CSJ - SL2836-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2836-2023 Radicación n.° 96621 Acta 43 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ALEX ELÍAS ROMERO CEBRIÁN contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

CBI COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES El citado accionante llamó a juicio a CBI Colombiana S.A. en liquidación con el fin de que se efectúen las siguientes declaraciones: i) que con dicha sociedad existió un contrato de trabajo desde el 18 de junio de 2013 hasta el 31 de agosto de 2014 en el que ejecutó el cargo de «TUBERO A»; ii) que los

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Radicación n.° 96621 conceptos salariales denominados: bono de asistencia y HSE, incentivo de progreso convencional, incentivo de progreso tubería, incentivo HSE convencional, auxilio de gastos de transferencia bancaria, auxilio de lavandería y bono de alimentación Sodexo tienen incidencia salarial ; iii) que se declare ineficaz el pacto de exclusión salarial de los conceptos antes mencionados, contenido en la convención colectiva de trabajo de septiembre de 2013 suscrita entre la Unión Sindical Obrera (USO) y la demandada; y iv) que el

valor cancelado por liquidación final del contrato no corresponde a la «suma debida» por no incluir todos los factores salariales realmente devengados. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condenara a CBI Colombiana S.A. al pago de las diferencias adeudadas por cesantías y sus intereses, primas y vacaciones durante toda la relación laboral, producto de la inclusión de todos los conceptos salariales causados. Así mismo, que se cancelara la sanción consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización del artículo 65 del CST, con las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que celebró con la pasiva un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, desde el 18 de junio de 2013 hasta el 30 de agosto de 2014; que el cargo ejecutado era el del «TUBERO A»; que el salario devengado ascendía a $2.438.081 y que la finalización del nexo obedeció al cumplimiento del plazo estipulado.

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Radicación n.° 96621 Relató que al momento de celebrar su contrato de trabajo pactó con la empresa el reconocimiento de un «BONO DE ASISTENCIA Y HSE», el cual devengó a lo largo de la relación de trabajo y fue pagado todos los meses y que estaba condicionado a que era una «contribución directa de la labor desempeñada». No obstante, adujo que tal valor no fue incluido en la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones, dado que su empleadora al momento de suscribir el contrato incluyó un pacto de exclusión salarial «donde todo

aquello que excediera el salario básico no iba ser tenido en cuenta al momento de la liquidación» de tales acreencias. Mencionó que adicionalmente la demandada le cancelaba los conceptos de bono de alimentación, auxilio de transferencia bancaria y auxilio de lavandería, los cuales la accionada justificaba dada su condición de extranjero, no obstante, en realidad estos pagos tenían como propósito «aumentar sus ganancias […] por el traslado desde su país de origen». Añadió que CBI Colombiana S.A. para el mes de septiembre de 2013 celebró una CCT con la Unión Sindical Obrera USO de la que era beneficiario y en la que se pactó el pago de los siguientes conceptos: los incentivos de progreso convencional, HSE convencional y de progreso tubería, así como la prima técnica convencional, no obstante, allí mismo se suscribió un pacto de exclusión salarial de los anteriores rubros, ya que acordaron que no «representaban una retribución directa del servicio» y «no iban a ser tenidos en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales y las

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Radicación n.° 96621 vacaciones». Sin embargo, resaltó que ello no correspondía a la realidad, ya que los referidos emolumentos constituían una remuneración de la labor ejecutada a favor de la accionada. CBI Colombiana S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral con el actor, el cargo ejecutado, el último salario, los pagos efectuados a título de bono de asistencia y HSE, incentivo de

progreso convencional, incentivo de progreso tubería, incentivo HSE convencional, auxilio de gastos de transferencia bancaria, auxilio de lavandería y bono de alimentación Sodexo y la celebración de la CCT entre el empleador y el sindicado Unión Sindical Obrera. Frente a los demás supuestos de hecho, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como razones de defensa, expuso que no había lugar a reconocer como factor salarial las bonificaciones o incentivos reclamados por el actor, dado que estos conceptos correspondían a «beneficios de orden extralegal» y en estricto rigor no se trataban de «acreencia alguna contemplada en la norma sustantiva laboral con tal alcance». Destacó que si bien se celebró una CCT en el año 2013 a través la cual se reconocieron el pago de algunos emolumentos, lo cierto era que ello no permitía «sentar judicialmente» que estos pagos tuvieran incidencia salarial, ya que desde su concepción a tales rubros expresamente se

