CSJ - SL2828-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2828-2023 Radicación n.° 95746 Acta 36 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GABRIEL FELIPE HURTADO ÁLVAREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a la

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

I. ANTECEDENTES Gabriel Felipe Hurtado Álvarez llamó a juicio a Protección S. A. con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero William Ulpiano Vidal Álvarez desde el 14 de enero de 2021, los intereses

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Radicación n.° 95746 moratorios o en subsidio la indexación; que se le concediera todo a lo que tuviera derecho acorde a las facultades ultra y extra petita, más las costas procesales Fundamentó sus peticiones en que William Ulpiano Vidal Álvarez para el momento de su deceso se encontraba afiliado a la administradora convocada a juicio; que convivió con aquel desde el 20 de febrero de 2015, quien cotizó más de 50 semanas en los tres años previos al fallecimiento y que

ante la enjuiciada requirió el reconocimiento de la prestación (f.°6-12 primera instancia, expediente digital). Protección S. A., se opuso a los pedimentos y, en cuanto a los hechos, no aceptó ninguno y resaltó que la pensión fue negada porque el accionante no acreditó el requisito de convivencia exigido por el ordenamiento jurídico y que no contaba con soporte escrito de que se hubiera solicitado el otorgamiento de aquella por parte del petente. En su defensa propuso las excepciones de fondo de petición antes de tiempo, buena fe y prescripción (f.°124-140 primera instancia, expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, por sentencia dictada el 2 de agosto de 2021 absolvió a la demandada e impuso las costas al actor (f.°159-160 acta, f.°161 audiencia).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 28 de junio de 2022, al resolver el recurso de apelación propuesto por el promotor del juicio, confirmó el de primer grado (f.°5-10 segunda instancia, expediente digital).

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que debía determinar: […] si al demandante le asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del causante, en calidad de compañero permanente del mismo. Y en caso positivo, analizar en qué proporción le

asiste el derecho, el retroactivo pensional y los intereses moratorios. Subrayó que como el causante murió el 14 de enero de 2021, la norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la 797 de 2003; hizo alusión a la sentencia CC SU149-2021, en la que se estimó que el requisito de convivencia en los cinco años anteriores al deceso era aplicable cuando se trataba del fallecimiento de un pensionado como de un afiliado. Refirió que como pruebas documentales tendría: -Copia del registro civil de defunción del causante (f.°49). -Declaración extrajuicio rendida por el actor donde expresó que convivió con el fallecido 6 años, compartiendo techo, lecho y mesa de manera continua desde el 20 de febrero de 2015 hasta el 14 de enero de 2021, fecha de fallecimiento de éste último y que no procrearon hijos ni adoptaron (f.°51).

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Radicación n.° 95746 -Declaración extrajuicio de las señoras Elvira Lucía Betancur Atehortúa y María Claudia Marín Restrepo, donde manifestaron conocer a la pareja 11 y 20 años respectivamente, que la misma vivió en unión marital de hecho durante 6 años, compartiendo techo, lecho y mesa de manera continua, desde el 20 de febrero de 2015 hasta el 14 de enero de 2021 fecha de fallecimiento del causante, y que no procrearon hijos ni los adoptaron (f.°53 y 55). -Y Copia de apartes de la historia clínica del causante donde se

aprecia que el aquí demandante lo acompañaba en las atenciones médicas (f.° 24-48). Así mismo acudió a los testimonios ofrecidos por Ramon Arturo y María Claudia Marín Restrepo, del primero indicó que no ofrecía certeza del momento en que inició la convivencia entre la pareja y del segundo, expresó que aseguró que la cohabitación «tuvo una duración de 2 o 3 años», resaltó que los gastos fúnebres fueron sufragados por la madre del occiso y lo trámites por el sobrino, de lo que coligió que: […] si bien es claro que el causante y el demandante tuvieron una relación de pareja e incluso convivieron durante algún tiempo, lo que no resulta suficientemente diáfano es que hayan completado los 5 años de convivencia inmediatamente antes de la muerte del primero, exigidos por la jurisprudencia nacional. Y es que el actor dijo en el interrogatorio de parte que ellos se fueron a vivir 2 años donde la familia del causante que fue cuando él se enfermó, y después al barrio “La Mota” por otros dos años que fue donde él falleció, pero de esa situación no tienen conocimiento directo ninguno de los testigos, pues el señor Ramón dijo saber solo hasta cuando se pasaron para donde la familia del causante, pero solo porque así se lo dijo el actor, y la señora María Claudia dijo conocer que dicha convivencia entre la pareja duró únicamente de 2 a 3 años.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, conceda lo solicitado en el escrito inicial.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se estudia a continuación el primero y, en caso de ser necesario, se emprenderá el análisis de los restantes (f.°5 recurso extraordinario, demanda, expediente digital).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de segundo grado de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del «[…] inciso 3° del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 46, 74 y 141 también de la ley 100 de 1993, 61 y 66 A del CPL y SS

