CSJ - SL2825-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2825-2023 Radicación n.°85287 Acta 36 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto

FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA - FENOCO

S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017), adicionada mediante fallo complementario el primero (1º) de noviembre de ese mismo año, en el proceso que le promovieron

ALBEIRO NAVARRO CERVANTES, ERMENEGILDO

SALCEDO PIMIENTA', ANTHONY MERCADO HERRERA,

NASSER MARTÍNEZ NAVARRO, JOSÉ DE JESÚS OROZCO

HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO ORREGO RAMÍREZ, JOSÉ

RAFAEL CAMARGO CUAN, ERNESTO ARÉVALO

GUTIÉRREZ, JAIRO JOSÉ MARTÍNEZ VALERO, YILFRED

SÁNCHEZ DUARTE, GILBERTO ANTONIO BALLESTAS

ARIZA, ORLANDO ALBERTO LONDOÑO BARRAZA,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 85287

CLEMENTE NIWTON REBOLLEDO, RUBIANA IBARRA

ALVARADO, WILSON PÉREZ CASALLAS, JUAN CARLOS

CABALLERO MERCADO, PEDRO SERGIO TRIANA CASAS,

JOSÉ BELÉN TERÁN ÁLVAREZ, FARID ANTONIO PEÑA

DE LA ROSA,CÉSAR MIGUEL JIMÉNEZ OROZCO, JUAN

DE DIOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, OMAR JOSÉ DE LA ROSA

GRANADOS, EDUVALDO RAFAEL DAZA BERRÍO,

GIOVANNY DE JESÚS MANJARRÉS BERMÚDEZ, JULIO

MARÍA URIBE BERRÍO, GREGORIO JOSÉ DORIA

CEBALLOS y RENÉ DE JESÚS LACOUTURE.

I. ANTECEDENTES Los referidos demandantes llamaron a juicio a FENOCO

S. A., con el fin de que se declarara que: i) entre ésta última y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria

Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Transportadoras y Comercializadoras del sector-SINTRAIME se suscitó un conflicto colectivo a partir del 4 de noviembre de 2008, data en la que se presentó el pliego de peticiones; ii) los despidos realizados durante aquel fueron ineficaces; iii) los contratos de trabajo están vigentes bajo la situación prevista en el artículo 140 del CST y, en consecuencia que, fuera condenada a: i) reinstalarlos al cargo que desempeñaban, a uno de igual o superior categoría y remuneración por haber finiquitado el nexo contractual sin motivo objetivo y autorización de juez laboral, pues se encontraban cobijados por la protección que les otorgaba el fuero circunstancial, además que, ii) se les cancelara todos los salarios y

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Radicación n.° 85287 prestaciones sociales que dejaron de percibir mientras la relación estuvo cesante. Fundamentaron sus peticiones, en que SINTRAIME es una organización sindical de industria debidamente registrada; que estaban afiliados a la misma, como miembros de:

1. La junta directiva de la subdirectiva de Santa Marta:

José De Jesús Orozco Hernández, Luis Fernando Orrego Ramírez, José Rafael Camargo Cuan, Ernesto Arévalo Gutiérrez, Rubiano Ibarra Alvarado, Jairo José Martínez Valero, Yilfred Sánchez Duarte y Gilberto Antonio Ballestas Ariza.

2. La comisión de reclamos, subdirectiva Santa Marta:

Clemente Niwton Rebolledo y Wilson Pérez Casallas.

3. La «base de la organización sindical»: Juan Carlos

Caballero Mercado, Pedro Sergio Triana Casas, José Belén Terán Álvarez, Ermenegildo Salcedo Pimienta, Farid Antonio Peña de la Rosa , Albeiro Navarro Anthony Mercado Herrera, Nasser Martínez Navarro, Orlando Alberto Londoño Barraza, César Miguel Jiménez Orozco, Juan de Dios Jiménez Martínez, Omar José de la Rosa Granados, Eduvaldo Rafael Daza Barrios, Giovanny de Jesús Manjarrés Bermúdez, Julio María Uribe Barrios, Gregorio José Doria Ceballos, René de Jesús Lacouture.

