CSJ - SL283-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL283-2023 Radicación n.° 91497 Acta 05 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAMIRO DÍAZ SUÁREZ contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra MR INGENIEROS LTDA., actualmente MR INGENIEROS SAS; y EDILSON GUEVARA FAJARDO Y CÍA. LTDA., integrantes del CONSORCIO MREG; y contra TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A., hoy TRANSPORTADORA DE GAS; INTERNACIONAL S.A. ESP; trámite al cual fue llamado en garantía LIBERTY SEGUROS S.A.; y cuya demanda inicial se ordenó notificar personalmente a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA

JURÍDICA DEL ESTADO y al MINISTERIO PÚBLICO.

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Radicación n.°91497

I. ANTECEDENTES Ramiro Díaz Suárez llamó a juicio a las referidas accionadas, con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones: que con MR Ingenieros SAS y Edilson Guevara Fajardo y Cía. Ltda., integrantes del Consorcio MR-EG, existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada desde el 25 de febrero de 2009 hasta el 25 de septiembre de igual año, el cual terminó por parte del empleador, estando

en condición de debilidad manifiesta y encontrándose incapacitado; que sufrió un accidente de trabajo cuando desarrollaba las actividades y funciones asignadas, en una obra contratada por la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. (T.G.I); que hay culpa patronal de las demandadas «en su calidad de empleadoras», por «no haberlo afiliado de manera oportuna al Sistema de Seguridad Social Integral», y por omitir el suministro de los elementos de protección y seguridad industrial; y que la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. (T.G.I), es solidariamente responsable de las condenas que se impongan. Como consecuencia de lo anterior, en forma principal, deprecó que se ordene su reintegro en un cargo acorde a su situación de salud actual; la cancelación de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 25 de septiembre de 2009 hasta la fecha en que efectivamente se produzca el restablecimiento del contrato, lo que corresponde a los siguientes conceptos: vacaciones, cesantías y sus intereses, primas de servicios, horas extras diurnas,

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Radicación n.°91497 nocturnas, dominicales y festivas, así como los días de descanso compensatorio. También pidió que se disponga que las convocadas al proceso sufraguen los daños por reparación plena y ordinaria de perjuicios, dado el accidente de trabajo acaecido el 27 de febrero de 2009, el cual le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral de 32,30%, por las siguientes cuantías: perjuicios materiales y lucro cesante consolidado

$18.090.800; lucro cesante futuro $244.024.791; perjuicios morales subjetivos $26.780.000; perjuicios fisiológicos por la pérdida en la vida en relación $50.000.000; junto con los intereses moratorios; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En forma subsidiaria, solicitó que se declare que el contrato de trabajo que suscribió con los consorciados el 25 de febrero de 2009 fue terminado por ellos de manera unilateral y sin justa causa el 25 de septiembre de la misma anualidad, en razón de su condición de debilidad manifiesta y a la situación de salud que padecía para la data de ruptura del vínculo. Consecuencialmente, suplicó condenar a las demandadas al pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa y la prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar. Que se declare que la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (T.G.I) es solidariamente responsable de las condenas que se impongan en el presente proceso, en razón a que la obra

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Radicación n.°91497 contratada con el Consorcio MR -EG hace parte y tiene relación con su objeto social. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que, fue vinculado por un contrato de obra o labor por los consorciados MR Ingenieros Ltda., actualmente MR Ingenieros SAS y Edilson Guevara Fajardo y Cía. Ltda., integrantes del Consorcio MR - EG, desde el 25 de febrero

hasta el 25 de septiembre de 2009, cuando el empleador lo dio por terminado de forma unilateral y sin justa causa, dada su condición de debilidad manifiesta y la situación de salud que padecía para la referida data, al punto de encontrarse incapacitado; y que durante el nexo de trabajo devengó la suma mensual de $497.000. Narró que el 27 de febrero de 2009 sufrió un accidente de trabajo mientras desempeñaba sus funciones, pues al levantar un bulto de cemento sintió un fuerte punzón en la espalda; que no obstante continuó laborando, hasta que cayó al suelo del dolor, inmovilizándolo; que su empleador no le entregó los elementos de protección necesarios para ejecutar las labores encomendadas, de manera especial, un cinturón de seguridad para su protección al hacer fuerza; lo que configura la culpa de la empresa en el infortunio. Relató que las lesiones producto del aludido suceso le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 30,66%, lo que le impide realizar cualquier actividad, por ende, los daños materiales, morales y fisiológicos se deben reparar en su integridad, conforme a los valores señalados en las