(violación medio), 42, 48 y 53 de la Constitución Política». Resalta que, atendiendo al camino escogido para el ataque, no se discute: […] i) que el señor WILLIAM ULPIANO VIDAL ÁLVAREZ falleció el 14 de enero de 2021, ii) que era afiliado para la cobertura de los riesgos de IVM a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. dejando cotizadas más de 50 semanas cotizadas (SIC) dentro de los tres últimos años anteriores a su fallecimiento; iii) Que el señor GABRIEL FELIPE HURTADO ÁLVAREZ , acreditó con la prueba arrimada al proceso

que convivió con el señor WILLIAM ULPIANO VIDAL ÁLVAREZ durante algún tiempo pero que no se acreditó los cinco años de

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Radicación n.° 95746 convivencia desde finales de 2015 hasta la fecha del fallecimiento del causante, presentándose durante dicha convivencia los lazos de solidaridad, ayuda mutua y mantenimiento en común del proyecto de vida a futuro. Subraya que, la inconformidad con el fallo fustigado radica en el alcance equivocado que le fijó al parágrafo 3º del literal b) del canon 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la 797 de 2003, pues los cinco años exigidos por el Tribunal para reconocerlo como beneficiario del derecho reclamado a la luz del texto de dicha disposición solo son predicables cuando el causante es un pensionado, ya que en tratándose de un afiliado no existe un tiempo mínimo de convivencia que deba ser acreditado, entendimiento que es el que ha establecido esta Corporación a la preceptiva bajo análisis (CSJ SL5270-2021), por lo que se duele que el colegiado hubiese acogido la teoría que menos le favorecía (f.°3-10 recurso extraordinario, demanda, expediente digital).

VII. RÉPLICA Señala que la providencia dictada por el a quem se ajusta a derecho, pues fijó una intelección razonable a la norma y se acompasa con lo establecido por la Corte Constitucional, tesis que resalta además fue la seguida por esta Sala por muchos años.

Expresa que el alcance que se propone es

descontextualizado pues realmente el mandato establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 hace alusión a cualquiera de los dos casos a un periodo de cinco años; que la diferenciación hoy existente en la jurisprudencia de esta

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Radicación n.° 95746 Corte entre afiliado y pensionado no se desprende de la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993; que además es contraria a los principios de igualdad, sostenibilidad financiera del sistema consagrados en los artículos 13 y 48 de la Constitución Nacional y que en la actualidad la providencia CC C1094-2003 no constituye un precedente de obligatorio cumplimiento en la interpretación de la aludida normativa (f.°1-9 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

VIII. CARGO SEGUNDO Esgrime que, el fallo de segunda instancia transgrede las disposiciones sustanciales en la modalidad de infracción directa de «los artículos 46, 74 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003 y 141 también de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 222, 244 y 262 del Código General del Proceso, y 145 del CPL. y de la S. S. (violación medio) 42, 48 y 53 de la Constitución Política».