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Radicación n.° 85287 Señalaron que el 2 de noviembre de 2008, los trabajadores de FENOCO S. A., miembros de SINTRAIME

Nacional reunidos en asamblea general aprobaron la elaboración del pliego de peticiones, que fue presentado el 4 de dicho mes y año ante el inspector de trabajo y seguridad social de Santa Marta, quien le comunicó al representante legal de la aludida sociedad la creación de la organización sindical, la presentación de aquel y le informó los trabajadores que conformaban la junta directiva. Apuntaron que al día siguiente, el presidente de la compañía «acusó recibo del pliego de peticiones en carta FNC1481-2008» e indicó que se analizaría su viabilidad para pronunciarse de fondo dentro de los términos que le otorgaba la ley, a pesar de lo cual el representante legal se rehusó a reunirse con los delegados del sindicato para iniciar la resolución del conflicto suscitado y que el 28 de noviembre de ese año se les manifestó formalmente la negativa de la empresa de sentarse a negociar, sin que hasta la fecha en que allegó la demanda se hubiera solucionado la controversia. Afirmaron que SINTRAIME no retiró el pliego e insistió en llegar a la suscripción de la convención colectiva de trabajo, ya fuera mediante la etapa de arreglo directo o por la convocatoria de un tribunal de arbitramento que profiera el respectivo laudo. Manifestaron que promovieron un cese colectivo que tuvo como propósito «presionar» a la llamada a juicio para

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Radicación n.° 85287 que iniciara el proceso de negociación y, que como respuesta se efectuó un despido «colectivo» de 27 trabajadores afiliados a la organización sin justa causa comprobada o la calificación de ilegalidad de la suspensión de la labor.

Detallaron que, las terminaciones se efectuaron entre el 25 de junio y el 20 de agosto de 2009 y que los salarios que devengaban oscilaban entre $693.000 y $1.496.000 (f.°290303 primera instancia, Tomo I, expediente digital). FENOCO S. A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, destacó que el documento que los demandantes denominaban pliego de peticiones no tenía la condición de tal para la fecha de su «presentación [porque] el objeto social de SINTRAIME no incluía la afiliación de los trabajadores de la industria ferroviaria», que aquel se modificó posteriormente con la finalidad de «validar la presentación irregular del supuesto pliego de peticiones y la afiliación de trabajadores de FENOCO S. A»; que para el 4 de noviembre no fue notificada por parte del entonces Ministerio de la Protección Social de la pertenencia de algunos de los actores a la junta directiva del sindicato. Precisó que la negativa de iniciar el proceso de negociación se debió a la presentación del pliego fue «tanto irregular como improcedente», en la medida en que SINTRAIME y sus afiliados no tenían capacidad jurídica para representar a los trabajadores de la empresa, de forma tal que no se podía afirmar válidamente que existiera un conflicto colectivo.

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Radicación n.° 85287 Expresó que el cese de actividades se realizó a partir del 24 de marzo de 2009 constituyó un abuso del derecho de asociación sindical y que, por ello, se declaró ilegal por esta Corporación, lo que le generó a los afiliados a SINTRAIME las

consecuencias jurídicas previstas en el artículo 450 del CST, motivo por el cual varias de las terminaciones de los nexos contractuales a las que se hizo alusión en el escrito inicial tuvieron una justa causa. Resaltó que en todo caso para el momento en que se finalizaron los contratos de trabajo no existía un conflicto colectivo, puesto que acorde con lo señalado por el Ministerio de la Protección Social en Resoluciones n.°616 y n.°1384 de 2009, SINTRAIME «no tenía facultad para representar a los trabajadores de FENOCO». Puntualizó que, si bien a raíz de una acción de tutela se le ordenó a la entidad administrativa a requerirla para que iniciara la negociación, lo cierto es que, dicha decisión no se encontraba en firme, porque había sido seleccionada por la Corte Constitucional y, en todo caso ese fallo solo producía efectos hacía el futuro, motivo por el cual para el momento del despido no existía ninguna clase de fuero, pues la etapa de arreglo directo comenzó el 4 de noviembre de 2009. Aceptó los salarios que se afirmaron percibieron los actores y frente a los demás hechos expuestos en la demanda dijo que no le constaban o se trataban de apreciaciones subjetivas.

