CSJ - SL2832-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Sala de Desames: 11d N. 3

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2832-2023 Radicación n.° 95702 Acta 41 Bogotá, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el 18 de febrero de 2022, dentro del proceso que promovió contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESPELECTRICARIBE SA ESP, sucedida por la FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA SA, en su calidad de

vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL

DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP (FONECA).

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Radicación n.° 95702

I. ANTECEDENTES Víctor Manuel Ferreira De la Cruz, llamó a juicio a la Electrificadora del Caribe S.A. - Electricaribe S.A. ESP, a fin de que se le condenara a reconocerle la pensión de jubilación convencional desde el 11 de febrero de 2008, reajustes de las mesadas pensionales en un 15% a partir del ario 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1976, retroactivo, indexación, intereses moratorios, los beneficios convencionales de salud, educación, becas, servicio de

energía, lo extra o ultra petita que se hallare demostrado y, las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 11 de febrero de 1958; que laboró para la Electrificadora del Magdalena S.A. ESP, desde el 16 de julio de 1983 hasta el 15 de agosto de 1998, fecha a partir de la cual ingresó a la planta de personal de la Electrificadora del Caribe SA ESPElectricaribe SA ESP, mediante convenio de sustitución patronal suscrito entre las dos empresas. Manifestó que la Electrificadora del Magdalena S.A. ESP y su sindicato, suscribieron las convenciones colectivas de 1963, 1969, 1970, 1972, 1981, 1985, 1987 y 1988, mediante las cuales se consagraron los beneficios de la pensión de jubilación, los reajustes de la Ley 4 de 1976, el «pago del riesgo de salud 100%» en «igualdad de derechos con los trabajadores activos», de educación para los hijos de los pensiones y el de servicio de energía eléctrica; que las 2

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208 Radicación n.° 95702 convenciones no fueron denunciadas y por ello mantienen su vigencia; precisó que para el 11 de febrero de 2008, había laborado 24 arios, 5 meses y26 días al servicio de la empresa demandada y acreditado el requisito exigido por el artículo 12 de la convención de 1987 para obtener la pensión de jubilación; por esa razón, en los arios 2010 y 2017, solicitó a

Electricaribe SA ESP, el reconocimiento de la pensión que fue negada, bajo el argumento de que el derecho pretendido había sido modificado mediante el Acta extraconvencional suscrita el 18 de septiembre 2003 y por la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (f.°1 a 25). Presentó reforma de la demanda y allegó nuevamente como prueba, copia de la convención colectiva 1985, suscrita por «ELECTROMAGDALENA», fundamento de su pretensión de reajuste sobre la Ley 4 de 1976 contemplada en la cláusula octava, con su respectiva constancia de depósito, (f.°422 a 430). ELECTRICARIBE S.A. ESP, al contestar, se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió el vínculo mediante contrato de trabajo con la Electrificadora del Magdalena, pero no el extremo inicial, pues el actor ingresó el 11 de marzo de 1987; la calidad de trabajador activo a la fecha de presentación de la demanda; las convenciones suscritas con «SINTRAELECOL»; la solicitud de la pensión, su respuesta negativa; y, la sustitución de empleadores, a partir del 16 de agosto de 1998, mediante escritura pública 2633 de ese ario; sobre los demás, dijo que no eran ciertos.

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Radicación n.° 95702 En su defensa, adujo que el actor ingresó el 11 de marzo de 1987, «sin perjuicio de que para efectos de prestaciones sociales se tomara como fecha el 16 de julio de 19830; que el

actor no tenía cumplidos los requisitos para obtener la pensión, según el artículo 51 del acuerdo colectivo suscrito en septiembre de 2003 entre Electricaribe SA ESP y el sindicato y el Acto Legislativo 01 de 2005, pues los acreditó el 11 de febrero de 2018, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite fijada en la reforma constitucional para acceder a pensiones extralegales. Afirmó que según lo pactado en la convención colectiva de 1987, a los trabajadores que ingresaran después del 1 de enero de ese ario, se les reconocería la pensión con los requisitos establecidos en la ley, por lo que debía aplicarse la Ley 100 de 1993, con acreditación de 60 arios de edad y 20 de servicios; que el demandante es trabajador activo de Electricaribe desde 1987 y se encuentra recibiendo el pago de sus salarios y demás acreencias laborales y en caso de que le asistiera el derecho al reconocimiento de la pensión, solo debe recibir las mesadas a partir de su concesión y no antes. Adicionó que el demandante no tiene derecho a los reajustes anuales del 15% «hasta el tope de los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir de 2009», porque estos, en principio estuvieron regidos por la Ley 4 de 1976, pero esta disposición fue derogada por la Ley 71 de 1988, que modificó la forma de hacerlos y finalmente, por el artículo 14 4