Precisa que, no obstante, el embate se dirige por el camino probatorio no es objeto de discusión: […] i) que el señor WILLIAM ULPIANO VIDAL ÁLVAREZ falleció el 14 de enero de 2021, ii) que era afiliado para la cobertura de los riegos de IVM a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. dejando cotizadas más de 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores a su fallecimiento; iii) Que el señor GABRIEL FELIPE HURTADO ÁLVAREZ , acreditó con la prueba arrimada al proceso que convivió con el señor WILLIAM ULPIANO VIDAL ÁLVAREZ durante algún tiempo pero que no se acreditó los cinco años de convivencia desde finales de 2015 hasta la fecha del fallecimiento del causante, presentándose durante dicha convivencia los lazos

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Radicación n.° 95746 de solidaridad, ayuda mutua y mantenimiento en común del proyecto de vida a futuro. Indica que, lo que se debate es que el sentenciador hubiese restado «el valor probatorio de las declaraciones extrajuicio» a pesar de que la llamada al proceso no solicitó su ratificación como tampoco la de los testimonios y fueron decretadas como elemento de convicción. Afirma que de aquellas es posible inferir que, la convivencia entre William Ulpiano Vidal Álvarez y Gabriel Felipe Hurtado Álvarez estuvo vigente entre el 20 de febrero de 2015 hasta el 14 de enero de 2021 y que en el recurso de alzada se plasmó de manera particular la necesidad de tener en cuenta como elementos de convicción las referidas pruebas (f.°10-14 recurso extraordinario, demanda, expediente digital).

IX. RÉPLICA Dice que el cargo es contradictorio pues centra todo su alegato en lo que supuestamente acreditan unas declaraciones extraproceso con lo que aún de ser cierto que

muestran lo que el impugnante sostiene, ello entraría en controversia con lo que reluce de los testimonios valorados por el Tribunal y que el hecho de que se le hubiese dado mayor peso probatorio a un elemento de juicio sobre otro, no conduce al quiebre del fallo; que se alude a elementos de convicción no calificados y que en el fondo lo que plantea es un discurso de índole jurídico (f.°11 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

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X. CARGO TERCERO Afirma que, el proveído dictado por el ad quem violó la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de: […] los artículos 46, 74 de la Ley 100 de 1.993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003 y 141 también de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 222, 244 y 262 del Código General del Proceso, y 145 del C.P.L. y de la S.S. (violación medio) 42, 48 y 53 de la Constitución Política.

Manifiesta que lo previo se debió a que, el colegiado incurrió en los siguientes yerros fácticos: •No dar por demostrado, estándolo, que al interior del proceso se acreditó el tiempo de convivencia exigido actualmente para la muerte de afiliado para que el señor Gabriel Felipe Hurtado adquiera la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero (q.e.p.d.) el señor que en vida respondía al nombre de William Ulpiano Vidal Álvarez. • No dar por demostrado, estándolo, que el apoderado de la

administradora de pensiones y cesantías Protección S. A. no solicitó la ratificación de las declaraciones extrajuicio vertidas al interior del proceso. • No dar por demostrado, estándolo, que el señor Gabriel Felipe Hurtado Álvarez es beneficiario de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero el señor que en vida respondía al nombre de William Ulpiano Vidal Álvarez. Y, enlista como medios de convicción calificados: • Copia de la demanda (erróneamente apreciada. f.° 1-7). • Copia de la contestación de la demanda (erróneamente apreciada f.° 38-46). • Copia de la declaración extrajuicio de la señora Elvira Lucia

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Radicación n.° 95746 Betancur Atehortúa (erróneamente apreciada f.°. 16) • Copia de la declaración extrajuicio de la señora María Claudia Marín restrepo (erróneamente apreciada f.° 17). Para desarrollar el embate refiere que no obstante el fallador aceptó que existió convivencia con el causante le negó el derecho por no haber aplicado el precedente que al efecto tiene establecido esta Corporación. Insiste en que, la enjuiciada no solicitó la ratificación de las declaraciones extrajuicio como tampoco de los testimonios por lo que llama la atención sobre estas pruebas para asegurar que en ellas se evidencia que la comunidad de vida perduró por más de cinco años. Advierte que, si bien las declaraciones de terceros no son un medio apto para estructurar un yerro fáctico en el recurso extraordinario, si lo son la demanda y su

contestación, cuya estimación por parte de la Sala solicita, a fin de que se concluya que el administrador de justicia desconoció una probanza que fue válidamente al proceso y decretada en la audiencia del artículo 77 del CPTSS, alegato que extiende a los testimonios. Transcribe lo afirmado en tales elementos de juicio para insistir que de ellos reluce que acreditó « el tiempo de convivencia necesario para proceder con el reconocimiento de la pretensión principal debatida, la cual ya no es de cinco años, pues al tratarse de muerte de afiliado, NO SE EXIGE UN TIEMPO MÍNIMO DE CONVIVENCIA » tesis que soporta

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Radicación n.° 95746 transcribiendo extensamente la decisión CSJ SL3309-2022 (f.°14-24 recurso extraordinario, demanda, expediente digital).