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Radicación n.° 96621 le restó la incidencia salarial al tenor de lo dispuesto en el artículo 128 del CST, lo cual es perfectamente factible y válido; de manera que, con independencia de la «habitualidad», el «incremento patrimonial» o el «orden remuneratorio», en definitiva, la voluntad de las partes era no tomarlos como factor salarial. Formuló como excepciones de mérito las de buena fe, prescripción y la genérica. La parte actora, dentro de la oportunidad procesal pertinente, solicitó inicialmente que se tuviera como

demandada en calidad de responsable solidaria a la Refinería de Cartagena S.A. ante las eventuales condenas impartidas y, a su vez, que se llamara en garantía, a las sociedades Liberty Seguros S.A. y Confianza S.A. Si bien en principio dicha solicitud fue atendida y tramitada por el juez de conocimiento, lo cierto es que el promotor del litigio, antes de dar inicio a la audiencia del artículo 77 del CPTSS (f.° 69 cuaderno 2 del expediente digital) desistió de la vinculación de la mencionada demandada solidaria y de las llamadas en garantía; petición que fue aceptada por el a quo y, por ende, el proceso fue tramitado únicamente en contra de CBI Colombiana S.A. en liquidación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena,

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Radicación n.° 96621 al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de junio de 2019, decidió absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al conocer del recurso de apelación del demandante, con sentencia calendada 17 de marzo de 2022, confirmó íntegramente la decisión absolutoria de primera instancia y condenó en costas de la alzada al accionante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez

plural estableció que el problema jurídico a resolver comprendía los siguientes interrogantes: i) ¿cuál es el alcance o entendimiento que debe darse al artículo 128 del CST?; ii) ¿el bono de asistencia debía ser incluido o no en la base para liquidar el trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo?; y iii) ¿ el incentivo HSE convencional, incentivo de progreso convencional, incentivo de progreso tubería convencional y la prima técnica convencional tienen incidencia salarial?. - Alcance del artículo 128 del CST. De cara al primer interrogante, el ad quem explicó que el artículo 128 del CST es el encargado de regular los pagos que no son considerados salarios, sin embargo, ello tiene

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Radicación n.° 96621 lugar cuando: a) se trata de sumas que recibe el trabajador en forma ocasional y por mera liberalidad del empleador; b) cuando dicho dinero no es para su beneficio, sino para el desempeño de sus funciones; y c) cuando se trate de beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente y otorgados en forma extralegal, además que las partes expresamente hayan acordado restar la incidencia salarial. Mencionó que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha desarrollado una línea de pensamiento de cara a la interpretación del aludido artículo 128 del CST, en la cual ha explicado de manera inicial que los pactos de desalarización no son absolutos, en la medida que no implica la posibilidad de que por un acuerdo entre las partes se reste el carácter salarial a un pago que retribuye el servicio. No

obstante, destacó que esta corporación ha determinado que los acuerdos de exclusión en estos asuntos pueden usarse, primeramente, cuando el empleador pretenda «anticiparse» a un pago que no es retributivo del servicio y, en segundo lugar, para determinar «que un pago, pese a ser salario, no tendrá incidencia en la liquidación de ciertas prestaciones, indemnizaciones o acreencias, siempre y cuando esta estipulación no atente contra la remuneración mínima, vital, móvil y resulte proporcional a la cantidad y calidad de trabajo». Para sustentar tal razonamiento, citó las decisiones CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481; CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771; CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475; CSJ SJ, 14 nov.

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Radicación n.° 96621 2018, rad. 68303; CSJ SL, 17 jul. 2019, rad. 64255; CSJ SL, 4 dic. 2019, rad. 68005; y CSJ SL, 21 en. 2020, rad. 63154. En ese orden, concluyó que cuando la utilización del pacto de exclusión salarial tenga lugar para escenarios o presupuestos distintos de los mencionados previamente, habrá que declararse la ineficacia de dicho acuerdo entre las partes. Explicado lo anterior, el ad quem procedió a examinar si la supresión de la naturaleza salarial del bono de asistencia y de los incentivos convencionales definidos previamente se efectuó en sujeción a la interpretación normativa y jurisprudencial del artículo 128 del CST

descrita. - Bono de asistencia. De manera preliminar, reseñó que no existía controversia en torno a que el «Bono de asistencia o Bonificación por Asistencia» fue ofrecido por CBI al accionante, de acuerdo con la política salarial implementada en dicha entidad, a través de la cual se le informó al trabajador las condiciones del pago, las cuales fueron aceptadas de forma voluntaria, ya que en la demanda inaugural nunca se alegó la existencia de un vicio en el consentimiento. Mencionó que a folios 21 a 31 reposaba copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, en cuya