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901 Radicación n.° 95702 de la Ley 100 de 1993 y tampoco a la mesada 14 adicional,

con fundamento en lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Propuso como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación, prescripción y compensación (f.° 356 a 387). Al responder la reforma a la demanda, indicó que como esta solo aludía a la aportación de una prueba documental, «solicito que, para la valoración de la misma, se tengan en cuenta las normas que regulan la materia» y reiteró los argumentos expuestos en su contestación, sobre la ausencia del derecho del actor a obtener el reconocimiento de la pensión deprecada (f.°431 a 434).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, dictó sentencia el 12 de diciembre de 2019 (f.° CD 513), en la que resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones planteadas por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., dentro de este presente proceso.

SEGUNDO: DECLARAR que el acuerdo extraconvencional del 18 de septiembre de 2003, suscrito entre SINTRAELECOL Y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., carece de validez y eficacia, en cuanto al incremento de los requisitos para la pensión de jubilación contenidos en el articulo 50 del mencionado acuerdo.

TERCERO: DECLARAR que el señor VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ tiene derecho a que le sea reconocida y pagada pensión de jubilación convencional según la convención colectiva de 1987 entre el empleador hoy ELECTRICARIBE S.A. E.S.P y SINTRAELECOL, pensión que

deberá disfrutarse a partir del retiro del servicio activo del

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Radicación n.° 95702 demandante, declarándose la causación del derecho a la pensión de jubilación convencional a partir del 11 de febrero del ario 2008, cuando ya tenía cumplidos los requisitos de edad y tiempo de servicio. PARÁGRAFO 1: la mesada pensional deberá ser reconocida, pagada y liquidada con base en el artículo 51 del acuerdo extraconvencional del 18 de septiembre de 2003, teniendo en cuenta el salario básico, el trabajo suplementario y las prestaciones extralegales devengadas en el último ario de servicio en los términos y porcentajes establecidos en dicho artículo. PARÁGRAFO 2: La condena impuesta incluye el reconocimiento y pago de la mesada 14 o adicional de junio al momento en que opere el disfrute de la mesada pensional a favor del demandante.

CUARTO: DECLARAR que el señor VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ resulta beneficiario del artículo 8 de la convención colectiva de trabajo de 1985 suscrita entre ELECTRICARIBE S. A. ESP y SINTRAELECOL, en su condición de pensionado, al momento del disfrute de la pensión para que se incremente la pensión en los términos de (sic) mínimo 15% anual, hasta que el valor de la mesada pensional ascienda a 5 SMLMVLey 4 de 1976-, y en ese sentido se condena a ELECTRICARIBE

S.A. E.S.P.

QUINTO: DECLARAR que el señor VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ en condición de pensionado, al

momento de su disfrute es beneficiario del artículo 6 del Laudo Arbitral de 1970 de ELECTRICARIBE S.A. E.S . P y SINTRAELECOL; por lo tanto, se condena a la demandada a realizar el descuento del 35% sobre el valor del servicio de energía eléctrica a favor del actor.

SEXTO: DECLARAR que el señor VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ es beneficiario del artículo 7 de la convención colectiva de trabajo 1970, sobre el Beneficio de beca de estudios, derecho que tendrá hasta la culminación de los estudios académicos de su hijo ARMANDO JESÚS FERREIRA GARCÍA, cumpliendo las condiciones establecidas para el beneficio.

SÉPTIMO: COSTAS a cargo de ELECTRICARIBE S. A. E.S.P y a favor de la parte demandante. Liquídense por Secretaría.

OCTAVO: ABSOLVER a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P de las demás pretensiones incoadas en este proceso.