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Radicación n.° 85287 En su defensa propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago, compensación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, prescripción, nulidad, prejudicialidad, imposibilidad e incompatibilidad del reintegro (f.°307-356 primera

instancia, Tomo I, expediente digital)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 3 de julio de 2015, resolvió (f.°42 y ss primera instancia, Tomo III, expediente digital): PRIMERO. DECLARAR que entre cada uno de los demandantes y FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIAFENOCO S. A., existió un vínculo laboral regido por un contrato de trabajo, cuyos extremos van, en las fechas que a continuación se

relacionan: […] SEGUNDO. DECLARAR que entre el SINDICATO NACIONAL DE

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA,

METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTRO

METÁLICA, FERROVIARIA, TRANSPORTADORAS Y

COMERCIALIZADORAS DEL SECTOR "SINTRAIME" y FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA -FENOCO S. A. se suscitó un conflicto colectivo con la presentación del pliego de peticiones por parte de la organización sindical indicada en precedencia a FENOCO S. A. el 4 de noviembre de 2008, que finalizó con el Laudo Arbitral del 25 de febrero de 2011, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir mismo.

TERCERO. CONDENAR a FERROCARRILES DEL NORTE DE

COLOMBIA -FENOCO S. A., a reinstalar a FARID ANTONIO PEÑA

DE LA ROSA, JUAN CARLOS CABALLERO MERCADO, PEDRO

SERGIO TRIANA CASAS, ORLANDO ALBERTO LONDOÑO

BARRAZA, OMAR JOSÉ DE LA ROSA GRANADO, CLEMENTE NIWTON REBOLLEDO DEL PRADO y EDUVALDO RAFAEL DAZA BARRIOS al cargo que venían desempeñando al momento del despido o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago

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Radicación n.° 85287 de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta el momento en que se cumple lo aquí dispuesto. CUARTO. AUTORIZAR a FENOCO S. A. a descontar los valores cancelados a CLEMENTE NIWTON REBOLLEDO DEL PRADO en virtud de la sentencia proferida por el Juzgado 5° laboral del Circuito de Bogotá el 24 de julio de 2012, revocada parcialmente por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO. Si la presente providencia no es apelada, envíese a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que se surta el grado jurisdicción de consulta, respecto de los demandantes a los que les fue totalmente desfavorable la presente providencia. SEXTO. Absolver a la demandada las pretensiones incoadas en su contra por JOSÉ DE JESÚS OROZCO HERNÁNDEZ, LUIS

FERNANDO ORREGO RAMÍREZ, JOSÉ RAFAEL CAMARGO

CUAN, ERNESTO ARÉVALO GUTIÉRREZ, RUBIANA IBARRA

ALVARADO, JAIRO JOSÉ MARTÍNEZ VALERO, YILFRED

SÁNCHEZ DUARTE, GILBERTO ANTONIO BALLESTAS ARIZA,

WILSON PÉREZ CASALLAS, JOSÉ BELÉN TERÁN ÁLVAREZ,

ALBEIRO NAVARRO CERVANTES, ERMENEGILDO SALCEDO

PIMIENTA, ANTHONY MERCADO HERRERA, NASSER

MARTÍNEZ NAVARRO, CESAR MIGUEL JIMÉNEZ OROZCO,

JUAN DE DIOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RENÉ DE JESÚS

LACOUTURE CHARRIS, GIOVANY JESÚS MANJARRÉS,

GREGORIO JOSÉ DORIA Y JULIO URIBE BARRIOS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al resolver los recursos de apelación propuestos por ambas partes, mediante fallo del 14 de junio de 2017, (f.° 52 -76 cuaderno n.° 10), adicionada el 1° de noviembre del mismo año (f.°77-81 ibidem) dispuso: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 6º de la sentencia de fecha tres (03) de julio de 2015 proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá y en su lugar, se CONDENA a FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIAFENOCO S.A. a reinstalar a los demandantes JOSÉ BELÉN