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Radicación n.° 96621 cláusula cuarta se estableció que la remuneración mensual del señor Alex Elías Romero Cebrián estaría conformada por dos factores: por un lado, el salario ordinario, y por el otro, una bonificación de asistencia condicionada al cumplimiento de unos requisitos. Adujo que precisamente en la referida cláusula se dispuso que la causación del bono de asistencia estaría determinada por dos indicadores, el primero, el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y el segundo el desempeño del trabajador y de su equipo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE) y que de llegar a causarse, conforme a las condiciones pactadas, la misma sería «pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio». Resaltó que en esa estipulación contractual se determinó que dicha bonificación se tendría en cuenta para «efectos del cálculo de prestaciones sociales, cesantías,

intereses y primas de servicios, aportes a seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, más no para la liquidación de recargos por trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales, festivos y vacaciones disfrutadas en tiempo», pues así se acordó y se plasmó textualmente en la política salarial implementada en CBI. Explicó que lo primero que se observaba era que la demandada nunca desconoció la naturaleza salarial de la referida bonificación, pues en las especificaciones de su

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Radicación n.° 96621 causación dejó establecido que dependía de la asistencia puntual y el cumplimiento del trabajo, es decir, de la prestación efectiva del servicio contratado. Lo anterior implicaba que el pacto celebrado entre las partes no pretendió quitarle el carácter salarial a un pago que evidentemente tenía tal connotación, pues en este asunto, inclusive para la demandada, fue pacífico que el bono sí tenía incidencia salarial. De lo expuesto, se extrae que el pacto de desalarización en realidad consistió en acordar que, pese a que el bono de asistencia era salario, este solo sería tenido en cuenta como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, vacaciones compensadas en dinero, indemnizaciones e incluso aportes a seguridad social, excluyendo únicamente las horas extras, el trabajo suplementario y las vacaciones disfrutadas en tiempo. Pacto de exclusión salarial que, a la luz de lo señalado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, resultaba totalmente eficaz, ya que se trataba de un pago

extralegal que no desconocía la remuneración mínima del trabajador, siendo válido que las partes acordaran sobre su inclusión en la base para liquidar ciertas acreencias. Mencionó que no podía considerarse que dicho acuerdo violentara los derechos del trabajador, ya que las prestaciones sociales que constituían el rubro más significativo que recibía el demandante luego del salario y los aportes a seguridad social fueron liquidados teniendo en cuenta el bono de asistencia y, en definitiva, el actor solo dejó

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Radicación n.° 96621 de recibir la incidencia salarial de este concepto en la liquidación de trabajo suplementario, lo que comportaba una «suma muy inferior. En este punto, indicó que el aludido pacto de desalarización: […] no atentaba contra la remuneración mínima, vital, móvil y claramente resulta ''proporcional a la cantidad y calidad del trabajo", si se tiene en cuenta todo lo que el actor percibió por el pago de dicho bono y su inclusión en la liquidación de prestaciones sociales durante la vigencia de la relación laboral, lo que a todas luces cumple con el límite que impone la Sala de Casación Laboral para estos acuerdos, de donde debe colegirse sin lugar a dudas que la demandada nunca tuvo intención de socavar los derechos de los trabajadores Por tanto, coligió que la exclusión salarial de este concepto se realizó en el marco del artículo 128 del CST, de manera que se debía confirmar en este punto la decisión absolutoria del a quo. - Incentivos convencionales. Sobre este segundo ítem, refirió que en la cláusula 12

de la CCT suscrita entre la Unión Sindical Obrera USO y CBI Colombiana S.A. se estableció que «los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones». Señaló que en dicho anexo, el cual hace parte integral del acuerdo colectivo, se pactó que los incentivos HSE convencional, de progreso convencional y el de progreso de tubería y la prima técnica convencional no tendrían

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Radicación n.° 96621 incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales, por expresa disposición de las partes suscribientes. Pues bien, de manera anticipada, esgrimió que respecto de la validez de la cláusula convencional que le restringe el carácter salarial de un determinado pago, la jurisprudencia desde la decisión CSJ SL, 5 feb. 1999, rad. 11389, adoctrinó que resultaba totalmente eficaz que en el marco de una convención colectiva las partes celebrantes acuerden que los beneficios extralegales que en ella se reconocerán sean excluidos de la base para liquidar determinadas prestaciones sociales, dado que dicha determinación estaba amparada en el principio de la negociación colectiva. Puntualizó que no podía perderse de vista que el principal propósito de la negociación extralegal era lograr que el empleador y los trabajadores llegaran a acuerdos que le permitan mejorar las condiciones laborales y la productividad, para lo cual se requiere que los intervinientes realicen concesiones mutuas. Lo que, en su decir, significaba

que «no tendría sentido que el patrono acepte conceder beneficios superiores a los legales, pero no pueda convenir sobre los efectos o la incidencia salarial que estos tendrán». En este orden de ideas, coligió que el pacto de exclusión contenido en la CCT entre la USO y CBI Colombiana S.A. era completamente válido, dado que estaba amparado en el presupuesto de la negociación colectiva.