XI. RÉPLICA Esgrime que, no ataca todos los elementos probatorios que sirvieron de soporte para la decisión del colegiado como por ejemplo la declaración de parte del petente y, que en todo caso el ataque lo que cuestiona es la «aptitud probatoria de unas pruebas, pero no su contenido» (f.°12 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

XII. CONSIDERACIONES El Tribunal expuso que, como el causante murió el 14 de enero de 2021, la norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la 797 de 2003 y señaló que conforme a dicha disposición y lo establecido en sentencia CC SU149-2021, el actor debía acreditar la

convivencia con el aquel en los cinco años anteriores a su deceso independientemente si se trataba de un pensionado o de un afiliado. Esgrimió que, «[…] si bien es claro que el causante y el demandante tuvieron una relación de pareja e incluso convivieron juntos durante algún tiempo» de las pruebas arrimadas al plenario no era posible establecer que perduró por el tiempo exigido en la preceptiva, conclusión a la que arribó tras el análisis de la copia del registro civil de

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Radicación n.° 95746 defunción del causante (f.°49), las declaraciones extra juicio rendidas por el actor (f.°51), Elvira Lucía Betancur Atehortúa y María Claudia Marín Restrepo (f.°53 y 55), la historia clínica del causante (f.°24-48), así como de los testimonios ofrecidos por Ramon Arturo y María Claudia Marín Restrepo. El distanciamiento del recurrente con el fallo fustigado radica esencialmente en el alcance que el administrador de justicia le fijó al parágrafo 3º del literal b) del canon 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la 797 de 2003, ya que a su juicio los cinco años de convivencia que exigió el ad quem solo son predicables en caso de que el causante de la prestación sea un pensionado lo que no ocurre en el sub examine puesto que no es un hecho objeto de controversia que se trataba de un afiliado, motivo por el cual para ser titular del derecho solo requería comprobar la existencia de la comunidad de vida con vocación de permanecía, aspecto

que resalta fue aceptado por el mismo fallador. En ese contexto el problema jurídico que debe resolver la Sala es determinar si el Tribunal incurrió en la trasgresión de la ley sustancial denunciada al establecer que para que el demandante fuera titular de la pensión de sobrevivientes era necesario que demostrara que convivió con el señor William Ulpiano Vidal Álvarez durante los cinco años anteriores a su muerte, a pesar de que este no era acreedor de un derecho pensional y que cotizó 50 semanas al sistema en los tres años previos al fallecimiento.

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Radicación n.° 95746 Pues bien, desde ya advierte la Corte que el sentenciador de segundo grado incurrió en la interpretación errónea de la que se le acusa, puesto que que como bien lo resalta la parte recurrente esta Corporación replanteó la tesis acogida por el colegiado según la cual el periodo de cinco años de comunidad de vida para ser titular de una pensión de sobrevivientes era tanto exigible si el causante del derecho era un pensionado o un afiliado. Así las cosas, a partir de la sentencia CSJ SL17302020, en la que se hizo un estudio exhaustivo y detallado de lo establecido en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 se determinó que el entendimiento que más se ajustaba al propósito de la disposición y a los principios constitucionales sobre la materia, así como al objetivo del sistema de seguridad social integral era que «en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que cónyuge o compañero o compañera permanente, ostenten la condición de

beneficiario de la pensión de sobrevivientes», ya que dicha exigencia «solo fue instituí[da] para el caso de muerte del pensionado». Ahora bien, tal como se memoró en el proveído CSJ SL3948-2022 no se desconoce que la Corte Constitucional sostiene el criterio plasmado en el fallo fustigado y que por medio de la sentencia CC SU149-2021, dejó sin efectos la providencia CSJ SL1730-2020 lo que condujo a que se profiriera la decisión CSJ 5270-2021 en la que se reiteró la nueva tesis, pero además se expresaron «con precisión y