TERÁN ÁLVAREZ, ALBEIRO NAVARRO CERVANTES,

ERMENEGILDO SALCEDO PIMIENTA, ANTHONY MERCADO

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Radicación n.° 85287

HERRERA, NASSER MARTÍNEZ, CÉSAR MIGUEL JIMÉNEZ,

JUAN DE DIOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ DE JESÚS OROZCO

HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO ORREGO RAMÍREZ, JOSÉ

RAFAEL CAMARGO CUAN ERNESTO ARÉVALO GUTIÉRREZ,

RUBIANA IBARRA ALVARADO, JAIRO JOSÉ MARTÍNEZ VALERO, YILFRED SÁNCHEZ DUARTE, GILBERTO ANTONIO BALLESTAS ARIZA Y WILSON PÉREZ CASALLAS al cargo que ocupaban o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de los respectivos salarios y prestaciones compatibles dejados de percibir y hasta que se cumpla la presente decisión, de conformidad a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada.

TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, como fundamento de su decisión, esgrimió que acorde con el medio de alzada propuesto por la llamada al litigio se tenían como problemas jurídicos a determinar: i) si existió conflicto colectivo para la fecha en que ocurrió el despido de los demandantes respecto de los cuales se impartió condena y en caso afirmativo si es procedente la reinstalación que ordenó el a quo. ii) En caso de no prosperar el recurso de la parte demandada se deberá verificar si los demandantes respecto de los cuales no se

impartió condena, es procedente la reinstalación, pero en relación con los actores que apelaron. Para dar respuesta a tales planteamientos, señaló que no era objeto de controversia: i) la existencia de las relaciones contractuales; ii) sus extremos temporales y iii) la afiliación de los accionantes a SINTRAIME, seguidamente adelantó su análisis así:

1. Del fuero circunstancial

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Radicación n.° 85287 Acudió a lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978 y destacó que la protección que brindaba se extendía entre la presentación del pliego de peticiones al empleador y el momento en que se solucionaba el conflicto colectivo ya fuera con la firma de la respectiva convención colectiva o una vez quedaba ejecutoriado el laudo arbitral.

Aludió a: i) la Comunicación que SINTRAIME le dirigió al representante legal de FENOCO S. A. el 4 de noviembre de 2008 (f.°71 cuaderno n.°1) a través de la que se le puso en conocimiento el pliego de peticiones (f.°53-70 ibidem), ii) la Respuesta negativa de iniciar por parte de la empresa el 28 de igual mes y año (f.°73 ib); iii) la sentencia de tutela proferida por esta Corporación, el 15 de septiembre de 2009

(f.°243-251 ibidem) que fue confirmada por la Corte Constitucional en providencia CC T251-2010 para luego manifestar que:

[…] los aquí demandantes para la fecha de terminación de sus contratos de trabajo, esto es, desde junio a septiembre de 2009, estaban amparados por la especial protección de la garantía de arraigo general y temporal creada por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, que no es otra cosa que el denominado fuero circunstancial, en tanto de conformidad con el art. 36 del Decreto Ley 1469 de 1978, el conflicto colectivo inició con la presentación del pliego de peticiones el 04 de noviembre de 2008 y para la fecha del despido de los demandantes, se reitera entre junio y septiembre de 2009, el conflicto colectivo no había terminado, pues ni siquiera se habían iniciado conversaciones dada la renuencia de la demandada y tuvo que proceder una acción de tutela, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó al hoy Ministerio de Trabajo a obligar a FENOCO S. A. para que iniciara sin dilaciones las conversaciones del pliego de peticiones presentado el 04 de noviembre de 2008.

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Radicación n.° 85287 Enfatizó que no tenían asidero los argumentos de la llamada a juicio en cuanto a que para la calenda en que se dieron los finiquitos contractuales los actores no estaban cobijados por la garantía foral, puesto que era claro que aquellos ocurrieron luego de que el pliego había sido puesto en conocimiento de la empresa enjuiciada quien manifestó «la irregularidad en cuanto a la representación del sindicato la cual supuestamente no cobijaba a los trabajadores de la

empresa», no podía pasarse por alto que esta Corporación «los obligó a que se sentaran a negociar el pliego presentado desde el 4 de noviembre de 2008, en consecuencia de aceptarse la interpretación de la llamada a juicio sería tanto como admitir que la misma se excuse en su propia culpa». En igual sentido sostuvo que, no eran de recibo los planteamientos de la enjuiciada frente a que la protección originada con el conflicto colectivo no podía ser ilimitada o extenderse en el tiempo, puesto que esta Sala ha establecido que tal garantía finaliza de forma anormal cuando «el sindicato es quien no se sienta a negociar», que no sucedió en el presente asunto en el que la sociedad demandada tuvo que ser obligada a iniciar las conversaciones tras una orden de tutela. Por su parte, en lo que tiene que ver con la ausencia de capacidad jurídica de SINTRAIME para representar a los trabajadores de FENOCO S. A., porque dentro de su objeto social no se hace referencia a los funcionarios del sector ferroviario y que por ello fue que lo modificó con posterioridad, dijo que:

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Radicación n.° 85287 […] la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de septiembre de 2009, señaló que frente a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical inscrita y vigente certificada como tal por la autoridad competente, era procedente iniciar las conversaciones […]. Que expresamente en esa decisión se acotó: La empresa FENOCO S. A. no podía resistirse a iniciar conversaciones directas cuestionando la capacidad y la

idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía ventilarse judicialmente en otros escenarios sin que pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva y al debido proceso, que como ya se anotó, aquella hace parte del fundamental (sic) de asociación sindical. Lo previo también lo soportó en lo explicado en la providencia CC T251-2010, frente a la que además advirtió el a quo había realizado una correcta interpretación en la medida que, si bien en dicha decisión no se había determinado que tendría efectos retroactivos, era suficiente: […] con la lectura del fallo de la Corte Constitucional para concluir que mediante este se confirmó la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que daba la orden de iniciar las conversaciones con ocasión del pliego de peticiones presentado el 4 de noviembre de 2008, lo que significa que al pliego de peticiones que es el que permite el nacimiento de la protección ahora peticionada, la Corte le dio efectos retroactivos y legales que pudieren surgir, incluida la existencia del fuero circunstancial como atrás se indicó.

2. De la ausencia del trámite ante el Ministerio de Trabajo para la calificación individual de la conducta de los participantes del cese colectivo de marzo de 2009.

Expresó que, era suficiente acudir a:

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Radicación n.° 85287 […] los anexos de folios 83 a 86 (JOSÉ BELÉN TERÁN ÁLVAREZ),

de folios 135 y 141 (ALBEIRO NAVARRO CERVANTES) de folios 186 a 188 (NASSER MARTÍNEZ NAVARRO), de folios 153 a 156 (CÉSAR MIGUEL JIMÉNEZ), de folios 165 a 167 (JUAN DE DIOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ), de folios 41 a 42 (ANTHONY MERCADO HERRERA), de folios 83 a 88 (GREGORIO JOSÉ DORIA), de folios 97 a 102 (GIOVANNY DE JESÚS MANJARRÉS), de folios 70 a 73 (JULIO URIBE BARRIOS) y de folios 449 a 451 (ERMENEGILDO SALCEDO PIMIENTA), en las que los citados señores fueron a rendir descargos. Pero que no se siguió el conducto regular acorde a los derroteros desarrollados en las providencias CC C-299-1998 y CC C593-2014, ya que efectivamente como lo denunció la parte accionante la empleadora actuó «al revés» puesto que «primero despidió al personal y después solicitó la actuación al Ministerio de Trabajo», según se observa a folios 395-401 del cuaderno anexo, ya que el ente ministerial el 4 de septiembre de 2009 dio respuesta de forma negativa a la solicitud por ella elevada relacionada con la autorización para dar por terminada la relación laboral pues estimó que: […] no era el competente, por cuanto la demandada estaba solicitando autorización para justificar la terminación de los contratos de los trabajadores que participaron activamente en el cese, es decir que la demandada adelantó el trámite equivocado,

pues lo que debió iniciar fue el proceso para que el citado ministerio determinará el grado de participación de cada uno de los demandantes en el cese de actividades, pues a efectos de solicitar permiso para despedir se encuentran establecidas las acciones correspondientes ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Dicha tesis la sustentó en el fallo CSJ SL, 24 feb. 2005, rad.23832, de la que transcribió un fragmento para luego señalar que: […] la intervención del Ministerio para evitar el despido de trabajadores tiene como fin impedir que el empleador de manera indiscriminada, despida en las mismas condiciones de quienes