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Radicación n.°91497 pretensiones de la demanda. Añadió que la empleadora al finiquito del vínculo de trabajo no le sufragó lo correspondiente a salarios y prestaciones sociales. Puntualizó que luego del accidente de trabajo, en el año 2009, fue incapacitado así: marzo del 2 al 4, del 5 al 7, del 12 al 13, del 14 al 16, del 16 al 18, del 19 al 21; del 27 de

marzo al 15 de abril; del 16 al 28 abril; mayo del 6 al 12, del 13 al 27; del 28 de mayo al 26 de junio; 29 de junio al 28 de julio; del 29 de julio al 27 de agosto; del 28 de agosto al 26 de septiembre; del 26 de septiembre al 15 de octubre; del 5 de noviembre al 4 de diciembre; del 5 de diciembre al 3 de enero de 2010; del 4 de enero al 2 de febrero y del 3 de febrero al 4 de marzo de 2010. Indicó que, toda vez que la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP era la beneficiaria de la obra contratada con el Consorcio MR - EG., debe responder solidariamente por las condenas que se impongan en el presente proceso, en la medida que el objeto social guarda identidad con la obra en la que trabajó. Finalmente, arguyó que, como a la terminación de la relación laboral las demandadas no le pagaron la totalidad de las prestaciones sociales y demás derechos, procedía la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Al dar respuesta a la demanda, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP se opuso a las pretensiones. En

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Radicación n.°91497 cuanto a los hechos, señaló que no los aceptaba, toda vez que se trataba de supuestos fácticos ajenos a ella, por lo que no había razón para que la sociedad los conociera. Como argumentos de defensa, expuso que el Consorcio MG - ER (conformado por MR Ingenieros Limitada y Edilson

Guevara Fajardo y Cía. Ltda.) al asumir el desarrollo del objeto del contrato 000114, lo hizo como contratista, que obraba por su cuenta o riesgo y con plena autonomía técnica y directiva, utilizando sus propios medios o recursos, lo que implicaba la contratación del personal de trabajadores necesarios para cumplir las obligaciones que asumía, lo cual incorporaba todos los aspectos relacionados con seguridad social, incluidos salud ocupacional y riesgos de trabajo; que en cumplimiento de las obligaciones laborales el contratista lo «caucionó» mediante póliza de seguros, constituida con Liberty Seguros S.A., por ende, los consorciados como empleadores son los únicos que deben responder frente a sus trabajadores. Propuso la excepción previa de prescripción con fundamento en que «para el momento en que se da contestación a la demanda, una vez fuere subsanada, ante la nulidad deprecada por errores de la parte demandante, en cuanto a los demandados, han transcurrido mucho más de tres años desde que la relación de trabajo se extinguiera, razón por la cual el juzgado debe aplicar» los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, y las de mérito denominadas: inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no

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Radicación n.°91497 debido y buena fe y la innominada. Pidió que se llamara en garantía a Liberty Seguros S.A. Por su parte, MR Ingenieros SAS, al contestar el escrito inaugural, también se opuso a las pretensiones, salvo a la declarativa de existencia del contrato de trabajo con esa compañía o el consorcio. Frente a los hechos, aceptó como

ciertos que el actor fue contratado como obrero, el salario que devengaba, la ocurrencia del accidente de trabajo y las fechas de las incapacidades relacionadas, pero aclaró que las otorgadas después del finiquito del nexo laboral no le constaban; y de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que, según el relato hecho por el actor, el accidente ocurrió cuando se encontraba levantando un bulto de cemento y sintió un fuerte dolor, pero dado que en ese momento éste no reportó el incidente, no fue posible brindarle la atención médica ni tampoco se hizo el trámite de ley; que fue hasta que cayó al piso que sus compañeros y el «HSE» se dieron cuenta de la situación y se le ofreció la atención primaria e igualmente se reportó la ocurrencia del suceso. Explicó que debía tenerse en cuenta que el peso aproximado de un bulto de cemento es de 50 kilos, por lo que, para levantarlo, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la empresa, se debía hacer entre dos personas; que en ese sentido la compañía le impartió las correspondientes instrucciones al accionante, por ende, «es