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Radicación n.° 95746 suficiencia los argumentos de índole jurídico por los cuales se apartaba del precedente constitucional referido» (CSJ39482022) y que por lo relevante en el sub examine se procede a trascribir in extenso: […]Conviene advertir que, aunque aparentemente la diferenciación implícita en la disposición analizada surge discriminatoria, a la luz de lo dispuesto en el art. 13 de la CP ello no puede entenderse así, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales. En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la condición en la que se encuentra el asegurado causante de la prestación, de un lado, el afiliado que está sufragando el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que no tiene un derecho pensional consolidado, pero se encuentra en construcción del

mismo, y para dejar causada la pensión de sobrevivientes requiere el cumplimiento de una densidad mínima de cotizaciones prevista en la ley. Por otra parte, el pensionado, que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, se itera, para evitar fraudes al sistema pensional, proteger su núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto. Finalmente, resulta necesario precisar, que la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se fijó inicialmente el criterio en el que se insiste en esta nueva oportunidad, fue dejada sin efectos mediante la sentencia CC SU-149-2021, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, empero, esta Sala especializada se aparta de lo razonado en esa providencia, a la que se dio cumplimiento mediante sentencia CSJ SL4318-2021, por las razones allí esbozadas, que se traen nuevamente a colación, para cumplir con la carga de transparencia, exponiendo con precisión y suficiencia los argumentos de índole jurídico, por los que se aparta del precedente constitucional referido. Para esta Sala, en ninguna interpretación irrazonable ni desproporcionada del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003

se incurrió en la decisión que se dejó sin efectos por la Corte

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Radicación n.° 95746 Constitucional, ni en esta que reafirma el mismo criterio; por el contrario, la intelección dada se acompasa perfectamente con los supuestos establecidos en la disposición en comento, y más aún, con la clara finalidad del legislador al prever las condiciones para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge o de compañero (a) permanente, de afiliado (a) o de pensionado (a), y la protección de su núcleo familiar, sin que se produzcan los resultados desproporcionados aducidos, respecto a la finalidad de la pensión de sobrevivientes, ni se esté en contraposición con el principio de sostenibilidad financiera del sistema, que valga acotar, en materia de pensión de sobrevivientes tiene un alcance y naturaleza distinta. Lo anterior, si se tiene en cuenta que esta prestación, así como la de invalidez, se financia en el sistema pensional, no solo con los aportes de los afiliados, sino con la suma adicional a cargo de las aseguradoras, en el régimen de ahorro individual, por el seguro previsional; con la reserva pensional para ese efecto, del fondo común en el régimen de prima media; y, en el sistema de riesgos profesionales, la financiación está dada por las normas propias de los seguros, en virtud de la ocurrencia de los respectivos siniestros. Es por ello, que la decisión no tendría la virtualidad de afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, menos aún la sostenibilidad fiscal, que como lo recordó el alto Tribunal

Constitucional difiere de aquel principio, puesto que está dirigido a reducir el déficit fiscal, esto es, la brecha entre el ingreso y el gasto público, y en sus palabras «no puede servir de fundamento para el menoscabo de los derechos fundamentales, la restricción de su alcance o la omisión en su protección» (CC SU-149-2021), resultando por el contrario relevante, para cumplir los fines propios del Estado Social y Democrático de derecho. Y, en manera alguna se violentó el principio de igualdad, tal como expresamente se analizó con anterioridad, en tanto que, como lo ha precisado de manera reiterada la misma Corte Constitucional, ésta solo puede predicarse entre iguales, y la diferenciación establecida por el legislador, encuentra plena justificación en las discrepancias entre uno y otro supuesto, persiguiendo una finalidad que esa misma Corporación consideró legítima en la sentencia CC C-1094-2003, al analizar la constitucionalidad de la regulación que la consagra, declarando en esa oportunidad la exequibilidad de la disposición. Tampoco se desconoció el precedente constitucional en la sentencia que se dejó sin efectos, pues se itera, no evidencia esta Sala un verdadero acierto en la afirmación efectuada respecto a que, en la sentencia CC SU-428-2016, se fijó una regla jurisprudencial aplicable al caso, esto es, de convivencia mínima de cinco años tratándose de muerte de pensionado o de afiliado, tema al que se hizo referencia de manera tangencial, entre los otros que fueron puestos a consideración del órgano de cierre

