque «[…] allegó prueba documental que según el ad quem, no permite concluir que en ninguno de los cuatro cargos desempeñados hubiera estado expuesto en actividades peligrosas». Precisa que, mediante Decreto 758 de 1990 se aprobó el Acuerdo 049 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, por el cual se expidió el reglamento general del Seguro Social Obligatorio de invalidez, vejez y muerte, del cual citó el artículo 15. Estima que el colectivo no se detuvo a considerar el reconocimiento a la pensión especial de jubilación, en la forma singularizada en la norma, en la medida que le hizo producir efectos distintos a los reales «y de esa manera cometer una infracción directa por aplicación indebida de la norma, sin tener presente que para la aplicación de la citada

preceptiva, debía atender de forma objetiva los lineamientos establecidos en el artículo 36 del a Ley 100 de 1993». Pone de presente que al empleador a partir del 23 de junio de 1994, le correspondía la obligación de aumentar los seis puntos adicionales sobre el monto cotizado del

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Radicación n.° 96711 trabajador que estuviese en alto riesgo, conforme lo dispone el canon 5° del Decreto 1281 de 1994, hasta el 27 de julio de 2003, cuando debió adicionar otro valor de diez puntos a cargo del nominador, conforme lo establece el Decreto 2090 de 2002, lo que no fue previsto por el Tribunal. Esto, porque a su criterio: […] en el informativo con la prueba documental se acreditó de un lado, la exposición continua […] a sustancias comprobadamente cancerígenas; y de otro el conocimiento que sobre el particular tuvo la demandada desde el año 1988, de lo que se desprende de manera inequívoca la aplicación de las normas especiales relacionadas con la pensión deprecada, máxime lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, respecto al régimen aplicable. Ahora bien, lo que se pretende es el reconocimiento de una pensión especial, emergente de la realización de una actividad personal con exposición constante y general en una empresa clasificada como de alto riesgo y enfrentada a un sin número de estudios efectuados por la empleadora, por el ISS, la ARP SURATEP y el Grupo Guillermo Fergusson, Fichas de Datos de Seguridad Merck, Acta de Comité Paritario de Salud Ocupacional

No. 57 de abril 3 de 2007 entre otras, que demuestran la alta peligrosidad de los elementos y sustancias utilizadas por el actor en ejecución de la labor encomendada, de donde se colige de manera ineludible que el trabajador estuvo expuesto a sustancias peligrosas para la salud, y además se previene la aplicación de la norma definida en el Acuerdo de marras Agrega, que las AFP cuentan con instrumentos para asegurar el pago oportuno y completo de aportes por parte de los empleadores. De allí, que no puedan evadir sus responsabilidades de reconocer y cancelar las prestaciones al sistema de seguridad social, aclarando que únicamente se requería demostrar la exposición, lo que se comprobó «de los estudios, sentencias y demás pruebas documentales y testimoniales que se han aportado y obran en este proceso». Al respecto, cita el proveído CSJ SL, 6 feb. 2008, rad. 31408.

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Radicación n.° 96711 Estima, que en el caso sub judice «la infracción directa de la ley se presentó por haberse verificado la interpretación errónea de la norma por el ad quem, no obstante la suficiente y contundente prueba que obra en el plenario que conducen a concluir que efectivamente en la empresa Peldar existe como elemento utilizado en la industria del vidrio, el denominado asbesto, la sílice y el carbón», de los que afirma, se tratan de un material articulado con connotaciones de tratarse de altamente contaminante, de manera directa o indirecta. Finaliza con que «sumado al arsenal probatorio mediante el cual se demostró el tiempo de trabajo, el de exposición y la

edad del actor» se debió condenar al reconocimiento y pago de la pensión especial deprecada, junto con el desembolso de las mesadas pensionales y los intereses moratorios (f.° 3 a 7, demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Colpensiones alude que: a. en el alcance de la impugnación, no se afirma qué pretende con la sentencia del juzgado si eventualmente se casara la sentencia; además, que no indica correctamente el artículo que considera se infringió en relación con la Ley 436 de 1998, el Decreto 2633 de 1994 y todos los convenios mentados; b. Incluyó en la proposición jurídica sentencias de constitucionalidad, ignorando que «las decisiones judiciales no tienen el carácter de norma sustancial del orden nacional»; c. No contiene preceptos que constituyeron el fundamento esencial de la

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Radicación n.° 96711 providencia atacada, como los cánones 8° del Decreto1281 de 1994, el 6° del Decreto 2090 de 2002 y el 36 de la Ley 100 de 1993; d. Aunque arguye la interpretación errónea, también menciona la aplicación indebida, lo que genera confusión y es contradictorio, a más de que es incompatible; e. Olvida que en el sendero del derecho no se permiten inferencias de orden fáctico (f.° 1 a 4 documento de oposición, cuaderno digital de la Corte). Cristalería Peldar S. A. esgrime que a. El Tribunal no

adelantó ninguna labor de exégesis sobre los apartados 12, 13 y 15 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que no pudo incurrir en la interpretación errónea de los mismos; b. Tampoco discurrió consideración sobre la disposición 141 de la Ley 100 de 1993; c. afirma que menciona sentencias de la Corte Constitucional, pero no refiere cuál y además, alude como si tuviera el rango de ley para los efectos de la casación; d. Denunció la violación en forma completa del Decreto 2633 de 1994 sin indicar artículo alguno; e. En la demostración del cargo afirmó que el colectivo incurrió en la «infracción directa por aplicación indebida» del art. 15 del Acuerdo 049 de 1990 lo que es una impropiedad, porque son excluyentes (f.° 1 a 6 documento de oposición, cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida: […] de las normas procesales contenidas en los artículos 164,

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Radicación n.° 96711 165, 167 y 176 del Código General del Proceso, aplicable en esta sede por remisión analógica expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en consonancia con lo dispuesto en los artículos 51, 60 y 61 del mismo Estatuto Procesal; violación de medio que condujo a la no aplicación del artículo 15 del Decreto 758 de 19