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Radicación n.°91497 claro» que la ocurrencia del accidente de trabajo fue por culpa única y exclusivamente de Díaz Suárez, quien no cumplió con los procedimientos establecidos, pues levantó una carga no permitida sin ayuda de un compañero; que, además, pese a haber sentido un fuerte dolor, continuó trabajando sin manifestar nada a sus superiores o iguales. De otro lado, afirmó que el convocante al proceso y el

Consorcio MR - EG suscribieron contrato por duración de obra o labor el día 25 de febrero de 2009, cuyo objeto era: «el 10% del cambio del revestimiento en los Gaseoductos Distrito III la Belleza, Basconia de 14Distrito I Barrancabermeja Puerto Salgar de 20; Distrito II Mariquita Gualanday de 6; Gualanday Guasimal-Diana de 12; Diana – Tello de 6; sin limitación alguna». Especificó que la duración del contrato entre el consorcio y el demandante estaba sujeta a la realización de las referidas obras, las cuales debían ejecutarse en cumplimiento del contrato comercial No. 114-08 suscrito entre T.G.I. y el Consorcio MR-EG; que todas las obras finalizaron el día 31 de agosto de 2009, de manera que la labor para la cual fue vinculado el accionante también concluyó, incluso antes de dicha data; que la terminación de obra o labor es una forma legal de finalización del vínculo, pero que además no había posibilidad que el trabajador continuara prestando sus servicios, pues no existía ninguna actividad que pudiera llevar a cabo.

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Radicación n.°91497 Formuló la excepción previa de prescripción con base en que transcurrió más del término trienal de ley desde que las obligaciones se hicieron exigibles, por lo que operó esta figura jurídica; y las de mérito denominadas: prescripción, pago, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y la genérica. A su turno, Edilson Guevara Fajardo y Cía. Ltda., al

responder la demanda, también se opuso a las pretensiones, salvo a la declarativa de existencia de la relación de trabajo. En cuanto a los hechos, dio por ciertos que el actor fue contratado como obrero, el salario que devengaba y la ocurrencia del accidente de trabajo, y los demás supuestos fácticos los negó. Esgrimió iguales argumentos de defensa que MR Ingenieros SAS y formuló las mismas excepciones, entre ellas, la de prescripción soportada en que tanto las acciones como los derechos reclamados se extinguieron, al contabilizar el término de tres años desde la ocurrencia de los hechos que motivaron la presente demanda hasta la data de la notificación a los hoy demandados. Finalmente, Liberty Seguros S.A. al dar respuesta al escrito inicial, manifestó que algunas pretensiones no eran de su resorte y, de otras, que no las aceptaba. De los supuestos fácticos, aseguró que no le constaban. Como argumentos de defensa, señaló que la cobertura de accidentes laborales no hace parte de la póliza de seguro

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Radicación n.°91497 de cumplimiento para particulares y tampoco de la responsabilidad extracontractual por cumplimiento, la cual dio origen al presente llamamiento en garantía, pues el amparo otorgado cubre al asegurado contra los perjuicios económicos actuales, directos, previsibles y ciertos, establecidos de acuerdo con las normas que rigen la indemnización de perjuicios que llegaren a afectar su patrimonio, como consecuencia del incumplimiento por parte del garantizado, siempre y cuando el mismo se produzca dentro de la vigencia estipulada.

Propuso las excepciones que denominó: ausencia de cobertura en lo que a Liberty Seguros se refiere; pago de la obligación y prescripción sin que implique reconocimiento de algún derecho, por encontrarse la acción prescrita conforme los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Frente al llamamiento en garantía expuso similares argumentos de defensa y propuso el medio exceptivo de ausencia de cobertura. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público no hicieron ninguna manifestación, pese a ser notificados. Por auto del 9 de agosto de 2017 el juzgado de conocimiento estableció que la excepción previa de prescripción que formularon los demandados se resolvería como de fondo en la decisión que pusiera fin a la instancia (f.°665).