Inconformes con la anterior decisión, el demandante y Electrificadora del Caribe SA ESP, la impugnaron. 6

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OP Radicación n.° 95702

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, profirió fallo el 18 de febrero de 2022 (f.°307 a 310 cuaderno 2), mediante el cual dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de calenda 12 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral

promovido por VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. `ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.', y en su lugar ABSOLVER a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. `ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.' de las pretensiones incoadas en la demanda de conformidad a lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en primera instancia, a VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ. Se fijan agencias en derecho en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló como problema jurídico a resolver, si el demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 12 de la convención colectiva de trabajo de 1987. Determinó como marco normativo y jurisprudencial, los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo y la sentencia de esta Corte, .SL967/1 8». Estableció como premisas fácticas las siguientes:

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Radicación n.° 95702 • VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ, nació el 11 de febrero de 1958, tal como se demuestra con el registro civil de nacimiento visible a folio 30 del plenario. • Labora en ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. desde el 16 de julio de 1983, como se observa en la certificación laboral que reposa a

folio 61 del dossier. • El Tribunal Especial de Arbitramento Obligatorio de Barranquilla, el 20 de marzo de 1970, profirió el laudo arbitral que reguló los beneficios convencionales de los trabajadores de la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. folios 118 a 138 del expediente. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 20 de noviembre de 1970, suscribieron la Convención Colectiva 19701971, folios 139 a 154 del compendio. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 23 de noviembre de 1972, suscribieron la Convención Colectiva 19721973, folios 155 a 159 del paginario. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 22 de noviembre de 1974, suscribieron la Convención Colectiva 19751976, folios 161 a 162 del acervo probatorio. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 22 de junio de 1981, suscribieron la Convención Colectiva 1981, folios 164 a 166 del material probatorio. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 19 de abril de 1985, suscribieron la Convención Colectiva 1985-1986, folios

425 a 428 anverso y reverso del expediente. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 24 de marzo de 1987, suscribieron la Convención Colectiva 1987-1988, folios 180 a 185. • La ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el Sindicato de trabajadores de la misma empresa el 14 de abril de 1998, suscribieron la Convención Colectiva 1998-1999, folios 186 a 196. • VÍCTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ, el siete de mayo y siete de septiembre de 2010, 28 de abril y primero de agosto de 2017, le solicitó a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, folios 33, 34, 36 y 39. • ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., mediante oficios de calenda 26 de mayo y siete de septiembre de 2010, cuatro de mayo y 22 de agosto de 2017, le negó al accionante la pensión deprecada, folios 42 a 46. 8

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Radicación n.° 95702 Consideró que debía estudiar en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en el que expuso que las convenciones colectivas de trabajo aportadas, no cumplen el requisito de la nota de depósito establecida en el artículo 469 del CST. Recordó que el demandante pidió el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo 1987-1988; reprodujo los artículos 467 y

469 de la mencionada codificación y refirió que la Corte Constitucional en la sentencia «T-661/11» aludió a esta última norma e indicó en ella se «determina que la convención es un acto solemne y la prueba de su existencia en el proceso laboral se debe hacer aportando copia auténtica de la misma y del acta de depósito oportuno ante la autoridad laboral», sin que «le sea dable al juez acudir a instrumentos probatorios ajenos al texto mismo de la convención». Reprodujo apartes de la sentencia de esta Sala CSJ «SL967/1 8», que a su vez se remitió a las CSJ SL, 13 mar. 2007, rad. 27575 y CSJ SL,9 ago. 2011, rad. 38945; también invocó como fundamento, el artículo 469 ibídem con similares argumentos y, adicionalmente, indicó que para la validez y eficacia de los acuerdos colectivos, se requería la constancia de su depósito. Señaló que la fuente del derecho pensional reclamado, era la convención colectiva de trabajo 1987-1988 visible a folios 180 a 185, pero observó que fue aportada en copia simple, con el sello del «MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