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Radicación n.° 96621 No obstante, advirtió que la eficacia o no del mismo no podía ser cuestionada en un «proceso individual laboral», sino dentro del marco propio de la denuncia de la norma convencional, por lo que las pretensiones encaminadas a obtener la inclusión de dichos incentivos convencionales en la base para calcular las prestacionales sociales y vacaciones del actor, en todo caso debía despacharse en forma desfavorable. En esos términos desató la alzada y confirmó íntegramente la decisión absolutoria del a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones incoadas en la demanda inicial.

Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, los cuales no fueron replicados y que a continuación se estudiarán en el orden propuesto.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial en la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los siguientes artículos: […] 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

En la demostración del ataque, la censura le reprocha al Tribunal la interpretación que hizo de los artículos 127 y 128 del CST, según la cual un acuerdo extralegal tiene la virtualidad de «[…] permitir cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales que en ella se reconoce». Luego, transcribe algunas de las disposiciones denunciadas y unos fragmentos del fallo impugnado y señala que: […] el despacho atribuye que la presencia de una exclusión salarial en una convención colectiva, per se implica un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que inciden en su celebración móviles diferentes en cuanto a las condiciones laborales y el aumento de la productividad, ello implicaría que el art.128 del Código Sustantivo de Trabajo tuviese a lo mínimo como parágrafo la siguiente disposición jurídica “No obstante

cuando los pactos de exclusión salarial estén contenidos en convenciones colectivas son plenamente válidos y su discusión solo será posible vía denuncia de la convención”, esta anterior línea interpretativa constituye un alcance que la norma no ha distinguido.

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Radicación n.° 96621 Asegura que el juez de alzada incurre en error al aseverar que la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, «su vía procedimental es la denuncia de la convención», pues dicho trámite de denuncia del texto extralegal tiene cabida cuando exista una discusión sobre conflictos de orden o de intereses económicos, «pero no existe una norma especial que indique que se trate de los reproches no de intereses económicos, sino de aspectos jurídicos sobre dicha convención». Y concluye que lo anterior se materializa en el presente asunto, puesto que lo que se persigue en la demanda es que los beneficios que fueron objeto de exclusión salarial sean tenidos en cuenta al momento de liquidar las acreencias laborales y, si ello fuere posible, sus efectos serán interpartes, es decir, «no afecta a la convención en un sentido erga omnes, si no de manera particular».

VII. CONSIDERACIONES Observa la Sala que si bien el ataque no es un modelo, lo cierto es que es posible advertir, desde una perspectiva puramente jurídica, que las inconformidades planteadas por la censura se contraen a determinar si el juez de alzada se equivocó al interpretar los artículos 127 y 128 del CST, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley

50 de 1990, cuando consideró que la convención colectiva de trabajo podía permitir que se estipulara cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales en ella reconocidos, y que, por tanto, erró al predicar una condición

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Radicación n.° 96621 de validez de los pactos de exclusión salarial. Del mismo modo, definir si erró la colegiatura al concluir que la vía procedimental apropiada para ventilar la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial es la denuncia de la CCT. En razón de lo anterior, la censura argumenta que el juez plural sostuvo que la presencia de una cláusula de desalarización en una convención colectiva implicaba un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que incidían en su estipulación diferentes móviles, entre ellos lo referente a las condiciones laborales en procura del aumento en la productividad, lo cual para el censor no se aviene al alcance de la norma denunciada; así mismo, sostiene que el sentenciador de alzada aludió que para cambiar esa exclusión salarial el instrumento jurídico acertado era acudir a la denuncia de la convención, sin percatarse que no se trata de un conflicto de interés económico, sino jurídico, que afecta de manera individual al trabajador demandante, esto es, una discusión interpartes y no un pleito en forma colectiva. En lo que interesa a este cargo, como quedó visto al historiar el proceso, el Tribunal fundamentó su decisión absolutoria en que la demandada no desconoció la naturaleza salarial del bono de asistencia, sino que le restó

efectos para liquidar otros pagos de «menor incidencia», lo que en su criterio era válido de conformidad con la interpretación o alcance dado al artículo 128 del CST y las pruebas que obraban en el proceso, en la medida que cada caso debía analizarse conforme a las condiciones particulares.