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Radicación n.°91497 Aquí, debe puntualizarse que inicialmente el libelo genitor fue presentado contra el Consorcio MR-EG y Transportadora de Gas del Interior S.A. (T.G.I) fue admitido el 21 de julio de 2011; notificadas, las accionadas contestaron la demanda, pero el consorcio lo hizo a través de curador ad-litem; mediante auto del 28 de noviembre de 2014 el juez de conocimiento oficiosamente declaró la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el auto admisorio del escrito genitor, por configurarse la causal 7 del artículo 140 CPC; se corrigió por el demandante, precisando cuál era la parte pasiva, y por providencia del «15 (sic) de febrero de 2015», se admitió nuevamente la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Civil del Circuito con Especialidad Laboral del Guamo, Tolima, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato laboral pero no en la modalidad obra o labor sino a término indefinido entre el demandante RAMIRO DÍAZ SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.082.219 de Guamo, en calidad de trabajador, en el cargo de obrero y los integrantes del CONSORCIO MR EG, HOY MR INGENIEROS S.A.S, identificado con el NIT.: 804.004.100-3 y EDILSON GUEVARA FAJARDO Y CIA. LTDA., identificada con el NIT.: 829.002.360-3, en calidad de empleadores dentro del periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2009 hasta el 25 de septiembre de 2009, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PRÓSPERA LAS EXCEPCIONES

DENOMINADAS: PRESCRIPCIÓN formuladas por MR

INGENIEROS S.A.S, EDILSON GUEVARA FAJARDO Y CIA LTDA.

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. y la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

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TERCERO: NEGAR las pretensiones principales que se encuentran en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1., 7.2.,7.3., y las

pretensiones subsidiarias de los numerales 1, 2, 3 y 4, como quiera que se presenta el fenómeno jurídico de la prescripción.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE RAMIRO DÍAZ SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.082.219 de Guamo y a favor de los integrantes del CONSORCIO MR-EG, MR INGENIEROS S.A.S, identificado con el NIT.: 804004100-3 y EDILSON GUEVARA FAJARDO Y CIA LTDA. identificada con el NIT.: 829002360-3, TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. identificada _con el NIT.: 900134459-7 y la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. ident1f1cada con el Nit.:860039988-0. Tásense.

Se fijan como agencias en derecho la suma de dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, UN MILLÓN

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.656.232).

QUINTO: En firme y ejecutoriada la presente sentencia procédase a su ARCHIVO DEFINITIVO dejando las constancias a que haya lugar.

Para llegar a esa conclusión, el a quo señaló que con el haz probatorio se demostraba que el contrato de obra que existió entre el demandante y las sociedades que conforman el Consorcio MREG tuvo vigencia entre el 25 de febrero y el 25 de septiembre de 2009, «sin que la terminación del mismo obedeciera al tiempo estipulado, que era solo el 10% del

contrato 11408 y no sobre su totalidad, lo que hace que dicho contrato se desnaturalice y se torne en un contrato a término indefinido»; que, además, este tipo de contratación no permitía ninguna prórroga y debía tener debidamente establecido su objeto, aspectos que no se cumplieron, al no estar determinado claramente cuándo finalizaba. Explicó que también se encontraba demostrado que para el momento fue despedido, el actor estaba en un estado de debilidad manifiesta por el accidente que sufrió y, aunque

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Radicación n.°91497 su discapacidad no había sido calificada por la entidad competente, era notoria, en la medida que se presentaron las incapacidades que iniciaron el 2 marzo de 2009 y terminaron el 4 de marzo del 2010, de forma interrumpida; que en tales condiciones no era procedente colegir que las accionadas no fueran conocedoras de su estado de salud, aspecto que se acreditaba con el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación del Tolima, que determinó su origen como profesional o laboral y que se generó a partir de 27 de febrero 2009, fecha anterior al despido. Aseveró que dado lo anterior, el trabajador no podía ser despedido de forma unilateral, sin previa autorización del inspector de trabajo, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Agregó que, como la causa que invocó la empleadora para finiquitar el nexo fue la culminación de la obra o labor contratada, era injusta dicha terminación, «teniendo en cuenta que el contrato mutó a la modalidad a

término indefinido», por lo que se presume que la ruptura de la relación laboral se produjo por el estado de discapacidad que ostentaba el accionante, tornándose discriminatoria y, en consecuencia, resultaba ineficaz, lo que conllevaría su reintegro. Frente a la excepción de prescripción, sostuvo que, aunque la demanda se presentó dentro de los tres años siguientes a la fecha de finalización del contrato y fue admitida por auto de 21 de julio de 2011, mediante providencia de 28 de noviembre de 2014 se declaró oficiosamente la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el