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Radicación n.° 95702 SOCIAL UNIDAD ESPECIAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJO ARCHIVO SINDICAL ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL», pero que sin embargo, carecía de la constancia de su depósito, requisito exigido por el artículo 469 del CST, para que produjera efectos jurídicos, «actuación

que la misma norma eleva a requisito solemne, para poder darle validez probatoria a tal acuerdo, situación que aquí no se presenta al ser pasado por alto por la parte obligada a ello». Adicionó que esta norma jurídica, [...] no solo presupuesta el depósito de la convención colectiva de trabajo al ministerio del ramo, sino que el mismo debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a la firma de ella, so pena de no surtir efectos. En el sub examine, no cabe duda de que la convención colectiva de trabajo fue depositada en el Ministerio del Trabajo, de allí la constancia de ser fiel copia de la que aparece en ese ente público, pero al no contar con la fecha de depósito no hay constancia de haber sido entregada dentro de los 15 días siguientes a su firma, para que pueda tener valor jurídico y generar los efectos que pregona la parte actora, por lo que no se cuenta con el documento idóneo para apalancar las pretensiones de la demanda. Concluyó la improcedencia del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del artículo 12 de la convención colectiva de 1987 y consecuencia procedió a su revocatoria junto con los reajustes pensionales y demás acreencias, previstos en el artículo 8 del instrumento colectivo de 1985 que remite a la Ley 4 de 1976. También revocó el beneficio de beca de estudio, pactado en el artículo 7 de la convención colectiva de fecha 20 de noviembre de 1970, por ilegibilidad de la copia aportada al expediente (f.°139 a 154), que impidió su análisis.

10 SCLA3PT-10 V.00 9fr Radicación n.° 95702

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte, case la sentencia impugnada, ola cual absolvió a la demandada de todas las pretensiones de la demanda», declarando «que existe el pleno derecho del demandante a obtener la pensión solicitada».

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Lo plantea en los siguientes términos: «Acuso a la

sentencia de 'SER [...] VIOLA TORIA DE UNA NORMA DE DERECHO SUSTANCIAL, POR INFRACCIÓN DIRECTA' de conformidad con el artículo 60 del decreto 528 de 1964, el artículo 21 y el 467 del Código Sustantivo del Trabajo». Aduce que la última norma citada, es de alcance nacional, que reconoce la validez de las convenciones colectivas de trabajo y el Tribunal no podía desconocer las aportadas al expediente, al considerar que fueron modificadas mediante el acuerdo extraconvencional suscrito el 18 de septiembre de 2003 de manera ilegal, como «el artículo 12 de la convención de Electromagdalena de 1987 para otorgar la pensión convencional con los requisitos de los

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Radicación n.° 95702 20 años de servicios y 50 años de edad» y la de 1981 en su artículo 7, que contempla que «todo lo que gana el trabajador

en dinero o en especie es factor de salario para liquidar prestaciones sociales y pensión convencional». Le atribuye al sentenciador colegiado, la comisión de tres yerros fácticos: i) Dar por demostrado sin estarlo, ((el no cumplimiento de lo consagrado en el art. 469 del CST»; ii) No dar por demostrado, estándolo, «que las convenciones colectivas de 1985y 1987 tienen plena validez»; y, iii) Dar por demostrado sin estarlo, «que la convención de 1970 es ilegible». A su juicio, el ad quem dejó de aplicar la ley sustancial al conflicto discutido en el proceso, pues pasó por alto lo dispuesto en el artículo 21 del CST, norma que debió ser la base esencial del fallo; reprodujo su texto y varios segmentos de las sentencias CC C168-1995 y C596-1997, para referirse al principio de favorabilidad y al pronunciamiento que hizo el Tribunal Constitucional, en el que destacó la prevalencia de la situación más favorable al trabajador, como en aquellos casos de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, manifestaciones que afirma, tienen su fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos y garantías del trabajador, previstos en el artículo 14 de la codificación laboral. Asevera que el Tribunal se equivocó «al exigir el aporte del depósito de la convención con su debida constancia dentro de los 15 días siguientes a su firma»; que hizo «una 12

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10 Radicación n.° 95702 interpretación diferente» a lo establecido en el artículo 469 del CST y realizó una serie de requerimientos que no contiene,

que se refieren al procedimiento para su plena validez, pero no «que deba de ser original y además, conf echa de depósito»; afirma que esta norma en ninguna parte o menciona que para poder demandar y solicitar el cumplimiento de la convención, esta debe de (sic) aportarse bajo ninguna exigencia, ya sea original o en copia simple», por lo que desconoció los derechos adquiridos de los trabajadores a lo largo de su vinculación.