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Radicación n.° 85287 participaron activamente o persistieron en el paro una vez declarada su ilegalidad, a trabajadores cuya participación en el cese de actividades se dio por condiciones ajenas a su voluntad. En ese mismo norte trajo a colación el proveído CSJ SL, 9 mar.1997, rad.10354, para memorar el alcance que esta Sala le ha fijado al artículo 450 del CST en armonía con el 1º del Decreto 2164 de 1959 y de ella resaltó: […] Por ello la intervención del Ministerio del Trabajo para calificar el grado de participación y según el mismo determinar quiénes pueden ser despedidos por estar incursos dentro de lo previsto en el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, es de gran importancia pues ello supone la autorización específica para cada despido sin riesgo de generación de situaciones injustas y sin necesidad de poner en marcha los mecanismos judiciales para resolver la controversia

que allí pueda surgir." Contexto bajo el cual coligió que, como la accionada no demostró respecto de los mencionados demandantes que «[…] haya solicitado al Ministerio de Trabajo la calificación del grado de participación de los trabadores en la huelga con anterioridad al despido», revocaría la determinación del juez singular y declararía que la terminación de sus contratos labores fue ineficaz, teniendo derecho a su reintegro. Por su parte en lo que tiene que ver con la finalización de los nexos labores de José de Jesús Orozco Hernández, Luis Fernando Orrego Ramírez, José Rafael Camargo Cuan, Ernesto Arévalo Gutiérrez, Rubiana Ibarra Alvarado, Jairo José Martínez Valero, Yilfred Sánchez Duarte, Gilberto Antonio Ballestas Ariza y Wilson Pérez memoró que el a quo acudió al proceso de fuero sindical adelantado ante el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Bogotá, con referencia al cual coligió que « FENOCO S. A. terminó en legal forma los

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Radicación n.° 85287 contratos de trabajo de los ex empleados señalados en el párrafo anterior y que en virtud del art. 25 del Decreto 2351 de 1965, había una justa causa comprobada para el despido pese a estar en vigencia el conflicto colectivo» lo que estimó equivocado porque: […] el objeto del proceso de fuero sindical, acción de reintegro, solo se puede determinar si el trabajador tenía la protección del fuero sindical y si había autorización previa del juez del trabajo o no, para despedir, es decir, en esta clase de proceso no se puede

calificar si existe o no una justa causa comprobada en esos procesos ya que para ello está el proceso fuero sindical de permiso para despedir, y no fue ese el proceso que se surtió para entrar a calificar la existencia o no de la justa causa. Por ello no resultaba valido para tenerse como presupuesto para este proceso entender que ya había sido calificada la justa causa, para dar por terminados los contratos de los demandantes […] en atención a que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá estudió y se pronunció respecto de la acción de reintegro solicitada por aquellos dentro del proceso de fuero sindical, el cual el Juzgado mal pudo pronunciarse si había o no una justa causa para estudio de una acción de reintegro. Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del a quo en este proceso, pues debió pronunciarse respecto a sí la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades en FENOCO S. A. constituía una justa causa o no para que la demandada diera por terminada la relación laboral de los demandantes, previa la determinación en forma concreta de la participación activa respecto de cada uno de los trabajadores, que gozaban de fuero circunstancial, como atrás se indicó y por tal razón, se hace necesario estudiar las causas alegadas por la demandada para dar por terminados los contratos de trabajo de estos actores; que el apoderado de la parte demandante, en el recurso de apelación considera que no están demostradas en el sub lite. Verificando que el motivo esgrimido en las cartas de terminación de la relación contractual, era: […] la conducta de cada uno de estos era abusiva, desobligante e indisciplinada al promover y participar de manera activa el cese

ilegal de actividades, el cual causó graves perjuicios a la compañía pues no solo se detuvieron las actividades, sino que también se causaron graves daños a la infraestructura e imagen