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Radicación n.°91497 auto admisorio de la demanda, por configurarse la causal 7 del artículo 140 CPC y, una vez corregida, por auto de «15 (sic) de febrero de 2015» se admitió nuevamente. Puntualizó que, en ese orden, no se daban las condiciones para que la interrupción de la prescripción hubiera operado con la presentación de la demanda inaugural, por cuanto la causa que generó la nulidad es atribuible al demandante, toda vez que el escrito inicial iba dirigido contra un consorcio y no contra las personas que integran el mismo, quienes eran los que tenían capacidad jurídica para comparecer al proceso, por lo que de conformidad con el artículo 91 del CPC, hoy numeral 5 del artículo 95 del CGP, la presentación de la demanda no interrumpió ese fenómeno jurídico. Enfatizó que la prescripción había operado el 2 de diciembre de 2015, cuando fueron notificados los

demandados del nuevo auto admisorio, y para esa calenda habían transcurrido más de tres años desde que se terminó el contrato, por lo que la acción de reintegro, el pago de los salarios y prestaciones sociales derivados del mismo, la indemnización establecida por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la indemnización por despido sin justa causa solicitada como pretensión subsidiaria, se encontraban prescritas. Refirió que sobre el reintegro la prescripción se dio de forma general, sin importar si el despido del trabajador fue ilegal, ineficaz o nulo.

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Radicación n.°91497 Respecto de la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa patronal por el accidente de trabajo que sufrió el demandante, dijo contaba con un término de tres años para instaurar la acción respectiva de conformidad con los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, lapso que en muchas ocasiones empieza a correr a partir del dictamen de pérdida de capacidad laboral y no desde la data del accidente de trabajo; que no obstante que el suceso sufrido por el trabajador fue 27 de febrero del 2009, la calificación del 30,30% de discapacidad ocurrió el 5 de octubre de 2010, es decir, que el término trienal para instaurar la acción solicitando los perjuicios ocasionados por ese infortunio empezó a partir de tal data, de ahí que tenía hasta el 5 de octubre de 2013 para accionar judicialmente, pero operó tal fenómeno extintivo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al resolver las apelaciones presentadas por el demandante y la sociedad Edilson Guevara Fajardo Cía. Ltda., mediante sentencia del 6 de octubre de 2020, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia y no impuso costas. El juez plural, dados los recursos de apelación presentados, estimó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar: i) si el vínculo que existió entre el actor y las sociedades que integran el Consorcio MR-EG se rigió mediante un contrato por obra o labor determinada o si

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Radicación n.°91497 se entiende comprendido en la «modalidad residual a término indefinido»; ii) si la interrupción de la prescripción se produjo con la presentación de la demanda inaugural, no obstante que dentro del proceso se declaró la nulidad que comprendió el auto admisorio de la misma; y iii) si el fenómeno extintivo operaba para solicitar la reinstalación de un trabajador que fue despedido estando en estabilidad laboral reforzada. El ad quem, previamente, señaló que la tesis que sostendría era la de confirmar la decisión de primer grado, teniendo en cuenta que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual fue terminado sin justa causa, sin embargo, los derechos surgidos de la relación laboral se encontraban prescritos, pues la interrupción no operó con la presentación de la demanda inicial, sino con el auto que la admitió, fenómeno extintivo que también cobijaba la solicitud de reintegro o reinstalación

del demandante y la acción para cobrar los perjuicios que le ocasionaron al trabajador por culpa del empleador en el accidente que sufrió. Como el tema de la mutación del contrato por el que apeló la sociedad Edilson Guevara Fajardo Cía. Ltda. no fue objeto de casación, la Sala no hará ninguna referencia a las consideraciones del juez plural sobre este especifico punto. En lo que interesa al recurso extraordinario, la colegiatura señaló que, conforme a lo previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, el término prescriptivo de tres años se contaba desde la fecha de exigibilidad del derecho.

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Radicación n.°91497 Aseveró que en este asunto, contrario a lo sostenido por el apelante, no se daban los requisitos para que la interrupción de la prescripción hubiera operado con la presentación de la demanda que dio inicio al proceso, habida consideración que la misma se radicó el 15 de julio de 2011 (f.°75), fue admitida mediante auto del siguiente 21 de igual mes y año (f.°77) y luego notificada a los demandados. No obstante, mediante providencia de 28 de noviembre de 2014, el juzgado de conocimiento declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado incluyendo el auto admisorio, llevando a su inadmisión para que el actor subsanara los defectos que cometió (f.°219), lo que hizo con escrito de 9 de diciembre de 2014 (f.°240 a 262) y el a quo admitió la demanda con providencia del 10 de febrero de 2015, ordenando correr el

traslado de ley a los demandados (f.° 279 a 280). Indicó que el numeral 5 del artículo 95 del CGP, vigente para el momento en que se declaró la nulidad del proceso, establecía que no se consideraba interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda «cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante» y que en este asunto lo que había generado la nulidad fue la indebida representación del demandado, ya que el escrito inaugural se dirigió contra el Consorcio MREC, sin tener capacidad para comparecer al proceso; de ahí que, con el fin de corregir dicho error, la juez de instancia la