Indica que: [...] De no haberse depositado la convención dentro del plazo previsto en la norma en cita, no se hubiesen pactado en el tiempo, las posteriores convenciones colectivas de trabajo, como de igual forma Electricaribe hubiese firmado actas, entre estas, la del 2003 que fue declarada ineficaz por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral sentencia SL5643-2018, radicado interno 69865 [...] y el acta de 1998.

El Tribunal desconoce el derecho adquirido por el señor VICTOR MANUEL FERREIRA DE LA CRUZ, al reconocimiento de la pensión convencional contenida en el articulo 12, párrafo segundo de la convención de 1987 [...]. Advierte que el juzgador plural, incurrió en contradicciones cuando razonó que «En el sub examine, no cabe duda de que la convención colectiva de trabajo fue depositada en el Ministerio del Trabajo, de allí la constancia de ser fiel copia de la que aparece en ese ente público», reconoció la validez de los documentos aportados e indicó que no había duda que la convención fue depositada, pero a continuación, dijo que se requería una certificación, que

no consagra el artículo 469 del CST, como «requisito para la exigencia de lo convenido».

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Radicación n.° 95702 Dice que el ad quem, no solo desconoció el articulo 467 ibidem, sino los artículos 8, párrafo segundo de la convención de 1985 y 12 de la de 1987, que otorgan el derecho al demandante a obtener la pensión a partir del 11 de febrero de 2008, por tener cumplidos los requisitos de 20 arios de servicios y 50 de edad, allí previstos y que se remiten al contenido de la Ley 4 de 1976, que resulta aplicable en su totalidad. Adiciona que «al momento del retiro (sic) del trabajador, 11 de febrero de 2008, este había laborado 20 años, 4 meses» y le correspondía al empleador demostrar que las reglas convencionales perdieron fuerza; que no se encuentra probado que «la cláusula octava de la convención colectiva de trabajo de 1985, haya sido derogada, modificada o sustituida, ella continua vigente, y habrá de determinarse, cual fue el término de vigencia de la última convención suscrita entre el sindicato y el empleador» para efectos de su aplicación; disertación que apoya en la sentencias de esta Corte, CSJ SL8759-2014 y CSJ SL4426-2017 (Subrayas del texto original). Manifiesta que se equivocó el juzgador al restarle idoneidad probatoria a la convención colectiva de trabajo del periodo 1 de enero 1987 al 31 diciembre 1988 (f.°180185), por ausencia de la constancia de depósito ante el Ministerio de Trabajo, requisito sobre el cual no hizo referencia alguna en relación con la convención del 20 de noviembre de 1970 (f.°139 a 154), pues «simplemente la 14

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Radicación n.° 95702 • rechaza con el argumento que es ilegible», lo que estima desacertado, porque «se logra apreciar su contenido». Por último, señala que el ad quem también desconoció el derecho adquirido del actor al beneficio de energía eléctrica, contemplado en el laudo arbitral del 20 de marzo de 1970 (f.°118 a 138) y en el «acta de compromiso de Electricaribe en el año 1990, aportada con la demanda como prueba en el numeral 40( sic)o, como lo reconoció esta Corte, en sentencia CSJ SL2356-2020.

VII. RÉPLICA Menciona que la demanda de casación adolece defectos de orden técnico, ya que la acusación es por vía directa por infracción directa, pero en el desarrollo del cargo, se relacionan errores de apreciación de las pruebas como que el Tribunal tuvo por demostrado el incumplimiento del requisito exigido sobre el depósito de la convención de 1987 que menciona el artículo 469 del CST y la ilegibilidad de la convención del 20 de noviembre de 1970; sobre el fondo del asunto, dice que la decisión del Tribunal se encuentra ajustada a derecho, pues interpretó y aplicó de manera acertada la norma mencionada.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 469 del CST, concluyó que el demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación