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Radicación n.° 96621 Por otro lado, se fundamentó en que en la cláusula 12 de la CCT suscrita entre la USO Subdirectiva Seccional Cartagena y CBI Colombiana S.A. se pactó que algunos de los pagos extralegales no serían tomados en cuenta para la liquidación de ciertos conceptos, lo que resultaba válido, pues nada impedía, dentro de la libertad contractual que caracterizaba el proceso de negociación, que las partes, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo y lograr mayor productividad, hicieran concesiones mutuas, acordaran los efectos que tendrían los beneficios convencionales, siempre y cuando no se afectara el mínimo de derechos y garantías consagrados en la ley laboral. Del mismo modo, el juez de apelaciones en relación con el incentivo HSE convencional, el incentivo de progreso convencional, el incentivo de progreso de tubería y la prima técnica convencional infirió que no tendrían incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales, conforme se pactó en la cláusula 12 de la convención colectiva y en la prueba denominada «Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones» que hace parte integral de la convención. Puestas así las cosas, a la Corte le corresponde determinar si el fallador de segundo grado, desde el punto de

vista jurídico, se equivocó en la intelección dada a los artículos 127 y 128 del CST, que lo condujo a negar el carácter salarial de los beneficios de índole convencional, esto es, la bonificación de asistencia, la prima técnica

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Radicación n.° 96621 convencional, los incentivos de progreso, de progreso tubería y HSE, ello para efectos de liquidar algunos conceptos o acreencias laborales; y si erró cuando aludió a la denuncia de la convención colectiva de trabajo, como único mecanismo para poder modificar lo referente a las cláusulas de desalarización pactadas. Para dar respuesta a los interrogantes planteados, resulta necesario comenzar por memorar que los artículos 127 y 128 del CST, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, que se acusan y que regulan, el primero de ellos, los elementos integrantes del salario y, el segundo, los pagos que no constituyen salario, son del siguiente tenor: ARTÍCULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera

liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

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Radicación n.° 96621 Por otro lado, es preciso destacar que esta corporación en torno a la posibilidad de fijar pactos o cláusulas de exclusión salarial, en la sentencia CSJ SL1798-2018, reiterada en la decisión CSJ SL5159-2018, adoctrinó: En este punto, juzga prudente la Sala recordar que por regla general todos los pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos que: (i) se trate de prestaciones sociales; (ii) de sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas ocasionales y entregadas por mera

liberalidad del empleador; (iv) los pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación; y (v) «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad» (art. 128 CST). En la medida que la última premisa descrita es una excepción a la generalidad salarial de los pagos realizados en el marco de una relación de trabajo, es indispensable que el acuerdo de las partes encaminado a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tendrán incidencia salarial, sea expreso, claro, preciso y detallado de los rubros cobijados en él, pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como tampoco vía interpretación o lectura extensiva, incorporar pagos que no fueron objeto de pacto. Por ello, la duda de si determinado emolumento está o no incluido en este tipo de acuerdos, debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo. Desde este punto de vista, el Tribunal también desacertó al extender el acuerdo a beneficios no incorporados expresamente en él, como en este caso son las bonificaciones, cuya incidencia salarial se reclama.

De acuerdo a las normas transcritas y las precisiones jurisprudenciales referidas se tiene que, por regla general, al tenor del artículo 127 del CST, todo lo que recibe un

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Radicación n.° 96621 trabajador por el desempeño de su actividad es salario; a contrario sensu, según el artículo 128 ibidem, no lo serán aquellas sumas de dinero que se le entreguen para el cabal desempeño de las funciones, se trate de prestaciones sociales o de pagos ocasionales y por mera liberalidad del empleador, entre otras circunstancias que desdibujen la naturaleza propia de la retribución. De tal suerte que el hecho de que el mencionado artículo 128 del CST permita restarles la connotación salarial a algunos beneficios o pagos no implica, desde el punto de vista jurídico, que lo recibido por el trabajador por concepto de auxilios o beneficios, ya sea en dinero o en especie, inexorablemente dejen de constituir factor salarial. Pues si tales erogaciones, en razón a su estructura, causa y finalidad, efectivamente retribuyen directamente el servicio subordinado, son salario. Así se dijo en la sentencia CSJ SL403