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Radicación n.°91497 inadmitió para que fuera dirigida contra las personas que integraban dicho consorcio (f.° 217 a 222). Insistió la colegiatura que la nulidad que se declaró era atribuible al demandante, toda vez que el escrito que inicialmente se presentó no cumplía con los requisitos que exigía el artículo 25 del CPTSS, al ser encaminado contra una persona que no tenía capacidad para comparecer al proceso; y que al haberse dictado un nuevo auto admisorio el 10 de febrero de 2015 (f.°279), esta última fecha era la que debía tenerse en cuenta como el momento en que operó la interrumpió de la prescripción, tal como lo señaló la Sala de Casación Laboral, en sentencia CSJ SL, 13 dic. 2001 rad.

16725, reiterada en las decisiones CSJ SL, 15 may. 2012 rad. 38504 y CSJ SL9975-2017, pues, aunque se refirió al numeral 3 del artículo 91 del CPC, era aplicable al caso, ya que se trata del mismo numeral 5 del artículo 95 del CGP. Puntualizó que aunque en la providencia que declaró la nulidad no se dio cumplimiento a lo señalado por el inciso del numeral 5 de la precitada normativa, que atañe a que: «en el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus efectos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la caducidad», ello no era óbice para que en esa etapa procesal se tomara una decisión al respecto, sin que tal omisión pudiera beneficiar al demandante, para llegar a la conclusión de que la interrupción operó con la presentación de la demanda inaugural, pues ese no era el sentido de la norma.

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Radicación n.°91497 Dijo que como el nexo de trabajo finiquitó el 25 de septiembre de 2009, el término de tres años para reclamar cualquier derecho laboral derivado de esa relación venció el 25 de septiembre de 2012, pero como la demanda realmente, luego de la nulidad, fue admitida finalmente el 10 de febrero de 2015, no cabía duda que operó el fenómeno extintivo, aspecto que impedía efectuar algún reconocimiento sobre cualquier acreencia que pudiera surgir del referido nexo. En cuanto a la «prescripción de la acción de reinstalación», arguyó el juez plural que el derecho al

reintegro como consecuencia de la terminación del contrato, sea por causa de un despido ilegal o de una ineficacia o nulidad de la desvinculación, se encontraba condicionado para su reconocimiento judicial «como todo derecho laboral», al término extintivo de tres años, según lo preveían los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS y conforme lo sostuvo el órgano de cierre laboral en la sentencia CSJ SL592732018, de la cual trajo a colación un pasaje; y entonces no era dable pretender, como lo sostenía el apelante, que la reinstalación al cargo que venía ocupando el actor para el 29 de septiembre de 2009 cuando fue despedido sin justa causa, amparado por la estabilidad laboral reforzada, no prescribiera, cuando sí operó tal fenómeno jurídico. Especificó que entonces en el sub judice el derecho a pedir la reinstalación al cargo se encontraba «más que prescrito»; que lo mismo ocurría con la solicitud plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del CST, por el accidente laboral que sufrió el trabajador, pues tenía tres años a partir

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Radicación n.°91497 de 5 de octubre de 2010 (f.°758 a 763), data en que la Junta Regional de Calificación del Tolima emitió el dictamen de la pérdida capacidad laboral, para solicitar la indemnización de perjuicios, ya que era desde ese instante que el actor conoció de las secuelas que el accidente le dejó, pero como «la interrupción de la prescripción operó el 10 de febrero de 2015, para esta fecha dicho derecho se encuentra más que

prescrito», lo que impedía efectuar algún reconocimiento de derechos.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case parcialmente la sentencia impugnada, en lo que se refiere a la declaratoria de la excepción de prescripción y las consecuencias jurídicas en los derechos laborales surgidos dentro de la relación de trabajo y no se case en lo demás.

Que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado, «respecto a la prosperidad de la