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Radicación n.° 85287 de la misma. "Por ello, en virtud de la declaratoria de ilegalidad del cese por Usted promovido, y una vez se otorgue la autorización de despido por parte del Ministerio de la Protección Social, la Empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral y con justa causa de conformidad a los numerales 2, 4 y 6 del literal a) art. 7 del decreto ley 2351 de 1965 (…)" Reiterando que, como el despido debió estar precedido de: […] la actuación del Ministerio de Trabajo quien tiene bajo su responsabilidad determinar el grado de participación en el cese de actividades pues no se trataba de otorgar la autorización para despedir como mal lo expone la demandada en las cartas de terminación de los contratos de los demandantes, por lo que sin contarse con la actuación del Ministerio de Trabajo, será razón suficiente para concluir que no hubo un debido proceso previo al despido de estos trabajadores. Insistiendo en que, la intervención de la autoridad administrativa tiene como finalidad: […] calificar el grado de participación para luego determinar quiénes pueden ser despedidos por estar incursos dentro de lo previsto en el art. 459, numeral 2° del Código Sustantivo del Trabajo, para frenar el poder subordinante y deliberado que en ese momento tiene el empleador y evitar con ello injusticias con

los despidos. Frente al caso de Gregorio José Doria mantuvo la decisión de primer grado en la medida en que se demostró la existencia de un motivo objetivo para dar por terminado su nexo laboral, decisión para la cual se le había respetado el debido proceso, lo que encontró también configurado frente a René de Jesús Lacouture en la medida que su lazo concluyó por expiración del plazo inicialmente pactado.

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Radicación n.° 85287

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por FENOCO S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo formula así: Solicito respetuosamente la CASACIÓN parcial de la sentencia acusada en cuanto revocó parcialmente el numeral SEXTO de la sentencia de primera instancia y ordenó reinstalar a los

demandantes ALBEIRO NAVARRO CERVANTES,

ERMENEGILDO SALCEDO PIMIENTA, ANTHONY MERCADO

HERRERA, NASSER MARTÍNEZ, JOSÉ DE JESÚS OROZCO

HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO ORREGO RAMÍREZ. JOSÉ

RAFAEL CAMARGO CUAN, ERNESTO ARÉVALO GUTIÉRREZ, JAIRO JOSÉ MARTÍNEZ VALERO, YILFRED SÁNCHEZ DUARTE, GILBERTO ANTONIO BALLESTAS ARIZA y en cuanto confirmó las condenas impuestas en la sentencia de primera instancia. En sede de instancia, solicito respetuosamente a la H. Sala revocar las condenas impuestas a mi representada en los

numerales SEGUNDO, TERCERO y SÉPTIMO de la parte resolutiva del fallo proferido en primera instancia por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá y en su lugar, se absuelva a mi representada de todas las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula tres acusaciones, por la causal primera de casación, debiéndose recordar que, a los demandantes Rubiana Ibarra Alvarado, Wilson Pérez Casallas, José Belén Terán Álvarez, César Miguel Jiménez Orozco, Juan de Dios Jiménez Martínez (f.° 1242, cuaderno 2B), Juan Carlos Caballero Mercado, Pedro Sergio Triana Casas,Farid Antonio Peña de la Rosa, Omar José de la Rosa Granados y, Eduvaldo Rafael Barrios (f.°1120 cuaderno 10), les fue aceptado el desistimiento de las pretensiones

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Radicación n.° 85287 presentado ante el Tribunal mediante autos dictados el 14 de junio de 2017 y el 22 de enero de 2019, mientras que, esta Sala efectuó igual pronunciamiento a través del proveído del 3 de agosto de 2022 (Recursos Extraordinarios_Casación_Auto Que Califica Demanda Y ordena Traslado Al opositor_2022082426775.pdf), frente a los actores Luis Fernando Orrego Ramírez, Orlando Alberto Londoño Barraza, Albeiro Navarro Cervantes, Ernesto Arévalo Gutiérrez, Nasser Martínez Navarro, Ermenegildo Salcedo Pimienta, Yilfred Sánchez Duarte, José Rafael Camargo Cuan, Gilberto Antonio Ballestas Ariza, Anthony

Mercado Herrera y Jairo José Martínez Valero. En razón a lo anterior en esa misma providencia se les corrió traslado del medio extraordinario a José de Jesús Orozco Hernández y Clemente Niwton Rebolledo del Prado, siendo únicamente replicado por el primero en nombre propio, según el informe secretarial que reposaba en el cuaderno de la Corte del expediente digital. Así las cosas, la Corporación no podrá tener en cuenta el escrito presentado por José de