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15 Radicación n.° 95702 consagrada en el artículo 12 de la convención colectiva de trabajo 1987-1988, suscrita entre la Electrificadora del Magdalena S.A. y su organización sindical, por cuanto, si bien quedó demostrado que «fue depositada en el Ministerio del Trabajo, de allí la constancia de ser fiel copia de la que aparece en ese ente público», no así, la fecha de su depósito o de «haber sido entregada dentro de los 15 días siguientes a su firma, para que pueda tener valorj urídico y generar los efectos que pregona la parte actora». También desestimó el reajuste pensional del 15% anual reclamado de acuerdo con la cláusula octava de la convención de 1985 (f.°168 a 171), que se remite a la Ley 4 de 1976 y el beneficio del descuento del 35% del servicio de energía «por cuanto se encuentran contemplados para el extrabajador en condición de pensionado»; y, la prerrogativa de la beca por estudios pactada en la convención del 20 de noviembre de 1970 (f.°139 a 154), dada la ilegibilidad de la copia aportada, que impidió su análisis. La inconformidad del impugnante, radica en la inferencia del colegiado sobre la ausencia del requisito ad solemnita ten, relacionado con la falta de acreditación del depósito oportuno de la convención colectiva de trabajo de

1987 ante el Ministerio, que conllevó concluir que carecía de eficacia probatoria. Afirma que el sentenciador de alzada infringió los artículos 467 y 469 del CST, pues no le otorgó validez a la convención colectiva de trabajo vigente para el periodo 198716 SCLAJPT-10 V.00 oP Radicación n.° 95702 1988, porque a su juicio, hizo «una serie de exigencias» que dicha normativa no contiene, como «el aporte del depósito de la convención con su debida constancia dentro de los 15 días siguientes a su firma», pues el precepto se refiere al procedimiento para su validez, no que «deba ser original y además con fecha de depósito», ya que, «de no haberse depositado dentro del plazo previsto en la norma, no se hubiesen pactado en el tiempo las posteriores convenciones [...]»; que igualmente desconoció las citadas normas al rechazar por ilegible, la copia del acuerdo colectivo del 20 de noviembre de 1970 allegado al expediente (f.°139 a 154). Advierte la Sala, que la demanda de casación adolece de defectos de orden técnico, como que en el alcance de la impugnación plantea su aspiración a que se case el fallo de segunda instancia, pero no precisa qué pretende con la proferida por el a quo, esto es, si debe ser revocada, modificada o confirmada; no obstante, tal deficiencia es superable, en la medida en que del desarrollo del cargo, se desprende que lo que se pretende es que una vez casada la sentencia, se revoque la de primera instancia y se acceda a

la totalidad de las pretensiones de la demanda. El artículo 469 del CST, precisa que la convención colectiva «se depositará a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma» y agrega, que sin el «cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto»; de modo que, desde esta arista, en criterio de la Sala, no erró el juez de apelaciones, al concluir que el convenio colectivo de trabajo debe aportarse con la

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Radicación n.° 95702 acreditación de esta exigencia legal. Sin embargo, se equivocó el Tribunal al pronunciarse sobre el mencionado requisito establecido en esta norma, toda vez que no fue objeto de discusión ni de controversia entre las partes; por el contrario, la demandada aceptó la existencia y validez del acuerdo convencional desechado por el ad quem desde la contestación de la demanda. Así lo adoctrinó esta Corte, sentencia CSJ SL4792-2019: En un asunto similar la Sala en la sentencia 5L20037 - 2017, 29 nov. 2017, rad. 48833, al abordar el tema del depósito de las convenciones colectivas y de la necesidad de discutir en las instancias los temas sobre los cuales se propone reparo en el recurso extraordinario, señaló: Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se haga en el

término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 - 2014, SL44272014 y SL 930 - 2014, presupuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que el tema relativo a la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes. Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685( (al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia», la fuente normativa de la prestación. 18

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Radicación n.° 95702 (Negrillas fuera del texto original). Así las cosas, lo discurrido es suficiente para otorgarle razón a la censura, en cuanto al error cometido por el juzgador plural, por lo que, por este puntual aspecto, se casará la sentencia recurrida. En cuanto a la ilegibilidad del acuerdo colectivo del 20 de noviembre de 1970 (f.°139 a 154), se trata de un supuesto fáctico que obliga a descender al estudio que no corresponde a la vía de ataque propuesta por la censura, que es la de puro

derecho; sin embargo, la Sala advierte que una lectura a su texto, no permite deducir lo pactado sobre el beneficio pretendido, por lo que no erró el sentenciador colegiado en su apreciación. Sin costas, dada la prosperidad del recurso.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA El a quo, declaró la ineficacia del acuerdo extra convencional del 18 de septiembre de 2003, reconoció al actor la pensión de jubilación a partir d