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Radicación n.° 95746 constitucional, advirtiéndose al respecto la necesidad de ser miembro del grupo familiar del causante al momento de su muerte, y de la convivencia real y efectiva, para lo cual se remitió al precedente de esta Corporación, sin que esa consideración riña con la precisión jurisprudencial que fuera invalidada. En todo caso, tal decisión constitucional lo que hace es adaptar las consideraciones de las providencias CC C-336-2014 y CC C-11762001, como justificación de ese mínimo tiempo de convivencia, mediante la cita de apartes que se encuentran referidos específicamente a la protección del pensionado y su familia, sin análisis y justificación alguna respecto de la extensión de tales exigencias para cuando muere un afiliado al sistema pensional, caso en el que el legislador no previó ese mínimo. Y es de ahí justamente, de donde se deriva que, en verdad, no constituye el precedente específicamente aplicable, ni podía dar lugar al defecto sustantivo por su desconocimiento, ni a la imputación de incumplimiento de las cargas de transparencia y argumentativa, en tanto que la precisión jurisprudencial justamente se sustentó en las consideraciones de la Corte Constitucional en asuntos y materias que sí guardan estrecha identidad con la que fue objeto de debate, atendiendo particularmente a las argumentaciones expuestas en la sentencia de constitucionalidad, que analizó el mencionado requisito y la diferenciación legislativa legítima prevista, por lo que forzoso es concluir que, el único precedente aplicable en la materia, lo constituye ahora si la sentencia CC SU-149-2021, de la que se

aparta esta corporación. La totalidad de razones expuestas, son más que suficientes para la modificación del criterio jurisprudencial, que hoy se reproduce, frente a la interpretación adecuada de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, lo que resulta constitucional y legalmente válido, dentro del marco de las competencias de esta Sala, en su función de unificación de la jurisprudencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 270 de 1996 y 235 de la CP, con sus modificaciones. […] Luego entonces, sin necesidad de mayores consideraciones resulta evidente que, el Tribunal incurrió en la transgresión de la ley sustancial de la que se le acusa, al haber establecido un requisito no previsto por la norma aplicable al sub judice y exigirle al demandante para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes que acreditara cinco años anteriores de convivencia con el causante del

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Radicación n.° 95746 derecho a pesar de que este no ostentaba la condición de pensionado. Por lo anterior se casará la sentencia fustigada, lo que releva a la Sala de analizar los cargos restantes (segundo y tercero). Sin costas en el recurso extraordinario dada su prosperidad.

XIII. SENTENCIA DE INSTANCIA Se recuerda que el juzgado absolvió a la demandada de las pretensiones por cuanto estimó que, acorde a la normatividad aplicable al caso bajo análisis, esto es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en cuanto al presupuesto

de la convivencia se debía acreditar que esta existió en los cinco años anteriores al deceso del causante del derecho, exigencia que no encontró evidenciada de la declaración rendida por el actor y, los testimonios, puesto que lo afirmado por ellos no le ofrecía la credibilidad necesaria para colegir que el accionante fuera el compañero permanente de aquel. Lo previo porque dicha condición implicaba la existencia de un vínculo con vocación de permanencia, de estabilidad, con una finalidad de acompañamiento y apoyo mutuo por lo que ante la ausencia de estos elementos se estaba en presencia simplemente de una relación amorosa que no respondía a la comunidad de vida que exigía el ordenamiento jurídico para ser beneficiario de la pensión de

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Radicación n.° 95746 sobrevivientes, situación que era la que relucía en el sub examine debido a la intermitencia de la atadura y a que William Ulpiano Vidal Álvarez vivía con su madre y sus hermanas. Adicionalmente resaltó que, el actor ni siquiera presentó de manera legal y formal los documentos requeridos para que la administradora pudiera analizar si le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes y que tampoco acreditó ante esta la calidad de beneficiario ya que, si bien había presentado un derecho de petición, ello no suplía el diligenciamiento de la reclamación que debía elevarse ante la AFP. Igualmente destacó que, se evidenciaba que los gastos del sepelio de William Ulpiano Vidal Álvarez los asumió su madre y no el petente, coligiendo que este no cumplió con la carga de la prueba, pues la allegada al juicio carecía de

eficacia demostrativa. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que estimó que, contrario a lo afirmado por el juez singular no se hizo un análisis en conjunto de todos los eleme